Año 18

número 786

diciembre 10

1997

ISSN 0259-9864

Editorial Sínodo americano: fe y justicia

Política A propósito de la Convención Nacional del FMLN

Economía La situación económica a fines de 1997

Regional Las reformas a la Ley de Inmigración y Responsabilidad Migratoria

Documento Estatutos del FMLN y propuestas de reforma (I)

Sínodo americano: fe y justicia

Una amplia representación de obispos del continente americano, desde Alaska hasta Cabo de Hornos, se reunió en sínodo, en Roma, convocada por el Papa, para discutir los desafíos eclesiales. En la primera parte de la reunión, los funcionarios vaticanos informaron a los padres sinodales sobre las claves del documento de trabajo. Luego se abrió la posibilidad para que éstos expresaran su opinión al respecto o sobre otros temas. Así, los obispos aprovecharon esta oportunidad para expresar sus puntos de vista sobre la situación del continente y los desafíos eclesiales, aunque sin mucho orden. Cada uno habló sobre lo que quiso, sin estar obligado por lo que dijeron los anteriores y sin conocer lo que dirían quienes le seguirían en el uso de la palabra. De todas maneras, de estas intervenciones "espontáneas" se puede colegir aquello que más preocupa al episcopado americano.

El tema central del sínodo es la misión de la Iglesia en el mundo actual, entendida como el servicio a los pobres y el anuncio del evangelio. Los obispos parecen inclinarse a pensar que hoy hay que evangelizar a través de la lucha por la justicia. Un obispo estadounidense, buen conocedor de las esferas vaticanas y miembro de la comisión encargada de la redacción del documento final del sínodo, asegura que el anuncio del evangelio no puede ser ajeno al grito de los pobres, a la atención a las culturas aborígenes, a la promoción de los laicos, a la deuda externa ni a la cultura actual predominante, centrada en el mercado y el poder del dinero. En otras palabras, la misión eclesial debe encarnarse en la realidad americana para redimirla desde dentro. La evangelización y la promoción de la justicia son inseparables de la atención a las necesidades espirituales de las personas.

Esta concepción de la misión eclesial intenta unir lo que desde Medellín se intenta mantener separado, el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Así pues, los obispos americanos parecieran querer regresar a los orígenes de la experiencia cristiana latinoamericana de Medellín. La realidad de marginación y pobreza, por un lado, mientras que por el otro, se acentúa cada vez más la acumulación y concentración del dinero y del poder, estaría llevando a los obispos a este reencuentro con lo más latinoamericano de la teología.

El sínodo, sin embargo, no habló de la teología de la liberación, no obstante que para ella la justicia está intrínsecamente unida a la fe. En efecto, muchos obispos enfocaron la realidad americana desde esa teología, pero sin mencionarla ni defender el aporte de los teólogos, con frecuencia mirados con recelo excesivo por la ortodoxia doctrinal, exceptuando al Prepósito General de la Compañía de Jesús, quien sí habló de esto último. Algunos han protestado por este silencio que pretende ignorar una experiencia fundamental y abogan porque los pobres también sean oídos en Roma. Otros interpretan ese silencio como una necesidad para no dar oportunidad a que los detractores de la teología de la liberación se lancen contra ella. Finalmente, los más optimistas aseguran que no hace falta mencionarla, porque sus principios teóricos son claros para todos.

Lo cierto es que esto no ha impedido a los obispos hablar de las realidades injustas del continente. Frente a la globalización neoliberal, orientada por el provecho financiero y muy a menudo por la simple codicia, los obispos oponen la universalización de la solidaridad, la cual debe tender a la creación de una sola familia humana, en cuyo seno todos sus miembros puedan vivir de forma digna. Asimismo, en el sínodo se ha insistido mucho en el perdón de la deuda externa. Algunos sugieren acudir al Tribunal Internacional de La Haya para que éste defina su moralidad. Otros piden la integración de un frente latinoamericano y destinar su condonación o reducción a cancelar las deudas internas, contraídas con los pueblos, sobre cuyas mayorías pobres ha recaído buena parte del pago de la misma.

En cualquier caso, pareciera haber consenso en que la globalización económica, tal como se lleva a cabo, es inhumana, inmoral y no cristiana. La Iglesia, enfatizan algunos obispos, debe advertir a las instancias internacionales que la economía tiene que subordinarse a la moral, sin constituirse en la última palabra de las relaciones humanas. Los bienes no pertenecen a los pocos privilegiados que se han apropiado de ellos, sino que son universales.

El aplauso más sentido del sínodo ha sido dedicado a Mons. Romero, quien fue recordado por el obispo auxiliar de San Salvador. En efecto, Mons. Rosa recordó a los padres sinodales que la Iglesia latinoamericana es una Iglesia de mártires y perseguidos y lamentó que el documento previo desconociera esta realidad martirial tan latinoamericana. Por lo tanto, pidió retomarla tal como lo ha pedido el Papa, advirtiendo que no debía repetirse lo sucedido con el documento de Santo Domingo, el cual recoge "la gloriosa realidad del martirio" de manera tímida, no obstante que en los documentos preparatorios aparecía con fuerza. En este contexto, Mons. Rosa invocó el testimonio de Mons. Romero, conmoviendo al sínodo, que acogió su intervención con el aplauso más sentido de todas las sesiones.

La prensa en general y la salvadoreña en particular ha dado poca relevancia al sínodo. Algunos medios se quejan de la "poca transparencia informativa" del Vaticano. Un periodista que asistió al Concilio Vaticano II observó cómo la Iglesia ha venido cerrando sus puertas a la prensa progresivamente, desde entonces hasta ahora. En efecto, la prensa no tuvo acceso directo a las sesiones del sínodo ni a los obispos. Pero el desinterés de la prensa podría radicar también en que los temas no le parecen relevantes, sobre todo cuando se asumen posturas críticas ante la globalización, la deuda externa y los pueblos aborígenes y cuando se exige a la Iglesia una acción más determinante para defender a los pobres y se pone a Mons. Romero como ejemplo de ello.

Queda por ver cuánto de estas inquietudes sinodales americanas queda recogido en el documento final, el cual será elaborado por funcionarios vaticanos. La transcendencia del sínodo, en cuanto inspirador y dinamizador de una realidad eclesial aletargada, depende de cuán fielmente se recoja la realidad del continente y se responda a sus desafíos desde el evangelio.

A propósito de la Convención Nacional del FMLN

Desde el momento en el que los rotativos más importantes del país empezaron a darle un tratamiento sensasionalista al caso de los secuestros, era de esperarse que todo lo que girara en torno a ello se vería, irremediablemente, politizado. Y es que el hecho mismo de que la prensa nacional se esforzara por vincular burdamente al FMLN en los plagios, dio pie a pensar que los círculos antaño dispuestos a luchar con todo para evitar que grupos políticos ajenos a sus intereses accedieran al poder continúan determinando muchas de las concepciones ideológicas expresadas en los medios. Ahora bien, que los medios de comunicación en El Salvador no han logrado alcanzar una total independencia con respecto a los círculos de poder económico no es un secreto; como tampoco lo es que el partido oficial --relacionado, como está, con esos mismos círculos-- esté dispuesto a maniobrar maquiavélicamente para mantener la amplia cuota de poder que aún le queda. Era, pues, de esperarse que ARENA capitalizara para sí el escándalo de los secuestros y que encontrara en la prensa a su mejor aliada para difamar al FMLN. De algún modo había que menguar el impacto político que ocasionó al partido oficial el caso FINSEPRO, y qué mejor manera que vinculando a su adversario en un hecho de igual, o mayor, gravedad. Así, la partida quedaría en tablas, si algunos miembros de ARENA son tildados de corruptos, algunos del FMLN no pueden quedarse atrás, porque cargan sobre sí el estigma de secuestradores.

Sin embargo, lo grave de la politización de los secuestros no es tanto los beneficios que ARENA haya podido recibir de ello, sino, más bien, el impacto que ha logrado ocasionar en el FMLN. El Frente es la segunda fuerza política del país, en mucha medida, gracias al evidente desgaste del partido en el gobierno. Al hacer efectivo el "voto de castigo" en perjuicio de ARENA, el electorado salvadoreño optó por otorgar el beneficio de la duda a los otros partidos; y, entre esos otros, el más favorecido sería, sin duda, el FMLN. Eso significa que la poca confianza que queda en el sistema político fue depositada, por muchos, el 16 de marzo pasado, en ese partido de izquierda. De ahí la importancia de analizar el influjo del caso de los secuestros en la coyuntura por la que actualmente atraviesa el FMLN: la quinta Convención Nacional, destinada a elegir al 30% de sus dirigentes.

Se venían señalando ya, en números pasados, las razones por las cuales el FMLN continúa siendo un blanco fácil, que se presta al desprestigio. No hay que olvidar que el Frente es un instituto político nuevo, que recientemente ingresó a la vida democrática y que lo hizo en un medio que se resiste a llevar a la democracia hasta sus últimas consecuencias. La escasa trayectoria en el mundo de la política puede ser uno de los obstáculos con el que se ha encontrado el FMLN, pero no es eso lo que lo hace vulnerable. Paradójicamente, podría asegurarse que ese partido de izquierda es más proclive a la democratización que muchos de los partidos que le llevan décadas de ventaja en ese medio. El problema del Frente ha sido resistirse al ajuste de cuentas que, hecho en su momento, lo hubiera inmunizado --o protegido al menos-- contra un rival que no escatima esfuerzos a la hora de denigrarlo.

Pues bien, después de darle largas, ahora llegó el momento de un ajuste de cuentas en el FMLN; pero de un ajuste del partido consigo mismo. A pesar de la insistencia de Shafik Handal en negar cualquier relación personal y partidaria en el caso de los secuestros, y a pesar, incluso, de lo evidente que es que el interés de vincularlo a él y a otros dirigentes de ese instituto político en los plagios obedece más a razones políticas que informativas, no cabe duda de que el FMLN se ha visto más afectado por este escándalo de lo que imaginaba. Y es que era de esperarse que, como ha sucedido en ocasiones similares, acontecimientos que, en apariencia, sólo afectarían la imagen del partido, terminan por afectar también su estructura interna. La polémica en torno a los secuestros sucedió, justamente, en vísperas de la Convención Nacional. Que duda puede caber de la influencia que la primera tuvo en la segunda. Si la elección de nuevos dirigentes tendría que hacerse en el marco de una acusación tan grave, lo más conveniente sería efectuar un giro que le proporcionara al FMLN el título de progresista.

Ya no es posible saber qué rumbo habría tomado ese instituto político de no haberse visto envuelto, inmediatamente antes de su renovación, en el caso de los secuestros. Es posible que, aun así, hubiera salido a la luz pública la tensión entre el ala conservadora y el ala progesista. Lo que no puede garantizarse es que, en esa circunstancia, esta última hubiera salido vencedora. Todo parece indicar que, con el escándalo, el FMLN se vio presionado a dar muestras de un cambio sustancial y que quienes se sentían preparados para llevarlo a cabo no dudaron en tomar las riendas del partido.

Se rumora que el cambio de dirigentes en la cúpula partidaria se hallaba preparado de antemano. Descartar esa posibilidad sería un error. No se puede negar que al interior del FMLN existen dos tendencias: una, encabezada por Salvador Sánchez Cerén, es el ala ortodoxa que se pronuncia por el ideal socialista; y la otra es la que defiende ideas socialdemócratas, se considera el ala moderada del Frente y tiene a Facundo Guardado como líder. Lo que resulta difícil de creer es que no fueron las circunstancias las que obligaron al FMLN a optar por la corriente "progresista" al poner a Guardado a la cabeza del partido. El caso de los secuestros no fue el primero ni será el último en el que el FMLN ve dañada su imagen, pero sucedido en vísperas de su renovación, se hacía, entonces, más necesario que nunca cambiar el rumbo del partido, dar una nueva imagen que se alejara lo más posible de las actividades insurgentes que antes lo caracterizaron.

El FMLN necesitaba a gritos un cambio. Pero un cambio que le permitiera mantener su unidad. Los cuadros que lo conforman podrán tener ciertas discrepancias ideológicas, pero es seguro que no pierden de vista que mantener unido al partido es condición sine cua non para conservar la fuerza que ha adquirido hasta ahora. El domingo recién pasado se vio claro que el Frente va tras la presidencia; se sabe que tiene buenas posibilidades de triunfar. Es por eso que no podrían darse el lujo de un nuevo resquebrajamiento tal y como el que ocurrió en el 94, cuando 7 de sus diputados decidieron separarse de sus filas para conformar el Partido Demócrata. No es improbable, pues, que la dirigencia efemelenista haya decidido subrayar las diferencias entre los dos grupos que conforman al partido, sabiendo de antemano que era la tendencia progresista o de "izquierda democrática" la que iba a ocupar la dirigencia del mismo.

Como quiera que sea, lo cierto es que en el partido de oposición más fuerte del país las "vacas sagradas" van abriendo paso a las jóvenes figuras. Era de suponer que prefirieran en los máximos cargos a quienes hoy en día abanderan posiciones moderadas. El que el escándalo de los secuestros haya evidenciado al FMLN la necesidad de replantear su rumbo puede haberlo favorecido. Y no es que ese instituto político se haya librado de una vez por todas de las acusaciones que la derecha va hacerle cada vez que se dé la oportunidad, es que, con lo ocurrido el pasado domingo, el Frente dio muestras de estar dispuesto a efectuar las modificaciones necesarias para afianzar sus estructuras sin salirse del marco democrático. Sea por convicción propia o debido a las presiones impuestas por las circunstancias, la Convención Nacional del 7 de diciembre implicó un compromiso más del principal partido de izquierda con la instauración de la democracia en El Salvador.

La situación económica a fines de 1997

Desde principios de la década de 1990, la estabilidad macroeconómica ha sido presentada por el gobierno como uno de los principales indicadores del éxito de su gestión económica. Lo cierto es que, muy a pesar de los descollantes logros macroeconómicos, no se poseen señales claras de que la dinámica de la economía esté resultando beneficiosa para los objetivos del desarrollo. En este marco, el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, presentó recientemente algunos de los resultados macroeconómicos más importantes de 1997. El mensaje sigue siendo el mismo de casi todos los años de la década de 1990: el crecimiento económico es vigoroso y el ámbito macroeconómico es cada vez más estable.

Los logros más destacables se concentran en el hecho de que se habría logrado un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, un fuerte incremento en las Reservas Internacionales Netas (RIN), una tasa de inflación de tan sólo 2.5% y el sostenimiento del tipo de cambio. Presentados aisladamente, estos resultados son claramente positivos; sin embargo, aun una revisión superficial muestra que persisten importantes problemas económicos. Por lo anterior, no es ocioso revisar rápidamente algunas de las causas y contrapartes de los principales resultados.

Difícilmente puede negarse que el crecimiento económico es un elemento fundamental para el desarrollo económico y social; por ello, una tasa de crecimiento del PIB de 4% es, indudablemente, un buen resultado, aunque ello no obsta para reconocer que el mismo se ha logrado a partir del sector terciario, sin desarrollar las capacidades productivas de los sectores agropecuario e industrial.

Tampoco puede negarse que la importancia del crecimiento económico estriba, desde una perspectiva ética, en su contribución al bienestar económico y social de la población. Lo anterior implicaría que el crecimiento debería traducirse en mejorías en los niveles salariales y de ingreso de los sectores trabajadores. Paradójicamente, al revisar el comportamiento de los ingresos y los salarios reales resulta claro que, con todo y el crecimiento económico registrado durante la década de 1990, éstos han experimentado tendencias hacia la reducción; es decir, han perdido poder adquisitivo.

Por otra parte, además del crecimiento económico, el incremento de las RIN es otro elemento que es destacado por el BCR como un elemento positivo del contexto macroeconómico resultante de su gestión. La situación sería tan bonancible que durante 1997 se habría rebasado la meta inicial de 100 millones de dólares de incremento en el saldo de las RIN, llegando a obtenerse un incremento final de más de 225 millones de dólares. Aquí cabe señalar que este comportamiento de las RIN no obedece en realidad a ninguna política del BCR; simplemente es resultado del flujo de transferencias privadas, especialmente remesas familiares.

El dato más curioso presentado por el Presidente del BCR han sido las expectativas de obtener una tasa de inflación de tan sólo 2.5% para finales de 1997. Esta sería la tasa de inflación más baja de los últimos 20 o 25 años y se encuentra muy por debajo de las estimaciones de entre 5 y 7% contenidas en el programa monetario y financiero de 1997. Aún resta por examinar cuáles han sido los rubros en los que se habrían experimentado las reducciones más significativas en los precios, pero aun así no puede negarse que, de ser cierto este dato, el deterioro de los ingresos y salarios disminuirá.

El mantenimiento del tipo de cambio, por otra parte, es un elemento que se viene observando desde 1992. Al igual que el incremento de las RIN, este rubro depende principalmente de las remesas familiares, las cuales permiten niveles de oferta de dólares suficientes para mantener estable el tipo de cambio. Más aún, los flujo de dólares podrían incluso provocar una reducción de aquél, lo cual no ocurre debido a que el BCR se encarga de esterilizar la oferta excedente de dólares.

Como contrapartes de la estabilidad del tipo de cambio nominal pueden señalarse dos elementos: apreciación del tipo de cambio real y disminución de la tasa de inflación. Los efectos de ambos elementos son diferentes, pues la depreciación del tipo de cambio real encarece las exportaciones y frena el crecimiento económico, mientras que la disminución de la tasa de inflación frena el deterioro de los salarios y los ingresos reales. En este contexto, un incremento del tipo de cambio nominal incidiría negativamente sobre los salarios e ingresos reales, pero provocaría un mayor aumento de las exportaciones y del PIB.

Hasta hora, la opción de las autoridades monetarias ha sido la estabilización del tipo de cambio, lo cual ha provocado críticas, provenientes especialmente de los sectores ligados a las exportaciones. Incluso algunos sostienen que las medidas oficiales han provocado incrementos en las tasas de interés y efectos negativos sobre la inversión y el PIB.

Sobre este último punto interesa aclarar que las tasas de interés dependen, más que del nivel del tipo de cambio, de las políticas empresariales del sistema financiero privado. Al respecto, puede argumentarse que, a contrapelo de la teoría económica, la fijación de las tasas de interés está desvinculada de los niveles de inflación. Uno de los criterios teóricos más aceptados para fijar las tasas de interés es que éstas se mantengan a niveles superiores a la tasa de inflación. Así, por ejemplo, si para 1997 la inflación será de 2.5%, bastaría con que las tasas de interés se mantengan levemente por encima de ese nivel. Sin embargo, en la actualidad las tasas de interés activo son superiores en hasta 13 veces al 2.5% y en más de 3 veces al 7.4% de inflación obtenido en 1996.

En realidad, el mantenimiento del tipo de cambio, además de mantener baja la inflación, poco tiene que ver con la fijación de las tasas de interés. Estas son fijadas por los bancos no en base a criterios técnicos, sino en base a la obtención de la máxima rentabilidad. Prueba de ello es que, pese a que durante los últimos años se han reducido las tasas de inflación, las tasas de interés activas se mantienen inexplicablemente altas.

Ateniéndose a los informes del BCR, es imposible negar que el contexto macroeconómico del país continua mejorando año con año, pero sin que se corrijan algunos aspectos como el deterioro de salarios e ingresos reales, la dependencia de las remesas familiares, la contradicción entre crecimiento de las exportaciones y control de la inflación y, especialmente, las elevadas tasas de interés. Tasas de interés excesivamente altas se traducen en limitantes para el crecimiento de la inversión y el PIB, e inclusive en auge de actividades no productivas, relacionadas especialmente con el sector financiero.

La principal meta de los formuladores de política no es cómo mantener la estabilidad macroeconómica, sino más bien cómo administrar la relativa solvencia que otorgan las remesas familiares para orientar un tipo de crecimiento económico que, a diferencia del actual, permita mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar los salarios e ingresos reales. Esto, necesariamente, pasa por una reducción de las tasas de interés activas a niveles acordes con la inflación, por un incremento de la inversión en los sectores productivos y por una redistribución del valor agregado que incremente la participación de las remuneraciones de los trabajadores.

Las reformas a la Ley de Inmigración y Responsabilidad Migratoria

Cada vez que se da un nuevo paso en el lento e inseguro proceso de modificaciones a la Ley de Inmigración y Responsabilidad Migratoria --que afecta a miles de inmigrantes centroamericanos que permanecen ilegalmente en territorio estadounidense-- el pulso de la región se debate entre la tranquilidad y la resignación, entre la calma y el tormento. La inconstancia del debate entre las fuerzas que se enfrentan, unas para aminorar las sanciones que contiene la ley y otras para impulsarla implacablemente, alimentan la incertidumbre de la mayoría de países de Centro América, que ven en la posibilidad de una deportación masiva el inicio de una crisis económica y social de grandes proporciones.

Las modificaciones hechas a la ley, que entró en vigencia en abril de este año, le han valido a los inmigrantes muchos avances, pero también significativos retrocesos. En verdad, el poder de influencia que han demostrado tanto los congresistas republicanos como los demócratas, así como un buen número de organizaciones que se han pronunciado constantemente a favor y en contra de la aplicación de la ley, ponen de por medio una gruesa tela que cortar a la hora de deducir responsabilidades, señalar actores fundamentales y medir fuerzas. El curso que los hechos puedan llegar a tomar se vuelve igualmente difícil de vislumbrar. El último paquete de reformas a la mencionada ley de inmigración, aprobado la semana pasada, viene a encabezar, por ahora, una larga lista de "bondades y traiciones" en la aplicación de la legislación, y que, a nuestro juicio, merece ser abordada sin perder de vista los detalles.

La "elástica" esperanza de los gobiernos centroamericanos

Luego de que la ley entrara en vigencia, el temor se generalizó entre los países de la región. Las primeras cifras que comenzaron a conocerse a través de los medios aseguraban que Centro América tendría que recibir a casi 900 mil deportados. Otras estadísticas hablaban de más de 500 mil, de los cuales unos 200 mil vendrían a parar a El Salvador y Guatemala. El impacto en las economías locales y el deterioro de las condiciones de seguridad pública fueron los primeros achaques que se auguraron para los países del istmo. En los EEUU se hablaba del desamparo casi total de la población inmigrante, a la cual se le negaba la oportunidad de beneficiarse con los subsidios sociales obligatorios que el Estado entregaba antes de la promulgación de la ley. Con esta legislación, sólo podían aspirar a esa estabilidad aquellos que demostraran haber vivido un mínimo de cinco años en la nación y que constataran su solvencia moral. Además, sólo podían solicitar la suspensión de deportación aquellos que llevaran más de diez años en el país (anteriormente el mínimo de la estadía era siete años).

Como era de esperarse, los gobiernos centroamericanos iniciaron una improvisada labor de cabildeo ante las autoridades estadounidenses, aprovechando espacios de la calendarización diplomática que ya se había establecido. Los cancilleres centroamericanos externaron la primera petición en una reunión con la secretaria de estado, Madeleine Albright. Ella aseguró, en nombre de su gobierno, que no habrían deportaciones masivas hacia la región, pero no habló nada de la eliminación del efecto retroactivo de la ley, que también formaba parte de las solicitudes de los cancilleres. Posteriormente, en mayo, los presidentes de la región lograron entretelar algunas observaciones a la ley en la reunión que sostuvieron con Bill Clinton en San José, Costa Rica. Ese fue el primer respiro de esperanza, puesto que se logró un compromiso de parte del mandatario estadounidense para aminorar los impactos de la ley. Pero lo más espectacular fue la gira que Calderón Sol inició en el mes de julio en EEUU para obtener el apoyo de congresistas y senadores ante los peligros de la aplicación de la ley. Los resultados de estas acciones no han sido despreciables.

Un anteproyecto de reforma enviado por Clinton dio paso a que, en noviembre, el congreso aprobara una Ley de Alivio para las Víctimas del Comunismo, la cual otorgaba una amnistía a los nicaragüenses y cubanos que entraron a EEUU antes de 1996, y ofrecía a más de 200 mil salvadoreños y guatemaltecos la posibilidad de detener sus procesos de deportación, siempre y cuando demostraran haber residido en ese país no menos de siete años. La esperanza de las naciones se expandía; el número de deportados se reducía en casi 155 mil personas.

Las modificaciones no hacen menos dura la ley

Pero si, llegados a este punto, queremos hacer una consideración más profunda de los efectos de la aplicación de la ley y del ritmo de los acontecimientos, nos vamos a topar con una realidad que ha sido muy poco expuesta ante la opinión pública. Si por un lado las recientes reformas han podido retardar algunas de las inminentes deportaciones que la ley sancionaba, por el otro se han puesto en práctica una serie de medidas que aparentan no tener el mismo fin. A la par de la aplicación de la legislación, el gobierno de EEUU inició un reforzamiento de los patrullajes en las fronteras con México, de manera que la deportación se ha vuelto más sistemática desde el lugar donde el problema se origina: los puntos ciegos de esas fronteras. A esto hay que agregar que la promesa de que no habrían deportaciones masivas no se ha cumplido del todo. Si relacionamos lo "masivo" con una avalancha de deportados, presentes por cientos y cientos en los aeropuertos o en las terminales, pues evidentemente no hay en Centro América algo semejante.

Pero las estadísticas hablan por sí solas: el ritmo que lleva en el año el ingreso de deportados, al menos en nuestro país, es casi el doble de lo que fue en 1996 (hasta octubre se registraron unas 3400 deportaciones, frente a un total de 2600 el año pasado). Los números no mienten, y muestran el hecho de que la región se está enfrentando a una medida que, de entrada, deja de lado una realidad que no es posible ignorar: las frágiles economías de los estados centroamericanos, unidas a un aparato institucional poco interesado en las necesidades de la vida cotidiana de la población, tienen poquísimas oportunidades de asimilar un impacto como el que ya se está haciendo sentir a causa de las deportaciones.

En este orden de acontecimientos, la semana pasada, el congreso aprobó una nueva modificación a la ley, que establece que para recibir la residencia permanente en los EEUU es necesario percibir un ingreso anual de casi 13 mil dólares. La medida deja prácticamente fuera a un 30% de los aspirantes que no ganan más de 10 mil dólares al año, ampliando el campo de posibles deportaciones en el futuro. Visto en su conjunto, el panorama presenta una variabilidad de acciones, motivadas por un buen número de actores que parecen apostarle primero al interés que tiene EEUU de sacudirse de encima a un grupo de inmigrantes que le roban oportunidades de empleo a los "ciudadanos de verdad", y por otros cuyo trabajo en favor de los indocumentados se ve constantemente menguado por el espíritu xenofóbico y anti inmigrante que se pasea por ese país norteamericano. Reformas como la aprobada la semana pasada parecen demostrar lo anterior.

Lo que no hay que perder de vista --y en este sentido es muy positivo rescatar las peticiones de los mandatarios del istmo-- es que los EEUU tienen una gran responsabilidad en la situación en la que ahora se encuentran esos cientos de miles de indocumentados. Aunque haya pasado ya bastante tiempo desde que se dieron las condiciones políticas para que ese país norteamericano acogiera a los inmigrantes, esa responsabilidad no puede ser evadida. Además, hay otra responsabilidad que no puede ser pasada por alto: que la situación económica de los países centroamericanos está en clara dependencia de las decisiones que tomen los centros de poder económico, incluido los EEUU.

Presentamos a continuación la primera parte de los Estatutos del FMLN y las propuestas de reforma que fueron discutidas en la Convención Nacional Ordinaria, celebrada el 7 de diciembre de 1997

Estatutos del FMLN y propuestas de reforma (I)

- Lo que se agrega o modifica se escribe en cursiva negrita

- [lo que se suprime se pone entre corchetes y en tipo más pequeño]

-(Al principio de todo artículo que cambia de número o literal que cambia de letra se especifica entre paréntesis)

- Cuando un Art. sólo sufre modificaciones se subraya

Art.1.- El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es un partido político de carácter permanente, pluralista y revolucionario que desarrolla sus actividades en toda la República y tiene su sede principal en la ciudad de San Salvador.

El nombre del Partido podrá abreviarse usando las siglas FMLN

Art.2.- La composición orgánica del partido, se fundamenta en la participación de los ciudadanos en su condición individual.

[Los miembros del Partido podrán agruparse voluntariamente en cualquiera de las tendencias que existan o surjan al Interior del partido según lo dispuesto en estos Estatutos; de igual manera podrán decidir mantenerse sin pertenecer a ninguna tendencia en particular. Al momento de asumir sus funciones los miembros de los organismos a todo nivel, deberán exonerarse de sus cargos y de la sujeción disciplinarla en toda tendencias existentes al Interior del partido, conforme a lo dispuesto en el articulo sesenta de los presentes Estatutos]

Art.3.- La bandera del partido tiene forma rectangular y es de color rojo encendido. Las siglas FMLN se ubican centradas en la parte inferior de la bandera, y sobre [la letra "F"] éstas se coloca una estrella de cinco vértices. La estrella y siglas son de color blancos símbolos, siglas y bandera podrán usarse en diferentes tamaños.

Art. 4.- Son miembros del partido los fundadores, los que a la fecha de inscripción definitiva se encuentren registrados en los libros de afiliación, así como todos los que ingresen posteriormente al mismo, según las formalidades prescritas en estos Estatutos.

Art. 5.- Para ser miembro del partido se requiere además de cumplir los requisitos constitucionales y legales, ser de correcta conducta pública y privada, aceptar la carta de Principios y Objetivos del partido [,la Plataforma Programática] y regirse conforme a los presentes Estatutos.

Art.6.- Todos los miembros del partido gozan de iguales derechos y obligaciones sin distinción de sexo, raza, religión o edad [o fecha de afiliación].

Sin perjuicio de lo establecido en el primer inciso de este artículo, debe promoverse dentro del partido la participación de la mujer [de personas cuya edad oscile entre los dieciocho y treinta años de edad] y de la juventud en los organismos de dirección a todo nivel; el Reglamento interno regulará la forma y condiciones para el cumplimiento de lo prescrito.

Art. 7.- Son derechos de los miembros del partido:

a) Expresar libremente su pensamiento político e ideológico.

b) (ídem. actual "a") Tener voz y voto en las reuniones de las distintas instancias a que pertenece de acuerdo a lo dispuesto en estos estatutos y de conformidad con el principio del voto igualitario e indelegable;

c) (ídem. actual "b") Proponer candidatos a los organismos de dirección, así como el derecho a elegir y ser electo para desempeñar cargos directivos en los distintos organismos del Partido contemplados en estos Estatutos;

[d) Portar los distintivos del Partido]

d) (ídem. actual "c") Proponer y ser propuesto candidato a cargos públicos y de elección popular, de conformidad a los requisitos establecidos en la Constitución y leyes de la República;

e) Emitir libremente su opinión y su crítica en el seno del partido sobre las líneas de acción y cualquier otra posición o actuación del partido, así como de sus organismos de dirección y dirigentes a todo nivel;

f) Recurrir a los órganos del partido, contemplados en estos Estatutos, cuando considere que sus derechos son vulnerados de alguna manera por cualquier organismo partidario o por otros miembros;

g) Participar en la elaboración de la Plataforma Programática, en la concepción de la Estrategia Política del partido y en la formulación de las tácticas apropiadas sobre cualquier problema específico [en las instancias que le corresponde de conformidad a estos estatutos y reglamentos].

h) Ser respetado en toda situación incluso en minoría política;

i) Ser defendido y protegido por los órganos y autoridades del partido en toda persecución que sufriese por motivos políticos.

j) (ídem. actual "i") Recibir información de los organismos del partido;

k) (ídem. actual "k") Recibir del partido, el auxilio técnico y político requerido para desarrollar actividades de formación política;

l) Utilizar la infraestructura del partido conforme a la reglamentación establecida;

[m) Participar o no, de forma totalmente voluntaria, en cualquier tendencia que exista o surja al interior del Partido, según lo establecido en estos Estatutos]

m) Derecho a que no se le discrimine por razones de responsabilidad como madre, padre, hija o hijo.

n) Todas las demás que le sean reconocidas por estos Estatutos y el orden jurídico.

Art.8.- Son deberes de los miembros del Partido:

a) Cumplir y velar por que se cumplan estos Estatutos y Reglamentos del Partido;

b) Difundir los Principios, Objetivos y Plataforma Programática del Partido;

c) [aplicar los acuerdos que conforme a estos Estatutos los organismos y las autoridades correspondientes] Darle cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que conforme a estos Estatutos adopten los organismos del Partido.

d) Contribuir con sus actividades a la consecución de los fines establecidos en los Principios y Objetivos del Partido;

e) Participar en las actividades de beneficio para su comunidad, y sector donde se desenvuelve, así como en las campañas electorales desarrolladas por el Partido;

[f) Respetar los postulados establecidos en los Estatutos en la Carta de Principios y Objetivos del Partido al hacer uso de su derecho a expresarse].

[g) Contribuir económicamente al sostenimiento del Partido]

f) Cancelar la cuota de afiliación y contribuir al sostenimiento económico del Partido a través de las diversas actividades organizadas por sus organismos ;

g) (ídem. actual "h"') Colaborar con apoyo técnico y formación política para la preparación de nuevos miembros cuando el Partido se lo requiera ;

h) ( ídem.. actual "i") En atención al inmenso valor de la unidad partidaria y en el marco del libre debate de las ideas, es un deber procurar que las decisiones sean tomadas por consenso y a falta de éste, la minoría respetará las decisiones mayoritarias;

i) Abstenerse de crear estructuras orgánicas paralelas o sub-estructuras al interior de las determinadas por estos Estatutos, lo mismo que degenerar el debate político-ideológico a través de difundir comentarios apócrifos y rumores irresponsables o a partir de la creación de grupos de presión internos.

j) Cultivar y promover entre la membresía y la sociedad, a partir de hechos prácticos, la adopción de valores humanistas que refuercen el proceso de transformación cultural progresista.

k) Observar una correcta conducta personal pública y privada acorde con la convivencia respetuosa entre géneros.

l)Respaldar a todo miembro en el cumplimiento de sus responsabilidades partidarias sin detrimento de sus responsabilidades como madre, padre, hija o hijo y a que no se le discrimine por esta razón.

m) ( ídem. actual "j" ) Todos los demás que le sean determinados por los presentes Estatutos, los Reglamentos del Partido y el Orden jurídico.

Art. 9.- Los Organismos [las instancias] de Dirección del Partido son los siguientes:

a) La Convención Nacional;

b) [Consejo Nacional] La Asamblea Nacional;

c) [Comisión Política] La Dirección Política Nacional;

d) El Secretarlo Ejecutivo Nacional;

e) El Tribunal de Honor

f) (ídem. actual "d") La Convención Departamental;

g) (ídem. actual "e") Las Directivas Departamentales;

h) (ídem. actual "f") La Convención Municipal;

i) (ídem. actual "g") Las Directivas Municipales;

Los Organismos [de dirección] comprendidos del literal "a" al "e" dirigen el Partido a Nivel Nacional, y los restantes a nivel local [son de carácter local o sectorial, según el caso].

[además existirá un Tribunal de Honor cuyas atribuciones serán reguladas en su reglamento especial]

Art. 10.- Se procurará que las decisiones de todos los Organismos de Dirección sean tomadas por consenso; cuando esto no fuese posible, se tomarán por la mayoría de votos establecida por estos Estatutos [para los distintos organismos].

Art.- 11.- La Convención Nacional es [la máxima autoridad] el máximo Organismo de Dirección del Partido. Sus resoluciones y acuerdos son firmes y de obligado acatamiento para los miembros y demás Organismos del Partido.

Art. 12. - La Convención Nacional podrá ser Ordinaria o Extraordinaria. Se reunirá ordinariamente en el último trimestre del año calendario.

Extraordinariamente por convocatoria [del Consejo Nacional] de la Asamblea Nacional o a pedido de cuatro Directivas Departamentales.

Art.13.- El quórum necesario para instalar la Convención Nacional será, en primera convocatoria de al menos dos terceras partes de sus miembros y en segunda convocatoria se requerirá un número no menor del sesenta por ciento de los mismos

Una vez instalada la Convención el quórum no desaparecerá con el retiro de los asistentes y la reunión continuará con los que permanezcan, siempre que no sea menor a la mitad más uno de los miembros de la Convención.

[se entenderá ] La segunda convocatoria [para] será dos horas después de la señalada en la primera convocatoria.

Art.14.- La convocatoria para reuniones ordinarias [se hará mediante notificación escrita, dirigida por el Consejo Nacional a los miembros que conformen la Convención a través de los canales que considere pertinentes, su agenda se definirá por lo menos con quince días de anticipación celebración de aquella] de la Convención Nacional será acordada por la Asamblea Nacional por lo menos con quince días de anticipación a su celebración, estableciendo: la agenda a tratar, lugar, día y hora; mediante notificación escrita por el Presidente del Partido, a los miembros que la conforman, por lo menos con ocho día de anticipación a la celebración de la misma. Dicha convocatoria se publicará al menos en un medio de comunicación escrita, cinco días antes de su realización.

[Cuando se decida realizar Convención Nacional Extraordinaria, el Consejo Nacional ratificará por escrito a los miembros de la Convención y publicará la convocatoria en al menos un medio de comunicación escrita, al menos tres días antes de la celebración del evento. En la convocatoria se expresará los puntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará la reunión y la circunstancia de que, si no hubiese quórum, se celebrará dos horas más tarde con los que estuviesen presentes, siempre que no fuesen menos del sesenta por ciento de los integrantes de la misma].

La convocatoria para reuniones Extraordinarias de la Convención Nacional, será acordada por iniciativa de la Asamblea Nacional o a solicitud a ésta por cuatro Directivas Departamentales, estableciendo: los puntos a tratar en la agenda, lugar, día y hora; mediante, notificación escrita por el Presidente del Partido, a los miembros que la conforman, por lo menos con cinco días de anticipación a la celebración de la misma. Dicha convocatoria se publicará al menos en un medio de comunicación escrita, a más tardar tres días antes de su realización.

En las Convenciones Extraordinarias sólo podrán tratarse puntos contenidos en la convocatoria, salvo que con el voto favorable del sesenta por ciento de los presentes se decidiera tratar otros puntos de agenda. En cuanto al quórum se procederá de conformidad al Articulo 13 de estos Estatutos.

Art. 15.- La Convención Nacional estará integrada [de la siguiente manera] por un máximo de setecientos delegados, nominados de la siguiente forma:

[a) Los miembros del Consejo Nacional; b) Diez delegados electos por cada Convención Departamental; C) Delegados de Municipios en proporción al número de afiliados del Partido en el municipio, la Secretaría de Organización procesará y determinará anualmente las proporciones con base en e! Registro de Afiliados; d) Los miembros propietarios del Tribunal de Honor ; e) Los Diputados propietarios; f) Los militantes que hubiesen sido electos Presidente y vicepresidente de la República.]

Miembros por derecho propio:

a) Los miembros de le Asamblea Nacional;

b) Los miembros propietarios del Tribunal de Honor;

c) Dos miembros por cada uno de los sectores creados por la Asamblea Nacional de conformidad a estos Estatutos y a su Reglamento.-

Miembros por elección:

d) Un delegado por cada municipio, electo en le respectiva Convención Municipal.

e) Trescientos delegados electos en la Convención Departamental, bajo el procedimiento siguiente: Multiplicando trescientos por el numero de diputados que el Código Electoral asigna a cada departamento y el resultado de esta Operación se dividirá entre sesenta y cuatro.

f) Cincuenta delegados electos en Convenciones Departamentales, en atención al desarrollo partidario y según los criterios que defina la Asamblea Nacional establecidos en el Reglamento de Convenciones del Partido.

Invitados especiales:

Los miembros que hubiesen sido electos Presidente y Vicepresidente de le República, los Diputados Propietarios, Suplentes y Alcaldes cuando no sean electos Delegados en las Convenciones Departamentales y Municipales respectivamente, teniendo la calidad de Participantes invitados con derecho a voz.

Art.- 16.- Cada Miembro de la Convención Nacional tendrá derecho a un voto el cual será indelegable.

Art. 17. - Cuando la Convención Nacional se haya instalado con quórum [no menor a los dos tercios] mayor a los dos tercios de sus miembros, para tomar resoluciones se requerirá que el número de votos afirmativos sea mayor a la suma de los votos negativos, abstenciones y ausencias.- Cuando la Convención Nacional sea instalada con el sesenta por ciento de sus miembros se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los presentes para [adoptar] aprobar resoluciones.

Art.-18.- Las votaciones en la Convención Nacional serán públicas y podrán celebrarse de manera secreta cuando así lo acordasen las dos terceras partes de los presentes.

En todo caso, serán secretas las votaciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y del Tribunal de Honor.

Art.19.- Para ser delegado a la Convención Nacional se requiere: estar [inscrito en el Partido y en pleno goce de sus derechos] afiliado al Partido, estar en el pleno goce de sus derechos y estar al día con la cuota de afiliación.

Art.20.- Los Delegados Departamentales y Municipales a la Convención Nacional serán electos en sus respectivas Convenciones. La elección deberá comunicarse [a la Comisión Política] al Secretariado Ejecutivo a más tardar diez días después de celebradas dichas Convenciones, por medio de nota [firmada por la respectiva Directiva Departamental o Municipal según el caso] extendida, firmada y sellada por el Presidente y Secretario de Actas de la respectiva convención.

Los delegados electos durarán en sus funciones dos años contados a partir del [diez] día uno de octubre del año en que fueron elegidos.

Art.21.- [El Presidente de la Convención Nacional será el Coordinador General del Partido y los Secretarios serán los dos Coordinadores Adjuntos] El Presidente de la Dirección Política Nacional lo será también de la Convención Nacional y el Secretario de Actas con los dos Vicepresidentes de la Dirección Política Nacional serán los Secretarios.

Art. 22.- [El Presidente de la Convención Nacional nombrará, como primer acto, una Comisión de Credenciales compuesta por cinco miembros, para examinar las credenciales de los delegados e informará a la Convención sobre la validez o irregularidades encontradas en las mismas] La Asamblea Nacional nombrará, previo a la Convención, una Comisión de Credenciales compuesta de cinco miembros, para revisar y establecer la legalidad de sus miembros, extender las credenciales de los delegados e informar a la Convención Nacional del Partido, sobre la validez o irregularidades encontradas.

La Asamblea Nacional también nombrará previo a la Convención Nacional, una Comisión de Escrutinio compuesta de seis miembros, quienes le darán cumplimiento al proceso de escrutinio de la Convención Nacional de conformidad a estos Estatutos y al Reglamento de Convenciones.

En la votación respectiva no participarán los miembros cuyas credenciales hayan sido objetadas por la Comisión de Credenciales.