Año 18
número 788
diciembre 24
1997
ISSN 0259-9864
Editorial Balance de 1997. Las debilidades de la institucionalización democrática
El balance de la opinión pública en 1997: problemas nacionales y polarización
Está por finalizar 1997, un año que vio aflorar importantes cambios socio-políticos, pero también que hizo presentes preocupantes inercias en los diferentes planos de la realidad nacional. Los Acuerdos de Paz, ese proyecto normativo de convivencia social y de construcción de un orden democrático, no sólo cumplieron cinco años de haber sido suscritos y de haber entrado en vigencia, sino que agotaron --prácticamente ese agotamiento se vino gestando desde mediados de 1996- su impulso transformador de la sociedad salvadoreña. En cierto modo, lo que se pudo lograr en materia de construcción democrática en 1997 habría de depender fuertemente de lo que, sobre la base del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se pudo haber logrado en los años inmediatamente anteriores. No cabe duda de que los desaciertos en materia de cumplimiento de los Acuerdos de Paz -e incluso en el tratamiento que se hizo de aspectos sustantivos de la realidad nacional en los mismos- incidieron notablemente en las posibilidades de consolidación de eso que, en el fondo, constituía su propósito principal: la institucionalización democrática.
Ciertamente, en los documentos firmados en Chapultepec y Nueva York, se insisitió bastante en la necesidad de desmilitarizar la sociedad salvadoreña, lo cual supuso que el estamento castrense aceptara la retirada a los cuarteles. Paralelo a ese proceso, tenía que fortalecerse el sistema político, es decir, propiciar el pluralismo partidario y la competitividad electoral. Prácticamente, todos los esfuerzos de los principales actores socio-políticos se encaminaron a hacer factibles estas metas, y las que les eran colaterales: establecimiento y consolidación de un nuevo organismo policial, y fortalecimiento, previa depuración, del sistema judicial. Había sido tan fuerte y tan nefasta la influencia de los militares en el devenir socio-político de El Salvador que cualquier esfuerzo que se hiciera para disminuir su influjo siempre sería insuficiente; no sólo la guerra finalizada en 1992 lo corroboraba, sino la cuota de poder político que acumularon desde 1931, a partir del arribo al poder del general de Maximilano Hernández Martínez.
Era clave, si se quería edificar una sociedad democrática, cuidar, poniendo cuanta cortapisa fuera necesaria, que los militares no se inmiscuyeran en asuntos que concernían exclusivamente a la sociedad civil y a sus representantes en el sistema político. Pero este sólo era un aspecto, el más llamativo y el inicial, de una serie de requisitos que tenían que ser cumplidos para que la institucionalización democrática no sólo avanzara con buen pie, sino que alcanzara el éxito requerido. Comencemos por el más importante de todos: la erradicación de los niveles más extremos de pobreza, cuya presencia y, peor aun, expansión creciente constituyen un serio obstáculo para la institucionalización democrática. Empobrecimiento creciente de amplios sectores sociales y democracia son dos polos que a la larga terminan siendo excluyentes. No es que no puedan convivir durante largos periodos de tiempo; no es que la democracia no pueda germinar allí donde los niveles de pobreza son en verdad lacerantes para amplios grupos sociales o, dicho de otro modo, que la democracia se asocie siempre a prosperidad y crecimiento económico. Las experiencias latinoamericanas son ilustrativas al respecto: hasta mediados de los años 80, los países que lograron enfrentar con mayor éxito la crisis económica fueron los menos democráticos (México y Chile), mientras que los países más abiertos democráticamente (Uruguay, Ecuador y Argentina) fueron los que tuvieron menos éxito.
Pero la coexistencia de pobreza social creciente y democracia no puede sostenerse indefinidamente sin que ello implique el deterioro de está última, con las repercusiones que una democracia debilitada pueda tener sobre las posibilidades de hacer frente a las demandas de una sociedad que exige mejores condiciones de vida. Si se revisa la abundante literatura sobre el tema de la democracia en sociedades con graves problemas de pobreza, es claro que aquélla no puede desatenderse de su solución, de la cual depende en gran medida su afianzamiento. Cada vez más gana mayor aceptación la idea de que un régimen democrático es el mejor ordenamiento político para responder, sin pasar por interminables y violentos conflictos, a las acuciantes demandas de la sociedad. La erradicación de la pobreza es una de esas demandas a las que la democracia tiene que responder. Pero para ello tienen que estar preparadas tanto sus instituciones como el conjunto de la sociedad, puesto que resolver (o intentar resolver) el problema de la pobreza no sólo requiere de instancias capaces de enfrentar la tarea, sino de recursos que tendrán que ser costeados por determinados grupos sociales; grupos en los cuales, al menos, deberá existir el convencimiento de que la respuesta violenta no será una de sus opciones.
Que un régimen democrático esté en su nivel óptimo institucional para responder a las demandas de la sociedad quiere decir, básicamente, que sus instituciones están siendo normadas por las reglas y valores de la democracia, al igual que lo están siendo los actores que, cotidianamente, hacen que esas instituciones orienten la vida nacional. Por supuesto, el nivel óptimo institucional es un ideal al que sólo contadas sociedades se han aproximado hasta casi alcanzarlo plenamente. Pero la aproximación a ese ideal debe ser permanentemente buscada, puesto que de ello dependerá la fortaleza interna de las instituciones y su capacidad para responder a los desafíos que plantea la sociedad. Asimismo, las diferentes sociedades en transición democrática o las que ya han entrado a la fase de su consolidación pueden ser ordenadas (y evaluadas) según su cercanía o lejanía a ese óptimo institucional. A modo de ejercicio, si se pone a Chile como el país que más ha avanzado en la institucionalización democrática (para el conjunto de países latinoamericanos en procesos de transición-consolidación democrática) y a Guatemala como el país que menos lo ha hecho, es claro que El Salvador se encuentra más cerca de este último que del primero. Y ello en sí mismo es un indicativo de lo mucho que nos queda por caminar en materia de democratización.
¿Qué hacer para avanzar en la institucionalización democrática? Ante todo, lo que tantas veces se ha dicho: es necesario que los partidos políticos se democraticen internamente, lo cual quiere decir que es imprescindible no sólo que al interior de ellos cobre vigencia el pluralismo y la diversidad de opiniones, sino también que las decisiones dejen de ser tomadas e impuestas verticalmente por individuos o grupos minoritarios que se han apropiado para sí a las instituciones partidarias. Y, en segundo lugar, es inexorable propiciar una renovación de la clase política; figuras ya gastadas políticamente, cuya ambición por el poder se ha sobrepuesto a cualquier otra consideración, no hacen ningún bien al país ni a la democracia. Es preciso potenciar nuevos liderazgos políticos, que lleguen a ser tales en virtud de sus capacidades intelectuales, su honestidad y su compromiso con las reglas y valores de la democracia. Después de la firma de la paz, los salvadoreños hemos tenido bastante de corrupción, compadrazgos, compra de favores y frivolidad en la clase política como para desencantarnos de todo lo que se asocia a ella. Las instituciones no pueden funcionar adecuadamente si los vicios de sus agentes las convierten en lugares de rapiña, en nichos privados que sirven para apostarse y beneficiarse del erario público. La institucionalización democrática exige la abolición de esos vicios y privilegios, y esa abolición pasa inicialmente por el recambio de los agentes institucionales que incumplieron sus funciones.
En la situación actual de El Salvador, el saneamiento institucional
es, pues, un requisito esencial para avanzar en la institucionalización
democrática. Otro requisito es el tratamiento del problema
de la pobreza, el cual, de persistir en sus tendencias hacia la
agudización, marcará límites infranqueables
al mismo avance de la institucionalización democrática.
Un orden democrático no sólo requiere de instancias
institucionales regidas por sus normas y valores, sino del convencimiento
de los ciudadanos de que la convivencia democrática es
preferible a cualquier otro régimen político. Es
decir, la democracia requiere de un ethos cívico
que aliente las prácticas cotidianas de la sociedad. Ahora
bien, es evidente que a aquellos grupos sociales condenados a
la marginalidad y a la pobreza extremas les resulta ininteligible
la idea de democracia, puesto que cotidianamente se ven forzados
a sobrevivir violentando las reglas de respeto a la legalidad
y a los otros propias del ethos democrático. En
la medida que esos grupos vayan ampliándose y complejizándose
(pobres tradicionales, prostitutas, maras, niños de la
calles...), sus demandas irán siendo más difíciles
de cumplir, se verán alentados (¿o forzados?) a vivir
al margen de la legalidad y eso repercutirá en los alcances
sociales de la democratización, tanto porque habrán
importantes sectores viviendo al margen de la institucionalidad
democrática como porque, ante estos sectores y su "amenaza",
la desconfianza ante lo distinto y su rechazo violento se irán
convirtiendo en norma. Esto ya está pasando en nuestro
país y amenaza con agudizarse en el futuro próximo.
El gran reto del sistema político salvadoreño en el momento actual es concluir la consolidación democrática. Ese gran reto, claro está, se halla constituido por diferentes facetas que imponen diversas líneas de acción. Por un lado, se encuentra la democratización interna de los partidos políticos. La instauración de la democracia exige que, al interior de aquéllos, las prácticas autoritarias vayan dando paso a un sano ejercicio democrático que garantice la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer política. Es decir, que garantice, primero, que dichas instituciones representan, efectivamente, a los sectores que dicen representar y, segundo, que lo hacen adecuadamente. Por otra parte, la consolidación democrática requiere del fortalecimiento de la relación entre los partidos políticos y la sociedad civil. Una democracia no puede constituirse verdaderamente como tal mientras los partidos no procuren un acercamiento a los intereses concretos de la población. Ese acercamiento debe ser la base desde la cual provengan los proyectos partidarios, pues sólo así podrán alcanzar la credibilidad, tan difícil de conquistar en estos días.
Otro de los aspectos fundamentales a la hora de hablar de instauración democrática es la participación ciudadana. De nada serviría que los partidos políticos se esmeraran en alcanzar su democratización interna y estrechar los lazos que deben mantenerlos unidos a la sociedad civil, si esta última no responde favorablemente a esos estímulos, insertándose en el proyecto democrático. Pero, más que tratarse de una participación que responde a estímulos, se trata de un proceso que integre a los actores sociales en la construcción de una vida en democracia. Por supuesto, esto es algo que no depende absolutamente del sistema político. Hay condicionamientos económicos, sociales y culturales que obstaculizan la interiorización de las reglas del juego democrático. Pero si el compromiso de los partidos con la democracia es sincero, les corresponde a éstos impulsar la participación de la población en las dinámicas socio-políticas orientadas a constituirla.
Finalmente, cabe señalar la importancia del pluralismo político en la institucionalización democrática. La diversidad de proyectos partidarios es condición sine qua non para la instauración de una democracia real. Se trata más de una diversidad cualitativa que cuantitativa. Es decir, que haya una gran cantidad de partidos políticos no significa, necesariamente, que haya un grado satisfactorio de representatividad. Alcanzar ese nivel básico requeriría que al menos los sectores claramente identificables de la sociedad pudieran sentir que algún proyecto político representa sus intereses. Se puede hablar de una diversidad partidaria significativa siempre y cuando las necesidades más acuciantes de la población hayan encontrado eco en una gama de propuestas interesadas en darles respuesta. No hay un verdadero pluripartidismo cuando en unos pocos institutos políticos se concentra la pretensión de satisfacer todas las demandas de la población; pero tampoco puede haberlo cuando existe un abanico de partidos que lejos de interesarse en viabilizar algunas de las demandas que impone la ciudadanía, responden a intereses que nada tienen que ver con la representatividad.
Democratización interna, fortalecimiento de las relaciones sistema político-sociedad civil, participación ciudadana y pluralismo partidario han de ser, pues, las metas que los institutos políticos deben trazarse si es cierto que quieren responder a los desafíos de la institucionalización democrática. Y es que procurar un sistema democrático es, en definitiva, procurar la legitimidad misma de los partidos. Mucho ha costado a la sociedad salvadoreña superar los autoritarismos, romper con la hegemonía económica que ponía a su servicio partidos "de fachada" que, en lugar de avanzar hacia una vida democrática, posponían interminablemente la tarea de dar respuesta a las demandas de la sociedad. Esos no podían ser entendidos como verdaderos partidos, sencillamente porque ni respetaban las reglas que impone la democracia ni estaban mínimamente interesados en apostar a la instauración de una sociedad democrática.
Hoy en día, aunque fuertes resagos del pasado continúan presentes, El Salvador ha sufrido cambios significativos. La democracia, más que una opción, es una imposición social e histórica. No se debe sólo a la necesidad de viabilizar un modo de organización social que supere la confrontación vía el diálogo, sino también a la creciente globalización del mundo actual. La inserción provechosa de un país antidemocrático en la globalización -con escasas excepciones-- es impensable; sólo una sociedad democrática puede ajustarse, más o menos beneficiosamente, al mundo globalizado.
Así pues, ahora que se reconoce que la transición democrática es producto de un largo y doloroso proceso, ahora que se reconoce que la democracia es una exigencia impuesta por las condiciones socio-históricas, los desafíos del sistema político son más inaplazables que nunca. Se decía que la instauración de la democracia implica la reivindicación misma de los partidos. Junto con eso, hay que decir también que partido político es aquel que canaliza las necesidades de la población e intenta darles respuesta a través del aparato estatal; esa labor debe llevarse a cabo al interior de un marco regulatorio que normativice las relaciones entre los actores políticos y entre éstos y la sociedad civil. Sólo cuando esto se produce, pueden sentarse las bases de una democracia política real.
La idea de partido político no puede entenderse, entonces, fuera del ejercicio democrático, del mismo modo que democracia no tiene sólo que ser pensada, sino ejercida por determinados actores políticos y sociales. Es por eso que si un partido quiere constituirse como tal, está obligado a velar por el cumplimiento de las reglas impuestas por el sistema democrático. Sólo consolidándose como un instituto político respetuoso de las exigencias de la democracia podrá contribuir en la consolidación de la misma.
En el transcurso de estas líneas, se tratará de
establecer cuanto ha avanzado el sistema político salvadoreño
en la institucionalización democrática; lo cual
significa evaluar el grado de compromiso de los actores políticos
con los retos que esa institucionalización plantea. Retóricamente,
todos los partidos del país han dado fe de pretender una
sociedad en democracia. Es más, decir o hacer cosas en
nombre del ideal democrático se ha vuelto una práctica
cotidiana en el ámbito de la política. Pero ¿hasta
dónde ha llegado en la realidad esa apuesta discursiva
por la democracia? ¿Cuáles son las acciones que demuestran
que los partidos se hallan realmente interesados en concretar
ese ideal? La respuesta a estas y a otras interrogantes supondrá
la evaluación de los más importantes dinamismos
políticos a lo largo del año.
La coyuntura preelectoral y las sorpresas electorales
Durante los primeros meses de 1997, los partidos políticos se sumergieron de lleno en la tarea de afianzar sus posiciones, rumbo a las elecciones legislativas y edilicias del 16 de marzo. Consignas, pancartas, canciones e imágenes invadieron la vida nacional en el periodo previo a la contienda electoral. La polarización de la campaña, la arremetida ideológica de ARENA contra el FMLN y la tenue participación de los partidos "pequeños" en el la etapa previa a las elecciones, fueron notas características de esa coyuntura. El que las expectativas de los electores se concentraran especialmente en dos polos era un indicador significativo de varias cosas. En primer lugar, de que el electorado no se encontraba preparado aún para considerar otras alternativas distintas al FMLN y ARENA. Estos eran asimilados como los únicos proyectos políticos capaces de canalizar las ideas de izquierda o de derecha. La idea de que votar por cualquiera de los partidos "pequeños" equivalía a perder el voto rondaba por las cabezas de muchos de los ciudadanos. ¿Para qué apostarle a un proyecto político con tan escasas posibilidades de llevar a cabo sus iniciativas? Era la pregunta planteada por los escépticos respecto a la capacidad de esos partidos de alcanzar cuotas de poder medianamente significativas.
Pero la polarización de la campaña electoral implicaba un segundo aspecto, aún más grave que el anterior: los partidos minoritarios no han podido consolidarse lo suficiente como para ser tomados en cuenta por una cantidad significativa de votantes. No se trataba, únicamente, de que el electorado no se encontrara lo suficientemente preparado para asumir el pluripartidismo; se trataba también de que la gama de partidos no ofrecía diferencias cualitativas. Es cierto que muchos electores no estaban dispuestos a modificar sus opciones partidarias y preferían mantenerse fieles a la tradición de votar por ARENA o el FMLN. Pero también es verdad que, de querer hacerlo, los votantes no hubieran hallado propuestas realmente novedosas por las cuales valiera la pena "arriesgar" el voto. De hecho, los resultados electorales demostraron que existía una gran inconformidad de la población con respecto al desempeño gubernamental de ARENA y, sin embargo --excepto en el caso del PCN--, no hubo un aumento significativo en el caudal de votos a favor de los partidos minoritarios.
El estancamiento de esos institutos políticos es grave, porque significa que no hay un verdadero pluralismo partidario. No existe un abanico de posibilidades entre las cuales el electorado pueda elegir una alternativa efectivamente distinta a lo que ya se conoce. El proceso electoral evidenció las debilidades de los partidos minoritarios; debilidades cuya superación ha de ser la meta que éstos persigan si es que están verdaderamente interesados no sólo en mantenerse en pie --pues la desaparición de algunos de ellos demostró que esa debilidad amenaza su sobrevivencia en el sistema político--, sino también en aportar a la consolidación de la democracia.
Por otra parte, hay que recordar que no todos los actores sociales lamentaban la polarización de la campaña electoral. El hecho de que las expectativas e intereses giraran sólo en torno a dos partidos favoreció ampliamente a ambos polos. Tanto ARENA como el FMLN se beneficiaban de que la campaña se polarizara. Primero, porque ello contribuía a eliminar del panorama a los posibles rivales políticos y, segundo, porque posibilitó a los dos polos basar sus estrategias publicitarias en la competencia contra un solo opositor. Así, la campaña electoral llegó a asemejarse a una guerra sin cuartel, en la que denigrar al adversario era tarea prioritaria; especialmente en el caso de ARENA.
Sin recato, puede afirmarse que la labor propagandística del partido gobernante se enfocó, casi por completo, en atacar al Frente. Nada de discursos propositivos ni de plataformas gubernamentales; de lo único que se trataba era de generar un clima de confrontación, por lo demás, inexistente. La idea era hacer creer que votar por el FMLN implicaba favorecer los intereses de un grupo que todavía no terminaba de deshacerse de sus tendencias violentas. Se buscaba desacreditar de antemano al partido de izquierda, recordándole a la opinión pública lo que sus miembros habían hecho en el pasado. ¿Cómo votar por quienes tanto daño le hicieron --y continúan haciéndole-- al país? era, en definitiva, el cuestionamiento publicitario con el que ARENA quiso asegurar su triunfo en la contienda electoral.
Pero el partido oficial le apostó a la carta equivocada. Creyó que desprestigiando al FMLN lograría soslayar, por un lado, la crisis institucional que se hizo evidente a finales de 1996, y la falta de un plan de gobierno edilicio y legislativo, por el otro. No pudo advertir que la arremetida virulenta en contra del Frente no podía hacer más que poner de manifiesto su debilidad. En aquel momento fue claro que ARENA le temía al Frente. Y su temor no era infundado. El partido de derecha tenía que prever, mejor que nadie, las consecuencias electorales que podían traerle el destape de su situación interna y el acrecentamiento del desgaste que los ocho años de administración gubernamental le habían producido. Y a quiénes favorecería el palpable deterioro de las estructuras areneras si no a su principal adversario, al FMLN. De ahí el empeño en denigrar a toda costa al principal partido de izquierda. El problema es que ese empeño llegó a límites tan extremos que lo único que logró fue evidenciar en grandes proporciones el temor de ARENA hacia el Frente. Este último, por su parte, salvo en algunas situaciones aisladas, evitó ceder a las provocaciones de su contrincante e hizo un intento por hacer que sus propuestas fueran consecuentes con las ideas que dice defender. Propuestas cuya operatividad podía ponerse en duda, pero que se acercaban más que las de ARENA a un proyecto de gobierno.
Finalmente, llegó el 16 de marzo, y con él significativas modificaciones en el panorama político nacional. La posibilidad de que ARENA viera mermada su cuota de poder se venía barajando meses atrás. Se había hablado ya de la probabilidad de que buena parte de los correligionarios incondicionales al partido oficial decidiera ejercer un "voto de castigo", que dejara clara su insatisfacción con el desempeño gubernamental de aquél. Lo que no se vislumbraba era que ese voto pudiera trastocar sustancialmente al orden político establecido a partir de la firma de los Acuerdos de Paz. Y eso fue justamente lo que pasó.
A nivel de participación legislativa, mientras ARENA perdió 9 escaños, el FMLN incrementó en 6 sus curules al interior del pleno. En el campo edilicio, el triunfo fue para el FMLN, quien adquirió, entre otras, las significativas alcaldías de San Salvador y Santa Ana. Los resultados electorales, pues, asestaron un duro golpe a la convicción arenera de que el poder de su partido era indestructible e impusieron al FMLN el reto de dar respuesta a las expectativas que se pusieron sobre él. Y no es que el proyecto efemelenista hubiera atraído más adeptos gracias a los meses previos a los sufragios. El triunfo alcanzado el 16 de marzo por el principal instituto político de izquierda se debió, por un lado, al agotamiento de ARENA --evidenciado por sus desaciertos en la administración gubernamental, en la fractura de una unidad antaño considerada granítica y en las prácticas corruptas de muchos de sus funcionarios--; y, por otro, al fuerte abstencionismo de un electorado marcado por la desconfianza frente a los partidos y frente al sistema político en general.
Pero, más allá de las lecciones y desafíos que los comicios de marzo trajeron a los diferentes partidos políticos, conviene evaluar las implicaciones del reacomodo de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa en la instauración democrática. No puede negarse que el nuevo equilibrio de poderes en el pleno significó un paso más en la consolidación de la democracia, mas las condiciones en las que se produjeron los comicios distaron mucho de ser las ideales. No sólo debido a los desaciertos de los partidos durante el proceso electoral, sino también a las irregularidades que se engendraron en el seno del Tribunal Supremo Electoral. Ambas fallas denotan la debilidad intrínseca la democracia salvadoreña. Aun así, la realización de la contienda electoral fue posible y, para sorpresa de muchos, los resultados fueron respetados por parte de quienes se esperaba que, mínimamente, armaran un escándalo alegando fraude.
Ahora bien, los alcances de los resultados electorales no se reducen a los aspectos formales que acompañaron los comicios ni a la manera en la que los actores políticos enfrentaron la nueva configuración de su escenario. El hecho de que la adquisición de un mayor número de diputados por parte del FMLN resquebrajara el monopolio arenero es quizá la más importante de las consecuencias que lo ocurrido el 16 de marzo trajo consigo. La derogatoria de la Ley de privatización de ANTEL, la interpelación al Presidente del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla, la aprobación del 6% del Presupuesto Nacional para las alcaldías y el intenso debate en torno a la condonación de la deuda agraria, son los ejemplos más representativos de que la Asamblea Legislativa salvadoreña ha sufrido importantes modificaciones. Las nuevas circunstancias han obligado a que las prácticas tradicionales de los diputados --compra y venta de votos, favoritismo, "madrugones"-- vayan dando paso a prácticas más consensuales. Y esa necesidad de consenso ha implicado que los partidos asuman más en serio los problemas del país.
El Organo Legislativo actual es considerablemente más autónomo
y agresivo que los que le han precedido. Marcada por la predominancia
política de ARENA, la gestión del pleno se subordinaba
a los dictámenes del Ejecutivo. Así, el país
se hallaba a merced de las decisiones que el partido gobernante
tomaba sin aceptar sugerencias allende de sus estructuras. Con
el equilibrio de fuerzas en la Asamblea, esa situación
cambió. Las hegemonías políticas se acabaron.
Actualmente, ningún partido puede concentrar más
poder que el que le corresponde, ya que no hay mayorías
completamente determinantes. La aprobación de una iniciativa
de ley ya no puede darse por mandato de un sólo partido,
sino que exige el apoyo de dos o más de ellos. Eso es algo
que favorece a los institutos políticos minoritarios. Las
elecciones del 97 proporcionaron a esos partidos la posibilidad
de participar más decisivamente en la toma de decisiones
al interior del pleno. Y aunque, como se mencionaba anteriormente,
dichos institutos no cuentan todavía con un nivel satisfactorio
de representatividad, el hecho de que las iniciativas que definen
los destinos del país tengan que pasar por la aprobación
de más de un instituto político, es, en sí
mismo, alentador.
Los escándalos que amenazaron la consolidación democrática: FINSEPRO y el caso de los secuestros
Probablemente, nada hubiera tenido que ver el escándalo del millonario fraude financiero en el ámbito político si en él no hubiera estado implicado uno de los "buenos muchachos" del partido en el poder. ARENA viene, desde hace rato, cargando sobre sus espaldas el estigma de la corrupción. Pero cada vez que sus dirigentes han sido cuestionados al respecto, éstos han sabido salirse por la tangente, evadiendo la responsabilidad partidaria en el problema de los funcionarios corruptos. Incluso han llegado a idear estrategias para evitar que sus miembros involucrados en casos de corrupción sean debidamente procesados por la justicia --tal es el caso de la implementación, por decreto, del fuero para los alcaldes. Seguramente, eso es lo que ARENA hubieran deseado hacer con Mathies Hill: evitar que la justicia fuera llevada hasta sus últimas consecuencias en casos en los que la imagen del partido se ve seriamente perjudicada. Sin embargo, el escándalo financiero cobró tales proporciones y las pruebas eran tan evidentes, que resultaba imposible no admitir que su "buen muchacho" había participado directamente en el fraude. ¿Qué más le quedaba al partido oficial que pronunciarse a favor del castigo para los responsables?
Pero ARENA no se conformó con eso y, continuando con el hábito de aprovechar cualquier oportunidad para desprestigiar a su rival, inventó pretextos para relacionar al FMLN en el caso de la millonaria estafa. A pesar de ello, el verdadero desprestigiado fue el partido oficial. Es cierto que Calderón Sol intentó demostrar que su gobierno estaba comprometido con el descubrimiento de toda la verdad en el caso del fraude financiero. El problema es que ese descubrimiento total nunca llegó a darse y que, cuando el escándalo salió a la luz pública, todo pareció indicar que, lo que se sabía hasta la fecha, era sólo el extremo de una madeja en la que se enredaban importantes figuras de la vida pública. Figuras más cercanas a las filas areneras que a las efemelenistas.
De este modo, el caso del fraude financiero vino a asestar otro duro golpe al partido oficial. Si antes había podido escabullirse de la responsabilidad de enfrentar el hecho de que al interior de sus estructuras la corrupción es una práctica común, con el escándalo de FINSEPRO, ARENA ya no pudo escapar al descrédito público. Sus miembros lo sabían. Por eso no es de extrañar que, cuando, meses después, se destapara el escándalo de los secuestros, ese partido de derecha pusiera todo su empeño en vincular institucionalmente al FMLN en él. No se trataba únicamente de continuar con el hábito de no dejar pasar ninguna oportunidad de denigrar al Frente; se trataba también de dejar en tablas la partida. Si algunos miembros de ARENA eran acusados de corrupción ¿por qué no hacer lo posible para que ciertos dirigentes efemelenistas resultaran involucrados en la planeación de plagios?
Por su parte, el FMLN fue, como siempre, el blanco más fácil. No hubo ningún problema en relacionar a ese partido con el caso de los secuestros; si lo hicieron en el pasado qué les impediría hacerlo ahora, fue la única duda que debió implantarse para despertar las sospechas de que la ex guerrilla podía tener algo que ver en el asunto de los secuestros. Por supuesto, esa duda no pudo más que perjudicar al Frente, el cual se vio obligado a pagar, una vez más, las consecuencias de su resistencia a ajustar cuentas con el pasado.
Como se ha señalado en distintas oportunidades, el error del Frente ha sido permanecer ciego ante la necesidad de aclarar a la población salvadoreña lo que verdaderamente hizo y dejó de hacer durante la guerra. Dejar bien sentadas las bases para entender quién es el FMLN de hoy con respecto al que fue durante la guerra es uno de los grandes propósitos que debería hacerse el Frente, si quiere superar de una vez por todas la debilidad de la cual ARENA va a aprovecharse cada vez que pueda. Con el silencio sepulcral que ha guardado en relación a su pasado, el instituto político de izquierda dejó abierta la posibilidad de sospechar de él en el futuro. Y esa es la posibilidad de la que ARENA ha sabido valerse para desarrollar la campaña de desacreditación de su principal adversario.
Ahora bien, ¿qué tienen que ver el fraude financiero y el caso de los secuestros con la consolidación de la democracia? ¿Por qué pueden estos sucesos ser considerados amenazas para alcanzarla? Responder a estas interrogantes obliga a tomar en consideración uno de los aspectos fundamentales de la instauración democrática: la relación partidos políticos-sociedad civil. Se decía que el fortalecimiento de esa relación debía ser una de las tareas prioritarias para los institutos políticos. Pues lo que los dos más grandes escándalos de 1997 vinieron a demostrar fue que los partidos mayoritarios no han sabido asumir esa tarea y que quizá ni siquiera están conscientes de la importancia de hacerlo. ¿Cómo estrechar los lazos que los unen a la sociedad civil mientras sus miembros son acusados de estar inmiscuidos en delitos serios y repudiables? ¿Cómo esperar que la población recupere la credibilidad en unas instituciones cuya honestidad e integridad pueden ser tan fácilmente puestas en duda?
Así pues, lo sucedido denota que, lejos de estar preocupados
por acercarse más a la sociedad civil y a sus intereses,
los dos más poderosos partidos se hallan inmersos en una
disputa cerrada en la que mientras uno ataca, el otro se defiende
constantemente, en un ciclo que parece interminable. Y aunque
a veces quiera ser visto así, esa disputa no contribuye
en nada al proceso de consolidación de la democracia, porque
en lugar de enriquecerla la debilita.
1999 en perspectiva
Los resultados electorales significaron para la clase política un doble reto: por un lado, debían responder, lo más coherentemente posible, a las expectativas que la nueva configuración del espectro político les había planteado; y, por otro, debían diseñar estrategias que les permitieran ofrecerse como alternativas atractivas para los comicios de 1999. El quid de la cuestión era saber cumplir ambos retos de manera que ninguno perdiera prioridad respecto del otro; es más, advirtiendo que llevar a cabo el primero implicaba avanzar un decisivo tramo en la concreción del segundo. Veremos hasta donde pudieron llegar en este año los diferentes partidos en la conquista de estos dos retos.
Del MU, la CD y el PRSC cabe señalar los esfuerzos que, tras el proceso electoral de principios de año, hicieron por consolidar un sólo bloque con orientación socialcristiana que les permitiera fortalecer el centro y presentarse como alternativas de poder en los sufragios venideros. PCN y PDC, por separado, empezaron a trazar estrategias con miras a los comicios presidenciales. ARENA, por su parte, dio a conocer en aquél momento su proyecto electoral "Plan 24 meses". Y, finalmente, el FMLN, en su Convención Nacional, discutió sus líneas de acción para el proceso electoral de la contienda presidencial.
En definitiva, todos parecen estar conscientes de la necesidad de empezar a proyectarse hacia el futuro inmediato. Lo que puede ponerse en duda es el grado de comprensión que han logrado alcanzar los partidos de que esa proyección implica necesariamente a los resultados de su desempeño político. Muchos ajustes, planes y diseños estratégicos pueden hacer los partidos, pero de nada servirán si no van lo suficientemente bien articulados con su desempeño gubernamental.
Lamentablemente, eso es lo que no parece estar pasando. En la reestructuración llevada a cabo en el mes de abril, ARENA decidió jugarse dos cartas de naturaleza contradictorias. Una, era la apuesta a la novedad; la llegada de personalidades como Roberto Murray Meza pretendía darle al partido la imagen de que había un reacomodo real en sus estructuras. Pero fue la segunda apuesta la que resultó más llamativa; la reinserción del ex presidente Alfredo Cristiani en el COENA podía entenderse como una tendencia a reivindicar las líneas tradicionales de la derecha al interior del partido.
Como quiera que sea, lo cierto es que, en un primer momento, ARENA dio muestras de estar interesado en modificarse internamente y replantear sus posturas; pero eso nunca se tradujo en una mayor eficacia gubernamental que probara que ese interés iba a ser llevado a la práctica. El partido oficial no ha cambiado en nada. Más bien pareciera hallarse detenido en el problema de recuperar una fortaleza que se pierde cada vez más.
Por otra parte, el FMLN descubrió, durante su Convención Nacional, una faceta que no se le conocía: la capacidad de reformular su dinamismo interno de acuerdo a las exigencias de las circunstancias. En esa Convención, el Frente dio un giro inesperado al procurar el ascenso a su dirigencia de una tendencia -al menos en apariencia-- moderada. Tendencia cuyo predominio resultaba muy conveniente dado que ese evento ocurrió justo en el marco de las acusaciones proferidas contra el Frente de haber participado en los secuestros. En este momento, no puede saberse a ciencia cierta porqué el partido en cuestión eligió la línea progresista y desecho la tendencia ortodoxa. Es posible que el triunfo de aquélla hubiera sido arreglado de antemano con el objeto de amainar la tempestad que la acusación de estar vinculado con los plagios le trajo al partido. Pero es posible también que la existencia de dos alas bien demarcadas al interior del partido de izquierda sea una realidad que amenace con provocar tensiones en el futuro. De cualquier modo, la única certeza que puede tenerse ahora es que tampoco el FMLN ha caído en la cuenta de que sus amplias posibilidades de llegar a la presidencia en 1999 pueden verse menguadas si no da unidad a sus aspiraciones políticas y a su gestión en la Asamblea y las alcaldías.
Así las cosas, resulta claro que consolidarse y responder
a las demandas de la sociedad son dos cosas que los partidos no
pueden hacer conjuntamente. Eso atenta contra otro de los requisitos
de la institucionalización democrática: el fortalecimiento
interno de los partidos. El divorcio entre consolidación
y respuesta a las demandas de la población constituye una
amenaza porque, en un orden democrático, estas dos caras
no pueden ser entendidas la una sin la otra. En resumen, puede
decirse que el sistema político ha dado pasos significativos
hacia la consolidación de la democracia. El reordenamiento
del panorama político es quizá el más importante
de ellos. Sin embargo, los dinamismos políticos demuestran
que la democratización de la sociedad salvadoreña
se encuentra aún en sus fases más tempranas. De
ese modo, la consolidación de la democracia en el país,
continuará, pues, siendo el desafío fundamental
del sistema político nacional.
El año 1997 no despertaba demasiado optimismo en las esferas gubernamentales acerca de las proyecciones económicas, debido principalmente a la caída de las tasas de crecimiento de la producción experimentadas desde 1995. Ello se reflejaba en las expectativas de crecimiento económico de 4% para 1997, después de que las tasas de crecimiento del primer quinquenio de la década habían superado el 6%. Por otra parte, se esperaba que el comportamiento de los principales balances macroeconómicos se mantuviera con una tendencia al equilibrio, pero al final, con excepción de las finanzas públicas, los resultados rebasaron las expectativas.
Los primeros datos preliminares ofrecidos por el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), muestran que, 1997, habría sido un buen año para los fines de la estabilización macroeconómica. La meta de crecimiento fue alcanzada, la inflación estuvo por debajo de lo programado y se acumularon más Reservas Internacionales Netas (RIN) de las que se tenía programado. Frente a este alentador panorama, la conclusión obvia es que las reformas económicas implementadas a lo largo de la década han sido efectivas; sin embargo, esta es una postura muy discutible.
La verdad es que, aun aceptando que existen claros signos de consolidación de la estabilidad macroeconómica, éstos no se traducen necesariamente en mejores condiciones para el incremento sostenido de la producción, el empleo y los ingresos. Incluso, al igual que hace siete u ocho años, puede notarse que los grandes logros macroeconómicos que se atribuye el gobierno dependen casi totalmente del flujo de divisas desde el exterior. La estabilidad del tipo de cambio, la acumulación de RIN y la reducción de la tasa inflacionaria son posibles solamente por las remesas familiares, donaciones y empréstitos.
Además, este aparente clima de estabilidad macroeconómica, en realidad, enfrenta serias limitantes provenientes del sector público y el sector financiero. El sector público, pese a la reforma tributaria regresiva implementada durante la década de 1990, continúa mostrando su sempiterna tendencia hacia el déficit fiscal; el sector monetario, aun a despecho de las bajas tasas de inflación observadas durante los últimos años, se muestra renuente a reducir significativamente las tasas de interés, con lo cual impacta negativamente sobre los niveles de inversión y crecimiento.
En lo que sigue, se trata de proporcionar una interpretación
más amplia y objetiva de la situación económica
del país a finales de 1997, tomando en cuenta que, a diferencia
de la evaluación gubernamental, aquí se tratan aspectos
críticos relacionados con el papel de los flujos externos
de divisas, el empleo, los salarios y las tasas de interés.
Producción y empleo
Difícilmente puede negarse que el crecimiento económico es un elemento indispensable para el desarrollo económico y social; por ello, una tasa de crecimiento del PIB de 4% es, innegablemente, un buen resultado. Es totalmente válido también señalar que la calidad del crecimiento económico en El Salvador es baja, especialmente si consideramos que se ha logrado a partir del sector terciario, sin desarrollar las capacidades productivas de los sectores agropecuario e industrial.
Más aún, en el caso del sector agropecuario, se registraron importantes efectos negativos sobre la producción de granos básicos, café e, incluso, azúcar debido al fenómeno climatológico "El Niño", el cual dio pie tanto a una grave sequía como a lluvias extemporáneas que dañaron severamente los cultivos. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso de los granos básicos se espera una pérdida de cerca de un 24% de la cosechas; en el caso del café se estima una pérdida de cerca de entre 5 y 20%; y en el caso de la caña de azúcar de cerca de un 20%. Un dato consolidado de las pérdidas en el sector agropecuario es que cerca de un 2% del PIB podría perderse por efecto de "El Niño".
Esta situación es el aspecto más cuestionable de las altas cifras de crecimiento obtenidas durante los últimos años, debido a que el crecimiento económico ha estado concentrado en los sectores comercial y financiero, los cuales, dicho sea de paso, no generan bienes transables y poco contribuyen para mantener la estabilidad de la balanza comercial. Al mismo tiempo que se obtienen tasas globales de crecimiento del 4%, el sector agropecuario se encuentra en una permanente crisis.
La evolución del empleo durante 1997, al igual que en otros años, se ha ausentado de la evaluación económica del gobierno. Datos alternativos propalados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), aceptan la tasa de crecimiento de 4% en el PIB, pero al mismo tiempo señalan que, entre 1996 y 1997, la tasa de desempleo se incrementó desde 7.7% a más de 8%. Este dato, conjuntamente con la elevada tasa de subempleo (cerca del 50%), muestra palmariamente cómo el crecimiento en sí mismo no es sinónimo de mayor bienestar social.
Además del comportamiento cuantitativo del empleo, algunas consideraciones sobre su dimensión cualitativa pueden contextualizar aún más los datos sobre crecimiento económico. En primer lugar, dentro del sector industrial, la actividad más dinámica en la generación de empleo ha sido la maquila de ropa, manejada fundamentalmente dentro de zonas francas y recintos fiscales, dedicados totalmente a la producción exportable. Este sector ha experimentado un rápido crecimiento durante esta década, al grado de llegar a ser el principal generador de exportaciones. Sin embargo, los empleos generados por esta actividad son mal remunerados y presentan desfavorables condiciones de trabajo. La mayoría de los trabajadores de la maquila textil reciben únicamente el salario mínimo, deben aceptar jornadas extenuantes de trabajo y, en muchos casos, deficientes condiciones de salubridad. No es extraño que las empresas de este ramo hayan sido el principal epicentro de intensos conflictos obrero-patronales a lo largo de la década de 1990.
El empleo en el sector rural, por otra parte, continúa
dependiendo fundamentalmente de los cultivos tradicionales de
exportación, tales como el café y el azúcar,
por lo mismo éste tiene un carácter estacional,
es decir que sólo existe durante tres meses del año.
Los restantes meses, la mayoría de la población
rural se enfrenta a una permanente situación de desempleo,
subempleo y pobreza, adicionalmente exacerbada por la pérdida
de importancia de la producción agropecuaria dentro del
PIB y, para 1997-1998, por las pérdidas provocadas por
"El Niño".
Precios y salarios
Probablemente, el dato más curioso presentado por el Presidente del BCR, Roberto Orellana Milla, ha sido la estimación de una tasa de inflación de tan sólo 2.5% para finales de 1997. Esta sería la tasa de inflación más baja de los últimos 20 o 25 años y se encontraría muy por debajo de las estimaciones de entre 5 y 7% contenidas en el programa monetario y financiero 1997. Aún resta por examinar cuáles han sido los rubros en los que se habrían experimentado las reducciones más significativas en los precios; pero, de ser exacto el dato de inflación, el deterioro de los ingresos y salarios durante 1997 disminuyó en relación a 1996, aunque siempre se sumó a las tendencias hacia el deterioro de los salarios reales. El dato más relevante en torno a los salarios es la congelación del salario mínimo en los niveles fijados en 1995, lo cual implica que el salario mínimo real ha experimentado un importante deterioro hasta la fecha. Actualmente, el salario mínimo nominal para el área urbana es de 1,155 colones; sólo de aplicar la inflación acumulada en 1996 y 1997 tendríamos que los salarios mínimos reales habrían perdido un 8.8% de su valor real.
Para este año, no se efectuaron ajustes al salario mínimo,
pero se iniciaron conversaciones en esta línea entre representantes
del gobierno, la empresa privada y el sector laboral. La propuesta
gubernamental, presentada por personeros del Ministerio de Trabajo,
se ha centrado hasta ahora en la adopción de una política
salarial basada en la productividad de los trabajadores, pese
a que todavía no se cuentan con indicadores fiables de
la misma. En lo respectivo a los salarios de los empleados públicos,
la recomendación del Presidente del BCR es que éstos
se congelen para controlar el déficit fiscal que, por ahora,
es el punto más cuestionable del desempeño económico
del gobierno.
Sector público
En lo relacionado a las finanzas públicas, el Programa Monetario y Financiero se proponía llevar el déficit fiscal hasta un nivel de 1.1% del PIB; sin embargo, de acuerdo a los últimos datos del BCR, el déficit fiscal para 1997 se estima que será de 1.8% del PIB, el cual, aunque inferior al nivel alcanzado en 1996, aún se encuentra a niveles elevados.
Según el BCR, esta situación obedecería a la política seguida por el Ministerio de Hacienda, al cual se le atribuye la creación de las mayores presiones para el incremento del gasto público y la permanencia, e inclusive ampliación, de las deficiencias en la recolección de impuestos. Para argumentar esto último, el Presidente del BCR señala que para 1997 se obtuvo una tasa de carga tributaria de 10.6% del PIB, la cual sería la tasa más baja de los últimos cuatro años. Para solucionar la problemática del desequilibrio fiscal el BCR recomienda medidas como: reducir el endeudamiento externo, la congelación de los salarios de los empleados públicos y, finalmente, abstenerse de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal como lo proponen sectores de la oposición política.
El control del déficit fiscal es, sin lugar a dudas, el punto más problemático para el gobierno. Pese a que, con la implementación de diferentes medidas de reforma tributaria, se pretendía resolver la problemática del déficit fiscal, lo cierto es que únicamente se han sustituido algunos impuestos por otros sin que el impacto final haya sido significativo para elevar los ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal. Aunque se introdujo el IVA en 1992 con una tasa de 10% que luego se elevó a 13%, paralelamente, se eliminaron los impuestos al patrimonio y a las exportaciones de café y, al mismo tiempo, se redujo drásticamente el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, al consumo y a las importaciones. Para 1997, el IVA representó más del 50% del total de ingresos tributarios, mientras que los impuestos a las importaciones han presentado tendencia hacia la disminución, y que podría acentuarse en los próximos años como resultado de la desgravación arancelaria.
Aunque, en un principio, el IVA ha implicado importantes alzas
en los ingresos tributarios, éstas han sido contrarrestadas
por la caída en los ingresos generados por otros impuestos,
así como por la pérdida de dinamismo económico
experimentado desde mediados de 1995. No es de extrañar,
entonces, que el coeficiente de carga tributaria se haya reducido
en 1997. El bajo crecimiento del citado coeficiente resulta especialmente
cuestionable si se considera que se han introducido impuestos
que gravan fundamentalmente a los sectores consumidores, con limitada
capacidad económica, y no al sector empresarial, de mucha
mayor capacidad económica.
Sector externo
El incremento de las RIN es otro elemento positivo del contexto macroeconómico que el BCR se atribuye haber logrado. La situación sería tan bonancible que, durante 1997, se habría rebasado la meta inicial de 100 millones de dólares de incremento en el saldo de las RIN, llegando a obtenerse un incremento final de más de 225 millones de dólares. Aquí cabe señalar que este comportamiento de las RIN no obedece en realidad a ninguna política del BCR, simplemente es resultado del flujo de transferencias privadas, especialmente remesas familiares.
Prueba de lo anterior es que el saldo de la balanza comercial continúa siendo negativo, lo cual implica que el país importa más de lo que exporta. Así, durante 1997 se estima que las exportaciones alcanzaron los 2,765 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 4,040 millones de dólares; es decir, el déficit de la balanza comercial fue de 1,275 millones de dólares. En 1996 el déficit de la balanza comercial fue de 1,338 millones de dólares, lo cual implica que se suscitó una pequeña reducción, atribuible en parte a un incremento en los precios del café, pero, especialmente, a una reducción de las tasas de crecimiento de las importaciones.
Cabe destacar que el desequilibrio de la balanza comercial (1,275 millones de dólares) es bastante similar al estimado de 1,221.6 millones de dólares en concepto de remesas familiares proyectado por el mismo BCR. Si adicionamos los más de 200 millones de dólares en concepto de donaciones y empréstitos que han ingresado al país, el saldo se vuelve positivo y es perfectamente posible un incremento de las RIN. Estos datos evidencian que para equilibrar el sector externo del país no se cuenta con un aparato productor de exportaciones, solamente con las transferencias de divisas realizadas por la mano de obra nacional laborando en el exterior y de la afluencia de capitales externos.
Otro factor externo que atenúa las tendencias desequilibrantes de la balanza comercial digno de mencionar son las exportaciones de maquila textil. Se estima que, para 1997, las exportaciones de maquila alcanzarán cerca del 44% de las exportaciones totales.
En este escenario, es claro que el mantenimiento del tipo de cambio no es un resultado de la política económica, sino más bien un reflejo de la masiva afluencia de divisas, por cierto para nada relacionadas con las exportaciones. Para el sector exportador, la coyuntura actual podría estar restando estímulos para la producción en la medida en que el tipo de cambio estable combinado con la inflación nacional restan competitividad a las exportaciones.
El mantenimiento del tipo de cambio depende principalmente de
los flujos externos de divisas, las cuales permiten elevados niveles
de oferta de dólares, al grado que incluso podría
suscitarse una reducción del tipo de cambio, que en la
práctica no ocurre debido a que el BCR se encarga de esterilizar
la oferta excedente de dólares.
Sector monetario-financiero
Durante 1997 el crecimiento del crédito se mantuvo dentro de los parámetros definidos por el BCR; es decir, a un nivel máximo de 16%, muy por debajo de los niveles de 30% observados hasta 1994, cuando el crecimiento económico anual llegó a ubicarse en un rango de entre 6-7%. No cabe duda de que las restricciones al crecimiento del crédito establecidas por el BCR han estado claramente ligadas a la reducción de las tasas de crecimiento del PIB experimentadas desde la segunda mitad de 1995.
El mayor problema que se percibe en el sector monetario- financiero, empero, está referido no tanto al nivel de expansión del crédito, sino a los injustificables niveles de las tasas de interés impuestas por las instituciones que conforman el sistema financiero nacional. Mientras las tasas nominales pasivas se mantienen en niveles inferiores a 10% e, incluso, de 4% para cuentas de ahorro, las tasas nominales activas llegan a superar con creces el 20%.
Esto resulta aún más cuestionable si consideramos
las pronunciadas caídas de las tasas inflacionarias y el
elevado nivel de liquidez del cual goza, de acuerdo al mismo BCR,
el sistema financiero. En este punto es importante destacar que
para 1996 la tasa de inflación fue de 7.4% y para 1997
se espera que sea de sólo 2.5%, pese a ello la tendencia
de las tasas de interés activas promedio ha sido hacia
el alza o, en el mejor de los casos, hacia la estabilización.
| Inflación (%) | |
| Crecimiento del PIB real (%) |
|
| Crecimiento de exportaciones (sin café) (%) | |
| Exportaciones de maquila (U$) | |
| Remesas familiares (U$) | |
| Saldo de RIN (U$) | |
| Déficit fiscal/PIB (%) | |
| Crédito respecto al PIB (%) |
|
| Depósitos respecto al PIB (%) | |
| Deuda externa/PIB (%) | |
| Carga tributaria/PIB (%) |
|
La problemática de las tasas de interés repercute
no solamente en la rentabilidad de las empresas financieras, sino
también en el nivel de inversión y, consecuentemente,
en la producción. Mientras las empresas financieras incrementan
su rentabilidad y sus tasas de crecimiento, el resto de sectores
económicos se enfrentan a mayores costos financieros, menores
niveles de inversión y caída de la tasa de crecimiento
de su PIB sectorial. Tasas de interés elevadas son propias
de una situación de recesión económica, tal
como la experimentada los últimos dos años.
Política social
Los dos gobiernos de ARENA han propuesto amplios planes de fomento del desarrollo social, como medio de compensar los efectos del ajuste y favorecer a los sectores más pobres de la sociedad. El actual gobierno presentó un Plan de Desarrollo Social donde el elemento que más llamaba la atención era la propuesta de elevar el gasto social hasta que éste llegara a representar el 50% del presupuesto general de la nación. Paradójicamente, la dinámica observada en 1997 --al igual que en los dos años anteriores-- dista mucho de esta declaratoria.
Al examinar el anteproyecto del presupuesto general de la nación para 1998 se observa que, a pesar de un incremento a la asignación del ramo educativo, lo cierto es que, en conjunto, las ramas consideradas dentro del gasto social (educación, salud, vivienda y trabajo) disminuyeron su participación porcentual en el total del presupuesto. En 1996 y 1997 se destinó un 24.35% y un 25.1% para gasto social, respectivamente; mientras que en 1998 se espera que el gasto social alcance únicamente el 24.5% del total del presupuesto. Este porcentaje resulta de sumar el porcentaje asignado a educación (16.1%), salud (7.9%), vivienda (0.2%) y trabajo (0.3%).
En lugar de incrementar la asignación para gasto social, como lo propone el plan de desarrollo social, el anteproyecto del presupuesto para 1998 lo retrocedería a los niveles de hace 2 años. Dentro de este comportamiento, lo más cuestionable es la reducción del porcentaje asignado a la salud. Este pasará de representar un 8.6% en 1997, a representar tan sólo un 7.9% en 1998. Pese a que se aumentó su presupuesto en 16 millones de colones, éste fue proporcionalmente menor al experimentado por el presupuesto total y, por ello, no impidió que la participación porcentual de la rama disminuyera.
Al examinar los restantes componentes del gasto social (trabajo y vivienda), destaca que éstos se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles porcentuales de 1997. No obstante, resulta significativa la reducción de cerca de 1.2 millones en el presupuesto de vivienda y desarrollo urbano, no por su monto, sino por el contexto en que se opera. Este ramo apenas recibe un 0.2% del presupuesto total, pese a que la vivienda es una de las necesidades sociales más ingentes.
La composición del presupuesto revela, nuevamente, que
uno de los mayores vacíos de los programas de gobierno
se encuentra en el área del fomento del desarrollo social.
Por ejemplo, aunque no es necesario argumentar en torno a la insuficiencia
y constante deterioro del sistema nacional de salud, en la práctica
la asignación presupuestaria para esta rama resulta francamente
incoherente, no sólo con las necesidades del país,
sino también con el discurso oficial sobre el desarrollo
social.
Medio ambiente
Este aspecto ha adquirido cada vez mayor importancia para el desempeño económico, no sólo porque desde el exterior se han permeado algunos principios ecologistas, sino también porque cada vez son más evidentes sus efectos negativos sobre el crecimiento económico. Prueba de lo anterior es, por ejemplo, el efecto negativo del fenómeno El Niño sobre la agricultura y los elevados costos económicos del deterioro de los recursos naturales.
Sólo para este año se estima que El Niño provocará pérdidas de cerca de un 2% del PIB, sin contar los posibles costos asociados con el deterioro ambiental que este implica. Sobre este último punto, estimaciones de la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social sobre los costos económicos y sociales del deterioro ambiental realizadas para el año 1995, consideran que éstos podrían estar rondando entre el 2.8 y el 4.3 por ciento del PIB para ese año. Es decir que, si añadimos ambos datos, tenemos que para 1997 los costos relacionados con el deterioro ambiental podrían oscilar entre 4.8 y 6.3 por ciento del PIB.
Con todo, debe señalarse que hasta el momento el gobierno aún no define una estrategia para enfrentar el problema de la preservación y la gestión de los recursos naturales. Durante 1997 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible; sin embargo, ello no ha provocado la creación de normativas para detener el deterioro ambiental. La Ley del Medio Ambiente aún continúa sin aprobarse y sin tocar el fondo del problema ambiental.
En El Salvador, el crecimiento ha estado indisolublemente ligado a la sobre-explotación de los recursos naturales desde que se orientó el cultivo de cacao y, posteriormente, de añil para fines de exportación. En la actualidad se plantea que la capacidad de soporte de los recursos naturales y el medio ambiente ha llegado a su límite e, inclusive, está oponiendo restricciones para el crecimiento económico. Las soluciones a este problema son, lógicamente, complejas.
Por ejemplo, en muchos casos el problema ambiental se soluciona
con la internalización, por parte de las empresas, de los
costos de descontaminación ambiental; en otros, como en
el caso de la agricultura de subsistencia, la situación
es más complicada. En estos últimos casos, la reversión
del deterioro ambiental pasa por que el gobierno adopte e implemente
planes de desarrollo agropecuario basados en el uso sostenible
de los recursos naturales.
Consideraciones
La conclusión más importante para el año 1997 es que se registró un repunte del crecimiento económico, pero acompañado de un crecimiento del desempleo. En lo tocante a la estabilidad macroeconómica, destaca que ésta se ha logrado a costa de una restricción del crecimiento económico y de la afluencia de divisas desde el exterior. La única área macroeconómica que no se beneficia de la actual coyuntura es la de las finanzas públicas.
Las menores tasas de inflación se deben en gran parte a la restricción del crédito, el cual, a su vez, ha reducido las tasas de crecimiento económico. Por otra parte, la estabilidad del tipo de cambio y el incremento de las RIN obedece a factores exógenos al manejo económico del BCR.
En lo que respecta al sector público, se ha realizado una reforma que habría modernizado la estructura tributaria, pero que no ha logrado elevar significativamente el coeficiente de carga tributaria ni controlar el problema del déficit fiscal, aunque sí habría trasladado la carga tributaria desde los sectores de mayores ingresos a los sectores de menores ingresos.
El área social es el aspecto más débil de la evaluación económica de 1997. La satisfacción de las necesidades básicas se ha visto adicionalmente comprometida, no sólo por el incremento del desempleo, sino también por la caída de los ingresos y salarios reales y la subsecuente disminución del poder adquisitivo. Por otra parte, y tal como ha sido costumbre en los últimos años, el Presupuesto General de la Nación mantiene una franca tendencia ascendente, pero sin inclinarse hacia los sectores vinculados con la función social del Estado. Esto se refleja en la reducción del porcentaje del presupuesto de la nación destinado para gasto social, aun a pesar de los ofrecimientos presidenciales de incrementarlo.
En al ámbito monetario-financiero resulta de especial importancia una revisión de las tasas de interés para adecuarlas a la inflación observada durante los últimos años, y estimular incrementos de la inversión, producción y empleo.
Por otra parte, resulta claro que la dimensión ambiental debe ser incorporada dentro de los planes de gobierno con mayor firmeza, no sólo por fines puramente conservacionistas, sino también porque ello también conduce a progresos en las áreas económica y social.
Un balance levemente más objetivo que el gubernamental muestra que el desempeño económico de 1997 aún tiene como trasfondo el crecimiento económico sin empleo, la dependencia de recursos externos para mantener la estabilidad macroeconómica, la creciente insatisfacción de las necesidades básicas y el galopante deterioro ambiental con sus subsecuentes costos.
Sin pretender negar la importancia del crecimiento y de la estabilidad macroeconómica, la evidencia muestra la necesidad de revisar las características del primero, pues su importancia, desde una perspectiva ética, estriba en su contribución al bienestar económico y social de la población. Lo anterior implicaría que el crecimiento debería traducirse en mejorías en los niveles de empleo, salarios e ingresos de los sectores trabajadores. Por el momento, el crecimiento económico no ha conllevado efectos positivos de importancia para la población más necesitada. Ni siquiera ha permitido obtener suficientes ingresos tributarios para financiar incrementos del gasto social.
Mantener la estabilidad macroeconómica no es un problema
en la actual coyuntura, el verdadero problema estriba en cómo
administrar la relativa solvencia que otorgan las remesas familiares
para estimular un tipo de crecimiento económico que, a
diferencia del actual, permita mantener la estabilidad macroeconómica
sobre bases endógenas y mejorar los salarios e ingresos
reales. Algunos puntos importantes en torno a esta situación
es la reducción de las tasas de interés activas
a niveles acordes con la inflación, el incremento de la
inversión en los sectores productivos y la redistribución
del valor agregado a manera de incrementar la participación
de las remuneraciones de los trabajadores.
En 1996 la agenda de temas de discusión se vio acaparada por el tópico de la delincuencia y las maneras de combatirla; ello implicó que asuntos trascendentales de la nación en el área social pasaran desapercibidos o no recibieran la debida atención. Es ilusorio afirmar que en 1997 la delincuencia y la violencia han menguado hasta alcanzar niveles mínimos o que ya se han encontrado de una vez por todas los mecanismos acertados para combatirla; la violencia delincuencial en sus más variadas expresiones sigue presente en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la profesionalización de la PNC (pese a que en su labor haya que reconocer inexcusables errores) y la agilización de los procesos judiciales han ido alcanzado el nivel necesario para mitigar los efectos del flagelo.
De este año que finalizó, pues, hay que examinar
las dinámicas sociales allende al problema delincuencial;
dinámicas que como éste son determinantes para el
establecimiento de condiciones mínimas de convivencia y
desarrollo social. De esta manera, en las siguientes líneas
se hará, en primer lugar, un análisis de lo que
ha sido la Reforma Educativa desde los procesos de evaluación
que se llevaron a cabo en 1997; en segundo lugar, un balance de
los logros y desaciertos en la monumental tarea del ordenamiento
de San Salvador; en tercer lugar, se analizará el tema
de los sindicatos del país, principalmente centrándonos
en sus actividades en torno al proceso de privatización;
y, finalmente, se realizará un resumen de la trayectoria
de dos de las figuras más importantes para la protección
del medio ambiente: la Ley del Medio Ambiente y la transformación
del SEMA a Ministerio de Medio Ambiente.
Reforma Educativa, ¿en marcha?
No cabe duda de que uno de los grandes aciertos y logros -si no el único- del gobierno en materia de desarrollo social ha sido el proceso de la Reforma Educativa. No hay que ser un gran observador para darse cuenta de que en la Educación se ha realizado un viraje para bien. La participación de profesionales de prestigio y de sólida formación en la elaboración de los libros de texto y los proyectos curriculares básicos; la puesta en práctica del programa de "Escuelas saludables"; la capacitación de maestros; pero, sobretodo, la reformulación del ideal educativo y la búsqueda de los recursos materiales y humanos para que éste alcance la vigencia práctica deseada son signos de que el Ministerio de Educación ha puesto todo de su parte en la monumental empresa de levantar al sistema educativo salvadoreño del cieno en el que se hallaba inmerso desde hace tantos años.
Obviamente, de estos destellos prometedores del inicio de la Reforma no puede seguirse que ella culminará con éxito. Para afirmar algo sobre ello se deberá esperar más que un par de años. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha tenido el suficiente tino como para dotar a la reforma de un sistema de evaluaciones que le permita medir resultados y, de ser necesario, reorientar su rumbo.
En este año se llevaron a cabo dos procesos de evaluación, cada uno de ellos con objetivos diferentes: el primero, el PAES (Prueba de Aptitud y Aprendizaje para Egresados), que se aplicó el 10 de octubre a todos los estudiantes que se graduaban de bachilleres, como su mismo nombre lo indica, era un mecanismo diseñado por el MINED para medir el grado de conocimiento de los alumnos en cuatro áreas básicas: Matemáticas, Lenguaje, Sociales y Ciencia. El segundo, la evaluación de los institutos de educación superior, proceso que inició a mediados de este año y culminó en diciembre, pretendía ser un instrumento que, al diagnosticar el estado físico y académico de las universidades del país, hiciera evidente la adecuación de éstas a las condiciones de operación de la Ley de Educación Superior.
El PAES, a diferencia de la evaluación a las universidades, pretendió medir, primordialmente, no sólo las capacidades y habilidades cognocitivas de la primera generación de estudiantes que experimentaron los cambios introducidos por la Reforma (reducción del bachillerato, aumento de los horarios de estudio, reformulación de las áreas de contenido y de los contenidos mismos, entre otros), sino también, por supuesto, el éxito o fracaso educativo de estos cambios. El PAES, a la vez que les serviría a los nuevos graduados como una carta de presentación de su desempeño en relación al desempeño de sus pares a la hora de presentarse a una universidad para continuar sus estudios, sirvió para que el Ministerio obtuviera una medición de lo alcanzado por la Reforma hasta este año. A primera vista, el resultado, ya de todos conocido, no fue muy alentador. El promedio nacional fue de 6.16.
Sin embargo, si se toma en cuenta que el porcentaje de los alumnos que obtuvo una calificación por arriba de siete fue el segundo más numeroso (un 35%); que el porcentaje de los graduados que obtuvieron notas de entre dos y cuatro fue de tan solo 12%; y que la Reforma Educativa lleva en marcha únicamente dos años, los resultados no dan pie para afirmar que se va por mal camino. Así, pues, el Ministerio de Educación ha empezado a cosechar frutos, a nivel de educación media, esperanzadores. No obstante, este optimismo y buenos augurios sobre la educación en el país encontraron serios reparos en la no poca polémica evaluación de las universidades.
Con el inicio del período de evaluación, por parte del Ministerio de Educación, de los institutos de educación universitaria del país, la vida de algunas de las 45 universidades empezó a pender de un endeble hilo. Con el fin de hacer cumplir los requisitos mínimos de funcionamiento de las instituciones de educación superior, el MINED se embarcó, a partir de junio, en un proceso de inspección y calificación de la infraestructura y calidad académica de las universidades salvadoreñas en funciones.
Según el artículo 34 de la Ley de Educación Superior, en vigencia desde el 20 de diciembre de 1995, entre "los requisitos mínimos para que una institución de educación superior conserve la calidad de tal" están los siguientes: a) "Ofrecer al menos una carrera tecnológica; una carrera profesional a nivel superior que integre lo técnico, lo científico y lo humanístico; y no menos de cinco carreras profesionales que cubran homogéneamente las áreas científicas, humanísticas y técnicas..."; b) "Disponer de los planes de estudio adecuados y aprobados para los grados que ofrezcan, así como de los programas correspondientes a los cursos, seminarios y prácticas requeridos"; c) "Realizar por lo menos un proyecto de investigación por año en las área que se ofrecen"; d) "Disponer de la adecuada infraestructura física: bibliotecas, laboratorios, campos de experimentación, centros de prácticas apropiados y demás recursos de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades docentes..."; y e) "Contar con una relación mínima de un profesor por cada treinta y cinco alumnos, sean éstos hora clase, tiempo parcial o tiempo completo; y una relación mínima de un profesor a tiempo completo por cada setenta y cinco alumnos".
Para verificar que las anteriores condiciones mínimas se mantengan al interior de las diferentes universidades, el MINED, siguiendo las disposiciones del artículo 39 de la misma ley, "efectuará evaluaciones periódicas para comprobar la calidad académica de las mismas...; evaluará las instituciones de educación superior por lo menos una vez cada año alterno...; realizará una calificación anual de las instituciones...en cuanto a su calidad académica, costos, infraestructura y requisitos de ingreso. Esta calificación será divulgada ampliamente".
Por lo anterior, las universidades salvadoreñas enfrentaban un doble reto: por un lado, cumplir con las condiciones mínimas de funcionamiento, so pena de ser sancionadas o verse expuestas al cierre definitivo de la institución, y, por el otro, enfrentar un proceso de calificación en el que quedarían expuestas a la luz pública por su adecuación o distancia de ciertos criterios de calidad académica.
Evidentemente, fue el primero de estos dos puntos el que más dolores de cabeza les produjo a los responsables de conducir cierto tipo de universidades reconocidas por su improvisación académica; por su afán de expedir, fácilmente y sin garantías de ningún tipo, títulos de la profesión que se quisiese; por sus raquíticas infraestructuras; por la inaudita incompetencia de sus docentes.
A principios de julio, el MINED ya había hecho público, aunque con renuencia a proporcionar nombres, que cerca de diez universidades privadas -calificadas como "pequeñas"- se encontraban bajó evaluación al haberse detectado en éstas "serias anomalías". Entre ellas, sobresalía el caso de la universidad de Administración y Negocios (UNAN), en la cual las irregularidades detectadas por el MINED -proporcionar títulos sin que los "estudiantes" hubieran cursado materia alguna, por ejemplo-- trascendían incluso al campo penal, por lo cual la orden para su cierre definitivo sólo fue cuestión de tiempo.
Frente a lo anterior, algunos rectores de las llamadas "universidades pequeñas" -que se diferenciarían de las "grandes" por su exigua infraestructura y escaso personal docente- plantearon algunas posibles soluciones, entre ellas: a) formar agregados de pequeñas universidades con el objetivo de cumplir conjuntamente con los requisitos de funcionamiento impuestos por el MINED; es decir unificar edificios, laboratorios y bibliotecas; b) eliminar carreras que necesitan de un respaldo tecnológico imposible de cubrir financieramente -las ingenierías, por ejemplo--; y c) acudir a préstamos o al financiamiento externo.
En lo respectivo al primer y segundo punto, es de señalar que, en primer lugar, la idea de formar "clusters" educativos pasaba por alto que el MINED exigía a cada institución el cumplimiento de condiciones mínimas; además, era difícil que a través de una simple suma cuantitativa de infraestructuras se lograra dar el salto a la calidad académica exigida por el Ministerio: una cosa es integrar bibliotecas maltrechas y otra muy distinta poseer una de calidad, que cumpla con las características de profundidad y exhaustividad bibliográfica de una colección de libros de altura. Por otra parte, contemplar como solución el eliminar las carreras que no cumplen con el respaldo técnico requerido evadía caer en la cuenta de que la calidad de los docentes de toda la universidad superaba los problemas meramente instrumentales de ésta: nada se solucionaba si el plantel de docentes continuaba empantanado en la mediocridad intelectual y pedagógica.
Aún más interesante que la posibilidad de que las soluciones planteadas por las "universidades pequeñas" lograran pasar el examen del Ministerio de Educación, fue la justificación que se formuló con la intención de que los mecanismos de evaluación del MINED fueran menos drásticos o rígidos con ellas. Para muchos de los rectores de las universidades en peligro de desaparecer, el Ministerio de Educación debía de tomar en cuenta, al momento de la evaluación, que las "universidades pequeñas" cumplían con una inobjetable función social: ser una alternativa de educación para aquellos estudiantes de pocos recursos económicos que no podían optar por universidades privadas con cuotas de escolaridad elevadas.
Según ese argumento, de desaparecer las "universidades pequeñas", una buena parte de los estudiantes de educación superior tendría que abandonar sus estudios, se formaría una especie de oligopolio educativo conformado por las universidades con mayores recursos y éstas últimas se verían tentadas a reducir su calidad de enseñanza al desaparecer la presión competitiva que ejercían las universidades extintas. Ante todo, hay que señalar que en materia de educación, dadas las implicaciones que a nivel individual y social se derivan de ella, no es posible justificar condiciones pésimas de formación a partir del precio que se exige por recibirla. Hacerlo implica seguir avalando el modelo de universidad de garaje que el Ministerio se ha comprometido a erradicar; además, es evidente que, profesionales graduados a todo vapor y sin las mínimas cualidades de capacidad y conocimiento, poco o nada podrán hacer en un ámbito en el cual la competencia laboral dista mucho de exigir la mera posesión de un título.
En definitiva, la problemática que afrontaban las llamadas "universidades pequeñas" ponía de manifiesto algunos de los equívocos tradicionales de la educación superior. La coyuntura delimitada por el proceso de evaluación se presentaba como el momento propicio para que fueran erradicados de las universidades -no sólo de las "pequeñas"- algunos de sus vicios más característicos; para mostrar, mediante una calificación, que los precios de las cuotas escolares no aseguran una formación educativa de calidad y que, muchos menos, una infraestructura, por muy robusta o endeble que sea, se traduce inmediatamente en una garantía de que se gradúan individuos capaces de alcanzar los estándares de profesionalismo exigidos en una esfera laboral marcada por las implicaciones de la globalización y la reñida competencia.
A finales de año, los resultados de la evaluación y la manera en que el MINED los utilizó para sancionar a las universidades sólo produjeron decepción. Por un lado, los resultados de las evaluaciones (por ejemplo, cuántos alumnos por maestro a tiempo completo, la relación de cuántos metros cuadrados de la universidad le correspondían a cada uno de sus estudiantes) sólo arrojaron datos cuantitativos, y no, como era de esperarse, aportaron mayores luces sobre la calidad de la enseñanza al interior de las instituciones. Se supo cuál universidad era la más grande o la que poseía más docentes, pero no la relación de estos datos con un nivel de enseñanza óptimo o, al menos, tolerable.
Por otro lado, las medidas que adoptó el MINED con respecto
a aquellas instituciones de educación superior que no llenaban
los requisitos de operación fueron totalmente pálidas
e inadmisiblemente flexibles. Aunque el MINED anunció,
el 29 de diciembre, el cierre de cinco universidades privadas,
52 regionales de nueve de ellas y siete institutos tecnológicos,
no todo ello fue fruto de una aplicación estricta de la
ley. De estas instituciones, la mayor parte cerraba sus operaciones
por su propia voluntad y no por exigencia directa del MINED. ¿Cómo
quedaba entonces el compromiso del Ministerio de Educación
de aplicar todo el rigor que la ley permitía para clausurar
las charadas de universidades que existen en el país? ¿Pesaron
más los intereses económicos de los propietarios
de las universidades que las exigencias de una educación
de altura?
Ciudad
1997 prometía ser el año en el que San Salvador y sus zonas aledañas se redimiría del caos en el que con tesón admirable se hunde cada vez más. Por un lado, se preveía la llegada de una nueva administración edilicia que resolvería algunos de los problemas más acuciantes de la capital; por el otro, se esperaba que este año se llegara a un resolución definitiva del Reglamento de Transporte Terrestre, el cual vendría a ordenar y reglamentar el tránsito de automotores por los cuellos de botella que componen San Salvador. Ni una cosa ni la otra se hicieron efectivas.
Con el gane electoral de la Alcaldía de San Salvador por parte de la coalición opositora, arribó al puesto de edil Héctor Silva, médico de profesión, aparentemente libre del pasado oprobioso de un personaje quemado en la política local. Silva, haciendo gala y repitiendo hasta el cansancio que contaba con un equipo municipal de lujo, prometía enmendar los errores de las anteriores administraciones (terminar con la corrupción y el tráfico de influencias, entre otros males) y comandar una que de manera consensual llevará a cabo los proyectos necesarios para eliminar problemas tales como: el tratamiento de la basura, el ordenamiento de las ventas callejeras, la señalización de las principales arterias.
El nuevo, arrogante y jactancioso equipo municipal no tardó mucho en darse cuenta que la magnitud de los problemas capitalinos distaban en mucho de tener una solución simple; que ideales como el de la concertación y la libre participación ciudadana eran simples clichés idílicos en una sociedad no comprometida con su propio desarrollo y sin ideas propias y acertadas de como alcanzarlo. El proyecto de impulsar una "administración abierta" fracaso estrepitosamente cuando se trato de entablar negociaciones con los pobladores de Nejapa y Tonacatepeque para la instalación del nuevo relleno sanitario; cuando se intentó delimitar los puestos para las ventas callejeras que pueblan todo el centro capitalino; cuando se coló a la prensa el plan municipal de impuestos, el cual, aumentando las tases tributarias para la industria y la empresa, pretendía ser la fuente de financiamiento para el desarrollo municipal.
No obstante, siendo justos, no todo el peso del fracaso de la nueva administración edilicia recae sobre el idealismo desmedido de Silva y su séquito. El primer gran problema externo que tuvo que afrontar el alcalde fue la bancarrota en que quedaron las finanzas municipales luego de la administración de Mario Valiente (bancarrota de la cual tampoco se salvaron las otras municipalidades heredadas por ARENA); así, pues, el alcalde debió de empezar con recursos insuficientes para cumplir con sus promesas electorales. Otro problema, como ya se mencionó, fue la poca receptividad de la población ante los planes de Silva. Esta actitud quedó suficientemente demostrada con la vigorosa y desmesurada oposición de las gremiales de empresarios e industriales ante el plan tributario impulsado por la alcaldía; el mensaje de éstas fue claro: el compromiso de los empresarios e industriales de la nación con el desarrollo social se extendía todo lo que se quisiera, siempre y cuando no les correspondiera a ellos pagar parte de los costos que dicho propósito trajera consigo.
El tercer gran problema de Silva fue la oposición que a sus proyectos -al menos los más importantes de ellos: la planta procesadora de deshechos y el proyecto tributario- se ejerció desde el sector de la Asamblea Legislativa y las alcaldías controlado por ARENA. A pesar de todo, lo anterior no puede constituirse en una justificación que libre de responsabilidades a la administración de Héctor Silva en su ineficiencia. No obstante, el camino que le falta por recorrer en su gestión es aún largo y cuenta con la ventaja de que dispondrá de más fondos si fructifica la propuesta de asignar un 6% del presupuesto de la nación a las alcaldías. Con la experiencia adquirida en 1997 y con los renovados recursos económicos del siguiente, Silva tendrá poco decir para excusar los futuros fracasos que se den en 1998.
En lo que respecta al ordenamiento vial de no sólo la capital, sino también del país, la entrada en vigencia del Reglamento de Transporte Terrestre enfrentó una prórroga más, por lo que se deberá esperara hasta enero de 1998 para que entre en funciones. Todo parece indicar que el nuevo retraso obedeció a la presión que ejercen los gremios de transporte público para hacer menos rígidas disposiciones como: la regulación del año y modelo mínimos para que un autobus o microbus pueda prestar servicio al público; el control en el otorgamiento de las líneas de transporte; el control y sanción de aquellas unidades que contaminan el ambiente; y la obligación de adquirir un seguro obligatorio para daños a terceros.
Sin embargo, la ausencia del Reglamento General de Transporte no fue obstáculo para la aplicación estricta de su contraparte, la Ley de Tránsito, y la ejecución del programas de control de consumo de drogas. Hasta octubre, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) había impuesto 187 mil esquelas, por violaciones diversas a la Ley de Tránsito; las cuales, en conjunto, aportaron más de 9 millones de colones al Fondo General de la Nación. Por otro lado, durante 1997, el Viceministerio de Transporte se embarcó en un proyecto de reordenamiento del flujo vehicular, a través del cual se modificó el sentido de circulación de las principales arterias de la capital, se señalizaron muchas calles y se instalaron nuevos semáforos que repusieron a una gran cantidad que ya eran obsoletos.
Obviamente, muchas de las medidas llevadas a cabo en 1997 no fueron de la complacencia de los propietarios de automotores, especialmente de los propietarios de autobuses y microbuses, sobre los que recayó el grueso de las multas impuestas. Pero, como han demostrado los fracasos en las campañas de concientización a los buseros y microbuseros, la única vía para hacer imperar el orden -al menos hasta que la civilidad sea acogida por aquéllos- es la de la sanción económica. Y ante ello difícilmente puede ponerse objeciones. Sólo basta observar el número cada vez más pequeño de unidades de transporte público que circulan con las puertas abiertas o hacen paradas en lugares no apropiados, para darse cuenta de que la dura aplicación de sanciones económicas es hasta ahora la única manera de poner cierto orden en el caos vehicular de la ciudad y el país.
Pese a que la vigencia del Reglamento de Transporte Terrestre
fue de nuevo pospuesta, los puntos anteriormente señalados
dan pie para esperar con optimismo 1998. Aunque debieron de pasar
mucho tiempo para que la gestión de Julio Valdivieso, titular
del ramo de transporte, empezara a dar frutos, sus aciertos en
este año tiene que ser reconocidos.
¿El fin de los sindicatos?
Este año fue el año de la privatización de ANTEL. Fue el año en que ANTEL desaparece para dar paso a la Compañía Telefónica de El Salvador (CTE S.A de C.V,), a la cual, luego de la subasta del primero, se le unirán socios estratégicos (inversionistas privados). ¿Cuál fue el peso que tuvieron los empleados de la ex-telefónica nacional en el proceso de privatización? La respuesta es simple y llana: poco o ninguno. Las copiosas manifestaciones en contra de la privatización de las entidades nacionales del 95, las pocas y más esporádicas del 96 y las casi inexistentes de este año se disolvieron, finalmente, en la aparente irreversibilidad del proceso, ante el cual incluso los partidos de oposición se han sumado, so pena de verse excluidos de las agendas de discusión legislativas.
Posiblemente, los sindicalistas pensaron que, con la nueva recomposición de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa, la privatización podría detenerse. Al menos así lo aseguraba en su campaña electoral su hasta entonces contraparte político: el FMLN. Y la presunción no era del todo equivocada. Incluso el Frente pudo en un momento asestar un golpe a la privatización de ANTEL al encabezar la derogatoria de su ley para someterla a estudio. Sin embargo, los recambios que luego se darían en el sector de la oposición de la Asamblea, sumado al hecho de que la mayoría de los partidos que lo componían fueron adheriéndose a la propuesta de la venta, fueron dejando lo suficientemente aislado al FMLN, como para que éste al final cediera en su negativa de vender ANTEL.
Una vez que la suerte de ANTEL quedó echada definitivamente; una vez que el FMLN se tuvo que sumar a un proyecto del cual había renegado, los 4 gremios sindicales de la ex-telefónica nacional enfrentaban una disyuntiva: o negociar un retiro medianamente honorable (obviamente los sindicatos desaparecerían con la venta de la autónoma) o persistían en sus discursos vacíos y anacrónicos, con lo cual con toda probabilidad se verían excluidos del proceso. En noviembre, dos de los sindicatos de ANTEL (entre ellos, el principal y más duro opositor al proceso, ASTTEL) hicieron lo más inteligente o lo más pragmático -véase como se quiera--: entablaron una negociación con los principales encargados de la modernización del ente a través de la cual se llegó al acuerdo de modificar el artículo 43 de la Ley de Privatización.
Con el acuerdo se logró, entre otros puntos, que la garantía de estabilidad laboral de los ex-trabajadores de ANTEL en la(s) nueva(s) compañía(s) de comunicaciones se redujera de 36 a 18 meses, trueque por el cual cada empleado recibiría una indemnización del 150%, estimándose para el cálculo todo el tiempo de servicio, hubiera sido éste ininterrumpido o no. De esta manera, cada trabajador recibió, el 29 de diciembre, un promedio de 100 mil colones. En definitiva, esta cifra fue la que dio el Estado para ofrecer ANTEL de manera más atractiva para los inversionistas, y fue la que recibió cada empleado por la decisión de los sindicalistas de no verse al margen de un negocio de cifras millonarias. El tiempo se encargaría de mostrarle a los directivos de los sindicatos que tal acuerdo obedeció más a las necesidades internas del proceso de privatización que a su capacidad de negociación. A principios de enero, se hizo público que las autoridades de la CTE había despedido de sus puestos a 75 directivos de los sindicatos, entre ellos a Wilfredo Berríos, directivo de ASTTEL, quien hacía tan sólo un mes había participado en la modificación del artículo 43 y había declarado su total compromiso con los intereses de la nación, su compromiso con un proceso de privatización del cual él no sería obstáculo.
La pregunta sobre cuál fue la causa de este hecho, a todas luces una maniobra sucia del gobierno, nos remite a uno de los lastres más pesados de los sindicatos y que no les permite entablar negociaciones con resultados duraderos y satisfactorios: su atadura al pasado, su fiel apego a los discursos vacíos e ideologizados de la década de 1960 y 1970. Cómo entenderse con sindicalistas que discurren desde categorías como lucha de clases, imperialismo y oligarquía.
La desaparición de los sindicatos de ANTEL, ciertamente, obedece a la dinámica propia de la conversión de capital público a capital privado; sin embargo, buena parte de la responsabilidad de lo primero recae en los mismos sindicalistas. A su tiempo, debieron de haber mostrado el pragmatismo propositivo que sólo se dio a último momento. Cuando todavía era el período oportuno debieron de haber abandonado su discurso confrontativo y románticamente arraigado en los setenta, para asumir uno nuevo, que posibilitara que la negociación entre los sindicalistas y los responsables de la modernización de ANTEL se diera en la misma lengua. Tal vez la confianza excesiva en el respaldo del FMLN a la iniciativa de no vender la telefónica fue lo que perdió a los sindicalistas. Pues ello implicó que sólo al final se adoptara una actitud negociadora y propositiva. El repentino viraje de los directivos de los sindicatos de un "no absoluto a la privatización" a un "sí pero con concesiones", aunque más que conveniente para los fines del Estado, sólo ha de haberlos presentado ante los funcionarios gubernamentales como un grupo de inestables que sólo iban en pos de su personal provecho.
En cuanto a las actividades de los otros sindicatos éstas se redujeron, siguiendo con la tradición de los últimos años, a esporádica manifestaciones y huelgas, sin mayor impacto o trascendencia nacional (por ejemplo, la huelga del sindicato de salud o la manifestación del primero de mayo, que sólo fue una repetición de los slogan del año pasado y un calco en su contenido de la plataforma electoral del FMLN). La única actividad sindical digna de atención, por su novedad y talante social, fue la formación del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), el 24 de octubre. Este sindicato surgió con la pretensión de asegurar el mejoramiento en la calidad de los servicios de salud que brinda el Seguro Social. Con este intención entregaron a María Julia Castillo, Directora General del ISSS, una lista de peticiones, entre las que se encontraban: racionalizar los recursos del ISSS; disminuir los gastos de operación mediante normas administrativas y hospitalarias; una planificación técnica del crecimiento de la institución y que se llevara a cabo una campaña de concientización de los asegurados.
La lista de peticiones de SIMETRISSS deja entrever un sindicato
que, con un discurso similar a los emanados por el gobierno en
lo que a modernización respecta, pretende alcanzar resultados
que beneficien a un gran sector de la población. En este
sentido, SIMETRISSS se presenta como una organización social
prometedora que, por el nivel de sus peticiones y la formación
profesional de sus miembros, obligará al gobierno de Calderón
Sol a entablar negociaciones serias, si no es que quiere caer
en incongruencias con algunas de las ideas más queridas
de su administración: modernización y racionalización
de los recursos.
El Medio Ambiente en espera
A lo largo de 1997 sucedieron incidentes que pusieron de manifiesto, por un lado, la absoluta desprotección ambiental frente a la voracidad empresarial y, por otro lado, la falta de una legislación moderna y de una institución que la aplique que puedan responder al actual estado de los recursos naturales del país. Como ya cualquier salvadoreño ha de estar enterado, ante el agudo deterioro ambiental de El Salvador, la hora de las medidas preventivas finalizó hace algunos años, pero, sin embargo, hechos como los ocurridos en 1997 han hecho evidente que mientras no se logre concretar un plan que de manera orgánica regule el avance de la industria salvadoreña, ésta continuará pugnando por abrirse paso, aunque para ello deba pasar por encima del equilibrio ecológico y, por ende, de la viabilidad de la sociedad al mediano plazo.
Dos de los puntos claves que en relación al medio ambiente deberían de haber sido resueltos en este año son la aprobación legislativa de la Ley del Ambiente y la definición definitiva de la figura institucional de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). Con respecto a la primera, el proyecto de ley se vio empantanado, desde 1995, en una larga serie de revisiones y contra revisiones por parte de los órganos ejecutivo y legislativo. Hasta mediados de año, las divergencias se centraban en un aspecto en particular: la magnitud de las regulaciones que por ley les serían impuestas a la actividad industrial. Para algunos, los más cercanos a los intereses de los empresarios e industriales, la aprobación de la nueva Ley del Ambiente estaría sujeta a que las exigencias de ella no perjudicaran excesivamente la economía de las industrias; es decir, que las condiciones para la actividad de una industria con impacto en el medio ambiente no redujeran los márgenes de ganancia de sus operaciones. Para otros, en la formulación de la Ley debía primar el objetivo de proteger el medio ambiente sobre el interés de salvaguardar a los empresarios e industriales del costo que implicaría llevarlo a cabo.
En lo que respecta a la redefinición de la figura de SEMA, las dificultades giraron en torno a dos aspectos: el grado de independencia que la nueva institución poseería con respecto a las carteras del Estado y su capacidad ejecutoria real. Fue así como las propuestas trataron de conciliar ambos puntos: o se hacía depender al SEMA -en el pasado con autonomía propia- del Ministerio de la Presidencia; o se le convertía en un Viceministerio adscrito al Ministerio del Interior; o se incluía en su actual configuración el Centro de Desarrollo Pesquero y Recursos naturales, dependencias ambas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); o se le hacía depender de otra cartera de Estado relacionada con su gestión; o se le convertía en la Comisión Ejecutiva del Medio Ambiente (CEMA) sin autoridad sobre las dependencias del MAG; o, finalmente, se le configuraría como CEMA y se le incorporarían tales dependencias. La disyuntiva fue, pues, la de transformar a SEMA en una entidad con la independencia suficiente del Estado como para vetar o criticar proyectos que emanaran de él y que al mismo tiempo poseyera la autoridad necesaria para llevar a cabo sus iniciativas.
El 21 de abril, el Presidente Calderón Sol ponía punto final a las dudas sobre la configuración final del SEMA al hacer oficial que esta institución pasaría a conformar, a partir del primero de junio, el Ministerio de Medio Ambiente. El nuevo Ministerio gozaría, en su calidad de tal, de la autonomía necesaria para impulsar las medidas ambientales pertinentes al estado ecológico del país; además, al asimilar dentro de sí a SEMA, a la Dirección General de Recursos Renovables y al Centro de Desarrollo Pesquero, y al tener la potestad de coordinar los esfuerzos ambientalistas, tanto de instituciones gubernamentales como no gubernamentales, la nueva cartera de Estado podría obtener resultados más globales, acertados y durareros.
A pesar de que el anuncio del mandatario lleno de expectativas y satisfizo a un buen número de organizaciones ambientalistas que hasta entonces no habían visto con buenos ojos al SEMA y habían acusado al ejecutivo de politizar el futuro de la institución, el saldo de las actividades del novel Ministerio, hasta fines de este año, no ha alcanzado un nivel adecuado ni mucho menos óptimo. La causa directa de ello fue, como es obvio, el entrampamiento de la aprobación de la Ley del Medio Ambiente; situación en la cual, paradójicamente, el nuevo Ministro de Medio Ambiente tuvo cierta responsabilidad.
Si el Ministerio de Medio Ambiente no rindió los frutos que se esperaban de él, ello obedeció en sumo grado a que careció -además de los recursos financieros apropiados- del marco legal desde el cual basar sus operaciones y regular las actividades de aquellas industrias o empresas de impacto ambiental. Como ya se afirmó, la perenne postergación de la aprobación de la Ley del Medio Ambiente, hasta el momento de la constitución del nuevo Ministerio, obedecía a que en ella no se definía claramente un equilibrio entre las regulaciones ambientales y el radio de operación de las industrias que afectaban -o depredaban- la naturaleza. Esta situación, que debía de haberse resuelto de una vez por todas a través de la injerencia de la nueva institución, se complicó aún más con la decisión de Miguel Araujo, Ministro de Medio Ambiente, de echar por la borda los estudios que sobre el anteproyecto de Ley se habían realizado hasta entonces (en el cual habían participado cientos de expertos ambientalistas locales), para pasar a una nueva fase de revisión de la Ley en la cual participaría un grupo intersectorial. Según Araujo, los resultados de esta nueva fase de revisión -es decir, el anteproyecto de Ley- estarían listos para ser presentados a la Asamblea Legislativa el 30 de octubre.
Empero, hasta finales de diciembre lo único que se sabía
a ciencia cierta sobre la Ley era que, ante el atraso de Araujo
de remitir el anteproyecto a la Asamblea Legislativa para su estudio,
los diputados de la Comisión del Ambiente habían
optado por discutir su propio proyecto alternativo y que, de resolverse
algo favorable, el Ministerio de Medio Ambiente contaría
con su marco legal hasta finales de enero o mediados de febrero.
Reflexiones Finales
En este año se postergaron cuestiones vitales para la convivencia social. La Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Transporte son sólo dos de ellas. Lo preocupante de esta situación es que ella no obedeció a una sobresaturación del trabajo legislativo, sino más bien a las necesidades de la campaña electoral de marzo y a los preparativos de la campaña presidencial de 1999. Ciertamente, aunque por causas distintas, los procesos de la Reforma Educativa y la privatización de ANTEL avanzaron considerablemente, el segundo hasta llegar a su culminación. Pero ello no permite hacer un balance favorable sobre lo que se logró en relación con lo que se dejó de hacer.
Difícilmente puede admitirse como un logro integral del desarrollo social a la Reforma Educativa, mientras las condiciones ambientales del país continúan en franco deterioro sin que el gobierno le ponga mayor interés a la cuestión. Por otra parte, todo parece indicar que mientras más cerca se esté de las elecciones del 99 más "peros" les pondrá el gobierno a los proyectos edilicios emanados de la izquierda, por mucho que estos sean necesarios para el desarrollo de las poblaciones municipales. El ejemplo más claro de esta situación se dio con el proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos propuesto por la administración de Héctor Silva. Hasta la fecha, no son claros los motivos por los cuales muchos funcionarios areneros se opusieron al proyecto; lo único que cabe suponer es que a Silva se le pasó la factura por la oposición efemelenista a los proyecto de el ex alcalde Mario Valiente y se le trató de restar méritos políticos de cara a las futuras elecciones.
En lo que a la movilización social respecta, 1997 fue tan
pobre como el anterior. Al parecer la población no encuentra
ni las ganas ni los motivos para movilizarse en repudio ni a favor
de nada; de ello el aumento en la apatía del electorado
a ejercer el voto fue suficiente muestra. La desidia y el desinterés
por la cuestión pública, por el todo social, han
calado hondo en la población. Esto no es gratuito. Mucha
de la responsabilidad recae en los partidos políticos y
su falta de figuras-líderes capaces y creíbles.
Además, el destape de los múltiples escándalos
financieros y la parcializada modalidad en que los medios de comunicación
cubrieron algunos de los más importantes hechos políticos
de este año, son variables que han de tenerse en cuenta
para explicar el desvanecimiento ciudadano.
Para la región centroamericana, el año de 1997 ha estado lleno de transformaciones y acontecimientos que hacen más complejo el estudio de los procesos políticos, sociales y económicos en los que ella participa. En medio de todos estos sucesos, llaman la atención los esfuerzos integracionistas que se han ocupado del plano institucional y, en evidente contraste, las diferentes crisis que han enfrentado los gobiernos de Centroamérica, cada uno dentro de sus respectivos territorios. En este sentido, la dinámica que ha seguido el área podría englobarse dentro de dos grandes áreas: la que abarca todos los esfuerzos encaminados hacia la integración económica y política de Centroamérica, y la que abarca las tensiones políticas y sociales, que se presentan y se resuelven con independencia de cualquiera de estos intereses unionistas. Durante este año, si bien es cierto que los países de la región centroamericana lograron presentarse en varias ocasiones como un bloque unificado y dispuesto a ofrecer las mejores condiciones para entrar de lleno en la era de la globalización, también es cierto que cada uno atravesó por procesos de transformaciones profundas que refuerzan las diferencias que existen entre ellos.
De cualquier manera y a pesar de que los hechos pueden presentarse
como las piezas de un rompecabezas difícil de ordenar,
lo cierto es que la región parece estar asumiendo con mayor
fuerza los caminos de la transición de un estado caracterizado
por crisis sociales expresadas en conflictos militares, a uno
en el que la democracia empieza a dibujar sus rutas. Y a esta
transición la encabezan, por ahora, los esfuerzos por reajustar
económicamente a los países del istmo y por fortalecer
el Estado de derecho. Al menos esos son los compromisos que los
mandatarios han asumido en esta etapa de la historia, en especial
aquellos en cuyos países han finalizado los conflictos
armados.
El proceso de integración centroamericana
En enero de 1997, los presidentes de Centroamérica sostuvieron una reunión informal en Tegucigalpa, Honduras, en la que precisaron las metas que pretendían alcanzar en conjunto durante el año. Cuatro fueron las áreas de trabajo en las que se acordó colaborar: 1) los acercamientos a otros países; 2) los esfuerzos para alcanzar la paridad de los beneficios que tiene la región con los que posee México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 3) la puesta en marcha definitiva del proceso de reforma institucional del Sistema de Integración Centroamericano (SICA); y 4) las peticiones de ayuda para la recolección de armas en todo el istmo. De estos objetivos, los que más llamaron la atención durante el año fueron el primero y el tercero, no tanto por el seguimiento que se les dio (pese a la importancia de las reformas en el régimen institucional de la integración, a este tema no se le ha dado el seguimiento requerido y aún se está discutiendo), sino porque plantearon la posibilidad de mejorar cualitativamente el ritmo del proceso y los beneficios que éste promete.
En este sentido, a inicios del año pasado, representantes del gobierno de República Dominicana se hicieron presentes, en calidad de observadores, junto con autoridades de Belice y de Panamá, a las reuniones que sostuvieron ministros, cancilleres y mandatarios de la región centroamericana para tratar temas relacionados con la integración. En el marco de lo que ha sido calificado como una paciente y bien preparada ofensiva diplomática encabezada por el actual presidente dominicano, pudo consumarse en noviembre la inclusión de este país del Caribe dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como socio regional. De esta manera la región amplió sus fronteras comerciales hasta el mercado caribeño, donde República Dominicana funcionaría como un puente para futuras inversiones. La recién estrenada alianza sirvió como atractivo en la Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en la Isla de Margarita, Venezuela, en el mismo mes. En este encuentro, los presidentes se esforzaron por presentarse como un sólido bloque con el fin de alentar a la comunidad internacional para que apoyara el proceso de integración y la progresiva introducción de inversiones de capital extranjero en los países del área.
La consecuencia directa de este tipo de alianzas es, en pocas palabras, que la región gana más para poder ofrecer más. Cuando en la cumbre de presidentes de San José, realizada en mayo, Bill Clinton hizo oídos sordos ante la petición de los presidentes centroamericanos de que los beneficios que recibía la región se equipararan con los que recibe México por ser parte del TLCAN, las posibilidades de que las iniciativas que surgieran del seno de la región tuvieran eco en la potencia norteamericana se vieron reducidas al mínimo. Quedó demostrado que México sigue siendo un terreno más atractivo para los inversionistas de EEUU, puesto que ofrece mayores garantías en términos de protección de inversiones y de derechos de autor que los países incluidos en la Iniciativa para América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran los que conforman el istmo. Si Centroamérica quiere volver a presentarse como un potencial campo de ganancias para los inversionistas, debe maximizar lo que posee para ofrecer mejores oportunidades al capital extranjero. Y no cabe duda de que si algún día se llegara a presentar al proceso de integración de la región como el motor del desarrollo no sólo de los cinco países que la componen, sino también del Caribe, las posibilidades de competir con el señorío azteca serán mayores.
De ahí que la necesidad de mantener firmes relaciones con otros países también aparezca como una de las prioridades de los mandatarios de la región. Los representantes de Corea y Taiwan renovaron millonarios préstamos destinados, principalmente, a proyectos de desarrollo e infraestructura, y el presidente de España, José María Aznar, ofreció jugosos convenios en apoyo al sector financiero. El "coqueteo" de la región con los países de Europa y de la Cuenca del Pacífico son como un respiro de confianza en medio de un mar de inseguridad. Si el control de las acciones que los países del istmo desarrollan en pro de su propio desarrollo recibe fuertes influencias de EEUU, una salida viable es buscar apoyo en otros gigantes de la economía mundial.
Por otra parte, también han sido positivos los esfuerzos que se dieron a lo largo del año por estrechar la integración económica con la integración política. Las reformas que se han puesto en discusión desde julio, en la XIX Cumbre de la Institucionalidad, tienen que ver con la revisión de atribuciones de las principales instituciones encargadas de la integración, tales como el PARLACEN, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) y el BCIE, pero el problema que más acaparó los esfuerzos de los mandatarios tuvo que ver con la asignación del presupuesto a cada uno de esos organismos. En el mes de marzo, durante la Cuarta Reunión de Representantes de Alto Nivel de los Gobiernos Centroamericanos, se planteó muy decididamente la necesidad de renovar los papeles de los organismos creados para dar seguimiento a la unificación de la región, y uno de los medios para alcanzar ese objetivo tenía que ver con la reducción de presupuestos.
A partir de estas reuniones, se ha iniciado un proceso de discusiones en el que se pone en juego el desempeño de los órganos y mecanismos de integración, el control que sobre ellos existe y la disminución de los costos que su mantenimiento implica. Y es que, hasta ese entonces, la distancia que existía entre la unificación económica y cualquier intento por hacer de Centroamérica un área en la que cada individuo gozara de los mismos beneficios, al amparo de las mismas leyes y en igualdad de condiciones, parecía cada vez mayor. El debate sobre la situación del régimen institucional del proceso de integración cobró un especial impulso luego de que se presentara un diagnóstico elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Posteriormente, el diagnóstico serviría como marco para los acuerdos que se firmaron en Nicaragua, el 12 de septiembre, y en los que se establecieron importantes modificaciones a CCJ y se delegó el estudio del caso del PARLACEN a una Comisión de Alto Nivel, en respuesta a las presiones que los miembros de este órgano hicieran a los mandatarios.
A este punto, cabe preguntarse si el impulso reformador que invadió durante esos meses a los mandatarios centroamericanos no habrá sido mal aprovechado. En la reunión de septiembre, muchos le dieron la victoria a Costa Rica, en el sentido de que en los acuerdos que se firmaron se le siguió dando más fuerza a los procesos de integración económica que a la conformación de la "Patria Grande" centroamericana. Este país apoya a todas luces cualquier intento de unificar las economías y de convertir a la región en un solo mercado con iguales oportunidades para los inversionistas regionales y extranjeros. Pero siempre se ha mostrado reacio a las iniciativas que impliquen la unificación integral del istmo. En esta manera de concebir el proceso de integración, predomina un espíritu excluyente, impulsado por intereses meramente económicos, donde el principal argumento ha sido que no se puede proceder a unificar una región en la que cada país que la compone no cuenta con iguales condiciones sociales, económicas y culturales para desarrollarse.
Pero, muy independientemente de la necesidad de equiparar condiciones económicas y sociales, antes de pensar en una "apresurada" integración, está presente la urgente necesidad de que la región no sólo sea un mero corredor de mercaderías, o algo así como una estación de servicio al estilo de los "automarkets" norteamericanos. Centroamérica necesita aprender de los frutos que los otros países han cosechado y que les permite gozar de condiciones de vida relativamente estables, porque al final lo que se pretende mejorar con el proceso de integración no son solamente las oportunidades para que los productos y el capital extranjero venga y se establezca con comodidad, sino esas condiciones de vida que todavía presentan deficiencias en toda Centroamérica. Tampoco se debe perder de vista el hecho de que Costa Rica no desea que la integración del istmo vaya a convertirse en otra Capitanía General, en el tiempo en el que existía un centro administrativo desde el cual se regulaba la actividad económica de todos los países del área; en ese sentido, sí sería adecuado pensar en un proceso de integración que apuntara al establecimiento de una comunidad de naciones, tal y como se está implementando en Europa.
Algunos analistas sostienen, por otra parte, que, más allá de las discusiones sobre la rentabilidad de los organismos integracionistas, existe un punto más delicado e importante: la definitiva integración política de los países del istmo, asunto sobre el que poco se ha profundizado durante el año, dada la postura de Costa Rica antes citada. Cabe preguntarse entonces qué es más importante a estas alturas del proceso de integración: la reducción de costos o la revisión de las facultades que les han sido dadas a los organismos que velan por el proceso y que podrían ser el motivo más convincente de su inoperancia actual. ¿Cuál de estas dos actitudes acarreará mayores beneficios para el proceso de integración? Aunque la respuesta a esta interrogante tal vez está lejos de aparecer, ya es un hecho que el impulso integracionista está abarcando a otras esferas que no empatan directamente con la organización económica de la región, como es el caso de las reuniones que han sostenido los altos mandos castrenses de Centroamérica en búsqueda de la unificación de sus ejércitos.
En la mira de estas reuniones se encuentra la solución de los conflictos fronterizos que ya se han hecho pan de cada día entre los países del istmo. Los que más han sonado a lo largo del año tienen que ver con la demarcación de las fronteras en el Golfo de Fonseca y la resolución de la situación jurídica de los pobladores de los ex-bolsones entre El Salvador y Honduras. Desde las mismas salas de las reuniones (una realizada en junio y la otra en noviembre), los ministros de defensa de los cinco países del istmo se plantearon que la necesidad de fomentar la unificación militar era un imperativo del proceso de integración centroamericana. Pero de fondo la meta pudiera ser la supervivencia misma de las fuerzas armadas en un momento de la historia en el que la situación apunta hacia un progresivo desplazamiento de éstas por las responsables de la seguridad pública.
Por ahora, lo que muchos ya están calificando como el inicio de un nuevo período de unificación política de Centroamérica, sigue tomando la forma de un esfuerzo paciente para establecer un cuerpo normativo más simplificado que dirija los rumbos de este proceso; es decir, que se está quedando en el nivel puramente institucional. Los discursos presidenciales que anuncian a los cuatro vientos que la Gran Patria Centroamericana está próxima de hacerse realidad, quedan asfixiados al encarar los conflictos sociales que enfrenta cada nación en sus respectivas dimensiones, desde sus propios orígenes, con la participación de sus agentes específicos y a la hora de encarar sus diferentes consecuencias. Las necesidades más palpables que tiene la población de la región se manifiestan en esos conflictos y no pueden ser atendidos exclusivamente desde los intereses comerciales de los países de la región de cara a la globalización de la economía. Por ello es necesario hacer una evaluación de los principales problemas que cada país ha afrontado y de las soluciones que han planteado, para tener suficientes elementos a la hora de determinar el rumbo de la región.
En la mayoría de los países de la región
se están haciendo grandes esfuerzos para llevar a cabo
los reajustes económicos necesarios para superar la era
de los conflictos armados. En todos los países del área
las tendencias son hacia la modernización del Estado, reduciendo
su tamaño y librándolo de su atribución como
controlador del mercado, de la mano con la privatización
de los servicios públicos. Desgraciadamente, estos avances
en términos económicos no han dado muestras hasta
la fecha de ser una salida viable para la precaria situación
de un gran número de centroamericanos. De por sí,
la reducción del Estado junto con la privatización
implican, a corto plazo, despidos obligatorios que afectan a un
buen porcentaje de la población productiva.
El problema de la propiedad en Nicaragua
El caso de Nicaragua llama especialmente la atención por el contexto específico en el que se ha desarrollado durante 1997. La Alianza Liberal, conformada por partidos de derecha, colocó en el poder ejecutivo a Arnoldo Alemán, del Partido Liberal (PL), a inicios de este año. La situación a la que Alemán tuvo que enfrentarse no era nada alentadora, principalmente por el problema de la legalidad en la propiedad de la tierra que no había sido resuelto por Violeta Barrios de Chamorro durante su gestión. Uno de los objetivos de la Alianza Liberal era el de reemplazar la propiedad estatal que el sandinismo institucionalizó desde 1979, para así comenzar de lleno con la segunda fase del programa de reajuste económico (también llamado ESAF II) dictado por el FMI, el BID y el BM. Pero al mismo tiempo, detrás de la aplicación del ESAF II, se encontraba la pretensión de insertar de nuevo al sector privado dentro de la economía nicaragüense.
En abril, tras varias semanas de que el diálogo nacional convocado por Alemán para solucionar el problema de la propiedad permaneciera entrampado por posiciones encontradas de los dos partidos mayoritarios (el FSLN y el PL), grandes sectores de la población respondieron con una huelga general que duró varios días. El FSLN aseguró que su papel en esa huelga era sólo de apoyo, y que nada tenía que ver con la organización de la misma. En todo caso, Alemán tuvo que sentarse y firmar acuerdos en puntos en los que se había mostrado inflexible y con ello le otorgó una victoria política a los sandinistas. Algunos han afirmado que Alemán se apresuró a organizar un diálogo a nivel nacional sin tomar en cuenta de que en su país todavía no existe una actitud de tolerancia y respeto a la pluralidad ni mucho menos los canales que unieran a la sociedad civil y al gobierno. Al final, quedó en evidencia que el gobierno de Alemán, al igual que muchos de los gobiernos de Centroamérica, responde a presiones de grupos y no por intereses verdaderamente nacionales.
En septiembre, las partes en conflicto llegaron a por fin a elaborar una ley que en 109 artículos establecía los mecanismos para regular la situación de la propiedad. La legislación que se creó, si bien es cierto constituyó un importante paso en la constitución del Estado de derecho, también se presentó como uno de los más drásticos mecanismos para encausar al país dentro de los rumbos del ESAF II y en ella lo que predominó fue la ambigüedad. La implementación de la ley, que costaría unos 500 mil dólares del erario público, de entrada resolvía desalojar a unas 20 mil familias para antes del fin de siglo e iniciar las investigaciones necesarias para devolver aquellas propiedades confiscadas a las familias poderosas de los tiempos de Somoza. Los miembros de la familia Samoza reclaman 400 mil manzanas de terreno, valoradas en 250 millones de dólares, y otras propiedades como empresas de construcción, droguerías y aseguradoras; de ahí que la posibilidad de que se dieran los mecanismos legales que permitieran la devolución de este tipo de propiedades provocara gran polémica en toda Nicaragua.
Si a esta situación añadimos que el gobierno de Alemán se caracteriza por malgastar los fondos públicos (los sueldos de los funcionarios en Nicaragua son los más altos de toda la región), que el proceso de privatización ha hecho que de 173 empresas propiedad de los trabajadores que habían en 1993, actualmente sólo sobrevivan 50 y que los niveles de desempleo y sub empleo sigan manteniéndose en más del 50%, es obvio que la situación de inseguridad en la que se encuentra la mayoría de nicaragüenses está lejos de ser resuelta. El ambiente político se encuentra dominado por los partidos FSLN y PL, en algo que cada día se parece más a una gobierno compartido, según ha sido calificado por varios políticos de partidos pequeños.
El hecho es que las transformaciones estructurales que Nicaragua
viene sufriendo desde hace siete años implican un enorme
sacrificio para la gran mayoría de la población,
y por ahora los resultados, que sólo se observan a nivel
macro (el PIB ha experimentado cierto crecimiento y se han abierto
canales para el comercio exterior), no alcanzan a solventar los
problemas que se avecinan.
El proceso de paz en Guatemala.
En el caso de Guatemala, la situación al inicio del año fue muy esperanzadora, luego de que el gobierno y la URNG firmaran el cese definitivo del conflicto armado. La sociedad guatemalteca se preparó para la transición, teniendo como base unos acuerdos que no sólo sentaban las bases para resolver los problemas que originaron la guerra, sino que tomaban en cuenta otros elementos tales como el impulso a la sociedad civil y la discriminación de la población indígena y la mujer. Pero a lo largo del año, el gobierno no pudo establecer un control satisfactorio sobre las violaciones a los Derechos Humanos que todavía se daban en la zona rural del país. Los desalojos violentos y las amenazas que algunos dirigentes indígenas de la zona del Petén denunciaron, pusieron en tela de juicio el alcance de los acuerdos en materia de seguridad pública.
El trabajo de organismos como la nueva policía, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y la Comisión de Esclarecimiento Histórico se ha visto entorpecido por la falta de colaboración que han mostrado tanto el gobierno como la URNG. A tal punto que, a principios de 1997, uno de los miembros de esta última hizo un reclamo público por no haber podido acceder, a estas alturas del proceso, a los archivos del Alto Mando guatemalteco, a los servicios de inteligencia ni a los registros de la URNG para deducir responsabilidades en crímenes cometidos durante el conflicto armado. Además, el gobierno ha dado muestras de intolerancia hacia el trabajo de los medios informativos, y en más de una ocasión estas diferencias se han traducido en choques directos entre ambas partes. En la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Guatemala fue uno de los países a los que se les hizo un llamado de atención directo por las violaciones a los derechos de información y a la libertad de prensa.
Por otro lado, la economía del vecino país ha recibido
un fuerte impulso gracias a los numerosos préstamos otorgados
por varios países en miras de que el proceso de pacificación
se desarrolle sin dificultades, pero falta ver qué tanto
está incidiendo este crecimiento en la disminución
de las diferencias que existen entre los habitantes de la urbe
y los de la zona rural. En todo caso, el hecho de que los adelantos
en términos económicos no alcanzan a aminorar estas
diferencias, parece ir de la mano de la situación de inseguridad
política y social que viven los guatemaltecos.
Elecciones en Honduras
En Honduras, tras el triunfo del Partido Liberal en la elecciones de noviembre pasado, la atención se centra en la situación económica de la nación. El Presidente Carlos Roberto Reina mantuvo firme su posición de no impulsar las recomendaciones hechas por el FMI y el BM, mientras se pusiera en riesgo la situación de la población de su país, cuyas condiciones económicas son las más precarias de toda Centroamérica. Por su parte, el ganador de las elecciones, Carlos Flores, parece que seguirá una línea más decidida hacia la implementación de las recomendaciones de estos organismos financieros. Con una larga tradición como empresario y político, Flores parece que tomará más en serio la necesidad de reajustar la economía del país, actitud que podría implicar grandes costos políticos durante su administración.
Otro elemento que está por verse es si Flores le dará continuidad a las medidas que Reina impulsó para separar al sector militar del poder político y para esclarecer algunas de las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en la década de los setenta y los ochenta. No hay que perder de vista que para cumplir con las exigencias que plantea la era de la globalización, también hay que comprometerse por instaurar plenamente un estado democrático, cosa que mal que bien Reina llevó adelante durante su gestión. La creación de la Policía Civil está en proyecto y muchos países han prometido apoyo económico para ponerla en macha, los juicios en contra de militares que han cometido violaciones a los Derechos Humanos o actos de corrupción siguen causando polémica en todo el país. Pero, además de los esfuerzos por someter al poder civil al sector militar, falta mucho por hacer en cuanto a la situación de inseguridad de la población indígena de Honduras, que hasta el año pasado rompió el silencio y empezó a hacer denuncias ante los tribunales y otros organismos internacionales.
En conclusión, los países de Centroamérica
tienen mucho trabajo por delante para lograr los niveles de estabilidad
que les permitan arrancar de lleno con proyectos comunes de desarrollo.
Aunque la región se encuentra en una etapa en el que el
trabajo se encamina poco a poco hacia el fortalecimiento de la
democracia, las deficiencias que todavía existen en cuanto
a seguridad pública, respeto de los Derechos Humanos, erradicación
de la corrupción y mejoramiento en la calidad de vida de
la población hacen que la región se coloque en una
situación alarmante. El avance que los países del
istmo experimentan, queda atorado en medio de múltiples
necesidades que se tiene que resolver simultáneamente.
Por lo tanto, antes de esperar que para 1998 la región
alcance las condiciones mínimas para que se abra camino
en los mercados internacionales, habría que esperar que
se resuelvan los conflictos internos que afectan a cada país
en particular.
En términos generales, durante 1997 la opinión salvadoreña
continuó siendo dominada por la preocupación de
los ciudadanos por los ya inveterados problemas nacionales: la
violencia, expresada en la criminalidad, las pandillas, los secuestros,
etcétera; y los aspectos de orden económico: pobreza,
inflación, desempleo. Sin embargo y a diferencia de otros
años, en el año que recién termina, estas
preocupaciones sobre las problemáticas de la realidad que
afectan a los ciudadanos se vieron estimuladas por otros acontecimientos
y coyunturas en un contexto de constante polarización que
también estuvo presente en la opinión pública
salvadoreña y que, aunque no involucró la atención
de todos los ciudadanos como en el caso de los problemas, sí
tuvo una presencia importante.
Fuente: Bases de datos del IUDOP.
El año 1997 abrió con una sociedad preparándose para el segundo evento electoral de la posguerra que habría de elegir por un período de tres años a los nuevos representantes legislativos y gobernantes edilicios. Bajo este ambiente, la opinión pública sobre los problemas esenciales del país registró una importante modificación. Luego de un largo período en el cual los salvadoreños habían estado acusando a la violencia, con sus expresiones de delincuencia, como el principal problema nacional -por encima de los dilemas económicos-los ciudadanos comenzaron a ver en la economía la dificultad fundamental del país. Esto se dio bajo el decidido influjo de una campaña electoral en la que el FMLN y el resto de partidos de oposición aprovecharon para sacar a debatir de forma nacional los problemas económicos. Así, un poco más de la mitad de la población, alrededor de 55 por ciento, llegó a las elecciones convencida de que el desempleo, la inflación y la pobreza eran las problemáticas esenciales del país en ese momento (ver ECA, 581-582).
Esto tuvo un impacto notable en las elecciones. Junto a la opinión que señalaba a la economía como el principal problema económico, muchos salvadoreños -como efecto de campaña electoral, entre otras cosas- comenzaron a atribuir al gobierno y al partido oficial, la responsabilidad mayor por el problema de la economía, lo cual, de alguna manera contribuyó a la erosión experimentada por el partido gobernante en tales elecciones.
Por su parte, las elecciones para alcaldes y diputados realizadas en marzo de 1997 fueron particularmente distintas a las anteriores. Esto no sólo por el resultado de las mismas sino también por la dinámica que se desarrolló en el proceso. Si se ha dicho en otros artículos que los comicios de 1994 se caracterizaron por ser el primer proceso eleccionario de la posguerra y que permitió una participación ideológica amplia sin precedentes en la historia política de este país; los comicios que se realizaron el año que termina, cuya importancia en términos de alcance político es supuestamente menor, constituyeron las elecciones más disputadas y, para muchos, con los resultados más sorprendentes del ciclo electoral contemporáneo. Sin embargo, no sólo eso caracterizó al proceso electoral. Las elecciones que tomaron lugar en este año se distinguieron por un manejo irregular y extemporáneo de la legislación electoral con claras intenciones de favorecer a ciertos institutos políticos; esto tuvo repercusiones sobre la opinión pública salvadoreña que ya desconfiaba del proceso electoral y de los partidos políticos. Además y relacionado con lo anterior los comicios se "destacaron" por el desarrollo de una campaña electoral para diputados de muy bajo nivel, a causa de las agresiones verbales y de la ausencia de propuestas. Estas características, sin embargo, tienen sentido en el contexto de lo que constituye la particularidad fundamental de este evento: unas elecciones reñidas y cuyos resultados parecían más impredecibles que nunca.
Efectivamente, las encuestas pre-electorales mostraban a los dos partidos más grandes, ARENA y FMLN con una pugna muy cerrada por la mayor parte de votos de la población complementado con el poco apoyo que los ciudadanos parecían prestar a los partidos más pequeños y que constituían el centro del espectro ideológico. En este sentido, y como parece ser la norma de las dinámicas electorales de la posguerra, el ambiente político social se polarizó en la campaña electoral, aunque en esta ocasión los análisis sobre los datos de la opinión pública señalaron que el ambiente de polarización fue menos intenso que en el año 94. Sin embargo, los sondeos de opinión pública reportaron que en esta ocasión, los niveles de confianza en el proceso electoral, en el aparato político y en los partidos eran sensiblemente menores. Al iniciar el año, sólo el 8 por ciento de la población mostraba mucha confianza en la clase política salvadoreña; más aún, alrededor de la mitad de los ciudadanos tenía poca o ninguna confianza en el proceso electoral y el 41 por ciento creía que habría fraude en las elecciones (ECA, 581-582). Pero al mismo tiempo, la dinámica electoral del 97 registró a través de los sondeos de opinión pública un peculiar aumento del interés ciudadano por el proceso. Efectivamente, los salvadoreños se mostraron un poco más interesados en las elecciones de este año que lo que estuvieron en las así llamadas "elecciones del siglo" de 1994. Esto se debió a las condiciones de competitividad que parecían existir en estos sufragios a diferencia de los anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, los salvadoreños no tenían claro quién podía ser el ganador absoluto de la competencia electoral y esto introdujo un elemento que atrajo la atención ciudadana, aunque a juzgar por los niveles de participación electoral, el interés no fue suficiente como para provocar una asistencia masiva a las urnas (ver Proceso, 749).
A pesar de que las encuestas habían mostrado que los dos partidos más grandes tenían prácticamente iguales posibilidades de ser ganadores, los resultados de las elecciones --tanto en términos de apoyo partidista, como de participaron electoral-- sorprendieron a propios y a extraños, sobre todo en la clase política. El partido de izquierda resultó ganador de los comicios municipales en la mayoría de ciudades importantes del país, al mismo tiempo que el partido oficial perdió un importante número de escaños en la Asamblea Legislativa. Una evaluación posterior de las elecciones usando una pesquisa de opinión pública mostró que ese fenómeno se explica, en buena medida, a partir de un sentimiento de desencanto popular hacia la gestión del partido ARENA al frente del Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en el área económica (ver ECA, 583). Esto explica la renovada preocupación de la ciudadanía por los problemas económicos en momentos electorales.
Estos resultados modificaron sustancialmente el balance de poder
en la Asamblea Legislativa, algo que en términos generales
resultó bien visto por la población salvadoreña.
En una encuesta realizada para conocer las expectativas de los
ciudadanos hacia las nuevas autoridades nacionales, el IUDOP encontró
que casi la mitad de la población, el 45 por ciento, pensaba
que el control del parlamento por parte de la oposición
era un hecho positivo; más aún, en un dato sin precedentes
a causa de la costumbre ciudadana a los regímenes presidencialistas,
casi el 40 por ciento de los salvadoreños pensaba que la
Asamblea era el órgano del Estado con más poder
en la actualidad (ver Proceso, 775). Sin embargo, el resultado
de las elecciones inauguró una dinámica de debate
político permanente que en muchas oportunidades y coyunturas
revivió las tendencias a la polarización que vive
el país en los eventos electorales. Buena parte de ese
debate ha sido productivo, pero al mismo tiempo ha mostrado que
todavía los partidos políticos están lejos
de buscar salidas concertadas a los más graves problemas
del país.
Las coyunturas políticas
La forma de trabajo de la nueva Asamblea no se hizo esperar. Una de las primeras acciones de la misma fue detener el proceso de privatización de las empresas públicas que había estado impulsando el Ejecutivo, mediante la derogación de la ley para vender la administración de telecomunicaciones (ANTEL). Esto produjo un atolladero en la dinámica política, pero tal medida recibió un amplio respaldo de la población. De hecho, una encuesta de evaluación del desempeño del gobierno realizada a finales del mes de mayo reveló que el 57 por ciento de la población estaba en contra de la privatización de las empresas del Estado y que sólo un 23.7 por ciento estaba a favor de la misma (Proceso, 760). No obstante, el partido oficial junto con algunos sectores de la empresa privada desarrollaron una campaña para revertir la decisión de los diputados; dentro de esta campaña inclusive se llegó a la publicación de los resultados de encuestas de opinión pública con preguntas diseñadas para obtener respuestas favorables, realizadas por una empresa de sondeos costarricense, y según las cuales los ciudadanos apoyaban en un 80 por ciento los esfuerzos de privatización que realizaba el gobierno (El Diario de Hoy, 16 de julio de 1997). Al final, la Asamblea aprobó una ley que dio luz verde al proceso de privatización de ANTEL, frente a una opinión pública que no termina de estar convencida de los beneficios de esa privatización.
Pero el suceso que probablemente sacudió más a la opinión pública durante 1997 fue el destape del fraude financiero en las instituciones FINSEPRO-INSEPRO. Los salvadoreños fueron sorprendidos por la magnitud del desfalco en el cual estaba involucrado uno de los personeros más altos del partido oficial. Enseguida buena parte de los ciudadanos comenzó a responsabilizar al gobierno por no haber sido capaz de prevenir el fraude: un 57.5 por ciento de los encuestados por el IUDOP pensaba que el gobierno tenía algo o mucha responsabilidad por no haber prevenido el escándalo (Proceso, 787). Aunque muy poca gente se sintió afectada directamente por el defraudamiento, el tipo de sectores que éste afectó --esencialmente personas de clases altas y media-altas, algunas vinculadas al partido gobernante-- el impacto y la magnitud del mismo fueron muy grandes; el sistema financiero entró en una crisis de confianza del público, el cual comenzó a retirar los fondos de las instituciones financieras.
Lo anterior tuvo repercusiones a nivel político también. La Asamblea entró en una interesante dinámica, esencialmente impulsada por los partidos de oposición, para interpelar y pedirle cuentas por el descalabro financiero por primera vez en muchos años, a un funcionario de alto rango del gobierno, esto es, al presidente del Banco Central de Reserva. Aunque la mayor parte de la ciudadanía que siguió con atención los hechos dentro de la Asamblea no quedó satisfecha con el desempeño de los diputados ni con la defensa del presidente del BCR; la mayoría de los ciudadanos, seis de cada diez, evaluaron de manera positiva el que se hayan pedido cuentas a un funcionario del Estado. Sin embargo, la politización del escándalo implicó que los dirigentes políticos se enfrascaran en acusaciones y contraacusaciones sobre los implicados en el escándalo, vinculándolos inclusive con los orígenes de los fondos para financiar la pasada campaña electoral. Ello no contribuyó a las investigaciones sobre el escándalo y a esclarecer el paradero de los fondos del público, pero sí alimentó la inveterada desconfianza de la población por la clase política y por las autoridades del país, especialmente hacia el partido de gobierno.
El escándalo financiero y la forma de conducir el proceso de modernización del Estado fueron algunos de los detonantes para que el partido en el gobierno entrara en una crisis interna que afectaría al gobierno y cuya expresión más evidente fue la destitución y la renuncia de dos prominentes miembros de gabinete de gobierno y correligionarios de ARENA: el Superintendente de Energía y Comunicaciones y el Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado. El partido oficial, de cara a su convención nacional realizada en agosto y frente al escepticismo popular, tuvo que enfrentar entonces la divulgación de un espinoso debate interior sobre su actuación política, la cual había quedado pendiente luego del resultado de las elecciones de marzo.
Mientras tanto, el tercer aniversario de la administración Calderón Sol puso en relieve el hecho de que la opinión pública sobre el desempeño del gobierno se había estabilizado. Como es normal, el IUDOP realizó una encuesta para conocer la evaluación que hacían los ciudadanos sobre los tres años de gobierno; los resultados mostraron que la gente básicamente percibía los mismos logros (arreglo de la infraestructura del país) y los mismos fracasos (incapacidad para controlar la delincuencia y para mejorar la situación económica), aunque en esta oportunidad la gente comenzaba a señalar con más intensidad los beneficios de la reforma educativa. Sin embargo, la evaluación general se mantenía similar y en términos globales la visión sobre el gobierno no empeoró pero tampoco mejoró substantivamente (Proceso, 760). Las encuestas revelaron que a la base de esto se encontraba la percepción de que los problemas principales seguían sin ser resueltos. El gobierno de Armando Calderón Sol siguió cargando con la misma opinión que de él se han hecho los ciudadanos prácticamente desde el primer año de su gestión y que afectó el nivel de apoyo ciudadano recibido por ARENA en las elecciones de marzo.
Pero volviendo al aspecto político, 1997 ha sido un año de importantes reacomodos en la esfera política partidista, esto no sólo porque las elecciones modificaron la correlación de fuerzas con poder político, sino que además y como producto de esos comicios y de las próximas elecciones presidenciales en 1999, los partidos se replantearon preparándose para esa contienda electoral de fin del siglo. ARENA lo hizo bajo una etapa de crisis --como ya se ha dicho-- producto de la erosión enfrentada en las elecciones, pero además de serias discrepancias sobre el proceso de conducción de la modernización al interior del gobierno. En cierta medida la crisis fue resuelta, o al menos aplazada, mediante el reciclaje de sus cuadros dirigenciales que llevó a Alfredo Cristiani a la cabeza del partido. Aunque el expresidente mantiene una importante cuota de simpatía entre la opinión pública --que inclusive lo hace figurar como una de las figuras presidenciables para 1999--, el cambio de dirección no impresionó significativamente a la opinión pública salvadoreña, la cual se mantuvo más bien expectante. Según la encuesta de evaluación anual, sólo un 12.7 por ciento de la población pensaba que la imagen de ARENA mejoró después de su convención y el resto pensaba que la imagen seguía igual o había empeorado; además, la gran mayoría pensaba que la dirección de Cristiani no aumenta las probabilidades de victoria del partido oficial en 1999 (Proceso, 787).
Por su parte, el FMLN renovó sus cuadros dirigenciales de una forma significativa pero mucho menos traumática que el partido gobernante. Esto porque el partido de izquierda estaba más relajado que ARENA ya que venía de saborear su éxito en las elecciones recién pasadas y de darse cuenta de que podía mantener cierta ventaja en las preferencias partidistas sobre el partido oficial. Aunque la celebración de la convención del FMLN estuvo precedida por la divulgación de una polémica de enfrentamiento subrepticio de varias de las tendencias del partido izquierdista, para sorpresa de muchos -incluida la opinión pública en general-el relevo se dio sin mayores conflictos haciendo aparecer al Frente como un partido que estaba en capacidad de restaurarse para enfrentar el siguiente reto electoral. Esto favoreció la polémica imagen del FMLN en la opinión pública, al menos como partido capaz de llegar al poder: a finales de 1997, cerca de un 38 por ciento de los ciudadanos pensaba que el FMLN podría ganar las elecciones presidenciales de 1999, mientras que un 27.7. por ciento se decantaba por Alianza Republicana Nacionalista (Proceso, 787).
Con todo, tanto ARENA como el FMLN mantuvieron durante 1997 un
duelo por la hegemonía en las preferencias políticas
de los ciudadanos, a tal grado que al finalizar el año
prácticamente acumulaban la totalidad del apoyo político
que la población podía brindar a la clase política.
En tal sentido, dadas las condiciones de correlación de
fuerzas que se crearon con el resultado de las elecciones, la
polarización que en otros años se limitaba a las
campañas electorales se mantuvo durante todo el ciclo,
aunque quizás con un poco menos de intensidad. La pugna
por la supremacía política no era exclusiva a la
Asamblea, se reflejaba también en las preferencias de la
población. Este fenómeno dominó la mayor
parte de las dinámicas políticas del año
97.
Fuente: Bases de datos del IUDOP.
Dentro de este contexto, otra de las coyunturas políticas de relevancia del año tomó lugar en el debate de la condonación de la deuda agraria. Esta discusión mostró un nivel mayor de complejidad en comparación con otras -como la privatización de ANTEL o la interpelación del presidente del BCR- probablemente debido a que la misma población se encontraba dividida en sus opiniones respecto al perdón de la deuda. A pesar de que los distintos sectores involucrados en el tema desarrollaron sendas campañas para favorecer o rechazar la condonación, los ciudadanos salvadoreños se mostraron divididos sobre este tema: una cuarta parte de la población, el 25 por ciento, estaba a favor de la condonación total de la deuda agraria, mientras que un 29 por ciento estaba en contra totalmente y un poco más del 33 por ciento favorecía una condonación parcial (Proceso, 787).
El recuento del año 1997 en la opinión pública no estaría completo si se deja de lado el escándalo producido por las investigaciones sobre los secuestros. En el último trimestre del año, salieron a la luz informaciones que sindicaban a antiguos miembros de la guerrilla en las bandas criminales que habían realizado sonados casos de secuestros en los últimos seis años. El caso puso en evidencia, de manera directa, los alcances de las bandas criminales que continúan operando en el país y las posibles vinculaciones de éstas con los grupos de poder político; pero también, de forma indirecta, ejemplificó la manera en que los medios de comunicación y algunos funcionarios pueden manipular la información para deteriorar la imagen de un grupo político sobre la base de ciertos intereses políticos. De hecho, la mitad de la población, esto es el 50 por ciento, opinaba que algunos dirigentes del FMLN estaban implicados en los casos de secuestros; pero al mismo tiempo, cerca del 60 por ciento pensaba también que el escándalo era un manejo político del partido oficial. Lo anterior tuvo un decidido impacto en la imagen del FMLN, lo cual se unió a ciertas expresiones de desencanto por la forma en que el Frente estaba conduciendo algunas municipalidades, y que, al cerrar el año, le hizo ceder varios puntos en las preferencias políticas de los ciudadanos, luego de haber mantenido cierta ventaja en las preferencias políticas durante la mayor parte de 1997.
Esta última coyuntura sobre los secuestros trae a cuenta
dos temas que fueron importantes para el proceso social del país
y aunque no fueron el centro de una polémica o de un escándalo
como los casos anteriores, si formaron parte de la dinámica
de la opinión pública en 1997. Estos son: la violencia
y los medios de comunicación.
La violencia
Como ya se ha visto al inicio de este balance, en el año
que termina, la violencia, con sus expresiones básicas
de delincuencia común y de crimen organizado, continuó
siendo un problema real para los salvadoreños. Los avances
en la profesionalización del cuerpo policial y en la depuración
del órgano de justicia contribuyeron a un mejoramiento
en la eficiencia en la investigación del delito y en consecuencia
a una reducción de los índices de criminalidad en
comparación con los años anteriores, pero este descenso
en las tasas no ha revertido las condiciones de inseguridad pública
que prevalecen en el país y por tanto no parecen haber
sido suficientes para alejar de los ciudadanos el temor por la
violencia (Proceso, 772). Además, los esfuerzos
institucionales del gobierno por combatir la delincuencia parecen
haber estado más concentrados en publicitar las operaciones
espectaculares del cuerpo policial y los compromisos de la presidencia
para crear un país seguro para la inversión extranjera,
que en un impulso decidido a una política integral de prevención
y combate a la violencia en todas sus expresiones. Ello ha causado
que los ciudadanos no se decidan a confiar plenamente en las autoridades,
aunque la PNC es una de las instituciones que recibe mayores niveles
de confianza en comparación con otras corporaciones estatales.
Con todo, buena parte del pensamiento y de la discusión
cotidiana del salvadoreño común se sigue invirtiendo
para crear maneras de combatir esa inseguridad de forma privada.
Ello ha provocado que varios ciudadanos estén más
tentados a acudir a respuestas fuera del marco legal y de derecho,
que en apoyar el fortalecimiento de los mecanismos institucionales
de prevención y de combate de la delincuencia.
Los medios de comunicación
Como es lógico, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en la configuración y modificación de la opinión pública salvadoreña durante 1997. Aunque hay evidencias de que el influjo de los medios no impactó de la misma manera en los distintos aspectos de la opinión popular, está claro que durante 1997 la mayoría de estos se decantó por un apoyo más o menos decidido a la posición del partido oficial.
Frente a la apertura y a los esfuerzos de profesionalización que habían venido mostrando los medios de información en los últimos años después de la firma de los Acuerdos de paz -que inclusive originó confianza entre la población--, 1997 se caracterizó por haber sido el escenario de un giro de los medios hacia el pasado, hacia la autocensura y hacia el manejo de la información con intereses políticos. Esto parece haber sido provocado por el avance de las opciones opositoras al gobierno como resultado de las elecciones y de la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Enfrentados al problema del desgaste del partido oficial, varios medios asumieron el compromiso de no contribuir más a esa erosión, favoreciendo la divulgación de las informaciones con criterios a favor de la parte oficial. Ello implicó que tanto las informaciones que ponían de relieve algún aspecto positivo del bando oficial como las que implicaban al bando opositor en algún escándalo, recibieran un nivel inusual de tratamiento periodístico; mientras que aquéllas que revelaban debilidades del gobierno tanto como aspectos positivos de la oposición, estaban fuera de la pauta informativa. En esta dinámica, los medios participaron activamente en las distintas coyunturas políticas nacionales formando parte de las campañas de alguno de los bandos para convencer al público de ciertas posiciones políticas.
En resumen, desde la perspectiva de la opinión pública
este año se caracterizó por un constante, y a veces
intenso, debate político. Esto se desarrolló sobre
la base del nuevo ordenamiento político en el país
que resultó de las elecciones y en un contexto en el cual
la mayoría de los salvadoreños continúa estando
más preocupada por las dificultades nacionales. Al cerrar
el año, tal enfrentamiento continúa y parece que
tenderá a aumentar en el próximo año en la
medida en que la aproximación a la campaña presidencial
de 1999, vaya dando un sentido más electoral a la polarización.
Los partidos más grandes parecen estar limpiado el terreno
de juego para asegurarse como los únicos protagonistas
de la contienda en el próximo año, esto será
así en la medida en que el resto de fuerzas políticas
y la sociedad en su conjunto no sean capaces de articular un proyecto
alternativo -- y probablemente único-- de nación
que involucre a todos los sectores y que pueda responder con soluciones
a los ya permanentes problemas nacionales.
Introducción
Que un país latinoamericano sobresalga por los crímenes y otras expresiones de brutalidad en su territorio, debería preocupar a cualquiera sin importar que ocupe --por ejemplo-- el primero, el segundo o el tercer lugar. )Por qué? Pues porque ya de por sí toda la región es violenta, principalmente a causa de la conflictividad social que predomina en ella, derivada ésta de la histórica situación de exclusión e injusticia en la que ha vivido la mayoría de las personas que la habitan. Y si el que destaca es El Salvador, el asunto se vuelve más inquietante; entre otras cosas, por la enorme cantidad de recursos invertidos en su pequeño territorio: tanto los humanos --más que nada las vidas que se entregaron en el pasado reciente para mejorar-- como los materiales, sean éstos propios o aquellos que puso la comunidad internacional.
¿Y a que obedece iniciar así el análisis sobre la situación de los derechos humanos durante 1997? Ello tiene una explicación sencilla: a principios del mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio sobre el tema y --según sus resultados-- nuestro país se ubicó en el primer sitio de tan singular clasificación. Como las reacciones oficiales únicamente fueron defensivas y su principal argumento era que había otros países más violentos, pensamos que se desperdició la oportunidad de generar algo más interesante y provechoso que la simple adopción de ese tipo de posturas.
Desde nuestra perspectiva institucional, ese tipo de hechos --señalamientos críticos objetivos, por encima de quién los haga-- más bien debería motivarnos a la reflexión seria y profunda para adoptar las medidas necesarias que ataquen las causas originarias de problemas que, quiérase o no, son reales y muy graves, independientemente del sitio que se ocupe en el escalafón regional o mundial.
Ese es el espíritu de lo que se comentará en este
espacio y así esperamos que se tomen las cosas: con ánimo
positivo y no como un ataque a quienes, por el momento, se encuentran
al frente de una determinada institución --cualquiera que
sea-- involucrada en el campo de la promoción y el respeto
de los derechos y libertades fundamentales de esa población
que, aún y a pesar de tanto, aspira y merece mucho más
de lo que ahora tiene.
I. Violencia y violaciones a los derechos humanos
Al igual que todos los anteriores desde hace quizás treinta años o más, 1997 dejó a su paso luto y dolor en el seno de numerosas familias salvadoreñas que, desgraciadamente, perdieron algún ser querido en forma violenta. Mediante un seguimiento diario de la prensa escrita a lo largo de todo el período, el IDHUCA logró ubicar 774 homicidios dolosos. Las frías matemáticas apuntan, pues, a un promedio mensual de casi 65 personas muertas y más de dos cada veinticuatro horas.
Entre las víctimas más numerosas se encuentran aquellas ejecutadas por individuos cuya identidad, hasta el momento, se desconoce: 382 en total. A éstas, le siguen las 274 que murieron a causa de la ola delincuencial que abate a la población y que --seis años después del fin de la guerra-- aún no le permiten vivir tranquila. Así, sumados los crímenes que se atribuyen a los hechores desconocidos y a los delincuentes, la cifra llega a 656; eso representa casi el 85% de todas las muertes registradas por los cuatro periódicos nacionales más conocidos. Pero no hay que dejar de fijarse en el 15% restante, porque también es muy importante.
Es importante porque --aunque sea en menor cuantía que antes-- dentro de él se encuentran ubicadas responsabilidades y formas de operar que deben ser observados con preocupación. Ahí se pueden localizar 39 personas que resultaron muertas por la acción de artefactos cuyo uso --según la ley-- está restringido exclusivamente a la Fuerza Armada. Eso significa que, a pesar de algún tímido aunque valioso esfuerzo impulsado por alguna asociación civil, el Estado aún no ha hecho nada importante para recolectar tanto instrumento bélico regado a lo largo y ancho del país.
De igual forma, en ese 15% se ubican 33 víctimas que --por razones políticas o de limpieza social, en ciertos casos-- fueron ejecutadas en el mejor de los estilos "escuadroneros" y muchos de sus cadáveres aparecieron con señales de tortura. Finalmente, en este porcentaje se incluyen siete muertes cuya responsabilidad es atribuible, según la fuente, a elementos militares y de la Policía Nacional Civil (PNC).
Es, pues, inquietante que --no obstante lo reducido del número en relación con el pasado-- en El Salvador actual, después de tanto esfuerzo, continúen teniendo lugar acciones similares a las de los "escuadrones de la muerte" y que agentes del Estado encargados de la seguridad pública atenten contra la vida de las personas.
Dentro de este marco de violencia siguieron muriendo niñas y niños, mujeres y adultos mayores, personas inermes que en su mayoría fallecieron durante la realización de matanzas, sobre todo en zonas rurales del país, caracterizadas por el lujo de barbarie. Esas acciones criminales continúan evocando prácticas de un sombrío pasado reciente y llevan a pensar que aún existe interés --en ciertos círculos-- de mantener instalado el miedo entre la gente.
Si bien es cierto estos datos sólo son parte de la realidad que se vive, sirven para demostrar --una vez más-- que falta mucho camino por recorrer en materia de seguridad pública, para lograr incrementar realmente la confianza de la población en las instituciones y su credibilidad en los cambios que han tenido lugar en El Salvador.
Tomando en cuenta ese ambiente, para tener una visión más clara de las tendencias actuales del país en la materia, también hay que echar una mirada a los datos sobre las violaciones a los derechos humanos denunciadas por la población en la institución estatal encargada de su defensa y promoción.
En un boletín de prensa publicado a finales de 1997, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentó un resumen preliminar que cubre los hechos de los que tuvo conocimiento, así como los resultados de su procesamiento y depuración; por razones lógicas, el período comprendido no incluye el último mes del año.
De enero a noviembre de 1997, la institución recibió 13,958 denuncias de las cuales el 66.32% (9,257) "fueron analizadas, ponderadas, investigadas sumariamente y declaradas no admisibles en las declaraciones correspondientes", brindándole entonces orientación y asistencia a cada una de las personas peticionarias. Se admitieron, así, sólo, 4,701 (33.68%) denuncias Apor presumirse la existencia de violaciones a los derechos humanos@. Se informa que esas denuncias admitidas, arrojan 5,156 hechos violatorios.
En lo que toca a los llamados "derechos individuales" o derechos civiles y políticos, la PDDH informa que la mayoría de actos contra los mismos se concentró en el ámbito de la integridad personal --21.57% del total-- y que éstos se produjeron en el marco de los operativos policiales realizados para combatir delincuentes. Vale decir que, aunque no se mencione dentro de este resumen, en una publicación oficial de la PDDH ("El Defensor del Pueblo", Año 1, Época 2, N117, 13 de noviembre de 1997) se informó que durante el tercer trimestre del año "se registraron tres casos de tortura en sede policial".
En total, se habla de 1,112 casos de violación al derecho a la integridad personal, cifra similar a la del año anterior (1,181) y bastante superior a la de 1995 que fue de 749 violaciones. Para la institución estatal informante, son dos las condiciones que propiciaron su realización: el incumplimiento de plazos para remitir las personas detenidas a los tribunales correspondientes y el uso desproporcionado de la fuerza.
El siguiente sitio dentro de este grupo de derechos, lo ocupan las 690 (13.38%) violaciones contra la libertad personal que se desprenden de la denuncias admitidas. Destacan en este rubro las detenciones ilegales y arbitrarias. Abajo, muy cerca, se encuentran los hechos violatorios que dañaron la seguridad y la privacidad de las personas: 458 casos que representan el 8.9 % del total.
Después se ubican los 177 actos contra la vida (3.4%) incorporados en las denuncias admitidas por la PDDH, durante los once meses comprendidos dentro de su resumen anual preliminar sobre la situación. Si bien la institución reconoce que esta cifra es menor que las registradas durante los años anteriores (248 en 1996 y 310 en 1995), también se expresa una seria inquietud al respecto.
Coincidiendo con la posición del IDHUCA al respecto --expuesta antes en este mismo apartado-- la PDDH afirma que "es de suma preocupación la existencia de 26 denuncias por muerte arbitraria consumada donde se involucra a agentes del Estado, principalmente a policías nacionales civiles, en conductas tipificadas por un uso extrafuncional de la fuerza, es decir, con motivaciones o en circunstancias ajenas a sus funciones, y en menor señalamiento, por el uso excesivo de la fuerza".
Dentro del grupo de derechos relacionados con las garantías judiciales y el debido proceso legal, los hechos registrados --al igual que en 1995 y 1996-- fueron abundantes. Se informa de 926 casos, que representan el 17.96% del total e indican que en este campo --sólo después del correspondiente a la integridad personal-- es donde se siguen produciendo más violaciones en El Salvador, sobre todo en lo relativo a la retardación y denegación de justicia. Si a ello se suman las 626 violaciones al debido proceso administrativo detectadas en las denuncias que admitió durante los once meses, se revela que en el país aún sigue siendo difícil resolver los conflictos por estas vías.
En lo concerniente al grupo de derechos económicos, sociales y culturales, la institución estatal expone lo que sigue: "Los registros de violaciones muestran que el 7.8% de las mismas (403 casos) afectaron de manera directa al derecho al trabajo; el 3% de casos (154) se refirieron a violaciones al derecho a la propiedad y el 2.3% (122 casos) fueron violaciones contra el derecho a la salud. En contra del derecho a la educación la PDDH registró 73 casos (el 1.4%) y 66 en contra del derecho a la seguridad social, los cuales representan el 1.2% del total de violaciones registradas en el período".
Finalmente, sobre los señalamientos en torno a la presunta
responsabilidad en los hechos y en concordancia con los derechos
que aparecen como los más violados --integridad personal
y debido proceso legal-- de las denuncias recibidas se concluye
con el panorama que a continuación aparece. El primer sitio
le corresponde a la PNC: 2,405 casos (46.64%); le sigue el Órgano
Judicial con 975 (18.91%); en tercer sitio se encuentra el Órgano
Ejecutivo con 682 (13.23%) y en el cuarto la categoría
registrada como "otras autoridades" --instituciones
autónomas, Ministerio Público y otras-- con 548
(10.62%); por último, aparecen los gobiernos locales (437,
8.48%) y "otros responsables" --entre ellos el Órgano
Legislativo-- con (106, 2.06%).
II. Las instituciones nacionales
Relacionado con lo anterior y también con lo expuesto en
la introducción del presente análisis, hay que evitar
la tentación de adoptar una actitud negativa ante los problemas
y señalamientos que sobre los mismos se hagan a determinadas
dependencias del Estado. No tiene mayor sentido empantanarse discutiendo
sobre la cantidad de denuncias o atacando a quien las recibe y
publica; mejor fijar la mirada en el funcionamiento de la institucionalidad
a la cual le corresponde, según la Constitución
de la República, jugar un rol protagónico en la
vigencia de los derechos y las libertades fundamentales de todas
y todos.
1. Policía Nacional Civil
En materia de seguridad pública, por el clima de violencia y temor en que se vive, 1997 continuó significando un verdadero dolor de cabeza para las autoridades gubernamentales y sobre todo para la población. En ese marco, dentro de la corporación policial existieron dificultades y deficiencias imposibles de negar u ocultar; pero también --pese a las barreras encontradas-- comenzaron a observarse signos alentadores, generados algunos por la acción decidida de personas y entidades civiles dispuestas a incidir positivamente en la marcha del cuerpo.
Por lo regular, la capacidad técnica de la institución se ha visto limitada o ha sido mal utilizada, no sólo por falta de recursos sino también por razones de otro tipo. Así las cosas, en determinados casos no se han realizado las investigaciones correspondientes con la profundidad debida y en otros se han cometido abiertas injusticias. Es más: en ciertos hechos de violencia fatal donde se ha establecido fehacientemente la participación directa de agentes estatales, como autores o encubridores, no se ha hecho mucho al respecto e incluso algunos de los responsables continuaron o continúan en sus puestos.
En ese marco, cuando comenzaba 1997 las autoridades de seguridad pública fueron sorprendidas por tres familias que --de forma pública y valiente-- señalaron a la PNC por la muerte de sus hijos y por la falta de interés para esclarecer los hechos. Las referidas familias son las de Ramón Mauricio García Prieto, Manuel Adriano Vilanova Velver y William Antonio Gaitán Ayala, tres jóvenes que --en circunstancias distintas-- fueron asesinados entre junio de 1994 y enero de 1996. Las personas denunciantes, tras haber sufrido la pérdida violenta de sus seres queridos, decidieron luchar para obtener justicia sin importar las dificultades.
Ante eso, altos funcionarios del ramo expresaron su rechazo aduciendo que las víctimas denunciantes debían presentar las pruebas ante las autoridades competentes, si es que las tenían, para así poder investigar. Esa y otras expresiones todavía más temerarias, evidenciaron una verdadera falta de voluntad oficial para aclarar estos casos que, sin lugar a dudas, no son los únicos. Estas familias tienen el dolor y las sospechas o el conocimiento cierto de los responsables en los crímenes que trastornaron sus vidas; pero las pruebas deben ser buscadas, encontradas y presentadas ante la autoridad competente por la institución estatal correspondiente --la PNC-- que cuenta con la capacidad y los recursos técnicos para ello.
No obstante las resistencias, al finalizar el año las cosas habían cambiado debido --fundamentalmente-- a la legítima terquedad de estas personas afectadas. Así, el 17 de diciembre se logró la condena judicial del conductor del vehículo policial, quien realizó los disparos que acabaron con la vida del joven Gaitán Ayala; también, se produjeron avances en el caso Vilanova y --tras la directa y enérgica intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-- se empezaron a dar algunos pasos en el caso García Prieto.
Esos logros se han obtenido, pues, no obstante las necias y reiteradas negativas que antes se habían recibido por parte del cuerpo policial, principalmente desde su cúpula. Es de esperar que, tras ello, se modifiquen las actitudes: se debe tener presente que su trabajo consiste en investigar los hechos para proteger a la población y no en defender a sus subalternos que violan la ley. En ese sentido, es positivo descubrir que la PDDH --en su resumen anual preliminar-- reconoce los esfuerzos que se están haciendo en la PNC para "asumir con responsabilidad las recomendaciones hechas por esta Procuraduría".
A todo lo anterior, se debe adicionar la opinión del actual secretario general de las Naciones Unidas --externada en julio de 1977, a propósito de su evaluación sobre el proceso salvadoreño-- en relación con el cuerpo policial. Entre otras cosas, Kofi Anann sostuvo que éste es un órgano "con posibilidades de ejecutar políticas de seguridad pública modernas y democráticas"; no obstante, afirmó que "el modelo establecido por los acuerdos de paz no se ha consolidado sin que se produjeran distorsiones".
Tras enumerar las dificultades encontradas y los errores cometidos, dentro de los cuales destacó el debilitamiento del Departamento para Investigación del Crimen Organizado (DICO), el responsable máximo de la ONU se refirió a las deficiencias detectadas en los mecanismos reguladores de la PNC: unidades de control y de investigación disciplinaria, tribunal disciplinario e inspectoría general. De éstos, dijo que "nunca lograron establecerse como garantes de la transparencia de los procedimientos policiales ni de la aplicación de una disciplina apropiada". "Su labor --sentenció Anann-- carece de una coordinación eficaz, no sólo entre sí sino con otras entidades del Estado".
El secretario general de la ONU también lamentó la actitud de las autoridades del sector, al tratar "de obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa para modificar algunas de las normas fundamentales del funcionamiento de la Policía Nacional Civil y la Academia Nacional de Seguridad Pública, sin haber efectuado los necesarios estudios técnicos ni haber analizado las consecuencias de dichas modificaciones".
No es posible ni justo finalizar este numeral, sin hacer referencia
a lo que quizás es lo más valioso de la institución:
la honestidad y disposición al sacrificio que existe en
muchos de sus elementos. Eso, por un lado, le ha ocasionado numerosas
y lamentables bajas que deben ser reconocidas, pero --por el otro--
ha propiciado el logro de importantes éxitos en la lucha
contra la delincuencia.
2. Órgano Judicial
Para el Órgano Judicial, 1997 inició con la recomendación de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el sentido de crear una comisión ad-hoc para alcanzar su depuración. A ese señalamiento le siguió la publicación del informe estadunidense elaborado por el Departamento de Estado --hecho público en febrero-- en el que se afirmaba que la judicatura en el país era ineficiente y estaba sujeta a la corrupción, además de reiterar la crítica generalizada: la lentitud "para destituir jueces incompetentes".
Lo dicho por el secretario general de la ONU en torno al tema de la "administración de justicia" en el país, dentro del documento ya referido, se sumó a los anteriores cuestionamientos. Después de hablar sobre las reformas que debían introducirse en la legislación y las instituciones, como resultado de los acuerdos de paz, Kofi Anann presentó una inquietante visión al respecto. Se refirió a muchas de las deficiencias que aún impiden un diagnóstico positivo en este rubro y que --consecuentemente-- no contribuyen a incrementar la confianza de la población en el sistema.
Es cierto que el funcionario habló de "considerables progresos alcanzados" en esta materia, pero al momento de concretar sólo pudo brindar un ejemplo: la elección de la Corte Suprema de Justicia en 1994. Lo anterior es sumamente pobre y poco alentador, al observar la cara tan negativa de la moneda: ineficaz justicia constitucional y lenta justicia penal, miles de personas esperando sentencia e infrahumanas condiciones carcelarias, concentración de funciones administrativas en el máximo tribunal, inexistencia real de una carrera judicial que fortalezca y estimule a sus miembros, negativa de otros sectores gubernamentales para respetar las decisiones judiciales...
"Además de estas dificultades --afirmó Anann-- la mayor deficiencia de esta esfera es la ineficacia del proceso de depuración de jueces y funcionarios deshonestos, incompetentes o poco motivados. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura han evaluado a los jueces de una manera y a un ritmo que no han sido suficientes, habida cuenta de la gravedad de la situación. El que no se hayan hecho mayores progresos al respecto impide cumplir con una condición indispensable para estructurar un sistema que, aunado a una policía eficaz, sea capaz de eliminar la impunidad y garantizar la justicia".
Únicamente con eso, existen suficientes razones para estar realmente preocupados. Pero seguramente habría sido más duro el informe del secretario general de la ONU si --antes de elaborar su documento que nos ocupa-- hubiese recibido información sobre la "calidad" de al menos uno de los magistrados que ingresaron al máximo tribunal en esos días y sobre la manera cómo llegó a ocupar el cargo.
Y es que a finales de junio, la Asamblea Legislativa eligió a diez magistrados --cinco propietarios y otro número igual de suplentes-- que, a partir del 1 de julio, pasaron a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Entre los escogidos se encontraba Edgardo Cierra Quezada, quien antes se había desempeñado como juez de lo penal y como magistrado de Cámara. Precisamente durante el período en el cual ejerció ese último cargo, se le acusa de haber cometido un delito por el cual se solicitó el inicio de un antejuicio que --contrario a lo esperado por la parte afectada-- fue rechazado de manera incorrecta, así como incorrecta fue su elección como magistrado. Uno y otro hecho, constituyen una burla a los esfuerzos por sanear el sistema.
Junto a Cierra Quezada, llegó a la Corte Suprema de Justicia
Jorge Eduardo Tenorio --ex ministro de Trabajo y ex canciller
de la República, entre otros cargos oficiales-- y se le
nombró presidente de la misma. Seis meses transcurrieron
de eso hasta el momento de este análisis y --fuera de un
mejor manejo de imagen, fundamentalmente centrado en su persona--
no se advierten mejorías sustanciales que animen a modificar
el juicio poco positivo sobre el Órgano a su cargo. Transcurrido
un tiempo después de su elección, en declaraciones
públicas el mismo Tenorio reconoció la situación
en que se encuentra el aparato que recibió.
3. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
A la PDDH le corresponde jugar un papel fundamental en la construcción de un Estado democrático y participativo de Derecho en El Salvador: a ella le toca --desde la administración pública-- velar por la protección, defensa y promoción de los derechos humanos a fin de garantizar su vigencia real y plena. En ese marco, quizás su principal función es la de supervisar que el resto de las instituciones estatales actúen ante los particulares respetando siempre la normatividad; asimismo, debe señalar los casos donde éstas incumplan sus deberes.
Con base a eso, se puede afirmar que el trabajo de la PDDH durante 1997 merece un especial reconocimiento, pues lo ha desarrollado de acuerdo a los principios que la Constitución de la República le determinan. Prueba de ello es que, además de pronunciarse oportunamente frente a situaciones problemáticas y urgentes, también ha investigado hechos y situaciones de violación a los derechos humanos, para determinar responsabilidades y recomendar lo necesario a fin de restituir el derecho conculcado y reparar el daño ocasionado.
Lastimosamente, ese esfuerzo no siempre ha sido bien visto ni a preciado por otros sectores ubicados dentro y fuera del Estado. Así, la institución no ha contado con la suficiente disponibilidad de recursos ni sus recomendaciones han sido bien recibidas por todos. Peor aún: en lugar de incrementar la asignación de fondos para ella dentro del Presupuesto General de la Nación, al nivel que demanda su labor y las necesidades de la población, éstos se han ido reduciendo paulatinamente. La Procuraduría no haría todo lo que hace, de no contar con la colaboración solidaria de países amigos que sí entienden el sentido de su misión y lo que su esfuerzo significa para la consolidación de la democracia y la paz en El Salvador.
Cuando se refirió a la institución en su documento de julio, Kofi Anann sostuvo lo siguiente: "Tras un comienzo algo vacilante, se estableció la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic) para la Defensa de los Derechos Humanos... Con el correr del tiempo,... ha obtenido un alto nivel de reconocimiento público. Particularmente durante el mandato de su actual titular, ha hecho valientes esfuerzos para cumplir su mandato de supervisar la actuación del Estado y contrarrestar los posibles abusos de poder, a pesar de los obstáculos con que ha tropezado a causa de la falta de voluntad política de algunos funcionarios gubernamentales para responder adecuadamente a sus resoluciones y recomendaciones".
De manera especial, el secretario general de la ONU habló del recorte presupuestario mediante el cual se ha asfixiado desde el Órgano Ejecutivo la actuación de la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos, Victoria Marina Velásquez de Avilés. Y eso pasa mientras las organizaciones civiles y la misma población nacional, al igual que diversas entidades internacionales, no se cansan de reconocer su meritoria labor.
Sin ningún reparo, el señor Anann afirmó: "es de lamentar que la futura consolidación de la Oficina de la Procuraduría Nacional (sic), institución indispensable para el fortalecimiento democrático del Estado y de la sociedad, pueda verse en peligro por el hecho de que su presupuesto para el año actual disminuyera considerablemente en lugar de aumentar, como lo había recomendado mi predecesor". Y eso lo dijo sin saber que, meses después, se anunciaría un nuevo recorte para 1998.
Si a todo lo anterior se suman las amenazas contra la señora
procuradora, su familia y algunos miembros del personal a su cargo,
cualquiera podría imaginar que está esperando ansiosa
el fin de su mandato --en febrero de 1998-- para poder estar tranquila
y descansar. Pero conociendo su indeclinable compromiso con la
causa de la dignidad humana, difícilmente ella podrá
rechazar la posibilidad de continuar en el puesto, que es lo que
más desea la mayor parte de la gente en El Salvador, tal
como lo revelan siempre los sondeos de opinión. Ojalá
quienes dicen representar al pueblo en el Órgano Legislativo,
al momento de votar para elegir la persona --en el siguiente período--
que dirigirá institución tan fundamental, lo hagan
pensando en ese sentir generalizado y no en sus intereses partidarios,
muchas veces bastante cortos.
Conclusión
Cuando hace un año nos referimos a 1996, analizado desde la perspectiva propia de nuestro campo de acción, comenzamos diciendo que la situación se caracterizó más por sus sombras que por sus luces. Al finalizar el presente comentario, utilizando la misma figura, nos animamos a decir que en 1997 la claridad empezó a ocupar más espacios, desplazando un poco a la oscuridad. En algunos casos, como el del joven Gaitan, se ha logrado un poco de justicia pese a los obstáculos policiales y judiciales que en el camino aparecieron; en otros --como los de las familias Vilanova y García Prieto-- algo se ha avanzado, aunque todavía falta mucho.
Esos y otros logros son luces que comienzan a brillar, intentando vencer las peligrosas tinieblas que tanto daño le han hecho a El Salvador y que conspiran contra los progresos alcanzados. Falta mucho por hacer pues siguen existiendo serias amenazas, principalmente las que brotan de la siempre injusta estructura económica y social que afecta a la mayor parte de la gente. Asimismo, siguen pendientes cuentas que no pueden ni deben quedar sin saldarse, como las de la justicia postergada por el daño causado a tantas personas con los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el país; no se ha dicho nada aún sobre las miles y miles de personas desaparecidas por la fuerza, habiendo tantos que saben dónde se encuentran "vivas o muertas" y sabiendo que sus familias aún esperan.
Sin embargo, insistimos, comienzan a haber destellos de luz. Casi todas las linternas y la energía que las activa, se encuentran en el lado de eso que llaman "sociedad civil". Pero también hay lámparas en el Estado aunque éstas quizás sean mucho menos, más puntuales y algunas de ellas todavía muy tímidas; pero las hay en la PNC, el Órgano Judicial y más nítidamente en la PDDH.
Unas y otras, hay que reconocerlas y darlas a conocer ampliamente
para lograr --entre la base de la población y la administración
pública-- que esas experiencias se vayan reproduciendo
cada vez más, para demostrar que es posible encontrarle
salida a los conflictos sin necesidad del golpe y la trampa, de
la violencia y el encubrimiento, del autoritarismo y la falta
de libertad. Sólo así iremos logrando --poco a poco,
realmente-- mayores niveles de respeto a los derechos humanos
y alejando más el fantasma de un pasado que nadie debería
añorar.
ENERO
05. Francisco Merino, Sigifredo Ochoa Pérez y Manuel Gutiérrez
Castro hacen pública su incorporación al Partido
de Conciliación Nacional (PCN).
07. El Viceministro de Seguridad Pública, Alberto Carranza,
informa de una evaluación de mandos en la Policía
Nacional Civil. La misma fue entregada al presidente Calderón
Sol.
12. Durante una convención partidaria ARENA oficializa
las designación de sus candidatos a las elecciones de marzo.
13. El subdirector de operaciones de la Policía Nacional
Civil (PNC), Rolando García Herrera, anuncia cambios en
las jefaturas de distintas delegaciones y divisiones.
14. El FMLN presenta una demanda en contra del partido ARENA por
supuesta malversación de fondos, durante la convención
arenera del día 12, en la que fueron utilizados vehículos
nacionales para las actividades prosilitistas del partido.
15. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) da por iniciada la campaña
electoral para diputados.
16. ARENA denuncia al FMLN por presuntos ataques de parte de sus
miembros a candidatos a diputados del partido. Ese mismo día
representantes de ambos institutos se habrían reunido para
lograr acuerdos y revisar los escollos en el inicio de la campaña
electoral.
20. ARENA rechaza la suscripción de un acuerdo entre los
partidos políticos para corregir las anomalías de
la campaña electoral, propuesto por el TSE.
- El director de la PNC, Rodrigo Avila, rechaza declarar sobre
la posible sustitución del director de operaciones, Rolando
García Herrera.
21. Sigifredo Ochoa Pérez confirma su designación
como primer diputado del PCN, por el departamento de Cabañas.
Este mismo día el expresidente Cristiani desmiente los
rumores de su renuncia al partido ARENA.
29. Rolando García Herrera, informa de su renuncia como
director de operaciones de la PNC, a partir del 1 de febrero de
1997.
- El inspector general del cuerpo policial, Victor Valle, muestra
su inconformidad porque las autoridades policiales no lo tomaron
en cuenta para la elaboración de órdenes de cambios.
FEBRERO
06. El partido ARENA denuncia el desvío de fondos de organizaciones
no gubernamentales para la campaña electoral del FMLN.
08. El Ministro del interior, Mario Acosta Oertel, informa de
la existencia 17 organizaciones no gubernamentales sospechosas
de desviar recursos financieros y materiales para financiar la
campaña electoral del FMLN.
09. Autoridades nicaraguenses encuentran un lote de armas en Managua,
presuntamente perteneciente al FMLN.
10. El FMLN desestima las acusaciones de ARENA sobre el desvío
de fondos para el financiamiento de su campaña.
- El subdirector de la Policía Nacional de Nicaragua, Eduardo
Cuadra, presenta el armamento encontrado en un buzón que
se supone perteneció al FMLN.
11. El Ministro de Defensa de Nicaragua, Joaquín Cuadra,
manifiesta sus sospechas acerca de si el armanento incautado pertenece
al FMLN.
12. El partido ARENA asegura que el FMLN está vinculado
con la venta y el tráfico de armas en Centroamérica.
13. El Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, presenta ante
la Fiscalía General de la República una demanda
por difamación en contra del jefe de campaña del
FMLN, Facundo Guardado.
14. Da inicio la campaña electoral para alcaldes y concejos
municipales.
19. El FMLN y el Partido Demócrata (PD) sostienen un debate
legislativo sobre la comercialización y ocultamiento de
armamento, así como el lugar del cual provinieron los fondos
para la campaña electoral del primero.
20. La ONU desmiente al PD acerca de su presunto consentimiento
para la retención de misiles o cualquier otra arma convencional
en poder del ex movimiento guerrillero, así como de haber
participado en cualquier negociación tendiente a la venta
de estos.
22. El Presidente Armando Calderón Sol anuncia la presentación
de una protesta formal contra la ONU por el hallazgo de las armas
en Nicaragua.
MARZO
01. El jefe del ejército nicaragüense, Joaquín
Cuadra, asegura que el último buzón de armas encontrados
en Nicaragua perteneció al FMLN.
02. Dirigentes del FMLN responden a las acusaciones sobre el ocultamiento
de armas señalando que las mismas obedecen a una campaña
de ARENA en contra del partido de izquierda. Joaquín Villalobos
reta al FMLN a defenderse publicamente de los acusaciones presentadas
en su contra.
05. El PD publica en los cuatro rotativos del país un comunicado
denominado "Por qué Joaquín Villalobos, Ana
Guadalupe Martínez, Eduardo Sancho y otros, dejamos el
FMLN y nos unimos al Partido Demócrata", en el que
se señala al FMLN como responsable de una serie de hechos
deshonestos acaecidos durante la guerra.
09. Mons. Fernando Saénz Lacalle lamenta los altos índices
de violencia que predominaron a lo largo de la campaña
proselitista. Mons. Gregorio Rosa Chávez valora la actuación
del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como poco convincente respecto
de sus obligaciones en materia electoral.
31. El Tribunal Supremo Electoral da a conocer los resultados
del escrutinio final de las elecciones del 16 de marzo.
ABRIL
06. Mons. Fernando Sáenz Lacalle reconoce que la aplicación
de la nueva ley de migración de los Estados Unidos y otras
medidas no son muy "humanas".
08. El alcalde saliente, Mario Valiente y el Comisionado presidencial
para la modernización del estado, Alfredo Mena Lagos, confirman
su renuncia al Consejo Ejecutivo de ARENA.
- Se hace público que la Juventud Republicana Nacionalista
había presionado para hacer efectiva la destitución
de Walter Araujo como enlace entre los jóvenes de ese partido
con el Comité Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA).
14. El COENA proclama a sus seis nuevos miembros, el presidente
de la cervecería la Constancia, Roberto Murray Meza; el
ex presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Carlos Borja
Letona; el abogado y Vice-rector de la Universidad "Dr. José
Matías Delgado", Carlos Quintanilla Schmidt; el oftalmólogo
José López Beltrán; el expresidente de la
Asociación de la Empresa Privada, Conrado López
Andreu; y el fundador de ARENA, Jorge Velado.
21. Los partidos políticos Renovación Social Cristiano,
Convergencia Democrática, Movimiento de Unidad y Movimiento
de Solidaridad anuncian haber conformado el bloque opositor denominado
Unidad Social Cristiana.
30. En cadena de radio y televisión el presidente Calderón
Sol, anuncia la creación de una Comisión Nacional
de Desarrollo que debía elaborar un Plan de Desarrollo.
MAYO
01. En el marco del día de los trabajadores, once centrales
sindicales de todo el país desfilan por las principales
calles de San Salvador para entregar a los nuevos diputados una
plataforma laboral. Asimismo, los trabajadores solicitan la condonación
de la deuda agraria y la reducción de tres puntos en el
impuesto al valor agregado.
-- Se realiza la toma de posesión de la nueva Asamblea
Legislativa, acto en el cual se hace pública la renuncia
del diputado Arturo Argumedo al PDC y su declaración como
diputado independiente.
05. Es electa la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, la
cual queda integrada por Francisco Flores, de ARENA, como presidente;
Orlando Quinteros y Norma Guevara, del FMLN, como vicepresidentes;
la tercera vicepresidencia para el PCN, con Ciro Cruz Cepeda;
y el Demócrata Cristiano Ronald Umaña con la cuarta
vicepresidencia. ARENA se queda con dos secretarías, el
FMLN, PDC y PCN una cada uno.
-- David Escobar Galindo, Salvador Samayoa, Francisco de Sola,
Abelardo Torres Roberto Rubio y Sandra de Barraza son juramentados
como miembros de la Comisión de Desarrollo, anunciada por
el presidente Calderón Sol.
13. El superintendente de telecomunicaciones, Orlando de Sola,
sostiene que la negativa de subastar el canal 8 de televisión
supone una sanción para la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones(SIGET).
-- La recién instalada Asamblea Legislativa propone suspender
la venta de ANTEL, hasta obtener los resultados de un estudio
más profundo sobre el proceso.
14. Fuentes de la Asamblea Legislativa anuncian la conformación
de 14 Comisiones de trabajo del órgano legislativo de las
cuales ARENA y FMLN presidirán cuatro cada uno; mientras,
el PCN, el Bloque Social cristiano y el partido Demócrata
Cristiano presidirían dos comisiones por partido.
19. El PCN y el PDC muestran su desacuerdo con la conformación
de las comisiones legislativas, conformando lo que denominaron
una "coalición" entre las dos fuerzas mayoritarias.
20. La Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano,
manifiesta que el canal ocho continuará siendo propiedad
del Estado.
26. Los diputados del PCN y el PDC se reincorporan al recinto
legislativo, luego de alcanzar un acuerdo en el cual las comisiones
redujeron el número de miembros de 16 a 12. Así,
el PCN se queda con la presidencia de tres comisiones, el PDC
con dos y el Bloque Social Cristiano con una.
-- Las discrepancias entre el Presidente Calderón Sol y
el superintendente de telecomunicaciones, Orlando de Sola, concluyen
con la destitución de este último.
29. La Asamblea Legislativa deroga el decreto legislativo que
contempla la privatización de ANTEL, con los votos de 56
diputados de oposición.
JUNIO
03. Nueve diputados de la Asamblea Legislativa (uno por cada partido)
integran la Comisión Ad hoc, la cual tiene la función
de rendir un informe en torno al futuro de ANTEL.
-- Ronal Umaña informa de la contratación de asesores
técnicos y legales para la elaboración de un diagnóstico
sobre ANTEL y la nueva ley de la Superintendencia General de energía
y Telecomunicaciones (SIGET).
04. El Ministerio de Educación suspende a la Universidad
de Administración y Negocios (UNAM) debido a que se le
detectaron debilidades en su administración académica.
05. Se hace pública la renuncia del comisionado presidencial
para la modernización del Estado, Alfredo Mena Lagos, quien
aduce irregularidades en el interior del partido ARENA.
-- El presidente de ANTEL, Juan José Daboub, y la Comisión
Legislativa establecen que el precio base para la venta de la
telecomunicadora será de 475 millones de dólares.
-- El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo
Avila, niega que al interior de la institución existan
"estructuras" de exterminio de pandilleros; sin embargo,
acepta que podría haber miembros que practiquen actos delincuenciales.
06. Se anuncia el aumento de 8 mil 750 colones en el salario de
los diputados.
08. La procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, Victoria
Marina de Avilés, confirma que dentro de la PNC sí
existen "estructuras irregulares".
10. El Ministro de Seguridad pública, Hugo Barrera, y el
Director de la PNC, Rodrigo Avila, se presentan a la Asamblea
Legislativa para definir su posición ante la Comisión
de Justicia y derechos humanos. Ambos rechazan las afirmaciones
de la procuradora y afirman que la depuración al interior
del cuerpo policial es constante.
18. El Presidente Calderón Sol viaja a Washington con el
propósito de lograr un consenso favorable y evitar la deportación
masiva de los inmigrantes salvadoreños. Como respuesta
a esta visita, 120 congresistas estadounidenses se comprometen
a pedir a Bill Clinton una reinterpretación de la ley de
inmigración.
23. La Corte de Cuentas de la República, a través
de un informe preliminar, acusa a la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de malversar 13,7 millones de colones.
24. Representantes de la CSJ niegan que la institución
haga mal uso de los fondos financieros, alegando tener pruebas
para desmentir el informe de la Corte de Cuentas.
26. Eduardo Tenorio es juramentado como nuevo Presidente de la
Corte Suprema de Justicia. Además, son nombrados cuatro
nuevos magistrados y los demás funcionarios para el nuevo
período de esta Corte.
JULIO
03. Agentes de la PNC capturan a los directores de FINSEPRO: el
vicepresidente, Roberto Annichiarico; su hermano, Francisco Annichiarico;
y el asesor jurídico de la financiera, Francisco Giammattei.
04. Se entregan a la policía Roberto Mathies Hill y Salvador
Laennec Mathies. Por su parte, la Presidenta de ARENA, Gloria
Salguero Gross, manifiesta su confianza en la honorabilidad de
"Robertillo" Mathies Hill.
-- El superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez
Loucel, es destituido de su cargo.
05. La División de Investigación Criminal (DIC)
remite al Juzgado Onceavo de Paz a Roberto Mathies Hill, Roberto
Annicchiarico y Francisco Giammattei.
08. El Juzgado Décimo Primero de Paz decreta la detención
provisional a cuatro de los cinco directivos de FINSEPRO y ordena
la libertad de Francisco Annicchiarico.
09. Gloria Salguero Gross asegura que "como COENA no tenemos
nada que hacer porque él (Mathies Hill) ya había
renunciado, en su lugar quedó Rony Imberton". Agrega
además que la participación de Mathies Hill en el
fraude financiero "da pena, tristeza y desilusión
en ARENA"
15. El apoderado del Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada, Rodolfo Bonilla, demanda judicialmente a INSEPRO.
Su reclamo es por un depósito de once millones de colones.
-- El Presidente Calderón Sol juramenta a Francisco Bertrand
Galindo como nuevo Superintendente del Sistema Financiero.
-- Las autoridades intervienen la compañía Sabater
para verificar una supuesta captación ilegal de fondos
en dicha empresa.
-- El grupo especial de investigadores de la PNC captura al propietario
de la automotriz Sabater, FACTRASA y GAMASA, José
Mario Galdámez, acusado de complicidad en el caso FINSEPRO-INSEPRO.
21. La Superintendencia del Sistema Financiero inicia un censo
a los ahorrantes afectados por la defraudación financiera
a fin de determinar los montos e iniciar cancelaciones de cuentas
a aquellos depositantes de FINSEPRO cuyos saldos superan los 55
mil colones.
22. El superintendente del Sistema Financiero, Rodolfo Bertrand
Galindo, señala que el monto de lo defraudado por las financieras
sobrepasa los mil millones de colones, afectando a unas mil 400
personas.
-- Los partidos Renovación Social Cristiano y Demócrata
Cristiano proponen una interpelación para evaluar al presidente
del Banco Central de Reserva, Roberto Orellana Milla.
-- Es capturado el empresario Mauricio Guirola Meardi por estafa
de 116 millones de colones en la financiera Crediclub.
-- Es capturado al presunto autor intelectual de los secuestros
de Andrés Suster y Alberto Hill Dutriz, Harry Ernesto Washintong
Upegui.
AGOSTO
01. El juez décimo de lo penal decreta detención
provisional de Roberto Mathies Regalado por considerarlo culpable
de la administración fraudulenta de Caribe Motor y Autosal.
14. La Asamblea Legislativa acepta interpelar al Presidente del
Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla.
15. Afectados del caso FINSEPRO-INSEPRO marchan por San salvador
exigiendo ayuda para recuperar sus ahorros.
16. El empresario Roberto Llach Hill presenta renuncia al Consejo
Nacional de ARENA (COENA) aduciendo la renovación de la
cúpula del partido.
21. Roberto Orellana Milla es interpelado por la Asamblea Legislativa.
Orellana Milla asegura que se enteró del fraude financiero
hasta el 2 de julio de este año, exonerando de responsabilidad
a la Superintendencia del Sistema Financiero y al BCR.
SEPTIEMBRE
01. Empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) realizan un paro general a nivel nacional.
02. La asociación de trabajadores municipales (ASTRAM)
inicia un paro exigiendo, entre otras cosas, aumento salarial,
bonificaciones y seguro de vida.
03. El ex superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez
Loucel, revela, en una reunión sostenida con los diputados
de la comisión legislativa, que tuvo encuentros con funcionarios
públicos, incluyendo al Presidente Calderón sol,
y con los dueños de FINSEPRO antes de que estallara el
escándalo financiero.
04. Roberto Orellana Milla declara que ciertamente fueron realizadas
las reuniones de las que habló Rodríguez Loucel,
pero asegura que la mayoría de estas fueron para darle
seguimiento al juicio administrativo que la superintendencia seguía
a INSEPRO, Crediclub y FINCOMER por captación ilegal
de fondos.
05. La Asociación Nacional de trabajadores del Ministerio
de Salud (MSPAS) levanta el paro, luego de llegar a una negociación
con el Ministro de Salud, Eduardo Interiano.
06. ASTRAM normaliza sus actividades luego de que el Consejo Municipal
de San Salvador concediera una audiencia para discutir las exigencias
laborales y salariales.
07. Fuentes de ARENA informan que 7 de los 13 miembros del COENA
dejarán sus cargos. Gloria Salguero Gross confirma que
un 60% de la cúpula de ARENA sería renovada.
08. Joaquín Villalobos renuncia el cargo de Director de
la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido
Demócrata (PD).
09. Fuentes de prensa informan que 30 dirigentes del PD estudiaban
su retorno al FMLN o a unirse a un partido de oposición.
10. Se hace pública la detención, por el gobierno
de Cuba, del salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León,
acusado de efectuar seis de los siete atentados con bombas en
la Habana.
14. Los partidos representantes de la Asamblea Legislativa acuerdan
perdonar 1,034 millones de colones en concepto de deuda agraria.
15. El jefe de fracción del PCN, Sigifredo Ochoa Pérez,
insiste en tener todas las obligaciones y derechos de su cargo,
contradiciendo así las declaraciones que el Secretario
General del partido, Ciro Cruz Zepeda, hiciera en julio.
16. Dirigentes de ARENA confirman la elección de Alfredo
Felix Cristiani como presidente del COENA durante los próximos
dos años.
17. El Consejo Ejecutivo del PCN anuncia la destitución
de Ochoa Pérez.
-- El Consejo de Ministros acuerda dos incrementos del 6% en los
salarios de los empleados públicos para el año 1998.
-- El Presidente Calderón Sol ratifica en su cargo al presidente
del BCR.
-- Mauricio Gutiérrez Castro renuncia a las filas del PCN.
23. Organizaciones afiliadas a la Unión de trabajadores
salvadoreños (UNTS) rechazan el anuncio del aumento salarial
por considerarlo como "demagógico" y por no estar
de acuerdo con el alto costo de la vida.
30. Mauricio Gutierrez Castro se retracta de su renuncia al PCN.
OCTUBRE
02. La Asamblea Legislativa aprueba, con 56 votos de la oposición,
que el 6% del Presupuesto General de la Nación sea asignado
a las 262 alcaldías del país.
-- ARENA presenta una nueva propuesta alternativa a la condonación de la deuda agraria, según la cual las cooperativas del sector reformado pagarían sólo el 15% de la deuda total que tenían con el Instituto de Transformación Agraria (ISTA).
07. Diputados de la Subcomisión Agraria de la Asamblea
Legislativa otorgan un dictamen favorable para la condonación
total de la deuda agraria y la parcial para la bancaria. ARENA
decide no apoyar esa disposición manteniendo la posición
de condonar únicamente el 85%.
13. Unos 66 cadetes de la Escuela Militar "Capitán
General Gerardo Barrios" sufren quemaduras de diverso grado
en sus rostros debido al gas lacrimógeno que supuestamente
se utilizó para castigarlos.
15. El Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales, asegura
que el capitán Flores, acusado de torturar a 66 cadetes
de la Escuela Militar, se encuentra detenido en una unidad especial
del ejercito salvadoreño.
-- El PDC presenta a la Comisión Ad hoc, encargada
de la nueva ley de telecomunicaciones, un nuevo proyecto de reformas
que contempla la desaparición de la radios comunitarias.
16. Un juez de Hacienda de San Salvador decreta la detención
provisional contra los ejecutivos de la empresa Diadema
acusados de evadir impuestos por una cantidad aproximada de 800
mil colones.
17. El presidente de la Asociación Salvadoreña de
Radiodifusoras (ASDER), Tony Saca, se dirige a los diputados de
la Asamblea Legislativa para que mantengan el contenido del artículo
8 referido al régimen de radio y televisión, en
la nueva legislación de telecomunicaciones.
20. Trabajadores de ANTEL realizan una manifestación hacia
la Asamblea Legislativa pidiendo que se garantice su estabilidad
laboral una vez que la institución sea vendida.
23. La PNC y la Fiscalía General de la República
descubren una casa en San Marcos donde permanecieron secuestrados
el presidente de la Comisión Hidroeléctrica (CEL),
Guillermo Sol Bang y los empresarios Eduardo Salume y Nelson Machuca.
El dueño de la casa fue identificado como Raúl Granillo
Laínez, alias "comandante Marcelo".
30. La Asamblea Legislativa aprueba, con 51 votos de la oposición,
la condonación de las deudas agrarias con saldos menores
de 500 mil colones y el descuento del 93% a las cantidades superiores
de ese monto. Además, se extinguen por ley todos los prestamos
concedidos a ex combatientes dentro del período de enero
de 1992 al 30 de junio de 1997, incluyendo intereses.
NOVIEMBRE
05. Se desarrolla en República Dominicana la XX Cumbre
de Presidentes de Centroamérica, durante la cual se reúnen
los presidentes del área centroamericana y Belice.
06. La Asamblea Legislativa aprueba, con 72 votos, una serie de
reformas a la Ley de privatización y emite una nueva Ley
de Telecomunicaciones que regula el uso del espectro radioeléctrico,
la tenencia de los medios de radio y televisión y autoriza
a la SIGET para que regule las tarifas de electricidad y telecomunicaciones.
07. Los jefes de Estado y de gobierno de Latinoamérica,
España y Portugal, llegan a isla Margarita, Venezuela,
donde participan en la VII Cumbre Iberoamericana.
10. La ex diputada del PD Ana Guadalupe Martínez confirma,
ante el Juzgado Primero de lo Penal de Nueva San Salvador, la
presunta participación del Partido Comunista en el secuestro
de Eduardo Salume.
11. Las máximas autoridades del PCN anuncian la expulsión
de los diputados Sigifredo Ochoa Pérez y Horacio Ríos.
12. Francisco Merino y Mauricio Gutiérrez Castro, en su
calidad de dirigentes del PCN, apoyan la destitución de
los diputados Ochoa Perez y Ríos.
13. El Presidente de España, José María Aznar,
arriba a nuestro país, junto a su esposa Ana Botella, una
veintena de funcionarios y 40 empresarios en una visita de Estado.
16. El Presidente Calderón Sol anuncia en cadena nacional
de radio y televisión el uso del veto contra los decretos
de la condonación de la deuda agraria, por considerar que
su contenido viola la Constitución y su ejecución
es inconveniente para el país.
25. Con los votos de ARENA, PDC y FMLN, el PCN expulsa de la presidencia
y como miembro de la Comisión del Medio Ambiente, al diputado
Horacio Ríos.
27. Eduardo Sancho, del PD, confirma, ante el Juzgado Primero
de lo Penal, que efectivamente en una reunión entre varios
ex comandantes guerrilleros, realizada en 1991, se discutió
el secuestro de Eduardo Salume.
DICIEMBRE
02. Los diputados Horacio Ríos y Norman Quijano tienen
un altercado por el cargo de Presidente de la Comisión
de Medio Ambiente.
03. El presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Flores,
deja en manos de la Comisión Política la decisión
sobre el futuro de los diputados sin partido Horacio Ríos
y Ochoa Pérez
04. ARENA impulsa una petición para que el FMLN explique
por qué invitó a dirigentes de Cuba, República
Popular de China, y otras naciones con "sistemas políticos
comunistas", a participar en su Convención Nacional.
06. En medio de discursos que llamaban a fortalecer la unidad
del partido, el FMLN inicia su V Convención Nacional ordinaria.
07. Como resultado de la V Convención Nacional Ordinaria,
casi dos tercios de la Comisión Política del FMLN
son renovados. Se nombran a las autoridades para el período
1997-1999, siendo lo más notable la salida de Schafik Hándal
del organismo de dirección y poniendo a la cabeza del mismo
a Facundo Guardado.
08. Arriba a Alemania el Presidente Calderón Sol, para
realizar una visita que pretende estrechar las relaciones políticas
y comerciales con dicho país europeo.
-- La nueva cúpula del FMLN sostiene su primera reunión
de trabajo, en la que se empiezan a evaluar cargos ejecutivos
en el marco de las elecciones de 1999.
11. Se hace público el fallo favorable de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para Orlando
de Sola, quien, según el fallo, deberá ser reinstalado
en su cargo de superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones.
-- Elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), de
la PNC, utilizan gas pimienta contra comerciantes del mercado
"Las Pulgas", cuando estos últimos se resisten
a que sus negocios sean inspeccionados para verificar si comercializan
con prendas de vestir consideradas como "piratas".
14. Una protesta en Nejapa por la instalación de un relleno
sanitario en ese municipio deriva en actos de violencia, cuando
un grupo que apoya el proyecto (presuntos simpatizantes del FMLN)
disuelve una concentración de manifestantes (presuntos
simpatizantes de ARENA) opuestos al mismo.
15. El Presidente Calderón Sol expresa que se apegará
al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre
la restitución del Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones;
pero no descarta volver a destituirlo.
740 El informe de mitad de período del Presidente
741 Reacomodo en la derecha
742 Política y mercado
743 Arzobispo y general
744 Resistencia al cambio en la clase política salvadoreña
745 Buscando cambios
746 La confusión de las encuestas
747 Políticos hipócritas
748 La ofensiva de ARENA
749 Falsos profetas de la verdad
750 16 de marzo: "victoria menor 97"
751 Avance importante, pero insuficiente
752 El escenario legislativo tras el 16 de marzo
753 Una presidencia difícil
754 Fracaso del PD: ¿fracaso de la socialdemocracia?
755 Demagogos de la vida
756 Balance de la Asamblea Legislativa saliente
757 Dudas sobre la Comisión de Desarrollo
758 El complejo problema de la violencia
759 El credo neoliberal en crisis
760 Un informe sin sentido
761 La privatización cuestionada
762 ¿Qué sucede en la PNC?
763 La ofensiva gubernamental en favor de los inmigrantes
764 Estados Unidos teme a la violencia de los salvadoreños
765 Corrupción empresarial
766 Ambición desenfrenada
767 Pronóstico reservado
768 Algo más sobre el escándalo financiero
769 Secreto bancario cuestionado
770 Misión imposible
771 Un circo malo
772 Las incertidumbres de la transición democrática
773 ARENA pierde otra batalla
774 La celebración de la independencia
775 Final prematuro
776 Las críticas al "reinado" de Cristiani
777 El presupuesto toca fondo
778 Los absurdos del celo fiscal
779 Demasiado poder
780 La industria del secuestro, una herencia del pasado
781 Politización del secuestro
782 La UCA tras las huellas de los mártires
783 Los mártires cuestionan el poder
784 El veto del Presidente Armando Calderón Sol
785 Improvisación y pugna de poder
786 Sínodo americano: fe y justicia
787 ¿Hacia dónde va el FMLN?
788 Balance 1997. Las debilidades de la institucionalización
democrática
741 La unidad granítica de ARENA en cuestión
742 ARENA y FMLN: ¿juntos para el cambio?
742 La polémica sobre la gasificadora, una cuestión política
743 La imagen del alcalde de San Salvador en cuestión
744 Propaganda política y realidad nacional
745 Tribunal Supremo Electoral: ¿contemplaciones con ARENA?
746 Inicia la campaña electoral por las alcaldías
747 Elecciones: ¿guerra o competencia?
Preocupante escenario político
748 PD y ARENA, ¿aliados una vez más?
749 La izquierda armada salvadoreña en las décadas de los 70 y 80: un debate pendiente
750 El futuro de la consolidación democrática
Prensa escrita, democracia y elecciones
Evaluación preliminar de los resultados electorales
751 Los resultados de las elecciones del 16 de marzo
La oportunidad del FMLN
Expectativas frente a la nueva Asamblea Legislativa
752 Los partidos políticos ante las elecciones presidenciales de 1999
753 Reestructuración en ARENA
754 Las reformas constitucionales: aprendiendo a concertar
Los desafíos del nuevo alcalde de San Salvador
755 Reformas constitucionales: "de las carreras no queda sino el cansancio"
Los habitantes de los ex bolsones y las leyes forestales de Honduras
756 Lo que no conviene olvidar de la pasada campaña electoral
757 La nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa
¿Comisión para el Desarrollo Nacional?
758 Héctor Silva, ¿un inicio con pie izquierdo?
759 El primer mes de la nueva Asamblea Legislativa
760 La corrupción de las pasadas administraciones municipales de ARENA
761 La derogación de la ley de privatización de ANTEL
Las lecciones de las elecciones
762 ARENA: ¿ex primera fuerza política? (I)
763 ARENA: ¿ex primera fuerza política? (II)
764 ANTEL en el limbo
765 La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa: de la traición al olvido
766 Los retos del nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia
El caso Mathies Hill: implicaciones políticas y económicas
Funciones de la Junta Directiva y de las Comisiones Legislativas
767 Transición democrática y sociedad civil
Funciones y conformación de las comisiones legislativas
768 ANTEL: ¿recta final o inicial?
La "piñata" de los diputados
769 Las comisiones de investigación de la Asamblea Legislativa
770 ¿Fin de la impunidad en El Salvador?
771 A cien días del primero de Mayo
772 Orellana Milla y la justa de los partidos políticos
773 ARENA se prepara para elegir un nuevo COENA
Rodríguez Loucel pone en aprietos a Orellana Milla
774 El colapso del Partido Demócrata
775 Renovación del COENA, ¿más de lo mismo?
776 El PCN vuelve al rebaño: la derecha se unifica (I)
La Convergencia Democrática y el incierto futuro de los partidos políticos pequeños
777 El debate sobre la reducción del IVA (I)
El PCN regresa al rebaño: la derecha se reunifica (II)
La aprobación del 6% del presupuesto para las alcaldías
778 El debate sobre la reducción del IVA (II)
779 La situación actual de las telecomunicaciones
780 ¿Por qué se politizan los secuestros?
781 El proceso de Habeas Corpus como instrumento garantizador del derecho a la libertad personal
782 La universidad para el cambio social
783 Los amigos de la UCA
785 ¿Qué está pasando en el PCN?
786 A propósito de la Convención Nacional del FMLN
787 Los aparatos ideológicos de la transnacionalización
788 Balance político
740 El papel del sistema financiero en la economía nacional
741 Comentarios críticos a la evaluación económica del gobierno
742 Política económica, producción de granos básicos y seguridad alimentaria
743 La crisis del agro y el plan de reactivación agrícola del gobierno
744 Impacto de la privatización en el sistema financiero
745 El programa monetario y financiero de 1997
746 Los precios internacionales del café
748 Financiamiento externo, equidad social y medio ambiente
749 Implicaciones de la privatización de la energía eléctrica
752 Las tendencias inflacionarias en el primer trimestre de 1997
753 Privatización de las sociedades distribuidoras de energía eléctrica
754 Impacto económico de la industria maquiladora
756 Los indicadores económicos en el primer trimestre de 1997
757 Crisis y reactivación del agro
758 Contradicciones en la privatización del canal 8 de televisión
759 La Asamblea Legislativa suspende la privatización de ANTEL
760 Evaluación crítica de la deuda agraria
761 Aspectos socio-económicos del discurso presidencial
762 Salario mínimo y necesidades básicas
763 Evaluación del Indice de Volumen de la Actividad Económica
764 Efectos económicos de la sequía
765 Corrupción en el sistema financiero
766 El sistema financiero y la asignación del crédito
767 El Salvador, ¿seguro para la inversión internacional?
769 La economía en el primer semestre de 1997
770 ¿Nuevo rumbo en la modernización del sector público?
771 Los aspectos ténico-económicos en la interpelación del Presidente del BCR
772 Medidas gubernamentales ante la evasión tributaria
774 Respuesta gubernamental al fraude financiero: la creación de un fideicomiso
775 El debate sobre la condonación de la deuda agraria
776 El presupuesto general de la nación para 1998
777 El debate sobre la política fiscal
778 Situación de la deuda pública externa e interna
779 El impacto socioeconómico de "El Niño"
780 Situación actual del cooperativismo
781 La dicotomía de las políticas económicas de granos básicos
783 El proyecto de recaudación tributaria de la Alcaldía de San Salvador
784 El complejo problema de la deuda agraria y el veto presidencial
785 Los paradigmas del crecimiento económico
786 La situación económica a fines de 1997
788 Balance económico
741 Aberraciones de la lucha contra la delincuencia
744 La Iglesia y el Estado ante la administración de las escuelas católicas
745 Elecciones... desde los niños
746 Preocupante manejo de la información periodística
747 Aproximación cuantitativa al fenómeno de la violencia en El Salvador
752 A propósito de las elecciones infantiles y los reporteritos
755 Sobre la necesidad de disentir
756 los sindicatos celebran el 1 de mayo
758 Los primeros treinta días de Héctor Silva: retos y problemas
761 Reflexiones en torno a la Escuela para Padres
Aumentos salariales a funcionarios públicos, ¿confirmación del perfil del político tradicional?
762 Resurge el caso de corrupción en el FIS
763 La debacle de las "universidades pequeñas"
765 La PNC en una época de transición
773 Negociación y diálogo en la administración de Héctor Silva
774 El Salvador, ¿cobijo del terrorismo internacional?
776 SIDA: ¿una enfermedad de solución moral?
779 Derechos humanos y Fuerza Armada
782 Factores condicionantes de la crisis social en El Salvador
La necesidad del diagnóstico, la necesidad de la reorientación de la acción
La dimensión estética en la realidad salvadoreña
783 La preservación de la seguridad pública
785 PNC: ¿seguridad o inseguridad ciudadana?
788 Balance social
743 El debate acerca del aborto
748 Mujeres y elecciones
758 En el día de la madre
778 Reflexiones sobre la Política Nacional de la Mujer
781 Consideraciones en torno a la prostitución
782 Las ideas sobre la sexualidad en Ignacio Martín-Baró
784 Cuota alimenticia, necesidad y obligación
752 Incierta situación de la SEMA y deterioro ecológico
755 Impacto social y ecológico de la construcción de represas en El Salvador
780 Consideraciones en torno al Anteproyecto de Ley de medio ambiente
740 A propósito de la crisis peruana
740 La firma de la paz en Guatemala
742 Escollos para la verificación en Guatemala
743 Nicaragua: desarme de los alzados
744 El problema de las armas en Centroamérica
745 Crisis institucional en Ecuador
746 Guatemala: conflicto social en ciernes
747 Reflexiones ante la muerte de Deng Xiaoping: democracia, mercado y socialismo
748 ¿Viejos o nuevos problemas limítrofes?
753 Consecuencias sociales de la nueva Ley de Migración de EEUU
754 Perú: irracionalidad estatal y miopía revolucionaria
755 Derechos humanos y acuerdos de paz en Guatemala
764 Crisis en Nicaragua
765 Socialismo y capitalismo a fines del siglo XX
767 ¿Una política migratoria integral para el Norte y Centro América?
768 Cuba, ¿una revolución?
770 Los roces entre Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca
772 Sordomudos esclavizados en Estados Unidos
773 La princesa Diana y la Madre Teresa en los medios de comunicación
774 La situación actual de la integración centroamericana
775 Sobre la reciente visita del Presidente de Taiwan al país
778 Linchamientos, la doble cara de la justicia en Guatemala
Guatemala : un proceso de pacificación marcado por la inseguridad
780 Ex-bolsones: el limbo entre El Salvador y Honduras
783 Notable actividad diplomática y comercial en Centro América
784 Más Canosa y Castro: ¿opciones viables para Cuba?
Reflexiones en torno al proceso electoral en Colombia
785 Elecciones en Honduras: nueva competencia entre dos viejos contendientes
786 Las reformas a la Ley de Inmigración y Responsabilidad Migratoria
788 Balance regional
746 La opinión de los salvadoreños sobre el proceso electoral 97
749 Campaña electoral, desconfianza e interés
750 La validez de las encuestas de opinión pública
751 La jornada electoral en San Salvador
760 Los salvadoreños evalúan los tres años de gobierno de Armando Calderón Sol
772 Estudio ACTIVA: la violencia en el Gran San Salvador
775 Los salvadoreños y las expectativas hacia las autoridades del país. Sondeo de opinión pública
781 A propósito de los secuestros
782 Martín-Baró y el compromiso contra la violencia
787 Los salvadoreños evalúan el año 97
788 Balance IUDOP
740 Pistas para la reconciliación y la paz
741 Cinco años después...
742 Empezó la atropellada carrera
743 El monitoreo independiente (I)
General, ¿a cuál jefe obedecerá?
744 El monitoreo independiente (II)
745 Con el dedo en la llaga
746 ¿Qué es lo mejor para El Salvador? (I)
747 ¿Qué es lo mejor para El Salvador? (II)
Cuidado con la violencia política
748 La semilla sigue dando frutos
749 Un proceso fraudulento
750 Las lecciones de las elecciones
751 Hacer política para un país diferente
752 Las maquilas, de nuevo (I)
753 Las maquilas, de nuevo (II)
754 Dos años al frente de la PDDH
Recuperemos a Fernando Javier
755 Migración y derechos humanos (I)
756 Migración y derechos humanos (II)
757 Por un país integralmente seguro
758 La PDDH informa (I)
759 La PDDH informa (II)
Por el derecho a la verdad
760 Tres años de gobierno (En memoria de Marito)
761 Memoria e impunidad
No se puede tapar el sol con un dedo
762 Esperanza de vida o vida sin esperanza?
763 La PNC a la defensiva
764 Tenemos corte, pero...
765 De nuevo, el inspector general
¿Somos iguales ante la ley?
766 Justicia, ¿al servicio de quién?
Boletín de prensa
767 Que suba la calidad, no el costo de la vida
México lindo y querido
769 ¿Sacar a "Zacarías?
770 Por la vida, la justicia y los derechos humanos
Colaborando con la PNC
771 Monitoreando las maquilas
772 La inseguridad nuestra de todos los días
773 Ataques al sistema interamericano y a los derechos humanos
775 Una historia como hay muchas
776 Se hace camino al andar
777 Contra la impunidad: ¿Justicia selectiva o equitativa?
778 El tribunal penal internacional
779 Refrescando la memoria (I)
780 Refrescando la memoria (II)
781 Que ladren, Sancho...
Los ataques contra las radios comunitarias
782 Un Segundo pleno de anécdotas y herencias
783 Más sobre el "caso jesuitas" (I)
Comunicado de prensa
784 Más sobre el "caso jesuitas" (II)
Mauricio Guirola: ¿rehén del sistema?
785 Para una sociedad justa, segura y en paz
787 Un feliz encuentro
788 Balance IDHUCA
740 Acuerdo de paz firme y duradera
749 Pensando en los derechos humanos: ¿por quién votar?
753 El desafío de la criminalidad urbana
757 Reconocimiento al padre Francisco Javier Ibisate
Acta de compromiso
758 Declaración de San José
760 Mensaje al pueblo salvadoreño
762 Declaración conjunta
768 Liberalismo y neoliberalismo
Impunidad, una mancha del pasado
769 Manifiesto de las ONG's a la nación (Primera entrega)
770 Manifiesto de las ONG`s a la nación (Segunda entrega)
771 Manifiesto de las ONG's a la nación (Tercera entrega)
773 Declaración de Nicaragua
774 Discurso del Presidente Armando Calderón Sol
Declaración conjunta reunión presidencial Centroamérica-República de China.
775 Discurso del Presidente Armando Calderón Sol
783 Presidente veta decretos 135 y 136
785 El 6% es un paso real y verdadero hacia la descentralización
786 Estatutos del FMLN y propuestas de reforma (I)
787 Estatutos del FMLN y propuestas de reforma (II)
