Año 18
número 790
enero 14
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Año de los valores
Politica El recinto y la agenda de la Asamblea Legislativa
Economía Los "logros" económicos y sociales del gobierno
Sociedad La educación superior en cuestión
Regional Agitado panorama electoral en Costa Rica
Internacional La navidad para los indígenas de Chiapas
Este año de 1998 ha sido declarado año de los valores humanos, éticos y cívicos por el Presidente de la República. El objetivo, según su mensaje de año nuevo, es fortalecer la identidad nacional y de pueblo civilizado, amante de la paz, el progreso y la libertad. La idea fue retomada rápidamente por el Ministerio de Educación, que declaró que promovería los símbolos patrios, el himno nacional y la oración a la bandera en todos los centros educativos.
No obstante la importancia del tema en un país como El Salvador, donde la exacerbación de la libertad individual ha arrasado con los vínculos sociales, la responsabilidad personal y los referentes históricos, culturales y religiosos, el gobierno de ARENA no ha presentado ningún plan para impulsar esos valores perdidos en la modernización neoliberal. El culto a la patria es importante, pero no suficiente, sobre todo cuando lo que se busca es promover una nueva actitud ante la realidad humana e histórica.
Ante esa falta de ideas, sugerimos comenzar por los diez mandamientos, cuyo contenido debiera ser explicado a niños, adolescentes y adultos por igual. Este antiquísimo código de la humanidad expone los mínimos indispensables para la convivencia. En concreto, se podría empezar insistiendo en la prohibición de robar, sobre todo a aquellos que menos tienen. Luego habría que enfatizar la prohibición de mentir, cosa muy corriente para ocultar que se ha robado. En tercer lugar sería necesario subrayar que está prohibido matar, y mucho menos a quienes quisieran decir la verdad sobre quienes robaron y mintieron. No se puede matar a los adversarios, sean éstos políticos o personales. Y de nuevo, no se debe mentir para esconder el crimen cometido o a quienes lo cometieron. Sobre estos tres mandamientos habría mucha tela que cortar para un gobierno como el actual, que quiere dedicar 1998 a los valores humanos y éticos.
En el área de las relaciones personales hay que insistir en otros dos mandamientos: no adulterar ni desear la mujer del prójimo -ni tampoco el hombre de la prójima, cosa tan frecuente como su contraria en estos tiempos de relajación. Hay cosas que no se deben hacer, aun teniendo que ir o hacer en contra de los propios deseos, ambiciones o pasiones. Aquí también habría mucho que decir, sobre todo contra el abuso sexual de niñas y niños en su propio hogar.
El primer mandamiento que ordena amar a Dios por encima de todas las cosas -incluido el dinero y la propiedad- puede crear dificultades constitucionales a un gobierno formalmente laico; pero el segundo, que es igual al primero, no. Por lo tanto, el gobierno bien puede insistir en la obligación de amar al prójimo y a la prójima como a uno mismo. El respeto y el amor al otro, aun en contra de la libertad o el deseo individual, sintetizan todos los mandamientos.
Para promover la paz, el mensaje de año nuevo de Juan Pablo II, es muy oportuno. El gobierno tiene en él una fuente de inspiración y de doctrina sólida -aparte de que el mensaje está dirigido a los gobiernos. Según el Papa, la paz está intrínsecamente vinculada a la justicia y la verdad. Paz no es sólo ausencia de conflicto, sino también satisfacción de las necesidades humanas básicas. Según la interpretación que de la paz hace el Papa, los marginados, los pobres y las víctimas de todo tipo de explotación son "personas que experimentan en su carne la ausencia de paz y los efectos desgarradores de la injusticia". Quien ofende la justicia, pone en peligro la paz, sentencia Juan Pablo II.
No se puede hablar de paz, asegura Juan Pablo II, cuando la estructura social privilegia a unos cuantos a costa de la mayoría y sobre todo cuando los costos recaen en esta última, mientras que los beneficios tienden a concentrarse en aquéllos. Por eso, la justicia debe mantenerse vigilante y atenta, no sólo para asegurar el equilibrio entre deberes y derechos -como insisten los neoliberales-, sino también para promover la distribución equitativa de los costos y beneficios. La justicia restaura, no destruye; reconcilia, en lugar de instigar a la venganza.
Si la justicia restaura y reconcilia, ésta no puede obviar en ninguna clase de crimen y mucho menos aquellos contra la humanidad. La paz es sólida cuando se fundamenta en la justicia y la verdad. El olvido no tiene cabida en las enseñanzas del Papa. Por consiguiente, es necesario reclamar la justicia para alcanzar la reconciliación verdadera, donde, tal como también lo señala Juan Pablo II, al final, se encuentra la misericordia. La reconciliación es otra deuda social de El Salvador.
A la paz se oponen la extrema pobreza, que Juan Pablo II considera la primera injusticia y, por lo tanto, su eliminación es una prioridad; la corrupción; la falta de medios para acceder equitativamente al crédito; y la violencia contra las mujeres y los niños. La globalización de los mercados y las finanzas, contrario a lo que piensa el gobierno actual, no es la solución para superar los obstáculos que enfrenta la paz. Juan Pablo II pone sordina a su capacidad para beneficiar a todos y, en ese sentido, para que todos podamos gozar de la paz.
Si alguno cuestiona la solvencia moral del gobierno de ARENA para
promover estos valores fundamentales, se le podría responder
con un principio ascético, practicado por los grandes maestros
de la espiritualidad, que sostiene que uno de los medios más
eficaces para superar un pecado frecuente es pedir a quien lo
comete hablar contra él, enfatizando su contrario. Así,
al ladrón, al mentiroso y al violento le haría bien
predicar sobre la prohibición de robar y mentir y sobre
la paz.
Recintos legislativos
El lugar del recinto legislativo de El Salvador, donde se celebran las sesiones plenarias, se llama Salón Azul y está construido a la usanza antigua, pues responde a la historia de las dictaduras que han "gobernado" el país. El origen del nombre "Salón Azul", está relacionado con los colores de la antigua bandera salvadoreña, adoptada por decreto el 28 de abril de 1865, la cual estaba formada por cinco franjas azules y cuatro blancas, horizontales, que tenía en el ángulo superior una cuadro encarnado (rojo) con nueve estrellas de cinco puntas, que representaban a los nueve Departamentos en que se dividía nuestro país en aquella época.
En virtud de esos colores, tres de los salones del Palacio Nacional se denominaron -en solemne ceremonia-- con sus nombres: "El Salón Rojo", "El Salón Blanco" y "El Salón Azul". El primero correspondía al Presidente de la República, era el "Salón Presidencial"; el "Salón Blanco" era de la Cancillería y el "Salón Azul", ubicado al costado poniente, correspondía a la Asamblea Legislativa" (Boletín Legislativo, 1994).
El Salón Azul tiene una estructura cuadrada, todos los diputados tienen sus curules dispuestos en forma escolar frente a la Junta Directiva, no hay espacios laterales al frente para la prensa. Los cambios que mejorarían el actual recinto son una estructura ovalada o semi circular, un solo estrado o podium y espacios adecuados y equipados para la prensa.
La situación de ubicación por ideología en la Asamblea, no tiene antecentes en la historia de El Salvador; se podría decir que se inició tímidamente como resultado de las elecciones de 1991, con la elección de ocho diputado de Convergencia Democrática, cuando en ese entonces se encontraba constituida por el MNR, PSD y el MPSC y era una coalición de izquierda.
Fue hasta las elecciones de 1994 cuando se dividió por completo el Salón Azul en dos secciones ideológicas, izquierda y derecha, cada bloque de curules compuesto por 42 puestos. En las elecciones de 1997, se produjo una ruptura histórica, porque por primera vez los partidos políticos minoritarios y fieles aliados y servidores de la derecha, como por ejemplo el PCN, PDC y el PD, no quisieron sentarse en el mismo bloque con ARENA. "La manera de tomar asiento de los diputados en los Parlamentos resulta a menudo expresión de la estructura inherente, y de la relación de los grupos que en ellos se contengan, figuren. Así, cuando los conservadores se sientan en la parte derecha de la Cámara, y los radicales a la izquierda --como era el caso en la Asamblea Constituyente de Francia en 1879, y lo ha sido en dicho país desde entonces-- es posible hablar de la «derecha» y de la «izquierda» en un sentido simbólico" (Carl J. Friedrich, 1975).
Esta circunstancia histórica que se produjo en Francia, fue la que popularizó la ubicación ideológica de los diputados; hay que hacer notar, de igual forma, que la derecha, desde los orígenes del parlamento, ha representado los intereses económicos de la aristocracia, y la izquierda los del pueblo. No hay que olvidar que ésta fue también una razón poderosa para la división del Parlamento en Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes.
En la figura, aparecen los curules con el nombre de cada diputado
y el número de extensión telefónica, correspondientes
a la legislatura 1997-2000. De igual forma, el de los técnicos,
sonido, gerente administrativo, prensa, sala de conferencia de
prensa y sonido.
Acerca de la agenda de la sesión plenaria
La agenda u orden del día es el programa en el que se encuentran contemplados, de forma sistemática, los asuntos que se abordarán en la sesión plenaria. La agenda es propuesta al pleno por la Junta Directiva y puede ser modificada únicamente al inicio de la sesión con los votos favorables de la mayoría de los diputados presentes, con el objetivo de llevar un mandato establecido y evitar sorpresas a última hora, como la inclusión de otro tema durante el desarrollo o al final de la sesión.
Existen reglas para la elaboración de la agenda, por ejemplo, las comisiones legislativas y la gerencia de operaciones legislativas envían a la Junta Directiva, al menos con dos días de antelación a la sesión, los dictámenes, piezas de correspondencias, renuncias, proyectos de ley, interpelaciones, etc. Se toma en cuenta un orden cronológico de llegada, de afinidad de materia, de urgencia y sobre todo las prioridades de satisfacción de las necesidades del pueblo.
Para el caso de El Salvador, no existen reglas ni parámetros para la elaboración de la agenda, por ejemplo, según el literal "n" del Art.7, del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, es atribución de la Junta Directiva: "determinar antes de cada sesión la agenda de ésta, la cual se anunciará anticipadamente al público en el tablero de edictos". A pesar de que en Art.11, literal "a" del mismo Reglamento, se establece como obligación de los secretarios(as) de la Junta Directiva: "dar cuenta a la Asamblea de las notas oficiales, mociones, dictámenes y solicitudes que se reciban, de acuerdo con su importancia y el orden de presentación".
Según María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, la agenda de la Asamblea Legislativa de El Salvador debe determinarse por las urgentes necesidades del pueblo, es decir: " el problema económico de la población, el problema de la seguridad pública y el temor de situaciones que envuelven la memoria del pasado".
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento
de Sociología y Ciencias Políticas
El recién finalizado año 1997 ha sido, a juicio del gobierno, un buen año para las metas de política económica, tal y como lo revelarían los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR). El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, va aún más lejos al atribuir a su gobierno, iniciado hace más de tres años y medio, el establecimiento de "bases sólidas para seguir avanzando hacia las metas de un desarrollo económico y social sostenible, dentro del cual la persona humana constituye el origen y fin de la actividad del Estado".
Según Calderón Sol, los logros de su gobierno se concentran en la solución de problemas como los siguientes: inseguridad ciudadana, deficiente estructura educativa, dependencia de las remesas familiares, amenaza de deportaciones masivas desde los Estados Unidos, alta tasa de desempleo y poco dinamismo de las exportaciones. El Presidente de la República expresó también que otras áreas de interés para su gobierno son: vivienda, desarrollo local y medio ambiente. Adicionalmente, ofreció que el próximo 16 de enero la Comisión Nacional de Desarrollo presentará los procedimientos para la formulación de un "Plan de Desarrollo Nacional", que, a tres años y medio de gobierno, aún se cuenta dentro de las tareas pendientes.
No es extraño encontrar valoraciones extremadamente optimistas frente a la realidad nacional, especialmente si provienen de fuentes oficiales. Sin embargo, sin pretender caer en el pesimismo extremo, lo cierto es que los datos objetivos no dan pie para sentirse demasiado a gusto con la dinámica económica y social de los últimos años, ni siquiera del recién finalizado 1997. En lo que sigue se examinan con mayor detalle las valoraciones emitidas por el Presidente Calderón Sol, para contrastarlas con datos provenientes del mismo gobierno que preside y que, en la mayoría de los casos, las contradicen claramente.
En lo tocante a la seguridad ciudadana, Calderón Sol afirma que ha sido objetivo de "máxima prioridad", por lo cual se han "destinado cuantiosas sumas de dinero en la implementación de la Policía Nacional Civil, porque no hay cosa más importante que la protección de la vida y los bienes de las personas". Ciertamente, al examinar el presupuesto general de la nación puede observarse que el presupuesto para seguridad pública ha crecido fuertemente durante los últimos años; pero esto, lejos de ser un indicador de desarrollo, sólo revela la permanencia de las raíces estructurales de la violencia en El Salvador (concentración económica y de la toma de decisiones, poca representación política de los sectores obreros y estudiantiles, entre otros) y la proliferación de la misma. De acuerdo a algunos estudios implementados a iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos de la violencia en El Salvador estarían rondando cerca de un 13% del Producto Interno Bruto (PIB); dentro de esto, el área de seguridad pública alcanza cerca de un 2.7% del PIB. Una idea adicional sobre la magnitud del gasto en seguridad pública se puede obtener si se considera que, para 1998, se proyecta que su presupuesto represente cerca de un 7.8% del presupuesto total, lo cual se asemeja al porcentaje asignado para el área de salud, por ejemplo.
En lo tocante al área social, se mencionan logros no sólo en el área educativa, sino también en el área de salud preventiva. Así se menciona que se han "construido miles de aulas, numerosos institutos nacionales y tenemos en marcha una reforma educativa". Por otra parte, establece que "en el campo de la salud, nos complace señalar que el año pasado, los centros asistenciales del Ministerio de Salud Pública [aumentaron] en un millón las consultas respecto al año anterior".
Sin tratar de negar la realidad de los hechos anotados en el párrafo anterior, probablemente muy positivos a nivel de proyectos piloto, cabe destacar que un examen del presupuesto para el área social deja entrever que la política social, pese al discurso presidencial, aún no es una prioridad para el gobierno. El ofrecimiento de asignar un 50% del presupuesto de la nación para el área social en 1999, hecho por Calderón Sol, es cada vez algo más lejano. Entre 1997 y 1998, el presupuesto del área social disminuirá desde 25.1% a 24.5% del presupuesto total. El presupuesto del área de salud pasaría de 8.6% a 7.9% entre los mismos años, mientras que el presupuesto de educación mantendría prácticamente invariable su participación porcentual en el presupuesto de la nación (16% a 16.1%). El presupuesto para el ramo de vivienda --otra de las supuestas prioridades gubernamentales-- que también forma parte del área social, también experimentará reducciones en su presupuesto para 1998.
En relación al área económica, se señala que se sostuvieron "la estabilidad macroeconómica [y] la estabilidad cambiaria; se aumentaron en treinta punto seis por ciento las exportaciones y las reservas internacionales se incrementaron en doscientos veinte y cinco millones de dólares". De lo anterior no se sigue, empero, que el problema de la dependencia de las remesas se haya solucionado, tal como el mismo discurso presidencial lo insinúa. En realidad, con todo y el incremento de las exportaciones, la balanza comercial todavía presenta un saldo deficitario de más de 1,275 millones de dólares, que sólo pueden ser equilibrados con las remesas familiares (1,200 millones de dólares) y los empréstitos y donaciones (más de 200 millones de dólares). Unicamente con estos flujos se explica el incremento de 225 millones dólares en las Reservas Internacionales Netas (RIN), la estabilidad cambiaria y la estabilidad macroeconómica en general.
Las exportaciones tradicionales y no tradicionales ya no son tan importantes dentro del total, y aunque lo fueran no explicarían la solvencia de la balanza de pagos ni la estabilidad cambiaria. Las exportaciones de maquila de ropa en empresas operadas en su gran mayoría por extranjeros ha llegado a representar cerca de 44% del total de las exportaciones; de no existir esta actividad, o de emigrar las empresas internacionales que la desarrollan, las exportaciones se reducirían a poco más de la mitad. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales aún exhiben un muy bajo dinamismo en relación a las importaciones e, incluso, a las tasas de crecimiento económico.
El desempleo, al igual que en el pasado, continúa siendo una de las mayores problemáticas con las que se enfrenta el gobierno, aun en épocas de crecimiento económico. Aunque se afirma que, en 1997, el PIB creció en cerca de 4%, al mismo tiempo, la tasa de desempleo se incrementó desde 7.7% a 8%.
Por otra parte, la afirmación de que otras importantes prioridades son la vivienda, el desarrollo local y el medio ambiente se contradice por tres hechos fundamentales: primero, el presupuesto para el Viceministerio de Vivienda y desarrollo urbano va disminuyendo cada vez más; segundo, el desarrollo local no se ha apoyado voluntariamente con el 6% del presupuesto general de la nación, sino únicamente debido a la presión de la oposición política; y tercero, pese a las ingentes necesidades de protección y gestión ambiental, aún no se ha aprobado el anteproyecto de Ley del Medio Ambiente ni se ha dotado de un presupuesto adecuado al Ministerio del Medio Ambiente.
En definitiva, la gestión del actual gobierno ha alcanzado
ya más de un 70% de su duración sin que se conozca
un plan oficial de desarrollo. Unicamente se ha dedicado a vivir
de la estabilidad y del crecimiento que le otorgan los flujos
internacionales de divisas sin implementar medidas para eliminar,
sobre la base de la producción nacional, esta dependencia.
El ofrecimiento de presentar una estrategia para elaborar un plan
de desarrollo resulta muy cuestionable cuando el presente gobierno
entró ya a su recta final y cuando las dependencia del
exterior se ha agudizado aún más.
Este año la educación superior afronta un grave problema: por un lado, se encuentra, de la mano del Ministerio de Educación (MINED), en la culminación de un proceso de evaluación en la cual se debe decidir el cierre de aquellas universidades e institutos técnicos que no llenan los requisitos impuestos por la Ley General de Educación Superior para su funcionamiento; por el otro, las universidades que sobrevivan a lo anterior deberán de buscar los mecanismos para hacerle frente a la oleada de bachilleres de este año, la que por obra de las modificaciones de la Reforma Educativa se ha visto duplicada en número en comparación con años anteriores.
1998 abre, pues, con la disyuntiva de: o se da una prórroga para que los institutos de educación superior que se ven amenazados por el cierre puedan ponerse a tono con las exigencias del MINED, con lo cual se podría satisfacer la demanda educativa de un creciente número de bachilleres; o, siendo estrictos con el cumplimiento de la Ley, se procede al cierre y, por consecuencia, se endurecen los criterios de evaluación para permitir el ingreso a las universidades solamente a aquellos estudiantes que puedan demostrar de sobra las capacidades y aptitudes necesarias apara asimilar con éxito el proceso de educación superior.
En las siguientes líneas se busca analizar esta disyuntiva,
examinando para ello los dos elementos fundamentales de la problemática:
el acceso a la educación superior y el nivel adecuado de
ésta.
¿Universidad para todos?
Como ya se dijo, la cuestión sobre el ingreso de nuevos estudiantes a las universidades del país ha cobrado gran relevancia. Como para todos es evidente, un gran número de ellos no podrán ser asimilados por los centros de educación superior. Ello por dos motivos: el primero, la demanda de educación superior ha crecido fruto del incremento de bachilleres egresados el año anterior, y, el segundo, el número de instituciones técnicas o universitarias en condiciones de ofrecer sus servicios educativos tiene grandes posibilidades de verse reducido de prosperar el empeño del MINED en cumplir estrictamente los mandatos de la Ley General de Educación Superior.
Así las cosas, y más por cuestiones prácticas que por intenciones realmente educativas, las universidades se verán en la obligación de dejar afuera a un buen porcentaje del total de los aspirantes de ingreso (en la mayoría de los casos, cerca de un 40%). Es esta urgencia práctica la que pone sobre el tapete de la discusión algo que hace tiempo ya debería de haber sido debatido: ¿es la universidad para todos? ¿Debe una universidad sacrificar calidad académica en aras de asimilar al mayor número de estudiantes que se pueda?
Para algunos la respuesta a estas interrogantes es afirmativa: a la universidad puede y debe ingresar todo aquel que lo desee. Siendo realistas, en el país este tipo de respuesta ha obedecido más a objetivos económicos o de índole populista que a un afán genuino de alcanzar un desarrollo educativo en la población. Ciertamente, muchas de las universidades e institutos técnicos que ahora enfrentan la posibilidad del cierre brindaban una educación superior a todo aquel que lo deseara, incluso sin que los aspirantes a obtener un título tuvieran la menor capacidad académica o aptitud universitaria. Aquellos que deseaban una educación superior y no se creían capaces de "dar el ancho" en las universidades supuestamente serias y exigentes, acudían con premura a "las otras", en las cuales el simple pago de la colegiatura era suficiente mérito para titularse. El resultado de ello: la expedición en masa de titulados, de pseudo profesionales tan versados en sus áreas como lo podría estar alguien que nunca hubiera pasado por la universidad.
Aunque sin caer en el extremo de algunos empresarios que no hace mucho afirmaban que a las universidades sólo debían de ingresar aquellos que tuvieran el talante necesario para dirigir una población de maquileros, es necesario responder negativamente a las interrogantes propuestas. En primer lugar, porque un ingreso no controlado de bachilleres a las universidades, a menos que éstas cuenten con recursos ilimitados, sólo puede ir en desmedro de la educación que se imparte. La proporción de aspirantes a la cual se le permite acceder a la universidad debe estar en relación directa con el nivel de recursos necesario para formarlos -en todo el sentido de la palabra- profesionalmente. En segundo lugar, porque los objetivos que persigue la educación superior exige -por muy frío y cruel que pueda parecer-- de un cierto grado de darwinismo académico: en un medio de recursos educativos limitado, sólo los realmente aptos para similar con propiedad la formación universitaria y traducirla en beneficios de amplio espectro para la sociedad deberían ser los escogidos para ingresar a la universidad.
El problema no es que sólo unos cuantos pueden tener acceso
a la educación universitaria por los costos económicos
que ello implica (aunque, comparativamente, el costo de la educación
superior en El Salvador está por debajo del promedio de
otros países), el problema es que estos pocos están
siendo graduados sin el mínimo de exigencia; el problema
es que a la elite de los que en el país pueden acceder
a la universidad se le está aceptado en las universidades
sin mayor criterio o esfuerzo. Contradictoriamente, bajo el lema
de que la universidad es para todos, por muchos años se
ha estado educando a una elite que en sus campos laborales ha
sido ineficiente, poco creativa y con una peligrosa tendencia
a la mediocridad y el estancamiento.
El reto de una educación superior de altura
En los días que van de enero, se ha abierto la polémica del cierre de los institutos de universidad superior que, luego del período de evaluación, no cumplen con los requisitos mínimos de operación. El debate se originó por la posibilidad de que la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Legislativa prorrogue el cierre por dos años, con lo cual los institutos señalados por el MINED podrían continuar operando hasta cumplir con el nuevo plazo, tiempo en el que, según los diputados de la Comisión, tendrían la oportunidad de adecuar sus infraestructuras a la Ley de Educación Superior.
Ante este hecho, que de sobra está decir viene a contradecir el espíritu de la Reforma Educativa, la Ministra de Educación, Cecilia Gallardo, afirmó que los únicos intereses perseguidos por los integrantes de la Comisión eran "políticos y…financieros, porque muchos de ellos son accionistas de universidades". Esta acusación, por provenir de la máxima jerarca de la educación en el país y por ser ella parte del gabinete de gobierno, no puede ser desestimada. Con su declaración, la Ministra pone al descubierto que, paradójicamente, los principales y únicos responsables de llevar a buen término el proceso de evaluación de las universidades se encuentran dispuestos a poner un alto al mejoramiento de la educación superior en aras de objetivos extraños a ella.
Ni la creciente demanda de educación universitaria ni la optimización del servicio, según la Ministra, serían las causas de la postergación del cierre. De prosperar la iniciativa de la Comisión, el futuro de la educación superior en el país se presentaría de nuevo sombrío, pese a que los recursos y el tiempo que se dedicaron para volverlo prometedor no fueron pocos. La amenaza de algunos de los integrantes del Consejo Superior de Educación Superior de renunciar si se concede la prorroga complica aún más la problemática.
En definitiva, como algunos pesimistas esperaban, el proceso de
la Reforma ha encontrado algunos de sus más fieros detractores
al interior del aparato gubernamental. Por esta razón,
la coyuntura actual se presenta como un momento decisivo en el
porvenir de la educación salvadoreña; como un momento
en el cual quedarán marcados los límites para el
proyecto educativo en marcha, sean estos políticos, económicos
o propiamente derivados de su dinámica.
Una vez más, dos partidos políticos --el gobernante Partido Liberal Nacionalista (PLN) y el de Unidad Social Cristiana (PUSC)-- acaparan la atención de los votantes en la que serán las últimas elecciones generales del siglo en Costa Rica. Ambos han protagonizado, durante el año pasado y en lo que va de este, una carrera por obtener votos que, en ocasiones, roza con la desesperación. Las tensiones pasan desde el fraude en la elección de candidatos, hasta las denuncias de nexos con el narcotráfico, hechos que han dotado a la campaña electoral de un matiz de espectáculo y combate, en detrimento de la divulgación de programas y propuestas de solución.
En los comicios, que se realizarán el 1º de febrero, participan 31 partidos inscritos en tres escalas distintas (nacional, provincial y cantonal); en ellos se elegirá al Presidente de la República, dos vicepresidentes, 57 diputados, 571 regidores y 449 síndicos y se calcula que al evento asistirán más de dos millones de votantes. El PLN ha presentado como candidato a la presidencia al abogado y político José Miguel Corrales, el cual se enfrenta con una pequeña desventaja, según las encuestas que han circulado en los medios informativos, al dirigente del PUSC, Miguel Angel Rodríguez, segunda vez nominado como aspirante a la presidencia del país por ese instituto político.
Del lado del partido oficial existe una larga y pesada cadena de actos de corrupción que aún no han sido aclarados ni sometidos a la ley. Entre éstos destacan los que se hicieron públicos en enero pasado, y en los cuales el mismo presidente José María Figueres habría participado. Al mandatario se le acusaba de haber otorgado contratos a una empresa estadounidense, representada por su suegro, para la generación de energía eléctrica sin que se hubieran seguido todos los procesos que la ley establece. Pero la Comisión Legislativa que investigaba la supuesta participación de Figueres en estos hechos presentó dos informes: uno, elaborado por los representantes del PUSC, y que, lógicamente, condenaba al jefe de Estado, y otro, por los de la bancada del PLN, que decía no haber encontrado ninguna irregularidad que incriminara a Figueres.
Si dejamos de lado la enorme posibilidad de que la decisión de elaborar dos documentos de una misma investigación la haya tomado el mismo presidente para salvaguardar su imagen, aún así el grado de riesgo que esta decisión implicaba no era cuestión de juego. Con ello, de todos modos, se estaba dando al traste con la poca credibilidad que Figueres lograba mantener desde que, a cuatro meses de iniciar su gestión, empezara a cuestionarse la trasparencia de su trabajo político. Como consecuencia de estas "diferencias de opinión" a nivel del aparato legislativo, la estrategia de Corrales ha sido separarse, en lo posible, de su predecesor. Durante su campaña política, el candidato oficialista no ha ahondado en propuestas concretas, y se ha limitado a prometer un gobierno apegado a las normas morales y cuyo principal reto sea acabar con la corrupción.
A esta situación se le suma la cada vez más evidente inestabilidad del partido gobernante, que quedó bien expresada luego de que se entramparan las elecciones internas de candidatos para las elecciones, en julio del año pasado. El Tribunal de Elecciones Internas del PLN decidió no ratificar la candidatura presidencial de Corrales al descubrirse serias anomalías en las mismas (boletas sin firmar que luego aparecieron firmadas, números de registro falso, extravío de documentos, entre otras). Por esta razón, el PLN tuvo que someter a depuración a muchos candidatos y dirigentes del partido, acusados de esa y de otras acciones cometidas al margen de la ley. En suma, el tiempo de campaña del partido oficial no ha servido más que para aminorar los efectos del desgaste y su falta de credibilidad, y no le ha dado tiempo de elaborar un buen "producto" que vender a los votantes.
Por su parte, el PUSC, que por ahora mantiene una pequeña ventaja sobre su principal contendiente (entre el 5 y el 4%), también se ha enfrentado a algunos problemas que, seguramente, no le han dejado escalar más en los niveles de popularidad entre el electorado y mucho menos presentarse como una oferta política confiable. El más serio de ellos fue el escándalo desatado cuando Rodríguez visitó, en mayo de 1997, al empresario mexicano Carlos Hank, investigado por el Departamento Antinarcóticos de EEUU por supuestos nexos con el narcotráfico. El momento fue bien aprovechado por el PLN, dado que en el mes de julio Corrales logró aventajar en 4 puntos a su rival socialcristiano, pero Rodríguez recuperó su ventaja, y al final de 1997 superó a Corrales en 11.1 puntos, según las encuestas.
En este contexto, los socialcristianos se anotaron un punto a su favor al realizar las elecciones internas bajo un nuevo estilo que generó buenos comentarios en todo el país. En el evento, realizado a finales de marzo, el que quería participar llenaba una solicitud de pertenencia al partido y luego procedía a votar por el candidato que más le parecía. Esto supuso un amplio y costoso operativo publicitario de los candidatos, fuertemente criticado por los demás contendientes. Pero, aunque el método de elección practicado por el PUSC representa un gran avance en el fortalecimiento de la participación real de las bases, tampoco se tiene que perder de vista el hecho de que la confección del abanico de posibilidades está en manos de los dirigentes más altos del partido, y contra eso parece que muy poco se puede hacer.
De cualquier modo, Rodríguez se presenta como esa opción que parece responder al dicho de "entre todos los males, el mejor", y en sus discursos, que desbordan un triunfalismo prematuro pero "equilibrado", sus propuestas aparecen un poco más variadas que las del candidato oficial. Rodríguez propone mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos reduciendo los costos de la canasta básica, aumentando el empleo, fomentando la participación de los jóvenes y las mujeres, y ayudando a los sectores pobres.
Estas propuestas dejan de lado los altos índices de corrupción en el Estado y el problema de la deuda interna, que actualmente es de 3600 millones de dólares y que mantiene estancada la economía del país. Los analistas sostienen que esa indefinición a la hora de proponer en base a los problemas reales es la causa de que los niveles de indecisión abarquen a casi la mitad de la población que votará el 1º de febrero.
En medio de este agitado panorama electoral, hay un hecho que parece estar dando signos de agotamiento: el bipartidismo que viene imperando en la política costarricense desde hace más de cuatro décadas. La sensación de que los otrora grandes contendientes ya no convencen a la población, ni en imagen ni en promesas, se vuelve cada vez más evidente. Aunque sería prematuro hablar del aparecimiento de una tercera fuerza electoral, capaz de agenciarse a futuro la confianza del pueblo y desplazar a estos dos institutos políticos, la necesidad de que el cuadro político se renueve integralmente se está abriendo paso a un ritmo acelerado. El gran problema al respecto es que esa posibilidad no se juega únicamente en la arena política, dado que la prominencia del PLN y del PUSC tiene sus raíces en el Estado mismo, que efectúa el pago de la deuda política en proporción al número que cada partido obtiene en cada ronda electoral. Así, el partido más poderoso también se define por la cantidad de capital con el que cuenta, con lo que se genera un círculo vicioso difícil de romper.
Dadas todas las condiciones arriba mencionadas, valdría
la pena preguntarse si el clima en el que se van a realizar los
comicios en Costa Rica goza en verdad de las condiciones óptimas
de participación política y respeto hacia el pluralismo,
necesarias para hablar de una democracia real. Tomando en cuenta
la crítica situación de corrupción y un estancamiento
económico lo suficientemente preocupante como para empezar
a hacer algo, las propuestas partidistas no parecen ofrecer nada
nuevo.
Dos días faltaban para la noche de navidad cuando los pobladores de la aldea Acteal, en Chiapas, fueron atacados a tiros y machetazos. Cinco horas duró la masacre en la que hubo un total de 45 muertos: 21 mujeres, 9 hombres,14 niños y un recién nacido. Además, hubo 31 heridos y unos 6 desaparecidos, como informaron testigos. Las víctimas del ataque fueron indígenas desplazados, simpatizantes zapatistas que estaban refugiados en esta comunidad del municipio de Chenalhó. Como efecto inmediato, el 29 de diciembre, agentes de la Procuraduría General de la República aseguraron haber rescatado de 2 comunidades indígenas de Chiapas (Puebla y Yashjemel) a unas 80 personas amenazadas de muerte por grupos paramilitares antizapatistas. En este contexto, cientos de indígenas del municipio de Chenalhó han abandonado el lugar para evitar ser blanco de estos grupos armados que están operando en la región.
Los atacantes del 22 de diciembre eran aproximadamente 60 hombres que, según fuentes que han seguido el caso, estaban armados con fusiles AK 47. Pese a que aún no existe una investigación minuciosa del delito, el alcalde de Chenalhó -quien es miembro prominente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)--, Jacinto Arias Cruz, se encuentra detenido por las autoridades, acusado de proporcionar los fusiles a los asesinos. Y es que, de acuerdo a la versión de testigos presenciales, los paramilitares eran campesinos miembros del PRI, quienes, supuestamente, desde principios de diciembre, amenazaban a los indígenas refugiados en Acteal. Al respecto, el presidente del PRI, Mariano Alcócer, aseguró que el partido no tenía ninguna relación con el ataque.
Lamentablemente, los grupos armados no pueden ser desenmascarados con facilidad, pues cuentan con el respaldo y la protección de funcionarios de las aldeas chiapanecas, casi todos miembros del PRI, e incluso de gobiernos locales.
Estos aseguran que las bandas paramilitares surgieron como defensa propia y para combatir la expansión zapatista. Para ellos, estas bandas son una "justificada respuesta al Ejercito de Liberación Nacional, EZLN ". Sin duda alguna, la región más pobre de México, Chiapas, se debate entre la guerra y la paz desde el 1 de enero de 1994, fecha en que se inició la lucha del EZLN en este Estado. Pero los enfrentamientos entre partidarios de los rebeldes y partidarios del gobierno mexicano se han recrudecido en los últimos siete meses. Obviamente, cada ofensiva realizada por uno de los dos bandos "se lleva de encuentro" a un buen número de vidas indígenas y viviendas, al tiempo que destruye las redes de convivencia entre los chiapanecos.
Sin embargo, el calvario del Estado de Chiapas no radica ni termina ahí. A esto hay que sumar el hecho de que los pobladores de la región deben enfrentarse a los terratenientes. Estos últimos, aliados con las autoridades locales del partido gobernante, condenan a los indígenas por simpatizar con los zapatistas. Por ende, no sólo son tratados casi como esclavos por los dueños de la tierras y no sólo carecen de derechos laborales, de viviendas dignas y buena alimentación, sino que, además, sus preferencias políticas los ponen en desventaja por no coincidir con las de los grupos sociales propietarios de las grandes haciendas.
En otras palabras, la vacilante estabilidad política y el inmutable esquema de patrón dominante y obrero sometido son parte del diario vivir de los indígenas desplazados. Diario vivir que ahora se oscurece más con una gran número de niños huérfanos, padres angustiados, muertos recordados y sobrevivientes sin hogar. Todos víctimas de la matanza del 22 de diciembre.
En cuanto a los 60 atacantes, existe la posibilidad de que pertenezcan a comandos paramilitares financiados por el partido oficial. También pudiera ser que los asesinos hubiesen sido armados por finqueros, los cuales durante muchos años han oprimido y subyugado la tierra y el trabajo en Chiapas. Pero esto no está tan claro todavía. Lo que sí es cierto es que, el 25 de diciembre, la oficina del procurador federal detuvo a 45 personas para ser interrogadas y que, el 1 de enero del presente año, autoridades mexicanas arrestaron a otros 6 sospechosos del delito. Pero, en concreto, no se sabe si son culpables y por qué son sospechosos. El Procurador General de México, Jorge Madrazo, explicó que los capturados están siendo procesados y tres de ellos son "presuntos autores intelectuales". El resto aún sigue libre.
La tragedia de los indígenas trajo a la luz pública el descuido y la indiferencia del Gobierno chiapaneco ante estas comunidades. La presidenta de la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, informó a una agencia periodística que el gobernador de Chiapas, César Ruíz Ferro, aceptó, el pasado 2 de diciembre, una solicitud hecha por la CNDH. Esta exigía que se "adoptaran medidas cautelares, apoyos materiales y servicios médicos" en este Estado del sureste mexicano. Roccatti aseguró que el gobierno de Chiapas en ningún momento llevó a cabo lo prometido. Tampoco se preocupó por la seguridad y el retorno pacífico de los desplazados a sus comunidades.
Por si esto fuera poco, las sospechas de que se reinicien los enfrentamientos armados entre el ejército mexicano y los zapatistas se hace más patente ante las recientes medidas tomadas por aquél. En efecto, después de la masacre, se desplazaron a Chiapas unos 5,000 soldados adicionales "con el propósito de reducir la cantidad de armas de fuego ilegales en el área", aseguraron fuentes militares. Como contraparte, la iglesia Católica de San Cristóbal de las Casas y el EZLN indicaron que "el Ejército está deteniendo y torturando a los indígenas y preguntando por el subcomandante Marcos". Según ellos, el ejército está cateando casas y sacando de ellas a los habitantes. Estas afirmaciones fueron oficialmente rechazadas por funcionarios militares y catalogadas como una "campaña de desinformación" para confundir a la opinión pública.
Por ahora, la vida en Chiapas es extremadamente insegura. La violencia es cada más indetenible y la paz, tan necesaria, se aleja por la irresponsabilidad y la poca voluntad política de los bandos en conflicto. Las conversaciones de paz tienen un año de estar estancadas y, aunque el Presidente de México, Ernesto Zedillo, aparentemente quiere renovar el diálogo con los zapatistas, las operaciones paramilitares hacen difícil el acercamiento entre las partes. El acuerdo de no agresión que debía cumplirse durante el período de negociación ha sido constantemente pisoteado.
Entonces, ¿dónde poner a la tan celebrada "democracia"
ganada en las elecciones del pasado 6 de julio de 1997? A la luz
de Chiapas, la democracia mexicana no es tan resplandeciente.
Mientras el Gobierno federal y los zapatistas no alcancen un punto
medio en la negociación no habrá democracia en México.
Zedillo tiene la difícil tarea de cumplir sus promesas
de paz e igualdad. De no llegar a un acuerdo de paz en el sureste
mexicano, la espiral de violencia seguirá expandiéndose
por los territorios del sur de México, haciendo más
difícil la vida de inmensos grupos sociales, especialmente
indígenas, cuya dignidad humana ha sido agraviada por terratenientes
y caciques desde tiempos inmemoriales.
Palabras pronunciadas por la señora procuradora para
la defensa de los derechos humanos, Dra. Victoria Marina Velásquez
de Avilés, al inaugurar el "Primer Encuentro Internacional
sobre Monitoreo Independiente en Maquilas", el 13 de enero
de 1998.
Buenos días señores de la mesa de honor, amigos visitantes, compañeros y compañeras de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos:
Quiero agradecer a las personas el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, que desarrolla su trabajo en el campo laboral de las maquilas que funcionan en nuestro país. En primer lugar, habría que preguntarnos: ¿qué es una empresa maquiladora? Este concepto ha generado muchas discusiones, pero podríamos decir "que son esquemas de producción basados en la fragmentación geográfica de determinados procesos industriales, en los que las etapas que requieren mayor participación de mano de obra son trasladadas a zonas con costos laborales más bajos que los del país del origen del capital".
En el fenómeno de las maquilas intervienen procesos de competencia comercial, reestructuración productiva a nivel internacional, avances tecnológicos, regímenes arancelarios, así como políticas de desarrollo e industrialización.
Se dice que su aparición la propició la creciente competencia entre las potencias industriales que trataban de disminuir sus costos, incrementar la productividad y optimizar los recursos; todo ello apoyado por una plataforma tecnológica, informática, procesos industriales y organización del trabajo. Su éxito se ha traducido en el desarrollo de verdaderos enclaves productivos de las grandes corporaciones multinacionales en diversas regiones del hemisferio sur.
En nuestro país este fenómeno se inicia a partir de 1974, durante el período presidencial de Arturo Armando Molina, estableciéndose la primera Zona Franca en San Bartolo; este proceso de incremento de "zonas francas" se paralizó cuando empezó la guerra civil en 1979, mientras que en otros países como Guatemala y República Dominicana el fenómeno adquirió un mayor auge. Para muchos este fenómeno se incrementó nuevamente en nuestro país durante 1992 ya que, como generadoras de empleo, las empresas maquileras se han considerado necesarias para la recuperación de la Nación. Según entendidos en la materia, este fenómeno toma una fuerza inusitada con la forma de un amenazante "dragón asiático".
El atractivo para los inversionistas en las maquilas comienza con la ventajas comparativas, traducidas en bajos salarios, facilidades de inversión, cercanía geográfica con el principal mercado para estos productos --Estados Unidos-- así como el agotamiento de las cuotas de los países asiáticos en el mercado estadounidense, que los lleva a aprovechar las oportunidades en estas zonas. Otra de las ventajas es que los gobiernos, en su afán de promocionar la inversión, ofrecen un ambiente "limpio" de problemas sindicales y es ahí donde el sindicalismo es tomado por sorpresa por la industria maquiladora.
De ahí también que se mantenga una actitud de rechazo ante cualquier intento de asociación sindical. Muchas veces la no aceptación del sindicalismo como un elemento de las relaciones laborales, ha llevado a las empresas maquiladoras a cerrar operaciones cuando el curso de los acontecimientos amenaza con la constitución de un sindicato. Las empresas vuelan de un día para otro --de ahí el nombre de "empresas golondrinas"-- para instalarse en otro país o cambian su razón social.
En nuestro país las empresas maquiladoras se han instalado en siete "zonas francas", produciendo más de 20,000 empleos directos y 68,000 empleos indirectos; es decir: ha generado fuentes de trabajo, pero a su vez se ha desarrollado una desconfianza mutua entre patrono y trabajador, que se traduce en un vacío de una cultura de paz y convivencia pacífica. Esto, por supuesto, es un generador de violaciones a los derechos humanos sobre todo los relativos a medio ambiente, salud, trabajo, seguridad social, etc.
1995 fue un año muy difícil para las y los trabajadores en las maquilas: hubo violencia, cierre de fábricas, despidos masivos, capturas, tomas de instalaciones, etc. Una de las empresas que más se vio afectada por este clima fue "El Mandarin", donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de sus colaboradores, estuvo mediando y fue por ello que los dueños de esta empresas --en un afán de mantener la misma-- entre otras alternativas buscaron una que, realmente, después de casi dos años de implementada, se ha convertido en la primera en su género en América Latina: la vigilancia del cumplimiento de los derechos y deberes laborales por una grupo independiente, representativo de la sociedad civil; en este caso formado por: el IDHUCA, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado , el Centro de Estudios del Trabajo (CENTRA) y la Arquidiócesis de San Salvador, cuyos representantes fueron muy creativos en la elaboración de mecanismos de control para mantener una relación laboral armónica.
Esta mañana asistimos a un primer evento donde ese Grupo de Monitoreo Independiente nos dará un informe de su trabajo, de sus logros, así como de los obstáculos para llevar a cabo su misión; pero, en la situación actual, esa experiencia cobra una gran relevancia sobre todo para aquellos que privilegiamos todo el potencial de la sociedad civil, en la participación y aporte en la solución de conflictos que nos atañen a todos. En estos momentos donde los procesos de globalización, de modernización se vuelven casi irreversibles, es necesario reivindicar la relación entre obrero y patrono, a través del respeto de los derechos humanos de las partes naturales de esa relación capital-trabajo.
Sabemos que en la economía global, la competitividad no sólo es de factores económicos y de innovación tecnológica; tiene, también, componentes jurídicos y políticos que hacen relación a la seguridad de los mercados, ya sean éstos de capitales, de bienes, de servicio, de trabajo, etc.. Estos componentes tienen que ver con la estabilidad. Un país con estabilidad jurídica --donde la administración de justicia es eficaz y autónoma-- es una garantía para la inversión, el respeto y la vigencia de los derechos humanos; es indispensable para disminuir el riesgo de una inversión.
La realización de los derechos políticos, de los derechos económicos y sociales que sólo pueden expresarse en un sistema democrático, donde la voluntad de las personas está sometida al imperio de la Ley, es también estabilidad de los mercados; existe pues, a nuestro criterio, una relación directa entre el respeto a los derechos humanos y las ventajas competitivas del país para hacer frente al proceso de modernización y globalización. Ni qué decir entonces de una política social adecuada como parte de la estabilidad de los mercados y de la competitividad de las empresas. Está demostrado que un país con enormes desigualdades económicas o con un conflicto social y laboral permanente o latente, donde incluso se recurre a la violencia, es un país con escasas posibilidades de inversión nacional y extranjera; es un país que pierde ventajas competitivas en la economía global.
Esta mañana, pues, damos por inaugurado este evento que --repito-- se constituye en único porque nos demuestra que sólo a través del entendimiento y respeto a la Ley se puede llegar a una armonía laboral tan necesaria en estos momentos en nuestro país. Es saludable también que patronos y trabajadores recuerden estas premisas:
1) No se debe privilegiar la materia prima inerte sobre la dignidad del ser humano.
2) Nunca estamos más cerca del disfrute de nuestros derechos que cuando cumplimos nuestro deberes.
3) Se debe recordar el artículo 96 de nuestra Constitución, que a la letra dice: "Los extranjeros desde el instante en que llegaren al territorio de la República estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades, obedecer las leyes y adquirirán derecho a ser protegidos por ellos..."
4) Y, por último, que sólo una justa relación laboral fundamenta la paz social.
Muchas gracias.
En el marco de los muchos acontecimientos que llamaron la atención de la opinión pública nacional a lo largo de 1997, uno de los casos más sonados fue el de las defraudaciones millonarias realizadas por los directivos de las financieras FINSEPRO e INSEPRO, así como la estafa de "Credi Club". En medio de esos escándalos, el 26 de julio se realizó la captura ilegal del empresario Mauricio Alberto Guirola Meardi, después de la determinación adoptada en el juzgado tercero de Paz de San Salvador, al señalar que existían "suficientes méritos" para ello. Así las cosas, el señor Guirola estuvo cautivo poco más de cuatro meses en las bartolinas de la división de investigación criminal (DIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).
No fue sino hasta el 10 de diciembre que --tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia-- la víctima pudo recuperar su libertad, estableciéndose que hubo violaciones al debido proceso ya que en el curso de las investigaciones se presentaron, de manera abundante, las pruebas pertinentes y éstas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades judiciales.
Debido a lo anterior, el cinco de enero del año en curso --en un acto de humildad sin precedentes-- el Fiscal General de la República, Manuel Córdova Castellanos, ofreció disculpas al señor Guirola y a su familia por haber ordenado dicha detención ilegal. "Quiero decirle --declaró Córdova, dirigiéndose a Elizabeth de Guirola-- y reconocer públicamente un error que la Fiscalía cometió en el caso de Mauricio Guirola". Además, el alto funcionario del Ministerio Público aceptó que hubieron deficiencias en las investigaciones contra varios directivos de la financiera "CrediClub" acusados de estafa.
"Siento que el caso --sostuvo-- debió haber sido investigado más y debieron haber revisado, por lo menos, el Registro de Comercio donde están registrados los documentos de juntas directivas y de las empresas, porque son documentos públicos que son fáciles de conseguir". A eso añadió que en las investigaciones iniciales sobre el caso, realizadas en junio del año pasado, hubo presiones; aunque, sin embargo, no especificó de dónde venían las mismas.
No cabe duda que la actuación de la Fiscalía General de la República merece nuestra atención y la del resto de personas e instituciones sociales preocupadas por la buena marcha del país. El hecho de que esta institución estatal no investigue de manera adecuada y cometa arbitrariedades, quizás por presiones provenientes de determinado sector porderoso, es muy lamentable; más aún si tomamos en cuenta que, dentro de poco tiempo, a ella le corresponderá un papel muy importante en la aplicación de la nueva legislación Penal y Procesal Penal. Sus deficiencias actuales, sin lugar a dudas, contribuyen a debilitar la confianza de la población en todo el sistema que tiene como tarea fundamental impartir justicia.
No obstante, el hecho de que su titular --el Fiscal General de
la República-- reconozca estos errores y tenga la capacidad
de ofrecer disculpas públicamente a las víctimas
de sus fallos, es una buena señal y anima a trabajar por
la profundización de los cambios en El Salvador. En la
medida en que se acepten y enmienden las fallas que, consciente
o inconscientemente, se cometen tan a menudo dentro de la administración
pública --en perjuicio de particulares y sobre todo de
la población más pobre-- se irá construyendo
un país más justo y democrático. Un país
en el que se imponga la ley mediante la participación de
la población y el adecuado funcionamiento de las instituciones
estatales, en favor de las necesidades de las y los salvadoreños.
Un país que viva realmente lo que se conoce como un Estado
democrático y participativo de Derecho.
