Año 18
número 791
enero 21
1998
ISSN 0259-9864
Editorial San Salvador y sus problemas
Economía Valoración económica de la propuesta de la Alcaldía de San Salvador
Economía Reflexiones sobre la propuesta de incremento de impuestos en el municipio de San Salvador
Sociedad La ciudad y la cultura
Sociedad La ciudad de los hombres
Derechos Humanos Justicia y paz
La ciudad de San Salvador es en la actualidad cotidianamente invivible. El caos vehicular, el hacinamiento peatonal, la basura, la contaminación, la inseguridad como resultado de la delincuencia, la ausencia de zonas verdes... El conjunto de estos males hacen de las visitas al centro de la ciudad -forzadas por las obligaciones laborales- una experiencia de supervivencia que pone en evidencia la destreza de los habitantes de la capital, o de quienes desde el interior del país se aventuran a transitar por sus calles y avenidas, para sortear las diferentes amenazas que los acechan a cada paso. Son tan graves los problemas que abaten a la capital del país que su solución no puede seguir siendo postergada durante más tiempo. Y, sin lugar a dudas, esa solución es competencia de todos los salvadoreños; de ahí que la toma de consciencia acerca de la necesidad de recuperar San Salvador -de hacer de la capital un lugar donde sea posible convivir humanamente, en un ambiente limpio y seguro- deba ser una meta inicial, en cuyo logro todos -medios de comunicación, universidades, escuelas, iglesias, partidos políticos y empresarios- debemos poner un gran empeño.
Entonces, lo primero es caer en la cuenta de que los problemas de San Salvador son competencia de todos los salvadoreños. Pero no basta con esto, puesto que de lo que se trata es de resolver esos problemas. Para ello se necesitan, ante todo, determinados recursos económicos; también se requiere de personal capacitado técnica y profesionalmente tanto para el diseño de los diagnósticos sociológicos, ambientales y sanitarios necesarios, como para la planeación e implementación de las políticas encaminadas a enfrentar, con las prioridades debidas, aquello que es más urgente tratar. ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿De dónde saldrán las personas más idóneas para administrarlos? ¿Dónde están los diagnósticos de San Salvador y dónde el esquema básico de políticas para enfrentar sus problemas?
Todas esas son preguntas difíciles y sensibles, sobre todo las que atañen a los recursos económicos y a los cuadros que administrarán esos recursos. La razón es sencilla: la primera, porque es seguro que afecte -vía incremento de impuestos-- los bolsillos de determinados sectores sociales; la segunda, porque no puede dejar de redituar créditos políticos a la administración que logre revertir algunos de los males más lacerantes de San Salvador. Así, la política y la economía entrecruzan sus intereses, los cuales, ciertamente, no pueden dejarse de lado a la hora de querer enfrentar los problemas nacionales más complejos. Estos suponen costos económicos inexorables; también suponen un tratamiento administrativo que, lejos de estar regido por criterios técnicos, lo está por criterios políticos. Es seguro que la incoherencia entre unos y otros dé al traste con los mejores planes y proyectos.
Precisamente, mucho de lo anterior está sucediendo con el proyecto de recuperación de San Salvador elaborado por la administración de Héctor Silva. Más allá de la racionalidad económica del mismo o de la importancia nacional que tiene la solución de los problemas capitalinos, el proyecto no sólo grava al sector económico más poderoso -el sector financiero--, sino que está siendo llevado a cabo por una administración vinculada estrechamente a la izquierda política, lo cual no pasa desapercibido para los presuntos afectados, quienes tienen fuertes lazos de unidad con el partido ARENA. Según la Cámara de Comercio, "la lógica de la Alcaldía es llevar a cabo un 'proyecto político' a cualquier costo, y obtener los medios de cualquier manera, sin importar el impacto adverso que pueda producir en la economía". Y, por supuesto, en un escenario preelectoral, los grupos de poder económico no van a estar dispuestos a contribuir al fortalecimiento de un "proyecto político" que consideran adverso. En el fondo, se trata de que la izquierda no pueda salir adelante con un plan que, de dar resultados positivos, pudiera ser usado en la campaña electoral de 1999.
Para los sectores de poder económico lo importante no es en cuánto se va a gravar a sus empresas; igual harían resistencia si los aumentos fueran dos o tres centavos más de lo que actualmente pagan. Con la propuesta tributaria de la alcaldía, lo que está en discusión para los sectores empresariales es la ventaja política que pudiera obtener la izquierda, en particular el FMLN. Al parecer, no se les ha cruzado por la cabeza a los asesores de la gran empresa que obstaculizar la recuperación de San Salvador puede ser también algo políticamente inapropiado; tampoco se han detenido a pensar que la posibilidad del fracaso en la solución de los problemas de la ciudad capital por parte de la actual administración municipal -dada la complejidad de los mismos y la premura con la que deben ser resueltos-- pudiera ser capitalizado políticamente por ARENA en las elecciones de 1999.
Lejos de tomar una posición prudente, los grandes empresarios han manifestado una oposición frontal al proyecto elaborado por las autoridades municipales de San Salvador. La prensa, burlando las normas éticas mínimas de la objetividad y la imparcialidad informativa, ha hecho eco de las posturas económicas y políticas de los sectores de poder económico, obviando dar la debida cobertura a la propuesta edilicia. Por su parte, el Presidente Armando Calderón Sol, pasando por encima de su compromiso con el bienestar de todos los salvadoreños, ha rechazado la iniciativa del equipo de Héctor Silva, poniendo en evidencia, una vez más, sus compromisos políticos y económicos.
La ética cívica es algo inexistente en El Salvador;
empresarios, políticos y medios de comunicación
dan muestras de la mayor insensatez cuando se trata de buscarle
solución a algún problema nacional. Lo primero que
se preguntan es a quién va a favorecer o a perjudicar políticamente
aquella solución, y obran en consecuencia: oponiéndose
y saboteando lo que consideran no favorable a su opción
política. Es por eso que el país no puede salir
del atolladero en el que se encuentra. No caen en la cuenta -al
parecer son incapaces de ello- de que obrando de esa manera condenan
a las actuales y futuras generaciones a vivir en un país
inhumano, inseguro y sucio.
La cuestión del desarrollo local y la descentralización del poder ha sido uno de los componentes del discurso gubernamental de nación, aunque no por ello ha sido una de sus principales líneas de acción. De hecho, la descentralización se contemplaba ya en el plan de desarrollo económico y social 1989-1994 del primer gobierno de ARENA, donde se consideraba que "para transformar al Estado en un ente dinámico, eficiente y que responda a una concepción democrática, [éste] debe descentralizar sus acciones, ya sea dentro de las instituciones que lo conforman o a través de una mayor participación de los gobiernos locales". Por su parte, el actual gobierno de ARENA va más lejos al expresar que, dentro de sus políticas sectoriales, buscará el desarrollo integral de los gobiernos municipales "[transformando] a las municipalidades en instituciones de servicio, con mentalidad empresarial, desarrollando mecanismos que las conviertan en instituciones eficientes y autofinanciables".
Pese a este discurso, durante 8 años de predominio de ARENA en la Asamblea Legislativa y en las Alcaldías, no se tomaron medidas de importancia para promover la descentralización, a no ser de declaratorias que nunca fueron cumplidas como la Ley General Tributaria Municipal. Recientemente, y a raíz del incremento del número de alcaldías y escaños legislativos en poder de la oposición política, se han planteado dos medidas de importancia para la descentralización: primero, la propuesta de asignar un 6% del presupuesto general de la nación para las administraciones edilicias; y, segundo, la propuesta de reformar la tabla de impuestos municipales propuesta por el concejo municipal de San Salvador. En ambos casos se ha mostrado claramente el desinterés del gobierno en este tipo de medidas, pero la propuesta de reforma a los impuestos municipales ha llegado a provocar reacciones adversas hasta en las gremiales empresariales.
El anteproyecto de Ley de Impuestos del Municipio de San Salvador
ha sido presentado ya a la Asamblea Legislativa y, aparentemente,
tiene posibilidades de ser aprobado, aunque no de superar el veto
presidencial. Con todo, resulta de interés revisar los
principales argumentos económicos para aceptar o rechazar
este proyecto, pues ello puede servir de punto de partida para
evaluar, sin apasionamientos políticos, las implicaciones
de modificar los impuestos municipales en San Salvador.
Las posturas
Entre los argumentos que se presentan para modificar las tablas de impuestos municipales de San Salvador destacan los de índole financiero, social y económico. En el aspecto financiero se señala la problemática del déficit de las finanzas públicas, del endeudamiento y de la carencia de recursos financieros para tecnificar y retribuir adecuadamente al personal municipal. En el aspecto social se señala la fuerte presión poblacional sobre los servicios municipales, la marginalidad social y otros aspectos relacionados como la delincuencia, la inseguridad y la contaminación ambiental. En el terreno económico se señalan obstáculos para la inversión privada producto del deterioro del centro de la ciudad, desempleo y sub-empleo. Según la propuesta municipal, "la ciudad capital no tiene ningún atractivo a la inversión nacional o externa, al turismo y en general a la realización de actividades económicas formales".
Frente a estos planteamientos, tanto el gobierno como la empresa privada han centrado sus señalamientos no tanto en cuestionar las necesidades financieras, sino en señalar posibles implicaciones negativas como: el carácter inflacionario de los impuestos, la carga excesiva para el sector empresarial podría generar mayor desempleo, la posible emigración de empresas y, en general, la inconveniencia de proceder a incrementar los impuestos en un momento en que apenas comienzan a revertirse las tendencias hacia la recesión económica.
La Cámara de Comercio e Industria, por ejemplo, señala
que el impuesto, por ser aplicable a los activos, podría
llegar a provocar descapitalizaciones de las empresas y caída
del empleo, además de que podría elevar los precios
de las casas, la gasolina, el transporte público, así
como las tarifas de los colegios y hospitales privados. Según
esta fuente, es un impuesto inflacionario porque provocará
una elevación en los costos de producción, los cuales
serán trasladados al consumidor generando mayor inflación,
alzas en las tasas de interés, mayores demandas salariales
y ruptura de la estabilidad económica. Similares posturas
mantienen gremiales del sector industrial, bancario y de la construcción.
Los impuestos municipales actuales
Actualmente, los impuestos municipales observan diferentes tasas impositivas dependiendo de la actividad económica y del valor de los activos de las empresas, observándose que las empresas con mayores activos pagan menores tasas de impuestos. Las empresas del sector financiero, las cuales poseen cerca del 63% de los activos totales, apenas aportan un 24.6% de los impuestos totales percibidos por la municipalidad y, a medida que las empresas poseen mayor nivel de activos imponibles, se reducen las tasas impositivas aplicables.
En el caso de las empresas comerciales las tasas varían desde un 1.75%, en el caso de las empresas con activos inferiores a los 10,000 colones, hasta sólo un 0.06%, en el caso de las empresas con activos superiores a los 15 millones de colones. Las empresas industriales, por otra parte, observan tasas que oscilan entre 1.05% y 0.06% y las empresas financieras enfrentan tasas de entre 1.21% y 0.02%. En promedio, las empresas comerciales pagan un 0.18%, las industriales un 0.16% y las empresas financieras un 0.04%.
Así, aunque porcentualmente las grandes empresas enfrenten tasas bajas en relación con las pequeñas, en realidad pagan mayores montos de dinero debido a que tienen mayor capital imponible. Así por ejemplo, las empresas industriales con capital mayor a los 15 millones de colones son las que más aportan (27.8% del total de impuestos a empresas industriales), pero a la vez, son las que pagan las tasas más bajas (0.06%).
La nueva propuesta impositiva de la Alcaldía de San Salvador se propone elevar las recaudaciones totales de impuestos desde un nivel de poco más de 57 millones de colones que se recaudan actualmente hasta un nivel de más de 237 millones de colones, lo cual implica un crecimiento porcentual de cerca de 309% y un cambio en relación con la propuesta preliminar (Proceso, 782). La tasa impositiva municipal promedio sería de 0.36%, lo cual implica que para las empresas que pagan las menores tasas (empresas financieras con activos imponibles mayores a los 100 millones de colones) la nueva alza implicaría incrementos en las tasas cercanos al 1,700%. Esto equivale a que las grandes empresas financieras del país (32 en total) pagarían 18 veces el impuesto que desembolsan actualmente. Por su parte, las grandes empresas industriales y comerciales (con activos imponibles mayores de 15 millones de colones) pagarían un 500% más. Es decir, el equivalente a 6 veces de lo que pagan actualmente.
En términos de cantidad de empresas afectadas puede establecerse lo siguiente: 5,697 pagarán menos y 814 empresas pagarán más; de estas últimas 314 son las que enfrentarán las alzas de 1,700% y 500% mencionadas arriba.
Como contrapartida, muchos sectores de la micro, pequeña
y mediana empresa verán reducidas significativamente las
tasas de impuestos municipales que gravan a sus actividades. En
el sector comercial, las empresas con activos imponibles de hasta
5 millones de colones verán reducir su aporte tributario;
en el financiero las empresas con capital de hasta 15 millones
de colones y en el industrial las empresas con capital imponible
de hasta 5 millones de colones.
Consideraciones
Evidentemente, una propuesta que afecta tan drásticamente los niveles impositivos de las empresas grandes y gigantes del país ha generado un importante movimiento de bloqueo al proyecto de impuestos municipales al que se han sumado los principales medios de comunicación y el partido de gobierno, influido fuertemente por el sector empresarial. Esto en realidad no sería de extrañar en un contexto donde la reforma tributaria realizada por el gobierno central ha tenido un espíritu diferente: disminuir los impuestos de los sectores con mayor capacidad económica.
La propuesta impositiva de la Alcaldía de San Salvador implica afectar a unas pocas empresas que controlan la mayor parte de los activos imponibles en San Salvador, lo cual tendría inevitables consecuencias sobre sus costos y, consecuentemente, sobre el nivel de precios y de las tasas de interés. Aunque no puede negarse que las empresas grandes y gigantes del país tienen amplios márgenes de ganancia, tampoco puede negarse que una propuesta impositiva como la que se examina provocará ajustes inmediatos en los precios de los productos de estas empresas. Inclusive podría esperarse que, debido a las arraigadas prácticas de especulación de precios del sector empresarial, hasta los precios de las empresas que pagarían menos impuestos sufrieran incrementos.
En realidad, la problemática financiera, social y económica que presenta el concejo municipal requiere de soluciones complicadas que, por ahora, se encuentran fuera de su alcance. La propuesta de modificación de los impuestos tiene como argumento contundente la necesidad de buscar alternativas de financiamiento de importantes proyectos municipales.
La mayor parte de los contra argumentos presentados por la empresa privada se han centrado en el impacto sobre la estabilidad económica del país. Suponiendo que esto sea verdad, cabría preguntarse si la estabilidad económica es un fin en sí mismo y ante el cual habría que sacrificar hasta las posibilidades de mejores condiciones de vida para la mayoría de la población y de menores impuestos municipales para las empresas con menores activos.
En los momentos en que se implementó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en que se incrementó su tasa en un 30%, también se esperaban, y se registraron, fuertes presiones inflacionarias que, sin embargo, no despertaron las susceptibilidades de la empresa privada. Muy probablemente ello se debió a que el IVA sólo lo iba a pagar el consumidor final; además, ello permitió a los empresarios incrementar injustificadamente los precios, aduciendo un inexistente incremento en sus costos.
Las presiones inflacionarias que resultarían del proyecto
impositivo de la alcaldía capitalina serían, con
todo, mucho menores que las resultantes del alza del IVA y podrían
dar paso a proyectos de desarrollo social que no han sido financiados
por el gobierno central, con todo y la introducción del
IVA y sus efectos desestabilizadores. En realidad, la viabilidad
de la propuesta de la Alcaldía de San Salvador no tiene
que ver con sus implicaciones económicas, sino con la posibilidad
de que la gran empresa acepte financiar proyectos de desarrollo
que, a final de cuentas, también traerían beneficios
políticos para la oposición.
El Concejo Municipal de San Salvador acordó presentar el
proyecto de ley de impuestos del municipio a la Asamblea Legislativa
el pasado siete de enero del presente año. Los sujetos
de este impuesto son las personas naturales o jurídicas
que realizan cualquier actividad económica en el municipio.
Sin embargo, quedan exentas de pagar este impuesto los establecimientos
ubicados al interior de los mercados municipales, las ventas ambulantes
informales y las ventas de temporada, ya que se encuentran sujetos
al pago de tasas municipales. También quedan exentas las
instituciones públicas dedicadas a la Seguridad Social,
la Universidad de El Salvador y las instituciones de educación
superior de utilidad pública. El impuesto se determinará
sobre el activo imponible, pagando una tasa del 0.36% anual. Las
personas naturales o jurídicas que no estén obligadas
a llevar contabilidad formal pagarán la décima parte
del salario mínimo anual o fracción, que este vigente
en la ciudad de San Salvador. ¿Por qué el Concejo
Municipal de San Salvador propone este proyecto de impuestos?
1. La necesidad de recursos financieros para realizar proyectos de inversión social y la modernización administrativa de la Alcaldía
El actual Concejo Municipal entró en funciones el pasado 1º de mayo de 1997. En sus primeros meses de funciones han realizado un diagnóstico de los principales problemas de la ciudad e identificado un conjunto de proyectos considerados prioritarios. Entre los proyectos que se buscan financiar con la mayor recaudación de impuestos se encuentran los siguientes: a) rehabilitación del centro de la ciudad (78 millones de colones); b) mejoramiento de mercados (10 millones); c) parques (46 millones); d) vigilancia (5 millones); e) alumbrado público (10 millones); f) actividades culturales (6 millones); g) barrido de calles: equipo, tecnificación y personal (6 millones); h) mecanización y modernización administrativa (17.5 millones); i) cambio de política laboral acorde a necesidades (10 millones); j) descentralización de servicios municipales (7 millones); k) remodelación y ampliación de locales (3.5 millones) y, l) obras sugeridas en las mesas de concertación barrial (245 millones).
El monto total de estos proyectos es de 444 millones de colones. Además, la Alcaldía tiene otros proyectos "autofinanciables", como el proyecto integral de desechos sólidos (525 millones de colones). Por otra parte, los representantes de la Alcaldía aseguran que ésta funciona con déficit y que actualmente tiene una deuda de 85 millones de colones. Por ello, consideran que no es responsable seguirse endeudando y que han realizado un esfuerzo por financiar algunos proyectos sin necesidad de recurrir a impuestos.
¿Qué podemos decir ante esta situación? Prácticamente
a ningún ciudadano le agrada pagar impuestos. Sin embargo,
son necesarios para financiar los servicios y obras que los gobiernos
deben realizar para mejorar el bienestar de la población.
Así, antes de proponer un proyecto de impuestos, los gobiernos
deben realizar un esfuerzo para concientizar a la población
de los principales desafíos que se enfrentarán y
lograr una concertación alrededor de las políticas
o proyectos a ejecutar. Por tanto, es muy importante mostrarles
a los ciudadanos los beneficios esperados de los proyectos y que
su dinero será administrado en forma honesta, efectiva
y eficiente. A nuestro juicio, la Alcaldía de San Salvador
no ha sido efectiva en mostrar los beneficios, debidamente cuantificados,
que se esperan de los proyectos de inversión. Más
aún, cuando presentan un largo listado de proyectos con
sus montos, sin especificar la calendarización de estas
obras, puede producirse el efecto de que los ciudadanos piensen
que la alcaldía no es realista con su capacidad de ejecución.
Acá la administración edilicia tiene un gran reto.
2. La tarifa de impuestos vigente es regresiva, compleja de administrar y anacrónica (fue establecida en 1979)
La actual tarifa de impuestos contiene 15 tramos diferentes, lo que dificulta su administración. La propuesta de la Alcaldía simplifica la estructura del impuesto al dejar sólo dos categorías: las empresas con activos desde 0.00 hasta 25,000 colones, las cuales pagarán la décima parte del salario mínimo anual; y, las empresas con valor de activos de 25,001 en adelante, que pagarán el 0.36% sobre el activo imponible.
La estructura del impuesto vigente es regresiva. Es decir, las
empresas con valores mayores de activos pagan relativamente menos
que las empresas con valores menores de activos. Por ejemplo,
una empresa comercial con valor de activos de 25,000 hasta 50,000
paga 1.06 colones por cada 100 colones de activos; mientras que
una empresa financiera con activos mayores a 100 millones de colones
paga dos centavos por cada 100 colones. Cabe destacar que un gran
número de empresas están actualmente pagando una
tasa mayor a la propuesta de 0.36% anual. El proyecto incluye
una tasa única con lo cual cada contribuyente pagará
proporcionalmente al valor de sus activos. Así, el impuesto
propuesto no es regresivo.
Podemos cuestionarnos, ¿qué problemas presenta el proyecto de impuestos?
Técnicamente es un impuesto inadecuado al tener como base imponible los activos, sin tomar en cuenta los pasivos de las empresas. El impuesto tiene un efecto cascada. Por ejemplo, un banco le presta un millón a un constructor, esto es un activo para el banco y un pasivo para el constructor. Se cobraría el impuesto al activo del banco. El constructor realiza un proyecto de tres casas, por un millón, que es un activo para él. Se cobraría nuevamente el impuesto sobre el activo generado por el constructor. Lo idóneo sería sustituir este impuesto sobre activos por un impuesto predial. Sin embargo, el impuesto predial requiere de un catastro. La Alcaldía no cuenta con un catastro actualizado, planea tenerlo en unos dos o tres años.
El número de empresas que actualmente pagan impuestos son aproximadamente 6,511. La Alcaldía debe hacer un gran esfuerzo por ampliar su base tributaria.
El mayor impacto del impuesto recae sobre un número reducido de empresas con altos valores de activos. Especialmente, los bancos con activos mayores a los 100 millones de colones experimentarían un incremento considerable. Sin embargo, no todos los bancos sufrirían un gran incremento, ya que algunos tienen agencias importantes en otros municipios no sujetos de este impuesto.
Según la teoría fiscal, este es un impuesto sobre la riqueza que se justifica, en parte, cuando la sociedad se preocupa por los efectos de la concentración de la riqueza sobre la distribución del poder político. Este tipo de impuesto ha perdido espacio político en El Salvador en la presente década. Por ejemplo, la reforma tributaria de la administración Cristiani eliminó el impuesto sobre el patrimonio, que era un impuesto a la riqueza. Se justificó la eliminación afirmando que sería sustituido por un impuesto predial a favor de los gobiernos locales, lo cual no se ha realizado todavía. Más aún, la actual estructura tributaria del gobierno central descansa sobre todo en el IVA, que es un impuesto regresivo. Así, en 1997, la recaudación del IVA significó el 61% de los ingresos tributarios del gobierno.
Ante esta situación, se deberían abrir espacios para impuestos progresivos, que toman una proporción creciente cuando el ingreso aumenta, sin llegar a tasas que afecten considerablemente la inversión. Los impuestos progresivos implican un sacrificio para los que tienen más ingresos y bienes. Juan Pablo II, en su mensaje para la jornada mundial de la paz del presente año, nos recuerda a los cristianos que: "una sociedad auténticamente solidaria se construye gracias al hecho de que quienes tienen bienes, para ayudar a los pobres, no se limiten a dar sólo de lo superfluo".
Algunos sectores han reaccionado expresando que este impuesto prácticamente creará un caos en la economía nacional. Consideramos que es una reacción exagerada y que es sano racionalizar la discusión para que se pueda entablar una negociación efectiva entre la Alcaldía y los sectores que se oponen a esta propuesta.
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Colaboración del Departamento de Economía de la
UCA
Las expresiones culturales superiores, aquellas que representan las expresiones más decantadas del espíritu humano, están indisolublemente unidas a la ciudad. De ahí el vínculo entre civilización y civitas (ciudad); entre urbanidad y urbe. Porque una ciudad es -o debería de ser, cuando menos- algo más que una aglomeración de personas, de recursos o de actividades económicas. Es cierto, el origen de la mayor parte de las ciudades se remonta al establecimiento de mercados. Ese es primariamente el lugar donde se reúne gente, para intercambiar primero, para convivir después. Pero una ciudad que deja huella en la historia, una ciudad que se convierte en civitas, para legar luego una porción de sí a una civilización, conlleva algo distinto, un salto de calidad. Aquí las personas ya no intercambian únicamente mercancías -en el sentido más restringido del término- para permitir su reproducción material. El intercambio civilizado implica bienes de otra índole, bienes que dan como resultado una vida más humanizada, más de acorde a ideales creados por el propio ser humano en su conquista de nuevos horizontes de libertad. La vida en el campo es la vida sujeta a los ciclos naturales. Sólo en la ciudad el ser humano puede aspirar a ser dueño de sí y sujeto de esta historia.
Estas reflexiones son oportunas a la hora de interrogarse sobre el estado actual de nuestra mayor ciudad, San Salvador. Porque el área metropolitana de la capital no sólo concentra la mayor cantidad de gente y recursos; contiene también la mayor acumulación de bienes culturales: es el asiento -acaso el único- de la mayor actividad científica y artística de nuestro país. La capital no sólo es el centro neurálgico de la economía y la política, se puede decir que es también la sede la conciencia que la nación tiene de sí, de su pasado, de su presente y su futuro.
Cabe preguntarse, entonces, si nuestra ciudad, como estructura física, como espacio, es el entorno más adecuado para el florecimiento de estas cualidades. Muchos no dudarán en responder negativamente. Para naturales y visitantes, San Salvador impacta como una ciudad "fea": desordenada, sucia, informe, desarticulada e insegura. Pero más allá de esta primera impresión, San Salvador es también una ciudad hostil y poco estimulante. Ofrece "poco que hacer", por ejemplo -algo que es elemental en todo ciudad que se precie de serlo- no invita a recorrer sus calles: los pocos edificios arquitectónicamente interesantes están arruinados, las aceras han sido tomadas por puestos de venta, hay humo, ruido, suciedad, miseria, por doquier. Pareciera que sus habitantes después de hacer las salidas que la sobrevivencia impone, no tienen más alternativa que volver rápidamente a su reducto privado y sumergirse en la televisión. Los más afortunados -y audaces- pueden darse el lujo de fin de semana de abandonar la ciudad y disfrutar las bondades de nuestro entorno campestre tropical -por lo demás, alarmantemente deteriorado-: ir a la playa, a la montaña, al campo.
Excepción a la regla podrían ser los distritos "elegantes" del Occidente capitalino: zonas construidas de acuerdo al canon suburbano norteamericano que aparecen más limpias y ordenadas. Sin embargo, aquí encontramos un mundo hecho a la medida del automóvil -y por lo tanto excluyente para la mayor parte de los habitantes de la ciudad-, pero encontramos, sobre todo, un ámbito urbano donde los espacios de encuentro, de intercambio entre los habitantes, están privatizados. No es ninguna novedad constatar que uno de los paseos favoritos de los capitalinos es recorrer los pasillos de los grandes centros comerciales calcados de los "shopping malls" norteamericanos. Aquí el ciudadano encuentra limpieza, seguridad, un entorno agradable y abundancia de ofertas de esparcimiento. Estas son razones innegables de su atractivo. Pero, por otra parte, son espacios organizados de acuerdo a los intereses económicos de los consorcios propietarios de estos centros y, por ello, muy difícilmente constituyen un entorno propio para potenciar una actividad cultural verdaderamente libre y orientada a la expansión espiritual de la población. Por ejemplo, los propietarios de los centros comerciales serán más proclives a organizar espectáculos infantiles copiados de la televisión -en estos días causó un verdadero furor el show de Mickey Mouse presentado en los principales "malls" capitalinos- que manifestaciones teatrales originales, imaginativas y significativas con respecto a la experiencia de los niños salvadoreños. Y están en su derecho. Porque el entorno adecuado para este manifestaciones no puede ser el espacio privatizado de los centros comerciales.
Aquí es donde tocamos el aspecto central de la ausencia de un entorno favorable a la cultura en nuestra ciudad: el deterioro de los espacios públicos. Por una serie de razones -entre las cuales destaca el conflicto social que desembocó en la guerra civil-, los espacios públicos en nuestro país se ha ido deteriorando ostensiblemente en los últimos veinte o treinta años. Nada más visible que la virtual extinción del centro capitalino. Y aquí no sólo cabe hablar del deterioro de edificación con valor arquitectónico o histórico, sino el creciente desdibujamiento del conjunto de todo ese espacio urbano. La planta urbana heredada de los siglos anteriores se ha visto erosionada por planes de "mejora" concebidos estrictamente en función de la circulación vehicular. Plazas enteras han desaparecido o se han desnaturalizado al punto de convertirse en muladares y guaridas de malhechores. Monumentos que constituyen referentes históricos fundamentales han desaparecido o han quedado cubiertos por edificiaciones de dudoso gusto. Gracias a todo esto, los salvadoreños no sólo hemos perdido un acerbo monumental, sino quizá algo más básico y fundamental para toda vida civilizada: un espacio físico donde toda la ciudadanía pueda concurrir.
En la década de 1970, los sectores medios y pudientes culminan su progresiva emigración hacia el Occidente de la capital. La agudización del conflicto social de los años subsiguientes sólo viene a acentuar el abandono de la zona central, capitalina. El terremoto de 1986 es el tiro de gracia. San Salvador pierde la zona que, por su acumulación arquitectónica y urbanística de varias décadas de historia nacional, estaba llamada a convertirse en el lugar privilegiado de encuentro entre sus distintos sectores sociales, en captar la variada riqueza que constituye toda vida urbana. A partir de entonces, tenemos no sólo una ciudad segregada, sino una ciudad empobrecida; material y espiritualmente hablando.
No es casualidad constatar que de esos años para acá, ha habido un gradual empobrecimiento de actividades culturales en nuestra ciudad. Pese a que, en los últimos años, entidades estatales como CONCULTURA y otras entidades privadas hacen notables esfuerzos, la reactivación de la vitalidad cultural de nuestra ciudad debe afrontar graves obstáculos. Por ejemplo, nuestra ciudad cuenta con un hermoso teatro nacional que exhibe frecuentemente espectáculos de gran calidad. Pero este espacio no puede desarrollar todo su potencial porque el entorno urbano peligroso y deteriorado aleja muchos espectadores potenciales. Problemas de otra índole se presentan en espectáculos desarrollados en zonas elegantes, pero inaccesibles para la mayoría de los habitantes. Muchos de estos obstáculos -las dificultades de transporte, la falta de costumbre de la ciudadanía de movilizarse por la ciudad en horas de ocio, el incremento de la inseguridad en la calles durante las horas nocturnas- están directamente relacionados con el deterioro de los espacios públicos y del carácter "urbano" de nuestra ciudad.
Lo que sufre directamente de esta situación es la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Una vida insegura, tediosa, pobre en contactos con otras personas, es una vida menos interesante de vivir. Pero, hay también aspectos que acaban por afectar la economía de nuestra nación. Por el momento, es claro que el área metropolitana de San Salvador carece de todo atractivo turístico y con ello se pierden ingresos y empleos. También San Salvador como entorno urbano no es lo suficiente estimulante para retener a individualidades talentosas -tanto nacionales y extranjeras- que podrían hacer aportes tangibles a nuestro desarrollo. No es raro escuchar que personas inteligentes y creativas cambien nuestra ciudad por la ciudad de México o alguna gran ciudad norteamericana por no encontrar un entorno estimulante. Todos estos aspectos deberían ser considerados por quienes diseñan nuestras políticas urbanas.
_________
Colaboración de Ricardo Roque Baldovinos, Departamento
de Letras de la UCA
La problemática de nuestra ciudad capital es competencia de todos. La alcaldía, el gobierno, las unidades ecológicas, grupos empresariales, ciudadanos y muchos otros sectores tienen su propia opinión, sus soluciones y objeciones según sean sus intereses. Sin embargo, hay una situación a la que no se le ha dado importancia y que, incluso, pareciera ser inexistente. Es el hecho de que la capital no es un lugar cómodo ni seguro para las mujeres.
Pese a que son estas últimas las que conforman la mayoría poblacional, la ciudad es predominantemente sexista y discriminatoria. Gran parte de los hombres promueven y practican actividades de signo masculino. No nos referimos a violaciones, golpes, chantaje sexual u otros delitos que también se dan a diario. Hablamos de esas prácticas cotidianas que realizan los hombres y que parecieran encaminadas a reforzar su "hombría". Es un hostigamiento verbal e incluso físico que ejercen ante la presencia de las mujeres. Palabras soeces, gestos vulgares y, a veces, contacto físico abusivo, entre otras cosas. Estos son sólo ejemplos de prácticas consuetudinarias a las que están expuestas las mujeres en la ciudad. Es un orden social aceptado e interiorizado al que se le da poca o ninguna importancia.
Las mujeres tienen poco que hacer al respecto, pues al tratar de defenderse, corren el riesgo de que el agravio sea aún peor. Estos son patrones socio-culturales que se reproducen constantemente y hacen que el sexo femenino se entienda como objeto o ,como se dice vulgarmente, como "mercancía para caballeros". Lo más preocupante es el hecho que para estas actividades masculinas no hay castigo, sanción o forma de prevención y las mujeres están cada vez más expuestas a esa formas de violencia verbal y física. Debido a la desatención que tiene este problema, cada día se vuelve más habitual y más permisible sin importar el grado de incomodidad o vergüenza que afrontan las mujeres.
Sin duda, podemos afirmar que la capital no es la misma para los hombres y las mujeres. Estas últimas tienen que enfrentarse a la violencia delincuencial que amenaza a todos y todas, pero, además, deben cuidarse de los hombres que asechan en cada esquina, en las paradas de buses, en los lugares públicos, siempre dispuestos a manifestar cualquier tipo de actitud agresiva hacia ellas. Ello no es visto como un problema social; no se toma en cuenta que son formas de violencia abiertas y cotidianas, que fácilmente se traducen en un verdadero acoso sexual, violaciones o daños psicológicos.
Debemos valorar el hecho de que el ritmo de vida actual exige
a las mujeres movilizarse o desplazarse cada vez más, debido
a sus múltiples actividades relacionadas con el mantenimiento
del hogar, la familia y el trabajo. Esto hace necesario tratar
la problemática de ciudad tomando en cuenta los intereses
de la mujer salvadoreña; es decir, considerando que el
entorno capitalino, con su violencia y sus inseguridades, las
golpea con particular fuerza.
Si a Usted le preguntan hoy cuáles son los hechos más recientes que conoce en relación a la figura de Juan Pablo II, seguramente de inmediato hablará de su tan publicitada visita a Cuba o quizás --como una segunda probabilidad-- se referirá al desmayo que sufrió hace unos días y que, con sobrada razón, preocupó a millones y millones de personas en el mundo. Tal vez pasen por su mente otros hechos de menor trascendencia, pero pensamos que muy difícilmente se le ocurrirá mencionar el mensaje de Su Santidad en ocasión de celebrarse otra de las ya tradicionales jornadas mundiales por la paz que, año con año, impulsa la Santa Sede. Lástima grande que sea así pero resulta lógico, ya que --fuera de alguna honrosa excepción-- ningún medio de difusión masiva dio a conocer ese documento tan importante, sobre todo para quienes viven y sufren en una región del mundo como la nuestra.
Pero como no resulta nada productivo instalarse en la impotencia y dedicarse sólo al lamento, sin hacer algo más concreto, ahora vamos a aprovechar este espacio para comentarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Su mismo título, el mensaje ya dice mucho y --sin necesidad de continuar leyendo el resto del mismo-- únicamente con él estaríamos en la posibilidad de elaborar buenas propuestas de solución a las problemáticas más graves que, sin lugar a dudas, aquejan a la mayoría de personas en América Latina. Vea Usted si no: "De la justicia de cada uno nace la paz para todos".
De entrada, sostiene que la justicia "se fundamenta en el respeto de los derechos humanos". Partiendo de ello, para el Pontífice --al igual que para todas las personas comprometidas con esa causa-- resulta "drámatico" constatar que, a escasos meses de conmemorarse el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus disposiciones se estén violando en forma clara y flagrante "por la opresión, la corrupción o, de manera más subrepticia, mediante el intento de reinterpretar, a veces distorsionando deliberadamente su sentido, las mismas definiciones contenidas" en ese documento básico dentro del derecho internacional.
Junto a ese claro señalamiento y basado en el reconocimiento exacto de su universalidad e indivisibilidad, el Papa rechaza "las críticas de quien intenta explotar el argumento de la especificidad cultural para cubrir violaciones a los derechos humanos, así como de quien empobrece el concepto de dignidad humana negando consistencia jurídica a los derechos económicos sociales y culturales".
De esa forma, con los pies bien puestos en esta tierra --ahora cada vez más "neoliberal" e injusta-- Juan Pablo II interroga a la población mundial y "ante todo a los Jefes de Estado" de la siguiente manera: "¿Cuáles serán las consecuencias de los cambios que actualmente se están produciendo? ¿Se podrán beneficiar todos de un mercado global? ¿Tendrán todos finalmente la posibilidad de gozar de la paz? ¿Serán más equitativas las relaciones entre los Estados o, por el contrario, la competencia económica, la rivalidad entre los pueblos y las naciones llevarán a la humanidad hacia una situación de inestabilidad aún mayor?".
Ante esa realidad --apabullantemente inevitable para algunas personas-- el máximo jerarca de la iglesia católica propone superarla mediante una "globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen", como un deber de justicia y no como un acto de caridad, teniendo en cuenta que la persona humana "debe ser el centro de cualquier proyecto social".
Tras afirmar que la deuda externa es uno de los obstáculos más grandes que enfrentan los pueblos del mundo y que impiden su bienestar, el Papa sostiene lo siguiente: "Si el objetivo es una globalización sin dejar a nadie al margen, ya no se puede tolerar un mundo en el que viven al lado el acaudalado y el miserable, menesterosos carentes incluso de lo esencial y gente que despilfarra sin recato aquello que otros necesitan desesperadamente". ¿Por qué? Pues porque tales contradicciones "son una afrenta a la dignidad de las personas".
En su mensaje, el Pontífice se refiere a otros problemas igualmente graves como el de la corrupción en las esferas de la administración pública, señalando que el "uso fraudulento del dinero público penaliza sobre todo a los pobres, que son los primeros en sufrir la privación de los servicios básicos indispensables para el desarrollo de la persona". Además puntualiza lo que llama "formas de injusticia especialmente graves", dentro de las cuales incluye explícitamente dos de ellas: la falta de acceso equitativo a los créditos, por un lado, y el incremento de la violencia contra mujeres, niñas y niños, por el otro.
Tras hacer un llamado a gobernantes, padres de familia y jóvenes en el sentido de contribuir cada quien desde su espacio, Juan Pablo II exige de todas y todos asumir y generalizar el espíritu de compartir. ¿A qué se refiere? A algo muy sencillo: "que se considere como un título de honor la posibilidad de dedicar los propios cuidados y atenciones a las necesidades de los hermanos en dificultad". Y finaliza diciendo: "Quien vive en la miseria no puede esperar más; tiene necesidad ahora y, por tanto, tiene derecho a recibir inmediatamente lo necesario".
Sin lugar a dudas, este mensaje se convierte en un fuerte respaldo para mucha de la gente que en todos los rincones del mundo dedicó y dedica valiosos esfuerzos cotidianos, muchas veces anónimos y riesgosos, para defender y promover los derechos humanos; porque, en definitiva, lo que se busca con este trabajo en favor de la justicia legal y es una sociedad en paz. Y, además, en El Salvador representa un gran reto para todas y todos sin distinción, pues existen deudas no saldadas ni siquiera con los compromisos que se establecieron en el acuerdo firmado hace ya seis años.
En ese sentido, cabe recordar que en su anterior mensaje en 1997 el Papa se refirió al necesario perdón como fundamento para la reconciliación social, pero sobre la base de la verdad y la justicia. Precisamente en ese campo --además del económico y social donde tanta gente sufre-- hay mucha tela que cortar en nuestro país. Para ciertas personas --sobre todo algunas de esas que añoran cada 16 de enero su protagonismo en Chapultepec, al lado de figuras como las de Carlos Salinas de Gortari, o de esas que arriaron sus antiguas banderas de lucha-- en El Salvador ya no se debe tocar el tema y acusan a quienes exigen justicia.de "echar sal en las heridas". Sin ser cierto lo de la sal, es esa una aceptación implícita de que existen las heridas y que están abiertas, sangrando y doliéndole a mucha gente que --por ejemplo-- aún busca a sus seres queridos que desaparecieron injusta y forzadamente.
Esos que desde el poder o con aspiraciones de alcanzarlo dicen
venerar la figura de Juan Pablo II, así como aquellos que
lo admiran por haber sido uno de las factores importantes para
derribar muros allá en Europa y que esperan de él
ser el artífice en Cuba de lo que nunca logró Estados
Unidos, deben revisar sus valores y darle el verdadero sentido
a las palabras justicia y paz, para hacerlos realidad.
El IDHUCA a continuación publica el informe sobre la
masacre de Acteal, Chiapas, elaborado por la misión organizada
por la red de organismos civiles "Todos los derechos para
todos" (16 de enero de 1998)
A. Considerando que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, que obligan a las partes a vigilar el respeto a los derechos humanos.
B. Observando con preocupación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a pesar de la amplia documentación existente, en la recomendación emitida por este organismo público exonera de responsabilidad al ex gobernador interino Julio César Ruíz Ferro y omite exigir el desarme de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas.
C. Profundamente preocupada e indignada porque las explicaciones ofrecidas por el Procurador General de la República son totalmente triviales, politizadas,insuficientes y difíciles de creer.
D. Consternada ante la impunidad de que gozan gobernadores que evidentemente han cometido hechos ilícitos y que la Procuraduría General de la República ha eludido investigar como Rubén Figueroa en la masacre de Aguas Blancas, Guerrero; Roberto Madrazo en el financiamiento ilegal de su campaña electoral en Tabasco y Ruíz Ferro en la Masacre de Acteal.
E. Sorprendida porque en la respuesta inmediata de la cancillería ante la resolución del Parlamento Europeo, sigue sin admitirse la responsabilidad federal en la masacre y sólo se señala que el gobierno mexicano nunca ha negado los hechos.
Esta Red:
1. Insta al gobierno mexicano a realizar una investigación profunda de los hechos ocurridos en la comunidad de Acteal, y de los demás hechos de violencia donde ha habido participación de grupos paramilitares, indagando el origen de los fondos, el armamento y el entrenamiento que han recibido estos grupos armados, castigando a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos ilícitos, e investigando cualquier responsabilidad civil y penal, por acción u omisión de autoridades estatales y federales en que hayan incurrido.
2. Conmina al gobierno mexicano a garantizar la atención inmediata de las víctimas y de los desplazados, su seguridad física, así como la reparación subsidiaria de los daños.
3. Exige al gobierno mexicano a proceder al desarme de los grupos paramilitares que operan en el país, y a la investigación de la procedencia de las armas, la organización y el castigo a los responsables materiales e intelectuales.
4. Llama al gobierno mexicano a que solicite a la Cruz Roja Internacional su presencia en el Estado de Chiapas, lo cual podría distender el clima de violencia que se viene dando en la entidad, y sería un medio neutral para hacer llegar la ayuda humanitaria a la zona.
5. Conmina al gobierno mexicano a evitar todas aquellas acciones que constituyan una violación a la Ley para la Conciliación, el Diálogo y la Paz digna en Chiapas.
6. Insta al gobierno mexicano a cumplir los Acuerdos de San Andrés, firmados en febrero de 1996, lo que posibilitaría la reanudación del diálogo de paz.
7. Exhorta al gobierno mexicano a llevar a cabo la remoción de elementos de las fuerzas armadas de las tareas civiles y a disminuir la presencia militar y retenes en todo el país, castigando a aquellos elementos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
8. Hace resaltar su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en México y la impunidad prevaleciente.
9. Subraya la necesidad de cambios que incluyan reformas al aparato de procuración y administración de justicia, particularmente:
La creación de un sistema judicial independiente en el cual se respete rigurosamente la presunción de inocencia de los detenidos y que incluya el establecimiento de una carrera profesional para los jueces.
La creación de cuerpos policiacos profesionales, que operen sin impunidad.
La implementación de las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, adoptadas el 30 de abril de 1997, que recomiendan la creación de procedimientos efectivos de control.
10. Reitera a las autoridades mexicanas su obligación brindar las condiciones que garanticen la seguridad y el desarrollo del trabajo de las ONG nacionales e internacionales y de los comunicadores en el país.
11. Insiste al Presidente Ernesto Zedillo que respete los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos, cumpliendo las recomendaciones emitidas por los Comités y Comisiones de la ONU y la OEA.
12. Conmina al gobierno mexicano a realizar la ratificación de los instrumentos internacionales para examinar las violaciones individuales.
13. Solicita a la Comisión Europea que se establezca el requisito de la realización de informes anuales sobre situación de derechos humanos, que incluya un mecanismo de consulta a las ONG's de los países partes del Acuerdo Político de Cooperación y Comercio entre la Unión Europea y México.
14. Pide a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y
al gobierno mexicano que estudien la posibilidad de implementar
de un acuerdo con un Relator Especial para México.
Presentamos a continuación el proyecto de impuestos
municipales elaborado por la administración de la Alcaldía
de San Salvador.
INTRODUCCION:
El Concejo Municipal de la Ciudad de San Salvador desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de buscar solución a los problemas urgentes de la ciudad capital e impulsar el desarrollo integral, sobre todo de los sectores más necesitados.
Con ese compromiso, como principal objetivo y con el apoyo de servicios de consultoría de expertos extranjeros y nacionales se logró un diagnóstico de la situación en que se encontraba la Administración Municipal y de las necesidades de la ciudad, puntualizando los múltiples problemas en las diversas áreas de su competencia como son: el manejo ineficiente de los desechos sólidos, la escasez de mercados, el desorden e inseguridad en la ciudad, la saturación en el cementerio; el Rastro Municipal deteriorado y antihigiénico y mucha necesidad de inversión social.
En el área administrativa: ineficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales, falta de capacitación del personal y uso de equipo antiguo e inservible.
Se determinó que no es posible atender eficientemente la demanda de la ciudad, sin los recursos económicos suficientes, por lo que se recomendó la revisión de las normas tributarias Municipales, las cuales además de ineficientes son complicadas en su aplicación, con una estructura injusta por ser regresiva, es decir, pagan más quienes tienen menos.
Las condiciones de hace diecisiete años, fecha en la cual la Junta Revolucionaria de Gobierno, emitió la actual Tarifa de Arbitrios Municipales, eran muy diferentes a las actuales, recordemos que en esa época la Banca estaba nacionalizada lo mismo sucedía con el comercio exterior y era comprensible la estructura de esa Tarifa.
En el tiempo transcurrido a partir de esa época han variado
dichas condiciones, por lo que se hizo necesario elaborar el nuevo
anteproyecto de Impuestos Municipales de la Ciudad de San Salvador.
JUSTIFICACION DEL PROYECTO
1-FINANCIERA
La Administración Municipal ha estado funcionando, desde hace varios años con un déficit presupuestario. El financiamiento para equilibrar el presupuesto anual se ha visto incrementado progresivamente a montos tan elevados, que al tomar posesión la presente administración existía un endeudamiento de aproximadamente ochenticinco millones de colones; financiamiento que fue adquirido en la Banca Nacional, Organismos Internacionales y Gobierno Central. La política de endeudamiento no contribuye a la sanidad financiera Municipal, sino por el contrario endeuda cada vez más a las generaciones futuras.
Esta situación de administración deficitaria hace imposible mejorar, en alguna medida, los servicios Municipales y satisfacer la demanda de inversión social, y además hace imposible elevar los niveles salariales del servidor público municipal, que constantemente exige justamente del Gobierno Municipal, aumentos en su remuneración y en las prestaciones sociales.
El personal que trabaja en la Administración del Municipio carece de capacitación adecuada para prestar un buen servicio al contribuyente y no tiene los recursos técnicos necesarios, para estar en condiciones de dar más agilidad a los tramites administrativos que diariamente demanda el contribuyente, con legítimo derecho, por lo que la inversión en esta área se hace impostergable.
Es innegable, que solo teniendo los recursos necesarios podrá
avanzarse en la desconcentración y modernización
administrativa municipal con un presupuesto adecuado para darle
a la ciudad una administración eficiente, oportuna y de
buena calidad.
2- SOCIAL
A raíz del conflicto que sufrió nuestro país se incremento la migración de las zonas rurales a los centros urbanos y la ciudad capital ha sido una en la que más se ha elevado el número de sus habitantes, llegando actualmente a rebasar la capacidad del Municipio para atender las demandas de servicio de la población.
El incremento poblacional, como es lógico, aumenta la demanda de servicios, existen en la periferia de la ciudad y en los lugares menos adecuados comunidades o asentamientos que demandan de la municipalidad mejores condiciones de vida; demandas que deben satisfacerse urgentemente.
El exceso poblacional y el desempleo han incrementado la delincuencia e inseguridad, que afecta a toda la población.
La contaminación ambiental deteriora gravemente la salud
de los habitantes en nuestra ciudad y también en este sentido
se ha rebasado la capacidad de las instituciones públicas
responsables; querer una ciudad segura saludable y con armonía
social, es un reto que la presente administración ha aceptado.
3- ECONOMICO
El deterioro permanente del centro de la ciudad ha desestimulando la inversión en actividades económicas por parte del sector privado, con todas sus consecuencias negativas ocasionando más desempleo, subempleo y la proliferación de las ventas estacionarias en la vía pública.
A las puertas de la globalización la ciudad capital no tiene ningún atractivo a la inversión nacional o externa, al turismo y en general a la realización de actividades económicas formales y debe adaptarse urgentemente a las demandas actuales.
El rescate del Centro Histórico de San Salvador y el ordenamiento
de las ventas callejeras, conviene no solo al sector empresarial
sino a los ciudadanos en general, la inversión en ese orden
es indiscutible.
4- LEGAL
La actual Tarifa de Arbitrios Municipales, decretada el quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve, y publicada en el Diario Oficial No. 191 tomo 265 de la misma fecha por la Junta Revolucionaria de Gobierno, integra una estructura de impuestos Municipales que además de ser de difícil y arbitraria aplicación es regresiva lo que contradice la misma Ley General Tributaria Municipal, en sus Artículos 27, 28 y 29 que expresan que las tarifas pueden establecerse en cuotas proporcionales o progresivas.
La Ley General Tributaria Municipal vigente fue aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa el día diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Diario Oficial 242 tomo 313 de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y uno.
En el Artículo 151 dice: " Los Municipios deberán modificar la estructura actual de sus sistemas tributarios, sustituyendo aquellos tributos de baja generación de ingresos por otros que generen una mayor recaudación para el debido cumplimiento de los fines del Municipio y con el objeto de simplificar, modernizar y hacer eficientes dichos sistemas. En los casos de creación de nuevos tributos o derogatoria de los ya existentes, deberá darse una justificación de tal medida en los estudios técnicos correspondientes".
En el Artículo 152 dice: "Los Municipios deberán revisar periódicamente sus correspondientes Leyes y Ordenanzas Tributarias, con el propósito de actualizarlos de conformidad a las condiciones de la realidad social económica imperante en el país".
Obedeciendo las disposiciones Legales ordenados por dicho cuerpo
legal, el actual Concejo Municipal ha resuelto presentar a la
Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Impuestos Municipales
de la Ciudad de San Salvador.
