Año 18
número 792
enero 28
1998
ISSN 0259-9864
Editorial El Salvador en la encrucijada
Política Los riesgos del Plan de Nación
Economía Valoración económica del Plan de Nación
Economía Plan de Nación ¿con globalización?
Sociedad Reflexiones ante las "Bases para el Plan de Nación"
Opinión Pública El Plan de Nación, los Acuerdos de Paz y la opinión pública
Derechos Humanos Seguridad y justicia: no prioritarias
Las "Bases para el Plan de Nación" proponen como objetivo último que la sociedad "esté bien, funcione bien y se sienta bien", para lo cual es necesario que todas las necesidades básicas estén satisfechas, que se multipliquen y aseguren las opciones actuales y futuras, que la energía individual y colectiva sea aprovechada y puesta a producir, que todos nos sintamos seguros y contribuyamos a crear una nueva cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, tolerancia, humanismo y respeto a las leyes, que vivamos en un país limpio y verde, abierto y sin fronteras y promotor de la integración regional.
De esta manera, la comisión presidencial autora del documento responde a una aspiración muy buscada desde hace mucho tiempo. El texto entregado al país es inteligible, plantea con claridad sus principales problemas, propone una serie de reformas, incluyendo cambios constitucionales, e invita al debate y a buscar entendimientos para impulsar los cambios necesarios. Todo esto parece indicar que existe conciencia clara sobre lo mal que va el país, sensibilidad por el malestar de la inmensa mayor parte de su población y visión sobre por dónde comenzar a avanzar hacia el bienestar nacional. Por lo tanto, la propuesta plantea un desafío que debe ser escuchado y al cual se debe responder positivamente.
Ahora bien, la propuesta es sólo un buen comienzo cuyo futuro depende de la superación de algunos obstáculos inevitables, pero que, en la medida en que vayan siendo vencidos, irán transformando a El Salvador en un país donde el bienestar de su población esté cada vez más garantizado.
El obstáculo principal que se levanta entre la situación actual y el futuro en el cual quisiéramos vivir es la pobreza estructural. Al concebir la pobreza como un mal estructural, los cambios necesarios para erradicarla deberán también ser estructurales; es decir, no basta con unas cuantas medidas aisladas y temporales, sino que es necesario un esfuerzo continuo y profundo de transformaciones de toda clase. De ahí la serie de compromisos que se plantean como indispensables para aproximar la meta propuesta y, sin duda, aquí comienzan las diferencias, unas de orden económico, otras de orden social y cultural.
La comisión presidencial repite algo evidente para una buena parte de la sociedad: El Salvador no se encuentra en el camino del bienestar social y, por consiguiente, tampoco en el del desarrollo. El crecimiento económico, en el que tanto insisten el gobierno y el sector privado, no es ni puede ser el fin del bienestar que se busca, sino sólo uno de sus componentes. Por eso, con la delicadeza de quien no desea herir la susceptibilidad del gobierno ni de la empresa privada, advierte que dicho crecimiento, considerado de manera aislada, "puede llegar" a favorecer el mantenimiento de la pobreza, el deterioro del medio ambiente, el desequilibrio regional y una capacidad productiva débil. Quien conoce medianamente la realidad del país sabe que no hay que esperar para que estas predicciones se cumplan, porque éstas ya se han cumplido.
Habría, entonces, que abandonar el concepto reduccionista de modernización, limitado a la estabilidad de unos cuantos índices macroeconómicos, al crecimiento económico de unos pocos y a la privatización de la propiedad estatal y las pensiones. Pocos estarán en desacuerdo con la búsqueda del bienestar social, aun entendido de una manera estructural y totalizadora. A quienes todavía se resisten a abrir los ojos a la realidad, la comisión presidencial les recuerda que la guerra civil fue precedida por casi treinta años de crecimiento económico. Si la rigidez del intervencionismo estatal no es solución, tampoco lo es el rebalse económico, una mera ilusión.
La paz, tal como Juan Pablo II repite insistentemente en estos últimos tiempos, exige, económica y políticamente, la erradicación de la pobreza. La conflictividad social derivada de la pobreza atenta contra la estabilidad política e impide el pleno aprovechamiento de las capacidades y potencialidades productivas; es decir, actúa en contra de los intereses mismos del capital. Por lo tanto, los cambios estructurales, a mediano y largo plazo, también serán beneficiosos para el sector privado, el más cerrado a ese futuro de bienestar para todos.
El contenido y las implicaciones de la propuesta representan otro gran obstáculo que ésta enfrenta para poder llegar a convertirse en el instrumento que quiere ser. La propuesta tiene dos destinatarios explícitamente mencionados, las fuerzas que detentan el poder de decisión y la sociedad. Es fácil imaginar la reacción positiva de ésta última, sobre todo si llega a comprender que se trata de garantizar su propio bienestar. Sin embargo, es previsible que, sin una conversión a los verdaderos intereses nacionales, el poder político y económico establecido no se mostrará dispuesto a aceptar el diagnóstico presentado ni a discutir las propuestas planteadas. Las polémicas sobre la nueva tarifa impositiva de la alcaldía de San Salvador y el presupuesto nacional son dos buenos ejemplos actuales de lo que podemos esperar del poder establecido.
La sociedad podría, entonces, asumir la iniciativa y presionar; pero, a no ser que ocurran cambios imprevisibles, ésta se encuentra desarticulada y no sería extraño que a su debilidad se sumara su escepticismo al observar la insensibilidad del poder establecido. En este sentido, llama la atención que ni siquiera el mismo Presidente Calderón Sol, quien pidió las "Bases para el Plan de Nación", las haya hecho suyas. Esto es muy importante, porque muchas de sus propuestas deben ser impulsadas por el gobierno y éste tampoco las ha asumido. Sus actuaciones muestran que no se siente comprometido con el nuevo rumbo que el Presidente Calderón Sol pareciera querer dar al final de su mandato. La propuesta corre el grave peligro de haber nacido muerta.
Hasta ahora, pocos se han atrevido a desautorizar o cuestionar
la propuesta. Se asegura que es importante, se habla de esfuerzo
conjunto y de consensos necesarios. Pero nadie se ha atrevido
a afirmar qué hará para que sus ideales se vuelvan
realidad. El Salvador se encuentra otra vez ante una encrucijada
histórica. Ante sí tiene la posibilidad de avanzar
hacia los cambios que garanticen el bienestar de su población
u optar por más pobreza e inseguridad social para todos.
Básicamente, fueron dos las cosas que pudieron constatarse tras el nombramiento, en mayo del año pasado, de la Comisión Nacional de Desarrollo: en primer lugar, que la supresión del Ministerio de Planificación había sido un error; y, en segundo lugar, que el gobierno arenero carecía por completo no sólo de un plan de nación que orientara su gestión administrativa, sino también de la idea mínima de hacia donde dirigir los esfuerzos de la transición democrática. Que, después de tres años de gestión, Calderón Sol se viera en la necesidad de acudir a un grupo de personas ajenas a su gabinete para desarrollar un plan de desarrollo nacional dejaba mucho que desear de su desempeño en el ejecutivo.
Y es que desde los primeros meses de su administración fue evidente que a su gobierno le hacía falta una propuesta seria, global, de largo alcance, que diera fe de un interés real por impulsar al país hacia el desarrollo sostenible. Ese vacío fue rápidamente percibido por la población y fue lo que, entre otros factores, provocó el resquebrajamiento del poder arenero en las elecciones de marzo de 1997. Es comprensible entonces que el nombramiento de la Comisión se haya dado justo en el momento en el que los alcaldes y diputados, recién electos entonces, tomaban posesión de sus cargos. Ahora bien, como se explicó en anteriores oportunidades, dicho nombramiento coincidió también con la necesidad de conseguir el consenso suficiente para impulsar el plan socio-economómico sugerido por el Banco Mundial. Es probable que, dispuesto como estaba a llevar a cabo esta propuesta y consciente de la resistencia que encontraría en los distintos sectores de la sociedad, el gobierno de Calderón Sol depositara en la Comisión de Desarrollo la esperanza que las "Bases para el Plan de Nación" emanadas de ella sirvieran de intermediación entre la sociedad civil y las sugerencias del Banco Mundial.
En principio, habrá que mencionar el inmenso optimismo y aceptación con que fue recibido por la clase política el documento. Sus redactores han hecho énfasis en afirmar que el mismo pretende ser un esbozo o un material de trabajo que permita a los diversos grupos sociales partir de él para iniciar la elaboración de un plan nacional definitivo. Por otra parte, el Presidente de la República presentó el documento como la continuación de los Acuerdos de Paz, como el planteamiento de un segundo acuerdo destinado a hacer concordar a la población salvadoreña en aquellos aspectos en los que los primeros acuerdos no se ocuparon.
Pues bien, que las "Bases para el Plan de Nación" hayan sido recibidas con optimismo y beneplácito por parte del sector político no puede dejar de considerarse positivo. Significa, entre otras cosas, que el objetivo de lograr una propuesta que trascendiera los inmediatismos y los intereses particulares de los partidos se logró. El documento redactado por la Comisión de Desarrollo recoge, clara y concisamente, los puntos medulares del desarrollo sostenible en El Salvador. Se trataba, como lo señalara Salvador Samayoa --integrante de la comisión--, de focalizar los temas en torno a los cuales debe girar el debate político. Es por eso que el hecho de que, en su gran mayoría, los políticos se muestren a favor del documento, es alentador, pues da pie a pensar que, al menos en lo que a aspectos a tratar se refiere, existe un nivel de consenso significativo.
Sin embargo, aunque no hay que olvidar que la formulación de las "Bases para..." comprende apenas la primera fase de un proceso que implica tres etapas, los planteamientos que en el plano político expresa el documento se limitan al área administrativa, dejando de lado la pregunta fundamental sobre cómo enfrentar el problema de la "pobreza estructural", aspecto en el que, a pesar de lo anterior, se pone mucho énfasis a lo largo de la propuesta.
Consolidación de la democracia, reforma electoral y Ley
de Partidos Políticos, redefinición de rol del Estado,
garantía de moralidad pública y participación
ciudadana son algunos de los aspectos en los que repara el texto
elaborado por la Comisión de Desarrollo. Y, si bien no
se puede negar que muchas de las iniciativas allí plasmadas
urgen de una pronta puesta en práctica, también
hay que señalar que algunas de sus ideas son producto de
abstracciones y generalizaciones que fácilmente pueden
desembocar en la más burda politización o partidización.
De la manera en la que los partidos políticos asuman las
sugerencias provenientes de las "Bases para el Plan de Nación"
y de la seriedad y compromiso con las que decidan llevarlas a
cabo depende el éxito o fracaso de los planteamientos socio-políticos
emanados de la Comisión de Desarrollo.
Después de varios meses de trabajo, la Comisión Nacional de Desarrollo, creada por el Presidente Armando Calderón Sol para elaborar una propuesta de plan de desarrollo, dio a conocer el documento "Bases para el Plan de Nación", con el cual se estaría dando respuesta al encargo presidencial.
Este documento representa un importante esfuerzo por avanzar en un plan de nación no partidario, enfocado a solucionar los problemas de marginación económica y social; sin embargo, no es un plan de gobierno con políticas definidas. En realidad, el documento se limita a proponer ejes temáticos alrededor de los cuales debería centrarse la discusión de un plan de desarrollo. Este parece ser su aporte más importante, tal como lo reconoce la Comisión Nacional de Desarrollo al señalar que lo que se persigue es "la suscripción de un Acuerdo Nacional, que sea la base para la formulación de planes y programas de mediano y largo plazo; al mismo tiempo que posibilite elevar el nivel de compromiso y participación ciudadana".
En el documento se rechaza la idea de que el mercado, por sí mismo, es capaz de garantizar una asignación eficiente y equitativa de los recursos necesaria para el desarrollo. Por el contrario, se sugieren áreas de discusión en donde los resultados de la política neoliberal no muestran resultados positivos, tales como el fomento de las actividades productivas, incremento del empleo y los salarios, y el mejoramiento de las satisfacción de las necesidades básicas. Más importante que lo anterior es que el documento representa la oportunidad de avanzar, más o menos rápidamente, hacia una propuesta de desarrollo concertada y que beneficie a los sectores mayoritarios del país, dejando de lado la ideología del partido de gobierno en turno. En lo que sigue se trata de contrastar la realidad económica del país con las bases económicas propuestas por la Comisión de Desarrollo, con el objetivo de avanzar hacia posibles áreas fundamentales que deberían ser tratadas por la política económica y social.
Uno de los cuestionamientos más fuertes al estilo de crecimiento económico de la década de 1990 ha sido la contracción del sector agropecuario que aquél ha generado. Durante esta década, las mayores tasas de crecimiento han estado concentradas en el sector financiero y comercial, mientras que el sector agropecuario ha crecido a tasas relativamente bajas y en muchos años ha experimentado contracciones de su producción. Entre 1990 y 1996, el sector agropecuario ha perdido importancia dentro del Producto Interno Bruto (PIB), pasando de representar un 17.1% a representar un 13.6%. Por su parte, la industria, aunque también ha enfrentado substanciales reducciones en sus tasas de crecimiento, ha logrado mantener su importancia dentro de la composición del PIB en niveles superiores al 20%.
En sintonía con el comportamiento recesivo y de estancamiento en los sectores agropecuario e industrial, las exportaciones tradicionales han decaído sin que las no tradicionales hayan logrado reemplazarlas. Han sido las exportaciones de maquila de ropa, realizada por extranjeros en zonas francas y recintos fiscales, las que han permitido que las exportaciones totales crezcan. Un problema adicional se plantea al considerar que los empleos generados por las maquilas ofrecen, al igual que el sector informal, bajos salarios y desfavorables condiciones de trabajo.
Otro fenómeno que no es nuevo, pero que también ha estado asociado a las dinámicas económicas de la década de 1990, es la proliferación del sector informal urbano, el cual alberga a buena parte de la población económicamente activa y ofrece bajas remuneraciones, inestabilidad laboral y deficientes condiciones de trabajo. Este importante sector ha encontrado un espacio económico en el cual reproducirse, al margen del sector formal de la economía.
A nivel de las finanzas públicas, un problema grave se plantea debido a la insuficiencia de los ingresos tributarios para cubrir satisfactoriamente los requerimientos del gasto público, pese a que se ha realizado una reforma tributaria de corte regresivo, en la cual se grava en mayor proporción a los sectores de menores ingresos.
Sin menospreciar los problemas mencionados arriba, uno de los escollos más importantes para el desarrollo es la distribución del valor agregado. Los beneficios del crecimiento difícilmente mejorarán las condiciones sociales si éste no se traduce en mayores remuneraciones para los trabajadores. Según la Matriz Insumo Producto de 1978 y 1990, para 1978 un 53.05% del valor agregado era para excedente de explotación de los empresarios y un 36.12% para remuneraciones; para 1990 los excedentes de los empresarios se elevaron hasta un 59.3% del valor agregado y las remuneraciones se redujeron a solamente un 30.52% del mismo valor.
El salario mínimo vigente para el área urbana, el cual es superior a los pagados en actividades agropecuarias, apenas alcanza para cubrir una quinta parte de la canasta básica de bienes y un 80% de los requerimientos promedio de alimentos de una familia de 4.54 miembros. No es de extrañarse, entonces, encontrar indicadores de pobreza de más del 50%, niveles de analfabetismo del 18%, bajos niveles de escolaridad, prevalencia de enfermedades respiratorias e intestinales y un alto déficit habitacional.
Sobre las "Bases para el Plan de Nación" podría señalarse que, al menos a nivel general, tocan aspectos medulares para el desarrollo, como son los siguientes: los ejes prioritarios del crecimiento, la integración productiva de la micro y pequeña empresa, la reforma fiscal, la estabilidad macroeconómica, los compromisos en el sector financiero, la importancia de una nueva cultura obrero-empresarial y la satisfacción las necesidades básicas de la población.
La ausencia de un sector estratégico generador de crecimiento, empleo y exportaciones, aunque no ha sido declarado como parte del diagnóstico del documento de la Comisión Nacional de Desarrollo, está implícito en las medidas que se proponen. Falta aún en la propuesta un mayor nivel de precisión sobre las medidas específicas que deberían impulsarse.
El documento que se examina ha hecho abstracción de muchas recomendaciones que no requieren de mayor argumentación y discusión y que podrían adoptarse sin mayor demora. Por ejemplo, la necesidad de fomentar el crecimiento de los sectores agropecuario e industrial y de promover una redistribución del valor agregado, sin la cual los modelos de crecimiento se mostrarán poco efectivos para mejorar la satisfacción de las necesidades básicas.
El plan de nación representa un primer aporte para la búsqueda de una política económica más definida, sin absolutizar el mercado y con una considerable intervención del Estado en la orientación del crecimiento económico y la distribución de los beneficios.
Sin pretender restar méritos a las "Bases para…", cabe señalar la urgencia de que el presente gobierno asuma ya los primeros retos del desarrollo, tales como el estímulo de polos endógenos de crecimiento (agro e industria), el mejoramiento de los salarios e ingresos de los sectores trabajadores y la adopción de una política social más agresiva en lo referente a la salud, la educación y la vivienda. Lo anterior implicaría tocar temas de poca viabilidad política -debido a los poderosos intereses que involucra-- y, por ello, de difícil implementación.
Una medida de corto plazo que debería y podría ser
llevada a cabo por el gobierno es el incremento substancial del
presupuesto destinado para el desarrollo social, como una forma
de mitigar la extensa insatisfacción de las necesidades
básicas.
Este comentario se centra en el título y en la pertinencia del título "Bases para el Plan de Nación" en un contexto de globalización. A primera vista el título dice más que el contenido del documento y, sin embargo, es un deseo de muchas naciones. El problema y la razón es que en un entorno de globalización neoliberal una de las posibles víctimas llamadas a menguar o desaparecer es el Estado nacional. El Dr. Maza Zavala lo expresa en forma contundente al exponer la etapa final de la globalización: "es decir, el mundo como un espacio abierto, el mundo como una totalidad, el mundo como el escenario para un juego estratégico en el cual se abstraen las fronteras, se abstraen los intereses nacionales, y todo se constituye en el juego de las grandes fuerzas del mercado mundial. Esta es la etapa que corresponde al neoliberalismo: abatir las fronteras nacionales. Proteccionismo, no; preferencia al mercado interno, no; planificación nacional, no; regulación de la inversión extranjera, no; soberanía monetaria nacional, no. Apertura, abatimiento de cualquier obstáculo a la movilización de factores, mercancías, capitales, adscripción incondicional a los cambios emergentes de los centros mundiales de desarrollo, totalización del juego estratégico; esto es la etapa de la globalización" (Desarrollo Indoamericano, N° 100; p.47)
En artículo más breve y reciente, Arthur Schlesinger, quien fuera asesor del presidente John F. Kennedy, condensa la devaluación de la identidad nacional. "Un objetivo de la creatividad capitalista es la economía globalizada. Un candidato --no previsto-- para la destrucción capitalista es el Estado nacional, tradicional asiento de la democracia. El ordenador convierte el mercado sin trabas en un monstruo global irresistible que atraviesa las fronteras, debilita los poderes nacionales de implementación de impuestos y regulaciones, impide la gestión nacional de las tasas de interés e intercambio, amplia las disparidades de riqueza lo mismo dentro de las naciones que entre ellas, derrumba las normas laborales, degrada el medio ambiente, niega a las naciones el poder de dar forma a su propio destino económico, sin dar cuenta a nadie y crea una economía mundial sin una política mundial. El ciberespacio está más allá del control nacional. No existen autoridades que proporcionen control internacional. ¿Dónde está la democracia?" (Política Exterior. N° 60; p. 137).
Frank Hinkelammert vendría a cuestionar el significado de este título. "Esta globalización se basa en la libertad de los flujos de mercancías y capitales y en la ausencia de intervenciones estatales u otros en estos flujos. Eso no implica de ninguna manera una ausencia del Estado. La globalización no es posible sin una acción constante y decidida. Sin embargo, los Estados ahora funcionan sobre todo como instancia de la globalización que debe facilitar los flujos de mercancías y capitales y fomentarlos por subvenciones inmensas y que en tamaño superan la cantidad de subvenciones que el Estado social jamás haya efectuado. Solamente en esta forma se considera la competencia como el verdadero motor de la globalización y la victoria de la competencia como eficiencia" (ECA.1997; p.804).
No tenemos la impresión de que se hayan formulado estos interrogantes al presentar los lineamientos de Plan de Nación, porque incluso se percibe como algo conveniente integrarse, con los brazos abiertos, en el proceso de globalización. Por lo menos, no se percibe en ninguna de sus páginas que el "huracán de la globalización" profundiza aún más la pobreza estructural, la marginación y la desigualdad social. Pese a esta difuminación de la realidad mundial, se legitima el título de Plan de Nación si escuchamos autorizados testimonios que nos llegan de los mismos países desarrollados. A. Schlesinger hace algunas reflexiones medio proféticas. "El mundo de hoy está desgarrado en direcciones opuestas. La globalización ocupa el puesto de mando y dirige a la humanidad, pero --al mismo tiempo-- impulsa a las personas a buscar refugio frente a sus poderosas fuerzas, que están más allá de su control y comprensión. Se retiran a unidades familiares, inteligibles, protectoras. Ansían la política de la identidad. Cuanto más rápidamente se integra el mundo, más personas se refugiarán en sus enclaves religiosos, étnicos o tribales. La integración y la desintegración se alimentan mútuamente".
Junto a la resistencia pasiva es previsible esperar reacciones de rechazo y enfrentamiento. "El capitalismo también seguirá dando bandazos, pero la ideología del laissez-faire probablemente se desvanecerá cuando los capitalistas descubran la serie de perturbaciones que el mercado sin trabas no puede resolver o incluso agravar. El capitalismo salvaje, con salarios bajos, jornada larga y trabajadores explotados, provoca el resentimiento social, resucita la guerra de clases y da nueva vida al marxismo. Para avanzar por senderos constructivos, el capitalismo debe subordinar los planes y beneficios a corto plazo a necesidades sociales de largo plazo, como las inversiones en educación, investigación y desarrollo, protección del medio ambiente, ampliación de la sanidad, rehabilitación de infraestructuras y recuperación de las ciudades. No es probable que los capitalistas lo hagan por sí mismos. Las perspectivas de largo plazo exigen una dirección pública". Estas reflexiones nos llegan desde los EEUU...
A.Torraine, director del Instituto de Estudios Superiores de París, complementa la respuesta. "Pero ¿quién puede ejercer este control cuando se nos repite constantemente que los Estados nacionales han perdido su poder y se han vuelto impotentes frente a la mundialización de los mercados? Esta afirmación exige dos respuestas. La primera, que esto es falso en gran medida. Cuanto más compleja y cambiante es una economía, más difícil es lograr un crecimiento duradero, y la importancia de esta idea proviene de que muestra hasta qué punto los equilibrios internos de una sociedad se han convertido en condiciones necesarias para el crecimiento de una economía. Estos equilibrios sociales no se mantienen espontáneamente: al contrario, la economía de mercado crea desequilibrios y fuerzas de acumulación y de exclusión que amenazan a los equilibrios básicos de la sociedad. Estos, para ser restablecidos, requieren la intervención del Estado y de otros agentes propiamente políticos y sociales.
La segunda respuesta es que los centros políticos de decisión sólo pueden luchar contra ciertas consecuencias de la economía de mercado si son forzados a intervenir por demandas sociales organizadas, que se expresan por la vía electoral, a través de los medios de comunicación y, más directamente aún, bajo la forma de movimientos sociales organizados. Desde hace algunos años vemos aumentar en Europa occidental el número de gobiernos de centro-izquierda. Actualmente, sólo Alemania y España permanecen alejadas de este modelo dominante...La misma tendencia se manifiesta en los grandes países de América Latina, como México, que ha elegido a Cárdenas para la alcaldía de la ciudad de México, o Argentina, donde la candidatura de Frepaso, partido de izquierda, ha obtenido la alcaldía de Buenos Aires, e incluso Chile, donde el candidato mejor situado para la próxima elección presidencial es el jefe de un partido de izquierda" (El País, 10 diciembre de 1997).
Un título puede leerse de diversas formas, pero el título
de Plan de Nación esconde distintas opciones, sobre todo
si lo entendemos como un plan al servicio de las mayorías
nacionales. Así se está leyendo en los mismos países
desarrollados, conocedores cercanos de la globalización.
En un año preelectoral no está de más evaluar
qué sentido y para qué beneficiarios se programa
nuestro Plan de Nación.
______________________
Colaboración de Francisco Javier Ibisate, Departamento
de Economía
Que nuestra sociedad se ve amenazada por la desintegración y la falta de un ethos ciudadano que le dé cohesión es una perogrullada; también lo es que padece de un crónico y estructural problema de pobreza que lejos de menguar -pese a lo que puedan decir las cifras macroeconómicas del gobierno--, se instala cada vez con más arraigo y comodidad. Que hechos como la marginación, la inseguridad ciudadana, la destrucción ambiental, la falta de un proyecto de nación y una larga lista de dolencias que aquejan al país no tienen que esperar ser alumbrados por un grupo de sesudos analistas para que a la población le resulten evidentes, lo es todavía más. ¿En qué reside la originalidad, entonces, de un documento emanado del gobierno que recoge todo estas problemáticas? Más aún, ¿cuál es el mérito de un trabajo que, partiendo de una realidad que para todos es palpable, agrupa algunas de las respuestas que a ella han dado organizaciones de la más diversa especie?
"Bases para el Plan de Nación" dista de ser un documento novedoso, tanto en el diagnóstico que de la sociedad salvadoreña realiza como en las propuestas que para ello plantea. Sin embargo, sí es meritorio, aunque no por las razones que han esgrimido los sectores cercanos al gobierno para presentarlo como tal. Uno de los elementos que debe de ser tomado en cuenta para realizar un acercamiento crítico al documento es, en primer lugar, el interés publicitario implícito en su publicación y difusión. Antes de afirmar que el gobierno ha sido valiente y realista al permitir que una comisión elabore un documento en el que inevitablemente cuestiona --por contraste-- algunos de sus conceptos más queridos (desarrollo, productividad, entre otros), hay que tomar consciencia de la importancia del documento de cara a las elecciones de 1999. Aunque elaborado por intelectuales no del todo identificados con la administración Calderón Sol, "Bases para…" viene a saldar una de las cuentas más polémicas del actual gobierno: la falta de un plan o proyecto desde el cual orientar la gestión estatal. En este sentido, el documento es más que adecuado: a la vez que perfila los fundamentos para llevar a cabo una labor administrativa congruente con la realidad del país, es lo suficientemente amplio y lúcido como para superar la esfera de competencia gubernamental y presentarse como un desafío para toda la sociedad; como un proyecto en el que se implican todos los actores sociales y no sólo los gubernamentales.
Empero, el interés electoral que podría perseguir el gobierno al permitir su elaboración no deslegitima sus alcances potenciales y su importancia. El documento, como ya se mencionó, tiene per se méritos que hay que reconocer. "Bases para…" sistematiza, eficazmente, los diagnósticos y soluciones que de la realidad salvadoreña han hecho una amplia gama de actores sociales, por lo cual puede presentarse como una línea guía, no particular sino de competencia global, para la posterior elaboración de un plan de nación atinado para el bien común.
Al efectuar una lectura general del trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo surge un segundo elemento crítico a tomar en cuenta. Más allá de las interrogantes que podrían planteársele desde la coyuntura electoral presente, surge la pregunta sobre quién se espera que haga suya la propuesta; quiénes realmente, en el contexto actual, estarían dispuestos a sacrificar sus intereses particulares para concretar las líneas guías que plantea el documento. Si se responde que el gobierno lo hará en su plenitud y de buena voluntad, se estará siendo tan iluso e ingenuo como afirmar que lo haría la empresa privada o alguno de sus similares.
En su optimismo radical, el documento, para un lector versado en las lides de la política, la economía y la actividad social nacionales, únicamente llama a una objetividad rayana al pesimismo. En su desmesurado idealismo, "Bases para…" se traduce en una desiderata para la convivencia social difícilmente aplicable, a menos que se lleve a cabo en una sociedad semejante a un tabula rasa; en una sociedad donde la rapacidad, la politiquería, la falta de preocupación por el mañana, la apatía por el todo social, la ausencia del valor del prójimo como referente de la actuación social sean realidades inexistentes.
Curiosamente, o posiblemente a propósito, el documento
emerge a la luz en un contexto en el que pocos actores se pueden
jactar de poseer la aptitud necesaria para elaborar un Plan de
Nación desde las bases propuestas. Cómo y de qué
manera se espera que "Bases para el Plan de Nación"
fructifique en un medio tan hostil y asfixiante, es una pregunta
a la cual no se le encuentra respuesta inmediata; ni se le encontrará
tal vez en mucho tiempo.
A finales de julio de 1997, el Instituto Universitario de Opinión Pública preguntó a los ciudadanos salvadoreños sobre lo que debe hacer el gobierno para resolver los graves problemas que tiene el país. Al hacerlo se les sugería cinco alternativas de respuesta para que ellos escogieran la que considerasen más cercana a su opinión, a su forma de ver la situación salvadoreña. Los resultados de tal consulta son muy interesantes. Un poco más de la mitad de los consultados (el 51.7 por ciento) señaló que lo que debe hacer el gobierno es "escuchar a la población"; ello frente a sólo un 2.8 por ciento que apoyó la idea antagónica de que debe "imponer sus decisiones". La opción de "elaborar un plan de nación" no fue precisamente una de las respuestas más frecuentes, pues obtuvo sólo el 10.9 por ciento de las adhesiones populares, por debajo de respuestas como pedir ayuda internacional (18.6 por ciento) y que el gobierno logre un acuerdo con la oposición (12 por ciento).
Estos resultados son apropiados para reflexionar sobre lo que significa la propuesta de un plan de nación para la ciudadanía salvadoreña en la actualidad. Pareciera que los salvadoreños no han pedido un plan de nación y, más bien, han pedido ser escuchados; aunque -como se verá más adelante- esta iniciativa puede convertirse en un modo de escuchar a la gente.
Si existen algunas cosas sobre las que los ciudadanos parecen estar de acuerdo -independientemente de su postura política e ideológica-es en la necesidad de atender los problemas más graves del país -que no son nada nuevos- y en la necesidad de modificar el rumbo del país. Esto es algo que las encuestas de opinión pública y los diversos sectores de la vida nacional han expresado con más o menos claridad y vehemencia. Pero a la base de esto, la petición principal ha sido que se les escuche y que no se les margine. ¿Por qué esta preocupación tan particular? Las respuestas probablemente hay que buscarlas en la forma cómo percibieron a los Acuerdos de paz. Los Acuerdos de paz constituyeron un punto de inflexión en la vida sociopolítica del país y para muchos, estos representaban la tabla de salvación de una sociedad injusta, violenta y excluyente. Seis años después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec, la mayor parte de los salvadoreños ya no piensa de la misma manera de ellos. Hoy, a diferencia de los años 92-94, la mayoría de ciudadanos piensa que los Acuerdos pudieron haber ido más allá de la resolución del conflicto, para resolver los otros problemas graves como la economía y la corrupción; inclusive, algunos salvadoreños piensan que los Acuerdos no fueron de mucha utilidad. Esto porque existe una impresión relativamente generalizada entre el público de que en la marcha los Acuerdos fueron desnaturalizados para atender los intereses de la clase política y no las peticiones de la población. Es en este contexto en el que se convoca a una Comisión Nacional de Desarrollo, con intelectuales representativos de varias tendencias de pensamiento en la sociedad salvadoreña para presentar un plan de nación.
En el fondo, la misma necesidad -olfateada cada vez más por diversos sectores- de proponer proyectos de país o planes de nación, como se le quiera llamar, sólo pone en evidencia el agotamiento de las capacidades de los Acuerdos de paz -e indirectamente del sistema político- para construir una nueva sociedad salvadoreña; pero sobre todo esta iniciativa pone de relieve la súplica ciudadana que pide ser escuchada.
¿Quiere decir esto que Bases para un Plan de Nación constituye el nuevo paradigma para orientar el rumbo del país y para alimentar las esperanzas de los salvadoreños de una sociedad mejor? Es difícil saberlo por ahora; pero lo que sí es posible en este momento es señalar los riesgos de que esta iniciativa se convierta en un intento fallido más de resolver el gran dilema del rumbo del país. Y los riesgos principales probablemente no radican tanto en los desacuerdos sobre el texto del Plan en sí mismo cuanto en la capacidad de obtener compromisos de los diversos sectores y en la capacidad de generar la necesaria confianza popular para involucrar a toda la población.
Sin embargo, desde la opinión pública, lo que está claro por ahora es que los salvadoreños están muy desencantados; de hecho, un poco más de la tercera parte de la población piensa que dentro de cinco años el país "va a estar peor que ahora". De ahí la dificultad para integrarlos y hacerlos participar en los movimientos sociales y en los procesos electorales. Esta nueva iniciativa llamada Bases para un Plan de Nación corre el mismo riesgo que en algún momento corrieron los Acuerdos de Chapultepec, esto es, perder la perspectiva de la necesidad de que todos los sectores se comprometan en el esfuerzo de transformar la sociedad salvadoreña para bienestar de todos y no de unos pocos.
Leyendo el texto del documento en cuestión es difícil no estar de acuerdo con él. La mayor parte de la propuesta responde a las visiones e inquietudes que desde hace varios años vienen expresando distintos sectores de la población. La Comisión de Desarrollo no ha descubierto la piedra filosofal cuando afirma que "el nudo gordiano es la pobreza estructural" y tampoco ha descubierto la fórmula mágica cuando señala que El Salvador necesita una sociedad sin marginación, participativa, segura, económicamente competente y con firmes estructuras familiares, entre otras cosas. Los mismos responsables de esta Comisión han expresado que lo único que han hecho es recoger las inquietudes mencionadas por la sociedad y plasmarlas en un documento sistemático e integrador. Probablemente, esto era necesario no tanto porque no se hubiese hecho en otros lados, sino porque la necesidad de identificar seriamente los problemas esenciales no se había reconocido oficialmente.
En buena medida, la Comisión de Desarrollo ha cumplido con la tarea de escuchar a la población para plasmar el tipo de nación a la que la mayoría aspira. El problema es -independientemente del acuerdo o desacuerdo con la propuesta- cómo lograr que todos se comprometan a enfrentar ese reto. Esto es especialmente problemático en una sociedad con sectores más acostumbrados a cuidar sus intereses particulares que en velar por el bienestar de todos. No hace falta ir muy lejos para encontrar innumerables ejemplos de ello. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de mejorar la educación universitaria, pero eso llega hasta allí cuando se trata de cerrar los deficientes centros pseudouniversitarios porque las nuevas legislaciones afectan los intereses económicos de algunos vinculados a la clase política. Casi toda la población está de acuerdo en que es necesario ordenar el centro de San Salvador, pero el acuerdo se mantiene hasta cuando llega la hora de intentar ordenar la circulación de los buses en el centro. Los empresarios se manifiestan a favor de promover el desarrollo económico del país, pero el compromiso se desvanece cuando se trata de contribuir al mismo modificando las condiciones que les permiten no pagar impuestos de forma equitativa. Los medios de comunicación se presentan a sí mismos como defensores de la libertad de expresión, pero esa responsabilidad se olvida cuando la información no es favorable a los intereses a los grupos de poder vinculados con la empresa periodística. En esta línea podrían seguir listando una cantidad interminable de ejemplos, sólo para demostrar que esta actitud no es escasa.
Por ello, el mayor reto que plantea el Plan de Nación probablemente
sea el que los diversos sectores se puedan sentir comprometidos
con él. Ello no tanto a nivel retórico como siempre
sucede y como parece haber ocurrido ya -ningún sector se
ha atrevido a adversar públicamente dicho plan, inclusive
aquéllos que se han esforzado por decir que en el país
todo está muy bien- sino a nivel del cumplimiento de los
compromisos que éste exige. Esto es especialmente cierto
en el caso del gobierno y de la clase política en un momento
en que parecen estar más preocupados por sus intereses
partidarios que en resolver los problemas del país. Para
que las Bases para el Plan de Nación puedan realmente serlo
y puedan servir a la sociedad salvadoreña, se necesita
el compromiso de todos, pero especialmente de aquéllos
que históricamente se han resistido a escuchar las aspiraciones
de las mayorías con tal de defender sus propios intereses.
Hace unos días pudimos observar, de nuevo, la dudosa calidad que caracteriza la actuación de ciertas personas que ocupan un lugar en el seno de la Asamblea Legislativa. Y es que, como se temía, éstas aprobaron el Presupuesto General de la Nación el pasado jueves 15 de enero y así, entre otras cosas, colocaron en mayor riesgo la seguridad de las personas y las posibilidades de erradicar la impunidad en El Salvador. Ello, fruto de un "acuerdo político" entre diversas fracciones políticas representadas en dicho Órgano.
Una de los resultados de tan "brillante maniobra" fue la drástica reducción al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, que afecta sensiblemente la operativización de la nueva legislación penal y procesal penal. El máximo tribunal de la República había solicitado una asignación de mil millones de colones, setenta de los cuales se invertirían para tal fin. Sin embargo, las representaciones de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y de la llamada Unión Nacional Opositora (UNO) se la redujeron en casi trescientos millones.
El artículo 172 de nuestra Constitución establece que "la Corte Suprema de Justicia dispondrá anualmente de una asignación no menor del seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado". Algunos diputados interpretaron de forma muy reducida tal disposición y la partida que aprobaron es exactamente ese monto. Sin embargo, se pasó por alto algo muy importante: que la Corte ampliará sus actividades y tendrá mayores responsabilidades de 1998 en adelante; por tanto, también deben aumentar sus recursos. Según el magistrado Mario Solano, integrante de dicho cuerpo, éste sacrificó partidas de inversión con el propósito de llegar a proponer una cifra que le permitiese a responder a las expectativas de la población.
En este sentido, podemos afirmar que con la desacertada decisión legislativa no sólo se corre el riesgo de frenar los pocos avances que se hayan podido lograr hasta ahora en esta materia, sino que --contrario a lo expresado por el titular del Ejecutivo, doctor Armando Calderón Sol-- se está sentando otro precedente peligroso en lo que se refiere al respeto del texto constitucional. Cualquiera podrá argumentar que la actuación del Órgano Judicial no ha sido muy meritoria y es cierto: tenemos, por ejemplo, el caso de un joven detenido que desde hace ya muchos meses espera una resolución concreta al recurso de exhibición personal presentado a fin de obtener su libertad y --bien lo saben los miembros de la Sala de lo Constitucional presidida por el doctor Eduardo Tenorio-- hasta ahora no hay ninguna respuesta. ¿Será por tanto viaje, ajetreo administrativo, negligencia o compromisos de algún tipo? No sabemos; el caso es que no se resuelve nada y eso preocupa.
Pero no por esto último se deben regatear los fondos necesarios para continuar empujando la marcha de la justicia en nuestro país, aún lenta y equilibrista en muchos casos. Porque con ello no sólo se está maniatando al Órgano sobre el cual recae --entre otras cosas-- la responsabilidad principal para superar los obstáculos que impiden la impartición pronta y cumplida de justicia, el hacinamiento carcelario y la depuración judicial. Además, se incurre en una grave violación al artículo 182 de la Constitución de la República, pues dentro de éste se establece que la Corte Suprema de Justicia debe elaborar su proyecto de presupuesto y enviarlo al Ejecutivo para que --sin hacerle modificaciones-- sea incluido en el proyecto que se envía a la Asamblea. Si el Legislativo quiere realizar algún ajuste, debe consultarlo con la Corte.
Pero, en este caso, la Corte Suprema en pleno ha manifestado la violación a dicho procedimiento constitucional y, por ello, acordó solicitar a la Asamblea una revisión del decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto General de la Nación. Al momento de escribir estas líneas, diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la UNO --uno más, otros menos-- ya habían dado muestras de apoyo a la demanda del Órgano Judicial, por lo que habrá que esperar la reacción de los otros partidos políticos.
Otra novedad --que no deja de provocar rechazo-- es el notable incremento a la partida que se otorgará al ramo de la Defensa Nacional, cuyos fondos aumentaron en 30 millones; éstos, según afirmaron los voceros oficiales castrenses, serán utilizados en la compra de nuevos equipos de comunicación. No es la primera vez que nos pronunciamos al conocer el monto de la asignación presupuestaria destinada a este sector; y no es para menos, si tomamos en cuenta que lejos de mantener los mismos ingresos o reducirlos --como debiera ser en un país que presume de haber conquistado la paz-- se está fortaleciendo a una institución que aún no ha saldado sus cuentas con la sociedad, pues durante el conflicto bélico fue señalada como una de las principales responsables de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y de guerra que --independientemente de nuestro gusto-- no pueden ni deben prescribir.
En ese sentido, además, cabe recordar que --fruto de las negociaciones que pusieron fin a la guerra y el acuerdo de Chapultepec-- ahora la seguridad en nuestro país se encuentra en manos de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 1998, al cuerpo policial también le han recortado más de 35 millones de colones que pensaban ser destinados a la creación de nuevas delegaciones. Ante este tipo de actitudes, ¿cómo se espera que la injusticia y la impunidad se acaben en El Salvador, si no se quiere fortalecer áreas tan esenciales como éstas?
Otra de las cosas que llama nuestra atención al revisar el Presupuesto General de la Nación aprobado, es el incremento de 3.5 millones que se adjudicó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Decimos esto pues es curioso que se produzca, precisamente, ahora que la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés está por concluir su mandato y cuando se habla de que el futuro de esta institución fue una de las cartas utilizadas entre las fracciones para alcanzar el acuerdo político. Así, es un secreto a voces que hay políticos interesados en impedir que la señora procuradora continúe en el cargo, pese al reconocimiento de su gestión por parte de la comunidad internacional y la población salvadoreña.
Todo lo apuntado arriba nos sirve para pensar que se están colocando serios obstáculos al trabajo que realizan la PDDH, el Órgano Judicial y la PNC. Todas ellas, son instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nacional de promoción y protección de los derechos humanos en el país. ¿A qué otra conclusión podemos llegar con estas incorrectas e irresponsables decisiones legislativas?
Nadie está en contra del diálogo, la negociación en la Asamblea Legislativa. Por el contrario, son herramientas que por la naturaleza del Órgano deben ser utilizadas; pero, por favor, en aras del bien común y no de intereses reducidos. Porque, al final, quien pierde por decisiones como las que ahora comentamos es la población entera que --de no corregir el rumbo-- seguirá sufriendo por la violencia y la inseguridad en que vive, lamentando la muerte de tantas personas inocentes --familiares y amigas-- en una interminable espera por una justicia que nunca llega y sumida en una situación que le impide vivir realmente en paz.
La misma Comisión Nacional de Desarrollo --creada en 1997
por el gobierno-- en su informe titulado "Bases para el Plan
de Nación" establece que el país necesita una
sociedad segura, fundada en el Estado de Derecho y con un sistema
judicial efectivo; éste último, se dice, debe convertirse
en pilar de la seguridad jurídica y material de todos los
salvadoreños. Además, agrega que una condición
para fortalecer y garantizar la democracia en el país es
la superación de la impunidad, en todos los órdenes
y modalidades. Por eso, ahora más que nunca es cuando deben
ponerse en práctica estas propuestas para combatir de una
vez por todas estos males que siguen vigentes en nuestra sociedad.
De lo contrario, el producto elaborado por esta Comisión
--muy alabado, por cierto-- corre el riesgo de pasar "sin
pena ni gloria" como tantas otras propuestas grandilocuentes.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y la familia García Prieto, ante los avances en la investigación sobre el asesinato de RAMÓN MAURICIO GARCÍA PRIETO GIRALT, a la opinión pública hacen saber:
- Que el pasado viernes 23 de enero fue detenido JULIO ISMAEL ORTIZ DÍAZ, quien ha sido identificado plenamente como otro de los sujetos que --junto a RAÚL ARGUETA RIVAS-- ejecutaron a la víctima el 10 de junio de 1994. Dicha captura, realizada con fundamento suficiente, es uno de los primeros resultados que comienzan a arrojar las investigaciones policiales impulsadas a partir del noviembre de 1997, después de una intervención mayor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Que a un día de efectuada la reciente captura de ORTIZ DÍAZ, los medios de comunicación informaron que LEONEL DAVID MENJÍVAR CASTAÑEDA había sido ametrallado junto a otro sujeto desconocido en la colonia Dolores, Mejicanos; ambos murieron en el acto. Cabe destacar que MENJÍVAR CASTAÑEDA era uno de los individuos que, recién ocurrido el asesinato de RAMÓN MAURICIO GARCÍA PRIETO GIRALT, llegó al sitio donde ocurrió el crimen y amenazó a los obreros de la construcción que presenciaron los hechos, con el fin de intimidarlos para que no declararan como testigos ante las autoridades correspondientes.
- Que igualmente, RAÚL ARGUETA RIVAS --actualmente en prisión por el asesinato de RAMÓN MAURICIO GARCÍA PRIETO GIRALT-- ha sido víctima de golpizas y amenazas contra su vida. El atentado más reciente ocurrió en la víspera del reconocimiento en rueda de reos a un individuo involucrado en otro crimen similar al de RAMÓN MAURICIO; en esa ocasión, fue atacado a golpes por otros "internos" dentro del el Centro Penal de Cojutepeque, frustrándose así la diligencia la cual lo conducían. Curiosamente, el detenido que debía reconocer ARGUETA RIVAS era JULIO ISMAEL ORTIZ DÍAZ.
- Los últimos sucesos e inclusive la misma declaración judicial del el imputado ORTIZ DÍAZ revelan dos cosas. La primera: que cada vez se está más cerca de ubicar y capturar al resto de los responsables materiales e intelectual del asesinato de RAMÓN MAURICIO. La segunda: que éstos están conscientes de los avances que se han logrado en el caso y --por lo mismo-- tratan de entorpecer las averiguaciones a cualquier precio, inclusive atentando contra la integridad física de algunos de ellos.
- Que en el marco de esa situación --cada vez más delicada en la medida que se profundizan las investigaciones y se descubren las entrañas de ciertas estructuras organizadas del crimen en El Salvador-- aún no se han hecho efectivas las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de la familia, abogados y otras personas vinculadas a la investigación del caso, las cuales fueron solicitadas al gobierno salvadoreño por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 20 de junio de 1997. Ahora, más que nunca, la adopción de estas medidas se vuelve una prioridad.
Por todo lo anterior PEDIMOS:
1. A las autoridades policiales y penitenciarias responsables de la custodia de los imputados RAÚL ARGUETA RIVAS e ISMAEL ORTIZ DÍAZ, tomar las medidas necesarias para salvaguardar sus vidas y para que su integridad física sea respetada, ya que ellos son elementos claves en la investigación del caso y pueden ayudar a establecer la participación de otras personas, especialmente la del o los autores intelectuales.
2. A las autoridades judiciales competentes, que instruyan el proceso y se haga justicia plena en este caso, a fin de sentar un precedente valioso contra el crimen organizado y la impunidad imperantes en nuestro país.
3. A las autoridades de seguridad pública, que se adopten de inmediato las medidas de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 20 de junio de 1997, considerando que ahora se amplía el número de personas en riesgo, ya que deben incluirse en ellas a los agentes de la Fiscalía General de la República responsables de la conducción de la presente investigación.
Martes, 27 de enero de 1998.
PRESENTAN PLAN. Ante la presencia de más de 200 invitados, periodistas y funcionarios, la Comisión Nacional de Desarrollo entregó, el 16.01, al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, el documento "Bases para el Plan de Nación". Sandra de Barraza, miembro de la Comisión, hizo la presentación de la propuesta y destacó que la misma busca que los sectores económico, político y social asuman compromisos, incluyendo a los que tienen mayor capacidad de decisión, para que todos los habitantes del país tengan cubiertas sus necesidades básicas. "Los salvadoreños que ya están integrados y disfrutan de una buena posición socioeconómica, necesitan estabilidad e incentivos. Los que están marginados o hundidos en la pobreza necesitan ante todo, oportunidades reales, dinamismos estructurales y mecanismos prácticos para su integración al proceso nacional", dice parte de la introducción del documento. Mientras tanto, Calderón Sol dijo que "esta es una agenda nacional para poder formular todos juntos, un plan de nación que nos pueda impulsar al desarrollo económico, social, tecnológico y cultural del país" (LPG 17.01 p.4 y 5, DH 17.01 p.12 y 14, EM 17.01 p.3 y DL 17.01 p.3).
REACCIONES. Ante la propuesta del gobierno del Presidente Armando Calderón Sol, del documento "Bases para el Plan de Nación", el Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán, destacó la urgencia de comenzar a discutir la propuesta. "Creemos que esto no debe quedar aquí, es sólo el primer paso, para poderlo desarrollar y llegar a un acuerdo de consenso con todas las fuerzas sociales, económicas y políticas del país". Para el empresario, el "nudo gordiano" planteado en el documento es la pobreza estructural. Simán consideró que "esa es una realidad que no podemos negarla, pero la pobreza sólo la vamos a disminuir a medida que vamos creando riqueza; definitivamente la pobreza no se puede erradicar por decreto, ni repartiendo las riquezas que existen, sino fomentando las fuentes de trabajo y dando igualdad de oportunidades". Por su parte, el coordinador general del FMLN, Facundo Guardado, luego de señalar que ese partido apoyará el proceso, consideró que el primer consenso que debe lograrse es la búsqueda de fórmulas para erradicar la pobreza en el país. "La marginación del desarrollo de la mitad de la población es el problema mas grande, y tenemos que construir oportunidades para esta población que está marginada del progreso", indicó (LPG 17.01 p.4 y 5, DH 17.01 p.12 y 14, EM 17.01 p.3 y DL 17.01 p.3).
DECLARACIONES. El Presidente de la Feria Industrial de San Miguel, Carlos Alberto Morales Turcios, declaró, el 19, en nombre de los empresarios y productores de Oriente, que las bases para el "Plan de Nación" presentado por el Presidente tienen un contenido general positivo, de efectiva proyección, pero sugirió que documento debe ser analizado a nivel nacional, zona por zona. "No debe ser un documento sólo para San Salvador, tampoco al que van a tener acceso únicamente determinados sectores". Para el empresario la comisión que elaboró el Plan, así como el Gobierno, deben conjugar auténticamente el concepto nación y preocuparse de que a las mesas de trabajo analítico sean llamados representantes delegados de los sectores de cada zona del país, así como las gremiales de producción nacional. Mientras tanto, siempre en el mismo marco, el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Ronal Umaña, opinó que es necesario "un mecanismo de revisión, de lo contrario todo lo propuesto será letra muerta". Según Umaña su idea es compartida por los grupos Renovación y Partido Demócrata. Por su parte, diputados de ARENA y el FMLN coincidieron en que el sector agropecuario debe ser uno de los que más atención reciban si se busca mejorar las condiciones de vida de los nacionales (DH 20.01 p.8 y EM 20.01 p.4).
GRUPO GESTOR. Miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo,
declararon, el 20.01, ante los medios de comunicación,
que la última semana de enero podría quedar integrado
el Grupo Gestor que impulsará el proceso de discusión
del documento "Bases para un Plan de Nación",
aun cuando no dejaron clara la opción que tomarán
para elegir al Grupo. Los miembros de la Comisión Salvador
Samayoa, Sandra de Barraza y Roberto Rubio expusieron la metodología
y los propósitos del documento, señalando como prioritarios:
la obtención de acuerdos políticos básicos
y lograr un proceso social de participación, reiterando
también que será preciso configurar a la mayor brevedad,
el Grupo Gestor "que según el documento, deberá
estar integrado por personas representativas de las fuerzas políticas,
económicas y sociales del país". Sandra de
Barraza explicó que los problemas expuestos en la propuesta
no son nuevos, sino únicamente los han ordenado y estructurado.
La profesional detalló que todos los ciudadanos tendrán
la oportunidad de expresar sus opiniones por medio de diversos
mecanismos de consulta. "Se van a abrir espacios en los medios
de comunicación, inclusive una página en Internet
para que todos puedan darnos sus sugerencias y la Comisión
tendrá la responsabilidad de ordenarlas y sistematizarlas",
comentó (LPG 21.01 p.15, DH 21.01 p.12 y
EM 21.01.98 p.3).
