Año 18
número 793
febrero 4
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Vientos de cambio en El Salvador
Política Agenda o improvisación legislativa
Sociedad El problema de género en las "Bases para el Plan de Nación"
Sociedad Los medios de comunicación y la propuesta de Héctor Silva
Derechos Humanos Derechos humanos en la ANSP
El mes de enero ha arrojado un saldo positivo en cuanto a la puesta en la mesa del debate socio-político de temas cruciales para el avance del proceso de democratización en el país. Para resolver los problemas nacionales son claves, al menos, dos cosas: primero, el reconocimiento de su existencia y de la gravedad que revisten; y, segundo, la osadía de formular propuestas de solución que puedan ser aceptadas (o cuando menos escuchadas) por todos aquellos que creen que es obligación de las generaciones actuales legar a las generaciones futuras un país en el que se pueda vivir en paz y dignamente. En ambas cosas parecen estarse dando los pasos necesarios, aunque todavía queda bastante por hacer.
La iniciativa de las autoridades municipales de San Salvador, encaminada a hacer de la capital un espacio de convivencia seguro y limpio, constituye una señal alentadora de por dónde debe ir el trabajo de quienes tienen que velar por el bienestar ciudadano. Falta que la preocupación de la alcaldía capitalina sea compartida por todos los sectores sociales, puesto que de ello dependerá la solución de los problemas de San Salvador. Sin embargo, un paso importante se ha dado: existe una propuesta de solución para recuperar la ciudad capital que, sin duda, requerirá de ajustes y precisiones, pero que constituye un punto de partida imprescindible para lograr avances ulteriores. Si todos los sectores sociales asumen la iniciativa edilicia como un desafío que requiere de aportes para salir adelante, entonces estaremos en una buena dirección, que es la de los consensos mínimos para construir una ciudad más humana. Para ello son necesarias varias cosas: ante todo, un profundo convencimiento de que la recuperación de San Salvador no sólo es urgente, sino que requiere de medidas audaces; segundo, que hay bienes comunes ante los cuales es necesario (de manera ineludible) sacrificar algunos bienes privados; y, tercero, que los propios intereses (materiales o espirituales) nunca estarán a salvo en una ciudad sucia, insegura y sin espacios de convivencia cultural.
El pesimismo exacerbado puede llevar a la conclusión de que el proyecto de la alcaldía capitalina terminará fracasando, ya sea por deficiencias administrativas o por la inexistencia de los recursos financieros necesarios para su ejecución. Es posible que ese sea el desenlace. Pero también es posible que suceda lo contrario: que administrativamente se cuente con los talentos adecuados y que, tras el convencimiento de los sectores económicos más fuertes del país, los recursos financieros no sean problema para la alcaldía. Por el bien de los habitantes de la capital y por el bien de El Salvador, todos tenemos no sólo que desear este escenario, sino contribuir para que se haga realidad.
Lo mismo cabe decir de la otra iniciativa que ha visto la luz durante el primer mes del año: el documento "Bases para el Plan de Nación", elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo. A priori, nadie puede garantizar que su implementación será un éxito, sobre todo si se toman en cuenta los ingentes obstáculos que tendrá que sortear una iniciativa que exige a todos los sectores de la sociedad un compromiso decidido. Pero augurarle desde ya un fracaso rotundo no es lo más conveniente para el país. No importa qué tan sesgadas puedan estar las apreciaciones de los miembros de la Comisión o qué tanto los resultados y ejecución de las medidas sugeridas por el documento puedan fortalecer políticamente al gobierno. Estas, aunque no son cuestiones que se deban dejar de lado, no apuntan al fondo del asunto: por primera vez en mucho tiempo la sociedad salvadoreña cuenta con una visión de conjunto de sus principales problemas y de sus posibles vías de solución. Ciertamente, cosas importantes no han sido dichas y graves obstáculos no han sido señalados; sin embargo, el documento avanza en algo de gran trascendencia, como lo es la convicción de que El Salvador como nación tiene problemas cuya gravedad no sólo exige soluciones audaces y creativas, sino también soluciones en las que todos debemos participar.
La ejecución del documento podrá fracasar en todo o en parte, ya fuera por razones políticas o por razones de incompetencia administrativa, pero las necesidades a las que el mismo pretende dar respuesta seguirán presentes con igual o mayor fuerza. En consecuencia, será imprescindible, para quien quiera, desde una nueva gestión gubernamental, dar respuesta a los problemas nacionales más acuciantes, tomarlo, en todo o en parte, como punto de partida ineludible. En otras palabras, hay que comenzar por reconocer y aceptar que las "Bases para el Plan de Nación" no pertenecen a un gobierno particular o al partido en el que éste se apoya, sino al país entero, revistiendo un cierto carácter de obligatoriedad para cualquier equipo de gobierno que gestione el aparato estatal.
Uno de los grandes peligros de las "Bases para el Plan de Nación" es su identificación con la segunda administración de ARENA, identificación que puede caminar en dos sentidos: o bien que el actual gobierno trate de capitalizar más allá de lo debido los logros del documento, o bien que la oposición política identifique en exceso los lineamientos de aquél con las políticas de gobierno. Que se dé algo de ambas cosas es inevitable; pero que se llegue a extremos puede ser peligroso: lo primero porque puede conducir a la instrumentalización de una propuesta que por su propia naturaleza no puede estar sujeta a los vaivenes políticos de un gobierno; lo segundo, porque no sólo puede privarla del apoyo político necesario, sino porque puede bloquear su continuidad por parte de una nueva administración gubernamental.
¿Cómo se pueden sortear estas dificultades? Unicamente
con la madurez y responsabilidad de los actores políticos.
Hasta ahora, haciendo gala de una gran prudencia, el gobierno
no ha dado muestras de querer servirse políticamente de
las "Bases para el Plan de Nación". Tampoco
la oposición política ha dado muestras de estar
a la defensiva ante el mismo. Y, aunque hace apenas una pocas
semanas que el documento fue presentado, no deja de ser alentadora
la acogida que los diversos círculos sociales han hecho
del mismo.
Elaboración de la agenda legislativa en El Salvador
El departamento de recepción de correspondencia es el lugar al cual ingresa la documentación dirigida a la Asamblea Legislativa; la gerencia de asuntos legislativos recopila y preclasifica, durante una semana, la correspondencia, las iniciativas de ley que ha recibido y la documentación emanada de las comisiones legislativas, para luego proponerle el proyecto de agenda a la Junta Directiva. También hay situaciones imprevistas o eventos especiales que se toman en cuenta; por ejemplo, el fallecimiento de algún diputado, la visita de un jefe de gobierno o de Estado extranjero.
La Junta Directiva aprueba o modifica la propuesta de la gerencia con dos días de antelación a la plenaria; es decir, los martes, una vez definida la agenda, se les distribuye a los diputados y, el día miércoles, a los asesores; el jueves es el día de la sesión plenaria.
La agenda está formada por los dictámenes de las
comisiones legislativas y por los extractos o resúmenes
de las piezas de correspondencia recibida. A partir de la legislatura
de 1997-2000, se tomó la decisión de dividir en
cuatro partes la agenda del plenario. La primera consiste en los
dictámenes de las comisiones y las otras tres restantes
se separan por literales; por ejemplo, la "A" comprende
el resumen y organización de la correspondencia propuesta
por la Junta Directiva al pleno legislativo para la sesión
plenaria; la "B" la conforma la correspondencia que
no compete a la Asamblea Legislativa; y la "C" está
constituida por la correspondencia que pasa directo a las comisiones.
Correspondencia que no compete a la Asamblea legislativa
La cantidad considerable de correspondencia que llega a la Asamblea Legislativa y que no compete a este órgano podría ser el resultado, entre otros, de la falta de confianza y de credibilidad de la población en las otras instituciones que forman el Estado, o incumplimiento o apatía por parte de estas instituciones en el desempeño de sus funciones. Estas causas no excluyen ni desligitiman el rol de mediador de la Asamblea Legislativa para tratar de resolver los problemas que se presentan entre la sociedad civil y las instituciones o personas públicas y privadas.
La correspondencia de este tipo por lo general son peticiones o denuncias; por ejemplo:
- Introducir agua potable, teléfonos o, energía eléctrica en determinada comunidad.
- Interceder ante alguna institución para reparar o construir un puente, calle o carretera.
- Mediar en conflictos laborales.
Arbitrariedades cometidas por algún funcionario público o particular contra alguna comunidad.
En El Salvador se critica negativamente que los ciudadanos interpongan
peticiones y denuncias ante la Asamblea Legislativa. Por otro
lado, no sería extraño que algunos diputados se
sientan incómodos, inseguros o "rebajados" por
la presencia de los sectores de la sociedad en las sesiones plenarias,
particularmente de los más humildes del país. Al
predominar esta situación, pretender que los diputados
construyan una "vitrina" o "pecera" para mantenerse
lo más alejados que sea posible del pueblo o evitar el
contacto directo con él, surge la pregunta ¿la Asamblea
Legislativa es la casa del pueblo o una caverna de delincuentes
políticos?
En El Salvador, la agenda legislativa está determinada por el Ejecutivo. Hasta la fecha ninguna legislatura ha elaborado alguna en la que se contemplen las prioridades y soluciones a las necesidades nacionales que se irían anunciando y discutiendo en períodos de debate en los cuales participen los grupos de interés y, en general, la ciudadanía, a lo largo de cada uno de los tres años. Lo que predomina actualmente es la dependencia, sumisión y la improvisación; gran parte de esta situación se debe a la resistencia de la derecha a independizarse del gobierno y a la falta de visión, madurez e iniciativa de los diputados de los otros partidos políticos.
No obstante, en enero de 1995, tanto el partido FMLN como ARENA anunciaron por separado los temas que regirían su agenda legislativa partidaria correspondiente a ese año.
El diputado Gerson Martínez explicó que en el FMLN se habían establecido cuatro puntos principales a desarrollar:
1. Apoyar el proceso de Modernización del Estado
1.1. Saneamiento de la Administración Pública
1.2. Freno de la corrupción
1.2.1. Enriquecimiento ilícito
1.2.2. Evasión de impuestos
1.2.3. Contrabando
2. Reprivatización del sistema bancario y financiero
2.1. Revertir la privatización viciada
2.2. Privatizar de manera transparente
2.3. Democratizar el capital accionario
2.4. Democratizar el crédito
3. Defensa de los derechos de los consumidores
3.1. Evitar una alza de los precios
3.2. Respetar los derechos de los consumidores
4. Depuración de los jueces
El diputado Jorge Suvillaga, de ARENA, dijo que "para este año, desde la toma de posesión del Dr. Armando Calderón Sol como Presidente de la República, ya se tiene un programa de trabajo establecido como es apoyar la gestión del Presidente".
El FMLN se convirtió en el primer partido político en publicar, en 1995, en los diarios de mayor circulación en el país, su respectiva agenda legislativa partidaria que denominaron: Una agenda legislativa para la democracia, el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Lamentablemente, en los años posteriores este partido perdió la continuidad de esta iniciativa.
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento
de Sociología y Ciencias Políticas
Seis años han pasado desde que se firmó la paz, y El Salvador aún no logra ver sus frutos con total claridad; seguramente porque para tener un país democrático, seguro, limpio, económicamente estable e igualitario, se deben sortear grandes dificultades. No se puede esperar que todo esto llegue sin esfuerzo, sin ensayos. Los errores serán inevitables, pero también el aprender de ellos. Habrá que esperar a que la clase política dirija el destino de El Salvador y de sus habitantes privilegiando las necesidades de estos últimos.
Por ahora, se ha tratado de responder a la problemática del país a través del documento "Bases para el Plan de Nación", divulgado el pasado 16 de enero por la Comisión Nacional de Desarrollo. Dicho documento ha sido concebido por sus gestores como "una herramienta útil para buscar entendimiento y acuerdos básicos de largo alcance" entre los sectores predominantes de El Salvador.
Dentro de las "Bases para el Plan de Nación" están contemplados aspectos políticos, educativos y culturales, institucionales, socio-económicos y de participación ciudadana. De manera muy general, se señalan aquellos problemas por los que atraviesa cada sector y las posibles soluciones y expectativas respecto a las mismas. Si nos detenemos en el tema de los ciudadanos y la sociedad, el documento plantea el esquema o ideal de una sociedad comprometida con el medio ambiente; asimismo, también reclama la necesidad de estructuras familiares fuertes, en las cuales las personas convivan armónicamente y en constante participación. En este sentido, salen a luz algunos problemas sociales que el país debe superar. De entre éstos, es interesante que el documento mencione algunos relacionados con el tema la mujer.
Plantea como realidades a erradicar: la cultura machista, la irresponsabilidad en la procreación, la desigualdad de sexos y la participación política y social minoritaria; asuntos que, casi siempre, son tratados única y exclusivamente por las organizaciones feministas o de defensa de los Derechos Humanos. Por lo demás, esos tópicos han sido de poca relevancia pública. Y es que el problema de género está lejos de verse como un tema independiente y que por sí mismo merece la debida atención. Su importancia aún no está entendida desde sus efectos sobre las mujeres y las niñas, sino solamente desde sus consecuencias en las estructuras familiares y en la sociedad en su conjunto. Hay una fuerte tendencia a trivializar el problema de la marginación y la violencia contra la mujer; los distintos sectores sociales evaden su responsabilidad con respecto al sexo femenino. Esta tendencia es atribuible a casi todas las instituciones gubernamentales y privadas y a casi todos los medios de comunicación.
En este marco, cabe señalar algo que es relevante en las "Bases para el Plan de Nación". Ante todo, es meritorio que el documento exponga y reconozca como obstáculos para el desarrollo nacional al machismo, la marginación femenina en la vida política y social, la falta de educación y la irresponsabilidad reproductiva, pues estos son factores que afectan principalmente al "sexo débil". Sin embargo, lo anterior es tratado en un contexto tan amplio que difícilmente puede reflejar toda la gravedad del problema. La vida de las mujeres en el país no es fácil, pues éstas encuentran dificultades en todos los aspectos de su desempeño familiar y profesional. Por ello, es necesaria la profundización en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que atañe a la desigualdad que las caracteriza, ya que, mientras esa desigualdad continúe, hablar de democracia y de igualdad constitucional será algo vacío.
De nuevo, es alentador que los documentos gubernamentales planteen
la acostumbrada superioridad masculina como un mal a extirpar,
pues ello apunta a que la situación no se desconoce ni
se ignora. Pero siguen siendo insuficientes el espacio y las acciones
dirigidas al sector femenino del país. Ahora bien, ¿qué
tan imporantes resultan las "Bases para el Plan de Nación" en
materia de género? Eso se sabrá con el tiempo. Lo
que sí es claro es que el documento, aunque es una buena
iniciativa, es también, como en el mismo se plantea, sólo
"un instrumento de trabajo para propiciar una visión
compartida acerca de los principales desafíos que debemos
enfrentar". Seis años después de celebrar la
paz, todavía necesitamos una lectura más crítica
sobre el sentido de los compromisos adquiridos, las formas de
trabajo en las instituciones y la necesidad de fomentar actitudes
responsables y colectivas en torno al problema de la mujer en
El Salvador.
Desde que en noviembre del año pasado el alcalde de San Salvador, Héctor Silva, expuso su propuesta de actualizar los impuestos municipales, los medios informativos locales le han dado al hecho un lugar muy importante dentro de su agenda temática. Atendiendo a la información difundida, la iniciativa no sólo es importante porque, de aprobarse, afectará a todos los habitantes del "Gran San Salvador", sino también porque proviene de la alcaldía más importante del país, que está en manos de la oposición, y porque, de fructificar, puede convertirse en la carta de presentación más efectiva del FMLN en miras a las elecciones de 1999. Es decir que, de entrada, no puede negarse que, desde un análisis de la prensa nacional, la iniciativa no sólo es importante para todos los ciudadanos del municipio, sino también para ciertos grupos que ven en su aplicación exitosa un espaldarazo ante los decisivos acontecimientos que se perfilan en el futuro inmediato de El Salvador.
El relativo triunfo de la oposición en las elecciones de diputados y alcaldes del año pasado, puso en aprietos a amplios sectores poderosos de la sociedad. Por su parte, el partido ARENA sufrió la primera derrota política significativa desde 1989, mientras que los sectores pudientes vieron en ese triunfo el riesgo de perder el apoyo que han recibido del aparato gubernamental. Entre todos los "ganadores", el caso de Héctor Silva tenía especial relevancia por el sitio estratégico en el que había logrado ubicarse: la alcaldía de San Salvador. No es de extrañarse, por lo tanto, que hacia él se hayan dirigido los más duros señalamientos y críticas de los últimos meses. De hecho, el reciente debate abierto por su propuesta de incrementar los impuestos municipales en empresas con altos niveles de activos, es una espina más que se suma a la larga fila de problemas que ha enfrentado el alcalde capitalino durante su administración y que han contado con amplios lugares dentro de la agenda de los medios.
Primero, con las fuertes críticas que ha recibido de parte del partido oficial, con respecto a la poca agilidad que ha demostrado para llevar a cabo los proyectos que prometió durante su campaña electoral; luego, con los problemas relativos a la instalación del relleno sanitario, las amenazas de huelga por parte de los trabajadores de la alcaldía, los conflictos que han seguido a los intentos por desalojar a los vendedores de las calles del centro de la capital, etc. Si atendiéramos a lo que los informativos han difundido con respecto a la gestión de Héctor Silva, de seguro no encontraremos otra cosa que malas noticias y numerosos fracasos. Todo esto parece confirmar la concepción de que el poder que poseen los medios de información, por tener en sus manos el control de la difusión de la información con la que se nutre la opinión pública, se fundamenta en el poder económico que los sustenta, a través de las "regalías" que los que controlan los medios de producción les hacen llegar en forma de espacios publicitarios.
Para nadie es un secreto que los medios sobreviven no tanto por lo que su labor representa, sino por lo que pueden valer, en términos de inversiones publicitarias, para aquellos que necesitan mantenerse a la cabeza del mercado. Desde esta perspectiva, los medios se convertirían en una herramienta para la difusión de la información de acuerdo a un criterio de manipulación regulado por tal o cual interés. Avanzando un poco más, tampoco es un secreto que esos sectores que dominan el mercado y la economía en general se encuentran representados en las filas del partido oficial. Sobre los medios informativos de nuestro país recaería, entonces, una doble responsabilidad: mantener el status quo de los círculos de poder económico, y asegurar que el poder político pierda lo menos posible en comparación con lo que la oposición pueda perder. El caso del alcalde Silva parece confirmar esta regla.
A estos hechos habría que agregar el reciente escándalo sobre las irregularidades detectadas en la extensión de documentos al interior de la alcaldía de San Salvador, que ha venido a llover sobre mojado en la tan azotada imagen de la administración capitalina --pese a que las investigaciones al respecto fueron expuestas en un informe elaborado por el consejo municipal de Silva. Pero donde más se puede observar lo tendencioso de la información es en el caso de los espacios cedidos a la opinión del sector privado. Los medios informativos locales han presentado a la empresa privada, si no como un sector opuesto a la política que seguiría la oposición desde la alcaldía, sí como un factor importante a tener en cuenta al momento de aplicar las políticas emanadas de la administración Silva.
La información en este punto fue clara: el sector privado en general, por medio de los gremios que lo representan (ANEP, ABANSA, Camara de Comercio y CASALCO), expuso en repetidas ocasiones su preocupación de que la labor de las municipalidades pudiera ser desfavorable para la estabilidad económica del país, es decir, para sus intereses. Partiendo de esto, los medios de información han hecho énfasis en ilustrar el duelo entre el sector privado y la oposición, encabezada desde las alcadías por Héctor Silva, luego de que este publicó su propuesta. En los dos meses transcurridos desde que la propuesta se coló a los medios, los gremios de empresarios e industriales han encontrado en la prensa los espacios necesarios para poner en duda las modificaciones en los impuestos, y han expresado a viva voz que lo único que se puede esperar de esa medida es la elevación de los índices inflacionarios, la fuga de capital hacia otros municipios, el desempleo, la reducción de la competitividad de las empresas por falta de fondos, etc (LPG, 16.01.98, pp. 4 y 5; DH, 14.01.98, pp. 24).
Los espacios que se les dedicaron, dentro del clima de tensiones en el que se debate la aprobación de la propuesta, no pueden pasar desapercibidos. Las declaraciones de los gremios no sólo se presentan como una información necesaria en una sociedad democrática y participativa, sino como ?la opinión? de "los que saben" al respecto y que tienen el conocimiento suficiente para afirmar cuando una cosa es perjudicial para todos y cuando no. Así, las planas principales de los medios se han convertido en un campo de batalla en donde se expresan los grupos de poder, enfrentados contra cualquier iniciativa que pudiera dañar su imagen o sus intereses. En este ruedo, cualquier tipo de opinión en la que esos intereses hallen eco tendrá un lugar preminente, tal es el caso de las declaraciones del presidente Calderón Sol en las que rechaza la propuesta de Silva. Es obvio que los argumentos que expone el Presidente son los mismos que empleó la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio e Industria para atacar la propuesta, por lo que él mismo se coloca como un aliado y defensor del sector privado.
En conclusión, la labor de los medios informativos en nuestro
país parece seguir esforzándose por atender a los
llamados de unos grupos específicos de la sociedad, cuando
deberían fundamentar su trabajo en la defensa de la libertad
de información y de expresión de toda la ciudadanía.
Sin embargo, hay que evitar el error de satanizar la labor de
los medios, porque no está en sus manos toda la responsabilidad
de que se le dé cabida a cierta información y a
otra no. Una cuota importante de responsabilidad recae sobre los
grupos de poder político y económico, cuya influencia
--por los compromisos que exige-- socava la necesaria imparcialidad
y objetividad que deben regir el quehacer de los medios de comunicación
en una sociedad democrática.
| Por considerarlo un aporte interesante que debe ser compartido, el IDHUCA ofrece a continuación la intervención del Lic. José Antonio Guzmán Cardona, catedrático de la ANSP, durante el evento denominado "La promoción y enseñanza de los derechos humanos y la cultura de paz", realizado el 30/01/1998 en el marco del III Festival por la Paz. |
El análisis de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) como elemento dinamizador de la paz es de suma relevancia, no sólo para la institución misma o la Policía --en tanto proveedora y demandante de la formación, respectivamente-- sino más bien para la población en general, pues en definitiva es la sociedad la beneficiaria última del servicio que presta. Desde sus orígenes, autoridades y docentes asumimos el reto de formar hombres y mujeres con una nueva mentalidad para el adecuado funcionamiento del cuerpo policial. Para ello, es fundamental la formación en derechos humanos no como la simple transmisión de información sino, además, como la creación y fortalecimiento de valores democráticos. La experiencia regional ha demostrado que muchos funcionarios estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos conocen la teoría de los mismos, pero no les han dado un significado ni una valoración concreta en su práctica.
Con la intención de contribuir a la transformación de hombres y mujeres que aspiran ingresar a la Policía Nacional Civil (PNC), desde la asignatura de derechos humanos se han definido los siguientes como valores a ser potenciados: tolerancia, justicia, igualdad, democracia, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Consideramos que, para tal fin, la educación en derechos humanos que pretenda transformar para la paz no puede ser ahistórica. Se necesita rescatar el pasado, desmitificarlo y emplearlo como insumo para modificar el presente. Muchos sectores pretenden olvidarlo bajo el argumento de no abrir las heridas por éste provocadas, pero tal afirmación parece limitada si no es que interesada.
Es necesario hacer un abordaje serio de las causas que han originado los problemas estructurales de El Salvador, a fin de colegir esfuerzos en la superación de las mismas. Las y los futuros agentes policiales deben conocer el devenir histórico de sus instituciones de seguridad pública, para no incurrir en las prácticas que condujeron al debilitamiento del Estado de Derecho y el desorden social. No se debe correr el riesgo de fundar las nuevas instituciones y estructuras sociales en los modelos del pasado, olvidando que no se puede servir vino nuevo en odres viejas ya que terminaremos sin el vino y sin las odres.
Asumimos que la paz no puede construirse sobre la discriminación. Sorprende cómo se pretende afirmar que tal fenómeno es inexistente entre nuestra población, cuando vemos cotidianamente conductas que han demostrado ser difíciles de superar. Nuestra Nación no contará con minorías étnicas relevantes que se vuelvan el objeto directo de prácticas discriminatorias; pero resulta evidente el menosprecio, la marginación y la estigmatización hacia sectores de la sociedad tales como menores de la calle, prostitutas, jóvenes de sectores populares y homosexuales. La práctica discriminatoria de algunos y algunas agentes de la PNC hacia tales grupos aún se manifiesta; por eso, el fomento de la tolerancia es un objetivo primario en la asignatura de derechos humanos. No puede haber paz social sin respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.
La práctica ha demostrado que dicho fomento pasa necesariamente por el ejercicio real de la libertad de expresión y la convivencia con personas que sostienen ideologías, creencias y puntos de vistas diferentes a los propios. En este sentido, la autonomía de la ANSP ha sido clave para garantizar la conformación de una planta docente caracterizada por su alto grado de profesionalismo y pluralidad ideológica; este último principio consignado en su ley --el de la pluralidad ideológica-- ha posibilitado que las y los futuros agentes aprendan a administrar sus diferencias, sabiendo que el hecho de tener visiones diferentes del mundo no tiene por qué implicar la exclusión de uno u otro sector social.
Ha sido importante también el apoyo brindado por instituciones promotoras de la igualdad entre los seres humanos, ya que hemos constatado que uno de los aspectos menos susceptibles de cambio en el corto plazo es la concepción androcéntrica sobre el mundo. El abordaje de esa problemática, que afecta tanto a hombres como mujeres, se ha facilitado gracias a la formación impartida a nuestra institución por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, además de contar con el apoyo puntual de organizaciones sociales tales como las Mujeres por la Dignidad, conocidas como "Las Dignas", con quienes --a partir de escenarios de reflexión y discusión metodológica potenciados por el IDHUCA-- se inició una jornada de sensibilización a las y los futuros agentes de la PNC. Podemos garantizar que desde la asignatura de derechos humanos se ha abierto el espacio para reflexionar sobre la necesaria redefinición de los roles atribuidos a hombres y mujeres en función de su género, aporte que consideramos necesario a fin de promover la tolerancia y la igualdad.
Nuestro país ha vivido grandes y profundos períodos de confrontación social, pero ello no significa en modo alguno que deba ser siempre así, tal como lo pregonan algunas visiones apocalípticas que cierran la posibilidad a cualquier cambio democrático. Sin ignorar las causas estructurales que aceleran la eclosión de crisis sociales, estamos convencidos de la necesidad de transformar al individuo sin supeditar tal cambio al ritmo de los cambios globales. Si esperamos tener una sociedad perfecta para entonces entregar el alma en la formación de una PNC profesional, provocaremos un desfase entre la Policía y la sociedad democrática, sobre todo si tomamos en cuenta que no siempre los cambios sociales avanzan al ritmo que el momento exige.
En el intento por construir la paz no se puede eludir el conflicto; no creemos, en consecuencia, que deban ignorarse algunas contradicciones o conflictos entre la PNC y la sociedad. Lejos de eso, tal situación debe asumirse con la seriedad del caso. No se debe pensar, a partir de ahí, que se trata de perpetuar la lógica del conflicto y el enfrentamiento sino, más bien, de encontrar los factores que contribuyan a la búsqueda del bien común, entendido éste como un estadio de desarrollo que potencia el goce de las libertades democráticas para toda la población sin exclusión. Potenciar desde el aula la cooperación y no la confrontación es prioritario, ya que la Policía no tiene por qué oponerse a la sociedad ni argumentar que los derechos humanos son obstáculo para el eficiente desarrollo de sus funciones; lejos de eso, debe asumir el respeto de los mismos y el servicio a la comunidad como los ejes centrales de su misión, de los cuales deriva su mandato de "servicio, orden y seguridad".
Otro de los valores fundamentales promovidos desde la enseñanza de los derechos humanos es la opción por la vida. Para tal fin se desarrolla una discusión seria y objetiva sobre el uso racional de la fuerza y el arma de fuego, ya que si bien es cierto se debe erradicar el uso abusivo de tales recursos policiales tampoco debe provocarse un temor inmovilizador que degenere ya sea en conductas pasotistas de "dejar hacer, dejar pasar", o en vacilaciones que impidan la defensa de la vida propia o de una tercera persona.
La educación en derechos humanos debe preparar para la transformación social como elemento consustancial a la democracia, ya que esta última no existirá en aquellas sociedades donde se asuma la inmovilidad del modelo vigente como una premisa básica. Si la sociedad está de suyo en constante transformación, las instituciones y estructuras llamadas a servirle deben asumir la necesidad del cambio como un elemento dinamizador. La Policía debe estar preparada para eso; por ello, otras reflexiones obligadas de discusión al interior de la asignatura de derechos humanos giran en torno a: qué puede hacerse como agente u oficial de la PNC para que paz y democracia adquieran un significado concreto; qué responsabilidad se tiene en el tránsito de la democracia formal --que garantizan la Constitución y las leyes-- hacia la democracia participativa; cómo se puede hacer para que los derechos humanos sean vivencia real y cotidiana, y no simples enunciados.
De la socioconstrucción derivada de las inquietudes anteriores se colige de los futuros agentes policiales la necesidad del fortalecimiento de la sociedad civil, ya que --en palabras de las y los alumnos-- aun cuando en ciertas circunstancias esto pudiera implicar cuestionamientos para la PNC, es una presión que incomoda pero empuja en la línea del desarrollo institucional y la consolidación de la democracia.
Desde el punto de vista metodológico, el abordaje de estos puntos de reflexión ha sido posible sólo a partir de la redefinición de las relaciones docente-alumno. La experiencia nos fue demostrando la necesidad de romper el paradigma de la verticalidad y el autoritarismo. Al iniciar este proceso de transformación, surgieron opiniones contrarias que afirmaban que la horizontalidad al interior del aula no era compatible con el carácter de una institución jerarquizada y armada, dado que podría convertirse en el escenario ideal para la indisciplina. La práctica ha mostrado que sólo en un ambiente de franca horizontalidad, con un docente que no imponga su criterio sino que oriente a los sujetos del proceso para que construyan en colectivo, a partir de la experiencia cotidiana, es posible generar condiciones que contribuyan a introyectar valores democráticos y, en definitiva, a construir una cultura de paz en El Salvador.
La pregunta obligada, luego de todos los planteamientos anteriores, será: si los miembros de la PNC reciben estos estímulos tendientes a la democratización, ¿por que aún se escuchan y plantean denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del cuerpo? A fin de responder, diremos que la observancia plena de los derechos humanos por parte de la PNC enfrenta las siguientes dificultades.
En primer lugar el tiempo de formación, ya que en la actualidad contamos con cinco meses al interior de la ANSP y tres de práctica. Aun cuando en la Academia se considera prioritaria la formación en derechos humanos, a grado tal que se asume como el eje transversal de la formación policial, es muy difícil borrar años de cultura de violencia e intolerancia en un período tan corto. No podemos romper de la noche a la mañana con un proceso de socialización deshumanizante que incita al odio, la violencia, la intolerancia y la exclusión social.
En segundo lugar, a los docentes de derechos humanos nos parece un problema el manejo de algunos símbolos introyectados en la sociedad salvadoreña que fortalecen la prepotencia y la intolerancia. Uno de ellos es el culto al uniforme, alimentado no sólo por algunos miembros de la institución policial sino también por grandes sectores de la sociedad. Estamos conscientes que el uniforme es importante pues es un distintivo para el policía, de modo tal que en situaciones excepcionales de riesgo o peligro las personas sepan a quien acudir. Ahora bien, en virtud de extraños e inexplicables procesos de formación, se llegó en el pasado a plantear afirmaciones tales como "el uniforme se respeta". Tal símbolo nos parece preocupante pues centra el respeto en el instrumento y no en la persona que lo lleva; olvida que el policia responsable y profesional le da valor al uniforme y no a la inversa, contradiciendo así el principio de la dignidad humana.
Otro de los símbolos difíciles de modificar es el lenguaje. Existen expresiones que revelan lo difícil de la transición a la democracia, porque muestran el distanciamiento interiorizado entre algunos policías y la sociedad. Un ejemplo de esto es la triste expresión de algunos agentes policiales, que al referirse a sectores de la población les llaman "los civiles", olvidando que nuestra institución policial tiene nombre y apellido: Policía Nacional Civil.
Como tercer obstáculo significativo para la observancia plena de los derechos humanos señalamos el entorno nacional, caracterizado por la violencia y la intolerancia. En este punto no pretendemos justificar las acciones contrarias a la dignidad humana, pero nos parece irreal asumir que podemos tener una policía plenamente democrática cuando el entorno social potencia conductas en el sentido inverso.
Finalmente, es importante recordar el origen de la PNC. Los acuerdos
de paz, de los que nacen la ANSP y la Policía, fueron el
fruto de años de sufrimiento para el pueblo salvadoreño.
Consideramos necesario que la sociedad civil recuerde este hecho
y se preocupe en forma decidida por un control efectivo de la
PNC. La cultura de paz no se puede fundamentar en el pasotismo;
exige que la sociedad civil asuma los compromisos ciudadanos que
incluyen, obviamente, velar por el adecuado funcionamiento de
las instituciones democráticas y exigir el respeto a sus
derechos humanos, haciendo uso de los recursos propios de un Estado
democrático de Derecho. La Policía debe estar al
servicio de la sociedad, pero dependerá de la sociedad
en ultima instancia que este orden de prioridades no se vea invertido.
Presentamos a continuación la refutación a los
argumentos de los que se oponen a la propuesta de reforma de impuestos
municipales elaborada por las autoridades de la Alcaldía
de San Salvador.
1. ARGUMENTO: La tasa propuesta es excesivamente alta,
aun "confiscatoria".
REFUTACION: El aumento en la tasa parece muy elevado, si se hace una comparación en términos porcentuales de la tasa propuesta con la tasa mínima.
Esta comparación da multiplicadores exagerados, es decir: de 6 veces o 600% para empresas comerciales e industriales; y de 18 veces o 1800% para empresas financieras. Una comparación porcentual más realistas sería con tasas promediales en vez de tasa mínima, es decir: de 2 veces o 200% para empresas comerciales; de 2 1/4 veces o 225% para empresas industriales; y de 9 veces o 900% para las empresas financieras.
El alza tan elevada de la carga tributaria para el sector financiero se debe a un factor básico. Cuando los bancos comerciales fueron nacionalizados, se les dio un tratamiento impositivo privilegiado a nivel nacional y municipal. Estos privilegios se mantuvieron sin cambios después de la privatización de la banca comercial. Es una anomalía fiscal que debería de haber sido corregida hace tiempo.
Merece mencionarse que la banca comercial privada ha crecido a un ritmo impresionante en años recientes por cualquier indicador-total de activos, ingresos totales y ganancia neta. No puede argumentarse que los bancos no tienen capacidad de pago.
Una comparación más realista y válida sería expresarla en términos absolutos. Para esta comparación se pueden tomar unos ejemplos representativos del tramo más alto de empresas comerciales, industriales y financieras para comparar, en montos absolutos, el impuesto sobre los activos que pagan ahora y el impuesto que deberían pagar después de la reforma tributaria. Con esta comparación, se puede demostrar que el monto absoluto del aumento de carga tributaria (impuesto sobre los activos) no sería "excesiva" o "confiscatoria" en relación con los ingresos y ganancias de estas empresas, con el impuesto a la renta que pagan estas empresas.
En breve, la refutación de este argumento en contra del proyecto se puede presentar de la manera siguiente:
a) Una comparación porcentual de la tasa única propuesta con la tasa mínima actual en las tres categorías no es válida y da resultados exagerados.
b) Una comparación porcentual de la tasa única propuesta con la tasa promedial actual en las tres categorías da resultados menos dramáticos.
c) La comparación más razonable es en términos absolutos, es decir, el monto adicional del impuesto que deberán pagar algunas empresas representativas después de la reforma y relacionar este impuesto adicional con los parámetros financieros de las empresas y con el impuesto a la renta que pagan estas empresas.
d) El sector financiero sigue gozando del tratamiento impositivo
privilegiado de la banca estatal, aun después de la privatización.
Es curioso que esta anomalía fiscal no se ha corregido
antes, considerando que este sector ha crecido a un ritmo impresionante
desde la privatización.
2. ARGUMENTO: la carga tributaria propuesta se concentra
sobre unas pocas empresas de nivel alto de activos.
REFUTACION: este argumento se deriva del argumento 1 y la refutación es parecida:
a) La propuesta de reforma tributaria establece una tasa única para todos. El efecto sería eliminar la regresividad y reducir la carga tributaria para 87% de los contribuyentes y aumentarla para los con alta capacidad de pago.
b) El aumento no será excesivo en monto absoluto (ver 1).
3. ARGUMENTO: la base imponible del impuesto sobre los
activos tiene muchos defectos, incluso el efecto de cascada.
REFUTACION: No hay duda de que este impuesto es inadecuado desde el punto de vista técnico y económico. La propuesta de reforma tiene el siguiente "racionale":
a) La eliminación de la regresividad y la introducción de una tasa única corrigen defectos serios y mejora la estructura del impuesto,
b) En ausencia de otras fuentes de ingreso que están disponibles a muchos otros municipios en América Latina y en otras partes del mundo, el impuesto sobre los activos representa una posibilidad de lograr un aumento inmediato de ingresos, porque esto es un impuesto ya conocido por la Alcaldía y por los contribuyentes. Con la simplificación de la estructura por la reforma, la recolección tributaria sería más fácil.
c) La Alcaldía necesita ingresos adicionales de inmediato para ejecutar proyectos de inversión que van a promover la inversión, la actividad comercial y el turismo, y mejorar el aspecto ambiental, la salud pública y la calidad de vida en la ciudad.
d) Este impuesto es de carácter transicional y podría
perder su importancia en unos años, porque la Alcaldía
está explorando activamente otras fuentes de ingresos que
tienen mejor justificación económica. Específicamente,
la Alcaldía está haciendo los preparativos técnicos
para poder introducir el impuesto predial en unos años.
4. Los oponentes de la reforma pronostican unas consecuencias
macroeconómicas desastrosas, derivadas del aumento de costos
como resultado del aumento de carga tributaria. En este párrafo,
se trata del argumento básico del aumento de costos.
ARGUMENTO: la reforma tributaria llevaría a un aumento
"masivo" de costo para la gran empresa privada, quien
transferiría este aumento de costo al consumidor en la
forma de aumento de precios y de tasa de interés bancario,
lo cual generaría un aumento "gigantesco" en
el costo de la vida.
REFUTACION: la presunción básica de un aumento "masivo" de costo está equivocada y por eso no ocurrirá un aumento "gigantesco" en el costo de la vida.
a) En primer lugar, se muestra en 1 y 2 que el monto adicional del impuesto que la gran empresa privada deberá pagar no podría ser "excesivo". Además, las grandes empresas están en condiciones de poder absorber este aumento moderado de carga impositiva, el cual es modesto en comparación con el impuesto a la renta que pagan. Las grandes empresas tienen la obligación de mostrar como mejorar la eficiencia para absorber un aumento de costos -una recomendación que los empresarios grandes han estado ofreciendo a la Alcaldía para no aumentar los impuestos.
b) En el ambiente actual de globalización, de la intensa competencia interna y externa, y de una política monetaria ni "permisiva" ni "acomodante" que no permite una expansión indebida de medios de pago, no sería fácil para la gran empresa privada trasladar el aumento de costo al consumidor.
c) Por razones similares a las expuestas en 4.b, tampoco sería fácil para los bancos aumentar las tasas de interés dada la competencia entre ellos, la inflación de menos del 2% en 1997, y la presente actitud ("stance") de las autoridades monetarias. Hacia finales de 1997, hubo una tendencia de baja en las tasas de interés -una tendencia que se espera continúe este año. Además, la introducción de la tasa única del impuesto sobre los activos no afectaría de la misma manera a todos los bancos, debido a que las deducciones que se les aplican varían de un banco a otro. Si un banco (por ejemplo, el Banco Agrícola Comercial) tiene una incidencia impositiva mayor y quiere subir las tasas de interés, otros bancos (por ejemplo, el Banco Cuscatlán) que tienen una incidencia menor, no van a querer subir las tasas de interés. Entonces la competencia entre bancos evitaría una subida general de las tasas de interés.
d) Considerando que es poco probable un aumento "masivo"
de costo debido a la reforma tributaria, un traslado del aumento
de costo al consumidor, y un alza de la tasa de interés,
no tiene sentido económico pronosticar un aumento "gigantesco"
en el costo de la vida.
5. ARGUMENTO: la reforma tributaria conduciría a
una inflación aguda, derivada del aumento de costo de producción
en general, específicamente de costo de agua, energía,
gasolina, construcción, vivienda, atención médica,
educación y operaciones de prensa y televisión.
REFUTACION: a) Ya se muestra en 4 que no es racional, en términos económicos, predecir un aumento de costos, precios y tasas de interés debido a la reforma tributaria. Por ende, no se materializará la inflación y, lógicamente, no ocurrirá el aumento de costo de bienes y servicios específicos.
b) Merece mencionarse que, en el proyecto de reforma, se exenta
del impuesto a clínicas y hospitales públicos e
instituciones educativas.
6. ARGUMENTO: la reforma tributaria tendría consecuencias
macroeconómicas perniciosas, por ejemplo, contracción
de la actividad económica, aumento de desocupación,
desincentivo para la inversión, deterioro de competitividad
internacional de El Salvador, devaluación del colón,
bancarrota de empresas, y un ambiente general de incertidumbre
y caos económico. Además, el momento económico
actual es inoportuno debido a la desaceleración económica
de época anterior.
REFUTACION: a) Este argumento está fundamentado sobre la tesis de que habrá inflación con aumento general de costos, precios y tasas de interés. Se demuestra en 4 y 5 que esta tesis está mal pensada. Por tal razón, no sobrevendrán las consecuencias macroeconómicas desastrosas.
b) No existe ningún momento oportuno para proponer aumento
de impuestos. Como se demuestra en 1 y 2, la magnitud del monto
adicional del impuesto no es tan grande como para afectar al crecimiento
económico del país. Al contrario, los proyectos
de inversión municipal van a tener un impacto positivo
sobre la actividad económica.
7. ARGUMENTO: debido al impuesto "confiscatorio"
muchas empresas van a trasladarse de San Salvador a otros municipios.
REFUTACION: a) Como se muestra en 1 y 2, la reforma tributaria no es "confiscatoria" y no implica una carga impositiva tan pesada como para influenciar a las empresas a mudarse de la ciudad.
b) No hay otro lugar en el país que ofrezca las ventajas
de San Salvador con respecto a infraestructura, mercado, fuerza
laboral calificada y servicios municipales.
8. ARGUMENTO: no hay estudios de prefactibilidad y factibilidad
de los proyectos de inversión.
REFUTACION: existen unos estudios, otros están en
preparación.
9. ARGUMENTO: la Alcaldía no tiene capacidad administrativa
para implementar los proyectos de inversión.
REFUTACION: la Alcaldía ya ha iniciado programas
de capacitación y piensa hacerlo de manera más intensa.
10. ARGUMENTO: el estudio de base para la reforma del impuesto
sobre los activos fue patrocinado por Suecia y por eso tiene orientación
estatista y socialista.
REFUTACION: el estudio fue financiado por un fondo gubernamental
de Suecia, pero los autores del estudio son 2 enminentes profesores
norteamericanos en finanzas municipales de la prestigiosa Universidad
de Harvard.
EXCOMUNION. Dirigentes de los sindicatos de Obras Públicas,
ANDA, Ministerio de Salud, ex ANTEL y UNTS se tomaron, el 02.02,
la iglesia San Francisco en San Salvador, mancharon paredes de
comercios, colegios y pintaron vehículos, como protesta
por los despidos de sindicalistas. Ante los hechos, el arzobispo
de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle,
expresó que los que participan en la invasión de
iglesias son merecedores de la excomunión. Aun cuando los
sindicalistas manifestaron que la invasión del templo era
una "toma pacífica", las autoridades religiosas
condenaron el hecho. "No estamos de acuerdo con la toma,
sea pacífica o no", dijo el arzobispo. "Estamos
en un ambiente de libertad donde toda la gente puede manifestarse.
Por lo tanto, no se debe manipular los edificios sagrados porque
se atenta contra la libertad del pueblo de tener acceso a las
iglesias. Hay que tomar en cuenta que el fin no justifica los
medios", señaló. Por su parte, el Presidente
de la República, Armando Calderón Sol, pidió
a los trabajadores que tomaron el templo que recapaciten. "Esperamos
reflexión y que no se dejen instrumentalizar", dijo.
Asimismo, el ministro de Salud, doctor Eduardo Interiano, declaró
que "a todos los participantes de la huelga se les descontará
el día que no laboraron" (DH 03.02 p.8).
NEGOCIACIONES. Autoridades y sindicalistas del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) concluyeron, el 02.02, sin ningún
acuerdo, una reunión para solucionar el conflicto laboral
que llevó, la última semana de enero, a los médicos
a realizar un paro. René Zapata Nieto, secretario general
del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS),
expresó que en el encuentro sólo se abordaron asuntos
relativos a la administración y planificación, dos
de los seis puntos que tenían previsto discutir con las
autoridades de la institución. En el encuentro participaron
también la directora del ISSS, María Julia Castillo,
y el Ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino. Zapata indicó
que la directora de la institución se comprometió
a trasladar los temas discutidos al Consejo Directivo del ISSS.
Asimismo, ambas partes acordaron crear dos comisiones de trabajo
para buscarle solución a demandas sobre incrementos salariales
a los médicos del ISSS y mejoras en la asistencia a los
pacientes. "Todo es cuestión de hablar, no tenemos
dificultad que se platique sobre los proyectos de Salud. Las negociaciones
dependen de la buena voluntad", reconoció el sindicalista
(DH 03.02 p.8 y LPG 03.02 p.11).
CONTINUA PUGNA. La pugna del Partido Demócrata Cristiano
(PDC) pasaría a los tribunales de justicia del país,
informó el secretario general del PDC, Ronal Umaña.
Según el pedecista, la convención del partido, realizada
el 01.02, fue ilegal debido a que los delegados y la documentación,
utilizada para elegir a Horacio Trujillo como nuevo secretario
del partido, eran falsos. "Se han cometido delitos de falsa
identidad y material", sostuvo Umaña. Mientras, el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá toda la información
que pueda comprobar la ilegalidad de la reunión; no obstante,
según Arturo Cruz Salgado, Fiscal Electoral que presenció
la Asamblea, "en la convención todo ha sido correcto"
(DH 03.02 p.6 y LPG 03.02 p.11).
REACCIONES. Ante los recientes acontecimientos suscitados dentro
del partido Democrata Cristiano (PDC), los políticos en
la Asamblea Legislativa expresaron sus opiniones. René
Figueroa, de ARENA, dijo que su partido sería respetuoso
de lo que ocurra en el PDC; no obstante, lamentó que un
partido de 30 años carezca de estabilidad. Por su parte,
Nidia Díaz, del FMLN, calificó de legítima
la renovación de la cúpula, manifestando que la
reacción de Ronal Umaña es normal "al sentirse
desplazado" (DH 03.02 p.6 y LPG 03.02 p.6).
DESACUERDOS PRESUPUESTARIOS. La propuesta del ley sobre el presupuesto
general de la nación, firmada el 21.01, ha generado una
serie de reacciones en el seno de la Asamblea Legislativa. El
jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),
Walter Araujo, aseguró que establecer el presupuesto "es
un ejercicio democrático y de responsabilidad en apoyo
al desarrollo nacional". El diputado del Partido de Conciliación
Nacional (PCN), René Aguirre, expresó que con el
ajuste presupuestario "se logra una estabilidad y [se] asegura
el trabajo de los empleados públicos". Mientras, los
partidos de oposición aseguraron que los préstamos
que se harán al Banco Centroamericano de Integración
Económica y al Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar el presupuesto, generarán un grado de inflación
y los fondos no irán directamente a las alcaldías.
Por su parte, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) manifestaron su descontento al expresar que el "recorte
presupuestario presentado por el Organo Judicial obstaculiza el
trabajo que se había proyectado para este año",
por lo que se declaraban en contra de la aprobación presupuestaria
(DH 23.01 p.14 y EM 23.01 p.2).
FUGA EN PENAL. Varios sujetos fuertemente armados atacaron, el
01.02, el penal de Apanteos, en Santa Ana, dejando como resultado
dos reos y un custodio muertos. Según el director de la
penitenciaría, Rafael Avilés, los atacantes dispararon
desde tres autos polarizados que estacionaron en la carretera;
el tiroteo tuvo lugar en el recinto número 5 del penal,
y aprovechando la conmoción doce reos saltaron el muro.
Empero, tres de ellos fueron recapturados por agentes de la Policía
Nacional Civil (PNC). El jefe de la PNC de Santa Ana, Omar García,
expresó que la fuga pudo haber sido planificada por el
reo José Douglas Linares, acusado de dirigir la banda "Los
Machos". Para el director de Centros Penales, Mauricio Paredes,
la huída de los reos es el producto del ataque exterior
perpetrado por sujetos armados, aclarando que los responsables
de la seguridad en los penales no tienen la obligación
de resguardar más allá de las murallas de concreto,
sino que ésta es labor de la Policía. Por su parte,
el director de la PNC, Rodrigo Avila, expresó que no se
descartaba la complicidad de guardias de ese recinto en el ataque
y posterior escape de los reos. "No se descarta que haya
existido algún tipo de complicidad porque se han vulnerado
medidas de seguridad", explicó Avila (LPG 02.02
p.3 y DH 02.02 p.8).
