Año 18
número 794
febrero 11
1998
ISSN 0259 9864
Editorial Precandidatura incómoda
Política La nueva crisis del PDC
Economía La privatización de los servicios públicos
Derecho De la incomunicación jurídica en el Estado de Derecho
Regional Integración regional y desarrollo nacional
Derechos Humanos DD.HH.: Informe de EE.UU.
"Cúpula de ARENA apoya a precandidato presidencial. Espaldarazo para Flores" anunciaba uno de los matutinos en primera plana, saludando así la precandidatura del Presidente de la Asamblea Legislativa; pero el otro tituló, "ARENA no tiene candidato, dice Cristiani". A diferencia de otras muchas veces, los matutinos no coinciden en su postura, reflejando así la inquietud que la precandidatura de Francisco Flores genera en ARENA y también la posición de cada uno de los periódicos frente a ella. Este es un buen ejemplo para valorar las "noticias de verdad" de estos periódicos, que mucho se precian de su libertad y objetividad. Sin reparo de ninguna clase confunden la interpretación del hecho, formulada desde sus propios intereses económicos y políticos, con el hecho mismo, llevando a error a los incautos.
Inicialmente, el Presidente de ARENA saludó la precandidatura de Francisco Flores lo mismo que el Presidente de la República, quienes pronto fueron secundados por la comisión política y la fracción legislativa del partido. Sin embargo, las reacciones adversas en el interior de ARENA, una vez conocida la decisión del Consejo Ejecutivo Nacional, y quizás también el fin que ella implicaba para sus propias ambiciones presidenciales, hicieron que Cristiani tomara distancia al día siguiente, aclarando innecesariamente que se trataba de una precandidatura y no de una candidatura. A lo cual Flores respondió que todavía no se considera candidato. De todos modos, Cristiani agregó que el anuncio de la precandidatura de Flores era sorpresivo y prematuro, una decisión estrictamente personal que no contaba con el respaldo del partido y que, por supuesto, había otros precandidatos que no identificó; a lo cual Flores reaccionó pidiendo respeto.
Es incomprensible que Flores haya anunciado a la Asamblea Legislativa de sus conversaciones con la dirección de ARENA sobre su candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones de 1999 y, por lo tanto, que haya puesto a disposición del pleno su permanencia en la presidencia del mismo sin que, efectivamente, esas conversaciones hayan tenido lugar y se haya llegado a algún tipo de acuerdo. Más incomprensible aún es que haya puesto a disposición del pleno la presidencia de la Asamblea Legislativa sólo para distraer la atención del candidato verdadero de ARENA. ¿Cómo se explica entonces que la comisión política y la fracción legislativa de dicho partido hayan respaldado su precandidatura si no es por las pláticas que hubo en el seno del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA?
La precandidatura de Flores es muy incómoda para el sector duro y tradicional de ARENA, que no se ha dado cuenta de los cambios ocurridos en el país, la región y el mundo, en la última década. Es un sector atrapado en los esquemas obsoletos de la guerra fría. Pese a ello, cuenta con varios aspirantes a la candidatura presidencial. La precandidatura de Flores es incómoda porque pocos en ARENA tienen su preparación académica e inteligencia, elementos indispensables para hacer un buen gobierno.
Una de las cualidades del precandidato que más incertidumbre causa en las filas del partido de gobierno es su independencia, consecuencia de su inteligencia y buena educación. En efecto, Flores ha dado muestras claras de su independencia en la presidencia de la Asamblea Legislativa, no confundiendo su cargo con su militancia partidista. En pocos meses ha sentado un precedente importante al dirigir a la Asamblea Legislativa con una prudencia política muy pocas veces vista en el país. No ha sido el presidente de una fracción, sino de todas las fracciones, dando así al cargo la credibilidad y dignidad que la Constitución le atribuye. Cosa muy difícil de conseguir en la dirección del órgano ejecutivo, por ejemplo, pues los presidentes se consideran ante todo presidentes de su partido y sólo en segundo lugar se conducen como Presidentes de la República. Esa independencia es la que llevó a Flores a anunciar en el pleno las conversaciones habidas con la dirección del partido sobre su candidatura, puesto que éstas alteraban el entendimiento político original que lo colocó en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Flores es dócil a las directrices del partido, aunque eso no quiere decir que no tenga sus propias ideas, por cierto, muy firmes en el momento de negociar.
No obstante los reparos que el sector tradicional de ARENA pueda tener ante esta precandidatura, Flores es el tipo de político que podría ayudar a liberar al partido de su pasado irreal, salvándolo del anquilosamiento y la irrelevancia. El futuro de ARENA no está en la guerra fría, sino en las oportunidades que le pueda brindar una derecha inteligente, racional y prudente. En las próximas elecciones, ARENA no sólo se juega la Presidencia de la República, sino también su propio futuro.
La precandidatura de Flores también resulta incómoda para la oposición, la cual, dicho sea de paso, reaccionó de una forma decepcionante. En lugar de reconocer que Flores era un buen adversario, toda ella, sin excepción, desestimó su precandidatura con menosprecio e incluso con el insulto --aunque no pudo desconocer que mantiene buenas relaciones personales con él. La oposición no supo estar a la altura y reaccionó de la misma manera que ARENA lo comienza a hacer con sus posibles candidatos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo nombre es mencionado en corrillos como posible candidato de la oposición, ya ha sido víctima de los insultos de ARENA. Precisamente por ser tan buen adversario, Flores plantea un desafío grande para la oposición, la cual debe pensar con cuidado la conveniencia de unirse en un sólo frente electoral, el candidato que presentará y el programa político que ofrecerá. La oposición también se juega mucho más que la Presidencia de la República en las próximas elecciones.
No obstante la miopía de los políticos, la precandidatura
de Flores, en sí misma, es un bien para el país.
Los cargos de elección popular no necesariamente deben
ser ocupados por militares, millonarios o violadores de los Derechos
Humanos. El político por excelencia no necesariamente debe
ser abogado --demasiados abogados hay ya en la política.
Los salvadoreños mejor preparados y con las mejores cualidades
son los llamados a asumir la dirección del país,
en un momento muy crítico para el bienestar de sus habitantes.
Difícilmente alguien se vio sorprendido por lo que actualmente acontece en el Partido Demócrata Cristiano. Y es que las crisis, que por lo general desembocan en rupturas, son ya característica fundamental en ese instituto político, desde hace poco menos de 20 años. Curiosamente, el PDC es --junto al PCN-- el partido más antiguo del país; y, sin embargo, su desempeño en los últimos años, lejos de evidenciar la madurez política que se esperaría de una institución con casi cuatro décadas de existencia, ha puesto de manifiesto un desequilibrio político rayano en la ineptitud y la inexperiencia.
1980 es el año en el cual se produce la primera crisis interna en la Democracia Cristiana salvadoreña. De esa crisis surgió el denominado Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), más tarde principal miembro de la Convergencia Democrática (CD). A pesar de la ruptura, fue en esa misma década en la que el PDC alcanzó el poder (1984-1989), con el fallecido José Napoleón Duarte a la cabeza del ejecutivo. Encontrándose éste último en funciones, se produjo, en 1988, una nueva ruptura que dio origen al desaparecido Movimiento Auténtico Cristiano (MAC); instituto que aglutinó a un buen número de diputados y dirigentes pedecistas. Una tercera división tuvo ocasión en 1994, cuando un grupo disidente decidió fundar el Partido Renovación Social Cristiano (PRSC), hoy en día denominado Unión Social Cristiana (USC). A principios de 1997, tras una larga y árida disputa con el Secretario General de entonces, Carlos Claramount, un sector pedecista autodenominado "nueva clase política" llevó a Ronal Umaña a la cabeza del partido.
De manera, pues, que el asunto de las divisiones, crisis y recomposiciones al interior del PDC no sólo no es nuevo, sino que ya es tradición en la historia de la Democracia Cristiana en El Salvador. No en vano un famoso humorista gráfico ha rebautizado a ese instituto político con el nombre de "Partido de Divisiones Cristianas". El solo hecho de que la coyuntura por la que actualmente atraviesa el PDC se cuente como la segunda vez consecutiva en la que enfrenta una crisis en un año preelectoral dice mucho de la forma en la que éste ha sido conducido en los últimos tiempos.
Ahora, empezando 1998, el PDC encara una nueva disputa que no ve pronto desenlace. El pleito ha sido originado por un "movimiento golpista" conformado por dos grupos: uno de disidentes de la línea de Umaña; y, otro, integrado por la "vieja guardia" pedecista; ambos respaldados por la juventud del partido. Dicho movimiento, convocó, el 1 de febrero, a una Convención Nacional en la que, además de destituir a Ronal Umaña de la Secretaría General, se renovó la comisión política, se eligieron 15 nuevos miembros del "directorio nacional" del PDC, un nuevo Comité Electoral Nacional (CEN) y un nuevo Tribunal Nacional de Honor. Por otra parte, los convencionistas eligieron al ex diplomático Horacio Trujillo como nuevo Secretario General y ratificaron en la jefatura de fracción a Jorge Barrera, uno de los principales detractores de Umaña.
Dado que Ronald Umaña ignoró su expulsión y afirmó mantenerse aún en la Secretaría del partido, la situación que el instituto político enfrenta hace que sea la segunda vez en tres años que el PDC posee dobles cargos en la dirigencia. Por un lado, Horacio Trujillo defiende la legitimidad de la Convención Nacional --convocada por diez directivas departamentales--, pues su elección se halla respaldada por el 82% de los pedecistas con capacidad y derecho de voto. Por otra parte, Ronal Umaña considera ilegítima la Convención y opina que el "movimiento golpista" forma parte de una estrategia del FMLN para fracturar a la Unión Nacional Opositora (UNO).
Muchos otros disparates como ese han sido esgrimidos por Umaña a lo largo de esta última crisis en las filas del PDC, pero nada puede ocultar que sus más recientes declaraciones no son otras cosa que desesperadas patadas de ahogado. ¿Cómo puede defender Umaña la legitimidad de su Secretaría, cuando la gran mayoría de los correligionarios de su partido han decidido expulsarlo del cargo y elegir a otro en su lugar? ¿quién aceptará que el FMLN ha metido manos en el asunto del movimiento golpista, si es evidente que el PDC no representa ninguna amenaza para el Frente, por muchas coaliciones de centro que aquél decida hacer? Definitivamente, el cinismo del saliente secretario general pedecista no puede otra cosa que recordar la actitud de los más nefastos políticos latinoamericanos --Ernesto Samper en Colombia, Carlos Menem en Argentina, etc.- en quienes no sólo es explícito y conocido su afán de obtener beneficios personales de los cargos que, como lo estipulan las leyes, deben ponerse al servicio de la nación, sino que, además, se esfuerzan en mantenerse en ellos y en negar responsabilidades de sobra conocidas por la opinión pública.
Tan descarada es la actitud de Umaña que en una de sus últimas declaraciones asegura que "no hay ningún problema con mi persona ni con mi dirección". A este nivel ya es difícil determinar si lo que pretende el demócrata cristiano es tapar el sol con un dedo o si padece de un serio problema que lo lleva a distorsionar la realidad. Como quiera que sea, lo cierto es que en este momento de la discusión nadie se atrevería a asegurar que el bienestar de su partido es la prioridad de Ronal Umaña. Si así fuera, éste habría renunciado hace días, mucho antes de que la crisis se agudizara hasta el punto de llegar nuevamente a una doble dirigencia. Que Umaña se resista a toda costa y tan irracionalmente a aceptar que más del 80% de los correligionarios del PDC prefieren a un nuevo secretario general que continuar con él a la cabeza del partido, no puede servir más que para evidenciar su afán de poder por el poder mismo y su falta de compromiso por sacar a su instituto político de la ruina en la que cayó hace años. Por lo que ha demostrado, este pedecista prefiere aferrarse a su puesto hasta el último segundo antes de renunciar a él y evitar al partido un daño mayor, como el que ya le ocasionó irremediablemente.
Ahora bien, ¿qué se puede esperar del desempeño del nuevo secretario general, Horacio Trujillo? En primer lugar, hay que recordar que el conflicto no ha terminado aún de dirimirse. Sin embargo, sería difícil creer que la resolución del Tribunal Supremo Electoral favorezca a Umaña, en especial si tomamos en cuenta que el Fiscal Electoral, encargado de verificar la legitimidad de la Convención Nacional del PDC, dio su aval al evento. Entonces pues, todo parece indicar que será Trujillo quien dirija las riendas del Partido Demócrata Cristiano, una vez superada la pugna. En sus manos quedará el destino de un instituto político en el que muy pocos creen ya, porque quienes creyeron en el pasado hoy encuentran cada vez menos razones para seguirlo haciendo, y quienes buscan nuevas plataformas de representación en el presente de seguro no encontrarán en el PDC un partido verdaderamente capaz de representar los intereses de nadie.
La situación del PDC es dramática. Sí. Pero,
por increíble que parezca, no es insalvable. Es cierto
que ni al interior mismo del partido han logrado definirse claramente
las líneas convergentes que permitan mantener la cohesión
mínima entre sus miembros. Pero también lo es que
el democristianismo es, en la actualidad, la cuarta fuerza política
del país. Sería ilusorio pensar que los pedecistas
tienen posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del
99, pero lo sería también desestimar el poder con
el que cuentan ahora a nivel legislativo y municipal. Después
de innumerables reajustes, recambios y disidencias, el PDC, pues,
se mantiene en pie en la palestra política nacional.
Dentro del discurso de ajuste estructural y de modernización económica, la privatización es uno de los aspectos a los que se le otorgan las mayores bondades. Para los apologistas de la privatización, de ésta dependerían aspectos de trascendencia para el desarrollo, como el estímulo de la iniciativa e inversión privada, el crecimiento económico, la generación de empleos, la estabilidad macroeconómica, la eficiente asignación de los recursos, etc. En cambio, para sus detractores, la privatización únicamente es una argucia del capital internacional y de los países desarrollados para aumentar sus campos de acción empresarial y de generación de utilidades.
En El Salvador, la privatización se inició a principios de la década de 1990, después de años en los que la tendencia predominante fue la estatización. Algunas de las medidas más importantes adoptadas durante la década de 1980 fueron la nacionalización de la banca privada y del comercio exterior y, por ello, fueron los primeros sectores que fueron reprivatizados.
Así, se procedió a la venta de las acciones de las instituciones financieras y a la venta de activos de instituciones como el Instituto Salvadoreño del Café y el Instituto Salvadoreño del Azúcar.
Casi una década después de iniciada la privatización, y una vez revertidas las estatizaciones efectuadas en los 80, la privatización está avanzando hasta el terreno de la prestación de servicios básicos, tales como la energía eléctrica, el servicio telefónico y el sistema de pensiones; los cuales han sido patrimonio estatal prácticamente desde su introducción.
Durante los primeros meses de 1998, una de las dinámicas más notables ha sido el avance de la privatización de varias empresas y servicios estatales. Así, en la segunda mitad de enero, se procedió a la venta de las distribuidoras de energía eléctrica y, para principios de febrero, se ha dado a conocer la próxima privatización de la empresa de telecomunicaciones y del sistema de pensiones. Estos datos muestran un notable cambio en relación a lo observado durante 1997, cuando las privatizaciones enfrentaron un entrampamiento, derivado fundamentalmente de los obstáculos impuestos por la oposición política en la Asamblea Legislativa.
En lo que sigue se reseñan algunos de los aspectos más importantes de la privatización de los servicios básicos para establecer algunas de sus características más importantes, especialmente en lo relacionado a la nueva estructura de propiedad que está promoviéndose. Adicionalmente, se revisan posibles implicaciones sobre las tarifas y las finanzas públicas.
La privatización de las distribuidoras de energía eléctrica se gestó desde 1992, cuando se iniciaron los estudios para la privatización en el sector energía, y continuó con la creación de las cuatro sociedades que aglutinaron los activos de las empresas distribuidoras a privatizar y la posterior aprobación de la Ley de Privatización de las Distribuidoras de Electricidad. Según esta última, la venta de acciones observaría las siguientes proporciones: 75% para inversionistas extranjeros, 20% para los empleados de las cuatro sociedades distribuidoras y de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, y el restante 5% para inversionistas nacionales.
Entre septiembre y noviembre de 1997 se vendió el 20% correspondiente a los trabajadores; el 20 de enero de 1998 se subastó el 75% correspondiente a los inversionistas extranjeros y, próximamente, se proyecta vender el restante 5% destinado a los inversionistas nacionales en el mercado de valores. De acuerdo a versiones periodísticas, como resultado de la subasta de las distribuidoras se obtuvo un poco más de 586 millones de dólares, pagados por empresas de Venezuela, Chile y Estados Unidos.
Por otra parte, también se está ejecutando la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones, la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE) antes Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), en su primera fase de venta de 10% de las acciones entre los trabajadores. Entre mayo y junio próximo se proyecto la venta de un 51% de las acciones al socio estratégico, para lo cual se cuenta ya con siete empresas interesadas originarias de Estados Unidos, Suecia, España, Francia y México. Posteriormente, entre los meses de agosto y septiembre, se procedería a la venta de un 14% de las acciones entre el público en general y los usuarios del sistema telefónico. El restante 25% continuará siendo propiedad del Estado.
En lo que respecta a la privatización del sistema de pensiones, se conoce que la Superintendencia de Pensiones se encuentra tramitando autorizaciones para cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), en las cuales existiría participación de capitales de Estados Unidos, España, Chile, Nicaragua y El Salvador.
Al examinar los casos de la venta de las telecomunicaciones y la electricidad, el primer elemento que destaca es la elevada participación del capital extranjero. 51% para el caso de la telefónica y 70% para el de las distribuidoras de energía eléctrica. La participación de los trabajadores en las nuevas empresas privadas puede considerarse de poca importancia, ya que apenas alcanza el 10% de la telefónica y 20% de las distribuidoras. En el caso de las AFP, todavía se desconoce el nivel de participación que tendrán los inversionistas extranjeros.
Aunque aún es prematuro anticipar el posible efecto de las privatizaciones sobre las tarifas y las finanzas públicas, algunos indicios no son alentadores para los consumidores. En relación a las tarifas de la energía eléctrica, lo que podría esperarse es un alza, especialmente porque desde hace cuatro años la política tarifaria ha contemplado importantes incrementos anuales y, además, porque se considera que las tarifas eléctricas están por debajo de su costo real.
Similar situación se esperaría con las tarifas de la telefonía, las cuales, desde antes de privatizar, ya han sido triplicadas para el caso de las llamadas nacionales. De hecho, ante versiones periodísticas que apuntan hacia un incremento de las tarifas, personeros de ANTEL se han visto en la necesidad de señalar que "por el momento" no se contemplan nuevas alzas de las tarifas telefónicas.
Las finanzas públicas, por otra parte, parece que recibirán un efecto inicial positivo, pero en los años posteriores resentirán una disminución de los ingresos no tributarios provenientes de las utilidades de las empresas estatales, especialmente de CTE-ANTEL. Por ejemplo, se conoce que, de los $586 millones que se obtendrían de la venta de las distribuidoras de energía eléctrica, la mayor parte sería utilizado para financiar el presupuesto general de la nación para 1998. Lo anterior implica reducir el déficit fiscal y mantener la estabilidad macroeconómica, pero en los siguientes años podría implicar menores ingresos para el Estado, el cual dejaría de percibir las utilidades que generaban las empresas públicas.
Aun cuando se acepte la hipótesis de que las empresas públicas no producen utilidades, puede plantearse que, considerando que una vez privatizadas las empresas telefónicas y de energía generarán grandes utilidades, el Estado está renunciando a una importante fuente de ingresos no tributarios, cediéndolas al capital internacional. Esta hipótesis resulta muy plausible si se considera el denodado interés del capital internacional por adquirir las empresas telefónicas y eléctricas.
La privatización elevará significativamente los
ingresos del Estado y la inversión pública y privada
y, consecuentemente, tendrá efectos positivos sobre el
crecimiento, el empleo y la estabilidad macroeconómica.
Como contrapartida de ello, los principales beneficiados no serán
ni los empresarios ni los consumidores nacionales, sino el capital
extranjero que estará en capacidad de extraer fuertes excedentes
provenientes de la operación de las empresas de servicios
básicos; excedentes que, inevitablemente, serán
pagados por los usuarios.
Hace algunos días la prensa informó que el presupuesto del Organo Judicial no sería aprobado con todos los detalles inicialmente indicados. Los diputados, después de las deliberaciones de rigor, llegaron a plantear en cuanto al órgano judicial una política de austeridad. Las acusaciones de gastos superfluos en la Corte Suprema de Justicia arreciaron en los debates, poniendo de manifiesto que para apoyar el presupuesto formulado por el contralor jurisdiccional es necesario acudir a razones de más peso que la entrada en vigor de los nuevos códigos penales.
Las consideraciones de la Asamblea Legislativa, en fin, no dejan de mostrarse contundentes para deslegitimar más erogaciones estatales. En contra se arguyen justificaciones de parte de los entes solicitantes del presupuesto, por ejemplo: las carencias judiciales, cuales hospitales nacionales con instrumentos precarios; la insuficiencia numérica de entes operadores jurídicos dispuestos a sanear el mal social; además de las necesidades monetarias que deberán cubrirse para implementar los futuros apoyos logísticos que cambiarán el régimen de juzgamiento punitivo estatal; y las necesidades de formación de apoyos informáticos en las tareas de los jueces. Todo ello hace que la preocupación por el porvenir de la estructura judicial de nuestro país siga siendo una tribulación ciudadana.
Aunque se ha informado que el funcionamiento de los Códigos Penales será cubierto con el presupuesto a la fecha aprobado, quedan algunos sectores o rubros que no serán cubiertos con las previsiones legislativas. Uno, los incrementos salariales para los empleados del órgano judicial que se iban a dar en superior al aumento general; y dos, el financiamiento para el presente año de la red informática que constituiría la carrera virtual de conocimiento jurídico entre los jueces de la República.
Las redes jurisprudenciales como preferimos llamarlas, ameritan en este caso una atención especial. De ahí, el motivo de nuestros comentarios. La falta de presupuestos para la cartera de información judicial hace que planteemos unas cuantas ideas en torno al tema. En un mundo que se unifica por medio de las computadoras, en el cual no es ilusorio entablar una conversación amena con el otro lado del continente; en una sociedad mundial que ha creado un nuevo espacio territorial --el ciberespacio--; en una comunidad humana en que la tecnología computacional graba e imprime una nueva velocidad a nuestra vida diaria es que aparecen las redes jurisprudenciales.
Una red jurisprudencial es el intento de que los jueces de la República estén comunicados con la información producida en las diferentes sentencias de los máximos juzgadores del sistema judicial. Así, una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, o de cualquiera de sus otras Salas, según el área procesal, civil, penal, contencioso administrativo, sería introducida en un registro informático que haría posible el acceso a los contenidos de la sentencia en cuestión de segundos y no de días como ha venido sucediendo hasta el momento. Hay que apreciar, a su vez, que el acceso de esta información no será de exclusividad del juez, sino de todas las partes interesadas en una buena administración de justicia o en la simple alegación de sus derechos. Computadores en los despachos judiciales e informaciones públicas de este tipo en los diferentes tribunales del país son un sueño desde hace muchos años.
Al saber un poco de la red jurisprudencial, las consecuencias de su ausencia futura, por falta de fundamento económico que la sostenga, salta a la vista cual imperativo lógico. De no ser así, veamos el significado que se presenta en el Estado de Derecho e intentemos acercarnos a las consecuencias como ciudadanos comunes. El Estado de Derecho, Constitucional y Democrático, se constituye en función de la legalidad, de la aplicación y plena vigencia de la Constitución, del respeto de la Administración Pública por los derechos fundamentales y del ámbito jurídico que rige a los habitantes del Estado, y en función de un requisito esencial como es el de la división de poderes.
Siendo abusivos, se palpa una íntima necesidad de información jurídica acerca de los derechos fundamentales y la legalidad. La vinculación aparece indefectible. A más información, mayores posibilidades de protección y de respeto; lo contrario, haría que el Estado recayera en violaciones e ilícitudes. Propongamos estas relaciones de la siguiente manera: el mejor operador jurídico de la República, lo es en atención a su información profesional y según sus informaciones obtenidas por medio de su experiencia. Ambos factores contribuyen para que su formación de operador y profesional alcancen el nivel requerido.
Una red jurisprudencial proporcionando un adecuado soporte de conocimientos centrados en las sentencias --información experiencial-- de manera ineludible deberá contribuir al mismo supuesto, elevando el perfil del juzgador. El resultado se prolonga en un nuevo espectro de posibilidades. Elevando el perfil cognoscitivo del médico social, hacemos que futuras protecciones de derechos adquieran una cualidad jurídica satisfactoria. En otras palabras, mejores sentencias pueden ser producidas a mejor información, y mejores y mayores protecciones de los derechos adquieren concreción; con ello la vigencia de un Estado de Derecho respetuoso de la legalidad, el orden jurídico y los derechos fundamentales adquiere una práctica visible. La teoría política y jurídica son vividas así por el ciudadano.
Las sombras de la ignorancia jurídica adquieren luz jurisprudencial por medio de la red. Las partes se verían mejor asesoradas y con ponencias de orden superior. La procuración de los intereses del cliente o del defendido lograrían un juego de ideas y contra-argumentos con mayor sintonía judicial. El reporte de los beneficios se logra con beneplácito de nuevo. Y, otra vez, quien recibe las bondades del sistema es el ciudadano.
Sin que el paisaje se muestre nebuloso, imaginemos la caída
de la red jurisprudencial por falta de presupuesto. ¿Estaría
fuera de tono afirmar que nos quedamos sin comunicación
jurídica con el Estado de Derecho Constitucional y Democrático?
___________
Colaboración del Departamento de Ciencias Jurídicas
de la UCA
El 16 de enero pasado, la Comisión Nacional para el Desarrollo presentó al presidente de la república el documento Bases para el Plan de Nación, cuya elaboración le fue encomendada desde el año pasado. La Comisión definió cinco grandes áreas en las que se debía trabajar de lleno para insertar al país en la ruta del desarrollo integral. Al revisar los criterios de trabajo para cada una de ellas, resalta el lugar destacado que se le dio al proceso de integración centroamericana como un medio ineludible para alcanzar las condiciones materiales necesarias que le den fuerza e impulso a aquél. Es muy positivo el hecho de que, a pesar de que las referencias a este proceso no son muchas, se les haya dotado de un gran significado para el proceso de transformaciones que el documento plantea, por lo que hemos considerado necesario abordar con más atención este tema y sus implicaciones, en función de la creciente importancia que van cobrando los dinamismos regionales en la vida de las naciones del istmo.
Los fundamentos para que este planteamiento tan categórico aparezca dentro del documento parecen ser dos: por un lado, la certeza de que El Salvador es un país cuya economía es "pequeña" y con muchas limitaciones estructurales; y, por otro, que muy poco puede hacer si trata de enfrentarse, como una nación aislada, a los desafíos que la era de la globalización plantea. De hecho, dentro del documento las afirmaciones sobre este punto son muy claras: "la estrechez de nuestro mercado (...) hace necesario promover la integración del espacio centroamericano como una plataforma favorable para una inserción más ventajosa en la economía internacional". De este modo, según los planteamientos de la Comisión, la construcción de un modelo económico que posibilite mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos por igual debe tomar en cuenta la idea de la integración de la región y las ventajas que esta traerá consigo.
No cabe duda de que esta visión del proceso de integración tiene muchas implicaciones positivas para el país. Podría decirse que esta es la primera vez que se la coloca como una prioridad nacional y no desde la mesa de alguna de las múltiples negociaciones en las que intervienen los poderes ejecutivos y sus delegados. De entrada, ya es un serio llamado de atención hacia todos los sectores que se muestran en extremo cautelosos ante la posibilidad de convertir a Centroamérica en un solo bloque comercial. Pero no por ello hay que olvidar que la integración ni es un proceso acabado --mucho menos próximo a finalizar- ni se reduce únicamente al plano de lo económico y comercial. Por lo tanto, tal vez no sería muy adecuado referirse a este proceso como un simple medio, sino que hay que plantearlo de alguna manera como un fin, aunque sea a largo plazo. ¿Qué otra cosa se pretende con la unificación de Centroamérica si no la mejora de las condiciones de vida de todos los centroamericanos y no sólo las de los inversionistas o los comerciantes?
Si bien es cierto que los intereses de la comisión iban encaminados a sentar las bases para un plan de desarrollo dirigido específicamente a la nación salvadoreña, ello no impidió que se aludiera a la integración regional y su importancia. Sin embargo, lo mejor hubiese sido que la alusión hacia aquélla se orientara no sólo a su dimensión económica, sino también a las dimensiones política e institucional. De cualquier manera, la concepción que se maneja de la integración centroamericana en las Bases para el Plan de Nación implica varias tareas importantes para el quehacer del gobierno que asuma su puesta en marcha: por una parte, supone un sólido compromiso para avanzar en el proceso de integración. Por otro lado, implica el abandono de posturas que beneficien el desarrollo de sólo algunos sectores de la sociedad.
Como reza el texto mismo, el crecimiento económico "puede
llegar a favorecer el mantenimiento de las condiciones de pobreza,
el deterioro del medio ambiente, los desequilibrios regionales
y el debilitamiento de la capacidad productiva". Y esto sucede
cuando existen sectores que, dejándose llevar por sus intereses
y ambiciones particulares, se convierten en obstáculo a
iniciativas como la de la integración centroamericana.
Esta es una realidad que el gobierno salvadoreño no puede
soslayar si en verdad pretende poner en marcha un proyecto de
nación con miras al desarrollo de todos los sectores que
conforman nuestro país.
El último viernes de enero, el Departamento de Estado de la llamada "unión americana" dio a conocer su evaluación anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. En el documento que ya circula por estos lares se incluye, obviamente, el análisis sobre el caso salvadoreño; lástima grande que, al mismo, no le hayan dado la cobertura que merece dentro de los espacios noticiosos en los medios nacionales de difusión masiva. ¿Por qué? ¿quién sabe?; pero, independientemente de eso y de algunas reacciones oficiales a las cuales ya estamos acostumbrados, pensamos que vale la pena compartir ahora nuestro comentarios al respecto.
En el reporte estadounidense, entre otras cosas, se menciona que las dos instancias estatales más denunciadas por cometer violaciones a los derechos humanos durante 1997 fueron la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial. Eso confirma lo que de sobra es conocido dentro y fuera del país, a partir de una práctica cotidiana en la que fácilmente se puede ubicar la realización de hechos mediante los cuales --el año recién pasado y antes-- se atropellaron las garantías individuales de las y los salvadoreños; violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales son algunas de las manifestaciones consignadas.
Al igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y otros organismos civiles del país, no es la primera vez que el Departamento de Estado sienta a estas instituciones estatales en el "banquillo de los acusados"; también lo hizo en su informe correspondiente a 1996. En síntesis, el documento más reciente producido en Washington sostiene que continúan ocurriendo violaciones a los derechos humanos en El Salvador, pese a todo lo sucedido desde que felizmente acabó la confrontación armada.
Teniendo el mencionado documento en mano --oficial y gentilmente facilitado por la representación diplomática estadounidense en el país-- nos encontramos, después de nuestra libre traducción del texto, aseveraciones generales como las siguientes: el récord del gobierno en cuanto a los derechos humanos ha mejorado un poco, pero existen problemas en varias áreas. En lo específico, sobre el cuerpo de seguridad se dice que agentes de la policía cometen abusos de derechos humanos; a veces hay policías que usan fuerza excesiva, maltratan y arrestan arbitrariamente pese a que se ha intentado identificar y castigar a los responsables de hechos criminales o de haber violado procedimientos establecidos.
Sobre el máximo tribunal del país y todo el sistema diseñado para impartir justicia, en el informe del Departamento de Estado se dicen cosas de este calibre: la ineficacia del sistema judicial se reflejó en prolongadas detenciones antes de los juicios y en lo largo de estos últimos; pese a que han habido algunos avances en la depuración judicial, la Corte Suprema de Justicia no actuó con suficiente rapidez para disciplinar o despedir a jueces corruptos e incompetentes; las condiciones penitenciarias son malas y el problema del hacinamiento carcelario empeoró.
Aunque este documento oficial estadounidense mencionó algunos casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos adjudicadas a determinados agentes del Estado, lo que es positivo porque le indica al gobierno salvadoreño la atención de la administración Clinton sobre los mismos, sería mucho pedir que en él aparecieran con todos sus detalles que --en definitiva-- revelan la dimensión del problema de la impunidad vigente; por el contrario, en algunos momentos se siente, dentro del reporte analizado, una especie de tendencia a querer convencernos de que existe la suficiente voluntad política --oficial y generalmente aceptada-- para corregir las deficiencias, haciéndole justicia a las víctimas y sancionando imparcialmente a los responsables.
Y esa tónica puede hacer más difícil el camino para lograr el adecuado funcionamiento de estas dos instituciones, al darles "armas" a quienes amparados en una gastada retórica --de confusa formulación la mayoría de las veces, pero con claridad de objetivos-- se aferran a esquemas que ya deberían estar en camino de superarse. Para muestra, tres "botones": los casos Gaitán, Vilanova y García Prieto, todos ellos mencionados en el informe del Departamento de Estado.
Sobre el primero, da la impresión que ya se llegó a un "final feliz"; que todos quedamos satisfechos con la sentencia condenatoria de aquel sujeto que --metido en un uniforme policial-- le quitó la vida sumariamente a William Antonio aquel fatídico 4 de enero de 1996. Pese a que con ello se dio un primer paso positivo, las cosas no son tan "color de rosa": a este criminal se le mandó a la cárcel pero con una condena mínima; su cómplice fue absuelto; a quienes los protegieron y encubrieron --desde las más altas autoridades judiciales, pasando por organismos especializados de la PNC y funcionarios judiciales-- nadie les dijo, al menos, que habían actuado de manera incorrecta. Y hay que ser enfáticos: esta primera conquista no fue el resultado de una voluntad real para hacer justicia, sanear el cuerpo y repararle el daño causado a las víctimas; fue un triunfo de la insistencia y el empuje de la familia que, durante casi dos años, luchó hasta lograrlo.
En el caso de Manuel Adriano Vilanova Velver, joven que según testigos también fue asesinado por agentes de la PNC, la situación es similar a la anterior en casi todos sus aspectos pues --aunque judicialmente no han existido los mismos obstáculos-- se ha tenido que luchar a brazo partido contra la terquedad de la autoridades policiales que, hasta hace unos meses, defendían a capa y espada a sus miembros involucrados en esta muerte.
En el último de estos lamentables acontecimientos --el de la "escuadronera" ejecución de Ramón Mauricio García Prieto-- se han presentado similares dificultades estructurales, aunque por momentos quizás de una mayor dimensión. Precisamente, sólo por citar algo de lo mucho que ha sucedido durante los casi cuatro años transcurridos desde que sucedió la tragedia, hace unos días el ingeniero Rodrigo Ávila --director de la PNC-- sostuvo en televisión que el caso se había "politizado". Al respecto, en un comunicado público de los García Prieto y el IDHUCA se respondió lo siguiente: "Nos preguntamos qué entiende él por un «caso politizado», ya que el mismo calificativo utilizó cuando las familias Gaitán y Vilanova reclamaron transparencia y justicia a la PNC y a los tribunales correspondientes. Si el señor director ve los esfuerzos de las personas víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales por parte de agentes estatales o particulares con su tolerancia como «politización» y, así, pretende descalificar sus legítimas demandas, está demostrando que no tiene la capacidad suficiente para desempeñar el cargo que ocupa, sobre todo cuando la doctrina que inspira al cuerpo policial es la del estricto respeto a los derechos humanos".
Además, el máximo jefe del cuerpo afirmó que en este caso se estaba involucrando a personas que nada habían tenido que ver con el asesinato de Ramón Mauricio y que con la reciente captura de uno de los autores materiales --Julio Ismael Ortiz Díaz-- se había demostrado que esas acusaciones eran falsas, porque el motivo era otro y no el de la tesis que maneja la familia que --por cierto-- han sido víctimas de vigilancia y amenazas. Frente a eso, en el citado comunicado expresamos con la familia: "también nos preguntamos a qué personas se refiere el director de la PNC, pues el individuo que está cumpliendo su condena en prisión fue encontrado culpable mediante la acción judicial correspondiente y el otro sujeto detenido --Ortiz Díaz-- está a la orden de juez competente. Eso sí: no hay que olvidar que fueron tres sujetos los que participaron directamente y, sobre todo, que éstos no actuaron por iniciativa propia sino en razón de alguien que los contrató para cometer el crimen. Por ello, insistimos con la interrogante: ¿a quiénes se ha pretendido involucrar que no sean responsables?"
Y se continuó interpelando al funcionario así: "Nos parece oportuno preguntarle, además, si ya investigó algunos datos que nosotros mismos le dimos a conocer; como por ejemplo: que el vehículo utilizado para asesinar a Ramón Mauricio salió de y regresó a los sótanos de la extinta Policía Nacional; o que la investigación policial se inició tres semanas después del asesinato, no obstante conocer el ingeniero Ávila los hechos desde el mismo día en que ocurrieron".
Por último, dijimos: "queda claro que con declaraciones tales como las vertidas por el director de la PNC --eximiendo de responsabilidad a quien dio la orden de matar, sin ser autoridad judicial competente para ello y sin la realización de un debido proceso-- cabe preguntarse si más bien se intenta proteger al responsable intelectual del crimen. De ser así, será todavía mucho más difícil lograr el juzgamiento y castigo de todos los involucrados en este caso; no precisamente porque sean inocentes, sino porque los órganos responsables de investigar y sancionar no cumplen a cabalidad con su papel. Afortunadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está conociendo el caso y esperamos que su resolución sea de beneficio para otras personas que como nosotros luchan por erradicar la impunidad de El Salvador".
Pero --volviendo al informe del Departamento de Estado-- independientemente del tono en que se digan las cosas dentro del mismo, lo cierto es que se han dicho y eso también ayuda. De cualquier forma, con todos los señalamientos críticos que se han hecho y se puedan hacer desde Washington, sumados a los de la PDDH y los organismos de la sociedad civil salvadoreña, siempre es válido preguntar: ¿por qué no se superan aún las fallas?
En la ya citada entrevista televisiva, pudimos observar un ingeniero Ávila a la defensiva, poniendo en duda si el reporte que nos ocupa en realidad se trataba de un documento oficial del Departamento de Estado. En lo que sí se vio categórico fue en su aseveración de que "algunas ONGs envían la información generada por la Procuraduría al Departamento de Estado"; y, de ser así, cabe preguntar: ¿qué tiene de malo hacerlo? También sostuvo que en cualquier parte del mundo la Policía va a estar involucrada en violaciones a los derechos humanos y que, por tanto, el que sus agentes aparezcan envueltos en hechos de este tipo indica, más bien, que están haciendo su trabajo. Sin lugar a dudas, este último es un argumento muy pobre y nada convincente pues nadie pide que no trabajen sino que trabajen bien; de igual forma, demuestra una actitud poco profesional que en nada beneficia a la imagen del cuerpo encargado --por ley-- de garantizar la seguridad de todas las personas en nuestro país.
En el caso del Órgano Judicial, al menos en la forma, las reacciones de su cúpula son quizás un poco diferentes. No obstante que también la Corte Suprema ha sido señalada por no brindar una pronta y cumplida justicia, de no superar el grave problema carcelario y por marchar lentamente en el camino de su depuración, el presidente de la misma ha reconocido públicamente algunos de los errores y --pese a que ha intentado formular explicaciones no siempre convincentes-- se ha comprometido a mejorar, aunque en la práctica no se hayan observado mayores ni alentadores resultados.
Con todo lo anterior, es una la reflexión final que nos
hacemos: de muy poco servirán todos los señalamientos
que se hagan --vengan de donde vengan y tengan la intensidad que
tengan-- si las respectivas conducciones de la PNC y el Órgano
Judicial no ponen todo su empeño para garantizar una buena
actuación de sus funcionarios. Y eso no se va a lograr
deslegitimando informes o aceptando sus planteamientos de palabra,
pero sin actuar con decisión para superar las deficiencias.
Hay que ofrecer resultados concretos y positivos para lograr que
la población, por años sufrida, les tenga confianza
y acuda a ellas denunciando los actos que le afectan, para así
construir --de verdad-- un Estado democrático y participativo
de Derecho.
| A continuación presentamos el texto de la pieza de correspondencia hecha por los directores de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) a la Asamblea Legislativa, acerca de la reelección de Victoria Marina de Avilés como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. |
Señores/as Secretarios/as
Asamblea Legislativa.
PRESENTE.-
María Julia Hernández y Benjamín Cuéllar
Martínez, en nuestra calidad de directores de la Oficina
de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y del Instituto
de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas" (IDHUCA), respectivamente, CONSIDERANDO:
a. Que el 23 de marzo la doctora Victoria Marina Velásquez
de Avilés cumplirá tres años al frente de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
--institución clave para el desarrollo democrático
del país, nacida a partir de los acuerdos de paz-- y, por
ello, es necesario hacer una reflexión sobre la importancia
que conlleva la elección de la persona que ocupará
tan importante cargo durante el próximo período.
b. Que no es casual que la designación de la persona que
asumirá tal responsabilidad sea preocupación de
la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, pues
conocemos las experiencias anteriores en las cuales han
prevalecido los intereses políticos partidaristas por sobre
los requisitos que establece la ley de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos;
c. Que nos preocupa el hecho de que la elección de dicha
persona se dé a espaldas de los organismos e instituciones
de la sociedad civil y que, de nuevo, se quiera desconocer la
autoridad y propiedad que tienen --sobre todo aquellas que trabajan
directamente en la materia-- pues de todos es conocido que fue
desde estos espacios donde más aportó para la elaboración
de dicha ley;
d. Que es obvio que el tema de los derechos humanos aún
no es bien visto por algunos funcionarios gubernamentales y, por
ello, es poca o nada la importancia que le dan a las propuestas
que surgen de los organismos e instituciones de la sociedad civil,
no obstante ser éstos los más idóneos --por
su labor humanitaria-- para indicar las decisiones más
correctas a adoptarse en esta elección. Sin embargo, siendo
optimistas, pensamos que en medio de los actuales esfuerzos por
democratizar el país como resultado de los acuerdos de
paz, la participación ciudadana debe ser considerada en
forma prioritaria dentro de toda acción que tenga que ver
con el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
En razón de lo anteriormente expuesto, a esta Honorable
Asamblea Legislativa PEDIMOS:
1. Que en la elección de la persona que procurará
por la defensa de los derechos humanos de las y los salvadoreños
en los próximos tres años, se hagan prevalecer los
intereses de la población; por eso, recomendamos se dé
oportunidad a la sociedad civil para que desde ella se presenten
propuestas y sugerencias, las cuales deben ser tomadas en cuenta
para la escogitación de la persona que ocupará dicho
cargo.
2. Que se respete y se tenga presente el perfil del o la
titular del cargo, según los requisitos exigidos claramente
en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Procuraduría.
3. Que siendo coherentes con todo lo anterior, se reelija
a la actual procuradora para la defensa de los derechos humanos
--por los méritos reconocidos ampliamente dentro y fuera
del país-- dando así oportunidad para que dicha
institución se fortalezca y se satisfagan de mejor manera
las expectativas que motivaron su creación.
San Salvador, diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
PROPONEN A FLORES. Luego de una reunión entre el Presidente
de la República, Armando Calderón Sol; el Presidente
del COENA, Alfredo Cristiani; la Ministra de Educación,
Cecilia Gallardo de Cano; el Ministro de Salud, Eduardo Interiano;
el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel; y el empresario
Roberto Murray Meza, la Comisión Política de ARENA
decidió dar su apoyo a la precandidatura para la presidencia
de la República a Francisco Guillermo Flores. "Hemos
considerado darle todo el apoyo a la candidatura del licenciado
Flores, pero él será un candidato hasta que en la
Asamblea General sea nombrado", dijo la Ministra de Educación.
Mientras, Cristiani, Murray Meza, Gallardo de Cano, Interiano
y Acosta aún se mantienen como potenciales precandidatos,
en el entendido que, en tanto la Asamblea General no confirme
al candidato, cualquier miembro del partido puede optar a tal
designación (LPG 06.02 p.4 y 5, DH 06.02
p.8, LPG 07.02 p.4).
POSICION DE ANEP. El director ejecutivo de la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez,
expresó, el 05.02, su satisfacción por la designación
de Francisco Flores como precandidato presidencial del partido
ARENA. Jiménez manifestó que Flores reúne
todas las condiciones ejemplares que requiere el presidente que
introduzca al país en el nuevo siglo; "Paco cumple
con todas las cualidades, le ha dado mucha credibilidad al órgano
que representa", dijo (LPG 06.02 p.5).
APOYAN PRECANDIDATURA. 54 diputados del partido ARENA, entre propietarios
y suplentes, apoyaron, el 09.02, la precandidatura presidencial
del diputado Francisco Flores. "Estamos satisfechos por este
hecho sin precedentes", declaró el jefe de la bancada
arenera, Walter Araujo. El apoyo fue anunciado en conferencia
de prensa, durante la cual se recalcaron las posibles contradicciones
entre Francisco Flores y Alfredo Cristiani por las precandidaturas;
no obstante, Araujo sostuvo que el jefe del COENA ha declarado
que, mientras no exista ratificación, Flores es un precandidato.
Hablar de apoyo de la fracción legislativa a Flores, "es
referirse a la columna vertebral del instituto político,
y es posible que otros sectores también se sumen a este
respaldo", dijo Araujo. Asimismo, el Ministro del Interior,
Mario Acosta Oertel, confirmó que el Presidente de la República,
Armando Calderón Sol, hizo del conocimiento del Consejo
de Ministros su respaldo personal a Flores. Según Oertel,
"lo de Paquito era un secreto a voces. Fui uno de los primeros
que se manifestó en que ARENA había encontrado con
Paco Flores un tesoro escondido". Mientras, la presidenta
de la Corporación de Municipalidades de la República
de El Salvador (COMURES), Zoila Milagro Navas, expresó
que los 168 gobiernos municipales de ARENA se sumarán al
respaldo del precandidato y organizan un evento al respecto (LPG
10.02 p.4).
PODRIAN COALIGARSE. El partido Unión Social Cristiana (USC)
llamó, el 01.02, a los demás partidos de oposición
y a fuerzas sociales a conformar una alianza para participar en
las elecciones presidenciales de 1999, que haga frente al partido
ARENA. La USC --formada por el Partido de Renovación Social
Cristiano (PRSC), el Movimiento de Unidad (MU) y el Movimiento
de Solidaridad Nacional (MSN)-- tendría por objetivo un
llamamiento para coaligarse en una sola fuerza y "sacar a
ARENA del poder". Según expresó el presidente
de la USC, Abraham Rodriguez, ya han iniciado un acercamiento
con los dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMLN), pero, además, buscan
acercarse a otros partidos y a movimientos sociales como sindicatos
y otras organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, la
miembra de la Comisión Política del FMLN, Nidia
Díaz, señaló que no puede decir si habrá
o no coalición en el sentido que lo plantea la USC; sin
embargo, dijo haber encontrado muchos puntos en convergencia con
ellos. Mientras tanto, Roberto Lorenzana, miembro de la Comisión
Política del FMLN, reveló, el 05.02, que su partido
adelantará su Convención Nacional para designar
con suficiente anticipación sus candidatos a presidente
y vicepresidente de la República. (LPG 06.02 p.5
y DL 02.01 p.5).
DECLARACIONES. En referencia a la precandidatura a la presidencia
lanzada por el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco
Flores, el Obispo Auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio
Rosa Chávez, externó que "más importante
que el candidato que queremos, es el país que queremos";
necesitamos alguien "con sensibilidad social, debe considerar
a las personas como seres humanos y no como números; que
crea que la economía debe estar al servicio de los seres
humanos". El prelado manifestó que "viéndolo
desde la línea del Plan de Nación, la persona que
aspire una candidatura, debe pensar en como erradicar la pobreza".
(LPG 10.02 p.4).
REUNION AMBIENTAL. Portavoces del Ministerio de Ambiente de El
Salvador informaron, el 07.02, que los Ministros de Ambiente de
Centroamérica se reunirán, el 11.02, en San Salvador
para analizar el efecto invernadero y evitar el consumo de toneladas
de madera que destruye los bosques del área. Los funcionarios
discutirán las estrategias de la región centroamericana
en los mercados de carbono para el año 2000; el objetivo
es reducir los niveles de deforestación que afectan a la
región y especialmente a El Salvador, con la pérdida
de sus deteriorados bosques tropicales (DH 09.02 p.39).
SECUESTROS. El Coordinador Adjunto del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), Francisco Jovel, aseguró,
el 09.02, ante el Juez Primero de lo Penal de Nueva San Salvador,
Delfino Parrilla, desconocer cualquier tipo de reunión
en la que se abordara el secuestro de algún empresario
en el país. "No estuve presente en alguna reunión
de la Comandancia General en la que se abordara el tema de secuestro
de alguna persona y si no hubiera estado, debí haberme
dado cuenta y no fue así", dijo. A juicio de Jovel,
la aseveración que hiciera en su momento la dirigente del
Partido Demócrata, Ana Guadalupe Martínez, fue vertida
en un momento electoral. Mientras, el Fiscal Específico
en el caso, Pedro José Cruz, señaló al dirigente
del PD, Joaquín Villalobos, como la pieza clave para determinar
quiénes participaron en la reunión en la que supuestamente
se abordó el tema del secuestro de Kevin Salume y Guillermo
Sol Bang. Según el Fiscal, se están realizando las
gestiones pertinentes para que Villalobos comparezca ante los
Tribunales. Cruz dijo que uno de los aspectos que se está
valorando en el proceso es que se cite a los testigos, Salvador
Sánchez Cerén, Ana Guadalupe Martínez, Joaquín
Villalobos y Francisco Jovel, para realizar un "careo"
que determine quién dice la verdad (DL 09.02 p.3).
