Año 18
número 795
febrero 18
1998
ISSN 0259-9864
Editorial ¿Que sucede en ARENA?
Política Modernización del gobierno de San Salvador
Política Caos y desorden en la Asamblea Legislativa
Sociedad Las mujeres en los espacios políticos
Internacional Indulto en Cuba: a la espera de un cambio
Derechos Humanos Choque eléctrico a los derechos humanos
Los partidos políticos tienen la mirada puesta en 1999; en consecuencia, las necesarias readecuaciones ya han comenzado a operarse al interior de algunos de ellos. El partido ARENA es el que, hasta este momento, ha ocupado el mayor espacio en los medios de comunicación, no sólo porque ha sido el primer instituto político que hace público el nombre de uno de sus precandidatos –Francisco Flores--, sino porque éste podría estar encabezando a uno de los sectores del partido inconforme con la conducción de la vieja guardia arenera; un sector que tendría su nicho en la Asamblea Legislativa. En cierta forma, la reacción inicial de Cristiani a la autoproclamación de Flores como precandidato de ARENA pudo haber evidenciado algo de los roces existentes al interior del partido de derecha, aunque la posterior posición del Presidente del COENA –respaldando la nominación de Flores— estuviera encaminada a resaltar la "unidad granítica" de su partido.
Por lo demás, lo que sucede al interior del instituto político de derecha no puede dejar de generar las más disímiles hipótesis e interpretaciones. Una de las más aceptadas es aquella que atiende a las innegables tendencias que existen al interior de ARENA, las cuales, si bien están articuladas por un proyecto común que apuesta por la libertad de empresa y el rechazo a cualquier iniciativa de solidaridad social, no parecen estar en total acuerdo acerca de cuáles serán los sectores empresariales más beneficiados ni quién o quiénes serán las figuras que llevarán adelante la iniciativa arenera. ¿Qué privilegiar, los intereses de la banca o los intereses de los agricultores y los industriales? ¿Quiénes van a gestionar mejor el proyecto de la derecha, los "duros", como Mario Acosta Oertel; los empresarios exitosos, como Roberto Murray Meza; los "viejos zorros", como Alfredo Cristiani; o los jóvenes intelectuales, como Francisco Flores?
Si acaso tiene visos de realidad una lectura de este tipo, las cosas al interior de ARENA no están tan tranquilas como parece. Hay abundante evidencia tanto de las fracturas del partido a raíz de las pugnas existentes entre sus grupos de interés, como de los conflictos entre las figuras (y sus respectivos séquitos) que --amparados en una filiación directa con el padre fundador Roberto D’Abuisson, en un presunto protagonismo histórico o en una supuesta brillantez intelectual-- pretenden liderarlo. No es que el partido esté al borde del abismo; no es que su futuro político sea incierto. Se trata, sin embargo, de pugnas y conflictos que han hecho tambalear, en más de una oportunidad, a la unidad disciplinaria que, hasta antes de la firma de los Acuerdos de Paz, alejó de las filas de ARENA al fantasma de la disidencia. Así, la paz lograda en el país trajo la discordia a ARENA; y ello porque la guerra contra ese enemigo que era el comunismo (pretendido o real) no les daba el tiempo necesario a sus miembros para detenerse en cosas que en aquel momento eran secundarias –quién se estaba apoderando de los bancos, qué sector se estaba quedando rezagado tecnológicamente, quién se estaba beneficiando de la protección estatal, etc.--, pero que, finalizada la guerra, han ocupado un lugar central en las discusiones areneras.
ARENA enfrenta ahora, en su interior, una guerra económica entre sus principales sectores. También enfrenta una guerra política: qué sector va a canalizar sus intereses a través de las instituciones estatales y quién o quienes van a ser los encargados de que ello sea así. ¿Y el FMLN? Importa como contendiente político, pero no es el enemigo temible del pasado, el enemigo capaz de aglutinar sin fisuras a una derecha amenazada y en zozobra. Por supuesto que no es deseable que el FMLN llegue a gestionar el aparato estatal; por supuesto que los miembros de ARENA tienen que diseñar una estrategia para contener el avance electoral del partido de izquierda. Es en este punto que los dirigentes de ARENA tienen que buscar los acuerdos básicos y es ello lo que quizás hasta ahora ha evitado que las disidencias sean más estrepitosas. Pero se trata de un eje de compromiso que cada día se vuelve más frágil, ya que las amenazas contra la riqueza de grupos otrora poderosos –los grupos dominantes en la agricultura tradicional— han provenido no del enemigo comunista, sino de un grupo económico –el financiero--, cuyas metas e intereses no coinciden y en muchos aspectos son contradictorios con las metas e intereses de aquéllos.
Claro que el FMLN es un rival político peligroso para ARENA. Pero entre sus miembros hay rivalidades también peligrosas. ¿Cómo articular una estrategia política que sea adecuada para contener al FMLN, pero que favorezca –o al menos no socave-- los intereses del sector económico y político con el que me identifico?: esta ha de ser una de las preguntas que pasa por la cabeza de los principales dirigentes areneros en el momento actual. Y vaya que no es una pregunta fácil de responder.
¿Es bueno para el proceso de democratización del país este debate interno en ARENA? Claro que es bueno, pues a partir del mismo salen a relucir los intereses particulares de quienes están gestionando el Estado con una pretendida voluntad de bien común. ¿Es bueno para el país que se imponga una de las tendencias en disputa, por ejemplo la de Francisco Flores? Depende. Si, por ejemplo, logra que la moderación se imponga a la intolerancia en las decisiones de ARENA, indudablemente eso hará un bien al proceso de democratización. Si, por el contrario, para fortalecer a ARENA, hace que el partido cierre filas en debate público, fomentando la intolerancia, eso no hará un bien al país, aunque sea conveniente al partido.
Hay quienes quieren medir los ritmos del país de acuerdo a los ritmos de ARENA. Vaya error más grave, por no hablar de ceguera o falta de juicio. Que ARENA se fortalezca no quiere decir en lo absoluto que el país va a ir mejor. Que el país haya avanzado en el proceso de democratización no ha sido necesariamente gracias a ARENA, sino en muchos aspectos pese a ARENA.
Uno de los principios básicos de nuestro gobierno municipal es su modernización, definida como su adaptación a los requerimientos y tecnología de la época, con el objeto de proveer mejores servicios, aumentar su cobertura y convertir al gobierno local en propulsor del desarrollo económico local.
La modernización que promoveremos tiene varios componentes, entre los cuales señalamos como principales, la redefinición del rol del Estado, la descentralización, la búsqueda de mayor eficiencia en nuestros recursos, la participación y la privatización.
Lo anterior tiene varias implicaciones importantes, sobre todo si estas definiciones se contrastan con las usadas comúnmente en nuestro medio. Primero, para nosotros modernización no es igual a privatización; ésta última es una herramienta --no un fin-- de un proceso mucho más amplio.
Segundo, hablamos de gobierno, no de alcaldía, porque nuevamente, la alcaldía es sólo uno de los actores claves que deben participar en el proceso de modernización. El gobierno local somos todos: las comunidades, la empresa privada, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Todos estos actores claves deben estar involucrados en el proceso de modernización.
Tercero, creemos que la necesidad de modernizar implica cambiar la forma de gobernar y administrar el gobierno local que heredamos. La forma actual le asigna al Estado un rol de ejecutor, le deja muy poca autonomía al gobierno local. La forma de gobierno tradicional se basa en un modelo excluyente, que no consulta, que no comparte el proceso de toma de decisiones con otros actores claves del municipio. Es una administración centralizada, que usa tecnologías muy obsoletas y que no potencia el uso de los recursos humanos.
Lo que nosotros estamos construyendo es un gobierno incluyente, participativo, descentralizado, eficiente, que define al Estado como rector, facilitador, concertador, normador y garante del desarrollo y el bien público. La administración que estamos desarrollando está basada en la transparencia, la eficiencia y la solidaridad.
Lo anterior implica cambios radicales en la forma de gobernar que se ha dado en nuestro municipio. Debemos compartir el proceso de toma de decisiones con la población, actualizar nuestra tecnología, reeducar al empleado municipal, descentralizar varias de las funciones de la alcaldía, así como concertar y compartir nuestro quehacer como gobierno con los otros actores del municipio.
Nuestro nuevo rol implica trasladar el máximo de responsabilidades y obligaciones que podamos a los actores de la sociedad civil, especialmente a las comunidades y a la empresa privada, convirtiéndolos en nuestros socios, en verdaderos sujetos de su propio desarrollo.
Hemos dado pasos importantes en este proceso de modernización en el corto período que tenemos de gobernar. Menciono los más importantes: el diseño del proceso de participación ciudadana, incluyendo la celebración de los cabildos abiertos y las mesas de concertación barrial; la elaboración de diagnósticos de la administración municipal y el comienzo de su proceso de reingeniería; el análisis de nuestras finanzas y la propuesta de nuevos impuestos más eficientes y justos , que nos permitan financiar este proceso de modernización.
Asimismo, hemos identificado nuestras prioridades, propuesto soluciones para ellas y hemos buscado alianzas con el sector privado para aquellos proyectos en los cuales consideramos que pueden intervenir. El relleno sanitario ha sido diseñado y financiado, y será construido y administrado en asociación con la empresa privada. Estamos en pláticas con el sector privado para la co-ejecución de los proyectos de cementerio, rastro, rehabilitación del Centro Histórico y mejoramiento de algunos parques.
Estamos convencidos de la necesidad de la modernización y de la necesidad de incluir a todos los actores posibles en ese proceso. Ello implica un proceso largo y no fácil para nuestra administración. También implica que todos los actores claves del municipio asuman sus deberes y obligaciones.
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Colaboración de Héctor Silva, Alcalde de San Salvador
El establecimiento del quórum
El quórum es el número necesario e indispensable de diputados para dar por abierta una sesión; por lo general, es igual a la mayoría de sus miembros. Una vez establecido se puede debatir, tomar acuerdos o resoluciones y proceder a realizar votaciones.
Si a los quince minutos después de la hora fijada para iniciar la sesión no existe el quórum, ésta se pospone para la siguiente fecha y, si en el transcurso de la plenaria éste se pierde, la plenaria se suspende y se difiere; en ambos casos, se toma la nómina de los presentes y se efectúan los respectivos descuentos a los salarios de los diputados ausentes y de los que se retiraron y rompieron el quórum, a menos que a cada uno de ellos se les haya aprobado y otorgado permisos autorizados por la Junta Directiva o por causas justificadas contempladas en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa.
El quórum se puede instrumentalizar como táctica legislativa. Por ejemplo, cuando el pleno va a votar, algún diputado puede solicitar que se verifique el quórum, como medida dilatoria para ganar tiempo que le permita cabildear o tratar de convencer a otros diputados para tomar determinada posición en cuanto a la votación.
Los tipos de quórum guardan relación directa con las actividades legislativas. Por ejemplo, con el tipo de votación, en algunos casos se puede requerir la presencia de la mitad más uno, de las dos terceras partes o de las tres cuartas partes de los diputados.
La práctica legislativa en El Salvador en relación con el quórum es la siguiente: primero, el Presidente de la Asamblea saluda a los diputados y al público presente; luego, un secretario de la Junta Directiva lee en voz alta la lista de los diputados y cada uno confirma en voz alta su presencia; si el control de asistencia constata la participación de por lo menos la mitad del total de los diputados más uno, es decir 43 --se supone que entre ellos debe de haber al menos 6 miembros de la Junta Directiva--, entonces se establece la existencia del quórum y se procede a dar por abierta la plenaria.
En El Salvador, en relación con el quórum, el Art.30 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa estipula tan sólo que: "al inicio de la sesión se establecerá el quórum, el cual se conformará con la mayoría de los diputados y diputadas electos. En caso necesario los diputados y diputadas que han conformado el quórum inicial podrán ser sustituidos, por una sola vez en la misma sesión de que se trate, por el suplente o propietario en su caso, comunicándolo por escrito a la Junta".
La Constitución Política de El Salvador, en el Art.123, expone lo siguiente al respecto: "la mayoría de los miembros de la Asamblea será suficiente para deliberar. Para tomar resolución se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los Diputados electos, salvo los casos en que conforme a esta Constitución se requiere una mayoría distinta".
Modificación de la agenda
Según la práctica legislativa internacional, inmediatamente después de haberse establecido el quórum, se pasa a la modificación de la agenda propuesta por la Junta Directiva, las alteraciones se aprueban con los dos tercios de los diputados electos.
Para el caso de Costa Rica, según el Art.37 del Reglamento de la Asamblea Legislativa: "el Orden del Día podrá ser alterado, pero las mociones que tengan ese propósito sólo serán de recibo en los siguientes casos: cuando lo soliciten dos o más Jefes de Fracción que juntos representen por lo menos a treinta y ocho diputados; cuando así lo demande no menos de la mitad de los Jefes de Fracción, debidamente acreditados; cuando así lo soliciten diez diputados de dos o más fracciones".
En la práctica legislativa de El Salvador, después de establecer el quórum, se pasa a la aprobación de la agenda, para lo cual el Presidente de la Asamblea le pregunta al pleno si tiene alguna modificación que introducir. Sin embargo, la modificación se puede realizar tanto al principio como al final de la sesión plenaria; las alteraciones a la agenda se aprueban con los votos de la mitad más uno. Según el Art.30 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa salvadoreña: "establecido el quórum el Presidente(a) someterá a la aprobación de la Asamblea la agenda, la que podrá ser enmendada por el pleno, a propuesta de cualquier diputado(a)".
Entre las enmiendas que usualmente se proponen para la inclusión en la agenda, se encuentran las siguientes: introducir o retirar dictámenes; informes o piezas de correspondencia; dispensa de trámite; cambiar el orden propuesto de la agenda; minuto de silencio por el fallecimiento de algún familiar de cualquier diputado; iniciativas de ley; autorizaciones para préstamos de parte del Ejecutivo, etc.
Esta forma caótica de modificar la agenda de la sesión plenaria se debe, en cierta medida, al grado de irresponsabilidad y desorden de los diputados, del personal administrativo y de los asesores jurídicos, por no trabajar en el tiempo en que lo deben hacer o dejar los asuntos legislativos para última hora. No obstante, estamos de acuerdo en modificar el orden de la agenda, en beneficio exclusivo del sector de la población interesado y que se encuentra presente en la Asamblea, en espera de que los diputados tomen una posición en relación con sus problemas. Hay casos en que las personas interesadas vienen desde zonas remotas del interior del país; como por ejemplo, en casos de emergencia nacional.
Después de presentar las propuestas de alteraciones a la agenda, se lleva a votación la aprobación de las mismas en bloque. Por lo general, se aceptan las modificaciones sin mayores inconvenientes.
La aprobación del acta de la sesión plenaria anterior
En términos generales, para la aprobación del acta es necesario distribuirla a los diputados al menos con un día de anterioridad a la sesión plenaria, con el fin de que cada diputado pueda leerla de forma reposada y preparar con tiempo las observaciones que planteará el día de la plenaria. En este mismo orden, en la plenaria es esencial escuchar la lectura de la misma, que efectúa algún secretario de la Junta Directiva, con el objeto de verificar que refleje la fidelidad de lo tratado en la sesión anterior, igualmente para corregir errores de forma. Una vez hechas las rectificaciones y correcciones al acta, y si éstas cuentan con el beneplácito expresado en votación favorable de la mayoría de los diputados, se da automáticamente por aprobada.
En El Salvador, lo único que se "norma" en relación con la aprobación del acta de la sesión plenaria anterior se encuentra en los Arts.30 y 46, del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Art.30: "Aprobada la agenda el Presidente(a) someterá a la aprobación de la Asamblea el acta de la sesión anterior. A juicio de la Junta Directiva podría posponerse la lectura y la discusión del acta". Art.46: "Las actas de las sesiones serán firmadas por los miembros de la Junta Directiva que hayan asistido a las sesiones de que se trate".
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA
En todas las esferas de poder hay nombres importantes, personajes célebres, sobresalientes intelectuales y una serie de hombres que encabezan las listas de los más destacados. A través de la historia, las relaciones de poder se han ido imponiendo siempre con etiquetas masculinas. Las mujeres raras veces han sido representantes en los sectores sociales, religiosos, económicos, académicos y, por supuesto, políticos. Y no es porque la capacidad e inteligencia de los hombres sea superior; simplemente, las oportunidades, las preferencias y los espacios para la dirección y el poder están reservados para el género masculino. Esto se debe a una larga costumbre de subordinación y marginación femenina.
La vida política de El Salvador demuestra claramente esta situación; por ejemplo, la Asamblea Legislativa, como primer órgano del Estado, está compuesta por 70 hombres (83.3%) y 14 mujeres (16.7%). Este último es el "significativo" porcentaje que representa al 52% del total de la población salvadoreña : las mujeres. Para ellas es sumamente difícil la participación política, pues ésta siempre ha sido vista como actividad para hombres. Aún prevalece la errada creencia de que el sexo femenino no tiene la capacidad para dirigir un país, o para aportar opiniones y decisiones contundentes y acertadas para el desarrollo nacional. Y es que el marco político salvadoreño es extremadamente patriarcal.
Grandes y variados son los obstáculos que tienen que superar las mujeres para poder entrar en esa exclusiva cúpula. Y, una vez dentro, mantenerse y escalar a niveles superiores es una tarea aún más ardua. En la política, la discriminación femenina se manifiesta de muchas formas, y aquellas mujeres que han podido atravesar sus murallas desempeñan su rol político no sin una buena dosis de tensión. En un estudio realizado y publicado en 1995 por la organización no gubernamental Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), se entrevistó a 13 mujeres que ocupaban importantes cargos en la política nacional. Ellas relataron su experiencia dentro de este campo y aquello que más ensombrecía su camino y expectativas. Describieron las situaciones de discriminación más comunes en las que se veían envueltas, entre las cuales cabe mencionar: que la exigencia y presión laboral es mucho más fuerte para las mujeres que para los hombres; que "los errores, las insuficiencias y deficiencias" son más condenables en ellas; que hay rechazo y aislamiento para las embarazadas, y que aquellas que están casadas o con hijos no son meritorias de becas o viajes al exterior; entre otras. Esta es una historia cotidiana y de larga data, que obedece a patrones culturales, familiares y educacionales.
La visión de género aún no tiene la suficiente autonomía como para enfrentar esta situación tan preocupante. Realmente es angustioso saber que el sector político está bastante lejos de ser democrático, pues es tan portavoz de injusticias individuales y colectivas en torno al poder como lo es la familia, eje principal de la sociedad. Ambos campos, pese a que son tan distintos, son representantes de la sociedad salvadoreña y, lamentablemente, promotores de una visión represora de la población femenina.
Hace algunos meses, la ex presidenta del partido ARENA, Gloria Salguero Gross, afirmó a un periódico nacional que para que una mujer alcance un lugar político importante (la Presidencia de la República, para el caso), son "los hombres los que ponen los obstáculos", debido a que son ellos "los que ocupan las estructuras de mando en el partido". Aseguró que "en una escala del 0 al 10, ARENA tiene una calificación de entre 8 y 9 puntos en materia de machismo, realidad que, sin duda, es patente en el resto de los partidos políticos. Según ella, es por esto último que el sector femenino del partido no ha podido postular a una mujer como candidata a la Presidencia. En este contexto, la Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, dijo que, pese a que las opiniones sobre su persona son favorables, no ha analizado a fondo su postulación como candidata presidencial y que, además, el partido no se lo ha pedido. Sin embargo, si ella espera a que sea el partido el que decida, lo más seguro es que no sea la candidata representante de ARENA.
Y es que aspirar a este cargo o, al menos, a la candidatura presidencial ha sido para las mujeres un hecho casi inexistente en la historia del país. Hace unos cuatro años aproximadamente, uno de los partidos pequeños postuló como candidata a la Presidencia a Rhina de Rey Prendes. Fue la primera y la última mujer que tuvo el "prestigio" de, al menos, aspirar al mando del ejecutivo, pero no tuvo ningún éxito, pues no recibió apoyo por parte de la población. Lastimosamente, la presencia de las mujeres en la política, además de ser escasa, tiene muy poca capacidad de influencia y decisión. Las estructuras de gobernación y las formas centralizadas de conducción del país están siempre en las líneas de mando masculinas y esto seguirá así hasta que se descentralice el poder y se equilibre en número y autoridad la presencia de ambos sexos en la dirección nacional.
Por hoy, es necesario que se promuevan más espacios públicos para las mujeres, no como secretarias de los diputados ni como esposas de algún funcionario importante, sino como mujeres independientes y capaces de tomar decisiones certeras para el desarrollo democrático, económico o social. Llegar a esto requiere competir con el bando masculino (puesto que la política y otros sectores funcionan mediante bandos opuestos) y, aunque no es la manera ideal de llegar al poder, es una forma de empezar a "entrar en el mercado".
Así lo constata la última encuesta publicada por la CID-Gallup que evalúa la situación actual del escenario político. La encuesta revela que 3 de cada 100 areneros prefieren que el ex Presidente Alfredo Cristiani sea su candidato presidencial para 1999. Después de Cristiani, los areneros prefieren a Cecilia Gallardo de Cano para la candidatura. En orden de aceptación, a los anteriores le siguen Roberto Murray Meza, Mauricio Samayoa y Oscar Santamaría, además del novel aspirante Francisco Flores, actual Presidente de la Asamblea Legislativa. Por su parte, el FMLN tiene como preferencia para candidato al alcalde capitalino, Héctor Silva, a quien le siguen Rubén Zamora, Shafik Handal, Facundo Guardado, entre otros. No obstante, también se ha escuchado el nombre de la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés. Su período como procuradora concluirá en marzo; debido a esto, tendría la oportunidad de optar a la candidatura presidencial.
La lista de nombres es larga y, como era de suponerse, está encabezada y casi llena de hombres, pero tal parece que la vida privada y doméstica de las mujeres empieza a tener los primeros síntomas de agonía. Que el nombre de estas dos personalidades públicas femeninas desfile entre los posibles precandidatos al cargo más importante de la República es bastante alentador. Tal vez la participación de las mujeres no tenga mucho peso todavía y la política aún no sea democrática e igualitaria, pero los cambios empiezan a verse, los espacios a abrirse y las mujeres a imponerse, aún a costa de la competencia y no de la igualdad constitucional entre los humanos. No será fácil diluir las fronteras del machismo tan arraigado y tan consentido por nuestras culturas latinoamericanas. El país necesita reeducarse para entender que las mujeres son, por naturaleza, jefas de familia y entonces ¿por qué no podrían ser también jefas de Estado?
Luego de la histórica visita del papa Juan Pablo II a Cuba, en enero pasado creció la expectativa de que la adversa situación que vive la isla, tanto desde fuera como en su interior, comenzará a tomar un rumbo diferente en beneficio de los habitantes de esa nación. Las palabras del pontífice, que demandaba que el mundo se abriera a la isla y viceversa, quedaron grabadas en la memoria de los que viven pendientes de los cambios que experimenta Cuba en esta difícil etapa de su historia. En este contexto, Fidel Castro lanzó la primera piedra, al anunciar la semana pasada la concesión de un indulto a casi 300 presos políticos, en respuesta a las peticiones que el Papa hizo durante su gira. Con el indulto se han visto favorecidos algunos líderes de grupos que han hecho resistencia a las medidas de control político que se han mantenido en la isla, pero la mayoría de las liberaciones, en palabras de los representantes del Estado, responden a "razones humanitarias", tales como la consideración de la edad o el estado de salud de algunos de los excarcelados.
¿Juego diplomático o inicio de una apertura de adentro hacia afuera?. Quién sabe. Tal vez lo apropiado sería pensar que lo que se está haciendo es lo que el régimen cubano necesita y lo que indiscutiblemente debe hacer para mantenerse estable frente a la población, en especial luego de que los ánimos de ésta han quedado --quiérase o no-- trastocados con la visita del papa. Dando un primer vistazo, una medida de este tipo implica reconocer que hay una enorme necesidad de que en el sistema se abran espacios para las distintas expresiones políticas, ideológicas y religiosas que existen en la isla. De hecho, para los intereses del régimen, antes de cualquier transformación en el plano económico --que pueda atentar contra los intereses de la nación en nombre de intereses individuales apegados al modelo imperialista-- deberían darse transformaciones en el plano político, por ser éstas las que más problemas le están provocando. En este sentido, valdría la pena rescatar la opinión de numerosos grupos de exilados residentes en EEUU que sostienen que las concesiones que el régimen otorga en momentos como este, pierden su valor si no afectan los marcos legales que dan luz verde a encarcelamientos con justificación ideológica.
Pero tampoco habría que adelantar los juicios y afirmar que el indulto dictado por las autoridades cubanas es suficiente como para pensar en el inicio de un período de apertura al interior de la isla. El gobierno ha sido enfático en que no se tolerará la impunidad, y que los casos que no se beneficiaron por la medida son aquellos en que los acusados atentaron contra el Estado y contra la economía. Entonces, el indulto concedido por el régimen cubano la semana pasada vendría a ajustarse perfectamente al modo como fue descrito por los medios locales: "un gesto razonable y generoso" en respuesta a las peticiones hechas por el "ilustre visitante", Juan Pablo II. Y es que adoptar una postura moderada al respecto implica, por un lado, atenerse a la posibilidad de enfrentar una resistencia más decidida por parte de los focos de disidencia que se habían visto afectados por los encarcelamientos y, por otro, la aceptación de una derrota política que no beneficiaría en nada a la imagen del sistema.
Esta derrota consistiría en aceptar una "apertura de Cuba al mundo", dando el brazo a torcer frente a las constantes presiones de la mayoría de los grupos anticastristas de EEUU, cuya principal demanda es que el sistema cubano cambie y se adapte a los rumbos actuales de la economía mundial. Eso es lo que el régimen de Castro no puede aceeptar. No hay que olvidar que gran parte de la estabilidad que recibió el basamento ideológico de la revolución cubana durante sus más críticos períodos venía del enfrentamiento contra "los enemigos de la patria", representados por los grupos de exiliados residentes en EEUU (Proceso, 784). Ante ellos, Cuba todavía tenía el cariz de esperanza, fuerza y patriotismo. Sin esos valores, Cuba --o mejor dicho, la base ideológica que mantiene al régimen-- perdería su fortaleza y con ello pondría en peligro al moribundo voto de confianza que sus desencantados pobladores le han dado. Lo que el régimen necesita es el apoyo de otros países para mantener "la revolución" dentro de los límites mínimos de estabilidad. La liberación de un buen número de presos, entre ellos algunos dirigentes de la resistencia, podría ser una maniobra para recibir ese apoyo internacional.
A este punto, entra en la discusión otro elemento importante: la reacción que se esperaba "del mundo hacia Cuba". Las peticiones hechas por el Papa en relación a las imposiciones económicas que existen sobre la isla tuvieron eco en el Congreso y el Senado estadounidense. Dos representantes de estas instituciones, ambos del gobernante Partido Demócrata, presentaron documentos en los que ponían en consideración la posibilidad de modificar los términos del embargo. Sin embargo, desde la visión conservadora de los senadores republicanos en EEUU, adoptar una postura de este tipo implicaría exponerse a que los beneficios de la revolución encontraran terreno fértil para maximizar sus potencialidades y, con ello, otorgarle a los opositores del modelo capitalista una mina de argumentos para destacar sus contradicciones. Siendo esto muy probable, ¿por qué, entonces, en la potencia norteamericana aparecen estas propuestas? Quizá porque pueden dar lugar a paulatinas transformaciones en la economía de la isla, que implanten los ideales de libertad e igualdad de oportunidades que definen al "sueño americano".
De hecho, la economía de Cuba ha experimentado a lo largo de la década ciertos cambios --aparición de mercados donde los granjeros ofrecen sus productos libremente y de formas de propiedad cooperativa en el área rural, apertura al establecimiento de micro empresas y a la inversión extranjera en la industria turística--, los cuales, para algunos, son una muestra de que el régimen tiene pocas alternativas a la introducción de otras formas de organización y distribución de los bienes. Otro argumento que podría justificar la modificación de los términos del embargo hacia Cuba puede ser el deseo de que el capital estadounidense tenga un lugar reservado dentro de la economía de ese país. No obstante, 40 organizaciones de exiliados cubanos se opusieron a la iniciativa demócrata. Está claro que esta puede ser sólo una excusa para ocultar el rechazo visceral que les provoca pensar en una modificación en las sanciones económicas en contra de la isla. En todo caso, la postura de estos grupos anticastristas refleja la misma actitud inamovible de los representantes del régimen cubano: mientras el enemigo no dé su brazo a torcer, nunca retroceder.
Al final, la gran interrogante sobre la manera en que se dejarán sentir las transformaciones que el sistema cubano necesita parece todavía no encontrar respuesta; lo cual aumenta la incertidumbre sobre el destino de la isla. Incertidumbre porque del conflicto y del debate que genera la planificación del presente y el futuro de Cuba se han extraído muy pocas propuestas que vengan a conciliar a las partes interesadas; por el contrario, pareciera que las posturas tienden a solidificarse más y a ocupar el espacio que le correspondería a aquellos planteamientos que favorecen la concertación y el diálogo. Incertidumbre porque aún al interior del sistema cubano no se potencia la capacidad de proponer modelos alternativos que demuestren que la supremacía del mercado sobre el Estado no implica la extensión de la igualdad de oportunidades en la sociedad.
De nuevo, los sectores más empobrecidos y desprotegidos de nuestro país están siendo duramente maltratados por las políticas del actual gobierno. No importa que se encuentren en condiciones críticas; ahora, la historia sigue siendo la misma y les volvió a tocar el turno con el drástico incremento de las tarifas eléctricas que entraron en vigor a partir de enero y que --tal como ha sido anunciado-- aumentarán cada tres meses a lo largo de 1998. Según dicen, así de mal continuarán las cosas en este rubro hasta que el subsidio estatal se elimine por completo.
Tal como se observa en las tablas tarifarias que hasta ahora se conocen --aunque nadie sabe si el golpe pueda llegar a ser más profundo-- al finalizar este año el aumento podría alcanzar un promedio del 60%. Irónicamente, con estas medidas resultarán beneficiados en forma considerable los mismos de siempre: los dueños de grandes empresas --sobre todo aquellas que no son productivas, independientemente de que generen algunos empleos-- pues los costos serán inmensamente menores para ellos; mientras tanto, para su mal, la gente que consume menos energía --el llamado "sector residencial"-- deberá buscar en sus cada vez más vacíos bolsillos para pagar mayores sumas por este vital servicio.
Ante el creciente descontento de la población afectada, incluida mucha que pertenece a esa "clase media" en proceso de extinción, y los reclamos que se escuchan a través de los medios de difusión masiva, la Asamblea Legislativa --haciendo uso de las facultades que la ley le confiere-- mandó a llamar al superintendente de electricidad y telecomunicaciones, Eric Casamiquela, y le pidió explicaciones al respecto. El funcionario --oportunamente reinstalado en el cargo por el titular del Ejecutivo, después de una decisión judicial que lo había separado del mismo-- se limitó a decir que se trataba de la "amarga transición" del sistema estatal al sistema privado.
Con seguridad, ante semejantes declaraciones, la mayoría de salvadoreñas y salvadoreñas comienza a confirmar lo que era un panorama dibujado y conocido con antelación: las injusticias de un modelo económico excluyente --donde compiten sólo quienes tienen recursos en abundancia-- que privatiza servicios fundamentales para una vida digna, sin importar que con ello se violen derechos humanos de la población conquistados tras largas y dolorosas luchas de la humanidad entera; sin importar, además, que con ello se continúen ampliando las razones para la protesta popular y se ponga en grave riesgo lo poco que se ha conseguido desde que finalizó la guerra.
Esa "amarga transición" que acepta con pasmosa tranquilidad el señor Casamiquela --seguramente porque a él no le afecta en nada-- no es pareja, pues más bien representa una seria carga para quienes tienen poco o no tienen nada, en aras de beneficiar a los que tienen mucho y quieren más. ¡Qué lejos está aquella gastada y retórica frase de campaña, electoral acuñada para conseguir votos hace casi nueve años: la de "gobernar para los más pobres de los pobres"¡ Y qué cerca está una nueva contienda electoral en la cual no será raro escuchar similares promesas huecas.
Con la venta reciente de las distribuidoras de electricidad no sólo se privatizó parte del poco patrimonio público que aún conservábamos con algún valor, sino que se profundizó la actitud de este gobierno que --por encima del mandato que define su actuación-- no está cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República, cuyo primer artículo dice textualmente: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común". Y en la misma disposición se añade que es su obligación "asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social".
En el ámbito de los derechos económicos y sociales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, se contempla que todas las personas deben dsifrutar de "un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". Eso lo saben las autoridades estatales, pues, es obligación suya garantizar que todo ello sea una realidad. En nuestro caso, si bien es cierto ya se privatizó la distribución de la energía eléctrica, el gobierno tiene que establecer una regulación económica y los marcos para asegurar que toda la población tenga acceso a este servicio, con calidad y a precios justos.
Más claro y directo aún para el caso que nos ocupa: los funcionarios correspondientes tienen el deber de garantizar que todas las personas --sin distinción alguna-- puedan hacer uso del recurso eléctrico. ¿Por qué? Pues porque a través de él se satisfacen innumerables necesidades básicas de las familias, dentro y fuera del hogar, que concretan eso que llamamos "bien común". ¿O las familias que gastan menos y no tienen para pagar más --que es la lógica sobre la cual se pretende sustentar el alza de las tarifas-- deberán salir al campo en busca de los pocos árboles que quedan en el país, talarlos y convertirlos en leña para poder cocinar y alimentarse, o para poder alumbrar su vivienda y lograr que sus hijas e hijos cumplan diariamente con sus obligaciones escolares? Y esos son, únicamente, dos sencillos ejemplos.
Es más: no sería aventurado afirmar que el actual gobierno comenzó a incumplir su deber constitucional establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República, desde el momento que decidió desprenderse de este y otros servicios vitales para una población que, mayoritariamente, por lo general no ha podido acceder a los mismos y que con seguridad --la práctica es la mejor prueba-- le irá peor cuando su distribución pase totalmente a manos de quienes "tienen todos los ases" en el juego de eso que, al menos en El Salvador, es una fantasía: el llamado "libre" mercado.
¿Por qué? Porque el citado artículo constitucional, en su cuarto párrafo, determina lo siguiente: "El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios". Sin embargo, lo lamentable de la miopía que caracteriza a ciertos grupos de poder económico y político en este nuestro sufrido país, no permite que esas exigencias sean satisfechas a cabalidad.
Bueno, pero incluso en la situación en la que nos encontramos --donde la compra-venta de todo alcanza hasta las conciencias de algunos-- existe una obligación constitucional que el actual gobierno tampoco acata: la que se encuentra en el último de los artículos citados y que se refiere a su facultad de "regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas". Esa "regulación y vigilancia" la entendemos --y si no que nos corrijan-- en aras del "bien común".
Organismos como el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) han protestado por las medidas que ahora comentamos y, por ello, presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno --principal defensor e impulsor de la privatización-- ante este otro grave problema que ahora le ha creado a la población? Nada; el presidente Armando Calderón Sol se "lavó las manos" y dijo que el Órgano estatal a su cargo no tiene ninguna responsabilidad en el alza de las tarifas eléctricas. Además, señaló que el aumento no debe ser visto como un impuesto sino como la prestación de un servicio que se otorgará en competencia, a la vez que hizo referencia a los beneficios de la privatización de los servicios básicos en países como Chile. Menudo consuelo; sólo falta que ahora nos pidan que añoremos al "arquitecto" de ese famoso "milagro" ocurrido allá en el Cono Sur.
Si a la subida actual de las tarifas eléctricas y las que ya se anuncian agregamos el desempleo y los bajos salarios que perciben grandes sectores de la población, no es aventurado decir que la mayor parte de salvadoreñas y salvadoreños viven y vivirán aún más en un real estado de desesperación y cada vez con menos esperanza. Y es que la gente que actualmente logra, con mucho esfuerzo cuando tiene trabajo, conseguir el salario mínimo o menos --que ni siquiera alcanza a cubrir sus necesidades más elementales-- ve cómo se le escurren esos pocos billetes entre sus manos. ¿Qué razones tiene, entonces, para creer que "cambiamos para mejorar"? Y todavía más, ¿qué horizonte de optimismo se puede dibujar ante los ojos de aquella gente que ni siquiera tiene un trabajo?
Aquí cabe volver a citar, por actual y necesaria, la palabra de Juan Pablo II. "Las organizaciones internacionales --expresó Su Santidad en su mensaje de paz al inicio de 1998-- tienen el cometido urgente de contribuir a promover el sentido de responsabilidad respecto al bien común para lograr una sociedad más equitativa y una paz más estable en un mundo que se encamina a la globalización. Pero, para esto, es preciso no perder jamás de vista la persona humana, que debe ser el centro de cualquier proyecto social". Así, el Papa afirmó que "el desafío consiste en asegurar una globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen" Ojo: el subrayado no es nuestro sino del autor.
Una última pregunta que no somos nosotros quienes podemos ni debemos responder: los costos que ahora comenzará a pagar la gente por las tarifas eléctricas y que irán aumentando a lo largo de 1998, ¿se los cobrará el pueblo en un plazo de un año en las elecciones y con muchos intereses?
ADVERSAN LEY. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), externaron, el 12.02, serias observaciones en contra de la Ley del Medio Ambiente que espera ser aprobada por la Asamblea Legislativa. A juicio de FUSADES, el anteproyecto presenta el problema de que ha sido elaborado por técnicos en cuestiones ambientales, que desconocen totalmente la técnica legislativa e inclusive lo que es una norma jurídica; es decir, el documento no puede ser considerado un proyecto de ley, sino una declaración de principios y enunciados idealistas sobre el medio ambiente, sin contenido jurídico. Entre tanto, la ANEP señala que el proyecto atribuye al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales facultades que corresponden a la Asamblea Legislativa, tales como legislar o establecer organismos estatales. "Se advierte una intencionalidad clara en el proyecto de consagrar un supra ministerio con una supra organización, ajeno a los verdaderos propósitos de una ley general del medio ambiente", expone. Por su parte, CASALCO advierte que debe modificarse el título de Ley del Medio Ambiente por Ley de Desarrollo Sostenible, considerando que la persona humana es el centro de ese desarrollo sostenible (LPG 13.02 p.5 y EM 13.02 p.4).
AMBIENTE. El jefe de la Unidad de Medio Ambiente de La Fiscalía General de la República, Carlos Solórzano Trejo, calificó de grave error argumentar que por fallas técnicas no se pueda aprobar el Anteproyecto de Ley de Medio Ambiente. Según Solórzano todo el pensamiento y los intereses económicos de la nación están dentro de la ley; no obstante, esta legislación podría tener algunas fallas, aunque el fin sea proteger el medio ambiente. "El problema está en que cuando los intereses económicos y políticos viejos, fortalecidos a través del tiempo por la falta de ley, se quieren regular, éstos reaccionan en forma violenta", expresó (LPG 13.02 p.5 y EM 13.02 p.4).
DESALOJO. Los dueños de ocho puestos de venta de comida rápida, protestaron, el 12.02, ante el anuncio de la Alcaldía capitalina de desalojarlos del sector ubicado detrás del Hospital de Niños "Benjamín Bloom". El desalojo se haría efectivo el 23.02 y responderá al Plan de Tranquilidad Ciudadana que impulsa Héctor Silva. Según la comuna, durante los últimos años, los entornos del hospital se han vuelto "una zona que provoca intranquilidad", que afecta principalmente a los niños pacientes de esta institución. A pesar de que autoridades municipales dicen que reubicarán esas ventas en un sector frente a la Universidad de El Salvador, "el temor es que cuando nos quiten de aquí, van a traer otras ventas", expresó Roberto Salamanca, propietario de uno de los puestos (DH 13.02 p.50 y LPG 13.02 p.16).
GRUPO GESTOR. El Grupo Gestor que iniciará el proceso de consulta del documento "Bases para el Plan de Nación", fue presentado, el 13.02, por el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, y la Comisión Nacional de Desarrollo (CND). Integran el Grupo: el Ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds; el presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Jorge Zablah Touché; el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Ricardo Simán; el Director de Asuntos Económicos del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Roberto Murray Meza; el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eduardo Torres; el abogado José Fabio Castillo; los representantes del sector sindical, Saraí Molina, Emilio Flores y Jorge Pinto. Los nueve integrantes fueron escogidos por la CND y tendrán la tarea de llevar a consulta el documento entre los diferentes sectores y establecer los acuerdos básicos para el Plan de Nación. Calderón Sol indicó que el Grupo Gestor surgió de consultas a nivel nacional, aduciendo que sus integrantes "no representan a un sector en particular", pues cada uno de los integrantes, aunque ocupen actualmente cargos en el Gobierno, gremiales o partidos políticos, fueron invitados a título personal (LPG 13.02 p.22, LPG 14.02 p.5 y DH 14.02 p.10).
FMLN SIN CANDIDATO. El alcalde capitalino, Héctor Silva, manifestó, el 10.02, que no aceptará la candidatura presidencial para representar al FMLN. Silva explicó que se encuentra más interesado en finalizar el trabajo de la alcaldía metropolitana que en aceptar el cargo presidencial. "A estas alturas de mi vida, factores de tipo personal pesan mucho más que aceptar una candidatura", afirmó Silva. Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, quien también había sido mencionado como una de las cartas presidenciables del FMLN, descartó cualquier precandidatura, explicando que no dejará su cargo, ya que éste se centra únicamente en el campo de la justicia. "Personalmente quiero formular una declaración en el sentido que mi trabajo está aquí (CSJ) y no habiendo recibido ninguna propuesta formal de ningún partido político...continuaré honrando mi compromiso en el Organo Judicial", declaró Tenorio. Asimismo, el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Dada Hirezi, afirmó no tener intenciones de aceptar lanzarse a la candidatura presidencial, ya que el FMLN no le ha propuesto nada y, aunque así fuera, no aceptaría. Mientras, dirigentes del FMLN dijeron no tener prisa en elegir un candidato, pues su prioridad sería ofrecer un Plan de Gobierno (LPG 11.02 p.4, DH 11.02 p.8 y LPG 12.02 p.5).
ALZAS EN TARIFAS. El titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Eric Casamiquela, confirmó, el 11.02, ante la comisión de Economía de la Asamblea, un "ajuste" de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Según el titular, los consumidores domésticos de energía pagarán más, mientras que los grandes consumidores pagarán menos, pues la SIGET argumenta que en la actualidad los pequeños consumidores pagan menos del valor real de la energía, mientras que los grandes pagan un sobreprecio, a la vez que subsidian a los pequeños. "Son cuatro ajustes a los subsidios, pero estarán compaginados con las mejoras del mercado", aseguró Casamiquela. Por su parte, el diputado de ARENA, Roberto D'abuisson consideró que "la ley de la SIGET faculta los ajustes para sincerar los precios". A criterio del diputado, es sano eliminar los subsidios, en tanto estos desestimulan la inversión privada (DH 12.02 p.8 y LPG 14.02 p.5).
CRITICAN ALZA. El arzobispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, criticó durante su homilía, del 15.02, el incremento a las tarifas de electricidad anunciadas. Según el prelado, el incremento afecta al pequeño consumidor, por lo que incitó al gobierno a tomar sus responsabilidades, tomando en cuenta los costos de la canasta básica (DH 16.02 p.6).
