Año 18
número 796
febrero 25
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Jugarretas de la privatización
Política En la Asamblea Legislativa el tiempo es incierto e impredecible
Economía Marcha atrás en el incremento de las tarifas eléctricas
Sociedad La violencia intrafamiliar: ¿un problema público o privado?
Sociedad A propósito de La Ley del Medio Ambiente
Derechos Humanos Ambiente malsano y no tan equilibrado
La modificación de las tarifas eléctricas fue presentada como un hecho consumado a partir de enero. Se incrementó de forma considerable el valor de la electricidad para los consumidores medianos y pequeños y se disminuyó la factura de los grandes. Los diputados que aprobaron la ley que permitió privatizar la distribución de electricidad se mostraron sorprendidos por el aumento. El FMLN, con toda razón, echa en cara a sus colegas diputados la responsabilidad de lo sucedido. Mientras tanto, el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha sabido --o no ha querido-- dar cuenta de la novedad.
Ha habido ocultamiento de información y mentiras flagrantes. Al aprobar la Ley se insistió en que no habría incremento en el precio del servicio e incluso se llegó a asegurar que éste disminuiría. Todo ello a cambio de una mejora notable en su calidad. Ahora se alega que la calidad mejorará y, en consecuencia, la demanda, para lo cual es necesario subir el precio. Por otro lado, se enfatiza la importancia de suprimir el subsidio que se otorgaba a los consumidores pequeños, pero se olvida contabilizar el descuento que se hace a los grandes. Eso para no hablar de los otros subsidios y privilegios que el gobierno concede al gran capital.
La SIGET ocultó información cuando dijo no saber a qué se debía el incremento de enero, pues éste fue decidido a finales del año pasado con la asesoría de técnicos argentinos. Presentar la modificación como un hecho consumado es una imposición más que no ayuda a confiar en un gobierno que dice buscar la participación ciudadana. El Presidente Calderón Sol tuvo que salir al rescate del superintendente explicando que se trataba de una decisión eminentemente técnica. La ley que dio origen a la SIGET sería un instrumento técnico y, por tanto, sus decisiones revestirían el mismo carácter ; es decir, serían necesarias e incuestionables. Al país no le quedaría más remedio que rendirse ante este ejercicio de perfección que, tal como prometió el mandatario, "no debe ser visto como un impuesto, sino como la prestación de un servicio que se otorgará en competencia". Así pues, los más pobres deberán entregarse sin reservas a las exigencias de la competencia. Dicho con otras palabras, el gobierno de ARENA está sacrificando al pueblo en el altar del mercado neoliberal.
Dos cosas se echan en falta en esta coyuntura. La primera es la protesta del sector privado que suele preocuparse mucho por la inflación. Una subida generalizada de la electricidad afecta de forma inmediata y universal a la inflación. Si fueran consecuentes con su preocupación por los índices macroeconómicos debieran hacer la misma alharaca que hicieron cuando el alcalde de San Salvador anunció la subida del impuesto municipal para los más ricos. Tal vez su silencio se deba a que la electricidad les costará menos --pues las empresas privatizadas, en las cuales quizás piensan invertir el dinero acumulado, serán así más rentables-- y a que la supresión del subsidio a los más pobres es acorde con sus ideas liberales, que sostienen que el valor de un servicio debe ser pagado completo, sobre todo por los de más escasos recursos.
El otro vacío que se observa es el planteamiento de las Bases para el Plan de Nación, en donde se habla de transparencia y honestidad, de la obligación del Estado de prestar los servicios públicos y velar para que las necesidades básicas de la población estén satisfechas, de los sacrificios que debe hacer el sector financiero, de los límites del mercado para asignar recursos equitativamente y de la necesidad de revisar el concepto de privatización. Nada de esto aparece en el debate público. Más aún, sorprende que en el grupo gestor se encuentre un ministro que afirma que parte del problema es que la población quiere comer mejor con unos recursos escasos.
Ante la avalancha de protestas y sobre todo ante la amenaza de un debate legislativo para revisar la Ley de Privatización de la Distribución de Electricidad, el Presidente Calderón Sol tuvo que dar marcha atrás. Después de enfatizar el carácter técnico de la decisión y la maldad del subsidio, ordenó mantener este último a lo largo de 1998, lo cual permitirá que la factura de electricidad de la mayoría de la población no aumente. Ahora bien, la decisión sigue siendo técnica, así como las nuevas tarifas establecidas para 1998, por lo tanto, todo ello se mantiene; el subsidio es contrario a la doctrina neoliberal, pero, con todo, necesario. Sin embargo, no se dice nada sobre si devolverán lo que ya subieron en el mes de enero.
Esto no significa que el gobierno haya cambiado su punto de vista respecto a la privatización de las distribuidoras de electricidad. Los principios doctrinarios que rigen ese proceso siguen en pie. La formalidad teórica se conserva, pero, en la práctica, el Estado pagará el incremento a las distribuidoras para que la población no tenga que hacerlo. El gobierno está convencido de que cuando las distribuidoras compitan "ferozmente" por el mercado, los precios tenderán a bajar. Lo más probable es que éstas se pongan de acuerdo y varíen el precio de manera insignificante, sólo para cumplir con la formalidad de la competencia, convirtiéndose en un oligopolio y un engaño más.
El gobierno optó por conservar el subsidio por dos razones. La primera es más coyuntural. En un año preelectoral no conviene subir el costo de la vida de una población cuyo voto ARENA necesita desesperadamente. La segunda es de orden estructural. Después de haber vendido las distribuidoras de electricidad en las condiciones establecidas por la Ley de Privatización, no puede cambiarlas ahora y mucho menos en un punto tan crucial como la determinación libre del precio. ARENA no puede permitir que la Asamblea Legislativa revise y modifique la Ley, que es, precisamente, lo que el FMLN está intentando hacer.
No está claro de dónde va a salir el monto del subsidio. El Presidente Calderón Sol asegura que sólo se trata de unos 50 ó 60 millones de colones, que serán extraídos de CEL. Pero el Ministro de Hacienda, Enrique Hinds, afirma que se trata de unos 310 millones, 260 de los cuales ya están presupuestados. Las cuentas cuadran, pero ¿cómo es posible que en un presupuesto tan deficitario como el actual se pueda disponer de esa cantidad de dinero de un día para otro?
El engaño, la insensibilidad ante las condiciones de vida de las mayorías y la indiferencia gubernamental respecto a sus propias propuestas cuestionan peligrosamente la credibilidad de Bases para el Plan de Nación.
Los informes de las comisiones en la sesión plenaria
En la práctica legislativa salvadoreña hay dos momentos: la primera y la segunda lectura. En la primera lectura de las piezas de correspondencia, mociones, solicitudes, proyectos o iniciativas de ley que conforman la agenda, la Junta Directiva a través de la presidencia determina la comisión o comisiones que deben dictaminar sobre el asunto para el estudio y dictamen correspondiente. A la primera persona que llega es el técnico jurídico, de él pasa a los diputados para que estudien artículo por artículo –según sea el caso-, luego cada diputado o fracción lleva sus observaciones; empieza la discusión en el interior de la comisión hasta llegar al dictamen; una vez concluido regresa de nuevo al pleno para la segunda lectura.
No existe ningún plazo especificado para emitir el dictamen, lo que significa que el tiempo que tardará la comisión es incierto e impredecible; no es nada raro que el factor que lo determine en última instancia sea el tráfico de influencias o la voluntad política cotizada en miles o millones de colones de algunas fracciones legislativas. "La costumbre y lo tradicional ha sido que las piezas de correspondencia que no provienen de las instituciones gubernamentales, ni de los sectores de influencia pasan dos, tres o más años en las comisiones correspondientes sin darle respuesta a los ciudadanos y grupos interesados en determinadas iniciativas"(LPG, 14.05.97).
Por otra parte, el pleno tiene la facultad de permitir la dispensa de trámite; es decir, que se obvie el dictamen de la comisión legislativa. Se debe de subrayar que es precisamente al interior de las comisiones donde se dan los grandes y acalorados debates en relación con los dictámenes; esta situación viene a agilizar en cierta medida la toma de posición del pleno en la segunda lectura, pues en la comisiones están representados los distintos partidos políticos que conforman la Asamblea y es más fácil que se pongan de acuerdo 12 ó 13 diputados, que 84. Lo que significa que los diputados de las diferentes fracciones en el plenario saben de antemano cuándo tienen o no que levantar la mano para aprobar o rechazar algún dictamen.
El dictamen es elaborado por el técnico jurídico de cada comisión, y aparece en la agenda de la sesión plenaria de manera resumida, pero cuando los secretarios de las comisiones le dan lectura en el pleno lo hacen de forma completa. En la elaboración del dictamen se toma en cuenta la decisión de la mayoría de los miembros de la comisión, a la vez el historial que ha tenido el expediente desde su ingreso al pleno hasta el momento en que se emite el dictamen, el cual debe ser firmado al menos por la mayoría de los miembros de la comisión, como requisito para ser incluido en la agenda de la sesión plenaria. Sin embargo, lo consuetudinario es que aparezcan los dictámenes minutos antes de iniciar la sesión plenaria sin haber sido debidamente firmados, y el técnico jurídico hasta en ese último momento les pide la firma a los diputados miembros de la comisión. Esta situación ha generado, además de desorden, corrupción.
Según una entrevista que se le realizó en 1996 al diputado Roberto Edmundo Viera, Relator de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto: "lo más general es que aparecen los dictámenes en el pleno legislativo sin que se haya votado en las comisiones, y en el momento antes de comenzar la plenaria, anda el técnico sacándole la firma al diputado de la Comisión. En la Comisión de Hacienda se discute nada más y de repente aparece el dictamen en la plenaria ¿verdad? y, cuando alguien dice: ‘no hemos votado’, responden: ‘¿no miran?, allí aparece la firma de siete miembros’, y como son la mayoría, entonces hay dictamen; pero realmente no se emitió dictamen. Una de las situaciones que sucedió de forma más clara de esto, fue la aprobación del presupuesto, nunca la comisión emitió dictamen ni discutió aprobarlo, sino que de repente apareció allí en el pleno legislativo un día con la mayoría y, entonces, se aprobó el presupuesto general de la nación de 1996, o sea que ni siquiera se discutió en la Comisión de Hacienda".
El pleno es quien tiene la última palabra sobre el dictamen, ya que él decide si lo rechaza, le hace modificaciones o lo aprueba tal y como ha sido propuesto. También puede darse la situación de que el pleno decida devolver el dictamen a la comisión, debido a que éste no estaba estudiado lo suficiente o en debida forma, tenía deficiencias o porque no se habían considerado otras razones.
En esta etapa de la segunda lectura, se puede discutir artículo por artículo o capítulo por capítulo, según lo autorice el pleno; sin embargo, por lo general se obvia la lectura y discusión de partes y se pasa a la aprobación o desaprobación en términos globales. Posteriormente, se somete a votación y si se aprueba el dictamen, se emite el correspondiente decreto legislativo, se sacan tres originales y una copia; dos que son enviados al Presidente de la República para que sancione con su visto bueno, con observaciones o con veto; el otro queda en el archivo de la Asamblea y la copia pasa a la comisión que lo dictaminó.
Como mencionamos anteriormente, acorde con la agenda de la sesión plenaria en El Salvador, después de la lectura y distribución de la correspondencia, en la cual se realiza la primera lectura, el(la) presidente(a) de la Asamblea prosigue con las convocatorias. Estas consisten en comunicar a los diputados las horas y los días de la próxima semana en que se llevarán a cabo las sesiones de trabajo de las comisiones, subcomisiones legislativas y de la Junta Directiva; se les informa cuáles instituciones, qué personas o delegaciones recibirán cada una ; acerca de las capacitaciones --si las hay-- que tendrán los diputados; de igual manera, la hora y el día en que se realizará la próxima sesión plenaria. Como último punto de agenda, el(la) presidente(a) de la Asamblea Legislativa da por cerrada la sesión plenaria.
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas
El peligro de que la privatización de los servicios básicos se traduzca en un desmesurado incremento de las tarifas ha estado presente y se ha materializado en casi todos los casos de privatización. Esto se debe a que, por lo general, las tarifas de los servicios básicos prestados por compañías estatales o bien se encuentran subsidiadas o bien no son fijadas de acuerdo a criterios de máxima rentabilidad, como es la política de cualquier empresa privada.
Incluso los casos que se señalan como grandes "éxitos" de la privatización –Chile e Inglaterra-- acusan, como contrapartida, inmoderadas alzas en las tarifas o bien notables desmejoras en la seguridad social. Así, por ejemplo, en el caso de la privatización de las pensiones en Chile, éstas se convirtieron en un sistema de capitalización de ahorro individual que no ofrece cobertura frente a contingencias sociales. Por otra parte, en el caso de las tarifas en Inglaterra, la privatización del servicio de agua ha ocasionado un incremento tarifario de hasta 300%, el cual ha llevado a la búsqueda de un marco regulatorio que equilibre la distribución de beneficios entre empresarios y consumidores.
En El Salvador, coincidentemente con la reciente venta de las tres distribuidoras de energía eléctrica a empresas privadas internacionales, se conoció que se procederá a incrementar las tarifas de energía eléctrica en cuatro ocasiones durante 1998. Obviamente, esto tendría implicaciones claras sobre la inflación y disminuiría los ingresos reales de los hogares, pero, además, plantearía un problema adicional debido al diseño regresivo del ajuste tarifario. Por lo anterior, resulta de interés examinar los últimos hechos alrededor de las tarifas; especialmente, las características del ajuste tarifario y la posterior disposición de continuar con el subsidio a las tarifas anunciadas por el Presidente Armando Calderón Sol.
De acuerdo a la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET), los grandes consumidores pagan por la electricidad un precio con el cual subsidian los bajos precios que pagan los pequeños consumidores. Con el ajuste tarifario se pretendería incrementar las tarifas de los pequeños consumidores, actualmente subsidiadas, y disminuir la de los grandes consumidores. Según el artículo 122 de la Ley General de Electricidad, existe un programa trimestral de incremento de precios para los usuarios residenciales con un consumo mensual inferior a los 500 kilovatios hora. Así, se planea una disminución gradual de los subsidios hasta llegar a eliminarlos en noviembre de 1999. Hasta ahora, el Estado asignaba un subsidio de 262 millones de colones a los pequeños consumidores de electricidad. Para finales de 1998 se estima que el kilovatio pasaría de un precio de 0.39 colones a otro de 0.86 colones, lo cual implica un incremento de 120% sólo en el primer año.
En cambio, la misma SIGET acepta que los sectores que consumen más electricidad verán reducido el precio del kilovatio hora, aunque sin especificar cuál sería el monto de la reducción. Como es evidente, esto beneficiará fundamentalmente a la grande y mediana empresa, y especialmente a la industria.
Cabe mencionar que este no es el único incremento de importancia en las tarifas registrado en los últimos años, pues, desde 1994 a la actualidad, ha venido implementándose una política de incrementos tarifarios con las siguientes características: en 1994 se incrementaron las tarifas en un 30%, en 1995 en un 25% y en 1996 en un 17%. De acumularlos, al final el incremento proyectado habría alcanzado cerca de un 86.9%.
Desde el principio, existió una importante oposición al nuevo incremento de las tarifas planeado a partir de 1998; oposición que afloró especialmente a nivel de organizaciones no gubernamentales, de pequeños y medianos empresarios e inclusive de todos los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. Estos últimos plantearon la inconveniencia de estas medidas, pues afectaban a los sectores más pobres y podrían afectar las posibilidades de desarrollo del país. Incluso personeros de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) --teóricamente uno de los grupos más beneficiados-- expresaron que "aunque el costo del consumo de energía disminuya para los industriales, creemos que éste no tendrá impacto directo en la disminución de precios de los productos".
Es en este contexto que la Asamblea Legislativa aprobó, en la plenaria del pasado 19 de febrero, emitir una recomendación a la SIGET para que derogue los acuerdos ejecutivos que contemplan el incremento de las tarifas de la energía eléctrica. A su vez, esta postura provocó reacciones de los apologistas de la privatización y de la inversión extranjera, quienes usualmente centran sus argumentos en el peligro de alterar supuestas "reglas del juego" de la privatización y con ello desalentar la inversión extranjera. En esta línea, representantes de las empresas que adquirieron las principales distribuidoras de energía eléctrica, al manifestar su oposición a retardar el alza tarifaria, expresaron que la congelación de las tarifas también implicaría que la SIGET cambie las normas de competencia.
Ante esta polémica, la postura del Presidente Calderón Sol ha sido suspender las alzas en las tarifas y continuar con la política de subsidios para el consumo de la energía eléctrica, para lo cual se dispondría de un monto de cerca de 60 millones de colones. Por el momento, esta medida podría reducir las contradicciones entre consumidores y empresarios, pero no representa aún una solución definitiva a los problemas tarifarios que genera la privatización.
Aunque, según el Banco Central de Reserva, la meta inflacionaria de entre 2.5% y 4.5% para 1998 ya incluye los cambios en las tarifas de la energía eléctrica, lo cierto es que éstos representan un deterioro de la economía familiar. Adicionalmente, no es descabellado esperar que el proceso inflacionario se acelere aún más de lo previsto por efecto de la especulación de precios, una práctica empresarial muy arraigada en América Latina.
Llama fuertemente la atención el hecho de que el partido de gobierno haya retrocedido en el aspecto de las tarifas, en un momento en el cual, aparentemente, había logrado avanzar exitosamente en la privatización de las distribuidoras de energía eléctrica. Una de las razones más claras de esta postura son los elevados costos políticos que una brusca y permanente alza de las tarifas tendría de cara a la coyuntura electoral que se abre en 1999 con las elecciones presidenciales, y continúa en el año 2000 con nuevas elecciones para diputados y alcaldes.
Lo que resulta evidente es que, tal como se señaló desde principios de la década, la privatización no solamente se traducirá en mayor nivel de inversión y menores presiones para las finanzas públicas, sino también en un incremento de las tarifas que, en el caso de la electricidad, estaría focalizado principalmente en los consumidores domésticos; es decir, en la mayoría de los consumidores de energía eléctrica.
Aunque para los partidarios del neoliberalismo la práctica de los subsidios entrañaría más perjuicios que beneficios, no puede negarse que aquéllos pueden instrumentalizarse para beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad. La privatización, pese a que ha encontrado muy poca resistencia teórica y política, muestra, a medida que avanza, que en la práctica únicamente beneficia a inversionistas extranjeros a costa de incrementos de las tarifas y en el nivel general de precios, lo cual afecta negativamente a los sectores más desfavorecidos de la población.
La propuesta de privatización debería incluir una distribución equitativa de beneficios entre consumidores y empresarios, como una forma de reducir sus costos sociales, evitando dañar la economía familiar en aras de la máxima rentabilidad empresarial.
Por desgracia, la violencia intrafamiliar es uno de esos problemas que, a pesar de sus dimensiones, frecuentemente encuentra explicaciones vagas, apoyadas en los mitos y creencias que la sociedad ha ido elaborando en relación a la familia. Es posible que el simplismo con el que tantas veces la opinión pública aborda el problema de las agresiones físicas y psicológicas que mujeres y niños padecen a diario, esconda el temor generalizado de hacerle frente. No hay que olvidar que la convicción, fuertemente arraigada, de que los problemas privados no pueden ni deben dirimirse en el ámbito público, es la resistencia ineludible que se presenta cuando de enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar se trata.
Intuitivamente, hombres y mujeres han de saber que exteriorizar las situaciones violentas que viven cotidianamente implicaría exponerse a ser cuestionados con respecto a ellas. Cuestionados en el aspecto más íntimo de sus vidas y, con ello, tocados en las fibras más sensibles de su privacidad. Es poco probable que hombres y mujeres estén dispuestos a recibir críticas o sugerencias de terceros en cuanto a la forma en la que deben comportarse al interior de la familia, porque difícilmente estarán dispuestos a modificar las pautas de conducta a las que esos comportamientos responden. El concepto social de familia se encuentra tan arraigado, que los roles que éste asigna a cada género son a menudo percibidos como funciones predestinadas naturalmente, que hombres y mujeres están en la obligación de cumplir.
La violencia intrafamiliar como un problema social
Quizá la pregunta que con más frecuencia surge al abordar el tema de la violencia intrafamiliar es la referida a por qué las mujeres toleran el maltrato por parte de sus parejas y llegan a aceptarlo como elemento constitutivo de su vida cotidiana. Es fácil pensar que las mujeres, al permitirlo, son culpables de que las maltraten. "Tienen la culpa porque se dejan" o "si se dejan es porque les gusta", son frases que ejemplifican claramente la percepción de muchos con respecto a la violencia física y emocional al interior de la familia. Pero esta lectura no hace más que reflejar las concepciones estereotipadas que se han gestado en torno a los roles que mujeres y hombres deben asumir en el establecimiento del hogar.
Culpar a la mujer no significa otra cosa que perpetuar la convicción de que es a ella a quien le corresponde mantener el equilibrio familiar. Y eso significa que la mujer es la encargada de proveer todos los cuidados necesarios para satisfacer las necesidades físicas y emocionales de los miembros de su hogar de tal modo que éstos se hallen a gusto en él. Por supuesto, bajo esa concepción, las necesidades de ella no están contempladas. Se presupone que la realización personal de la mujer debe hallarse en el funcionamiento armónico de la familia. Y, por consiguiente, es ella quien debe hacer todo lo que esté a su alcance para posibilitarlo, incluso en detrimento de su propio bienestar físico y/o mental. Si la estabilidad familiar se rompe, o nunca llega a cristalizarse, la sociedad hallará en la mujer a la única responsable del "fracaso"; es decir, será ella quien fracasa.
Pero dejar caer en las mujeres toda la responsabilidad del maltrato al que son sometidas implica, además de lo anterior, la idea de que la violencia intrafamiliar se da sólo en "algunos casos" aislados. Significa asumir, ingenuamente, la violencia intrafamiliar como un asunto opcional, que atañe sólo a las que permiten agresiones por parte de su pareja. Ahora bien, no se trata de victimizar a las mujeres ni de justificar su tolerancia frente al maltrato, se trata de esclarecer que el problema de la violencia al interior de la familia no se remite a casos particulares. El que haya hombres violentos y mujeres que aceptan esa violencia es un hecho tan generalizado que sería erróneo no admitir que se trata de un problema social. Vivimos en una sociedad que no solo tolera, sino que además avala, y en muchos casos refuerza, las conductas violentas en la intimidad familiar.
Así pues, si bien es cierto que negar la participación de la mujer en una relación de intercambios violentos, supondría ignorar una de las partes fundamentales del problema, también lo es que depositar en ella toda la responsabilidad del mismo o adoptar un punto de vista desde el cual el agresor es culpable y la agredida es la víctima llevaría a un reduccionismo infértil. Ciertamente, para que exista agresión es necesario que halla un agresor y un agredido. Ambos participan en la configuración de una relación patológica; por tanto, ambos son igualmente responsables.
Entonces, el contexto familiar no agota las posibilidades de explicación del fenómeno de la violencia intrafamiliar. La pregunta acerca de por qué las mujeres aceptan ser maltratadas, no deja ver el hecho de que tal fenómeno, más que ser un problema psicológico, individual, pertenece al ámbito social y como tal debe estar planteado. No se trata únicamente de averiguar las razones subjetivas por las que una mujer tolera el intercambio violento con su pareja, sino también de determinar las condiciones sociales que permiten la reproducción de los patrones de conducta que desembocan en relaciones de ese tipo.
Las cuotas alimenticias como exteriorización de la violencia intrafamiliar
Demasiado a menudo se concibe a la familia como "la célula de la sociedad". "Célula": universo cerrado que funciona bajo las normas específicas que se establecen al interior de él. Según ese esquema, la sumatoria de muchos núcleos cerrados o de muchas familias, constituye a la sociedad. Bajo este falso presupuesto están construidas las leyes que contemplan a la familia y rigen la operatividad de las instituciones encargadas de "protegerla". Esta concepción, además de contribuir a ver en la familia una entidad de carácter privado, que no acepta intervención alguna de lo público, implica una idea muy rígida de ella. Contempla, únicamente, al núcleo familiar constituido por un padre proveedor, una madre ama de casa y unos hijos procreados en esa unión.
Tal esquema ignora que, más que una entidad aislada, la familia es una institución social. No es que la sociedad sea el resultado de las actividades familiares, sino más bien que las relaciones familiares son expresiones del modo en que la sociedad está organizada. Cuando se dice que los problemas de la sociedad se deben a la crisis de la familia, se niega que más bien la familia es una de las muchas instituciones en las que la crisis de la sociedad se manifiesta.
El hecho de que la violencia intrafamiliar atraviese todos los estratos sociales y todos los niveles educativos, y persista incluso en las parejas pertenecientes a grupos cercanos a la izquierda --que aseguran defender ideas revolucionarias o proclives a la transformación social-- sugiere que los patrones de conducta que rigen el comportamiento de hombres y mujeres al interior de la familia se halla profundamente enraizado en nuestra cultura. Así pues, lejos de ser autónoma con respecto al todo social, la familia y las normas que rigen el comportamiento al interior de ella se circunscriben a los parámetros socio-culturalmente vigentes.
Aunque la Constitución de El Salvador reconoce la obligación del Estado en la protección y garantía del bienestar de la familia, en la práctica, y en el caso concreto de la violencia intrafamiliar, las concepciones tradicionales en torno a esta institución impiden a las instancias públicas acceder a su interior. No sólo porque los involucrados se resisten a admitir ayuda de personas ajenas a su núcleo familiar para resolver sus conflictos, sino también porque, muchas veces, las personas destinadas a prestar apoyo a las parejas (psicólogos, funcionarios públicos, periodistas, etc.) tienen como único punto de referencia ese mismo esquema conservador que impera en la sociedad en torno a las relaciones familiares.
A modo de ejemplo, tomaremos el caso de las mujeres que acuden a la Procuraduría General de la República (PGR) demandando la cuota alimenticia de sus hijos --los cuales no la obtendrían de sus padres por otros medios. En primer lugar, el hecho de que la gran mayoría de demandantes sean mujeres dice bastante sobre la manera en que los hombres asumen su paternidad. Definitivamente, éstos no sienten la obligación de responder económicamente por sus hijos ni mucho menos de compartir con la madre el cuidado y educación de los mismos. A diferencia de la maternidad, en la cual la mujer ha de encontrar su "realización", la paternidad responsable es opcional, no pertenece a la lista de prioridades del quehacer de los hombres. Por otro lado, muchos hombres se resisten a aportar a la manutención de los hijos, ejerciendo así un castigo sobre las mujeres. Ellos saben que cualquier perjuicio que recaiga en los menores afectará directamente a la madre. Para un padre irresponsable, los hijos no valen per se sino sólo en tanto producto de una unión conyugal. Una vez finalizada esa unión, el vínculo filial pierde sentido y la posibilidad de mantener la relación con los menores se vuelve verdaderamente remota.
La demanda de la cuota alimenticia expresa la facilidad con la que los hombres se desentienden de sus responsabilidades paternas, violando así el derecho de los menores a ser asistidos por sus padres. La demanda de la cuota tiene, pues, que ver con la violencia intrafamiliar en tanto que la resistencia de los hombres a participar en el sostenimiento de sus hijos es, en sí misma, un acto de violencia contra la familia. Pero es que además, según los datos arrojados por una investigación realizada por Las Dignas en torno a la cuota alimenticia, el 49% de las mujeres demandantes sufrieron abusos físicos o psicológicos por parte de su pareja. Y, sin embargo, son muy pocos los casos en los que este fue el motivo de disolución de las uniones. Esto no sólo evidencia el alto índice de violencia al que se exponen las mujeres al entrar a formar parte de un hogar, sino también su disposición a tolerarla, en pro del mantenimiento del equilibrio del mismo.
Concluyendo, puede decirse que si bien es cierto que existen instituciones estatales destinadas a facilitar el intercambio entre los miembros de una familia o a vehiculizar los derechos y deberes que a cada quien le corresponde ejercer una vez disuelta ésta, tales entidades se hallan aún impregnadas de las ideas estereotipadas en relación a aquélla. La actitud culpabilizante o asistencialista con la que muchos funcionarios de la PGR se presentan frente a las madres demandantes; la excesiva burocracia con la que éstas deben enfrentarse al realizar sus trámites; la negligencia con la que los juzgados, la Policía Nacional Civil y las demás entidades competentes manejan los casos de violencia intrafamiliar, especialmente cuando éstos implican a altos funcionarios públicos o personalidades de la vida nacional; ponen de manifiesto el predominio social de las ideas en torno a la familia, establecidas sobre la base de la desigualdad y la deshumanización.
Cuestionar las concepciones tradicionales de familia es fundamental para iniciar la lucha contra la violencia intrafamiliar. Es necesario que hombres y mujeres tomen conciencia de que sus pautas de conducta son aprendidas. Sólo así podrán criticarlas, entenderlas al interior de un marco social determinado y, luego, empezar a transformarlas. Las mujeres que con tanto valor se han enfrentado a un sistema que avala y protege a los agresores, que han pasando por encima de los prejuicios sociales que las tipifican como débiles, incapaces y siempre dependientes de un hombre, para denunciar los abusos de las que han sido víctimas, son el ejemplo de que si bien muchas de nuestras convicciones ideológicas se configuran al interior de la sociedad, ésta no nos determina absolutamente, sino que, por el contrario, el carácter social de las ideas que guían la conducta hace posible que éstas se modifiquen y puedan adoptar formas de convivencia más equitativas y justas.
El debate abierto los últimos días por el polémico anteproyecto de Ley del Medio Ambiente ha reavivado el conflicto que existe entre los intereses del sector privado y las medidas destinadas a regular la explotación de los recursos naturales de nuestro país. El Salvador es la única nación centroamericana que no cuenta con un marco legal que asegure la protección y conservación del medio ambiente de manera global; esta situación debería suponer la colaboración de todos los sectores sociales para la pronta elaboración y puesta en marcha de dicho cuerpo legal. Sin embargo, algunas gremiales (ANEP, FUSADES y CASALCO) --a quienes se les ha unido el partido ARENA, la Federación de Asociaciones de Abogados y el mismo Presidente de la República-- han cerrado filas ante la posibilidad de que la Ley sea aprobada por una amplia mayoría de fracciones legislativas.
Todos los organismos que se han pronunciado en contra del anteproyecto fundamentan su inconformidad ya sea en razones de tipo técnico-jurídico (imprecisiones en la redacción del texto) o en su desacuerdo con algunas de las sanciones que impone la Ley. En particular, el sector privado ha querido dejar claro que sus observaciones al documento no tienen nada que ver con una oposición directa hacia la reglamentación de su desempeño en función de la protección del medio ambiente. Por el contrario, señalan que es necesario pensar en la racionalización de la explotación del mismo, pero sin dejar de tomar en cuenta sus implicaciones en las necesidades futuras que exige el "desarrollo sostenible". De hecho, parte del fundamento de las discusiones en torno a la Ley han tenido mucho que ver con la idea de ese tipo de desarrollo. Pero, si bien es cierto que la economía nacional debe apuntar hacia el establecimiento de un modelo económico autosostenible, también lo es que la forma como ese objetivo se viene realizando deja de lado un aspecto crucial: la necesidad de que ese modelo no sea excluyente, y que beneficie a todos los sectores de la sociedad por igual.
Los que ahora se oponen a la aprobación de la Ley del Medio Ambiente son los mismos que se han visto enormemente beneficiados por ese "desarrollo sostenible" del que se presentan como defensores. Desarrollo que, en muchos casos, le ha significado al país la pérdida de importantes recursos acuíferos, agrícolas y forestales. Puede que las objeciones presentadas deban tomarse en cuenta antes de poner en marcha cualquier marco legal de este tipo, pero tampoco hay que ignorar que el deplorable estado de los recursos naturales en nuestro país se debe, en buena parte, a que la explotación de los mismos no ha estado vigilada por organismos o reglamentaciones que establezcan la manera en que aquella se debe realizar, ni que den cuenta de las consecuencias que ha tenido esa explotación o de los efectos que produciría en el futuro. Una negativa de cualquier tipo ante un tema tan delicado como este puede acentuar la concepción generalizada de que el deterioro del medio ambiente no tiene por qué ocupar uno de los primeros lugares en el debate público.
Contrario a lo que algunos medios informativos pretenden difundir, la base del conflicto no es únicamente la contradicción entre las exigencias del desarrollo y el carácter punitivo de la Ley. Aquel que atente contra el medio ambiente debe asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias. Ese es un punto indiscutible, sobre todo si tomamos en cuenta que, paradójicamente, el delito ecológico es uno de los más graves y al mismo tiempo impunes en nuestra sociedad. Si se aceptara lo contrario, se daría por hecho que la Ley se opone a ese "desarrollo" necesario para que el país progrese. En concordancia con esta idea, sus principales oponentes han advertido que el documento actual es de carácter confiscatorio y que con su aplicación la economía nacional se vería afectada, la inversión extranjera disminuida y las condiciones de vida experimentarían un sensible deterioro. Atendiendo ese llamado, el Presidente Calderón Sol se apresuró a recomendar que era necesario contemplar plazos para que las industrias renovaran sus tecnologías y así aminorar las consecuencias negativas que pudiera implicar la legislación en la producción nacional.
El hecho es que el sector privado del país ha mostrado su temor ante una ley que pretende castigar con severidad las acciones que vayan en detrimento de los recursos naturales. Durante los últimos días, han desfilado todo tipo de críticas, reacciones, justificaciones, solicitudes, rechazos, opciones, etc.; todas ellas con el fin de retrasar la aprobación del anteproyecto. La intempestiva reacción de las gremiales ha puesto de manifiesto una preocupación latente en los grupos de poder representados por el partido oficial desde que este perdió escaños en la Asamblea tras las elecciones del año pasado.
Evidentemente, cualquier protesta que ellos hagan encontrará eco en el partido gobernante y, con ello, un "justificable" retraso podría aparecer como necesario en las discusiones sobre la Ley. Esa sería la única salida viable para los que se verían afectados con la aplicación de la legislación, dado que la oposición se ha mostrado firme en la necesidad de ponerla en marcha lo más pronto posible.
Hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, expresó su inconformidad ante las observaciones que a última hora se le han hecho al documento, puesto que el problema no lo constituye el contenido de las mismas, sino el momento en que han sido puestas a consideración del Organo Legislativo. Las consultas necesarias se han venido haciendo desde hace más de tres años, cuando el primer anteproyecto comenzó a estudiarse por la comisión respectiva, pero es hasta este momento que aparecen las críticas más duras al documento. En todo caso, y en vista del incondicional apoyo que las gremiales han obtenido del Ejecutivo, la puesta en marcha de la Ley del Medio Ambiente deberá enfrentarse, todavía, contra el titánico obstáculo del veto presidencial. Con esta fuerte posibilidad en ciernes, no sería apresurado suponer que el proyecto se estancará de nuevo en otro período de consultas y discusiones que, seguramente, pudieron ser consideradas e incluidas con antelación.
Finalmente, la solicitud hecha por el sector privado sobre la necesidad de elaborar las leyes ambientales en base a los criterios del mercado, tampoco parece ser argumento suficiente para aducir la imposibilidad de su aplicación. El mercado con su dinámica, al que la empresa privada apela como recurso de conciliación, no ha sido capaz de incidir en la calidad de vida de muchos salvadoreños y, por el contrario, contribuye a que los recursos se concentren cada vez más en pocas manos, y que la productividad de nuestra economía esté determinada en gran parte por un solo sector: el de servicios. Además, bajo el estandarte de la "libre iniciativa" económica, se ha sugerido descartar uno de los puntos más polémicos que el anteproyecto propone: la necesidad de que la población sea consultada a la hora de llevar a cabo acciones que pongan en riesgo al medio ambiente.
Así las cosas, puede que las únicas observaciones que sí merezcan cierta atención por parte de los diputados sean las que se refieren a aspectos técnico-jurídicos. Precisamente, esas son las que menos atención han recibido. Ojalá que no sean las que se presenten, en el futuro, como otro obstáculo posible para retrasar la implementación de tan necesaria legislación. Bastaría con esperar que, en lo sucesivo, se atienda verdaderamente a lo que la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) recomendó para hacer de la Ley un verdadero instrumento de desarrollo: que el destinatario real de cualquier política ambiental, que implique la regulación del desarrollo del país, sea la persona humana. Siguiendo ese criterio, la apuesta final del desarrollo tiene que ser el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, y no la defensa de los intereses particulares de aquellos que, apoyados por la impunidad institucionalizada, pretenden beneficiarse de la explotación de los recursos naturales.
En realidad, este nuestro país no está nada bien. Existe la posibilidad de que esa simple afirmación, descarnada y tajante, no sea muy bien recibida por quienes se esmeran en anunciar dentro y fuera del territorio las supuestas bondades de lo que, desde hace unos años, se ha dado por llamar el "modelo salvadoreño". Y no podría ser de otra forma, pues muchas de las personas que ahora insisten en presentarnos como ejemplo de ciertas cosas que aún no se disfrutan de verdad en la llanura del suelo patrio --"pacificación", "democratización" y "reconciliación", entre otras-- estuvieron involucradas personal e institucionalmente en su diseño y, pese a los reacomodos de algunas, aún tienen mucho que ver con la concreción del mismo. ¿Cómo pedirles que sean más objetivas si, además, están muy lejos de la dura situación en la que vive sumergida la mayoría de la gente?
Pero por encima de los acuerdos entre algunas partes --tanto aquél suscrito en Chapultepec, cuyo anfitrión ahora anda huyendo de la justicia, así como el recién anunciado con bombo y platillo "Plan de Nación"-- hasta ahora lo que se respira en el ambiente de nuestra sociedad es algo que no nos termina de satisfacer, por decirlo elegantemente y evitar en lo posible herir susceptibilidades. No estamos hablando por hablar; tenemos, para esta ocasión, dos situaciones muy ilustrativas.
La primera de ellas: la falta de una legislación que se aplique para regular todo lo concerniente a eso que conocemos como "medio ambiente", que no es más que la "casa común" donde habitamos y cuyo deterioro alcanza ya niveles alarmantes e intolerables. Durante las últimas semanas, las y los salvadoreños interesados en el tema --siempre testigos y nunca tomados en cuenta-- se han podido enterar de algunos aspectos poco claros de la problemática, a través de los medios de difusión masiva. Hasta ahí llegan sus posibilidades; en las discusiones reales, esas de las cuales surgen las decisiones que luego son aprobadas en algún órgano estatal, la entrada y participación les están vedadas.
Como la mayor parte de la población no sabe cuáles son las verdaderas dimensiones de la degradación ambiental que se vive en El Salvador y mucho menos conoce el contenido del anteproyecto que sobre la materia se discute desde hace mucho tiempo en la Asamblea --más reducto de intereses de grupos partidarios, que lugar donde se encuentran las y los representantes del pueblo para legislar en su beneficio-- es lógico que no exista un involucramiento significativo de su parte en la actual polémica. "Allá que lo resuelvan los políticos", dice la gente "común y corriente "sin caer en la cuenta que también con su indiferencia --por ignorancia, apatía o lógico desencanto-- se le están colocando los últimos clavos al ataúd del país.
Para que se conozca aunque sea un poco en dicho anteproyecto se establece como un nuevo derecho ciudadano el de recibir información oportuna, clara y eficiente sobre las disposiciones estatales en beneficio del ambiente natural. Además, de ser aprobado tal como estaba hasta hace unos días, la población deberá ser consultada y podrá emitir observaciones sobre los planes y programas que pretendan impulsarse en esta materia, mediante actividades locales, regionales y departamentales de forma pública y abierta.
Asimismo dentro de esa iniciativa se plantea la fijación de multas con base al salario mínimo vigente en San Salvador, cuando se realicen determinadas acciones tipificadas como faltas o delitos. De esa manera, según el salario mínimo actual, por una infracción menos grave se tendrían que cancelar mil 500 colones. Ese sería un extremo; el otro, sería el monto máximo que llegaría a alcanzar --para las infracciones de gravedad extrema y la tabla salarial-- la cantidad de cinco millones 750 mil colones.
Quizás nunca pensaron que lo de la ley ambiental iba en serio, porque parece que hasta hace poco realmente no iba en serio; pero de un tiempo para acá, los voceros de la empresa privada salvadoreña prácticamente han puesto "el grito en el cielo" y argumentan que --de aprobarse tal como está-- dicha ley paralizará la actividad productiva y económica del país. A criterio de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), es mejor redactar un nuevo anteproyecto y, con su característica iniciativa, ya dieron a conocer su punto de vista al respecto.
Para la gremial empresarial se debe empezar por eliminar las multas, pues desde su perspectiva la fijación subjetiva de hasta cinco millones de colones como sanción puede dar pie a abusos y corrupción; la ANEP añade que antes de aplicar un régimen sancionatorio debe existir una legislación que contenga opciones alternativas a las multas. También manifiesta que se deben considerar infracciones menos graves los siguientes hechos: realizar obras sin permiso ambiental, no corregir los impactos ambientales negativos y violentar la calidad ambiental.
Otro punto que a colocado a esta asociación en una actitud beligerante es el de la "fianza de cumplimiento ambiental", mediante la cual quienes ejecuten determinada obra estarían obligados a depositar antes una cantidad equivalente al valor de lo que realizarán; para la ANEP, esta disposición debería sustituirse por una declaración jurada sobre los compromisos adquiridos. Eso quiere decir que las empresas no harían ningún desembolso previo y que se confiaría, únicamente, en el valor de su palabra. Asimismo, plantea combinar los incentivos para promover la utilización racional de los recursos naturales, con un sistema claro de derechos de propiedad; con ello, la gremial sostiene que se lograría compensarle a la naturaleza los recursos que se le quitan para fines particulares, sin recurrir antes a la coacción. Finalmente, la ANEP solicitó que la ley entrara en vigencia al menos cuatro meses después de su publicación y afirmó que lo que se necesita es una política de medio ambiente basada en mecanismos de mercado.
De esta posición hay cosas que se pueden y se deben cuestionar, si se aborda el tema del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado desde la óptica de las corrientes más modernas al respecto. Porque, actualmente, este derecho no se restringe a que toda la población tenga acceso al disfrute de la calidad del agua, la tierra y el aire; la cosa va más allá, pues éste abarca la posibilidad que tienen todas las personas --sin distinción alguna-- de acceder y controlar los recursos ambientales así como poder decidir sobre el destino de cada uno de ellos, de resultar beneficiadas con la distribución de la riqueza, de que se les garantice la calidad del trabajo y de su consumo, y de que puedan aprovechar bien su tiempo libre.
Pero aunque se pueda objetar su postura ante una posible aprobación de la ley ambiental sin las reformas que exige, la actitud de la ANEP no resulta extraña pese a que su máximo dirigente se encuentre incluido en el llamado "grupo gestor" creado por la comisión que parió el documento conocido como "Bases para el plan de Nación". Porque vale la pena recordar que, en dicho documento, textualmente se dice lo siguiente: "En el país hay que cuidar y salvaguardar cada árbol, cada fuente de agua, cada especie animal y vegetal. La falta de conciencia de que la naturaleza es el hábitat de todos, nos ha conducido al deterioro progresivo y creciente de la calidad de la vida". Por ello, se afirma que el "esfuerzo debe ser de todos. No puede dejarse en manos del Estado o del mercado, quienes por sí solos muestran fallas o limitaciones para una asignación y manejo de recursos naturales".
Pero, insistimos, la posición de la gremial se explica por su misma naturaleza y por lo que citamos al final del párrafo anterior. Así las cosas, en función de sus intereses y pese a que son muchas las duras lecciones recibidas durante la historia más reciente como fruto de la inequidad en las relacione sociales y económicas, parece ser que la gran empresa privada salvadoreña aún está distante de la visión tradicional que existe sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; mucho más lejos estará entonces de la visión más actualizada y amplia del mismo.
La que no se explica ni justifica de ninguna forma es la actitud adoptada por el titular del Órgano Ejecutivo, pues se supone que ejerce su cargo en beneficio del país entero y no de algún grupo en particular. En su última conferencia de prensa, antes de escribir estas líneas, el presidente de la República expresó --entre otras cosas-- su oposición a la ley tal como se encontraba formulada pues, según él, contiene medidas punitivas y restrictivas que no se podrán realizar. Palabras más, palabras menos, el mandatario afirmó que no se podrán aplicar sanciones a los que cometan delitos ecológicos cuando se trate de empresarios que generan empleos. "¿Quién --se preguntó el alto funcionario-- se atreverá a cerrar una fábrica y dejar en la calle a sus trabajadores?"
La respuesta a esa y a otras interrogantes la dio ya, hace casi nueve años, Ricardo Navarro. "Los daños al medio ambiente --dijo entonces el ecologista y dirigente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)-- no deben tolerarse bajo el pretexto de que es una consecuencia inevitable del desarrollo, ya que no tiene caso realizar actividades que por un lado dan riqueza económica y por otro lado atentan contra la vida, sobre todo cuando la riqueza va para unos y el daño va para todos. El gran reto de los políticos y los empresarios es lograr un desarrollo que a la vez de generar riqueza económica, mejore la situación del ambiente y, de paso, también contribuya a reducir la dependencia técnica, económica, política y cultural del país".
Es necesario tomar nota sobre lo anterior y trabajar de verdad en favor del bien común porque, de no hacerlo, nos puede suceder lo que otros ámbitos estamos sufriendo. De esto último también queremos comentar algo en esta oportunidad, pues ahí es donde ubicamos el segundo ejemplo para sostener que nuestro país no está nada bien: las matanzas que han tenido lugar en El Salvador --esta "bella Nación" que ya encontró sus bases, al menos en el papel-- durante los últimos seis meses. Porque de septiembre de 1997 a febrero de 1998, ha ocurrido lo siguiente.
El 20 de septiembre, tres hermanos --entre ellos dos menores de dieciocho años-- fueron asesinados por sujetos desconocidos que lanzaron una granada al interior de su vivienda, ubicada en el cantón La Calera, en el municipio de Jutiapa, departamento de Cabañas. Cuatro días después, seis personas --otras dos menores entre ellas-- fueron asesinadas cuando sujetos desconocidos lanzaron una granada a su vivienda ubicada en el cantón Platanares, también en Jutiapa. El 2 de octubre, cuatro personas --en cuenta siempre dos menores de edad-- fueron asesinadas a machetazos por diez sujetos desconocidos que llegaron hasta la casa de las víctimas ubicada en el cantón La Danta, municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután.
Ya en 1998, el 29 de enero dos ancianos y una joven discapacitada fallecieron víctimas de los balazos efectuados por desconocidos en el cantón Agua Zarca, departamento de San Miguel. Por último, el 20 de febrero una señora y tres de sus hijos menores de edad murieron debido a la acción criminal de sujetos desconocidos que portaban armas de guerra de diversos calibres; el hecho ocurrió en el cantón Concepción, municipio de Tejutepeque, departamento de Cabañas. En total --durante el período examinado a través de la información periodística-- fueron asesinadas veinte personas, entre ellas diez menores de edad.
Esa violencia, les guste o no a quienes alaban la "paz salvadoreña", es fruto de la incapacidad y la falta de voluntad para acabar con la impunidad mediante el desmantelamiento real de sus estructuras y la aplicación de la justicia. Pero no se quiso actuar con decisión para castigar, al menos moralmente ante la sociedad, a quienes cometieron graves crímenes de guerra y contra la humanidad, dejando instaladas en las bases las condiciones para buscar la justicia por "mano propia". Esa confrontación bélica fue, fundamentalmente, resultado de la falta de espacios para la participación política y de la mala situación de la gente; si antes se luchó con las armas por la tierra —entre otras cosas— aún estamos a tiempo de abrir los espacios y evitar otra tragedia nacional por el agua. Intentemos, entonces, vivir en un ambiente sano y sin desequilibrios en ningún sentido.
MOVILIZACION. Un grupo de ex-combatientes de la guerrilla y del ejército marcharon, el 19.02, hacia la Asamblea Legislativa para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Según el dirigente de la Asociacion de Desmovilizados de la Fuerza Armada (ADEFAES), Marcelino Castillo, la marcha tenía como fin presionar a la Asamblea para superar el veto presidencial a la Ley de Extinción de las deudas Agraria y Bancaria, para evitar que el Gobierno "no se llene la boca diciendo que ya se cumplió lo pactado". Por su parte, el dirigente de la Asociación de Productores Agrícolas, Marcial Meléndez, reclamó la existencia de un verdadero plan de reinserción a la vida productiva del país. "A los combatientes sólo se les enseñó a manejar el fusil, cuando fuimos desmoviizados, quedamos con los brazos cruzados. Los programas de reinserción fueron un fracaso", expresó (DL 19.02 p.3).
APOYO. Miembros de la juventud de ARENA manifestaron, el 16.02, su respaldo a Francisco Flores, quien se perfila a ocupar la candidatura presidencial para las elecciones de 1999. Según el director Nacional de la Juventud arenera, Guillermo Magaña "la juventud de Roberto D'abuisson, en su totalidad, apoyamos a nuestro hermano Francisco Flores, como precandidato para la presidencia de la república...nos sentimos satisfechos que un hombre joven esté optando a la posibilidad de dirigir un país donde en los jóvenes radica el cambio" (EM 17.02 p.4).
REGRESO. El diputado expulsado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Sigifredo Ochoa Pérez, afirmó, el 19.02, haber consultado a diputados y dirigentes del partido ARENA, para que le permitan regresar a ese instituto político. El diputado aclaró que, si bien no tiene prisa en ingresar nuevamente a ese partido, será la cúpula de ARENA la que decida sobre su reinserción. "Siempre he sido conservador de derecha, he tenido mi posición bien clara, y si hay una disposición para poder regresar a ARENA, con gusto regresaría", sostuvo (LPG 20.02 p.5).
CIERRE. La ministra de educación, Cecilia Gallardo de Cano, informó, el 16.02, que cinco universidades que presentaron recursos de apelación para evitar el cierre de sus planteles recibieron la confirmación de los fallos. "A cinco universidades se les ha reiniciado el proceso de cierre", indicó;no obstante, otras instituciones todavía se encuentran en la etapa de audiencias que permite el Ministerio para que expliquen la inconformidad con el fallo. Por su parte, el director general de Educación Superior, Adalberto Campos, afirmó que el ministerio cumple a cabalidad con la Ley de Educación Superior, en lo que respecta al cierre de centros regionales por no alcanzar los requisitos mínimos, y dijo no estar de acuerdo con una prórroga (LPG 17.02 p.12).
INCREMENTO TARIFARIO. La Asamblea Legislativa aprobó, el 19.02, un dictamen recomendable, solicitándole a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) que derogue los acuerdos ejecutivos relacionados con el incremento de tarifas de la energía eléctrica para que la Asamblea tenga tiempo suficiente para revisar y hacer las reformas necesarias a la Ley General de Electricidad y la Ley de Creación de la SIGET. Asimismo, la mayoría de la oposición legislativa pidió se invite al Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang; al titular de la SIGET, Eric Casamiquela; y al Ministro de Economía, Eduardo Zablah Touché, para que den explicaciones sobre el manejo de las tarifas, costos de producción de energía y políticas económicas estudiadas para autorizar los incrementos. Mientras, el dictamen de la Asamblea ha generado preocupación en el Presidente de la República y en algunas instituciones de gobierno, cuyos funcionarios aseguran se está dando una mala señal a los inversionistas extranjeros y se contravienen los esfuerzos hechos en materia de privatización. "A mi me extraña –dijo Calderón Sol-- que sectores políticos ahora se estén rasgando las vestiduras cuando ellos han aprobado la ley, la han estudiado y han estado siguiendo y precisamente [porque] se decía que había que sacarlo del ámbito político" (LPG 20.02 p.4, DH 20.02 p.10 y EM 20.02 p.2).
