Año 18

numero 797

marzo 4

1998

 ISSN 0259-9864

 

Editorial Poder económico y poder político

Política ¿Tiene la Asamblea Legislativa el personal idóneo?

Economía Consideraciones económicas sobre la Ley del Medio Ambiente

Sociedad Conflicto en el Seguro Social: las dificultades del diálogo

Sociedad Reflexiones generales acerca de la violencia sexual

Derechos Humanos No se debe jugar con la PDDH

Noticias

¿Tiene la Asamblea Legislativa el personal idóneo?

Diferentes sectores de la población, a través de las piezas de correspondencia, exponen ante la Asamblea Legislativa sus problemas y necesidades; también se incluyen en las peticiones las que interponen los diputado o los miembros del Poder Ejecutivo. Las piezas de correspondencia son los escritos que llegan a la Asamblea, mediante los cuales se presentan solicitudes de distinta índole, además de mociones e iniciativas de ley; éstas piezas se empezaron a clasificar, a partir de la plenaria del 28 de agosto de 1997, en "A", "B" y "C", y en este orden se incorporan a la agenda de la sesión plenaria.

A partir de cada pieza de correspondencia se forma un expediente, integrado por un conjunto de datos, que se recaban con el objetivo de efectuar un análisis que permita emitir un apropiado dictamen sobre un problema en particular. El expediente comprende el historial documental, el dictamen de la comisión, el decreto legislativo y, obviamente, la pieza de correspondencia, contenidos todos en una carpeta o cartapacio; luego se enumera en un orden correlativo, de acuerdo con la entrada y fecha de su presentación al departamento de recepción de correspondencia de la Asamblea Legislativa. El número del expediente se le asigna después de que el pleno determina a qué comisión se pasará la pieza. El punto final y de llegada de los expedientes es el archivo de la Asamblea Legislativa.

Según Cayetano Alfredo Esquivel Gámez, asesor técnico de la Comisión legislativa de protección al medio ambiente y salud pública, con 12 años de laborar como asesor jurídico en la Asamblea: "se llama expedientes a todas las cosas. Esas que contienen simples piezas de correspondencia, algunas son de competencia de la Asamblea y otras no, mas sin embargo, (sic) como la Asamblea Legislativa se dice que es la caja de resonancia del pueblo, aquí viene de todo, aquí viene (sic) desde cosas (sic) de nuestra competencia hasta chambres (sic)".

CORRESPONDENCIA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (1994*-1995)

* Correspondiente de mayo a diciembre de 1994.

Fuente: Datos obtenidos en los resúmenes de las piezas de correspondencia contenidas en las agendas de las sesiones plenarias de 1994-1995.

Los datos que se presentan en el cuadro fueron obtenidos de una codificación minuciosa de cada uno de los resúmenes de las piezas de correspondencia, presentes en las agendas que la Junta Directiva de la Asamblea propuso a las plenarias; es decir, no contempla las modificaciones que los diputados les hicieron a las mismas en los plenos. Por otra parte, la codificación no es tan precisa como hubiéramos deseado, puesto que al personal que realiza los extractos de las piezas de correspondencia, por su bajo nivel académico, se le dificulta emplear términos jurídicos y legislativos uniformes, idóneos o correctos en la redacción.

No obstante, lo anterior nos permite hacernos una idea no sólo del tipo de personal que trabaja en la Asamblea, sino también de la correspondencia que ingresa al recinto legislativo, así como de los ritmos de trabajo en este órgano del Estado. Cabe señalar que no existió un aumento de las piezas de correspondencia provenientes de la sociedad civil para resolver los principales problemas y necesidades del país, pues el mayor crecimiento de documentos se dio en las peticiones para la exención de impuestos y la aprobación de tarifas de arbitrio, lo que se puede interpretar como desconocimiento o desconfianza de la población en el Poder Legislativo. Además, hay que tomar en cuenta que el aumento de las piezas de correspondencia se debe también a que el año de 1995 se toma desde enero y el de 1994 a partir de mayo.

En fin, la Asamblea Legislativa debería contratar personal de un nivel académico aceptable, que esté en la capacidad de realizar adecuados y correctos extractos de las piezas de correspondencia, lo cual facilite un estudio estadístico de ellas. Es decir, el personal debe estar capacitado para hacer la clasificación por remitente, sea éste individual o colectivo; por lugar de remisión, urbano o rural; clasificación y tipificación de las piezas que ingresan a las comisiones; clases de dictámenes y el tiempo que las comisiones se tomaron para emitirlos.

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Consideraciones económicas sobre la Ley del Medio Ambiente

Después de la convulsionada coyuntura desencadenada por la discusión del anteproyecto de Ley del Medio Ambiente, finalmente ésta fue aprobada el 2 de marzo pasado e incluso se acordó reformar el Código Penal para dar paso a la tipificación del delito ecológico. La discusión tomó tres días de plenaria, pero aun así no hay garantía de que la Ley del Medio Ambiente no tenga que enfrentarse al veto presidencial.

Con la mencionada ley de se ha pretendido actuar sobre uno de los resultados más cuestionables de los modelos de desarrollo practicados alrededor de todo el mundo: el agotamiento de los recursos naturales y el consecuente deterioro ambiental. Sin embargo, ello no ha obstado para que diversos sectores empresariales, y el mismo Presidente de la República, Armando Calderón Sol, se hayan mostrado en desacuerdo con aspectos cruciales de la Ley del Medio Ambiente (Proceso, 796). Indudablemente, ello se debe a que el sector de la mediana y gran empresa, integrado funcionalmente en el gobierno actual, debe gran parte de su rentabilidad a que no repone adecuadamente la cuota de recursos naturales que utiliza o contamina en sus procesos de producción. Evidentemente, la aplicación de la ley trastocaría intereses económicos fuertes que, además, tienen una importante capacidad de expresión política a través del partido de gobierno. Consecuentemente, no es remoto que el Presidente ejerza su derecho a veto con la Ley del Medio Ambiente.

Las contradicciones que emanan de esta ley pueden llevar a postergar la atención del medio ambiente y, con ello, a disminuir las posibilidades de desarrollo. Por lo anterior, en las siguientes líneas se examina brevemente la relación del medio ambiente con la economía, para señalar la importancia de la protección ambiental en orden a garantizar que el crecimiento de la producción sea sostenible en el tiempo.

Conjuntamente con la extensión y profundización de la pobreza, el agotamiento de los recursos naturales ha puesto de manifiesto que el sistema económico capitalista no puede continuar expandiéndose indefinidamente sin reformas fundamentales. Propuestas concretas para incorporar el medio ambiente al análisis económico han dado paso, entre otros planteamientos, a relacionar la calidad ambiental con la producción, y al planteamiento de las "cuentas verdes", con las cuales se pretende incorporar en las cuentas nacionales el valor de los recursos naturales.

Además de los problemas relacionados con la producción, el medio ambiente también plantea contradicciones por el lado del consumo. Estas surgen de la incapacidad del planeta tierra para sostener más tiempo niveles de consumo como los practicados hasta ahora en los países desarrollados; mucho menos podría sostener niveles de consumo de países desarrollados extendidos también a los países subdesarrollados.

Los recursos naturales y el medio ambiente proporcionan dos elementos fundamentales para la producción: salud para la fuerza de trabajo e insumos para la producción. Además de los evidentes fines éticos de preservar la salud humana, ésta resulta conveniente para las empresas en la medida que mantiene o mejora la productividad. Sin embargo, la salud de los trabajadores se ve afectada por el deterioro de la calidad del aire y del agua, por ejemplo, con lo cual también las empresas podrían llegar a enfrentar problemas para encontrar trabajadores saludables o, tal como sucede en la actualidad, para resolver problemas de ausentismo y caída de la productividad.

Por otra parte, las empresas utilizan los recursos naturales para impulsar los proyectos productivos sin reponerlos, lo cual implica que en el mediano plazo se puede llegar a un agotamiento de los recursos naturales y del crecimiento económico. Así, el sector agropecuario utiliza los recursos forestales, la tierra y el agua; mientras que el sector industrial los recursos forestales, minerales y el agua. Además de utilizar los recursos naturales, tanto las empresas como los hogares también los contaminan, cuando vierten al agua y al aire desechos, ya sea sólidos o líquidos, y gases contaminantes, respectivamente.

En El Salvador el crecimiento económico ha estado indisolublemente ligado a la sobre-explotación de los recursos naturales, desde que se orientó el cultivo de cacao y, posteriormente, el del añil para fines de exportación. En la actualidad, la capacidad de soporte de los recursos naturales y del medio ambiente ha llegado a su límite y, más aún, está poniendo restricciones para el crecimiento económico.

La capacidad de carga ambiental, es decir, la posibilidad del medio ambiente de regenerarse de las agresiones de la actividad económica, no es infinita y, en el caso de El Salvador, está llegando ya a sus últimas posibilidades. El Salvador es considerado como uno de los países con mayor deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente en América Latina. Dos terceras partes de los suelos están erosionadas; sólo resta un 2% de los bosques originales; el 90% de los ríos están contaminados por aguas negras, agroquímicos y desechos industriales; se emiten importantes cantidades de gases nocivos para la salud y que provocan efecto invernadero; y los recursos acuíferos, esenciales para la vida, están disminuyendo aceleradamente.

A nivel macroeconómico, el descuido del medio ambiente tiene graves consecuencias, tal como lo revelan investigaciones de la Fundación Salvadoreña del Desarrollo Económico y Social (FUSADES), un instituto de investigación patrocinado parcialmente por el sector empresarial salvadoreño, quien se opone al contenido de la Ley del Medio Ambiente. Según el estudio de FUSADES, los costos económicos y sociales del deterioro ambiental para el año 1995 podrían estar rondando entre el 2.8% y el 4.3% del PIB de ese año.

Los costos del deterioro ambiental son elevados y, sin lugar a dudas, ameritan un instrumento legal como la Ley del Medio Ambiente. Así lo ha reconocido el gobierno al suscribir tratados internacionales para la protección del medio ambiente, entre los cuales destacan el suscrito en la Cumbre de Río en 1992, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, el canje de deuda por naturaleza con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, y el Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

La mayor problemática no es de discurso, sino de implementación. El problema fundamental estriba en cómo el gobierno conciliará el cumplimiento de estos tratados internacionales con los intereses de la gran empresa, a la cual representa. Evidentemente, la introducción de multas elevadas para aquellos que utilicen irresponsablemente los recursos naturales y de fianzas para el desarrollo de proyectos significará mayores costos para las empresas y podría estimularlas a adoptar técnicas para reducir la contaminación y el uso insostenible de los recursos naturales. Estos costos no necesariamente serán pagados por las empresas, dada la práctica universal de trasladar los costos al precio y, por ese medio, al consumidor.

La Ley del Medio Ambiente debería ser un resultado lógico de la preocupación gubernamental por la crítica situación del medio ambiente, pero en la actualidad lo que evidencia es la incoherencia entre el discurso y las acciones del gobierno. Antes de proceder a vetar la Ley del Medio Ambiente, el Poder Ejecutivo, y la misma empresa privada, deberían reparar en la realidad ambiental del país, en las implicaciones económicas y sociales de su deterioro y en la necesidad de generar crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales y el medio ambiente.

Las trampas del diálogo

No sin razón puede afirmarse que, desde la firma de los Acuerdos de Paz, el pesimismo y la apatía por la cosa social han encontrado un terreno fértil en la sociedad salvadoreña. Ya sea por efecto de la guerra o porque el nuevo escenario democrático no es lo suficientemente atractivo como para llamar a los ciudadanos a sumir el papel que en la actual trama les corresponde, la participación social —en todo su amplio abanico de concreciones, irreductibles, por supuesto, a la simple emisión del voto— es un fenómeno en franco proceso de extinción. Se habla aquí, evidentemente, de participación cualitativa; de participación que busca consciente y racionalmente generar cambios en la estructura social.

Ciertamente, el diálogo y la concertación son ingredientes esenciales de la participación ciudadana, pero no la agotan. Existen circunstancias en las que el diálogo o es imposible a priori o se empantana en discusiones estériles y dilatorias; en las que la concertación pretende más esquivar la conflictividad que resolverla. En el actual contexto, en el que sesudos analistas afirman poseer la antorcha con la que se alumbrará el camino para salir de la minoría de edad, en el que comulgar con un ideal de sociedad ya definido es condición sine qua non para ser un ciudadano racional, el diálogo y la concertación parecen estar más orientados a mantener lo obtenido que a potenciar nuevos cambios.

Se enfatiza demasiado en la opción del diálogo y la concertación, sin atender a sus resultados. En una tendencia que se acentúa cada vez más, se llama a participar en un diálogo que más que ser operativo se convierte en justificación de opciones y decisiones ya tomadas. Entre los puntos de discusión ya definidos e incuestionables y los resultados ya planeados de antemano, el diálogo es el intermedio destinado a aplacar la culpa en las consciencias democráticas de los participantes.

Se ha perdido de vista que en la participación ciudadana las acciones de hecho —ahora demonizadas—, siempre que en ellas opere la razón, pueden ser un mecanismo adecuado para producir el cambio. Al margen de la acción violenta, principios como el de la desobediencia civil, llevados a la práctica por Thoreau y Gandhi, han mostrado sus potencialidades de cambio social una vez que el diálogo ha fracasado o se ha vuelto inoperante.

En los juicios que se han vertido sobre la huelga de labores convocada por el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto del Seguro Social (SIMETRISSS), ha pesado sobremanera esta falsa noción de participación social. A pesar de que las negociaciones entre los médicos y la directiva del ISSS se han mantenido durante nueve meses sin ningún resultado concreto, en gran medida debido a la actitud de la directora de la institución y pese a que las exigencias de SIMETRISSS están orientadas a mejorar las atribuladas condiciones de atención del Seguro Social, no se ha dudado en condenar la acción de los médicos.

¿Puede ser calificada la acción de SIMETRISSS como una manifestación de participación social valedera? El principal elemento que parece estar siendo considerado para responder con una negativa es que los afiliados del Seguro Social están siendo afectados al no poder acceder al servicio de salud. Sin embargo, este razonamiento obvia lo evidente: si con la huelga se logra que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las exigencias de los médicos, la misma población que por ahora se ve obligada a privarse del servicio podrá a futuro gozar de la atención que merece.

Aunque algunos medios sólo hayan hecho énfasis en las exigencias salariales de los médicos, pretendiendo con ello reducir el asunto a una simple cuestión de ambición desmedida, no puede desestimarse que esta no es la única de las exigencias contenidas en el documento presentado a los directivos del ISSS. Además, debe tomarse en cuenta que una de las razones por la cuales el diálogo se empantanó fue la petición de los médicos de que el Seguro Social se abriera a un proceso de contabilidad que verificará la adecuada asignación de recursos financieros.

Difícilmente puede afirmarse que el recurso de la huelga fue la primera opción de SIMETRISSS para lograr que se escucharan sus peticiones; en especial si se observa que el primer paro de labores (29 de enero) sólo se dio después de siete meses de infructuosa negociación. Aún más difícil es calificar de irracional su accionar, cuando es precisamente la irracionalidad que ha imperado en el Seguro Social la que pretende ser superada.

Ahora bien, sería desatinado negar tajantemente que tras esta pretensión de SIMETRISSS de perseguir el bien común de los asegurados pueden estar presentes intereses muy particulares. Sin embargo, si para que hubiera una manifestación social en contra de las condiciones bajo las que opera el Seguro Social tendría que haberse esperado la iniciativa de los asegurados, es seguro que la fecha del cambio se habría programado ad calendas graecas.

A pesar de todos los peros que se puedan poner, la movilización social de SIMETRISSS, incluso con la cuota de sacrificio que por ahora le impone a los asegurados, es una de las más prometedoras que se han dado a lo largo de este año y el anterior. Principalmente, porque en ella se expresa lo que pretende ser sepultado con discurso y retórica democrática: una actitud racionalmente beligerante que no se ve satisfecha con el mero hecho de dialogar.

Reflexiones generales acerca de la violencia sexual

"Insólita violación a menor". Esa es la forma en que un periódico matutino de este país adjetivó el caso de una niña de 8 años que fue abusada sexualmente. Ese calificativo no se debe a que las violaciones sexuales sean poco comunes, sino al hecho de que los agresores fueron dos niños de 10 años de edad. Este desconcertante suceso ocurrió en una escuela del departamento de San Miguel, el 23 de enero recién pasado. La noticia relata que los menores encontraron a la niña sola en un aula mientras se llevaba a cabo una campaña médica odontológica y aprovecharon el momento para atacarla. Pero fue hasta dos días después que la madre de crianza de la menor se enteró de lo ocurrido y acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar el hecho. Así se logró confirmar que los violadores fueron, efectivamente, dos niños contra quienes la justicia no puede hacer nada, ya que la Ley del Menor Infractor sólo opera a partir de los 12 años.

Esta situación pone de manifiesto la gravedad de la crisis de valores que vive el país. Ciertamente, el caso de los menores implicados es delicado y sacar conclusiones apresuradas podría conducir a graves equívocos. Sin embargo, es claro que los pequeños agresores actuaron como lo hicieron, más que por curiosidad natural, alentados por sus experiencias socio-culturales. Es indudable la vigencia del círculo vicioso siguiente: los niños ven, oyen y aprenden que el poder masculino es superior al femenino; creen que el hombre tiene derechos y dominio absoluto sobre la mujer y que ésta, le guste o no, tiene que someterse a sus dictámenes. Lógicamente, si lo ven en sus hogares, en la televisión, lo escuchan en las calles... van a reproducir y practicar esas ideas y comportamientos que en la sociedad se presentan como algo "normal".

El abuso sexual es una práctica común en el país; ese hecho evidencia la creencia de que el hombre tiene, por naturaleza, una sexualidad exuberante, insaciable e incontrolable, cuyo objeto de mitigación es la mujer. De ahí que la violencia sexual aceche a las mujeres de cualquier edad. Valgan como ejemplo los siguientes datos: en enero pasado, un hombre de 28 años intentó violar a dos niñas de 7 y 4 años en Cuscatancingo; el 13 de febrero, 3 hombres enmascarados violaron a una joven de 17 años frente a su madre y sus hermanos, después de irrumpir en la casa de habitación de la víctima. Y uno de los caso más recientes en San Salvador, es el de una señorita de 21 años que fue interceptada por un hombre armado que la amenazó, la llevó a la parte baja de un puente, donde 14 sujetos más la esperaban para violarla. El listado de casos como los señalados podría ser interminable; pero lo más alarmante no es sólo que una pequeña parte de esos abusos es denunciada, sino que, además, en la mayor parte de casos no se captura a los culpables.

En la zonas rurales de El Salvador es aún más difícil que los delitos sexuales salgan a la luz pública o que las mujeres tengan el valor y la iniciativa de denunciarlos. Ello se debe, entre otras razones, a que el "respeto" temeroso hacia los hombres es mucho más fuerte que la propia integridad personal y psicológica. Dentro de los pueblos, cantones y caseríos de las zonas oriental, central y occidental del país las violaciones por parte de familiares (padres, tíos, hermanos...) son muy frecuentes, porque las mujeres poco o nada saben de sus derechos y se apegan a la idea de que ellas están para servir y obedecer al hombre en todos sus mandatos. Debido a esto, las relaciones de parentesco o las edades de las mujeres no tienen importancia alguna. De hecho, el incesto es algo muy común y cuando un padre abusa sexualmente de su hija –en una relación que suele prolongarse por varios años— la madre o no se entera o, simplemente, prefiere ignorar la situación para retener al esposo o compañero.

La violencia sexual es una realidad en el campo y en las costas salvadoreñas y, por lo general, está fuera del alcance de la ley. En estas zonas del país habita el 45% de la población total, formada mayoritariamente por mujeres. Aunque pueda parecer exagerado, gran parte de ellas, niñas y adultas, han sido violadas o han estado a un paso de serlo. Las denuncias no son realizadas por temor, por desconocimiento de las leyes o porque se considera que ese tipo de violencia es algo "normal".

Con todo, la Unidad del Niño y la Mujer, de la Fiscalía General de la República (FGR), afirma que los casos de violación experimentaron una notable reducción en el primer mes de este año en comparación al mismo período de 1997. Dicha Unidad registra, para enero de 1998, un total de 100 casos de violación en los alrededores de San Salvador. De éstos, 82 fueron cometidos contra menores de edad y el resto contra mujeres adultas. Según la FGR, en enero de 1997 se archivaron 213 casos de abuso sexual.

Por muchas razones, la situación de criminalidad antes descrita afecta gravemente la convivencia social en el país. Dos son, sin embargo, las principales. Primero, las consecuencias directas sobre las víctimas. Una mujer o niña que sufre abuso físico seguramente atravesará distintos problemas psicológicos. Su reacción posterior a la violación podría manifestarse de distintas formas: difícil o imposible convivencia con el sexo masculino; temor a salir sola; baja auto estima... El problema también podría expandirse hasta sus relaciones familiares y maritales. Muchos esposos rechazan a su compañera después de haber sido violadas o viceversa. En el caso de violación en menores de edad, es indudable que una experiencia tan dura como esa obstaculizaría su desarrollo pleno en la sociedad y la vida.

En otras ocasiones, el problema se vuelve más complejo. Si una mujer abusada queda embarazada de su violador, la situación se vuelve doblemente difícil ante la posibilidad de enfrentarse a un aborto o aceptar un hijo de alguien que se aprovechó de ella. Por otro lado, no se puede descartar la fatídica posibilidad de contraer el SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual. En pocas palabras, el primer factor problemático es que una violación va más allá del hecho de acometer físicamente contra el cuerpo de una mujer adulta o niña.

En segundo lugar, el fenómeno de atropellos sexuales no es sólo preocupante por la salud mental de las víctimas, sino también por la de los victimarios. Los violadores tienen variados impulsos o motivos para abusar de una persona. Partiendo de esto, los psicólogos han construido 5 perfiles diferentes de los violadores : 1)"Violadores acomplejados" : hombres que violan para compensar sus deficiencias personales; tienen baja autoestima por lo que únicamente desean sentirse superiores. 2)"Antisociales": consideran a la sociedad como su enemiga; buscan principalmente satisfacción sexual. 3)"Seductores": sienten satisfacción acumulando grandes cifras de relaciones sexuales. 4)"Menoreros": eligen como víctimas a niñas de 12 a 16 años inducidos por la pornografía. 5) "Pedófilos": hombres que atacan a niñas(os) aprovechándose del ambiente familiar. En conclusión, el segundo factor problemático, implicado en el fenómeno de violencia sexual, es la gran cantidad de hombres con problemas mentales y de comportamiento que andan sueltos por las calles, en oficinas, escuelas y fábricas.

En fin, extraer valoraciones acertadas sobre un tema tan complicado como este es bastante difícil, sobre todo porque lejos de ser un problema reciente, es el resultado de toda una tradición de actitudes respecto a las relaciones de género. Se necesita de un fuerte y largo trabajo colectivo, de educación, de estudios, de seguridad y vigilancia, de prevención y castigo legal para iniciar la lucha contra la violencia sexual. El Gobierno y las instituciones encargadas deben dedicarse de lleno a un plan de acción inmediato para contrarrestar este mal.

No se debe jugar con la PDDH

Ya inició la carrera al interior de la Asamblea Legislativa en pos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); ya se escucharon las primeras discusiones entre diversos partidos políticos con representación dentro de ese órgano estatal, reclamando de nuevo "botín" a partir del supuesto derecho que les asiste para ocupar la titularidad de la misma. Con "nombre y apellido", representantes de los dos grupos que aparecieron tras la más reciente división del Partido demócrata Cristiano (PDC) y personeros del Partido de Conciliación Nacional (PCN) evidenciaron sus intenciones por ocupar --a como dé lugar-- al sitio que hasta el 23 de marzo ocupará la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés. El ambiente pues comienza a calentarse y, por los vientos que hasta ahora han soplado, no se vislumbra una actitud distinta a la que acostumbran algunas de las agrupaciones políticas que se ufanan de representar los intereses de la población salvadoreña.

Por el momento, ya se conocen los nombres de algunos candidatos entre los que destacan los propuestos por las dos "democracias cristianas": el Rosalío Tóchez, ex magistrado de la Corte de Cuentas; Ivo Príamo Alvarenga; Carlos Mauricio Molina Fonseca, primer Ombudsman nacional y el diputado Arturo Argumedo. De este último candidato, se sabe que ya reclamó su mención sin haber sido consultado al respecto y textualmente --según un periódico de circulación nacional-- se expresó de la siguiente manera: "salir propuesto por un chirajo de la democracia cristiana no sólo es penoso, sino quemarse de la manera más innecesaria y categóricamente no aceptaría".

Sobre Molina Fonseca, de sobra es conocido --dentro y fuera del país-- que durante su período al frente de tan importante institución estatal no demostró capacidad para ejercer el cargo. Su administración fue tibia pues, entre otras cosas, no tuvo la habilidad ni la experiencia suficientes para acompañar y monitorear con eficacia el cumplimiento de los acuerdos de paz en lo concerniente al tema de los derechos humanos.

Así, por señalar el ejemplo más crudo, permitió que se aprobara en marzo de 1993 una amnistía general que favoreció la impunidad al incluir dentro de ella hechos cuya imprescriptibilidad está reconocida por la doctrina y la legislación internacional en la materia: las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los conocidos como crímenes de lesa humanidad. Ante esa errónea decisión de los partidos políticos --incluidos esos que ahora buscan adueñarse de la PDDH-- Molina Fonseca no adoptó la única actitud que se podía esperar de un defensor del pueblo: el apoyo incondicional, enérgico e inclaudicable a las víctimas directas e indirectas de esos hechos.

Así las cosas, cuando finalizó la primera administración de la Procuraduría no fue muy agradable el sabor que quedó en la boca de los organismos civiles nacionales de derechos humanos y otras organizaciones sociales; tampoco, esa gestión dejó satisfecha a la comunidad internacional y especialmente a los observadores de las Naciones Unidas que estaban instalados en el país, quienes --pese a que en algunos momentos suavizaron el tono de sus juicios, quizás en un exceso de diplomacia-- terminaron calificando como "mediocre" dicha gestión. A esa fase se refiere el señor Kofi Anann, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando --en su informe especial sobre nuestro país publicado en julio de 1997-- tipificó de "vacilante" el arranque de la institución.

Nadie que pretenda ser objetivo cuenta en su poder con elementos sólidos para contradecir un hecho: con la llegada de la doctora Velásquez de Avilés al cargo en marzo de 1995, la institución comenzó a evidenciar cambios radicales. Así, pues, muy pronto la población salvadoreña --sobre todo la mayoritaria, excluida de recursos materiales y sin posibilidades de acceso a la justicia-- empezó a percibir mejorías sustanciales y a comprender de una mejor manera las grandes posibilidades que le ofrecía la PDDH, tanto en la promoción como en la defensa y protección de sus derechos y libertades fundamentales.

Ello, pese a que desde entonces se trató de bloquear el trabajo de la funcionaria, fundamentalmente a partir del recorte presupuestario; con creatividad, una buena dosis de austeridad --a diferencia de la gestión anterior-- y el apoyo de la comunidad internacional, se pudo salvar en parte dicho escollo. Sin embargo, en la medida que la señora procuradora actuó con valentía en el ejercicio de sus funciones, se profundizaron los obstáculos de este y de otros tipos; se llegó incluso a amenazar su persona y la integridad de su familia.

Durante su mandato, la funcionaria fue duramente cuestionada por ciertos sectores --algunas de esas voces vinieron de la administración pública y otras de la llamada "sociedad política"-- acusándola de pertenecer a la izquierda, de que la institución a su cargo solamente "defendía los derechos de los delincuentes" y de otra variedad de cosas sin mayor sustento. Ante esas temerarios señalamientos, en una entrevista publicada por un matutino, la doctora de Avilés salió al paso de sus detractores sosteniendo enfáticamente lo siguiente: "No creo que sea tendencia de izquierda, por ejemplo, tratar de resolver el caso del señor García Prieto, de Vilanova... No creo que trabajar porque en este país termine la marginación contra la mujer, hacer propuestas de ley contra la violencia infantil, hablar de las necesidades y carencias y exigir políticas definidas del gobierno sobre la situación de los niños de la calle, sea una tendencia de izquierda". Nadie le supo refutar lo anterior.

Una opinión realmente calificada al respecto es la del señor Anann, quien en el ya citado informe especial sobre El Salvador se expresó muy bien al abordar la labor desarrollada por la institución. "Particularmente durante el mandato de su actual titular --sostuvo con seguridad el máximo dirigente de la ONU--, ha hecho valientes esfuerzos por cumplir su mandato de supervisar la actuación del Estado y contrarrestar los posibles abusos de poder, a pesar de los obstáculos con que ha tropezado a causa de la falta de voluntad política de algunos funcionarios gubernamentales para responder adecuadamente a sus resoluciones y recomendaciones". Por mucho que alguien intente buscar, en ningún momento encontrará en el informe de Anann referencia alguna --aunque sea en forma indirecta-- sobre una tendencia para favorecer a determinado grupo político o acciones contrarias a su misión en beneficio de la criminalidad y la violencia en el país.

En ese marco, no pueden ahora ciertos grupos políticos --muchos de ellos con una muy cuestionada legitimidad-- pretender que ese lugar lo ocupe alguien que ya dio muestras de no ser la persona idónea para ello, ni tampoco otras que son totalmente desconocidas por la comunidad de organismos defensores de los derechos humanos, no tienen experiencia de trabajo en la materia o --peor aún-- cuentan con una trayectoria que las coloca más bien en el otro lado.

Cualquier decisión equivocada en relación a la persona que esté al frente de la institución durante los próximos tres años, puede ser sumamente arriesgada pues con ella se estarían poniendo en peligro los avances que se han experimentado en esta materia con la actual administración de la PDDH y --sobre todos-- se estaría socavando la escasa confianza que se pueda haber comenzado a generar entre la gente.

En El Salvador existe ya una historia en lo que se refiere al reparto de poder entre las distintas fuerzas políticas; según parece, ahora se está siguiendo el mismo esquema como si la elección de un puesto tan importante --el del Ombusman-- se tratase de una transacción comercial. ¿Así van a seguir decidiendo "los padres y las madres de la Patria" el futuro de nuestro país? Porque esa es la impresión que le dan a una población sumamente desencantada, que observa cómo se arruinan las pocas cosas buenas conseguidas después de tantos y tantos años de sacrificio y dolor, mediante componendas políticas y la selección de funcionarios "a dedo" o a través del "compadrazgo" irresponsable, en lugar de tener siempre como criterio básico el "bien común". De esa forma, se han pasado y siguen pasando por alto los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos para acceder a puestos claves en las instituciones del Estado.

En vista de esas actitudes negativas, que se alejan cada vez más del ejercicio democrático al que se aspira llegar, la doctora Velásquez de Avilés convocó el 27 de febrero a una conferencia de prensa en la que anunció que no estaba dispuesta a participar en ese tipo de "juegos políticos"; por ello, anunció que --en esas condiciones-- mal haría en postularse como candidata a la reelección, no sin antes agradecer el apoyo que recibió de parte de la comunidad de derechos humanos y de todas las organizaciones y personas que le solicitaron a ella y a la Asamblea Legislativa su continuidad en el cargo.

No se puede dejar de reconocer la actitud de la señora procuradora pues, ciertamente, esta elección no debe ser manipulada ni tampoco debe llevarse a entrampamientos como el de 1995, cuando las y los diputados se enfrascaron en discusiones vacías para elegir al titular de la PDDH. Por ello, en declaraciones públicas, la funcionaria ha dicho que "el próximo procurador debe ser una persona que no ejerza políticas partidistas, porque eso --de alguna forma-- frena la independencia, la autonomía, la objetividad con la que debe trabajar un defensor o defensora del pueblo..."

Y es que no se puede concebir que un funcionario público, sobre todo en el caso de la o el procurador de derechos humanos, responda a otros intereses que no sean los del pueblo. Por eso, se debe insistir que para el cargo se requiere de una persona cuya trayectoria sea intachable y que, al mismo tiempo, esté comprometido con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Pero, como ya se apuntó, en el ambiente existen intenciones manifiestas de los partidos políticos que se creen con el derecho de tomar las riendas de la PDDH sin importar que sus candidatos no sean los más idóneos para la institución y la sociedad en general.

En el balance sobre la situación del país durante 1997, desde el IDHUCA se hizo referencia a la encomiable labor desarrollada por esta institución en tal período al investigar violaciones a los derechos humanos, determinar responsabilidades y hacer las recomendaciones necesarias. Ahora le toca a la población defender lo que costó decenas de miles de víctimas, porque la PDDH es patrimonio de todas y todos los salvadoreño que --llegado el momento-- no pueden quedarse con los brazos cruzados dejando que se deteriore la institución que --hoy por hoy-- es la que más confianza genera entre la población.

En resumen, como bien lo dice el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, la persona que ocupe el cargo durante los próximos tres años "deberá llegar con una mente libre ante las presiones políticas y de los poderes, y --ante todo-- muy sensible a los problemas de la gente que sufre. Una figura que tenga una gran sensibilidad humana y social". Mejor perfil, no puede haber. Entonces, ¿para qué buscar más si quien mejor se ajusta al mismo es la actual procuradora? Piensen bien en la Asamblea Legislativa al momento de decidir, pues la población ahora tiene una buena arma para defenderse y cobrarse: su voto en las próximas elecciones.

ACUERDOS. La Conferencia sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, que reunió, desde el 25.02 hasta el 28.02, a delegados de los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó con la Declaración de San Salvador. En la Declaración se afirma que la "condición especial para lograr un efectivo régimen internacional de seguridad es que todos los Estados se sometan a reglas universales, iguales y vinculantes". Se destaca, que luego de tres décadas del Tratado de Tlatelolco, se ha conseguido establecer la primera zona habitada en el mundo libre de armas nucleares. Los delegados también vieron con satisfacción el inicio de consultas dentro del continente, en seguimiento a la Declaración de Santiago, sobre la limitación de armas convencionales y en especial los trabajos y reflexiones del Grupo de Río sobre la temática. Los acuerdos concretos incluyen: estimular contactos y cooperación entre legisladores sobre medidas de fomento de la confianza y temas relacionados con la paz y la seguridad hemisférica; extender los institutos de formación diplomática, academias militares, centros de investigación y universidades, los seminarios, cursos y estudios contemplados en las Declaraciones de Santiago y San Salvador (LPG 01.03 p.5).

IGLESIA. Ante el anuncio de que el Banco Mundial financiaría programas de desarrollo para la población salvadoreña, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, en su conferencia habitual de los domingos, calificó como positiva esa medida, porque "incluso el Santo Padre ha venido clamando que la economía mundial no se fije sólo en las macro economías, sino que tenga por centro al hombre, a la familia y al trabajo". En ese sentido, indicó Sáenz, pareciera que "ese clamor va llegando a los organismos internacionales, y si todos los gestores de la economía mundial se planteasen el tema de cómo dar trabajo a toda la gente, resolveríamos todos los problemas, incluso habría un gran crecimiento de la economía, donde también crecerían los que tienen capacidad de adquirir y por ende habría un desarrollo global". El arzobispo recordó que, por el momento, estas instituciones ordenadoras de la economía mundial se han dejado llevar por enfoques materialistas y no humanos y por eso no se ha logrado cristalizar una lógica humana, por lo que el anuncio del Banco Mundial de apoyar al desarrollo social coincide con la doctrina social de la iglesia. Por otro lado, el pastor católico no quiso opinar abiertamente sobre los próximos aumentos tarifarios de la energía eléctrica, señalando que serán el Gobierno y la Asamblea Legislativa quienes deberán supervisar que no hayan abusos (DH 02.03 p.24 y EM 02.03 p.3).

PROTESTA. Empleados municipales que el 03.03 ocuparon la Alcaldía de Ayutuxtepeque, mantienen negociaciones con representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la PNC para lograr la liberación de la alcaldesa de Ayutuxtepeque, Daysi Hernández de Pimentel, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de un empleado de dicha comuna. Manuel Torres, directivo comunal, afirmó que la alcaldesa es completamente inocente del cargo que se le acusa y la situación se ha generado debido a problemas "con unos empleados areneros y seis concejales, quienes deberían ser destituidos". Asimismo, los empleados rechazaron al Alcalde en funciones y dijeron que no es aceptado por la población, y que "en repudio a su mala administración se están dejando de percibir impuestos, pues nadie llega a pagar" (DL 04.03 p.4).

RESOLUCION. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió, el 01.03, la primer demanda relacionada con propaganda política, al declarar cerrado un expediente contra el partido ARENA, cuyas autoridades fueron acusadas de haber distribuido artículos promocionales y de incitar al voto en un mitin celebrado en octubre de 1997. En su resolución, los magistrados expresaban que se escuchó a Facundo Guardado, del FMLN, al presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, pero los mismos no aportaron pruebas suficientes que corroboraran que ARENA infringió la ley (LPG 02.03 p.6).

ACUERDO. El alcalde de San Salvador, Héctor Silva, firmó, el 04.03, con los vendedores callejeros del Hospital "Benjamin Bloom", un acuerdo en el cual los comerciantes aceptan la reubicación de sus negocios. El convenio establece que los vendedores continuarán por seis meses más en el inmueble y que pagarán cinco colones diarios en concepto de arrendamiento, así como por el servicio de agua potable y alumbrado eléctrico. Por su parte, Roberto Salamanca, en representación de los comerciantes, dijo que si dentro de un mes el "negocio no va bien" se reunirían de nuevo con las autoridades municipales, no descartando regresar al lugar donde estaban. "El hambre y la necesidad nos hará volver a la zona, aunque ello implique mayores problemas", advirtió (LPG 05.03 p.14).

DROGAS. El experto antidrogas, Carlos Avilés, expresó, el 02.03, que el lavado de dólares en El Salvador podría propiciar un recorte de las ayudas financieras internacionales. Avilés manifestó que, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer la última semana de febrero, El Salvador es una fuente de lavado de narcodólares, lo cual puede significar "cortar la ayuda económica, bloquear los productos de exportación, promover sanciones a empresarios estadounidenses que invierten en El Salvador, si no se investiga a fondo la situación", indicó (EM 02.03 p.2).

APROBACION. La Asamblea Legislativa aprobó, el 02.03, con 75 votos, la Ley del Medio Ambiente. Luego de la aprobación, todas las fracciones aprobaron la ampliación del plazo que la ley otorgaría a las industrias para elaborar un Plan de Adecuación Ambiental, que significaría la reconversión de sus procesos de producción. Las únicas temáticas en las que no se llegó a acuerdos fueron las referentes a la consulta pública previa al otorgamiento de permisos ambientales, la facultad del Estado para adquirir áreas forestales importantes para la conservación de suelos o diversidad biológica y agua, así como la consideración de la condición económica de los infractores para la imposición de sanciones, todas objetadas por el partido ARENA. "Hemos aprobado una ley de sobrevivencia, de emergencia para la vida en este país", dijo el diputado independiente Horacio Ríos; "esperamos que no haya intenciones de vetar la ley", dijo al referirse al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, a quien le asiste la facultad de sancionar o vetar la normativa. Mientras, el diputado por la Convergencia Democrática, Mauricio Díaz Barrera, instó a la empresa privada a confiar en la ley, pues a su criterio, porque no fue formulada para afectar sus intereses, sino para mejorar las precarias condiciones ambientales del país. Por su parte, el diputado Ernesto Angulo, de ARENA, expresó que se mantendrá alerta para que la empresa privada no se vea desfavorecida por la ley (LPG 03.03 p.12).

AMBIENTE. Ante la aprobación de la Ley del Medio Ambiente, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador consideró que el mecanismo de consulta popular incluido en la Ley del Medio Ambiente se convertirá en un freno a la inversión nacional y extranjera, porque deja abierta la posibilidad de que personas ajenas a la materia opinen sobre asuntos eminentemente técnicos y económicos. Representantes de dicha gremial aseguraron que no se trata de una oposición cerrada al establecimiento de regulaciones para proteger el medio ambiente; no obstante, manifestaron que se han ignorado las observaciones y recomendaciones puntuales, realizadas por ANEP, respecto a la Ley (EM 02.03 p.10).

REFORMAS. La Asamblea Legislativa, a través de la Comisión del Medio Ambiente, anunció, el 02.03, que realizaría un estudio y posibles reformas a una serie de artículos del Código de Salud. Los parlamentarios comentaron que con ello se pretende dar una mejor fiscalización a las empresas y laboratorios químicos, y de todos los productos que distribuyen. A juicio del diputado de fracción de ARENA, René Rodríquez, están dispuestos a realizar la revisión completa del Código, y para ello conformarán una sub-comisión que será la encargada de realizar el estudio del Código, a fin de poder deducir las funciones y obligaciones de cada una de las instituciones responsables de la fiscalización de las empresas (DL 02.03 p.3).

REELECCION. La actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, expresó, el 27.02, que no aceptará un segundo período en el cargo. "La decisión es esta, no soy candidata a la reelección mientras en este país la decisión de funcionarios se tome por acuerdos partidaristas", dijo la Procuradora, advirtiendo que si esta elección se hace por cuotas de poder "se está lesionando de muerte a la institución". "Me voy con la satisfacción del deber cumplido", dijo la funcionaria, agregando que "por tratarse de una magistratura de conciencia, que he ejercido con la mayor independencia y autonomía, en riguroso respeto al texto constitucional, mal haría en postularme como candidata a la reelección, en el contexto de un proceso de toma de decisiones que ya ha dado muestras, o se vislumbran motivaciones partidaristas". El diputado Walter Araujo, de ARENA, manifestó que su partido se encontraba en contra de la gestión de Avilés, pues para ellos la Procuradura ha actuado con parcialidad; en palabras de la diputada Gloria Salguero Gross, "la inclinación de la Procuradora es hacia la izquierda, y basta revisar su actuación en las resoluciones y el personal con el que ha llenado vacantes, para confirmar la opinión que tenemos" (LPG 03.02 p.16 y DL 28.02 p.3).

PARO. Luego de una serie de negociaciones con el ISSS, el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) inició, el 03.02, un paro laboral indefinido, a nivel nacional, apoyado en un 93% por el cuerpo de médicos de la institución. Los médicos demandan una serie de mejoras, tanto en la atención de pacientes, como en el aspecto salarial. Representantes del Colegio Médico Salvadoreño explicaron que las negociaciones con las autoridades del Seguro Social se rompieron cuando éstas se negaron a realizar una auditoría de los gastos que realiza la institución. Además, acusaron al ISSS de haber realizado las negociaciones sólo para que la opinión pública tuviera una imagen positiva de la institución y para opacar las actividades de protesta pública, ya que en dichas reuniones no se les daba cumplimiento cabal a las demandas. El Secretario de Prensa del SIMETRISSS, Ricardo Flores, dijo que las demandas continúan siendo las mismas; en este sentido, exigen que los médicos tengan una participación directa en la realización de los planes y proyectos de salud, para que la planificación se haga de manera compartida. Mientras, la Directora del ISSS, María Julia Castillo, dijo que determinarían si la acción de los médicos es legal; de lo contrario, aplicarán las medidas del caso, como descuentos y destituciones (DL 03.03 p.3).