Año 18
Número 798
Marzo 11
1998
ISSN 0259-9864
Editorial La reelección de la Procuradora
Economía Los empresarios y el proteccionismo estatal
Regional Centroamérica en la mira del Banco Mundial
Opinión Pública La opinión pública sobre los derechos humanos y los
retos de la PDDH
Derechos Humanos Más sobre la procuraduría
Las posiciones frente a la gestión de la actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos están definidas con claridad y muestran más de lo que parece sobre el poder y los partidos políticos. Para el gobierno, ARENA y sus aliados, la gestión de la Dra. Avilés —o doña Vicky, como la llama cariñosamente la gente sencilla— es deficiente, y, por lo tanto, están en contra de su reelección. El oficialismo alega que la Procuraduría ha sido parcial en la defensa de los derechos humanos; es decir, el sector que representa no sentiría que sus derechos han sido garantizados o defendidos suficientemente. Pero sus señalamientos no pasan de ser una apreciación general, por no decir vaga. El malestar del oficialismo es la mejor prueba de que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ha cumplido su misión, de una manera sobresaliente, en sus tres años de mandato.
A esta procuraduría le corresponde defender los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al Estado, denunciar cualquier violación de los mismos y exigir la reparación del caso. Una Procuradora fiel a su misión, necesariamente, tiene que chocar con un gobierno que, pese a asegurar estar comprometido con el derecho, en la práctica se considera con autorización para hacer lo que le plazca. A la Procuraduría le corresponde señalar sus abusos y exigirle que enmiende sus errores, así como también poner en evidencia los formalismos y las falsedades con las que intenta encubrir sus arbitrariedades. Al ser fiel a esta misión, la Procuraduría se convierte en un obstáculo considerable para gobiernos como los de ARENA.
El oficialismo no está por la reelección de la Dra. Avilés por otra razón, que apunta al fundamento del mandato de una procuraduría de derechos humanos. Por deformación inveterada, los presidentes salvadoreños son reacios a cualquier tipo de supervisión. Consideran que al ganar las elecciones reciben una delegación de poder que los autoriza a gobernar sin otra consideración que sus conveniencias, sean éstas políticas o económicas. Además, si gobiernan buscando el bien común no ven por qué no aprovecharse personal, familiar o partidariamente de esta oportunidad única. Creen que dedicarse a trabajar por el país los autoriza a sacar provecho para sí mismos, sus amigos y su partido. Desde su perspectiva, el único que puede juzgar sobre su gestión es el cuerpo electoral, cuando es convocado para unos nuevos comicios. Esta sería la ocasión para desaprobar su conducta no votando por el partido oficial.
ARENA quisiera una Procuraduría "imparcial", con lo cual estaría considerando que la gestión de la Dra. Avilés ha sido parcial, esto es, inclinada a favorecer a las víctimas de los abusos de la administración pública. En un determinado momento, los voceros del oficialismo la acusaron de defender a delincuentes y criminales. ¿Qué otra cosa es el procurador de los derechos humanos si no el defensor de las víctimas del poder del Estado? El sector oficial todavía no ha entendido cuál es la misión de esta procuraduría. Un procurador que cumpla con su mandato a cabalidad, inequívocamente, será muy molesto para los funcionarios públicos y mucho más en la medida en que éstos sean menos democráticos.
ARENA no considera importante contar con una instancia que contrarreste los abusos del Estado en el campo de los derechos individuales, porque se considera dueño de aquél. Es una paradoja que un partido que se caracteriza a sí mismo por defender los derechos individuales se niegue ahora a garantizarles una instancia independiente, que los defienda de su amenaza principal. Sin embargo, esta paradoja se explica porque es un partido que se considera dueño legítimo del Estado, lo cual, a su vez, lleva a otra inconsistencia, puesto que los neoliberales de ARENA están empeñados en reducirlo a su mínima expresión.
Los partidos Demócrata Cristiano y de Conciliación Nacional se consideran dueños de la Procuraduría, sin caer en la cuenta de que se trata de una institución estatal, cuyo mandato es auxiliar a las víctimas de los abusos del poder del Estado. Para ellos, la Procuraduría es un bien político muy valioso que, si se llegasen a quedar con él, podría engrandecer su patrimonio o podrían ponerlo a su servicio. En efecto, estos partidos se consideran con el derecho de colocar a uno de sus miembros en el cargo. El Partido Demócrata Cristiano es el que con más derechos se considera; aunque el de Conciliación Nacional no se queda a la zaga. Estos dos partidos todavía continúan inmersos en los esquemas de antaño, aunque, al igual que ARENA, también piensan ser propietarios del Estado.
El FMLN y la Unión Social Cristiana apoyarían la reelección de la Dra. Avilés en el cargo, pues aprueban su desempeño como muy satisfactorio. La mayoría de la población también está por la reelección (51.3 por ciento, según la última encuesta del IUDOP), porque sabe que la Procuradora vela y defiende sus derechos, sobre todo los de los más vulnerables (los pobres, las mujeres y los niños). Sin embargo, estos dos partidos no poseen los votos necesarios y la opinión pública, aunque mayoritaria en este caso, cuenta poco ante la concepción que de los derechos humanos tiene el oficialismo, la ambición política de los partidos aliados a éste y las inconsistencias de la clase política. Es por ello que la Dra. Avilés no está por su reelección. Con la misma sencillez y dignidad con la que ha dirigido la Procuraduría, ha afirmado con claridad que no está interesada en continuar en el cargo.
El Estado democrático cuenta con una serie de instituciones, entre ellas la procuraduría para defender los derechos humanos o el defensor del pueblo, para supervisar las acciones del poder que, por su propia naturaleza, tiende a la arbitrariedad. Entre más poder se tiene, como es el caso del ejecutivo, la tendencia al abuso es mayor. Precisamente, por eso, el defensor de los derechos y libertades del pueblo es insustituible y, sin duda, molesto para los gobernantes, pero indispensable para la democracia. Dadas las realidades del poder salvadoreño, el único procurador que podría satisfacer al oficialismo es aquel que no supervisase ni interviniese, dejándolo campear por sus respetos. Sin embargo, un procurador que no causa molestia al poder establecido es un procurador innecesario.
Muy frecuentemente, las gremiales empresariales han llamado la atención sobre la importancia de la empresa privada como principal generador de la producción y el empleo. Aun sin referirse al aporte del sector laboral, es posible sostener que esta es en realidad una verdad a medias. En El Salvador, el sector empresarial se ha caracterizado por florecer a expensas del proteccionismo estatal.
Históricamente puede demostrarse que el sector empresarial —especialmente la gran empresa— se ha servido del Estado para mantener e incrementar sus riquezas y utilidades. Esto ha sido posible en gran medida porque el sector empresarial más poderoso ha tenido influencia en los diferentes gobiernos de la república. Tristes evidencias de lo anterior son el despojo de tierras comunales y ejidales para cultivar café, efectuado por los terratenientes afincados en el gobierno del Presidente Zaldivar (1876-1885), y las medidas de la dictadura Quiñonez-Meléndez de principios del siglo XX, las cuales consolidaron el poder económico de los financistas, exportadores y grandes cafetaleros. Igualmente destacable resulta la gigantesca inversión estatal y el proteccionismo arancelario efectuados para impulsar la industrialización, a partir de la década de 1950, en la cual se embarcaron los más prósperos empresarios del país.
En la actualidad, la situación no ha cambiado en lo fundamental, aunque sí muestra rasgos diferentes, coherentes con la dinámica económica contemporánea. Medidas como la eliminación de los impuestos a las exportaciones, la reducción del impuesto a las utilidades y la venta-liberalización del sistema financiero han producido claros beneficios para los miembros de la gran empresa. A la vez, es inobjetable el poder de veto que las gremiales empresariales tienen sobre las iniciativas gubernamentales que consideran lesivas para sus intereses. En este contexto es que se han bloqueado medidas como la desgravación arancelaria y la reducción de la evasión fiscal, por ejemplo.
Recientemente, esta situación fue señalada por uno de los economistas internacionales favoritos de los apologistas del neoliberalismo, Michael Porter, quien visitó El Salvador y conversó con los principales empresarios y políticos del país. Muchas de las posturas que expresó fueron especialmente duras con el sector empresarial. Así, el experto manifestó sus reservas sobre las posibilidades de desarrollo de El Salvador si el sector empresarial no abandona formas "viejas y viciadas de hacer dinero" y si, además, se pretende promover el crecimiento a partir de la maquila, pues "sólo países que tienen poco que ofrecer atraen inversiones con vacaciones fiscales". En este marco, resulta interesante revisar algunos de los planteamientos de Michael Porter, en la medida que éstos sugieren que, como en el pasado, el sector empresarial continúa utilizando el Estado para fines de lucro.
En lo esencial, Porter señaló que en El Salvador existen prácticas de hacer negocios basadas en favores del gobierno. Además, según el estadounidense, el sector empresarial se ha acostumbrado a acaparar mercados cerrados y a quejarse constantemente cada vez que el gobierno opta por crear leyes o tomar medidas regulatorias. Literalmente, el economista señaló que "todo se va en quejarse y en ver quién tiene un mejor insulto para el gobierno. Se reúnen, se quejan y luego se toman unos tragos sin mejorar el ambiente de negocios con propuestas concretas". Se trata de desarrollar la capacidad de exportación, pero no solamente creando zonas libres para las maquilas, ya que "las leyes de zonas libres crean incentivos negativos", por lo que es necesario "integrar y conectar a la maquila con el resto de la economía".
En relación al sistema financiero expresó lo siguiente: "yo creo que los mercados financieros y los sistemas financieros son una debilidad crónica en todo Centroamérica. No existe suficiente intermediación, las tasas de intermediación son demasiado altas, los bancos no son eficientes. Y realmente no existen fuentes de bajo costo para financiamiento a largo plazo. Parte del problema es como se ha politizado el tema de la supervisión bancaria anteriormente".
Lógicamente, las posturas de Michael Porter levantaron las suspicacias de los propietarios de empresas y de sus empleados ejecutivos, las cuales se hicieron sentir en los medios de la prensa escrita. No fue para menos, pues, en síntesis, se estaba señalando que el sector empresarial de El Salvador no está en condiciones para insertarse adecuadamente en un contexto internacional globalizado, debido a que está acostumbrado al proteccionismo y a sacar ventajas del gobierno.
En realidad, los señalamientos referidos no son nada nuevos para nuestro medio; sin embargo, llama especialmente la atención que provengan de fuentes consideradas de confianza para el sector empresarial y gubernamental. La instrumentalización del Estado y las prácticas monopólicas y oligopólicas han estado presentes desde la independencia nacional. El éxito de los grandes empresarios ha estado ligado a la adopción de políticas de desarrollo diseñadas de forma ad hoc para los intereses del gran capital.
Deliberada o circunstancialmente, estas políticas han conducido a una marcada concentración de activos en manos de grandes empresas y a la adopción de prácticas oligopólicas, claramente reñidas con la eficiencia económica y con las nuevas tendencias de apertura de mercados y competitividad internacional. Esto es especialmente cierto en el caso de la industria, donde, para la década de 1980, se estimaba que un 82% del capital industrial total estaba concentrado en empresas de más de 50 empleados; más claro aún es el caso del transporte aéreo, duramente criticado por Michael Porter.
Otra forma aún más cuestionable de "hacer negocios", no mencionada por el especialista extranjero, es la práctica de mantener los salarios en niveles ínfimos, insuficientes siquiera para superar la línea de la pobreza extrema. Los bajos salarios no son un problema de insuficiente valor agregado, sino de una distribución desproporcionada entre remuneraciones de los trabajadores y el excedente de explotación de los empresarios. Se estima que, de cada colón del valor agregado en la producción, 59 centavos van para excedentes de explotación y sólo 30 para remuneraciones.
Los cuestionamientos de los que ha sido objeto el sector empresarial deberían sopesarse de cara a la realidad que enfrenta actualmente el país en materia de crecimiento y desarrollo. No existe un sector empresarial que haya podido incursionar en el campo de la generación de exportaciones no tradicionales. Las exportaciones se han expandido por la proliferación de las maquilas, como resultado de la creación de zonas libres; de no darse esta situación, el total exportado apenas sería dos tercios de lo que actualmente se exporta.
Por otra parte, la intermediación financiera ha sido claramente cuestionada, incluso por el mismo sector empresarial, ya que las altas tasas de interés y los criterios de asignación del crédito se han convertido en frenos efectivos para el crecimiento de la actividad de los sectores productivos de la economía. El crecimiento económico es liderado, casi exclusivamente, por el sector terciario.
No se trata de decir que la apertura de mercados es la panacea para el subdesarrollo, pues entraña más perjuicios que beneficios, pero, al margen de ello, resulta de interés nacional que el sector empresarial cese de instrumentalizar al Estado y de pagar salarios de pobreza con el único objeto de lograr el máximo lucro.
Los países de la región centroamericana recibieron, durante la primera semana de marzo, al presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn, cuya tarea era revisar los proyectos en los que se estaba invirtiendo capital adquirido por concesiones de este organismo mundial. En su estadía en los países del istmo, Wolfensohn recalcó, en términos generales, la necesidad de que los gobiernos redoblen esfuerzos para reducir los preocupantes índices de pobreza que azotan a la mayoría de la población, al mismo tiempo que recomendó mayor eficiencia en el desempeño institucional de importantes áreas, como la recaudación de impuestos, la fiscalización del gasto público, la modernización del Estado, los procesos de privatización y la implementación de justicia, entre otros. Se trata, evidentemente, de Importantes observaciones, si tomamos en cuenta que dibujan un rumbo general que deben seguir los organismos públicos. Sin embargo, en la evaluación que Wolfensohn hizo de la realidad centroamericana no dejaron de existir vacíos que bien pueden ser una muestra de las intenciones subyacentes de la gira: no permitir que la región se salga de la lógica neoliberal que el Banco Mundial impulsa desde hace varios años.
Confirmando viejas atribuciones
En términos formales, el Banco Mundial estaría interesado en desembolsar unos 300 millones de dólares en créditos para el istmo, para lo cual se hacía necesaria una evaluación de los resultados de las inversiones provenientes de dicho organismo. Es decir que, a nivel formal, se pretendía saber qué se estaba haciendo con el dinero de la institución, lo cual en sí mismo no debe extrañar a nadie. Pero detrás de esta actitud fiscalizadora, también se halla cierto interés por "normalizar" las actividades financieras de los países de la región, y las ineludibles conexiones que estas actividades guardan con las áreas de justicia y fiscalización de los gastos de la nación.
En consecuencia, la utilidad del capital concedido es tan importante como la seguridad de que ese capital llegue a los lugares debidos, y de que existan las garantías institucionales mínimas que aseguren que ese dinero será aprovechado en su totalidad por aquellos que más lo necesitan. Esta es una manera de reafirmar la función que el Banco Mundial ha adoptado con los años: con mucha independencia de su papel de financiador del desarrollo de las naciones más necesitadas, se convierte en un ente que dicta pautas que los gobiernos no dudan en cumplir con tal de mantener su estatus de sujetos de crédito para futuros préstamos. Wolfensohn, en cada uno de los países del área que visitó, reafirmó el rol controlador del organismo que preside; además, reforzó las ideas generales del papel del gobierno y del sector privado que concuerdan con ese planteamiento. La reunión que el funcionario sostuvo en nuestro país con empresarios de toda Centroamérica tenía como objetivo recalcar su carácter de principales impulsores del desarrollo en sus respectivas naciones, dado su protagonismo en el dinamismo de la economía globalizada de nuestros tiempos.
Los gobiernos de los países centroamericanos, según la perspectiva del Banco Mundial, tienen que preocuparse por llevar bienestar social a aquellos sectores que más lo necesitan, siempre y cuando esa preocupación no afecte los procesos de privatización actualmente en marcha. La responsabilidad del aparato estatal quedó definida en términos del servicio social que pueda brindarle a la población más desprotegida. En la opinión del presidente del Banco Mundial, los gobiernos del área han asumido esa línea de trabajo para combatir la pobreza —que afecta a la gran mayoría de la población— y solventar los problemas sociales por los que atraviesan sus respectivos países, razón por la cual se mostró satisfecho del desempeño de los actuales mandatarios, pese al reconocimiento previo de serias deficiencias en algunas áreas importantes de la vida nacional. Buena parte del discurso de Wolfensohn estuvo cargado de esta preocupación por los "pobres" de la región, lo cual obliga a analizar más de cerca la noción de pobreza que tiene el Banco Mundial.
¿Quiénes son los pobres para el BM?
El Banco Mundial, en sus informes anuales, destaca los índices de pobreza que corresponden a cada país en el que ha realizado algún tipo de inversión. Para ello, se vale de ciertos indicadores (entre otros, nutrición, salud, educación, acceso a vivienda y agua potable) que aportan los datos necesarios para determinar los índices de pobreza y, al mismo tiempo, para identificar las áreas en las que se debe prestar más atención. Ciertamente, con respecto a la definición de lo que es ser "pobre", se pueden encontrar argumentos contradictorios —de hecho, la definición de "pobreza" se ve seriamente limitada por los criterios de selección subjetivos que se emplean al momento de establecer los indicadores mínimos--, pero ello no obsta para reconocer que las políticas macroeconómicas impulsadas por el Banco Mundial, de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), no han servido de mucho para cumplir con ese objetivo que ahora defiende a los cuatro vientos.
Además, las mejoras en las condiciones que el organismo propone como fundamentales para garantizar un nivel de vida óptima para la población no son inmunes a la utilización por parte de los gobiernos en función de intereses electorales. A ello se tiene que añadir que las medidas recomendadas no apuntan ni a beneficiar directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos ni mucho menos a fortalecer la participación de la sociedad civil en las decisiones del Estado. Quizás poseer buenos hospitales o una vivienda que pueda ser calificada de "digna" —cosa que, por lo demás, está muy lejos de pasar en El Salvador— sean un buen signo del desarrollo de una nación, pero eso no implica mejoras sustanciales en cuanto a democracia o respeto a los derechos humanos.
Los cabos sueltos de Wolfensohn
Un aspecto descuidado por el presidente del Banco Mundial guarda relación con la integración centroamericana. A sabiendas de que este proceso puede ser un medio efectivo para que las naciones de la región alcancen un nivel homogéneo de desarrollo, nunca se mencionó como tal en ninguna de las declaraciones que el funcionario hizo a lo largo de su visita. La integración fue vista como la condición que permitiría alcanzar niveles de productividad efectiva con menos costos. Evidentemente, los destinatarios de esta "palmada en la espalda", evidentemente, fueron los empresarios, especialmente los del sector industrial. Aquí faltaron importantes observaciones en cuanto a la disposición que estos sectores económicos han mostrado ante los planes integracionistas de los gobiernos, sobre todo en países como Costa Rica y Panamá, que por ahora se han convertido en los principales obstáculos del proceso.
En definitiva, lo que para algunos ha constituido una histórica visita que favorecerá el ritmo del desarrollo de Centroamérica, para otros ha sido una iniciativa con sensibles vacíos en materia social y regional. El hecho de que los países del área necesiten con urgencia pautas para el progreso integral no debe ser tomado a la ligera; esto significa que el ser humano no debe quedar fuera de las discusiones que establezcan esas pautas, menos todavía cuando es evidente que diversos centros financieros del mundo están pendientes de los avances que se registren en el istmo centroamericano en el plano de la integración de sus naciones.
Casi la mitad de los salvadoreños mayores de 18 años, el 48.6 por ciento, piensa que en El Salvador aún no existe pleno respeto por los derechos humanos, según revela el último sondeo de opinión pública del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. La encuesta, realizada con el objetivo de que los ciudadanos evaluaran el desempeño de la Procuraduría en los últimos tres años y de que expusieran sus opiniones sobre los retos de la misma para el próximo trienio, fue llevado a cabo entre el 7 y el 14 de febrero del presente año, con una muestra nacional de 1,189 adultos de zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la república. La pesquisa de opinión pública reveló, sin embargo, que prácticamente la otra mitad de la población, el 44.1 por ciento, piensa que en el país sí se respetan los derechos humanos en la actualidad.
Para buena parte de los ciudadanos, el derecho humano más importante es el de la vida, el cual es percibido como frágil a causa de la ola delincuencial que azota al país. Muchos salvadoreños atribuyen la ausencia de respeto a los derechos fundamentales al problema de la criminalidad.
A los encuestados se les preguntó sobre el tipo de personas que sufren más violación de sus derechos básicos, los ciudadanos se concentraron en señalar a los más pobres, con el 31.2 por ciento de las respuestas; a los niños, 29.8 por ciento y a las mujeres con el 10.8 por ciento, entre otros tipos de personas.
La encuesta recogió las opiniones sobre las instituciones que defienden mejor los derechos humanos a nivel nacional y a nivel comunitario. Un poco más de la tercera parte de los salvadoreños, el 35.8 por ciento, piensa que la Procuraduría es la institución que defiende mejor los derechos humanos a nivel nacional; mientras que el 11.6 por ciento señaló a la Policía Nacional Civil, un 7.1 por ciento mencionó a las ONG’s de derechos humanos y un 6.5 por ciento se refirió a la Fiscalía, entre otras instituciones.
Sin embargo, cuando se trata de proteger los derechos humanos en la comunidad, las opiniones de los salvadoreños se modifican. El 32 por ciento considera que la PNC es la institución que defiende mejor los derechos humanos en la comunidad, seguido de un 13.6 por ciento que señala a la Procuraduría de Derechos Humanos. El resto de instituciones recibe porcentajes muy bajos como defensoras de los derechos humanos en la comunidad de vivienda de los ciudadanos entrevistados. Más aún, un poco más de la tercera parte de los consultados (el 34.9 por ciento) piensa que "nadie" defiende los derechos humanos a nivel comunitario.
La encuesta preguntó también sobre aquéllos que violan los derechos humanos en el país. El 25.7 por ciento de los ciudadanos piensa que los delincuentes son los principales violadores de los derechos humanos, en tanto que un 16.5 por ciento considera que la PNC es quien viola tales derechos; un 14.6 por ciento se refirió al gobierno en este asunto y el resto de consultados se dividió señalando a otros responsables de violar los derechos.
La Procuraduría de Derechos Humanos
La encuesta de la UCA pidió a los salvadoreños que evaluaran el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, opinando sobre los logros y los fracasos de la institución en los últimos tres años.
Como logros, el 17.4 por ciento de los salvadoreños piensa que la Procuraduría ha ayudado, defendido y protegido a la gente, el 8 por ciento considera que ha protegido los derechos humanos, el 7.3 por ciento señala que la institución ha protegido a los niños y un porcentaje similar sostiene que ha amparado a la mujer, entre otras respuestas. El 10.2 por ciento, sin embargo, dijo que la Procuraduría no había tenido logros en los últimos tres años, mientras que el 33.5 por ciento no dio respuesta alguna.
En cuanto a los fracasos de la Procuraduría, las opiniones de los ciudadanos se mostraron más fragmentadas aún. El 9.7 por ciento de los salvadoreños acusó a la institución de proteger delincuentes, mientras que un 9.5 por ciento sentenció que no han sido eficientes. Otros fallos señalados fueron: que es parcial, que no ha cumplido su misión, que no ha tenido apoyo, etcétera. En este caso, también un 10.1 por ciento apuntó que la institución no ha tenido fracaso alguno y cerca de la mitad de los consultados no supo identificar errores.
Con todo, la evaluación general tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como de su representante máxima fue positiva. En el caso de la institución, el 63.3 por ciento de los ciudadanos calificaron de positivo (entre bueno y muy bueno) el desempeño general de la Procuraduría; en cambio, un 23.3 por ciento lo evaluó como regular y un 9.4 por ciento lo definió negativamente. Por otro lado, la Dra. de Avilés recibió opiniones parecidas por su trabajo al frente del organismo público. El 64.9 por ciento evaluó de forma positiva a la Procuradora, mientras que el 20.5 por ciento consideró que su labor ha sido regular y un 8.5 por ciento la valoró de forma negativa.
El sondeo encontró también que los aspectos mejor evaluados del desempeño en los pasados tres años son: la investigación de violaciones de derechos, lo cual fue evaluado positivamente por el 67.7 por ciento de los ciudadanos, y el trabajo de la Procuraduría en la promoción de los derechos humanos que recibió un porcentaje similar de opiniones positivas.
Finalmente, a los salvadoreños se les preguntó si estarían de acuerdo o no con que Dra. de Avilés continúe siendo la procuradora de derechos humanos. Los resultados muestran que más de la mitad de los ciudadanos apoyaría la continuidad en la procuraduría. El 51.3 por ciento se mostró a favor de que la Dra. de Avilés prosiga en su cargo, mientras que un 23 por ciento se manifestó en contra y un 25.7 prefirió o no supo opinar al respecto.
Los retos del(a) nuevo(a) Procurador(a)
Como parte de la consulta sobre la Procuraduría, el sondeo de la UCA preguntó a los salvadoreños sobre las cualidades que debería tener el nuevo o la nueva funcionaria que se haga cargo de esa institución. El 38.5 por ciento dijo que el próximo(a) Procurador(a) debería ser honesto y transparente en su gestión, un 18.6 por ciento afirmó que deberá defender a los más pobres, un 16.1 por ciento espera que el funcionario sea firme en sus decisiones y un 15 por ciento señaló la capacidad como la cualidad esencial del(a) Procurador(a), entre otras respuestas.
Para el 44.1 por ciento de los ciudadanos —cerca de la mitad de la población—, la próxima gestión de la Procuraduría debería potenciar más el área de la protección de los derechos del niño, un 13.8 por ciento piensa que se debe fortalecer más el área de los derechos de la mujer y un 12.3 por ciento cree que debe invertirse más en la defensa del medio ambiente. Además, un 10.2 por ciento sostiene que la Procuraduría deberá concentrarse en la protección de la ciudadanía en contra de los abusos de las autoridades entre otras respuestas más.
Preguntados concretamente sobre las tareas que debe asumir el próximo Procurador de los derechos humanos, los salvadoreños ofrecieron varios retos a la nueva gestión. Casi el 15 por ciento dijo de manera general que debería defender los derechos humanos, el 13.3 por ciento sostuvo que debería ayudar a la gente y a los pobres, un 11.3 por ciento afirmó que debería mejorar el trabajo de la Procuraduría, el 7.7 por ciento señaló que deberá terminar el crimen; relacionado a lo anterior, un 5.8 por ciento propuso que haga cumplir las leyes y un 4.9 por ciento fue más allá y se refirió a luchar por la justicia en el país. El resto de consultados propuso otros retos y un 19.6 por ciento no respondió a la pregunta.
Finalmente, sobre el tema de mejorar el respeto de los derechos humanos en general, el 27.1 por ciento piensa que se deberían abrir más fuentes de trabajo, un 25.3 por ciento cree que se debe combatir más la delincuencia, un 16.6 por ciento sostiene que se debe hacer un esfuerzo de educar a la población en derechos humanos y un 11.6 por ciento es de la opinión de que se deben fortalecer la PDDH y la PNC, entre otras respuestas.
Aparte del tema de los derechos humanos, el sondeo nacional del IUDOP aprovechó para preguntar la opinión de los ciudadanos sobre la utilidad del Plan de Nación para el desarrollo del país. El 45.2 por ciento afirmó que tal plan será muy útil para el país, el 9.3 por ciento expresó que no será útil y un significativo 45.4 por ciento dijo que no sabía si sería útil o no.
En resumen, el sondeo sobre los derechos humanos y la PDDH realizado por el IUDOP de la UCA revela que buena parte de los salvadoreños piensa que aún no se respetan plenamente los derechos humanos en el país, aunque esta opinión ha disminuido en comparación con años anteriores. Las áreas de mayor preocupación tienen que ver con el auge criminal, con la falta de protección a los más pobres, los niños y las mujeres; aspectos en los que demandan mayor atención.
La PDDH y la PNC aparecen como las instituciones que defienden mejor los derechos humanos, aunque cierto sector de la población responsabiliza a la primera de proteger delincuentes y otra parte piensa que la segunda inclusive es responsable de violaciones de los derechos humanos.
Con todo, la evaluación que la gente hace del desempeño de la Procuraduría y de la Procuradora es muy positiva. La mayor parte de los ciudadanos piensa que la PDDH se ha fortalecido en los últimos tres años y apoyaría la reelección de la funcionaria para el próximo trienio, pero al mismo tiempo espera que la institución continúe defendiendo a los más desprotegidos de la sociedad.
El juego de intereses partidaristas dentro de la Asamblea Legislativa y su lejanía cada vez mayor de las necesidades de la gente es algo que, pese a los casi ridículos esfuerzos de sus miembros, no se puede ocultar. Es una verdadera lástima, sobre todo ahora que se llegó al extremo de convertir en una mascarada la elección de la persona que --durante los próximos tres años-- estará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Que no digan que es un mecanismos bueno lo que se han inventado: el uso de una "tómbola" que les permite esconderse a quienes no quieren asegurar el respeto y la promoción de los derechos y libertades fundamentales en El Salvador.
Todo lo que ha sucedido durante estas dos últimas semanas alrededor del tema, nos indica que se profundizaron los vicios del proceso de elección. Sólo se puede esperar un aceptable resultado en la medida que --de una vez por todas-- la población, organizada o no, ocupe el lugar que le corresponde y se involucre en la lucha por salvar una institución tan importante y costosa: importante, por su misión; costosa, por las vidas y los sacrificios que se han tenido que pagar para que exista.
De lo ocurrido hasta ahora, se debe destacar que las y los inquilinos de la Asamblea --en su mayoría-- no han pensado primero en las características que debe tener el o la candidata: su honestidad y capacidad; su sensibilidad hacia las necesidades y preocupaciones de los sectores más desprotegidos; su valentía para enfrentarse a quienes violan los derechos humanos y su disposición para convertirse en el baluarte de esta causa. En el "Salón Azul" y en los cómodos recintos que en sus cercanías ocupan los diversos grupos políticos, más bien se ha maniobrado para colocar en el cargo a una persona que beneficie --ya sea por acción u omisión-- a ciertos sectores de poder y a sus "comparsas", destacando sobre todo quienes se dicen "dirigentes" y ya ni siquiera dentro de su mismo partido tienen solvencia para autonombrarse como tales.
Con estas actitudes tan negativas y peligrosas para el país, no nos resulta extraño que la actual procuradora doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés se haya tenido que pronunciar nuevamente al respecto, mediante una carta dirigida al gerente de operaciones de la Asamblea Legislativa con fecha 10 de marzo, que textualmente dice lo siguiente:
"El día de ayer recibí una llamada telefónica de parte suya por medio de su secretaria, solicitándome mi currículum para participar como candidata al cargo de procuradora de los derechos humanos. Sobre el particular me permito manifestarle que en una conferencia de prensa celebrada el día 27 de febrero recién pasado, expuse los motivos por los cuales había decidido no participar en tal evento, entre los cuales básicamente señalé la forma o método que se estaba empleando para hacer tal designación, donde explícitamente resaltaban criterios eminentemente partidistas y excluyentes desde luego de cualquier opinión que la sociedad civil pudiera tener al respecto.
"En esta ocasión me permito solicitarle se sirva transmitirle a los señores diputados tales conceptos para que no se me incluya en la lista de candidatos, pues no estaría dispuesta a participar como tal, en tanto no se defina una metodología transparente, cuyas reglas de juego tengan como único referente la práctica de la democracia en su más amplio sentido".
Lógicamente, el subrayado anterior es nuestro. Y ya antes, la señora procuradora había expuesto su posición: la única puerta abierta que ella dejaba para aceptar sus reelección era la de que ésta se diera a través de un acuerdo de las diversas fuerzas políticas con representación dentro del Órgano Legislativo. Por la naturaleza del cargo --el de una magistratura de conciencia-- sostuvo que el nombramiento debía ser fruto de un amplio consenso.
Por otro lado, en nota aparecida en un periódico de circulación nacional se dio a conocer --el miércoles 11 de marzo-- que se había reducido "la lista de 11 candidatos al cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, después que la actual procuradora y el diputado Rubén Zamora, declinaron y cuatro más no contaron por el momento con el respaldo político necesario". Esa fue la lectura e interpretación --muy mal intencionada, por cierto-- que le dieron en la Comisión Política de la Asamblea a la posición de la doctora de Avilés.
Así, dentro de dicho espacio legislativo se asignó la mayoría de votos al actual procurador adjunto Eduardo Urquilla; a éste le siguieron: Rosalío Tóchez, ex magistrado de la Corte de Cuentas; Marcos Valladares, asesor del Partido de Conciliación Nacional; Francisco Díaz Rodríguez, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Luis Méndez Menéndez, ex miembro del Movimiento de Unidad (MU). Al conversar con representantes de algunos partidos políticos sobre la "tómbola", su "movimiento" y la "calidad" de ciertos personajes incluidos dentro de este juego, confirmamos las razones por las cuales la gente "común y corriente" se encuentra cada vez más desencantada con todo lo que "huela a política": el irresponsable manejo de los asuntos que más le interesan. Y sobre esas "bases" tan endebles nos quieren vender un "plan de Nación"
En ese marco y muy preocupados por el rumbo que hasta ahora ha tomado este proceso, cerca de veinte organismos civiles de derechos humanos, medio ambiente, mujeres e infancia, junto a las radios participativas, presentamos el martes 10 de marzo una nueva pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa solicitando la reelección de la doctora de Avilés. A continuación, reproducimos sus partes más importantes.
Señores/as Secretarios/as
Asamblea Legislativa.
PRESENTE.
Las abajo firmantes, todas personas que participamos en instituciones y organismos involucrados en la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador desde diferentes ámbitos, CONSIDERANDO:
1. Que somos conscientes del trascendental rol que la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés ha jugado al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en beneficio de la población salvadoreña, sobre todo de sus sectores materialmente más desfavorecidos y sin posibilidades de acceso a la justicia.
2. Que estamos plenamente convencidas de que el trabajo de la señora procuradora no ha sido nada fácil, pues desde su inicio fue bloqueado mediante recortes presupuestarios y amenazas contra su persona, además del permanente cuestionamiento sin razón por parte de algunos sectores de la administración pública y otros de la llamada "sociedad política", los cuales revelaron así su visión tergiversada de la función que le compete a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o un marcado interés por obstaculizar su eficacia.
3. Que coincidimos con lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, señor Kofi Anann, en su informe especial sobre El Salvador publicado en julio de 1997.
4. Que no desconocemos el inadecuado y censurable manejo político mediante el cual algunos grupos pretenden seleccionar la persona que dirigirá la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante los próximos tres años; por tanto, comprendemos y apoyamos la digna posición de la señora procuradora expresada el pasado viernes 27 de febrero, en el sentido de no estar dispuesta a postularse como candidata a la reelección en esas condiciones, cuyas características fundamentales son la manipulación y los compromisos partidaristas. Esa demanda de transparencia en la elección y la exigencia de que sea considerada la opinión de la sociedad civil, revelan una vez más la alta calidad de la actuación de la doctora Velásquez de Avilés.
5. Que estamos de acuerdo con las recientes declaraciones de la doctora Velásquez de Avilés, al afirmar que dicho cargo no lo debe ocupar una persona que responda a determinadas políticas partidaristas. Coherentes con eso, exigimos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos siga siendo conducida por alguien que llene tal perfil: el de su compromiso con los intereses y las necesidades más sentidas del pueblo.
6. Que por encima de la actitud de ciertos partidos políticos que se oponen a que la doctora Velásquez de Avilés continúe al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según encuestas de opinión pública autorizadas ella cuenta con el apoyo mayoritario de la población salvadoreña. Prueba de eso es el más reciente sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", dado a conocer este mismo día: el 51.3% de las personas encuestadas está de acuerdo con la reelección. Además, en muchas ocasiones, la comunidad internacional le ha brindado claras muestras de solidaridad y respaldo.
7. Que exactamente hace un mes --el pasado 10 de febrero-- la Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos de El Salvador (CODHES) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA) junto con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentaron dos piezas de correspondencia a la Honorable Asamblea Legislativa solicitando la reelección de la doctora Velásquez de Avilés.
En razón de todo lo anterior, teniendo presente el beneficio de la mayoría de la población salvadoreña, les PEDIMOS:
REELIJAN A LA ACTUAL PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN RAZÓN DEL ESFUERZO QUE ELLA HA REALIZADO AL FRENTE DE ESA INSTITUCIÓN Y PARA DARLE ESTABILIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, A FIN DE ALCANZAR SU FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. DE ESA FORMA, USTEDES ESTARÁN CUMPLIENDO A CABALIDAD SU PAPEL DE REPRESENTANTES DEL PUEBLO.
Tenga la seguridad que esta iniciativa cuenta con la simpatía y el respaldo de amplios sectores de la población salvadoreña que --con la gestión de la señora procuradora-- han empezado a creer esperanzados en la justicia y el respeto a los derechos humanos. Esos sectores los colocaron en el puesto que ahora ocupan y son los que, cada vez más conscientes de sus necesidades, el próximo año volverán a las urnas para elegir nuevas autoridades.
San Salvador, 6 de marzo de 1998.
HUELGA. Los médicos huelguistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) decidieron, el 05.03, reanudar las labores suspendidas, acatando así la resolución de un juzgado de lo Laboral. Según la resolución del juzgado, los médicos habrían quebrantado el Artículo 221 de la Constitución de la República que reza: "se prohibe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus funciones". "En vista del informe del Director de Trabajo de que no existen diligencias de promoción de conflicto de trabajo de carácter económico, y tratándose de un servicio esencial, declárase ilegal la huelga", expresó la jueza Cuarto de lo Laboral, Irma Arelys Zelaya. La secretaria de actas-acuerdos del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), Evelyn de Cáceres, confirmó la decisión de levantar la huelga, a pesar de que la gremial no recibió oficialmente la notificación judicial. "Vamos a actar la orden porque nosotros sí seguimos las leyes", aseguró. Ante los hechos, la directora del ISSS, María Julia Castillo, dijo de manera reiterativa que exhortaba a "la concordia y armonía". "Los seguiremos escuchando", apuntó la funcionaria, refiriéndose al pliego de demandas de los galenos. Como corolario, advirtió que los huelguistas serán objeto de descuento por los días no laborados; asimismo, aseguró que en el plano económico "no hay nada más que discutir" (LPG 06.03 p.4 y 5).
DECLARACIONES. El diputado del FMLN, Dagoberto Gutierrez, dio a conocer, el 05.03, la metodología de trabajo que está siguiendo su partido para las elecciones de 1999. "No estamos ocultando nada, simplemente estamos realizando un trabajo de hormiga, en torno a los problemas a los cuales intentaremos darle solución a través de nuestra plataforma de gobierno...se trata de rescatar la agenda política para anteponerla a la electoral", manifestó Gutierrez. Por el momento, el FMLN no proyecta presentar a un candidato, porque de ser así, considera la Comisión Política, se estaría desviando la atención nacional de los problemas que realmente aquejan a la sociedad. Más bien se pretendería trabajar con base a los problemas que vive el país e intentar darles solución mediante la plataforma, que comenzar a competir en imagen con el partido oficial (LPG 06.03 p.6).
CRISIS. El director de Asuntos Políticos de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Marco Antonio Funes, reveló, el 05.03, que un total de 96 alcaldías del país enfrentan una crisis financiera en sus arcas, lo que les hace imposible el pago puntual de salarios a sus empleados, así como a los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono. Según Funes, parte de la crisis se debe a que aún no le ha sido asignado a las comunas el dinero aprobado por la Asamblea Legislativa; lo que ha empezado a generar malestar entre los trabajadores (LPG 06.03 p.14).
IGUALDAD. Diversos sectores celebraron, el 08.03, el "Día Internacional de la Mujer" con una caravana de vehículos que circuló por varias calles de San Salvador y con presentaciones artísticas en el parque Cuscatlán. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, enfatizó, en cadena de radio y televisión, que "hacer un nuevo El Salvador significa también eliminar la desigualdad de géneros para construir la paz social". En el mismo marco, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, se pronunció en favor de una igualdad entre los hombres y las mujeres (LPG 09.03 p.6).
SALUD. El Ministro de Salud, Eduardo Interiano, manifestó, el 07.03, que la huelga de los médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha sido instigada por el diputado Miguel Sáenz Varela del FMLN y algunos directivos del Colegio Médico. El funcionario dijo que ello da la pauta para pensar que la protesta ha sido politizada y que incluso se buscaron mecanismos para involucrar en la huelga a los médicos de unidades de salud y otras dependencias ajenas al ISSS. El fundamento de esta acusación es un supuesto informe de "gente que ha estado en esas reuniones". Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria de Avilés, dijo que el problema tiene su origen en las fallas estructurales del sistema de salud (LPG 09.03 p.8).
DEMANDAS. Miembros del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) expresaron que, aun después de haber vuelto a sus lugares de trabajo, "la lucha continúa", porque sus demandas todavía no se resuelven. "Nosotros no hemos resuelto nada, lo que hemos hecho es levantar la huelga, pero la lucha sigue. Los términos y las estrategias los van a ver después; este es un descanso de round", aseguró el secretario general del sindicato, René Zapata Nieto. Zapata dijo que a estas alturas del conflicto ya han conversado demasiado y que las autoridades de la institución conocen desde hace más de nueve meses las demandas que el sindicato plantea; asimismo, el sindicalista reiteró la intención de sus colegas de buscar otras medidas de presión (LPG 07.03 p.8).
CONDONACION. Miles de campesinos, encabezados por el Foro Agropecuario de El Salvador, marcharon pacíficamente, el 06.03, con el fin de convencer a la Asamblea Legislativa de que perdone la deuda agraria. "Queremos que se dé la condonación total, ese es el motivo de la marcha", gritaban algunos campesinos. Según diputados del partido ARENA, hay que analizar el impacto económico y fiscal que se daría si son aceptadas las propuestas de los campesinos; por su parte, los partidos PCN, FMLN, PDC, CD, PD, USC Y PLD enviaron ese mismo día una carta al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, en la que definen posición unificada sobre la deuda (LPG 07.03 p.14).
CONVENIO. El Gobierno de la República firmó, el 06.03, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un contrato de préstamo por un monto de 40 millones de dólares. El documento fue suscrito por el director en El Salvador del BCIE, Enrique Oñate Muyshondt; el viceministro de Inversión y Crédito Público, Roberto Alejandro Sorto Fletes, y la presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), María Teresa Orellana de Rendón. Según se informó, el organismo ejecutor será el FISDL, el cual, con los recursos del convenio, financiará el proyecto "Infraestructura económica y social básica", que pretende contribuir a atender las necesidades del desarrollo local y de las comunidades más pobres del país. Parte de los fondos serán destinados al complemento del 6% del Presupuesto Nacional que se otorgará a las alcaldías (LPG 07.03 p.15).
INQUIETUD. Los 28 Directores de la Corporación de Municipalidades (COMURES) se reunieron, el 07.03, con miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, a fin de iniciar conversaciones para la implementación de cambios en el sector. Según la coordinadora de la Comisión, Sandra de Barraza, la reducción de las municipalidades del país es indispensable para el fortalecimiento de las instancias locales. Al respecto, la presidenta de la Corporación, Milagro Navas, comentó que las propuestas del Plan de Nación podrían ser aceptadas o modificadas cuando entren a discusión en talleres de trabajo, previstos para los próximos meses (LPG 08.03 p.6).
LAVADO. El Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila, aseguró, el 08.03, que, según investigaciones realizadas por la PNC en el país, se está lavando dinero producto del narcotráfico, tanto en el sistema financiero como en las oficinas de bienes y raíces. Avila dijo que lastimosamente esta actividad no se puede catalogar como un delito, por la falta de una ley que castigue a las instituciones, personas o empresas que se dedican a esta práctica. "Realmente nosotros tenemos una lista. Efectivamente hay indicios bastante obvios de que aquí ha existido ese tipo de actividad; pero como digo, desgraciadamente lo mismo da", apuntó. Aunque el jefe policial manifestó que la PNC está investigando para que en el momento oportuno se tengan las pruebas al respecto, hizo un llamado a los legisladores para que aprueben el anteproyecto de ley que existe en la Asamblea Legislativa sobre el lavado de dinero (EM 09.03 p.2).
DEMARCACION. El gobierno de Honduras, anunció, el 07.03, que el 25.03 reanudarán la demarcación de la frontera con El Salvador, para poner fin a los repetidos incidentes armados en la zona. Según el canciller hondureño, Fernando Martínez, la tarea comenzará en La Virtud, 200 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, en la provincia hondureña de Lempira; "la delimitación con hitos o monumentos será un medio para fortalecer las relaciones entre ambos pueblos", expresó (EM 09.03 p.2).
