Año 18

número 800

marzo 25

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial Mons. Romero es conflictivo

Política ¿Por qué pensar en un reordenamiento administrativo-territorial?

Economía La propuesta impositiva de la ANEP

Sociedad Las acciones de SIMETRISSS, desde la óptica de la opinión pública

Política La ley, monopolio de los políticos

Opinión Pública Las opiniones políticas de los salvadoreños en la actualidad (I)

Derechos Humanos Verdad y justicia: deudas pendientes

Noticias

¿Por qué pensar en un reordenamiento administrativo-territorial?

La primera polémica suscitada por las Bases para el Plan de Nación se desató en torno a la propuesta de un reordenamiento administrativo-territorial a nivel nacional. Al respecto, el documento señala que "estamos ante un esquema atomizado de administración...Este esquema ya no es adecuado porque favorece la irracionalidad en el uso de los recursos; dificulta la ejecución de proyectos estratégicos de desarrollo de las comunidades;...impide una visión más amplia de desarrollo local;...y desconoce que la intercomunicación del país ha cambiado notablemente". Según las Bases para... la organización territorial está desfasada respecto de los cambios "demográficos, geoeconómicos y geopolíticos" que el país ha experimentado en las últimas décadas.

No basta sino echar un vistazo al desempeño general de las alcaldías para advertir que, en lo que toca a esa consideración, dicho documento no se equivoca. Es claro que o bien los municipios se hallan entrampados en el círculo vicioso de la inoperancia, la corrupción y la politiquería; o bien los proyectos loables que llegan a concretarse no pasan de ser esfuerzos aislados.

Parece evidente que, en El Salvador, los municipios enfrentan serios problemas a la hora de cumplir con sus obligaciones; problemas que, lejos de reducirse al aspecto financiero, se extienden hacia las áreas administrativa, legal, de planificación, etc. Hay que señalar que muchos municipios, en especial los más pequeños, se han desarrollado poco o nada en años. Además, de los 262 municipios registrados, 129 tienen bajo su jurisdicción menos de 10.000 habitantes, mínimo establecido por el código municipal para que un municipio sea considerado.

La atomización de las localidades y la inoperancia que ello conlleva son un hecho innegable. Nadie estaría hablando ahora de reordenamiento administrativo-territorial si los municipios, tal y como están distribuidos, dieran muestras de eficiencia y desarrollo. Pero lo cierto es que la dispersión de esfuerzos no sólo no parece estar contribuyendo mucho al desarrollo de las localidades, sino todo lo contrario: le pone obstáculos. De ahí lo obvio: hay que hacer algo al respecto. Y en eso alcaldes y exponentes de la nueva propuesta parecen estar de acuerdo. El problema empieza al preguntarse qué es lo que hay hacer y cómo. Ante la idea del reordenamiento territorial el gremio edilicio hizo sonar sus alarmas, esgrimiendo argumentos de dudoso peso para justificar su rechazo: que temen "guerras intermunicipales", que este no es el momento para llevar a cabo la iniciativa, que prefieren la descentralización a la eliminación de municipios...

Y es que lo polémico es, más que cualquier otra cosa, ese último punto. La posibilidad de que un buen número de municipios tengan que incorporarse a otros es lo que tanto alerta a los alcaldes. Que el reordenamiento territorial puede ocasionar "guerras intermunicipales" resulta muy difícil de creer, pues ¿cómo un proyecto de carácter eminentemente administrativo, que, en principio no tiene porque tomar un matiz partidario, puede perjudicar a los pobladores?

Por otra parte, habría que hacerse las siguientes presuntas: si no es ahora, ¿cuándo será el momento en el que en El Salvador puedan empezar a operarse cambios significativos? ¿qué impide que sea este el momento en el que pueda pensarse, en serio, en un reordenamiento administrativo-territorial que supere la obsolescencia en la que se encuentra el actual? Y, finalmente, el punto escabroso, ¿cómo no creer que la renuencia de los alcaldes a pensar en la posibilidad de reducir el número de municipios se debe a la inquietud que les produce la posibilidad de ver menguadas sus cuotas de poder? Es cierto que la descentralización es una meta a alcanzar --es una meta importante--, pero ¿por qué ha de estar reñida con el reordenamiento territorial?

La discusión continúa abierta. Hay que decir, claro está, que el ajuste administrativo-territorial propuesto por la Comisión de Desarrollo no es, ni podrá ser, la solución definitiva a los problemas de los municipios. Sin embargo, debe considerarse como uno de los elementos favorables al desarrollo de los mismos, y como tal, debe ser evaluado. En este sentido, el punto central de la polémica debe ser el desarrollo municipal y no el número de alcaldías que perdería tal o cual partido. Al fin y al cabo qué sería mejor, que el poder edilicio continúe disperso, reducido a su mínima expresión, apelando a un arraigo local mal entendido; o que la organización actual del territorio sea modificada, en aras de procurar municipios más sólidos y capaces, con verdaderas posibilidades de alcanzar autonomía.

La propuesta impositiva de la ANEP

En la actual coyuntura, nadie niega la necesidad de incrementar los impuestos municipales para implementar proyectos de beneficio social y ambiental; la diferencia fundamental entre las propuestas de incremento radica en el monto y la procedencia de los impuestos adicionales. La Alcaldía de San Salvador propone multiplicar por cuatro los ingresos mediante un substancial incremento a las tasas impositivas de los sectores de mayores ingresos. Por su parte, la empresa privada propone multiplicar por dos los ingresos municipales a partir de mayores impuestos para las empresas públicas. En la propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) los sectores empresariales pagarían menos de lo que actualmente pagan.

Ya se ha señalado el carácter regresivo de la estructura actual de impuestos municipales, notable en la imposición de mayores tasas impositivas a los sectores de menores ingresos (Proceso, 791). Como muestra la segunda columna del cuadro presentado más adelante, la iniquidad se refleja no solamente en las tasas, sino también en los montos absolutos de los impuestos. En el caso del sector financiero, puede notarse como un contribuyente con un capital imponible de 175 millones de colones paga menos que un contribuyente con un capital de 50 millones. Similar situación se observa en el sector comercial, donde un contribuyente con un capital de 16 millones paga menos que uno de 11 millones. Así, puede notarse que, a medida que se incrementa el monto de capital imponible, también se reducen los montos de impuesto a pagar.

La propuesta de la Alcaldía, debido a que propone adoptar una tasa única para todas las actividades a partir de 25,000 colones, presenta una estructura progresiva en tanto que a medida que se avanza en la escala de capital imponible, también se van incrementado proporcionalmente los montos de impuestos a pagar. En algunos casos, los incrementos son francamente impresionantes. Por ejemplo, un contribuyente con un capital de 175 millones de colones vería incrementarse sus impuestos en un 1700%, pasando de un nivel de sólo 35,000 colones a otro de 630,000 colones. En cambio, contribuyentes de menor capital verían disminuir sus contribuciones tal como se nota al comparar las columnas 3 y 4. La tabla de la alcaldía también adolece de fallas, pues provoca que sectores de mayor capital paguen menos que los de menor capital.

La propuesta de ANEP es, lógicamente, la más benévola para la empresa privada. Inclusive, inversamente a la intención de incrementar los ingresos por impuestos municipales, está proponiendo reducirlos drásticamente, para todos los niveles de capital imponible. Así, en el extremo, un contribuyente con un capital de 175 millones de colones pasaría de pagar 35,000 colones a pagar sólo 18,810. Las reducciones más substanciales, empero, se registrarán en los tramos de entre 50 y 100 millones de colones, donde los impuestos de los empresarios se reducirían hasta en un 87.5%. De la misma manera, los tramos de menores ingresos también se verían favorecidos con importantes rebajas, aunque de mucha menor cuantía que la que experimentarán los sectores de los tramos superiores.

No es de extrañar entonces que la propuesta de ANEP no generara ninguna dinámica constructiva alrededor de la discusión de los impuestos municipales, pese a ser esa su intención inicial aparente. Según el Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, la propuesta de ANEP es "regresiva", "ineficaz" e "inconsistente", pues "traslada el 60% del incremento propuesto, a las empresas de servicio público y a otros impuestos ya existentes de la Alcaldía".

Adicionalmente, ambas propuestas generan puntos de discusión que no pueden ser soslayados. En primer lugar, la propuesta de la Alcaldía supone notables incrementos en los tributos de las empresas de mayores ingresos. Esto se debe en gran parte a que la estructura impositiva actual es extremadamente benévola con las empresas de mayores ingresos, lo cual provoca que, ante una homogeneización de tasas, sean éstas las más afectadas.

En segundo lugar, la propuesta de la ANEP no representa ninguna oportunidad de incrementar los impuestos a las empresas. Por el contrario, tiene la misma inspiración de las reformas tributarias implementadas por los gobiernos centrales durante la presente década: reducir los impuestos de los sectores de mayores ingresos. Los impuestos propuestos difícilmente irán más allá de los 18,000 colones para las empresas financieras multimillonarias y de 4,000 colones para las empresas comerciales e industriales.

Aunque en la actualidad el futuro de los arbitrios municipales depende más de la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, aún es posible encontrar puntos intermedios de entendimiento. La condición mínima para ello es, claro está, que la empresa privada acceda a pagar más impuestos, no necesariamente en los niveles propuestos por la Alcaldía, pero sí a niveles coherentes con la necesidad de incrementar la recaudación de impuestos municipales provenientes de las empresas para implementar proyectos que viabilizen San Salvador.

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por la Alcaldía Municipal y la contra propuesta de ANEP, tomada de La Prensa Gráfica, 11 de marzo 1998, p.4

Las acciones de SIMETRISSS, desde la óptica de la opinión pública

En la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA sobre el sistema educativo y la salud (noviembre de 1997), destaca una actitud paradigmática de la ciudadanía hacia los problemas que la aquejan: en buen grado es consciente de que las cosas van mal y de que el gobierno no hace gran cosa o no está interesado en solucionarlas. Pero, al mismo tiempo que mantiene una actitud desenfadada ante la realidad que la afecta, condena o repudia las acciones sindicales encaminadas a cambiar tal situación anómala.

Véanse sino los datos. Según la referida encuesta, un 24.5% de la población consultada considera que el sistema de salud ha empeorado en comparación con otros años; un 40.4% percibe que se mantiene igual y tan sólo un 24.5% evalúa que ha mejorado. En el mismo sentido (ver gráfico 1), el 29% de la muestra opinó que la situación de salud empeorará en los próximos años; un 28.5% que se mantendrá igual y un 24% que mejorará. Curiosamente, en contraste con las expectativas de que se opere un cambio positivo en el sistema de salud o de que éste se mantendrá tal como está, un 10.2%, un 35.4% y un 30.3% de la muestra considera, respectivamente, que el gobierno tiene nada, poco o algo de interés en los problemas de salud del país. Es decir, la población, a la vez que nota un detrimento o estancamiento en el sistema de salud salvadoreño, el cual es, a todas luces, deficiente en los servicios que ofrece, considera que el gobierno —en definitiva la instancia responsable de hacer operar los cambios— no tiene gran interés en mejorarlo.

Cuando la encuesta interroga a la muestra sobre su parecer respecto a las acciones sindicales de los empleados del sector de salud, específicamente en cuanto a las huelgas realizadas por éstos durante 1997 (ver gráfico 2), sale a la luz un dato aún más sorprendente: la mayoría, un 53.2%, se manifiesta en desacuerdo. Recordando que, en las huelgas que desarrollaron los empleados del sector de salud en 1997, la búsqueda de mejoras en las condiciones de atención al público no era explícita, sino más bien derivada de otras exigencias, se puede colegir que la población, en lo relacionado al tema de la salud, ve con desagrado cualquier acción que implique la suspensión temporal del servicio. Aun cuando se considera que, en términos globales, éste no mejora y que no es una prioridad del gobierno conseguirlo. En otras palabras, la situación es la siguiente: entre continuar recibiendo un servicio mediocre o verse privado de él temporalmente por causa de una acción que busca presionar para que este mejore, se prefiere optar por el mal mayor.

Las razones para explicar esta paradoja son muchas: el servicio de salud es demasiado importante como para privarse de él por las razones que sean; los movimientos sindicales, en general, hasta la fecha han carecido de la coherencia y el alcance social necesarios para despertar las simpatías y el apoyo de la población; se carece de un espíritu ciudadano de participación social que le dé sentido al hecho de sacrificarse individualmente en aras de alcanzar beneficios colectivos de largo alcance. Lo hasta aquí dicho debe ser tomado en cuenta para analizar la forma en que las acciones del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto del Seguro Social (SIMETRISSS) fueron presentadas ante la opinión pública.

Sin duda alguna, como suele suceder en las situaciones en las que el gobierno ve expuestos sus intereses, durante los últimos tres meses de la lucha sindical de SIMETRISSS, los medios de comunicación social enfilaron sus baterías para apoyar y dar cuerpo a la visión oficial sobre el asunto. A través de insidiosos reportajes en los que se pretendía dar cuenta de los desmanes y vejaciones que las huelgas convocadas por SIMETRISSS ocasionaban en los pacientes, se presentaba al sindicato como un grupo que, en pos de demandas puramente económicas, no dudaban en poner en peligro la salud de los derecho-habientes.

Además, se reiteraba en que la responsabilidad de las huelgas recaía solamente en el sindicato de médicos, obviando mencionar que las acciones de hecho sólo se había adoptado luego de meses de infructuosas conversaciones. Sobre lo evidente: que el movimiento persigue lograr cambios en aspectos cruciales del Seguro Social y que por ello ha conseguido el respaldo de un número impresionante de actores y agrupaciones sociales; que la manera en que ha respondido el gobierno ante sus exigencias ha llegado hasta el absurdo (la orden de arresto contra los directivos de SIMETRISSS es su manifestación más grave), no se ha mencionado una sola palabra.

Sin embargo, para lo que nos ocupa, lo preocupante de esta situación no está en el daño moral causado por la campaña de desprestigio emprendida por la prensa en contra de SIMETRISSS ni en la falsación malintencionada de sus verdaderos objetivos y pretensiones, sino en que, implícitamente, estimula el fortalecimiento de la actitud ya mencionada: desestima o anula el papel que los cotizantes podrían desempeñar en la dinámica. El cotizante sólo es sujeto de la dinámica en tanto que la padece, en tanto que sufre sus consecuencias, sin tener por ello poder de decisión en su desarrollo. Desde esta lógica, entre las demandas de SIMETRISSS y el conglomerado de pacientes no existe ninguna vinculación. Así pues, las acciones del sindicato de médicos sólo le incumben al cotizante en la medida en que el servicio de salud se suspenda; por ello es que es posible que la población asegurada manifieste sin duda su desacuerdo con las huelgas.

Ciertamente, y como ya se mencionó, el desgano de la población en solucionar los problemas que aquejan al servicio de salud no obedece a una sola causa. En este caso, el motivo de la actitud que han adoptado los cotizantes no puede reducirse sólo a la labor de los medios y el gobierno. Empero, no puede negarse que aquélla ha tenido gran peso en la postura conformista y apática de la población asegurada.

Indudablemente, mucho se conseguirá en el Seguro Social si SIMETRISSS logra que la "comisión de alto nivel" resuelva favorablemente sus demandas; más aún si con su desempeño suma a los médicos de salud pública en la búsqueda de mejorar el servicio médico y hospitalario. Pero a nivel de participación social, al nivel de cómo la población entiende y responde ante las dinámicas que la involucran, es difícil, sino imposible, compartir el mismo optimismo. Si no se logra que la ciudadanía participe con algo más que con quejas en la resolución de las problemáticas que le afectan, cualquier logro es incompleto.

La ley, monopolio de los políticos

En El Salvador, el cuerpo electoral no tiene derecho de iniciativa de ley popular. Ante esta situación, algunos ciudadanos o sectores de la población redactan con asesoría jurídica privada el proyecto de ley y, posteriormente, los ciudadanos tratan de convencer a cualquier diputado para que lo acoja, y si éste está de humor o tiene voluntad accede a la petición.

La iniciativa de ley popular urge en El Salvador. Sin embargo, debido al nivel y a la calidad del desempeño de la mayoría de diputados y de partidos políticos que conforman la Asamblea Legislativa, la aprobación de la iniciativa popular es completamente imposible en la actualidad.

Con todo, el primer partido político de El Salvador que ha planteado la necesidad de reconocerle a los ciudadanos salvadoreños el derecho a proponer leyes ha sido el FMLN. El 10 de mayo de 1994, el partido de izquierda planteó su posición en los siguientes términos: "reconocer la iniciativa de ley a los ciudadanos que respalden sus proyectos por lo menos con 3 mil firmas de salvadoreños". Además, al ser reconocida su iniciativa, el ciudadano tendrá el derecho de explicarla y defenderla en las sesiones de las comisiones legislativas pertinentes y ante el plenario legislativo.

Por otra parte, los ministros presentan iniciativas de acuerdo con sus respectivas carteras de Estado, con la asesoría jurídica de los departamentos legales de sus correspondientes ministerios. Empero, Francisco Roberto Lorenzana, diputado del FMLN, comparó a la Asamblea Legislativa con "una empresa maquiladora de leyes", ya que a su juicio, "éstas [las leyes] son elaboradas por extranjeros en compadrazgo con un equipo pequeño de títeres representantes de una argolla financiera en el país’".

Para los diputados —debido al número reducido de ellos— no existe la limitante de tener que obtener un porcentaje mínimo de parlamentarios para presentar una iniciativa de ley; es decir, cada diputado o en forma conjunta pueden introducir una(s) iniciativa(s) de ley(es), y cuentan para ello con la asesoría de los técnicos jurídicos de la Asamblea. Pese a esto, Jorge Villacorta, diputado del Partido Convergencia Democrática, hizo un balance del año 1995, y llegó a la conclusión de que el diputado en El Salvador "no tiene capacidad de hacer uso de su recurso legislativo de proponer leyes, porque no hay apoyo de ningún tipo... Ningún partido ha asumido iniciativas de ley porque no tienen capacidad para hacerlo, mucho menos un solo diputado" (El Imparcial, 1995).

Los diputados y el Presidente de la República, a través de sus ministros, tienen iniciativa de ley flexible; no obstante, en lo relativo a la Corte Suprema de Justicia y a los Consejos Municipales, es restringida y rígida, además, se otorga a las instituciones y no a cada uno de sus miembros.

Para abordar esta temática trataremos de responder la siguiente interrogante: ¿qué sucede en El Salvador con las iniciativas de ley que no son resueltas por los diputados en el período de su legislatura?

En el caso de los funcionarios y las instituciones a los que la Constitución Política de El Salvador les reconoce el derecho de iniciativa legislativa, ésta no se pierde aunque dejen de desempeñar el rol por el cual la Constitución les reconoció ese derecho. Por ejemplo, si un diputado presenta una iniciativa de ley "x" a finales o durante la legislatura en la cual él es diputado y no se alcanza a examinar en ese lapso, la misma puede ser abordada en la próxima legislatura, independientemente de que el diputado que la presentó no haya sido reelecto. La única excepción a esa regla son las iniciativas de reformas a la Constitución, pues éstas pueden ser aprobadas en una legislatura, pero, para tener validez constitucional, deben ser ratificadas por la próxima, habida cuenta de que la ratificación depende del interés y la correlación de fuerzas políticas e ideológicas de la nueva Asamblea.

En el Reglamento Interior del órgano legislativo, únicamente aparece mencionado como atribución de la Junta Directiva, en el Art.7, literal "d": "Fijar, a su juicio, a las Comisiones un plazo prudencial para la emisión de los dictámenes". A falta de plazos específicos para emitir dictámenes y de obligatoriedad jurídica, lo que se acostumbra es:

 "Engavetarlas", como lo muestra el hecho de que hay comisiones legislativas que tienen expedientes acumulados desde la década de los ochenta. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene expedientes que a la fecha no han sido dictaminados. En palabras de Marco Antonio Guevara, analista y asesor técnico de operaciones legislativas: "las comisiones no alcanzan a estudiar todo y entonces lo que sucede es que se suman a los ya existentes, igual que en cualquier oficina pública";

 Mandarlas a archivar, como una resolución de la comisión, bajo los siguientes argumentos: no tienen vigencia, han perdido actualidad, por ser extemporáneo; falta de visión política, el momento coyuntural ya no refleja el contenido de la iniciativa.

 Por otra parte, también depende de la dinámica de la comisión, del interés de las fracciones políticas, de la intensidad de la presión social y del cabildeo.

A nivel general, el dictamen es un informe, consejo u opinión verbal o escrita brindada por expertos, especialistas o autoridades en la materia, sobre un tema en particular que se haya sometido a consideración por personas, autoridades o instituciones interesadas. A nivel legislativo, es el informe o resolución final, presentado en forma escrita y firmado por los diputados miembros de una comisión legislativa, ante la sesión plenaria; también es el emitido de forma concluyente y final por el pleno legislativo sobre los dictámenes presentados por las diferentes comisiones legislativas y, finalmente, se incluyen en esta categoría los que emite el pleno con dispensa de trámite.

En el texto del dictamen se establecen los objetivos, fines, alcance y propósito del mismo; el dictamen es el resultado terminal del estudio acucioso y análisis profundo de los resultados de investigaciones, consultas con especialistas, audiencias realizadas con los sectores interesados o afectados, el costo económico que representará su aplicación, la identificación de las fuentes con que se financiará la iniciativa, así como de todos lo documentos que forman el expediente.

Las opiniones políticas de los salvadoreños en

la actualidad (I)

La encuesta de opinión pública del IUDOP cursada en el mes de febrero dedicó la mayor parte de sus preguntas a explorar la forma en que los salvadoreños ven el asunto del respeto de los derechos humanos y la manera en que los mismos ciudadanos evalúan la gestión de la Dra. Victoria Marina de Avilés al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los resultados fueron muy interesantes, sobre todo porque evidenciaron ciertas diferencias en las opiniones ciudadanas desde 1995. Un resumen de esos resultados fue presentado en el número 798 de este semanario. Sin embargo, no todo el sondeo en cuestión se dedicó a inspeccionar el área de los derechos humanos, una pequeña parte del mismo –breve pero suficiente— se orientó a pulsar las opiniones de los salvadoreños sobre las coyunturas políticas del momento, sobre todo las tendencias políticas de cara a las elecciones de 1999. Este artículo presenta esos resultados de las opiniones políticas que no pueden ser pasados por alto.

En realidad, éste era un bloque de nueve preguntas, las cuales se orientaron hacia los aspectos fundamentales –en ese momento— de las tendencias políticas: posibles candidatos a la presidencia, la precandidatura de Francisco Flores, las posibilidades de alianzas partidarias y las tendencias de preferencia partidista.

A los salvadoreños se les preguntó de forma abierta (no se daban opciones de respuesta) lo siguiente: Independientemente del partido político, ¿quién cree usted que sería el mejor candidato a la presidencia del país? Los resultados son muy reveladores. El 53.2 por ciento no supo identificar a la persona que sería el mejor candidato presidencial, el 20.3 por ciento afirmó que ninguna persona del espectro político le parece un presidenciable y el resto de ciudadanos se dividió ofreciendo los nombres de posibles candidatos. El 8.1 por ciento mencionó a expresidente Alfredo Cristiani; el 4.2 por ciento se refirió a Francisco Flores, reciente precandidato por el partido ARENA; el 2.4 por ciento aludió al presidente actual, Armando Calderón Sol; Roberto Murray Meza fue citado por el 2 por ciento; el 1.9 por ciento nombró a Rubén Zamora y Héctor Silva fue mencionado por el 1.4. El 6.6 por ciento se dividió en otras personalidades.

Hay varias reflexiones que se pueden hacer a partir de los datos anteriores. La primera y más obvia es que la mayoría de la población —el 73.5 por ciento entre los que dicen ninguno y no sabe— no identifica y no acuerda sobre el tema de los candidatos para las elecciones presidenciales de 1999. Ello sugiere un serio problema de liderazgos políticos entre la clase dirigencial del país, por lo menos desde el referente principal que es la población. El hecho de que la mayoría de los salvadoreños no sea capaz de reconocer a una persona con capacidad de conducir al país estaría mostrando también la poca atención que los ciudadanos están prestando a la dinámica política de la nación. Esto lleva a una segunda reflexión examinado los datos de las personalidades mencionadas. Con excepción de Roberto Murray, la mayoría de las personas identificadas como posibles candidatos son personas que de alguna manera ya han estado en el juego de la política de campaña, ya han fungido como candidatos para algún puesto político y su nombre ha estado entre los mensajes de campañas electorales. Su presencia como candidatos tiene un referente experiencial, aunque en el caso de Francisco Flores puede haber un elemento de actualidad promovido por el destape de su candidatura. Con todo, la reflexión que viene a cuenta es que los salvadoreños no están señalando personajes novedosos, están señalando personajes que de alguna manera ya han cumplido con el rol de ser candidatos. Esto explicaría, por ejemplo, la presencia del presidente actual en la lista. Pero además añade la idea de que, a los ojos de la población, la clase política no está en capacidad de producir nuevas figuras de liderazgo en el país. Una tercera reflexión a partir de los datos tiene que ver con la orientación política de las personas mencionadas con más frecuencia. Los nombres mencionados en los primeros cuatro lugares de frecuencia, Cristiani, Flores, Calderón y Murray, pertenecen al partido ARENA y los personajes de otras instituciones, como Zamora o Silva, son mencionados menos frecuentemente. Los presidenciables del partido de gobierno reúnen a un poco más del 16 por ciento de las opiniones, mientras que los de otros institutos políticos no llegan siquiera al 5 por ciento. Lo anterior significa que si existe un problema de candidaturas electorales a nivel general, este problema es mucho más serio para la oposición que para el partido de gobierno –el cual, dicho sea de paso, parece estar más cerca de definirlo oficialmente—.

La encuesta del IUDOP reveló además una cuestión que no puede ser soslayada. El sondeo se efectuó una semana después de que Francisco Flores hizo públicas sus intenciones de ser el candidato de ARENA; el impacto y la discusión que ese pronunciamiento provocó –promovido sin rodeos por La Prensa Gráfica y otros medios de comunicación—se reflejó claramente en la consulta pública. En el término de una semana, desde la indiferencia política ciudadana, Francisco Flores saltó a ocupar el segundo lugar en la débil competencia por las candidaturas presidenciales y, a juzgar por el apoyo publicitado, es muy probable que en estos momento –próximos a la asamblea del partido gobernante— se encuentre en el primer lugar, por encima de Cristiani.

De hecho, luego de preguntar de forma general por los candidatos, la encuesta de la UCA abordó directamente la candidatura de Francisco Flores. El 25.1 por ciento respondió que el antiguo presidente de la Asamblea Legislativa sí sería un buen candidato a la presidencia por ARENA; mientras que un 28 por ciento dijo lo contrario, que no era un buen candidato, y el 46.9 por ciento, la mayor parte, no supo dar una respuesta a la pregunta. Con todo y a pesar de la premura de la consulta en este caso, los datos subrayan de nuevo el amplio porcentaje de personas que no expresan opiniones o preferencias políticas.

Uno de los debates sobre las tendencias políticas de cara a las elecciones del 99 tiene que ver con las alianzas entre los partidos, sobre todo en lo que se refiere a los partidos pequeños o de centro; dado que éstos son los que aparentemente tienen menos potencial para competir. La forma en que éstos partidos orienten su apoyo puede representar cambios significativos en la definición del ganador de 1999. El sondeo preguntó de manera general hacia adónde deberían orientar sus alianzas los partidos pequeños (En su opinión, ¿los partidos de centro deben: aliarse entre ellos, aliarse con el FMLN, aliarse con ARENA o quedarse como están?). Las respuestas fueron las siguientes: el 51.8 por ciento, un poco más de la mitad, manifestó que los partidos de centro deben quedarse como están; el 20.4 por ciento dijo que tales partidos deberían aliarse entre ellos; el 8.8 por ciento sugirió que deben aliarse con el FMLN y un 7 por ciento señaló que deberían aliarse con el partido gobernante. El 11.9 por ciento no respondió a la pregunta.

Los datos anteriores muestran un fenómeno peculiar. Los salvadoreños no apoyan mucho la idea de que los partidos pequeños formen bloque y apoyen a uno de los partidos grandes que polarizan; más bien los salvadoreños parecen estar a favor de que los institutos políticos se queden como están. Esto sugiere que los ciudadanos no tienen muchas expectativas sobre el aporte que puedan hacer estos partidos a la campaña, lo cual parecería estar vinculado a la baja credibilidad que sufren los partidos políticos. En el fondo, la poca confianza ciudadana hacia los políticos no puede atribuirse solamente a los partidos grandes; según estos datos, se refiere también a los partidos de centro. Ello aporta elementos a la explicación del abstencionismo o la falta de participación política de la ciudadanía. La falta de asistencia electoral no puede atribuirse sólo a los partidos grandes, sino también a los partidos de centro —o pequeños—en la medida en que éstos no han sabido atraer para sí, a los desencantados originados por los partidos más grandes.

Verdad y justicia: deudas pendientes

Desde que arrancó con una conferencia de prensa y hasta que se realizó la última de sus actividades públicas, el Festival VERDAD 98 llegó a miles de salvadoreñas y salvadoreños con un mensaje claro y contundente: la necesidad impostergable de enfrentar un pasado que sigue presente en nuestra sociedad, impactando de forma bastante negativa a importantes sectores de la población y a ciertos ámbitos fundamentales de su convivencia. Así, del viernes 20 al martes 24 de marzo, se reflexionó sobre ese gran déficit del llamado "proceso de paz" iniciado aquel 16 de enero de 1992.

Tanto su inicio como su cierre fueron conscientemente escogidos por sus organizadores, pues esas fechas guardan un especial significado en el marco de nuestra dolorosa historia reciente. En primer lugar, el 20 de marzo de 1993 se aprobó una amnistía general mediante la cual, lamentablemente, resultaron premiados los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, pese a que —constitucionalmente y con base a los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario— no existía ningún sustento y sí muchos impedimentos para ello. En segundo término, ¿quién no sabe lo que el 24 de marzo representa para la mayoría de nuestro pueblo y de otros pueblos del mundo?.

Fue el profeta y mártir, el más universal de las y los salvadoreños, quien dijo cosas como la siguiente: "Sería bueno tener en cuenta que lo que hay que descubrir, ante todo, son los responsables principales de esas capturas... Los que mandaron, los que permitieron, incluso los que se solazaban como en un circo romano en capturas, desaparecimientos, torturas, asesinatos. Tienen que oír la voz de la justicia". Esto dijo monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez el 11 de noviembre de 1979, cuando apenas iniciaba un proceso plagado de grandes aspiraciones pero de muy corta vida; un proceso iniciado por un sector de la juventud militar que generó expectativas pero, para su mal y el de toda la sociedad, enfrentó enormes resistencias en su contra y terminó fracasando.

¿Por qué sostenemos que ese saldo negativo, que esa lacerante deuda aún pendiente continúa afectando negativamente a amplios sectores de la población? La respuesta es una: porque la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos criminales junto a la ausencia de sanciones y reparación a las víctimas —la impunidad, en una palabra— es resentida por la gente en los dos sentidos que aquí se exponen.

El primero tiene que ver con algo muy concreto: en este nuestro país "en paz", sigue siendo escandalosa la cantidad de víctimas mortales —cerca de 50 mil personas desde 1992 a la fecha— como producto de una violencia aparentemente imparable que se manifiesta de diversas maneras y nos coloca ante la pantalla de televisión o con los periódicos frente a nuestros ojos, en condición de simples testigos impotentes de hechos que en otros lugares del planeta conmueven conciencias, movilizan sociedades y botan gobiernos incapaces de solucionar sus problemas más graves.

Ejemplo macabro de esto último es el caso de una niña, un niño y una adolescente cuyos cadáveres aparecieron recientemente cerca de Los Planes de Renderos, Panchimalco, departamento de San Salvador. Los cuerpos de las dos primeras víctimas estaban en avanzado estado de descomposición y fueron ejecutados tres días antes del hallazgo; parece que la muerte de la joven ocurrió tan sólo con doce horas de antelación a la ubicación de sus restos. Existen interrogantes alrededor del caso: ¿qué mente perversa ejecutó a estas inocentes criaturas? ¿por qué las llevó hasta ese lugar? ¿cuál fue el móvil para realizar los homicidios?

Esas preguntas, quizás, no tendrán respuesta o las explicaciones oficiales serán insuficientes o cuestionables, como ha sucedido ya en otros casos. Pero de lo que no existe duda es que para que sigan pasando estas cosas en El Salvador, mucho tiene que ver el fortalecimiento que recibió la impunidad cuando en marzo de 1993 se negó a las víctimas la posibilidad de conocer la verdad y encontrar una salida justa a su tragedia mientras que, por otro lado, se encubrió a los criminales y con ello se les manó una muy mala señal: que podían seguir matando.

El otro sentido del impacto negativo entre la gente por el no pago de esa enorme deuda con la verdad y la justicia, va en la dirección de un mayor incremento de su nivel de desconfianza en la institucionalidad nacional responsable de promover y garantizar el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Más grave aún: se percibe en el aumento del desencanto, la frustración y la búsqueda de soluciones individuales —muchas veces violentas— ante una realidad brutal de inseguridad y temor.

Por esas consecuencias tan peligrosas, el pueblo salvadoreño en general y sobre todo las víctimas directas e indirectas, tanto de las graves violaciones a los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad como de los hechos violentos del presente, deben reclamar con fuerza el derecho que tienen de conocer la verdad y lograr que en el país —de una vez por todas— brille la justicia.

Lo anterior, encuentra sustento en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —dentro de los que se encuentra El Salvador— tienen la obligación de garantizar "el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción". Tal obligación sólo se concreta realmente si dichos Estados tienen y ejercen la capacidad de "prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos".

La cita anterior es parte de la sentencia de la Corte en el caso "Velásquez Rodríguez", dentro de la cual también se establece que "el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención".

Refiriéndose a un tipo de crímenes contra la humanidad como lo es la desaparición forzada e involuntaria, la Corte precisa que: "El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance".

En El Salvador siguen habiendo miles de personas detenidas y desaparecidas cuyo paradero aún no se conoce; con ello, además, sus familiares son víctimas de la violación a sus derechos de conocer la verdad y recibir justicia. Lo anterior, junto a lo que le sucedió a decenas de miles de personas que sufrieron atropellos de diverso tipo e intensidad en el marco de la violencia política y bélica del pasado, sería suficiente para motivarnos a actuar; pero sí, aunado a todo lo anterior, estamos conscientes de los efectos actuales por las inadecuadas medidas que adoptaron ciertos sectores interesados en escabullir el bulto de su responsabilidad, no nos queda más que comenzar a preparar el próximo encuentro por la verdad.

Para todos aquellos salvadoreños que hemos sentido la terrible vivencia de la impunidad en El Salvador y la violación a los más elementales derechos humanos, no puede pasar inadvertido este momento en que la doctora Victoria Marina de Avilés, honorable y distinguida procuradora para la defensa de los derechos humanos termina exitosamente su período en el desempeño de sus funciones.

Y no puede pasar inadvertido este momento, digo, por muchísimas razones que vienen espontáneamente a nuestra mente y que son razones que vienen espontáneamente a nuestra mente y que son razones que reflejan los valores y actividades que como funcionaria, ciudadana y mujer, la queridísima doctora de Avilés ha desarrollado en el marco de su destacada personalidad y sobresaliente labor.

Es por todo esto que con una muy especial satisfacción condensada de la admiración, respecto, cariño y reconocimiento que le tenemos, me siento muy honrada de poder expresar públicamente en nombre de muchísimos salvadoreños, nuestro agradecimiento hacia ella, por esa inmensa labor que como procuradora para la defensa de los derechos humanos realizó tan valientemente y con tanta eficiencia, a pesar de todos los escollos que le fueron puestos y a pesar de todos los peligros a los que se expuso. Podemos decir, sin temor a equivocarnos que ella logró hacer de esa institución una isla de esperanza para todos los salvadoreños que, náufragos de la fe en la justicia de El Salvador, llegamos a ella con nuestra carga de frustración y dolor sabedores de que en ella encontraríamos solidaridad, justicia, competencia y compromiso.

Podríamos decir muchas cosas y hacer muy extenso este reconocimiento, pero siempre se quedaría algo que mencionar y motivos que admirar en ella. Estando seguros de que en la brevedad de nuestras palabras podemos transmitirle la fuerza y sinceridad de nuestros sentimientos, vamos a terminar nuestra intervención externando una predicción que miles de salvadoreños compartimos al manifestar que la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés pasará a la historia de nuestro país como la mano fina y firme que hizo girar las tuercas de la impunidad que, descaradamente, aprietan hasta asfixiar la democracia; que pasará a la historia también porque su estatura moral resistió todos los embates de aquellos quienes le temen a la verdad y que también, además ,se quedará en el corazón de los que hemos sufrido como llaga doliente el asesinato premeditado, la agresión, la violación a nuestros derechos. Porque ella supo descubrir con clara inteligencia y humana comprensión, el verdadero esfuerzo y valor que aportamos a esta lucha que atañe a todos.

Quiero hacer este reconocimiento a la Dra. de Avilés en nombre del personal del IDHUCA. Con orgullo especial, asimismo, hago este reconocimiento en nombre de todos los que hemos sido beneficiados con la eficiente gestión de la doctora, diciéndole en forma precisa: ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS DOCTORA DE AVILES, POR SU EXCELENCIA!

HUELGA. En protesta a la orden de captura contra los 11 directivos del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), los médicos de esta organización reanudaron, el 17.03, el paro de servicios de consultas externas y cirugías electivas en todos los hospitales del Seguro Social del país. Además de exigir la anulación de las órdenes de detención, los sindicalistas demandaron que la Comisión de Alto Nivel, nombrada por el Presidente Calderón Sol, mostrara capacidad e intención de negociar sus peticiones. La decisión de paralizar las labores fue tomada en una asamblea en la que participaron las 43 filiales del Colegio Médico. El mismo día, la directora de ISSS, María Julia Castillo, respondió al nuevo paro de labores con una segunda demanda laboral en contra de los médicos huelguistas, con el objeto de determinar judicialmente si la huelga era ilegal o no. "En este país ya nadie es impune", advirtió Castillo y aseguró que "no es por intransigencia" que el ISSS no resuelve la plataforma reivindicativa de los médicos sino "porque no se puede". Asimismo, la funcionaria amenazó con aplicar descuentos a los salarios de los médicos que apoyan la huelga o, incluso, despedirlos. Por su parte, el Ministro de trabajo y Previsión Social, Eduardo Tomasino, afirmó que la suspensión de labores sí es ilegal y advirtió que la orden de captura extendida para los 11 directivos de SIMETRISSS "tiene una base legal" (LPG 18.03 p.4 y 5; DH 18.03 p.14).

RECHAZO. El Comité de Crisis del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), que asumió temporalmente la dirigencia de dicha gremial, rechazó, el 18.03, dialogar con la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Presidente Calderón Sol. El Secretario del Comité, Francisco Guzmán, dijo que no llevarían a cabo ninguna reunión "hasta que los médicos que conforman la junta directiva del sindicato no estuvieran libres". Sin embargo, el Ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino, aseguró que la situación legal de los directivos no compete al Ministerio ni a la Comisión, sino al Órgano Judicial, el cual no puede revocar la orden arbitrariamente. El Juzgado Segundo de lo Penal deberá confirmar, revocar o modificar en 24 horas, a partir del 18.03, las órdenes de captura contra los 11 directivos acusados de abandono colectivo de labores. Además, el Juzgado de lo Laboral aún está pendiente de resolver si el paro de labores es ilegal o no. El juez de lo Laboral, José Roberto Medina, explicó que aún no se ha podido emitir una resolución ante la demanda interpuesta por las autoridades del ISSS, pues éstas no han cubierto el requisito de presentar el listado de los médicos que se mantienen en suspensión de labores. Por su parte, los abogados defensores de los demandados sostuvieron que no existen los suficientes méritos para que el Juzgado de Paz gire las órdenes de captura (LPG 18.03 p.5 y LPG 19.03 p.4 y 5).