Año 18

número 801

abril 1

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial El travestismo de ARENA

Política A propósito de la candidatura de Francisco Flores

Política Clases de dictámenes en la Asamblea Legislativa

Economía Salarios mínimos, canasta básica e inflación

Opinión Pública Las opiniones políticas de los salvadoreños en la actualidad (II)

Derechos Humanos La  juventud y la verdad

Noticias

Quizás el entusiasmo del momento hizo que el mandatario perdiera el sentido de la realidad del país, pero este olvido es serio porque es en estos momentos de gran intensidad política donde hay que validar el documento Bases para un plan de nación. Aparte de lo que este desconocimiento pueda significar para el plan que pretende formular, es claro que tanto Cristiani como Calderón Sol debieran, tal como lo señaló Flores, "salir a encarar la realidad con valentía, a reconocer lo que hemos olvidado".

A propósito de la candidatura de Francisco Flores

Después de casi dos meses de controversia, ARENA decidió oficializar la candidatura del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Flores. ¿Por qué la precandidatura de Flores llegó a ser tan controversial? Bueno, en principio, cabría señalar dos motivos. El primero, lo sorpresivo que resultó ser que el joven y poco popular Flores se lanzara con tanta decisión a aspirar a la candidatura presidencial del partido en el gobierno. La preparación académica y el talante moderado no son justamente los rasgos característicos de los políticos de derecha en El Salvador. Por tradición, no son los Francisco Flores los que suelen perseguir la Presidencia de la República. Y eso extrañó.

Pero es quizá el segundo el motivo más llamativo: inicialmente, la aspiración de Flores no parecía obedecer a los dictámenes de la "cúpula dorada" arenera, sino que, por el contrario, prometía el emerger de otro sector del partido, poco o nada escuchado con anterioridad por la dirigencia. Resultaba realmente innovador que alguien ajeno a "las argollas" buscara la candidatura independientemente —e incluso en contra— de los deseos de una de ellas. Fue, pues, vendiendo esa imagen de intelectual independiente y moderado, de joven líder y propositivo que inspiraba la confianza de las bases, como Francisco Flores alcanzó una popularidad y un arrastre inexistentes dos meses atrás.

Ahora, cuando su candidatura es ya un hecho, nuevos aspectos de las aspiraciones de Flores han salido a la luz pública, desmintiendo algunas de las primeras hipótesis formuladas tras el lanzamiento de su precandidatura. Resulta que el ex presidente del Organo Legislativo no era tan independiente como se pensaba. Es cierto que un grupo de diputados de la fracción arenera le propuso a Flores que se lanzara a aspirar la candidatura, pero, según las propias palabras de este último, en esa oportunidad el no aceptó. Al parecer, el rumor de la posible precandidatura de Flores provocó animadversión entre los diputados de oposición, y fue eso lo que, de acuerdo a afirmaciones del presidente del COENA, Alfredo Cristiani, determinó su lanzamiento a la candidatura presidencial. Lanzamiento que encontró rápido respaldo en el grupo de Calderón Sol. Así, la tesis de que su precandidatura era, en definitiva, la expresión de que cierto grupo de la nueva generación arenera estaba queriendo ganar cancha en el partido para poder tomar sus propias decisiones, se derrumbó.

El mismo "Paco" Flores admitió, después de la realización de la Asamblea Nacional en la que su candidatura fue oficializada, que el apoyo de Calderón Sol fue "muy importante" para él. Determinante, según un titular de uno de los rotativos matutinos. Y es que realmente era ingenuo pensar que los grupos dominantes de ARENA darían cabida a iniciativas planteadas al margen de su visto bueno. No hay que olvidar que ese partido fue creado para defender los intereses de la entonces llamada oligarquía, frente a la amenaza comunista. Hoy "la oligarquía" está constituida por el sector financiero, los grandes propietarios del agro y la empresa privada. Y ARENA continúa respondiendo a sus intereses. ¿Cómo pensar que, habiendo intereses económicos tan fuertes de por medio, la cúpula arenera —que es la que, en definitiva, dirige y define al partido— admitiría al interior de sus estructuras el desarrollo de grupos que defendieran ideas propias, ajenas a las emanadas de la dirección?

De lo que se trata, ya lo dijo Cristiani, es de evitar a toda costa que el FMLN llegue al ejecutivo; es decir, de evitar que los intereses de los pudientes areneros se vean seriamente amenazados. En consecuencia, había que buscar a la persona idónea, elegir la mejor de las cartas posible para apostar a ganar en marzo del 99. Francisco Flores es el resultado de esa elección, y nada más que eso. Su preparación académica, su tono conciliador, su edad y hasta su pertenencia a la clase media habrían sido evaluados de antemano por la dirigencia arenera. Simplemente es ese el candidato que ARENA necesitaba para emprender con éxito su ruta hacia las urnas del próximo año. Después de algunos desacuerdos, la cúpula terminó por decidirlo así y así fue.

Claro que Cristiani hubiera preferido un candidato propuesto por él en lugar de uno respaldado por Calderón Sol. Claro que Flores truncó las expectativas que muchos veteranos areneros albergaban de aspirar a gobernar el país. Pero todo eso es, a estas alturas, completamente secundario. Y lo será aún más cuando ARENA logre terminar de vender a sus correligionarios la idea de que la elección de "Paquito" fue unánime y que esa elección no obedeció a nada distinto que no fuera lo inmejorable de las características que constituyen la personalidad de su nuevo candidato.

Parece haber un interés exagerado de parte de la prensa en averiguar quién respaldó a Paco Flores y quién no. Es cierto que es importante aclarar a la opinión pública que la afirmación de que ARENA está "graníticamente unida" es una falacia. Pero la insistencia con la que los medios han abordado el problema de las "argollas" en el partido gobernante no puede dejar de despertar sospechas. Que en ARENA coexisten grupos que defienden distintos intereses y que, por consiguiente, han adoptado distintas concepciones de país, es un hecho indiscutible. Cualquier esfuerzo que sus miembros hagan hoy en día por afirmar lo contrario será en vano. Sin embargo, también es verdad que el principal partido de derecha ha sabido mantener cierta unidad; lo cual significa, sin más, que quienes lo conforman persiguen las mismas metas, aunque para alcanzarlas pongan de manifiesto diferentes enfoques.

La visceralidad con la que ciertos medios se refieren a ARENA no hace otra cosa que evidenciar que, tras la fachada noticiosa, se esconden delicadas rencillas personales. En las semanas que lleva circulando la polémica en torno a Francisco Flores, pocas han sido las veces en las que los temas nacionales han sido tocados con seriedad por los periodistas. Todo parece indicar que la información sobre los últimos movimientos en el partido oficial se debe o bien al sensacionalismo típico de los medios de comunicación o bien a la necesidad de algunos de ellos de desprestigiar a toda costa al partido oficial, obedeciendo a motivos que nada tienen que ver ni con su labor informativa ni con los asuntos que atañen al país.

Pero, dejando a un lado el dudoso tratamiento que algunos medios le han dado a la candidatura de Flores, varias son las conclusiones que pueden sacarse de todo el proceso que con la misma se ha suscitado. La primera, que hay que abordar con cautela la idea de que dicha candidatura es una novedad. Ciertamente, "Paquito" se aleja del clásico candidato presidencial de derecha, pero que su independencia se circunscribirá al ámbito del sector del partido que lo apoyó es algo que no puede soslayarse.

La segunda, que el hecho de que no haya sido Cristiani quien lanzó a Flores a la candidatura no puede llevar de inmediato a pensar que las cosas en ARENA están cambiando. Al fin y al cabo se trata sólo de que lo apoyó un grupo y no otro, y eso, prácticamente, en nada cambia las cosas, en nada supone que ARENA esté democratizándose internamente y que su concepción de país va a modificarse.

Finalmente, se equivocan quienes, dejándose llevar por la ligereza de los juicios acalorados, menosprecian la fuerza de ARENA. Este instituto político lleva ocho años conduciendo los destinos del país y eso le da ventaja sobre los demás. Es cierto que padece de un desgaste inminente y es cierto también que el electorado ha manifestado claramente su rechazo a ese desgaste. El 16 de marzo de 1997 quedó claro que el FMLN aumentó considerablemente sus posibilidades de desbancar a ARENA en los próximos comicios presidenciales. Sin embargo y a pesar de todas sus limitaciones, el partido oficial continúa ocupando uno de los grandes polos que aún dominan el panorama político salvadoreño.

Clases de dictámenes en la Asamblea Legislativa

Los dictámenes de una comisión pueden ser de dos tipos: uno de mayoría y otro de minoría, sobre la misma materia o asunto; ambos se presentan ante la sesión plenaria para el conocimiento y toma de decisión del pleno.

Para el caso de El Salvador, el dictamen es el historial que ha tenido el expediente desde el momento en que ingresó al pleno y fue remitido por éste a la comisión, hasta el momento en que se va a emitir; el dictamen es firmado por todos los miembros de la comisión o por la mayoría de ellos, y acto seguido entra al pleno como punto de agenda.

En la agenda de la sesión plenaria aparece solamente un breve resumen de los dictámenes emitidos por las diferentes comisiones. No obstante, en la plenaria se le da lectura completa a cada uno de ellos; inmediatamente después de leídos, el presidente de la Asamblea Legislativa los somete a consideración y discusión de todos los diputados, para luego llevarlos a votación. En la mayoría de los casos los dictámenes son aprobados por el pleno tal y como los emiten las respectivas comisiones legislativas.

Las clases de dictámenes que se emiten en la Asamblea legislativa salvadoreña son:

1. Que se recomiende . En su mayoría se dirigen al Poder Ejecutivo y al Judicial; por ejemplo, recomendarle a algún ministro la ejecución de una obra.

2. Favorable, es decir, aprobado.

3. Desfavorable, o rechazado. Este tipo de dictamen también puede ser una artilugio para posteriormente aprobar determinadas mociones. Por ejemplo, el partido ARENA respaldó, el ocho de octubre de 1996, el dictamen desfavorable emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre la pena de muerte. En dicha comisión, sólo los miembros que pertenecían al partido ARENA estaban de acuerdo con aprobar la pena de muerte para combatir la delincuencia; con vistas a este objetivo, no entraron en contradicción con los restantes miembros de la comisión y optaron por apoyar el dictamen desfavorable, porque para que la cuestión pasara al pleno se necesitaba un dictamen, no importando en su contenido, sino solamente como trámite. Cuando la moción de reimplantar la pena capital fue presentada dos días después ante la sesión plenaria, la fracción de ARENA, valiéndose de poseer la mayoría en el pleno y de contar con los votos de los partidos fieles y leales a la derecha, votó unánimemente de forma contraria; es decir, por un dictamen favorable.

Cuando el plenario emite el dictamen desfavorable, la Constitución Política y el Reglamento Interior de la Asamblea, en el art.143 y en el 43 respectivamente, de forma literal en ambos casos, dice: "cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses".

4. Que se archive. Se envía al archivo de la Asamblea.

El pleno legislativo es el que toma la última decisión, puesto que allí se puede resolver si se acepta de forma integral o si requiere modificaciones. Cuando el dictamen favorable es aprobado por el pleno, se dice que se convierte en decreto legislativo y es anexado con anterioridad ante la inminencia de su aprobación.

La mayoría de dictámenes que se emitieron en 1994 y 1995 fueron, por ejemplo, sobre exención de impuestos; aprobación de tarifas de arbitrios; autorizaciones al Ejecutivo para suscribir préstamos; concesiones de distinciones o condecoraciones y autorizaciones para recibirlas en el extranjero; indultos para reos; ratificación de tratados; reforma, prórroga y derogaciones de Artículos de ley; aprobaciones de decretos legislativos sobre la emisión de nuevas leyes, etc.

La dispensa de trámite es la supresión del procedimiento reglamentario que tiene toda iniciativa común y corriente para llegar al plenario y recibir el dictamen correspondiente. El aprobar en la sesión plenaria la dispensa de trámite significa que la iniciativa es incorporada directamente como punto de la agenda de la sesión y que posteriormente continúa sin variar el procedimiento que se sigue para enviarla al Ejecutivo. Este método se justifica en casos de emergencia y de trascendencia nacional.

El partido ARENA y sus partidos satélites han impuesto la norma siguiente: se ha utilizado la dispensa de trámite con el objetivo de legislar a espaldas del pueblo; este trámite se aprueba en las últimas horas de la noche o en las primeras horas de la madrugada, cuando la población se encuentra dormida y los periodistas se han retirado. Al siguiente día, cuando la ciudadanía despierta, se da cuenta de sorpresas desagradables.

Salarios mínimos, canasta básica e inflación

La legislación salvadoreña en torno al salario mínimo es quizás unas de las mejor formuladas del mundo, por su elevada dosis de ética y consecuencia con los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, en su artículo 144, el Código de Trabajo establece que el trabajador tendrá derecho a "devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural".

En la práctica, los salarios mínimos han funcionado como un piso que evita que la interacción de las fuerzas del mercado resulte en salarios aún más bajos; no como un garante de la satisfacción de las necesidades materiales, morales y culturales. La política salarial ha seguido pautas que nada tienen que ver con la legislación o el mercado laboral. El salario mínimo siempre ha estado por debajo del costo de la canasta básica y, en las últimas décadas, ha reducido su poder adquisitivo por efecto de la inflación; lo cual implica que el salario mínimo real ha venido reduciéndose. Paradójicamente, el sector laboral no ha presentado plataformas reivindicativas de consideración en torno al tema salarial, al grado que la última iniciativa para incrementar el salario mínimo ha surgido del sector gubernamental.

Así, el 16 de marzo pasado, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció que pediría, a la representación del poder ejecutivo ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, un incremento de 105 colones (9%) al salario mínimo vigente para el comercio, industria y servicios. Según Calderón Sol, la propuesta, sin duda beneficiosa para los trabajadores, se hace "para que el trabajador salvadoreño pueda absorber el pago al nuevo régimen de pensiones del tres por ciento".

Aunque la iniciativa gubernamental responde a la necesidad de implementar sin mayores traumatismos el nuevo sistema privado de pensiones, es oportuno revisar a este punto cuál es la relación actual entre los salarios mínimos, el costo de la canasta básica y la inflación, pues ello contribuye a aclarar la precariedad económica en la que se desenvuelven los sectores trabajadores.

Desde mediados de 1995, el salario mínimo alcanzó los siguientes niveles mensuales: tarifa agropecuaria general, 594 colones; jornal de café, 709.5 colones; jornal de caña de azúcar, 600.6 colones; industria, comercio y servicios, 1,155 colones. La propuesta gubernamental afectaría únicamente al último de los sector señalados, elevando el nivel salarial desde 1,155 colones a 1,260 colones. Cabe señalar que, por lo general, los salarios mínimos son percibidos por la gran mayoría de jornaleros y obreros, tanto de las áreas rurales como urbanas, incluyendo a las empleadas de las numerosas empresas de maquila fundadas con inversión extranjera. Según datos oficiales, del total de ocupados a nivel nacional, cerca de un 70% percibe menos del salario mínimo vigente.

Por otro lado, el costo de la canasta de mercado proviene de sumar los costos de bienes y servicios clasificados en los siguientes rubros: alimentos, vivienda, vestuario y misceláneos. Para diciembre de 1992, se estimaba que el costo de la canasta de alimentos era de 1,313.38 colones, la de vivienda 728.30 colones, la de vestuario 223.05 colones y la de misceláneos 895.66 colones; en total, la canasta de mercado tenía un costo de 3,160.4 colones. Para 1997, el valor de la canasta de alimentos habría elevado su valor hasta 2,148.8 colones y la canasta de mercado habría alcanzado los 4,738.7 colones.

Tomando en cuenta estos datos, el salario mínimo de la industria, comercio y servicios sería insuficiente para cubrir el costo de la canasta de alimentos; mucho menos el costo de la canasta de mercado. Se necesitarían 1.85 salarios mínimos para adquirir la primera y 4.1 salarios mínimos para adquirir la segunda.

La situación de los hogares rurales también es crítica, pues, aunque el costo de la canasta básica ampliada rural es menor a la de la urbana, los salarios de la agricultura son mucho menores que los urbanos. La tarifa agropecuaria general representa sólo un 51% de los salarios de industria, comercio y servicios. Un jornalero que reciba el salario de la tarifa agropecuaria general necesita de 3.2 salarios mínimos para adquirir la canasta ampliada rural, que es de menor costo que la urbana, pero también mucho más modesta.

La deficiencia de los salarios mínimos se acentúa cada vez más debido a que éstos no guardan relación con los niveles inflacionarios nacionales. Por ejemplo, desde agosto de 1995, cuando se fijó el actual salario mínimo, se ha experimentado una inflación acumulada de cerca de 8%, sin que desde entonces se haya realizado ningún ajuste salarial. Una retrospectiva del comportamiento de los salarios mínimos reales revela que, durante la década de 1990, han acusado un franco deterioro, que, sin embargo, pudo haber sido más pronunciado de no haberse incrementado el salario mínimo nominal en los años comprendidos entre 1990 y 1995.

La información presentada arriba revela con claridad meridiana que la mayoría de los trabajadores ocupados reciben un salario que riñe con la ley, atenta contra la satisfacción de las necesidades básicas y estimula la proliferación de la pobreza. De hecho, al considerar cómo se ha ampliado la diferencia entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo puede inferirse que existen cada vez mayores presiones hacia la profundización de la pobreza, contrariamente a lo que los datos oficiales sobre incidencia de la pobreza podrían reflejar. El salario mínimo puede considerarse, pues, como promotor de la pobreza y como un elemento a considerar al momento de diseñar estrategias para su combate.

No es muy difícil demostrar que los incrementos en los salarios mínimos son posibles porque existe suficiente valor agregado para ello. El mayor escollo estriba en que incrementos importantes en los salarios mínimos implicarían reducción de los excedentes de las empresas, un rubro difícil de afectar sin provocar rechazos inmediatos de las gremiales empresariales que, por lo general, terminan imponiendo sus intereses sobre los intereses de los trabajadores.

Los argumentos más esgrimidos por el sector empresarial y gubernamental a la hora de discutir incrementos salariales son dos, a saber: la precariedad del crecimiento económico y las posibles presiones inflacionarias. Pero la verdad es que, como se señaló arriba, es posible subir los salarios sin comprometer el crecimiento, aunque sí los excedentes empresariales; igualmente posible es soportar algún nivel inflacionario si esto se traduce al final en un incremento de los salarios mínimos reales, como efectivamente sucedió con los incrementos salariales de 1992, 1993 y 1995. El control de la inflación no es un fin en sí mismo.

Una muestra clara y reciente de lo especioso de los argumentos gubernamentales es que ahora se trata de viabilizar la implementación del sistema privado de pensiones con incrementos salariales, sin dar mayor importancia al tema de los posibles efectos inflacionarios de la medida. El mismo Presidente del Banco Central de Reserva (BCR) considera que no causará efectos significativos en las metas de inflación para 1998.

En realidad, las motivaciones para fijar los salarios mínimos tienen más que ver con el mantenimiento de privilegios que con un genuino interés por solucionar los problemas económicos y sociales del país. Esto ha sido así aun desde antes de la formación del Estado salvadoreño y, por lo mismo, resulta imposible un cambio de la situación sin provocar grandes traumatismos y hasta una crisis de gobernabilidad, especialmente si se considera que, para cumplir con el Código de Trabajo, habría que triplicar o cuadruplicar los salarios mínimos. Con todo, no debe perderse de vista la urgente necesidad de proceder a crear un mecanismo de fijación de los salarios mínimos que, cuando menos, considere su ajuste anual por encima del ritmo inflacionario.

Las opiniones políticas de los salvadoreños en

la actualidad (II)

La indiferencia de los salvadoreños ante las posibilidades de que los partidos de centro puedan aliarse entre sí constituye un indicador de que la contienda electoral probablemente se centrará en los dos partidos más grandes: ARENA y FMLN. Para conocer el curso de las preferencias partidistas de los salvadoreños de cara a los comicios de marzo de 1999, la encuesta realizada en febrero consultó sobre las intenciones de voto por partido político.

Los resultados fueron los siguientes: el 21.5 por ciento de los ciudadanos consultados —mayores de 18 años— afirmó que no votaría por partido alguno si "las elecciones fueran el próximo domingo", el 21 por ciento dijo que votaría por ARENA y el 16 por ciento mencionó que sufragaría por el FMLN; el resto de partidos reciben expresiones de adhesión bastante bajas: el 2.5 por ciento votaría por el Partido Demócrata Cristiano, el 1.3 por ciento lo haría por el Partido de Conciliación Nacional y el 1 por ciento optaría por otros partidos (Convergencia Democrática, Partido Liberal Democrático, Unión Social Cristiana, entre otros). Sin embargo, un porcentaje importante de los consultados, el 30.1 por ciento, manifestó que no sabía por quien votar; más un 6.5 por ciento que se resistió a declarar su intención de voto diciendo que su "voto es secreto".

Los datos anteriores revelan que seis de cada diez ciudadanos —el 58.1 por ciento, para ser más exactos— no está identificando su intención de voto frente a las elecciones presidenciales del próximo año. Prevalecen las respuestas de personas que indican que no tienen decidido por quién votar —los clásicos indecisos— y los ciudadanos que aparentemente se resisten a coincidir con partido alguno. Aunque estas cifras no parecen mostrar los niveles de indiferencia alcanzados en otros años, el porcentaje de personas que no expresa un partido de simpatías es significativo, sobre todo si se considera que, en la práctica, sólo dos partidos dominan las intenciones políticas de los salvadoreños, mientras que el resto de partidos apenas reúnen el 5 por ciento de las preferencias.

Pero dejando de lado las consideraciones sobre el porcentaje de personas que elige partido, los resultados de la encuesta cursada por la UCA en febrero, en comparación con los datos originados por encuestas anteriores, muestran un interesante movimiento en las opiniones de la gente. La serie de sondeos llevados a cabo el año pasado por el IUDOP indicaba que el partido de izquierda mantuvo el primer lugar en las simpatías públicas durante casi todo el año; sin embargo, para finales de 1997 y con la pesquisa de evaluación de año, los ciudadanos presentaron un cambio en las preferencias políticas y colocaron de nuevo al partido ARENA por un margen de 3 puntos (ARENA, 23.8 por ciento; FMLN, 20.2 por ciento). La medición de febrero, que se presenta ahora, señala que el partido gobernante ha sacado un par de puntos de ventaja sobre el FMLN; sin embargo, ello no quiere decir haya crecido el apoyo a los areneros, más bien significa que ha decrecido el apoyo hacia los efemelenistas. Más aún, comparando los porcentajes generales, ambos partidos habrían disminuido su cuota de apoyo en comparación con la compulsa de diciembre de 1997, sólo que la disminución del FMLN ha sido más grande.

Este ejercicio de revisar las tendencias políticas no tiene por objeto adelantar los escenarios de la competencia electoral; más bien, busca documentar el movimiento de la población en torno a las preferencias electorales. Y es que por el momento no parece adecuado adelantar hipótesis sobre la pugna electoral cuando falta un buen lapso de tiempo para que tomen lugar los comicios. Valga decir, no obstante, que los datos recogidos hasta ahora muestran una opinión pública que no parece estática; ello presagia que el año 1998 será de mucha importancia en la definición de las fuerzas que se someterán a las elecciones.

De hecho, en la misma encuesta se preguntó a los ciudadanos sobre el partido que ellos consideraban que podría ganar las elecciones presidenciales del 99. A diferencia de los últimos sondeos, donde el FMLN aparecía como el partido con las mayores posibilidades de ganar las elecciones según los salvadoreños, la pesquisa más reciente muestra una permutación en las opiniones: el 32.9 por ciento cree ARENA es el partido que tiene más probabilidades de ganar las elecciones del Ejecutivo, el 29.9 por ciento considera que el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es el que tiene tales probabilidades, el 3 por ciento identificó otros partidos o dijo que ninguno tenía probabilidades de ganar las elecciones y el 34.3 por ciento —la tercera parte de los consultados— no supo identificar un probable ganador de las elecciones.

Los datos anteriores sugieren dos cosas entre otras. En primer lugar, reitera el hecho de que hasta ahora son sólo dos los partidos que dominan la dinámica política del país. Desde el punto de vista de los ciudadanos, sólo ARENA y el FMLN tienen posibilidades reales de ganar la silla del Ejecutivo. Esto deja, como ya se ha mencionado antes, al resto de partidos como espectadores de una competencia en la cual no son ellos los principales protagonistas. Eso no quiere decir que su presencia y participación en las elecciones no pueda resultar determinante para definir el resultado de las mismas; pero en opinión de los ciudadanos, la importancia de los partidos pequeños se reduce al apoyo o relleno que estén en capacidad de ofrecer a alguno de los partidos mayoritarios. Esta forma de ver las cosas, sin duda plantea un reto para estos partidos pequeños; en la medida en que entiendan este aspecto de la opinión pública podrán orientar mejor su papel en la campaña, ya sea como soportes de otros institutos o como productores de una alternativa política que resulte viable.

Por otro lado, los resultados muestran que la percepción pública está cambiando constantemente y sustancialmente. Hasta febrero de 1998, la población estaba prácticamente dividida en sus impresiones sobre el posible ganador de los comicios, casi de la misma manera en que está dividida en su apoyo a los mismos. Ello insinúa que, dependiendo de los movimientos políticos que se hagan, es muy probable que la contienda electoral de marzo del 99 sea aún más reñida que la del 97. Lo cual introduce un elemento de competitividad que no ha estado muy presente en los eventos anteriores hasta 1997.

En tal sentido, el año de 1998 puede ser el período pre-electoral más importante en la definición de fuerzas de cara a las elecciones —aún más que la propia campaña electoral—. Las decisiones que se tomen en este período y el manejo que se haga de las mismas probablemente sean más definitorias del apoyo o rechazo de la población hacia una opción política.

La  juventud y la verdad

No hay duda que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz y felizmente nos deslumbrará; colocará ante nuestros ojos los graves hechos de violencia que produjeron tanto dolor y revelará las responsabilidades que —sin prescribir— se encuentran tras ellos, para que los culpables por fin rindan cuentas. Quienes ahora se creen impunes no deberían sentirse tan seguros porque, más temprano que tarde, las víctimas directas e indirectas de sus actos —es decir, la sociedad entera— moverán lo que tenga que moverse y actuarán en consecuencia para lograr lo que hasta ahora sigue siendo una aspiración: vivir tranquilas sin los fantasmas ni los temores de cualquier tipo que ahora las acosan, manteniendo viva y reivindicada la memoria de sus familiares, para poder trabajar por una sociedad donde la solidaridad y la justicia sean lo común y no lo extraño.

Con ello, hasta el recién nombrado candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista parece estar de acuerdo pues hace unos días —precisamente durante la convención "arenera" donde fue nominado para competir en las próximas elecciones— se comprometió con la honestidad y ofreció que jamás negaría "la verdad de nuestra Patria, por cruda que sea, pues sólo enfrentándonos con ella podemos vislumbrar las posibles soluciones". En lugar de atacarlas, damos la bienvenida a estas palabras y —porque realmente nos interesa— estaremos pendientes para que se cumplan y no terminen siendo, al igual que otras hechas al calor de las campañas proselitistas, simples piezas de la retórica electorera.

Para alcanzar la meta de hacer que resplandezca la verdad —que a su vez es punto de partida en la búsqueda del bienestar para todas las personas en nuestro país— se debe apelar, inteligente y creativamente, a tantas cosas; entre ellas, se encuentra en un sitio privilegiado la frescura y el entusiasmo de una juventud a la cual ahora, más que nunca, le están robando o desnaturalizando esas características tan suyas, sobre todo en medio de un modelo económico que le cierra las puertas a sus oportunidades y le corta las alas a sus esperanzas.

En ese orden de ideas y en el marco del Festival VERDAD 98 —organizado por la Asociación PRO-BÚSQUEDA, LAS DIGNAS y el IDHUCA— intentamos que las y los jóvenes estudiantes universitarios pudieran conocer un poco de ese pasado violento y traumático, para generar entre ellos una reflexión más profunda que les permita entender las principales causas que le dieron origen y el por qué de lo que ahora está sucediendo, sobre todo en lo que toca a la inseguridad de las personas y las deficiencias en la impartición de justicia.

De esa experiencia, tenemos hoy dos reportes elaborados por estudiantes de "Filosofía del Derecho", sobre la actividad mediante la cual se clausuró dicho Festival. A continuación publicamos un resumen de ellos.

El 24 de marzo tuvo lugar, en el auditorio "Ignacio Ellacuría" de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", un foro donde pudimos conocer más acerca de la guerra civil de nuestro país, sus consecuencias y las diferentes comisiones de la verdad que se han conformado, sus logros y esfuerzos para suplir la necesidad y el derecho que tiene el pueblo a conocer la verdad. Participaron seis exponentes y cada uno planteó su propio punto de vista, de la siguiente manera.

1. Dr. Christian Tomuschat. Coordinador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, expuso su labor de esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante 36 años de guerra, su responsabilidad de proporcionar un informe y buscar una reparación a favor de todas las víctimas de la guerra, para lo cual sólo tiene un año.

2. Dra. Otila Lux De Coti. Trabaja también en la Comisión de Esclarecimiento Histórico juntamente con jurístas, médicos forenses y personas que pudieran comprender los diversos dialectos de Guatemala, haciendo encuestas y escuchando relatos verídicos de guatemaltecos que sufrieron esa realidad.

3. Dr. Rodolfo Mattarrollo. Nos expone su punto de vista contra la impunidad y afirma : "el Derecho no está alejado de la vida; el Derecho es hijo de la vida". Recalca su oposición a la ley de amnistía, a la falta de investigación, juicio y castigo a los que cometieron hechos delictivos.

4. Dra. Margareth Popkin. La amnistía en El Salvador, aprobada en marzo de 1993, excluía la posibilidad de realizar las investigaciones sobre hechos pasados de violencia realizados por el gobierno.

5. Lic. Roberto Cuéllar. Se cuestiona : ¿Qué quedó de la guerra? Daños a la historia, daños a la moral, resistencias, dolor y sufrimiento de un pueblo pero a la vez retos, desafíos y la ansiosa búsqueda de la verdad como derecho del pueblo. Reconoce el valor de monseñor Romero y recalca su búsqueda de la justicia. Monseñor Romero decía: "El evangelio me impulsa a declarar la injusticia y estoy dispuesto a ir a la cárcel o a la muerte por hacerlo". La Comisión de la Verdad reveló cosas, que no se pueden simplemente olvidar, pues nuestro presente es fruto de nuestra historia.

6. Dra. Victoria de Avilés. Reconoció la labor concientizadora de monseñor Romero llamando al diálogo, a la paz y al cese de la injusticia. A través de nuestra historia se violaron los derechos de los ciudadanos; se les privó de la vida, hubieron masacres y secuestros que no pueden quedar impunes. El derecho a la verdad es un derecho colectivo.

7. Rodolfo Cardenal, S.J. En el informe de la verdad hay una deuda con la historia; historia y de la cual somos víctimas. Así no se logra una verdadera democracia ni reconciliación. "No se trata de venganza o revanchismo, sino de justicia".

Es triste pensar que aproximadamente a seis años después de finalizada la guerra civil, nuestro país siga siendo de los más violentos de América Latina, donde no hay respeto por la vida ni la dignidad humana. Todo esto es consecuencia de una guerra que nos dejó crisis económica, dolor y pobreza; guerra que terminó con la vida de más de 75 mil personas entre hombres, mujeres y niños que soñaban con algún día ver nuevos horizontes y construir un mejor El Salvador.

En 1992 se firmaron los mal llamados "acuerdos de paz", más bien acuerdos de cese al fuego pues nuestro pueblo no vive en un ambiente de paz; hoy hay más violencia, delincuencia y secuestros. De esta manera, han muerto aproximadamente 50 mil personas.

El aumento de la delincuencia es directamente proporcional al grado de impunidad que vivimos. Aún se siguen violando los derechos como en aquel tiempo les fueron violados a los jesuitas, a monseñor Romero y todos los que sufrieron y murieron en la guerra, pues no se les respetó su derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad (Art.2 Constitución Política) Como es derecho del pueblo el conocer su historia, se creó la Comisión de la Verdad; verdad aparente o verdad a medias donde falta parte de la realidad que esclarecer, donde los hechores de actos brutales de violencia, tanto de izquierda como de derecha, pueden descansar tranquilos bajo la ley de la amnistía sabiendo que sus actos han quedado impunes.

Hay que aplicar la ley y las sanciones sin excepciones de ninguna naturaleza, a quien ha cometido delitos y que simplemente han quedado impunes. No se puede edificar una verdadera libertad y democracia sobre cimientos falsos y de injusticias. El derecho a la verdad no caduca, pues la "paz" no sólo es perdón y olvido; es justicia, es reparación.

Debemos trabajar todos unidos como salvadoreños por un país de justicia y democracia, donde la vida tenga valor y se respeten nuestros derechos, y donde cumplamos los deberes que la ley nos establece.

La paz se logra a través del amor, de la justicia y de la libertad que cada salvadoreño esté dispuesto a aportar, para construir HOY un mejor futuro pues el pasado y la historia son la base del presente; presente para nuestros niños y jóvenes, que son parte fundamental en la sociedad.

La guerra que se sufrió en El Salvador durante la década pasada hizo estragos en la sociedad salvadoreña. Tuvimos cuantiosas pérdidas en infraestructura y medios de producción, además de incontables pérdidas humanas. De los acuerdos firmados en abril de 1991 surge la decisión de crear la Comisión de la Verdad, que tiene a su cargo la investigación de los graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador y su divulgación pública. Además, hace ciertas recomendaciones. Sin embargo es el pueblo salvadoreño a quien corresponden las decisiones fundamentales que conduzcan a la plenitud de la paz, para que sirvan de fundamento para construir una sociedad con justicia y democracia.

En el foro realizado en el auditorio "Ignacio Ellacuría" el 24 de marzo de 1998 intervino el señor Christian Tomuschat para hablarnos sobre "El estado actual del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala", y dijo que dicha Comisión de tres personas tiene por tarea esclarecer las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil, además de aportar un informe constituido por recomendaciones. Pero hay ciertas limitaciones en su trabajo: el número de comisionados, el tiempo, los responsables, ningún efecto jurídico y poca ayuda monetaria.

La Sra. Otilia de Coti habló de la estructura y funcionamiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala. Es una comisión mixta formada por un extranjero y dos guatemaltecos, constando de 14 oficinas con 200 miembros. Esa comisión lleva ya siete meses de trabajo, de un año de plazo.

El Dr. Rodolfo Mattarollo trató sobre "La impunidad y reparación frente al derecho internacional". La lucha contra la impunidad y reparación en América Latina y el Caribe ha sido muy dolorosa, por tanto abuso contra los derechos humanos de la población. Se realizó la Conferencia de los Derechos Humanos en Viena, en la que los estados se comprometieron a castigar a funcionarios que cometieran violencia contra los derechos humanos, dando los principios contra la impunidad de las Naciones Unidas y en favor del derecho a la verdad.

El tema de la Dra. Margareth Popkin fue: "La amnistía salvadoreña: una comparación con otras amnistías latinoamericanas". Habló del esfuerzo para reconocer a las víctimas de la guerra, y de retomar por medio de investigaciones y procesos penales las diferentes violaciones.

El Lic. Roberto Cuéllar nos habló de la reconciliación y la verdad. ¿Es posible? ¿Qué quedó de la guerra en El Salvador? Daño moral, resistencias que afloran en estos momentos; también quedó liderazgo para emprender la lucha por la verdad. ¿Es posible la reconciliación moral? Todo pasa por la justicia. El problema de los derechos humanos se puede ver desde el ayer, el hoy y el futuro; pero es el ayer el que está cargado de dolor. Llega a la reconciliación por medio de la verdad, el hacer justicia del ayer y saber lo verdadero.

La Dra. Victoria de Avilés habló sobre el estado actual de los derechos humanos en El Salvador. Los derechos humanos en el país han sido solamente para los "nobles" y, sin embargo, deben ser para todo ser humano. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos encontramos que se señala el desconocimiento a esos derechos, que han generado barbarie en contra de la humanidad. Aplicando eso, se dice que el desprecio a estos derechos ha sido la base del conflicto armado. Investigando esas violaciones, la Comisión de la Verdad las ha titulado "De la locura a la esperanza", informando que el derecho a la verdad es un derecho humano colectivo.

El Mtro. Rodolfo Cardenal señaló que la firma de la paz y la formación de la Comisión de la Verdad fueron la base en el descubrimiento de la verdad. El Salvador todavía tiene una deuda; esa verdad que no ha sido satisfecha. La verdad que se ha descubierto es una verdad que se ha querido olvidar, porque incomoda.

El Salvador al igual que otros países no podrá progresar satisfactoriamente mientras no se estudie y analice la verdad del pasado, comprobando así que un país progresa de acuerdo a su historia y su evolución. No obstante, podemos hablar de una democracia básicamente sustentada y aplicada de acuerdo a los intereses de los poderosos económicamente, por los grandes capitalistas y el sistema de gobierno. Y de esta manera, la verdadera democracia nunca será aplicada a los pobres: donde se respeten deberes y derechos de manera igualitaria y equitativa como ciudadanos. Mientras haya injusticia social, donde unos se enriquecen violando los derechos de los demás, habrá más pobreza, desempleo, ladronismo, criminalidad y conflictos sociales.

RATIFICAN. La Asamblea General Extraordinaria del partido ARENA eligió, el 29.03, por unanimidad, a Francisco Flores como candidato oficial a la presidencia para las elecciones del 99. El acto se realizó en el Gimnasio Nacional y en él participaron los miembros del COENA, 1500 delegados de todo el país con derecho a voto y unos 10 mil correligionarios que, a mano alzada, expresaron su apoyo a Flores. El Presidente Calderón Sol se refirió a la Asamblea como una demostración para los detractores del partido de la unidad y "la renovación profunda que vive internamente el partido". El presidente del COENA, Alfredo Cristiani, al igual que Calderón Sol, habló de esos detractores, y recordó que "los del FMLN decían que éramos un cadáver y que tenían todo listo para mudarse a Casa Presidencial", sentenciando, además, que " a Casa Presidencial [los efemelenistas] no llegarán jamás". Por su parte, Flores en su discurso pidió para sí un voto de confianza, y sostuvo que no ofrecería lo que no pudiera cumplir, al tiempo que anunció que viajará al interior del país para recoger las inquietudes de las bases y sectores del partido, con el fin de presentarlas dentro de su programa de gobierno. La consulta, según Flores, daría inicio, el 30.03, en el departamento de Morazán, "por ser el que tiene los índices de pobreza más severos del país". (LPG 30.03 p.4 y 5; DH 30.03 p.2, 3 y 6 ; DL 30.03 p.5).

RECHAZO. Los partidos Convergencia Democrática (CD), Demócrata Cristiano (PDC) y Conciliación Nacional (PCN) desmintieron, el 30.03, tener intenciones de establecer alianzas estratégicas con ARENA de cara a las elecciones del 99. Las declaraciones surgieron en respuesta a los comentarios que hicieran el presidente del Consejo Ejecutivo Nacionalista (COENA), Alfredo Cristiani, y el Presidente Calderón Sol, con respecto a pláticas avanzadas con aquellos partidos para establecer alianzas políticas. El mismo Cristiani habría propuesto al COENA que consideraran postular a Rubén Zamora, secretario general de la CD, como candidato a vicepresidente. "Las declaraciones de Cristiani son irresponsables, pues no se sustentan más que en la desesperación de oxigenar a su partido", afirmó Jorge Villacorta, diputado de CD. Por su parte, René Aguiluz, jefe de fracción del PDC, dijo que su partido estaba ocupado planeando el proyecto de la Unión Nacional Opositora (UNO), junto con la CD y el Partido Demócrata (PD), y que no consideraban, por el momento, ningún tipo de aproximación al partido oficial. El ex miembro de ARENA y actual directivo del PCN, Francisco Merino, negó rotundamente cualquier tipo de alianza con su antiguo partido, y recordó que el instituto político al que pertenece ahora siempre ha participado solo en las elecciones, e "incluso en las épocas más difíciles hemos tenido al menos 100 mil votos" (LPG 30.03 p.6 y 31.03 p.8; DH 31.03 p.11)

DESTITUCION. Los diputados que apoyan a Ronald Umaña como secretario general del Partido Demócrata Cristiano (PDC), solicitaron, el 23.03, la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para evaluar el trabajo del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eduardo Colindres. La iniciativa del grupo pedecista responde a la reciente disputa producida al interior del PDC, en la que Horacio Trujillo, correligionario retirado de las filas democristianas, ha reclamado el puesto de secretario general del partido. Con la comisión se pretende juzgar si existen razones suficientes para destituir a Colindres de su cargo en dicha institución, ya que su esposa pertenecería al grupo de "golpistas" dirigidos por Trujillo. El jefe de fracción del PDC, René Aguiluz, introdujo la pieza de correspondencia al pleno legislativo, y se dijo que contaba con el apoyo de los parlamentarios de ARENA y del PCN. "Colindres está actuando inmoralmente", dijo Aguiluz, pues no se ha exonerado de conocer los detalles de la disputa que hay entre Umaña y Trujillo. La petición tuvo eco en la Asamblea y la referida Comisión inició sus labores, el 30.03, anunciando que llamarían a Colindres para declarar en torno al conflicto del PDC. De los cinco diputados que conforman la comisión, ninguno es parte de la fracción pedecista de la Asamblea. (DH 24.03 p.6; DL 30.03 p.3; LPG 31.03 p.14).

INTERROGATORIO. El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, tendrán que comparecer ante las Comisiones del Interior y de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, para que aclaren las recientes irregularidades administrativas detectadas al interior de la PNC. Los miembros de la Comisión Legislativa tomaron la decisión de interrogar a los funcionarios, el 31.03, tras mantener varios días de debate en torno al tema. Dichas irregularidades tienen relación con la construcción de dos edificios del referido cuerpo de seguridad, con la compra de helicópteros y vehículos y con anomalías en el manejo de los talleres y la distribución de repuestos para la institución. Pero el punto más sensible a tratar se refiere a la entrega ilegal de 38 millones de colones en concepto de bonificaciones no determinadas, y que consta en la auditoría que la Corte de Cuentas realizó en 1995. El diputado del FMLN, Manuel Melgar, afirmó que, pese a las investigaciones que ya había hecho la Fiscalía General de la República, todavía quedan dudas sobre otras anomalías y por ello era necesario confrontar los datos en presencia de los diputados. Por su parte, Mauricio Aguilar, de ARENA, dijo que su partido veía la iniciativa como algo precipitado, puesto que no se podían adelantar juicios mientras la Corte Suprema no diera algún dictamen al respecto. (LPG 01.04 p.16; DH 25.03 p.8)

NEGOCIACIONES. El 24.03, los miembros del Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS) levantaron el paro de labores luego de una semana de haberse iniciado. Al segundo día de negociaciones entre el sindicato y la Comisión de Alto Nivel, los médicos acordaron reiniciar sus actividades normales. "Estamos dando una muestra de buena voluntad al levantar la suspensión de labores, sobre todo porque vamos a empezar a tratar el tema económico", expresó la secretaria de actas y acuerdos del SIMETRISSS, Evelin de Calderón. Según el Ministro de Trabajo, Eduardo Tomasino, la huelga fue suspendida debido a que ya se tienen acuerdos concretos y voluntad de resolver el problema. Los negociantes aseguraron que se han discutido 18 de las 22 demandas presentadas por SIMETRISS, habiéndose establecido 7 acuerdos, entre ellos: proveer al médico de los recursos necesarios para desarrollar su labor y revisar los procesos administrativos de la institución. Además, se acordó negociar, el 25.03, los acuerdos restantes, entre los cuales figura el tema de los aumentos salariales, considerado uno de los más importantes. "Vamos a tratar de establecer, en la medida de lo posible, que lo económico esté acorde con las exigencias que ellos plantearon en sus 22 demandas", dijo Tomasino. (LPG 25.03.98 p.4 y DH 25.03.98 p.2).

ESPINO. El 20.03 se inició, por órdenes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la tala de unos trescientos árboles en la Finca el Espino. Dicha tala obedece a la ampliación del bulevar Chiltiupán, que conectará a ciudad Merliot con la colonia San Benito. El 25.03, la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), acompañada de diputados del FMLN y del PLD, entregaron, a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de amparo contra la Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y el Servicio Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Según la organización ecológica, la OPAMSS autorizó la ejecución de la construcción de la carretera sobre El Espino y el MAG aprobó la tala de árboles. En la demanda presentada se pidió la suspensión del acto reclamado. Por su parte, el Presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, se comprometió a resolver, en el menor tiempo posible, las peticiones de los diputados y los ecologistas. Un día después, la Sala de lo Constitucional ordenó al MOP detener las operaciones hasta que la demanda fuese estudiada y se emita una sentencia definitiva. Los trabajos fueron suspendidos hasta el día 30, luego de que una comisión de la Corte Suprema se presentara en el lugar para notificar la decisión (DH 24.03.98 p.40, LPG 26.03.98 p.4, LPG 27.03.98 p.10, DH 31.03.98 p.39).