Año 18
número 802
abril 15
1998
ISSN 0259-9864
Editorial El Salvador que estamos dejando atrás
Economía Crecimiento económico y pobreza
Regional Prensa y gobierno enfrentados en Guatemala
Política Las audiencias en El Salvador, una farsa
Opinión Pública Los salvadoreños opinan sobre el sistema educativo y el
sistema de salud (I)
Derechos Humanos La hora de la verdad (I)
Desde el fracaso de la Federación hasta la llegada de Rafael Zaldívar al poder, en 1873, la vida socio-política de El Salvador estuvo marcada por fuertes conflictos —que generalmente desembocaban en enfrentamientos armados— entre conservadores y liberales. Uno de los ejes de la confrontación era la posición que asumían unos y otros ante la Iglesia y sus privilegios: mientras que los conservadores proclamaban la unidad indisoluble de los intereses de la nación con los intereses clericales, los liberales clamaban por la separación de ambos órdenes e, incluso, por la subordinación del orden religioso al orden civil. Detrás de esa pugna se encontraba una visión distinta de lo que debía ser la organización política de la sociedad y su gestión. Los conservadores apostaban por un ejercicio político fundado en el abolengo y la tradición; la política era patrimonio de aquellos que hereditariamente podían ejercerla. Los liberales anunciaban una nueva forma de hacer política: la gestión política no era asunto de herencia o tradición, sino cuestión de elección por votación popular. Es decir, el pueblo irrumpía con un derecho que le era inalienable: el derecho de elegir a sus gobernantes, los cuales legitimaban su ejercicio en el poder en virtud de este mandato popular, y no en virtud de un designio divino o por derecho sanguíneo.
Ahora bien, si en materia religiosa o en materia política las diferencias entre conservadores y liberales eran tajantes, en el plano económico las tensiones, sin dejar de ser más sutiles, no eran menos graves. El eje de disputa era la tierra, pero la concepción económica con respecto a la misma era distinta en unos y otros. Para los conservadores, lo importante era la gran propiedad señorial, en cuyos dominios ejercían su poder los grandes terratenientes. La gran propiedad, las caballerizas, el casco de la hacienda, daban la medida del poder de su propietario, siendo secundarias sus actividades productivas. Para los liberales, la tierra importaba en cuanto espacio de producción, en cuanto espacio para generar productos que pudieran ser comercializados y que dejaran ingresos a la hacienda pública. Los grandes dominios territoriales improductivos —orgullo de los conservadores— eran un sin sentido para los liberales, quienes no desaprovecharon oportunidad para introducir en ellos una dinámica de productividad, lo cual explica la importancia que asignaron varios de sus líderes al café.
Con la muerte de Gerardo Barrios, el liberalismo más radical cedió su paso a un liberalismo más moderado, al cual le fue fácil convivir con el conservadurismo. Ese acercamiento entre liberales y conservadores tenía dos ejes básicos: primero, la aceptación de que la tierra era la fuente privilegiada para enriquecerse; y, segundo, que la población indígena-campesina —sobre explotada y sin derechos de ninguna especie— era la fuente de la mano de obra necesaria para las tareas agrícolas. Sobre estas coincidencias básicas pudieron los liberales convivir con los conservadores, dando lugar a la conformación de los grupos oligárquicos que dominaron la vida económica y política de El Salvador desde las últimas tres décadas del siglo XIX hasta más allá de la segunda mitad del siglo XX.
De ese modo, en El Salvador, durante la últimas tres décadas del siglo XIX, se echaron las bases del orden económico y social que dominaría a lo largo de casi todo el siglo XX. El ejercicio político caracterizado por la elección de candidatos a la presidencia de entre las familias cafetaleras tuvo vigencia hasta 1931, pues con el golpe de Estado del General Maximiliano Hernández Martínez los militares asumieron la gestión del poder político. Sin embargo, la dinámica de la economía fue regida por los intereses de los cafetaleros hasta bien entrados los años 70, cuando, en el marco de una conflictividad socio-política sin precedentes en el agro, los sectores industriales y financieros comenzaron a asumir protagonismo en la conducción de la economía nacional. Es recién en las décadas de los 80 y los 90 que el café perdió su lugar como uno de los ejes fundamentales de la economía salvadoreña.
A la par de un orden económico centrado en la producción-exportación de café, en las últimas tres décadas del siglo XIX se incubó un orden social excluyente y marginalizador de los sectores mayoritarios de la población. La pobreza y el deterioro creciente de las condiciones de vida en el campo fueron los resultados más palpables de la implantación de la lógica cafetalera iniciada por Zaldívar y continuada por sus sucesores. El descontento y el malestar campesino-indígena fueron contenidos por la violencia estatal, que se convirtió en un componente imprescindible del ejercicio de la autoridad estatal.
A la violencia estructural, cuya fuente estaba en la exclusión socio-económica de la mayor parte de la población, se sumó la violencia institucional, componente necesario de un control social siempre huérfano de legitimidad. Este fue El Salvador que nació a finales del siglo XIX y se consolidó durante las primeras tres décadas del siglo XX. Este es El Salvador que comenzó a dejarse atrás a partir de 1979, con el golpe de Estado de octubre de ese año. En 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz, se establecieron los cimientos de un nuevo orden político, desde el cual va a ser posible transitar hacia un nuevo orden económico. El primero todavía está en ciernes; el segundo es un desafío ineludible para el próximo siglo.
Uno de los aspectos más destacables de la evolución de la pobreza en El Salvador durante la década de 1990 ha sido una marcada tendencia hacia su reducción. Así, datos del ex Ministerio de Planificación revelan que, entre los años 1990 y 1995, la pobreza total se habría reducido, lo cual estaría en consonancia con las altas tasas de crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica experimentadas entre los mismos años. Sin embargo, la situación se vuelve incongruente para 1996, cuando tanto la pobreza como la producción se incrementan, cuestionando el supuesto efecto bondadoso del crecimiento sobre el bienestar social.
Aun ignorando los cuestionamientos a la elaboración de las cifras de la pobreza —aplicables tanto al cálculo de la canasta básica como al de los ingresos familiares—, resulta destacable que, para 1996, la primera disminuyó substancialmente. Al menos de acuerdo a datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), basados, aparentemente, en cifras oficiales. Si consideramos las críticas a la metodología empleada para el cálculo de la pobreza tendríamos que, en realidad, los datos oficiales sobre la pobreza están altamente subestimados.
Una primera interrogante surge al examinar la forma en la que se ha calculado la canasta básica (Proceso, 531), pues se considera que puede existir subestimación de su costo y, consecuentemente, del nivel de pobreza. Un segundo punto discutible deriva de la inclusión, a partir de 1993, de las remesas dentro de los ingresos familiares (Proceso, 635), lo cual ha tenido como efecto una disminución automática del porcentaje de familias pobres.
El incremento de la pobreza para 1996 ha venido a romper la tendencia contractiva que había predominado a lo largo de la década y, al mismo tiempo, ha levantado dudas razonables sobre la verdadera relación entre crecimiento económico, salarios, ingresos y pobreza. Si consideramos que, para 1996, la economía habría crecido en un 3% —lo cual implica, al menos teóricamente, mayor generación de empleo e ingresos—, resulta difícil de explicar el crecimiento de la pobreza durante ese año, salvo si se pone en duda la capacidad de la economía de generar empleo e ingresos. En este contexto, es importante revisar el comportamiento reciente de la pobreza para contrastarlo con la "bonanza económica" de la que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, estaría gozando el país.
Para examinar la pobreza en la década de 1990 conviene dividir el periodo en dos etapas: la etapa contractiva (1990-1995) y la expansiva (a partir de 1996). Durante la primera, la pobreza disminuyó notablemente. Entre los datos de 1991/92 y los de 1995, la pobreza habría pasado desde un nivel de 59.7% hasta otro de 47.7%. Las mayores reducciones se experimentaron entre los datos de 1992/93, 1994 y 1995. Es importante destacar aquí que, aún para 1995, cuando se experimentó una importante contracción de la tasa de crecimiento económico, la pobreza se redujo más que en años de mayor crecimiento. Entre 1994 y 1995, la pobreza total pasó de 52.4% a 47.7%, lo cual implica una reducción de casi 5 puntos porcentuales.
Si consideramos la dinámica de los componentes de la pobreza total (pobreza absoluta y relativa), podemos observar que la que más disminuyó en la etapa contractiva fue la pobreza extrema —la cual se define por la imposibilidad de adquirir al menos la canasta básica de alimentos necesaria para la subsistencia de una familia promedio. La pobreza relativa —definida por la incapacidad de adquirir la canasta básica ampliada— también experimentó reducciones, aunque no en la misma cuantía que la experimentada por la pobreza absoluta, tal como muestra el cuadro que se anexa.
En cambio, entre 1995 y 1996, la dinámica fue totalmente diferente: la pobreza extrema pasó de 18.3% a 21.6% y la pobreza relativa de 29.4% a 30.3%. La pobreza total pasó de 47.7% a 51.1%; es decir, experimentó un incremento de más de 3 puntos porcentuales. En el área rural la pobreza es un problema de mayores dimensiones, pues se estima que para 1996 llegó a alcanzar hasta un 64% de los hogares.
Lo anterior sugiere que crecimiento económico no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza. Ni siquiera se traduce en mayor empleo de forma inequívoca; en efecto, durante varios años de esta década, la tasa de desempleo no se ha incrementado, sino más bien ha disminuido. Por ejemplo, entre 1996 y 1997, el crecimiento económico no impidió que el desempleo pasara de 9.7% a 10%. Lo cual, al mismo tiempo, sugiere que la pobreza no tiene relación con el crecimiento ni con los ingresos.
Una revisión de los salarios e ingresos reales para la década de 1990 muestra que éstos se han deteriorado a lo largo de la misma, aunque en mucho mayor cuantía a partir de 1995, año desde el cual se estancaron los incrementos de los salarios mínimos, reconsiderados nuevamente hasta 1998. Paradójicamente, pese a que el poder adquisitivo de la población decayó, hasta 1995 la pobreza disminuyó, sugiriendo una relación contraria entre aquél y esta última.
El tipo de crecimiento económico, por estar concentrado en actividades terciarias, presenta baja capacidad de generar empleo productivo y de mejorar los niveles de ingreso de la mayoría de la población. Esto resulta más evidente en el caso del sector agropecuario, en el cual los volúmenes de producción se han reducido afectando a la población rural. De acuerdo al PNUD, la permanencia de la pobreza rural reseñada arriba, se debe a que "los pobres rurales no se han beneficiado del dinamismo global de la economía debido a que la mayoría de ellos trabajan en el sector agropecuario. Este sector ha tenido un dinamismo marcadamente menor que el resto de la economía".
El comportamiento de la pobreza en los últimos años no ha guardado relación con el comportamiento de la economía, especialmente para el año de 1996, cuando, pese al crecimiento económico, se experimentó un incremento de la pobreza. Los ingresos y salarios reales tampoco presentan mayor capacidad explicativa, pues, aunque se han reducido, los datos oficiales muestran que la pobreza —lejos de incrementarse— también se ha reducido.
Las incongruencias entre las diversas variables examinadas muestran que en el cálculo de la pobreza existen elementos diferentes a los ingresos y al costo de la canasta básica, a los cuales no se les está prestando la debida atención. En todo caso, el alto nivel de la pobreza y su persistencia ,justifican el diseño e implementación de una estrategia antipobreza que no parta de la premisa de que mayor crecimiento se traduce automáticamente en mayor bienestar social y menor pobreza.
EVOLUCION DE LA POBREZA
(TOTAL DEL PAIS Y PORCENTAJES)
|
Año |
Extrema |
Relativa |
Total |
No pobres |
|
1991/92 |
28.2 |
31.5 |
59.7 |
40.3 |
|
1992/93 |
27.0 |
30.5 |
57.5 |
42.5 |
|
1994 |
23.9 |
28.5 |
52.4 |
47.6 |
|
1995 |
18.3 |
29.4 |
47.7 |
52.3 |
|
1996 |
21.6 |
30.3 |
51.1 |
48.1 |
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Tomado de: El Diario de Hoy, jueves 9 de abril de 1998.
Una vez más, la vieja guardia gubernamental se alzó en contra de los medios informativos independientes en Guatemala. A finales del mes de marzo, representantes del semanario de análisis político Crónica anunciaron el casi inminente cierre de la revista a causa de presiones económicas, supuestamente impulsadas por el presidente Alvaro Arzú, sobre los patrocinadores que habían contribuido a la estabilidad de ese medio. Francisco Pérez de Antón, propietario de la revista, dijo que el cierre de publicaciones se había pospuesto un mes, debido al creciente apoyo que había recibido de los demás medios informativos del país, de la sociedad civil y de algunos partidos políticos locales.
La controversia provocó un enfrentamiento verbal entre el mandatario y el procurador de los derechos humanos, Julio Arango, cuando este último hiciera una fuerte condena a Arzú por violar el derecho a la libre expresión de pensamiento, contemplado en la Carta Magna de Guatemala. Arzú declaró que el funcionario había incurrido en falsedades al acusarlo. Este duelo político se vio acentuado cuando ocho diputados del oficialista Partido de Avanzada Nacional (PAN) solicitaron la renuncia del procurador, por lo que consideraron una acusación sin pruebas sólidas.
Aunque no es la primera vez que se registra un conflicto de este tipo en el vecino país, el manejo que le ha dado el Presidente Arzú a la situación no le está dando los frutos que él desearía. Por lo general, los representantes del gobierno han respondido a los choques con los medios informativos locales con una buena dosis de indiferencia. Pero ni aun así el mandatario pudo evitar que se filtraran los temas que han sido su dolor de cabeza en estos dos años de gobierno: los derechos humanos y la seguridad pública. De hecho, el gran problema de la administración Arzú con la prensa independiente no tiene que ver tanto con la ética y la necesaria regulación de la cobertura informativa --que aspiró implementar en su primer año de gobierno—como con la clara contradicción que existe entre las promesas que hace y los resultados que la prensa difunde.
En el fondo de la discusión se encuentra esa disyuntiva entre los hechos constatables, cuyo patrimonio está en manos de la prensa independiente, y la versión oficial de los mismos. Desde que Arzú se adjudicó un punto a su favor con la firma de los Acuerdos de Paz, la meta subyacente en su discurso es la de reforzar la idea de que su gobierno cumple a cabalidad con la aspiración fundamental de la negociación: mejorar las condiciones de vida de la población. Esta es una actitud lógica desde el punto de vista de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. En nuestro país, por ejemplo, la finalización del conflicto por la vía del diálogo durante el período de Cristiani representó grandes posibilidades para que el partido ARENA tomara las riendas del proceso de transición y lo encauzara en función de los intereses sectoriales que representaba. Entonces, no es de extrañar que el PAN tienda a ver los logros de la negociación y del proceso de pacificación de Guatemala como la garantía de continuar en el poder ejecutivo durante un período más.
El problema que ha enfrentado Arzú en esta coyuntura es la elevación de los índices de violencia e inseguridad en el país, los cuales han representado uno de los más fuertes obstáculos para mantener una imagen estable del mismo frente a la población. Tal vez la situación no se habría vuelto tan complicada para el mandatario si los medios informativos independientes no se hubieran dedicado a resaltar las "derrotas" del gobierno a partir de las promesas que había hecho y de los programas que se proponía implementar. A esto habría que sumar la poca capacidad que ha demostrado Arzú para manejar a la prensa --en una ocasión, el mandatario afirmó que se negaría a brindar declaraciones improvisadas a los medios, aduciendo la falta de profesionalismo de estos.
La información que ofrecen los mass media guatemaltecos —sobre los estados de violencia y sobre las constantes violaciones a los derechos humanos— socava la imagen del país que los personeros del gobierno han tratado de difundir a la opinión pública internacional. En el último informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el canciller guatemalteco, Eduardo Stein, se hizo hincapié en el notable avance en el respeto a los derechos humanos logrado gracias al esfuerzo de Arzú.
En este sentido, el gobierno ha puesto grandes expectativas en el noticiero televisivo Avances, duramente criticado por favorecer en su información a la administración del PAN. Dicho informativo se caracteriza por resaltar aquello que Arzú ha reclamado a los demás medios locales: las respuestas que su gobierno está dando a los problemas nacionales. Es claro, con esto, que el gobierno ha entendido la importancia de tener a su favor los medios informativos locales, pero también es un hecho su incapacidad para hacer frente a la tradición de periodismo independiente del país. En primer lugar, porque alimentando un noticiero como Avances muy poco se contribuye a afianzar la "responsabilidad" y el "profesionalismo" que se exige de los medios de comunicación. A lo único que se podría aspirar con ello es a calmar su conciencia contrarrestando la "agresión" de la prensa con la creación de un medio informativo afín a los intereses gubernamentales. En segundo lugar, porque el establecimiento de un noticiero pro-gubernamental tampoco ha servido para que el gobierno se apegue a la ley para contrarrestar el efecto negativo que le producen las críticas de los medios. Recordemos que Arzú se negó a colaborar durante una investigación oficial sobre propaganda política ilegal presente en la transmisión de Avances.
En este sentido, el colapso del semanario Crónica ha venido a confirmar los rumores que se habían levantado en torno a los procedimientos que el gobierno de Arzú habría adoptado para someter a la prensa independiente a sus disposiciones. En la planeación del "cerco económico" que ha caído sobre algunos de los más importantes medios informativos guatemaltecos podría haber participado el mandatario, lo cual supondría que en las altas esferas políticas del país no se han abandonado del todo los métodos represivos. No era la primera vez que se culpaba al Presidente de confabular con la empresa privada para deshacerse de aquellos que mantuvieran su afán crítico sobre las políticas gubernamentales. En 1997, el director y muchos de los trabajadores del noticiero televisivo Notisiete fueron despedidos bajo supuestas presiones gubernamentales. Puede que con estas acciones el gobierno se sacuda la molestia de ciertas figuras importantes en el área de la prensa, pero no por ello se escapa de enfrentarse a lo que podría convertirse en un movimiento nacional de rechazo hacia el mandatario y sus políticas.
Una reacción de ese tipo no estaría lejos de fraguarse, siempre y cuando los medios informativos que se ven amenazados por la intolerancia del gobierno tomen la iniciativa; aunque no hay que ignorar que la verdadera batalla ya la están dando desde el terreno de la información. Mucho se ha hablado ya de la "heroica" función fiscalizadora de los medios sobre el funcionamiento del aparato estatal; tal vez sea más importante señalar que el fundamento de toda crítica hacia el accionar del gobierno responde a que no se reciben los frutos deseados de su trabajo. Igualmente, si se trata de establecer la imagen de una nación que transita del caos de la guerra a la esperanza de la pacificación y la democratización sostenida y eficaz, ello debe encontrar su fundamento en los hechos reales que lo demuestren, no sólo a la opinión pública internacional, sino a la población misma. Si el trabajo de los medios informativos independientes ha consistido en descubrir esos hechos que demuestran insuficiencias vitales para el proceso de pacificación en Guatemala, se les debería tomar la palabra para corregir aquello que ponga en peligro la estabilidad de esa nación.
En la Asamblea Legislativa, las audiencias han sido utilizadas como un instrumento para sondear en la opinión pública sobre un área polémica, a fin de retrasar la emisión de un dictamen. Por ejemplo, la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Salud Pública difundió campos pagados en los principales diarios del país en los que informaba que la consulta sobre el proyecto de ley del Ambiente era "la más amplia consulta de una ley que se ha hecho en El Salvador", y que había producido "6000 ejemplares" del proyecto para consultar a todos los sectores sociales de los 14 Departamentos del país, para "obtener como resultados una Ley del Ambiente de amplia aceptación por todos los sectores de la sociedad".
Los miembros de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Salud Pública habían estado realizando audiencias desde 1995 y fue hasta el 2 de marzo de 1998 que se aprobó dicha ley en sesión plenaria; la tardanza se debió, principalmente, a la oligarquía y a las presiones de los grupos de poder económico y político. En el contexto de esta lógica antidemocrática y antinacional se circunscribió la férrea oposición contra la ley del medio ambiente, la cual tuvo como principales actores al partido ARENA, a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y a la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Según el CESTA, "El gran capital ha reaccionado en los últimos días ante lo que ellos consideran inaceptable: que sus fuertes ganancias puedan verse un poco reducidas si se aprueba una ley que norme el uso de los recursos naturales.
Cuando se busca racionalizar el uso de los recursos con la promulgación de una ley, el gran capital moviliza sus instituciones como CASALCO, ANEP, FUSADES y la CÁMARA DE COMERCIO para engañar a la población y hacerle creer que la ley va a detener el progreso. Como parte de esta estrategia, uno de los peones del gran capital, el Lic. Roberto Vidales, de FUSADES, logró manipular y poner en boca de la Federación de Asociaciones de Abogados que la ley viola principios constitucionales".
Por otro lado, pero siempre en este mismo orden, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), que agrupa a la Federación Unión General de los Trabajadores Salvadoreños (FUGTS), a la Federación Sindical de Trabajadores de El Salvador (FESTRAES) y a la Federación Sindical de Trabajadores Independientes del Comercio de El Salvador (FESTICES), ante la práctica autoritaria e inconsulta del partido ARENA y de sus partidos satélites para aprobar leyes antipopulares, se pronunció públicamente en los términos siguientes: "se observa mucha desesperación en el partido oficial cuando en la Asamblea Legislativa se empecinan en promulgar leyes al estilo "maquila", sin tener la más mínima capacidad de consultar con los sectores que serán afectados con dichas leyes y, más grave aún, atropellando nuestra Constitución Política, ejemplo de esto son la nueva Ley de Telecomunicaciones y las reformas a la Ley de Pensiones ".
Esta denuncia planteada por el sector laboral salvadoreño formó parte de las que formularon diferentes sectores de la sociedad del país. Incluso los partidos políticos que integran las fracciones legislativas de oposición habían condenado esta costumbre histórica de la derecha salvadoreña, particularmente con la aprobación de la Ley para la Privatización de ANTEL, de la forma siguiente: "en la última plenaria, fue aprobada la Ley para la Privatización de ANTEL, la cual ingresó al Órgano Legislativo apenas siete días antes y examinada en la Comisión de Economía por un tiempo de apenas 2 horas, la cual no fue consultada a ningún sector de la sociedad y tampoco emanó dictamen alguno de esa reunión de la Comisión. Todas las propuestas para realizar un verdadero estudio de una ley de tan grande transcendencia, fueron rechazadas y la ley fue aprobada de un modo atropellado".
Los diputados miembros del Comité Técnico de la Asamblea Legislativa de El Salvador, realizaron un viaje, en junio de 1993, para conocer el funcionamiento de los Congresos de Texas, Carolina del Norte, Maryland y Washington y descubrieron varios elementos, entre ellos: que las audiencias públicas, por ejemplo, en el Congreso de Texas "se convocan con cinco días de anticipación, en ella se escuchan a todas las personas interesadas en determinado proyecto de ley para conocer opiniones".
El costo económico de las leyes
En El Salvador se aprueban las leyes sin antes realizar el más mínimo estudio de lo que implicará su ejecución y sin llevar a cabo un cálculo rudimentario o elemental del costo que tendrán.
La Asamblea Legislativa aprobó un Código Penal (26-04-97), un Código Procesal Penal y una Ley Penitenciaria (24-04-1997) que, supuestamente, entrarían en vigencia el 20 de enero de 1998. Según un informe realizado por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia —Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Procuraduría General de la República—, denominado "Implantación del Nuevo Código Procesal Penal" en la República de El Salvador, fechado el 30 de abril de 1997, únicamente para ejecutar el Código Procesal Penal se necesitaría una suma millonaria de colones.
De igual manera, aprobaron la reforma a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES), que consiste, según el FUCAD, en asignar a las 262 alcaldías del país el "seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho", que equivale más o menos a 728 millones de colones, sin cerciorarse de que las municipalidades tuvieran idóneos "sistemas y controles contables para rendir cuentas adecuadas". La reforma a la ley del FODES incluso fue ratificada, el 2 de Octubre de 1997, por la mayoría de los diputados, para superar las observaciones que le hizo ese mismo mes el Presidente Calderón Sol, siendo la medular de entre ellas aportar a las alcaldías únicamente el tres por ciento del presupuesto; es decir, 330 millones de colones.
El proyecto de ley del presupuesto de la nación le fue entregado, por el Ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, a la Asamblea Legislativa, en septiembre de 1997, con un "hueco"; es decir, que no existían las fuentes de ingreso de los 728 millones de colones para las alcaldías ni los 330 millones para ejecutar los códigos y la ley penitenciaria. "El ministro [de Hacienda] alegó ante el Órgano Legislativo que ignoraba los montos posibles de la Reforma Modernizadora del Sistema Penal porque la Corte Suprema de Justicia había enviado a última hora su presupuesto y que el monto presentado era, además, la causa del desbalance.
Sin embargo, hemos conocido documentos oficiales que demuestran que desde el siete de marzo del año anterior (1997), el señor Ministro conocía esos datos. Confirmándose que faltó a la verdad frente al Órgano Legislativo ".
Los diputados pasaron desde septiembre hasta diciembre haciendo rudimentarias elucubraciones, sin llegar a ponerse de acuerdo ni descubrir las fuentes de financiamiento para ejecutar las leyes. Terminó el año y los diputados no aprobaron el presupuesto, porque no encontraron con qué rellenar el "hueco" y, 1998, comenzó con el presupuesto de 1997, lo cual generó múltiples inconvenientes e incertidumbre entre la población.
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Colaboración de Oscar Martínez Peñate, Departamento de Sociología y Ciencia Políticas
En el mes de noviembre de 1997, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA condujo una encuesta de opinión pública para conocer la valoración que los ciudadanos salvadoreños hacen del sistema educativo y del sistema de salud del país. La pesquisa, que fue realizada con una muestra nacional de 1,202 adultos de zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la república, y con un error muestral del más o menos 4 por ciento, reveló que los ciudadanos tienen una impresión más positiva del sistema de educación que del sistema de salud en el país. En esta entrega se presentan algunos de los resultados más importantes sobre el sistema educativo.
La encuesta abrió con una evaluación general del Ministerio de Educación (MINED). El 73.8 por ciento de los consultados opinó que el desempeño del MINED ha sido bueno o muy bueno en el año pasado, un 7.4 por ciento sostuvo que el trabajo ha sido más bien regular y un 12.4 por ciento evaluó de manera negativa la labor de dicho ministerio. Consultados sobre la calidad de educación que se brinda actualmente en el país, el 65.4 por ciento de los ciudadanos dijo que es buena o muy buena, casi una cuarta parte (24.4 por ciento) considera que es mala o muy mala y sólo un 7.5 por ciento la valora como regular. Asimismo, los entrevistados opinaron sobre el interés que el gobierno ha mostrado por resolver los problemas educativos. Más de la mitad —el 57.8 por ciento— sostuvo que la administración Calderón Sol se interesa algo o mucho por las dificultades de educación y un poco más de la tercera parte —35.6 por ciento— señaló que el interés del gobierno por la educación es poco o nulo.
De acuerdo al 26.6 por ciento de la ciudadanía, el principal problema que enfrenta la educación en la actualidad es el alto costo de ésta, el 13.5 por ciento mencionó la falta de capacitación de los docentes, un porcentaje similar señaló la falta de escuelas y un 11.8 por ciento dijo que existe mucha indisciplina entre los escolares. Otros problemas citados fueron: falta de recursos del sector, programas inadecuados, falta de educación cívica y moral y la pérdida de tiempo. En esta misma línea, los datos revelaron además que la preocupación sobre el alto costo de la educación es mayor entre los estratos socioeconómicos más bajos. En tal sentido, se pidió a la población que señalara qué es lo que debería hacer el MINED para mejorar el sistema educativo. Entre las respuestas más frecuentes se tienen: aumentar y mejorar a los maestros (32.7 por ciento), abrir más escuelas (30 por ciento) y cambiar los métodos de enseñanza (10.6 por ciento), entre otras medidas.
Consultados sobre el rubro que resulta más caro en el ámbito de la educación familiar, cuatro de cada diez salvadoreños afirmaron que la escolaridad —las cuotas escolares— es lo que resulta más caro, dos de esos diez dijeron que son los útiles escolares y uno de esos diez aseguró que lo más elevado es la alimentación. Otros afirmaron que lo más costoso eran los uniformes, el transporte y otros aspectos.
En un afán por medir la percepción de los ciudadanos sobre los diferentes tipos de centros educativos se pidió que compararan la educación pública con la privada. Para el 43.6 por ciento, la educación que le parece de mejor calidad es la privada; mientras que el 27.8 por ciento prefiere los centros escolares de carácter público y prácticamente una quinta parte de los consultados no encuentra diferencia entre ambas.
Otro punto que se abordó en el sondeo realizado por el IUDOP fue la valoración sobre lo que debe enfatizarse más en la enseñanza. El 36.4 por ciento de los entrevistados opina que debe prepararse a las personas para la vida, el 16.7 por ciento considera que debe de enseñárseles a pensar, un 12.6 por ciento dijo que se les debe preparar para la universidad, el 9.4 por ciento cree que se debe poner más énfasis en resolver problemas y un porcentaje parecido piensa que es necesario formar la personalidad de los estudiantes.
Dentro del esfuerzo por explorar la opinión que la ciudadanía tiene de diversas actividades realizadas por el MINED, se dedicó especial atención a algunos aspectos de la reforma educativa impulsada por dicho ministerio. En primer lugar, el sondeo reveló que un poco más de la mitad de los salvadoreños, el 55.6 por ciento, tiene conocimiento de la reforma de educación en el país. En segundo lugar, tres cuartas partes de los que poseen conocimiento de la reforma opinan que ésta servirá algo o mucho para mejorar la educación en nuestro país y un 19.8 por ciento considera que su utilidad será poca o ninguna. Es más, prácticamente en las mismas proporciones, las personas consultadas piensan que con la reforma educativa más gente tendrá acceso a la educación (75.7 por ciento) y un 17.6 por ciento opina lo contrario. En general, la percepción de la reforma educativa por parte de la población salvadoreña —al menos de aquélla que está enterada de la misma— es bastante positiva.
El sondeo aprovechó para evaluar algunas de las iniciativas particulares que están enmarcadas dentro de la reforma educativa. El Programa EDUCO o la PAES, por ejemplo. Respecto al Programa EDUCO, los resultados de la encuesta muestran que buena parte de la población (71.6 por ciento) sí conoce o ha oído hablar del programa y un 28.4 por ciento manifestó no estar enterado. Preguntados sobre la forma en que ha funcionado dicho programa, el 77.1 por ciento, es decir, casi 8 de cada 10 personas que dijeron estar al tanto del desarrollo de EDUCO consideraron que ha funcionado bien o muy bien, el 9.2 por ciento manifestó que regular, sólo un 3.4 por ciento dijo que mal o muy mal y un 10.3 por ciento no quiso dar su opinión acerca de cómo ha marchado ese proyecto. Por otro lado, el sondeo fue realizado a escasos días de haberse llevado a cabo la Prueba de Aprendizaje para Egresados de Educación Secundaria (PAES) y se preguntó sobre la misma. Los resultados revelaron que más de la mitad de los entrevistados (55.9 por ciento) estaba algo o muy de acuerdo con la realización de la PAES; mientras que sólo el 11.9 por ciento dijo estar algo o muy en desacuerdo con la prueba de aprendizaje y el 23.1 por ciento prefirió no dar su opinión porque no había conocido la prueba.
Un dato interesante que arrojó la pesquisa de la UCA es el que se refiere a la visión sobre lo que influye más en la formación de los valores de la juventud. Según la encuesta, más de la mitad de los ciudadanos (51.8 por ciento) considera que es la familia la que determina los valores en los jóvenes, casi una cuarta parte (23.9 por ciento) cree que los medios de comunicación son los que juegan un papel decisivo a este nivel, un 18.7 por ciento señala a la escuela como principal formadora de los valores, un 1.5 por ciento piensa que todos juegan el mismo papel y un 4.1 por ciento no supo dar su opinión.
En síntesis, la encuesta mostró que los ciudadanos salvadoreños tienen una opinión bastante positiva sobre el sistema educativo, sobre el MINED y sobre algunas políticas que impulsa éste. Aunque en diversos ítems de la encuesta traslució la preocupación de los consultados por el costo de la educación y por la necesidad de mejorar la calidad de los educadores y de la infraestructura de la misma, en términos generales los salvadoreños ven con muy buenos ojos los esfuerzos en este campo.
Quisieron esconderla, enterrarla o desterrarla del país... Para ello, decretaron una amnistía general sumamente cuestionada y apelaron a "la necesidad de cuidar el proceso salvadoreño" para que nadie insistiera en el tema, so pena de verse señalado públicamente como "desestabilizador" o "antisistema". Pero por muchos intentos que hicieron, no lograron su objetivo y la verdad ahora --quiéranlo o no-- comienza a surgir acusando a quienes siguen siendo responsables de graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas y crímenes contra la humanidad ocurridos en nuestro país, pero también reivindicando la honorabilidad de sus víctimas. Y esto está sucediendo a cinco años de la presentación del informe elaborado por la llamada Comisión de la Verdad, cuyo destino bien pudo haber sido el de los fríos archivos de los organismos humanitarios nacionales e internacionales, de no ser por la justa terquedad de éstos actuando como representantes de la gente humilde y anónima que tanto sufrió a causa de tales hechos.
A principios de diciembre de 1997, se anunció la creación del Comité Pro Memoria Histórica como el espacio para aglutinar los esfuerzos de diversos grupos defensores de los derechos humanos y organismos de familiares de personas detenidas-desaparecidas; en enero del año en curso, en el Parque Cuscatlán de San Salvador se colocó la primera piedra de lo que --muy pronto-- será el monumento a las víctimas civiles de la guerra y la violencia política; y en marzo se celebró con éxito el Festival "Verdad 98". Son esas, tres de las actividades más importantes desarrolladas últimamente para ubicar nuevamente el tema en la agenda nacional; pero, además, hay un hecho que ha venido a elevar el nivel del debate en torno al mismo: las revelaciones recientes sobre un caso que tuvo lugar a principios de la década pasada.
Según el importante periódico "The New York Times", cuatro ex guardias nacionales convictos por el asesinato de tres monjas estadounidenses y una trabajadora laica en El Salvador a finales de 1980, rompieron --hace unos días—más de diecisiete años de silencio y hablaron sobre los hechos. Desde la cárcel donde actualmente se encuentran, afirmaron lo que era "un secreto a voces": que ellos actuaron sólo después de recibir "órdenes de arriba". Tras el martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y en medio del baño de sangre al que estaba siendo sometida entonces la población salvadoreña, la violación y el asesinato de estas cuatro mujeres sacudió la conciencia del mundo; sin embargo, no fue suficiente para detener los graves hechos de violencia y las prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos que estaban ocurriendo, ni logró evitar el desencadenamiento de la guerra.
Y es que en esa época, las fanáticas y ciegas fuerzas de la brutalidad irracional motivada políticamente se pasearon por todo el país, arremetiendo hasta con lo más sagrado y sin que nada ni nadie pudiese impedirlo; para ello, contaron con una enorme aliada: la mentira, ya sea a través del encubrimiento institucional o --quizás en menor grado-- del anonimato y la desinformación propias de las tácticas guerrilleras. Pero --parafraseando a Milanés-- "el tiempo, el implacable, el que pasó..." comienza ahora a descorrer el manto que le quisieron echar a la horripilante tragedia vivida por nuestro pueblo. Ese manto fue tendido por aquellos que --sabedores de su responsabilidad-- compraron plumas y micrófonos, ocuparon el Parlamento y las leyes, aprovecharon sus alianzas foráneas y las tribunas internacionales para pretender quedar impunes y dedicarse a gozar --en el exterior o dentro del país-- los frutos de sus vilezas. Pobres ilusos pues --como decía San Romero de América-- "para la verdad, el tiempo; y para la justicia, la Divina".
Los elementos que ahora aportan los ex guardias condenados por la masacre de las religiosas estadounidenses, se convierten en un rotundo no a la versión que siempre dieron el gobierno de El Salvador y la Casa Blanca: que las Fuerzas Armadas y el régimen de aquel entonces no tuvieron nada que ver en el caso, pues los autores materiales actuaron por cuenta propia como simples delincuentes comunes. Estos nuevos datos apoyan la convicción que desde un principio tuvieron los organismos de derechos humanos y la Comisión de la Verdad, así como lo sostenido por el entonces embajador de la Casa Blanca en El Salvador, señor Robert White: que los guardias actuaron "porque alguien de arriba se los ordenó".
Las monjas Maura Clarke, Ita Ford y Dorothy Kazel --de las congregaciones Maryknoll y Ursulina-- junto a la laica Jean Donovan, fueron secuestradas, violadas y ejecutadas el 2 de diciembre de 1980. Uno de los guardias presos por el crimen expicó en las recientes declaraciones que su superior, un sub sargento de nombre Luis Antonio Colindres Alemán, dijo al grupo: "No hay que preocuparse; esta es una orden que viene de niveles más altos y nada va a pasar con nosotros." Pero no fue así; los capturaron y condenaron a treinta años de prisión, sin que los autores intelectuales ni sus protectores rindieran cuentas ante la justicia.
Sin embargo, después de hacer su propia investigación, la Comisión de la Verdad concluyó e informó en marzo de 1993 que el coronel Carlos Eugenio Vides Casanova --director de la Guardia Nacional en 1980-- y el general José Guillermo García --ministro de la Defensa en aquel tiempo-- organizaron el encubrimiento oficial alrededor del caso. Los dos viven hoy en Florida, Estados Unidos, y más temprano que tarde el largo brazo de la justicia los alcanzará hasta donde se encuentran como también lo debe hacer con tantos que igualmente robaron, mataron y mintieron para satisfacer sus intereses particulares y los de los grupos de poder que los patrocinaron.
Vacaciones violentas
El domingo 12 de abril finalizó la Semana Santa, tiempo de reflexión en el cual se conmemora la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero parece ser que en los países centroamericanos y sobre todo en El Salvador, este espacio para la meditación y los buenos propósitos se ha transformado en una época donde el llanto y el dolor de muchas familias se recrudece, debido a la pérdida de sus seres queridos en distintas circunstancias. Según datos proporcionados por el Comité de Emergencia Nacional (COEN), en nuestra tierra --durante la temporada de vacaciones-- fallecieron más de 300 personas y otras mil quinientas resultaron heridas. De las víctimas mortales, 75 perecieron por agresiones provocadas con arma de fuego y arma blanca. Así también, otras 53 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito.
Con mucha razón, el director del COEN declaró al final de la tarde del domingo 12 que estas cifras eran alarmantes; y es que ellas reflejan que este año la situación de violencia y muerte --lejos de mejorar-- continuó empeorando, pues se reportaron 74 víctimas mortales más que el año pasado. Tales datos se vuelven realmente más escandalosos si tomamos en cuenta que de las 566 personas fallecidas a nivel centroamericano durante la semana en cuestión, en nuestro país se registraron más de la mitad de todas esas víctimas y --de esa manera-- éste quedó colocado como el lugar más violento del continente.
El mencionado director del COEN informó, también, que fue en el departamento de San Salvador donde se registraron más muertes: un total de 125, lo que se traduce en casi el 23% de todas las personas fallecidas en la región. Para consolarse e intentar paliar un poco nuestra preocupación, añadió que --pese a todo-- le complacía que no se hubiese reportado ninguna muerte en el departamento de Cuscatlán durante esos días; sin embargo, en la madrugada del martes 14 cinco individuos asesinaron a un joven en un bus interdepartamental a la altura del kilómetro 25 de la Carretera Panamericana, precisamente en dicho departamento. Así que, a fin de cuentas, en El Salvador resulta que la muerte brutal no distingue si es tiempo laboral o de vacaciones; ella, siempre trabaja.
Para agravar aún más el panorama, en un artículo publicado recientemente por "La Prensa Gráfica" --tomado de los servicios noticiosos de la Revista Newsweek-- se afirma que en El Salvador es donde cotidianamente se cometen más asesinatos en todo el mundo. Sólo basta echar una ojeada a los siguientes datos: el promedio de homicidios en América Latina por cada 100,000 habitantes es de 30, lo cual supera seis veces el promedio mundial, cuatro veces el de los Estados Unidos de América y dos veces el de África y el Medio Oriente. Pues resulta que si en nuestro país somos los más o menos seis millones de personas que dicen que somos y si ocupamos las cifras de la Fiscalía General de la República, las cuales nos dicen que entre 1995 y 1997 el promedio anual de homicidios dolosos fue de 7,211, nos encontramos con que hemos roto todas las marcas habidas y por haber: ¡más de 120 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes!
Y todo eso no es fortuito; para que estas cosas estén sucediendo existen explicaciones y responsabilidades, de las cuales podemos mencionar algunas. La mayoría de estos hechos registrados en el país --dentro y fuera de la Semana Santa-- tienen que ver con la impunidad que prevalece y que se vio fortalecida con la amnistía decretada en marzo de 1993; también están relacionados con la falta de una política estatal seria y eficaz para enfrentar el fenómeno de la armamentización cada vez mayor de nuestra sociedad, tanto en lo que toca a la no recolección de los instrumentos de guerra que quedaron en manos de ex combatientes de ambos bandos como en lo relativo a las facilidades que cualquiera tiene para adquirir y portar revólver, pistola o escopeta.
Asimismo, muchos de esos hechos responden a la ausencia de una verdadera inserción a la vida productiva y a una convivencia social armónica de tantas y tantas personas que durante las épocas de violencia política y bélica pertenecieron a las diversas estructuras, abiertas o clandestinas, que existieron para realizar acciones brutales de todo tipo: fuerzas armadas gubernamentales, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares, "escuadrones de la muerte" y fuerzas insurgentes. Finalmente, también hay que señalar que estos hechos suceden en tan elevadas dimensiones porque la gente no cree en las instituciones encargadas de impartir justicia; por ello --en muchas ocasiones-- busca resolver los conflictos por otras vías, dentro de las cuales tiene un lugar privilegiado la agresión física.
Por todo eso, como muy bien dijo en alguna oportunidad el arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, en nuestro país impera una "cultura de la muerte", que no es exclusiva de las épocas de vacaciones sino de todos los días. Es cierto que los índices de asesinatos se elevan durante las épocas de asueto por distintas razones, dentro de las cuales destaca la excesiva ingestión de alcohol y otras sustancias enervantes; pero también es una verdad incuestionable que en nuestra tierra, permanentemente, la gente no goza de la seguridad necesaria para poder vivir sin sobresaltos.
Las víctimas de la violencia durante las vacaciones de la llamada "Semana Mayor", pues, no son un dato aislado del marco general de la sociedad salvadoreña. Es trágico y condenable que las personas no puedan estar seguras durante sus vacaciones; pero es igualmente trágico y condenable que éstas no vivan tranquilas cotidianamente, en sus lugares de trabajo y recreación, o cuando plantean sus legítimas demandas. Aunque todavía es peor que muchos de los responsables de velar por esa seguridad desde las instituciones del Estado no trabajen para eso y, por el contrario, se valgan del poder del cual son depositarios para encubrir, tolerar o ejercer violencia contra la gente. ¿Cuántas muertes más tendremos que soportar antes de que El Salvador se convierta realmente en un país seguro, donde prevalezca el respeto a los derechos humanos?
La Universidad de El Salvador (UES), la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), han leído con atención el documento titulado Bases para un Plan de Nación. Como un esfuerzo para comprender la realidad de El Salvador, y como propuesta de consenso para transformar el país, merece un comentario de parte de nuestras universidades.
1. Lo positivo
Bases para un Plan de Nación, elaborado por la Comisión Nacional de Desarrollo, es un documento único en muchos sentidos. En primer lugar, y principalmente, porque, pretendiendo estar al margen de posturas ideológicas e intereses económicos o políticos, aspira a sentar los fundamentos para orientar la sociedad en la (re) construcción de sí misma; para avanzar hacia un ideal de relaciones sociales en el que el bien común, la participación, el diálogo, la integración y el desarrollo global sean conceptos operantes en la realidad salvadoreña. Tiene el acierto inédito durante décadas, de realizar un diagnóstico desapasionado y crítico del país como conjunto; de sistematizar consistentemente las propuestas de solución —emanadas de una amplia diversidad de actores y grupos sociales— para los problemas más acuciantes que atraviesa la sociedad.
En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, en Bases para un Plan de Nación hay un reconocimiento de lo mal que va el país en lo económico y social; del rumbo equivocado en el que nos hemos embarcado. Las universidades suscribimos, asimismo, la opinión de debatir con serenidad la tesis central del documento. Pues no está probado tan paladinamente como se pretende que la pobreza sea resultado de la marginación estructural. Hay indicios que estas dos variables no guardan entre sí una relación en la que la marginalidad estructural explica la pobreza. Hay que agotar el análisis y eliminar la posibilidad de que, en realidad, ambas variables —pobreza y marginación estructural— sean manifestaciones de una causa más profunda, algo que explique en última instancia nuestras dificultades para salir del subdesarrollo, algo que está en la matriz misma del modo de producción, apropiación y distribución del producto y la riqueza nacional.
En tercer lugar, Bases para un Plan de Nación al identificar y definir razonadamente los desafíos prioritarios del país y los compromisos que se requieren para superarlos, cuestiona algunos de los axiomas que han orientado no pocas políticas económicas en nuestro país. Aunque algunos temas específicos como la supervisión del sistema financiero y la eliminación de la corrupción son abordados pálidamente, el documento se anota merecidos puntos al hacer del desarrollo integral un eje transversal para un posterior plan de nación. La formulación conceptual de este desarrollo integral fustiga inevitablemente, entre otros, la identificación automática entre crecimiento económico y desarrollo; la toma de decisiones de manera centralizada y de cara a intereses económicos y políticos, que no son los de la mayoría del país, y los pocos en materia de reforma electoral.
2. Dificultades
2.1 Las incongruencias
El documento es enfático en un punto: la índole del esfuerzo nacional que se requiere para superar los desafíos actuales del país debe constituirse en un proyecto "sin precedentes en la historia nacional" (p. 27); un esfuerzo que, incluyendo a los "sectores políticos y económicos que tienen mayor responsabilidad de decisión" (p. 2), genere un "salto histórico de El Salvador" (p. 37).
Ante estas afirmaciones es indispensable hacerse algunas preguntas: ¿están preparadas la clase política y los sectores económicos para llevar a feliz término una iniciativa como la que se propone? ¿Poseen la aptitud necesaria para lograrlo? Aunque es prudente esperar un tiempo para dar una respuesta definitiva, algunos hechos muestran una seria debilidad para emprender el camino descrito.
—Un mes después de haber sido presentadas las Bases para un Plan de Nación, uno de los periódicos matutinos revelaba que más de la mitad de los diputados encuestados desconocía el documento y que el resto sólo tenía un conocimiento superficial de él.
—A pesar de que el desarrollo social es subrayado por el documento como una necesidad para la superación de la marginación, este año, la asignación del presupuesto para el gasto social (educación, salud, vivienda y trabajo) vio reducida su participación porcentual, pasando de representar el 25.1, en 1997, a 24.5 por ciento. Además, el presupuesto asignado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se redujo, así como también los fondos destinados para concretar la reforma penal, impulsada por la Corte Suprema de Justicia.
—Una de las causas principales de la postergación y reformulación de la Ley del Medio Ambiente ha sido la resistencia de algunos industriales a apoyar un marco legal que proteja los recursos naturales y regule su explotación. En este sentido, ha primado más el interés de proteger los costos operativos empresariales que el compromiso "con modernos conceptos y prácticas de ecoeficiencia... "con miras a responsabilidades compartidas de cara al grave deterioro" (p. 36) ambiental. Aún más grave, del sector empresarial ha surgido la más dura oposición ante la posibilidad de que esta ley contemple mecanismos de consulta popular en la toma de decisiones de impacto ambiental.
Paradójicamente, tras la publicación de Bases para un Plan de Nación, fueron muchos los sectores que se pronunciaron, adhiriéndose y apoyando públicamente el documento; pero ahora, o desconocen su contenido, o actúan haciendo caso omiso de sus lineamientos básicos. El peso de generar un "salto histórico" del país parece demasiado grande para los mismos que proponen la discusión del texto actual.
En el fondo, estas incongruencias están relacionadas con una inconsistencia básica: la escasa tradición nacional en el establecimiento de planes de desarrollo seriamente impulsados y sistemáticamente llevados a cabo. El mismo gobierno que ha cerrado el Ministerio de Planificación nos pide ahora que hagamos un plan de nación. Aunque ello nos haga dudar de su buena voluntad, nos deja la interrogante de si este plan no pretende ser un sustituto tardío y preelectoral de lo que debería ser un plan de desarrollo impulsado con eficacia desde el ejecutivo.
Si los partidos políticos, a su debido tiempo hubieran formulado con esfuerzo científico y responsabilidad algún tipo de plan de desarrollo nacional como plataforma de trabajo, tal vez ahora el esfuerzo sería más sencillo y confiable.
La utilización del concepto de nación, entendida como totalidad, y no como conjunto histórico de relaciones sociales, políticas, económicas, simbólicas, etc., aunque no resta mérito al contenido de las propuestas concretas, disminuye la credibilidad del documento. Pues un concepto de totalidad aplicado a la nación, beneficia a los que de hecho, aquí y ahora, se están aprovechando y beneficiando particularmente del conjunto de relaciones que constituyen la vida de un país. Hablar de totalidad e insistir en ello equivale, en algunos aspectos, a encubrir causas y actores de la problemática que se pretende corregir.
