Año 18

número 803

 abril 20

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial ¿Hacia dónde va la prensa escrita nacional?

Economía La seguridad social y el sistema privado de pensiones

Opinión Pública El desafío de la prensa

Opinión Pública Los salvadoreños opinan sobre el sistema educativo y el sistema de salud (II)

Documento

Noticias 

En el transcurso de la semana recién pasada se hizo público que cuatro ejecutivos de redacción del matutino La Prensa Gráfica renunciaron a sus cargos. Según la información divulgada en las páginas del rotativo sobre el hecho, los ejecutivos inconformes habían pedido dos cosas a la junta directiva del periódico: reestablecer la independencia editorial y dotar al medio de prensa de un efectivo liderazgo. Al parecer, la primera petición fue aceptada; no así la segunda, lo que llevó a Flavio Villacorta (Jefe de Redacción), Ricardo Chacón (Jefe de Información), Luis López Portillo y Ernesto Vázquez (sub jefes de información) a presentar su renuncia irrevocable.

Más allá de estas parcas noticias, es bien poco lo que se sabe sobre la situación interna de La Prensa Gráfica. Antes de esta crisis ya se habían filtrado rumores acerca de supuestas diferencias en el seno de la familia Dutriz sobre la orientación del periódico en la posguerra. Incluso no faltó quien viera en los espacios concedidos a figuras como Salvador Samayoa una muestra del cambio del rotativo hacia la moderación y la tolerancia. Al fin, decían los más optimistas, una de las empresas periodísticas más poderosas se mostraba dispuesta a contribuir en serio al proceso de democratización del país; y lo hacía desde lo profundo: abriendo sus páginas a las contribuciones de opinión de las personalidades que antaño sólo sabían del exterminio recíproco.

Esta era la imagen que La Prensa Gráfica se estaba labrando. Pero, obviamente, tenía mucho —demasiado quizás— de imagen. Y es que en las coyunturas difíciles por las que ha pasado El Salvador desde 1992 —especialmente cuando los desmovilizados se lanzaron a las calles o los trabajadores del MOP se tomaron la Catedral de San Salvador— el periódico no dudó en asumir la perspectiva del gobierno, pese a los indudables sesgos antidemocráticos de la misma. De aquí la ambigüedad del periódico; de aquí su incapacidad para posicionarse con claridad ante los problemas nacionales.

Los ejecutivos que ahora renuncian manifiestan su malestar ante el "mercantilismo" en el que ha desembocado el matutino. No puede pasar desapercibido que es esa la misma crítica que hacen Alfredo Mena Lagos y Orlando de Sola al grupo Cristiani. ¿Será que los intereses del sector financiero están influyendo en la marcha de La Prensa Gráfica? ¿O se trata de un malestar ante la sumisión casi absoluta del periódico a los anunciantes y a las agencias de publicidad? No son evidentes las respuestas a esas interrogantes; tampoco se trata de preguntas con respuestas excluyentes. Por el momento, sólo los involucrados en el conflicto saben qué es lo que está en juego en la renuncia del jefe de redacción y del jefe y sub jefes de información.

Una cosa es indiscutible: la imagen de La Prensa Gráfica como un medio de comunicación comprometido con un proyecto democratizador se comenzó a desdibujar desde mucho antes de esta última crisis. También desde mucho antes eran palpables no sólo la inexistencia de un proyecto periodístico claro, los compromisos editoriales con el gobierno de ARENA y la falta de liderazgo, sino también la sujeción del periódico a la publicidad. Lo raro es que sea hasta este momento que quienes fueron parte sustantiva de esos males (no se sabe si con anuencia o con reservas) lo lamenten y hagan de ello motivo suficiente para abandonar una empresa que no pudo llegar a ser lo que es sin su aporte, por ínfimo que éste fuera.

Ciertamente, cualquier empresa periodística cuyo eje central fuera el trabajo informativo se hubiese ido a pique ante la salida en bloque de sus mandos medios de redacción e información. Pero ese no es el caso de La Prensa Gráfica, cuya mayor parte de páginas está plagada de anuncios y propaganda. Inserto en esta dinámica, el periódico sobrevivirá con o sin un equipo de redacción e información formalmente establecido.

Entre tanto, El Diario de Hoy parece estar inmerso en una transición difícil, pero de mayor alcance que la pretendida en algún momento por La Prensa Gráfica. Sin dejar de ser un periódico con una identidad conservadora —decir identidad de derecha es cada vez más problemático—, está asumiendo en serio el reto de hacer del trabajo periodístico riguroso el eje de su quehacer cotidiano. El sesgo ideológico es inevitable, pero legítimo, siempre y cuando se asuma consecuentemente y sin ambigüedades. Más aún, es legítimo e incluso merecedor de respeto cuando reconoce a los demás el derecho a defender sus propios sesgos ideológicos. El problema, pues, no es defender valores de derecha (o conservadores), sino absolutizar esos valores y abanderar, en nombre de ellos, el exterminio de quienes proclaman valores distintos.

Hubo un tiempo en el que El Diario de Hoy estuvo dominado totalmente por esa lógica perversa. Desde hace un tiempo para acá, el periódico ha dado señales de estar en camino de romper con ella, aunque sin ser totalmente consecuente con ese propósito, como lo muestra el reportaje dedicado a los sucesos del 19 de abril en la Villa de Ataco, en los que pobladores del lugar, acompañados del diputado del FMLN, Humberto Centeno, se manifestaron en contra de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Estos son los titulares que dominan en la edición del día 20 de abril: "Instigan a la violencia contra ANDA" e "Instigan masas contra la ANDA en villa Ataco". Y al pie de este titular se dice lo siguiente: "como en los peores años de la subversión, varios militantes de izquierda instigaron ayer al pueblo en contra de las instituciones..."

Se trata de una nota informativa; sin embargo, está dominada, más que por el afán de cubrir ampliamente los hechos, por la intención expresa de desprestigiar al FMLN, induciendo a los lectores a leer las acciones del partido de izquierda como "subversivas" (a la vieja usanza) y como manipuladoras de las "masas". Por supuesto que quienes trabajan en El Diario de Hoy pueden estar en contra del FMLN, pero para eso es que el periódico tiene un espacio editorial, en el cual caben las valoraciones y las tomas de partido ideológicas. ¿Están dispuestos los propietarios del matutino a llevar a sus últimas consecuencias la separación entre un trabajo periodístico profesional y su línea editorial o continuarán oscureciendo los frutos de la primera con la parcialidad propia de la segunda?

En el difícil reto de reconvertir a la prensa escrita para su sintonía con el orden democrático en construcción, las juntas directivas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han enfrentado y enfrentan problemas no sólo en lo que se refiere a la concreción de un trabajo periodístico profesional, sino en lo que se refiere a las relaciones de ese trabajo con los compromisos ideológicos de los propietarios. ¿Cómo se resolverán esos problemas? No se sabe a ciencia cierta. Lo que es indudable es que de su solución depende el que la prensa escrita siga siendo la misma de siempre o que se transforme al ritmo de los cambios del país.

Mal que bien, desde la firma de los Acuerdos de Paz las principales instancias de poder en El Salvador han sido puestas en la mira de la crítica pública. Con los medios de comunicación —especialmente con la prensa escrita— todavía no ha sucedido tal cosa. Quizás ha llegado la hora de que los periódicos nacionales comiencen un proceso de discusión interna acerca de su pasado, su presente y su futuro. La situación de La Prensa Gráfica —aun con lo poco que se sabe al respecto— obliga hacerse cargo del problema de los medios en una sociedad en proceso de democratizarse.

La seguridad social y el sistema privado de pensiones

A partir del pasado 16 de abril inició formalmente la implementación del nuevo sistema de ahorro de pensiones, el cual dará paso a la transferencia del manejo de las cotizaciones de los empleados desde el Estado a la empresa privada, concretamente a cinco Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas de forma ad hoc. Ello ha levantado una notable polémica, la cual ha abierto la posibilidad de reformar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones e, incluso, de una posible derogatoria de la ley. Los principales beneficios que el gobierno atribuye al nuevo sistema son el incremento del ahorro, inversión y empleo; la ampliación de la cobertura con la inclusión del sector informal; y el incremento de la rentabilidad de los fondos y del monto de las pensiones. Este último beneficio, empero, no es tan inmediato. A criterio de Leonardo Jorquera, Director de la AFP Porvenir de El Salvador y Gerente de la AFP Provida de Chile, para lograr incrementos significativos en el monto de las pensiones es necesario esperar entre 30 y 40 años después de la reforma.

Los problemas más notorios que enfrenta la seguridad social en El Salvador son: baja cobertura del sistema, los costos sociales, elevados costos administrativos, la iniquidad en la cobertura, la baja rentabilidad de los fondos y el bajo perfil del Estado en la prestación de la seguridad social. El actual sistema proporciona cobertura solamente para un poco más del 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, lo cual implica que más de un 82% de la PEA no tiene ningún tipo de cobertura social.

Por otra parte, los costos sociales se generan cuando las aportaciones del sector empresarial son transferidas a los consumidores por la vía de los precios. Así, los costos de la seguridad social de solamente un 17% de la PEA son pagados por toda la sociedad. Por otra parte, de acuerdo a algunos estudios, los costos de la seguridad social se encontrarían cercanos a un 20% del total de las aportaciones que recibe tanto de empleadores como de trabajadores.

La iniquidad en la cobertura del sistema se evidencia si consideramos que no presta seguridad social ni al sector agropecuario ni al sector informal, precisamente los sectores donde se concentra la pobreza y la mayor insatisfacción de las necesidades básicas. Adicionalmente, la existencia de topes para los niveles de cotización laboral implica que los que ganan más pagan proporcionalmente menos que los sectores de menores ingresos.

Otro cuestionamiento al sistema de pensiones actual surge de la baja rentabilidad de los fondos del sistema de pensiones, ya que estos no son colocados en operaciones financieras que proporcionen la máxima rentabilidad posible; para el caso, la inversión en títulos valores no genera ninguna rentabilidad para los trabajadores.

El papel del Estado en la seguridad social también es cuestionable, pues este no ha brindado aportes significativos para la seguridad social. Son los sectores patronal y obrero los que han cargado con los principales costos de la seguridad social.

En lo que se refiere a la nueva propuesta del sistema de pensiones, ésta ataca algunos de los problemas más apremiantes, pues algunos de sus resultados serían: incrementar la cobertura, eliminar los problemas de equidad que derivan de la existencia de topes en las cotizaciones y, finalmente, incrementar la rentabilidad de los fondos. Esto se lograría individualizando las cuentas de los trabajadores, para que cada de ellos reciba únicamente lo que aporta, y estableciendo porcentajes fijos, sin topes, para calcular el aporte de aquéllos.

Cabe destacar que aunque se plantee que el nuevo sistema de pensiones incrementaría la cobertura, esto resulta dudoso por basarse en el supuesto de la incorporación del sector informal al sistema de pensiones. El sector informal se caracteriza por ofrecer bajos ingresos, inclusive por debajo de la línea de la pobreza relativa; por ello, resulta difícil pensar que los sectores trabajadores renunciarán a un 6% de su ingreso para acceder a una pensión. Aun suponiendo que lo hagan, la mayor cobertura del sistema previsional se obtendría a costa de un incremento de la pobreza relativa en el presente.

Otros problemas relacionados con la socialización de costos y la exclusión del sector agropecuario han sido obviados por la reforma del sistema de pensiones; pero quizás el aspecto más destacable de la reforma son sus implicaciones sobre los costos administrativos. Si antes se estimaba que cerca de un 20% de los fondos de las pensiones se destinaban para costos administrativos, la situación que se plantea actualmente no implicará ninguna mejoría.

Por el contrario, al fijar un rango de entre 2.7% y 3.5% para las comisiones de las AFP lo que se tendría es que los costos de funcionamiento del sistema privado de pensiones estarían por encima de los costos administrativos del sistema estatal. Así, en el primer año de operación del nuevo sistema de pensiones, del aporte total que se entregarían a las AFP, entre un 33.8% y un 43.8% estaría destinado para comisiones de las AFP, lo cual, en la práctica, será un costo de administración que se cargará al trabajador.

Además de los defectos del sistema estatal, es importante considerar cuáles serán los efectos del nuevo sistema de pensiones sobre las cotizaciones de empleadores y trabajadores. En un primer momento, el incremento de las pensiones implicará un incremento de 300% para los trabajadores, al elevarse sus aportes para el sistema previsional desde un 1.5% hasta un 4.5%, con el agravante que la mayor parte del aporte (78%) se perderá en comisiones para las AFP. Para el año 2002, los aportes obreros llegarán a representará más de un 410% de los aportes actuales.

La propuesta de reforma del sistema de pensiones tendría claros efectos negativos sobre el ingreso disponible de los trabajadores sin que la totalidad del ingreso que se pierde sea depositado en sus cuentas individuales. Durante los primeros años, cerca del 80% del aporte obrero será patrimonio de las AFP, mientras que para el año 2002 se espera que el mismo porcentaje alcance un 46%.

En cambio, el sector empleador se verá beneficiado con una importante reducción de su aporte que pasaría, en un primer momento, desde 7.0% a 4.5%, para luego incrementarse hasta alcanzar un 6.75% en el año 2002. Al final el sector empresarial resultará pagando menos de lo que actualmente paga.

Otro problema que debe aclararse se relaciona con los efectos sobre las pensiones, pues no existe garantía de que las pensiones se elevarán sustancialmente. Ni siquiera en el caso chileno, con más de quince años de funcionamiento del sistema privada de pensiones, se ha evidenciado una mejoría en el monto de las pensiones.

La reforma del sistema de pensiones que propone el gobierno de ARENA tiene sesgo en contra del sector trabajador, pues lo obliga a dedicar un mayor porcentaje de su salario para sus ahorros de pensiones y, además, lo recarga con un pago de comisiones que representan más del doble de lo que se cotiza actualmente. Los más beneficiados por el nuevo sistema serán los empleadores, quienes verán reducidas sus tasas de aportación y los operadores de las AFP que contarán con elevados niveles de utilidad extraídas de los salarios del sector trabajador.

Es imposible negar que el sistema de seguridad social adolece de grandes fallas, pero al mismo tiempo tampoco puede negarse que el nuevo sistema no ofrece una solución de corto o de mediano plazo para los principales problemas de que adolece el sistema estatal de pensiones. Por ello, se impone la necesidad de revisar la propuesta de reforma y adecuarla más a los intereses de los trabajadores que a los de la empresa privada.

El desafío de la prensa

En la encuesta de evaluación anual de 1997 llevada a cabo a inicios del mes de diciembre de dicho año, el Instituto Universitario de Opinión Pública dedicó parte de la misma para recoger las opiniones de los salvadoreños sobre los medios de información del país, especialmente la televisión y los periódicos. Dicha pesquisa reveló, entre otras cosas, que la cuarta parte de la población –el 25.7 por ciento—piensa que los medios de información salvadoreños defienden los intereses de los empresarios del país; proporción seguida por un 23.4 por ciento que afirmó que los medios defienden los intereses de todos los ciudadanos, un 17.3 por ciento que dijo que los medios defienden sus propios intereses y un 14.4 por ciento que sostuvo que defienden los intereses del gobierno. En esencia, sólo un poco más del 30 por ciento de los ciudadanos piensa que los medios no defienden intereses de grupos específicos; el resto de salvadoreños, más del 60 por ciento , ve a los medios a favor de los empresarios, de ellos mismos y del gobierno.

La misma encuesta de la UCA mostró que además el 31 por ciento de los consultados piensa que ningún periódico dice la verdad en sus noticias.

A finales de la semana pasada, La Prensa Gráfica, uno de los periódicos con mayor circulación e influencia en la opinión pública en el país, enfrentó la renuncia de su equipo directivo de redacción por desavenencias en la conducción del mismo con la junta directiva propietaria del periódico. La noticia, que tomó a muchos por sorpresa, ha puesto al descubierto sin disimulo un conflicto interno en la empresa periodística de aparente larga data, que tiene que ver con la independencia con que gozan los informadores a la hora de tratar y publicar las noticias.

Todo lo anterior pone sobre el tapete de la discusión pública un tema que no ha sido suficientemente abordado y que tiene que ver con la ética en el tratamiento de la información en los medios de comunicación salvadoreños. Más concretamente pone en evidencia el problema de la independencia de información respecto del poder económico y político que enfrentan muchos de los medios de comunicación salvadoreños y los vicios que prevalecen en el periodismo nacional en la actualidad. A pesar de que luego de la firma de los Acuerdos de paz, varias empresas periodísticas nacionales comenzaron a impulsar proyectos de reforma en su estilo de hacer periodismo, mostrando ciertas señales de apertura y de independencia respecto de los intereses económicos y políticos predominantes; la evolución de las preferencias políticas ciudadanas en el país parece haber asustado a muchos y reactivado con más o menos vehemencia los vicios de la parcialidad, falta de objetividad y manipulación en el tratamiento de la información, que ahora tienen a un periódico en crisis.

Buena parte de las discusiones y debates públicos contemporáneos sobre el rol y el potencial de los medios de información –que por lo general, terminan alabando el progreso de los mismos— se han concentrado en el problema de la libertad de prensa en el entendido de que usualmente son el Estado y las autoridades públicas los mayores escollos para lograrla; muy pocas veces tales discusiones han señalado el peligro de la dependencia económica y de la autocensura producido por aquélla y por el desmesurado celo por proteger intereses particulares en detrimento de la verdad.

Aparte de algunas amonestaciones y reclamos realizadas por la Secretaría de información de la presidencia a algunos medios de prensa –sobre todo extranjeros por la publicación de ciertas informaciones—, este gobierno no ha necesitado someter a la prensa nacional del país mediante decretos o leyes para restringir significativamente aquellas informaciones que le pueden resultar contraproducentes, como parece estar sucediendo en Guatemala. Los mismos dueños de los medios salvadoreños se han auto-reprimido y han rehuido a la independencia informativa por lo general con demasiada diligencia y gusto, mientras al hacerlo se autoproclaman como los defensores de los intereses del país.

Sin duda, el caso de La Prensa Gráfica no puede ser generalizado a todos los medios de comunicación del país, pero da una señal de alerta sobre lo poco que pueden haber avanzado algunos medios en el desarrollo de un periodismo comprometido con la transición democrática de la nación. La crisis de La Prensa Gráfica muestra, por un lado, que las prácticas del pasado aún persisten en las salas de prensa del país; por otro lado, revela que el tratamiento de la información y por consiguiente lo que se presenta como la verdad, todavía dependen fuertemente de las líneas editoriales y de los intereses particulares de las empresas periodísticas y de sus socios –por lo general también socios del gran capital salvadoreño--; pero también muestra, queriendo ser un poco optimistas, que existe una generación, o al menos un grupo, de periodistas jóvenes –y no nos referimos al equipo editor renunciante— con capacidad de cuestionar esas prácticas y con un grado de conciencia como para aspirar a un periodismo más comprometido con la verdad, que podría significar una diferencia en el futuro de la prensa nacional.

Mientras tanto, el conflicto del matutino en cuestión debe ser una llamada de atención sobre los riesgos que sigue corriendo la transición democrática del país; instituciones como los medios de comunicación no están exentas de ser parte de ellos y no han dado los pasos suficientes como para no cuestionar su papel en la actualidad. No cabe duda que la transición del país exige una prensa y unos medios de información técnicamente provistos y profesionalmente capaces; pero sobre todo reclama una prensa independiente y consistentemente ética. No es posible seguir pensando –como opinan algunos políticos— que la tarea del jefe de redacción y de los periodistas sea la de conjugar los intereses de la empresa con la libertad de expresión. La tarea más bien es informar objetivamente a un público para que sea capaz de decidir conscientemente sobre el destino de la sociedad.

La población aún confía en sus medios de comunicación, y lo hace porque ellos han podido resolverle algunos de sus problemas y han tenido la capacidad de mostrar realidades –como el caso de las cesáreas en Maternidad—para modificarlas para bien de la ciudadanía. Para no perder uno de los últimos destinatarios de la confianza popular, la prensa nacional debe asumir el compromiso que implica informar sobre la realidad salvadoreña, antes de que sucumba a causa de sus propias mentiras.

Los salvadoreños opinan sobre el sistema educativo y el sistema de salud (II)

Continuando con la entrega de resultados de la encuesta de opinión realizada sobre educación y salud por el Instituto Universitario de Opinión Pública en noviembre del año recién pasado, en esta ocasión se darán a conocer algunos de los datos más relevantes de la visión que los salvadoreños poseen sobre el sistema de salud; un ámbito de la vida nacional que ha estado muy presente últimamente en los medios de comunicación y el cual ha creado mucho debate público a raíz de la huelga del sector médico del Seguro Social y de ciertas noticias divulgadas por la prensa en las últimas semanas.

Al igual que con el sistema educativo, la pesquisa consultó a los ciudadanos sobre el interés que el gobierno posee por los problemas de salud que enfrenta el país. En este terreno, la población tiene una imagen más crítica sobre el gobierno en comparación con el área educativa, aunque no puede decirse que en general la visión sea negativa. El 45.6 por ciento piensa que el gobierno tiene poco o ningún interés al respecto, el 49.9 por ciento opina que posee algo o mucho interés por los problemas de salud y un 4.5 por ciento se abstuvo de responder.

Se pidió a los entrevistados que identificaran el principal problema, que a juicio de ellos, enfrenta el sistema de salud en El Salvador. Las respuestas más frecuentes fueron: el alto costo de los servicios (31 por ciento); falta de medicinas (23.2 por ciento); falta de hospitales y clínicas (17.7 por ciento); médicos mal preparados (10.8 por ciento) y el hecho de que el gobierno no se interesa por la salud (7.8 por ciento) entre otras.

De hecho, cuando la ciudadanía hace referencia a la tarea más urgente que el gobierno debe realizar para mejorar la situación de salud, dicha tarea está muy relacionada con el principal problema identificado en este ámbito. Así, el 13.9 por ciento sostuvo que lo que debe hacer el Ejecutivo es proporcionar medicinas y materiales a los hospitales y clínicas, el 12.1 por ciento manifestó que debería controlar y bajar los precios de medicinas y consultas, el 11.4 considera que se debe abrir más puestos de salud, un 9.7 opina que el gobierno debe contratar más y mejores médicos y un 8.7 opinó que debería de construir más hospitales. Entre otras tareas señaladas se encuentran: realización de campañas de prevención y vacunación, mejorar la atención al público, no cobrar las consultas ni las medicinas, atender y ayudar a los pobres y aumentar el presupuesto del ramo de salud. Un rápido análisis de los datos anteriores revela que las mayores preocupaciones de los ciudadanos en torno a la salud tienen que ver con el acceso a los recursos que permitan mantenerla y asegurarla.

En el sondeo se preguntó además, por la institución que presta mejores servicios dentro del campo de la salud –el ISSS o los centros asistenciales del Ministerio de Salud (MSPAS)—. En tal sentido, el 38.4 por ciento dijo que es el ISSS quien brinda una mejor atención, una quinta parte de los abordados respondieron que los centros asistenciales del MSPAS, otra cantidad similar argumentó que el tipo de atención es igual, un 0.8 por ciento dijo que ninguno presta una buena atención y el 18 por ciento no emitió opinión alguna. En la misma línea, los entrevistados fueron interrogados acerca de la calidad de los servicios hospitalarios gubernamentales durante 1997 en comparación con 1996. Buena parte de la población considera que no ha habido cambios sustanciales, esto es, que sigue igual (40.4 por ciento) una cuarta parte (24.5 por ciento) dijo que ha empeorado y otra proporción parecida (27.0 por ciento) cree que ha mejorado respecto al año 96. Sólo un 8.2 por ciento prefirió no dar su opinión al respecto.

En cuanto a los costos en la atención de la salud, se pidió a los consultados que hicieran una comparación de estos en relación a cinco años atrás. Conociendo que para muchos el principal problema del sistema de salud es el "alto costo de los servicios" es lógico encontrar que la mayoría de los ciudadanos piensa que los costos se han elevado: el 77.8 por ciento de la población sostuvo que los servicios de salud –con todo lo que ello implica—son más caros en la actualidad; para un 14.6 por ciento, los costos continúan igual y solamente a unos pocos –4.2 por ciento— les parece que en la actualidad están más bajos que hace cinco años.

A los ciudadanos se les consultó también sobre el rubro que les resulta más caro en el área de la salud. Más de la mitad (52.8 por ciento) dijo que las medicinas son las que poseen costos más elevados, 18 de cada cien respondieron que los exámenes médicos, 15 de cada cien opinaron que las consultas y 8 de cien sostuvieron que el costo de los hospitales es lo que les parece más caro, entre otras respuestas.

Otro punto abordado relacionado siempre con los gastos ocasionados por la atención de la salud fue el cobro de las consultas que se hace en los centros asistenciales del MSPAS. Los resultados revelan que sólo 17.3 por ciento de los salvadoreños está algo o muy de acuerdo con dicho cobro, un 7.9 por ciento no quiso responder y las tres cuartas partes restantes están algo o totalmente en desacuerdo con que se cobre por las consultas. Es más, casi una tercera parte (32.6 por ciento) manifestó haber dejado de hacer uso de los centros asistenciales de salud pública por los cobros o las cuotas que se deben pagar en ellos.

La encuesta de la UCA indagó la opinión que la ciudadanía tiene sobre el tema de la privatización; más específicamente se cuestionó si estaría a favor o en contra en que el ISSS y el Ministerio de Salud fueran privatizados. Respecto al ISSS, el 55.5 por ciento sostuvo que estaría en desacuerdo con dicha medida, un 23.4 por ciento manifestó que apoyaría una decisión como esa y prácticamente una quinta parte de la población no supo dar su posición. De manera similar, el 65.2 por ciento dijo que no estaría de acuerdo en que el MSPAS fuera privatizado, un 17.5 por ciento si estaría a favor y una cantidad parecida (17.2 por ciento) prefirió omitir su punto de vista.

Como una forma de conocer la opinión que les merece a los encuestados el desempeño del Ministerio de Salud de manera general, el IUDOP les pidió que evaluaran el trabajo realizado por éste durante 1997. Los resultados revelan que el 67.8 por ciento estima que fue bueno o muy bueno, un 5.9 por ciento cree que fue regular y un 20.4 por ciento califica el trabajo del MSPAS como malo o muy malo.

Resulta bastante curioso que dos terceras partes de la población hagan una evaluación positiva de la labor del Ministerio en cuestión, a pesar de que los datos anteriores muestran la presencia de una actitud crítica de los ciudadanos de cara al sistema de salud en el país. En tal sentido, tales cifras pueden resultar contradictorias, pero es necesario hacer notar que en la construcción de las opiniones, mucha gente centra su criterio en la manera en que siempre ha conocido el sistema. Buena parte de la población es capaz de identificar los problemas del sector, pero a la hora de evaluar el sistema en su conjunto, lo hace sobre lo que ellos han llegado a considerar lo normal del sistema (falta de recursos, medicamentos caros, etc.). Hay que recordar, sin embargo, que los datos anteriores se refieren a una encuesta realizada a finales del año pasado; es probable que un sondeo en la actualidad –con los últimos acontecimientos en el sector—hubiese registrado otras opiniones. Con todo, la encuesta permite establecer aquellos aspectos que, a juicio de la población, deben ser mejorados y superados para poder asegurar un sistema de salud eficiente y útil para los salvadoreños.

Pronunciamiento

El desafío de un Plan de Nación (II)

Bases para un Plan de Nación, como queda claro en el Apartado VII, Propuesta metodológica, es el punto de partida para el proceso de elaboración del plan de nación. Proceso en el cual, en la primera etapa, "a través del diálogo entre fuerzas políticas, económicas y sociales representativas del país, se conforma el Grupo Gestor" (p. 48), que discutirá sobre el contenido del documento, recibirá las opiniones surgidas de la consulta ciudadana y colaborará en el establecimiento del acuerdo nacional en torno al plan de nación.

La responsabilidad que recae en el Grupo Gestor es grande, delicada y fundamental. En la atinada elección de sus miembros no sólo se pone en juego el futuro del proceso que conducirá al establecimiento del plan de nación, sino que también se ponen a prueba algunos de los conceptos expresados en Bases para un Plan de Nación: representatividad, concertación, integración y comunicación.

Por lo anterior, no deja de sorprender la configuración que se le ha dado al Grupo Gestor, presentado oficialmente el 13 de febrero. No se puede explicar, en primer lugar, la ausencia del diálogo público y nacional que tendría que haber antecedido a la integración de dicho grupo. La excesiva "politización" del Grupo, en proporción claramente favorable a las esferas gubernamentales, la exclusión de sectores sociales con peso y liderazgo en la creación de la conciencia y la opinión pública, la inclusión de personalidades con ideas claramente contrarias a las expuestas en el plan de nación, obligan a preguntarse sobre si es real la voluntad presidencial de "iniciar seriamente un diálogo entre fuerzas políticas, económicas y sociales representativas del país". La descalificación que algunos autores de Bases para un Plan de Nación han hecho de las críticas que han ido apareciendo en torno al documento no ha estado tampoco marcada por el talante del diálogo, lo que aumenta la preocupación del ciudadano interesado en la transformación del país.

Creemos importante reestructurar el Grupo Gestor y convertirlo en auténtico foro de diálogo nacional. Pues sólo una representación relativamente amplia de la sociedad civil en este grupo podrá evitar tanto las sospechas, como la manipulación de lo que pretende ser una iniciativa nacional. El campo de los derechos humanos, de la cultura, del arte, de la ciencia y la tecnología, de las universidades, del sector agropecuario, de los movimientos de género, de la solidaridad social, de las religiones, debería de alguna manera estar presente en la gestión del diálogo propuesto. En un mundo tan plural como en el que vivimos, resulta imposible promover un diálogo nacional prescindiendo de la complejidad social. Una base de multidisciplinariedad en el acercamiento a la realidad de nuestro país nos parece indispensable en la gestión del diálogo. Y ciertamente, en este campo, el Grupo Gestor muestra un perfil con demasiadas limitaciones. Definir la representatividad desde una concepción elitista es la mejor manera de destruir las posibilidades de diálogo. Tampoco el espíritu democrático se construye desde el espíritu de élite.

Sobre los resultados de esta base amplia de consulta, los partidos deberían construir sus propios planes de desarrollo, que de alguna manera recogieran, con sus peculiaridades propias, el trabajo realizado por la sociedad civil, a través del Grupo Gestor reestructurado y las consultas populares. La aceptación del documento Bases para un Plan de Nación no depende solamente de la difusión del mismo, sino también de la discusión en profundidad de propuestas que concreticen y viabilicen las afirmaciones generales que se hacen en el texto hoy sometido a discusión. Un Grupo Gestor que no represente ampliamente a la sociedad civil se puede convertir en un instrumento social que, incluso involuntariamente, trate de manipular la opinión popular, encauzándola, a través de propuestas, hacia intereses particulares y no realmente nacionales.

San Salvador, marzo de 1998.

INVESTIGACIÓN. La Fiscalía General de la República abrió, el 06.04, un expediente para investigar al Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, por mantener detenido por más de nueve días a un inmigrante español, quien fue arrestado por tener doble identidad. Al parecer, el hecho pudo significar la infracción de leyes del país, por lo cual debe ser sancionada penalmente. Según la Corte suprema de Justicia, la investigación incluirá, además, al Director General de Migración, Roberto Aguilar Cuestas. El Fiscal General, Manuel Córdova, aseguró que, aunque el caso no es prioridad en la Fiscalía, el mismo tendrá un papel protagónico con la puesta en marcha del nuevo Código Penal (DH 07.04.98 p.2).

PENSIONES. La Comisión de Hacienda inició, el 15.04, un proceso de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones. Por su parte, los partidos de oposición rechazan la forma actual que tiene la Ley y aseguraron que se debe crear un sistema de pensiones mixto, aunque consideran que "no debe violentarse las reglas del juego de las nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones" (AFP's). En este contexto, la Asamblea Legislativa ha conocido más de 60 iniciativas particulares para reformar la Ley, por lo que una subcomisión de la Comisión de Hacienda ha iniciado la elaboración de un resumen comparativo de todas las propuestas de reformas (DH 14.04.98 p.6).

CAMBIOS. La Asamblea Legislativa aprobó, el 08.04, seis decretos para reformar la Ley Orgánica Judicial, crear, convertir y reasignar juzgados y jurisdicciones, aseguraron representantes de esa institución. En total, se crearán 41 tribunales: 21 tribunales de sentencia, 6 de instrucción, 10 de vigilancia penitenciaria y 4 de paz. Además, 40 juzgados de lo penal, 24 juzgados mixtos y uno de paz se convertirán en juzgados de instrucción. La mayoría de estos juzgados se concentrarán en San salvador, por ser éste el departamento con más altos índices delincuenciales. La nueva normativa afectará incluso a la máxima instancia penal del país: la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual cambió de sede recientemente para poder realizar un juicio oral y público. Por otro lado, la Fiscalía General de la República también se descentralizará, creando 14 nuevas subregionales, aparte de las 4 con las que ya cuenta. Según el director de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), Rafael Flores y Flores, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) auxilió con 20 millones de colones a la Fiscalía General y a la Procuraduría para llevar a cabo sus proyectos. Otra de las novedades es que el nuevo Código Penal contemplará el delito de administración bancaria fraudulenta por el cual son procesados algunos implicados en el caso FINSEPRO (DH 07.04.98 p.15, DH 09.04.98 p.3 y 8).

RENUNCIAS. El 16.04, Flavio Villacorta, Ricardo Chacón, Luis López Portillo y Ernesto Vásquez, renunciaron a sus cargos debido a la "falta de una línea editorial comprometida con la objetividad". Los cuatro mandos medios del Departamento de Redacción de La Prensa Gráfica, respaldados por un buen número de empleados del matutino, presentaron a la Junta Directiva de Dutriz Hermanos un documento de ocho páginas en el que exponían su renuncia si no se resolvían favorablemente dos peticiones. En primer lugar, "reafirmar los postulados fundamentales y la filosofía de trabajo que se venía implementando, especialmente en lo relativo a la independencia periodística a la que se refería el fundador". En segundo lugar, "restablecer con carácter de urgencia el liderazgo y el ejercicio efectivo de la dirección del periódico, que permita retomar la presencia efectiva perdida en la sociedad salvadoreña...". Según Flavio Villacorta, "de nada nos sirve que se nos diga que van ha haber cambios en la línea periodística sino estamos seguros de los que vamos a tener". La decisión fue apoyada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) (LPG 17.04.98 p. 4 y 5).

BLOQUEO. La aprobación del préstamo de 58 millones de dólares para invertir en la educación media quedó entrampada nuevamente, el 17.04, luego de que no se obtuviera la mayoría de votos de los diputados de la Asamblea Legislativa. Pese a que, el mismo día, los Directores de Institutos Nacionales de El Salvador (CONIDES) y alumnos de dichos centros educativos introdujeron una nueva pieza de correspondencia exigiendo la ratificación del crédito, no se logró ningún cambio al respecto. El Banco Mundial (BM) otorgó dicho préstamo a El Salvador a finales de 1997; sin embargo, el FMLN, la USC, el PLD y el diputado independiente Horacio Ríos se oponen al mismo. Con su postura pretenden impedir el incremento de la deuda externa, por lo que reafirmaron que su posición es "inamovible" (DH 18.04.98 p.4 y LPG 18.04.98 p.4).

AMBIENTE. La Asamblea Legislativa terminó, el 17.04, el proceso de elaboración de la Ley del Medio Ambiente, rechazando a su vez la principales observaciones realizadas por el Presidente de la República, Armando Calderón Sol. Los apartados de la consulta pública de los estudios de impacto ambiental y la fianza del cumplimiento ambiental fueron algunas de las observaciones objetadas. Por otro lado, aquellas referentes al requerimiento de concesión a los interesados, extendidas previamente al otorgamiento de permisos ambientales para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, fueron aceptadas (LPG 18.04.98 p.4).

INICIAN CAMBIOS. El nuevo proceso penal entró en vigencia, el 20.04, marcando una nueva etapa para el periodismo salvadoreño. Uno de los nuevos cambios en el sistema judicial establece que los jueces podrán reservar, total o parcialmente, todas las causas; es decir, las nuevas legislaciones contemplan una serie de limitantes para los periodistas desde las primeras investigaciones hasta la etapa final de los procesos penales. "Durante este tiempo, de tres a cinco días, no podrán conocer nada", dijo el Director General Técnico Jurídico del Ministerio de Justicia, Ovidio Gómez, refiriéndose a los periodistas. En este contexto, el Director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Avila, explicó que existe una coordinadora de comunicaciones en la institución policial que se encargará de transmitir toda clase de información. Por otro lado, los reformados Código Penal y Procesal Penal ponen en vigencia 40 nuevos delitos que, desde la misma fecha, son penalizados por las autoridades judiciales. Entre éstos están el acoso sexual, tanto contra mujeres como contra hombres; la inseminación artificial no consentida; la manipulación genética (genes humanos); lesiones en no nacidos, es decir, el aborto y lesiones en bebes que aún se encuentren en el vientre materno. De igual manera, se facilitará probar las violaciones sexuales, pues el testimonio de las víctimas tendrá valor de prueba (DH 21.04.98 p. 2, 3 y 4).

INCREMENTOS. El fenómeno climatológico "El Niño" hará subir los precios de los granos básicos durante el presente año, explicó, el 20.04, el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Ricardo Quiñonez. Según la fuente, "El Niño" arrasó cosechas enteras y echó a perder otras en la zona oriental del país —cultivos de unas 28,687 familias— y dejará una pérdida de mil 500 millones de colones al sector agrícola. Sin embargo, el Ministro aseguró que no habrá escasez de los granos. En primer lugar, porque existen las reservas necesarias para suplir emergencias eventuales y, en segundo lugar, porque podría recurrirse a la compra de granos a países vecinos como Honduras y Nicaragua, que no presentan problemas en sus cosechas. El fenómeno climatológico también ha afectado a los sembradores de sorgo, a los cultivadores de camarón y a los pescadores artesanales. El MAG estima que este problema obligará a los agricultores a incurrir en moras en los préstamos solicitados para sembrar, por lo que dicha institución propuso a la Asamblea Legislativa realizar un préstamo por US$100 millones con una agencia internacional y así refinanciar los cultivos. Ante la propuesta, que también beneficiaría a los agricultores más pobres que ya invirtieron en sus cultivos, los partidos de ARENA, PDC y PCN dijeron estar dispuestos a ratificar inmediatamente el proyecto (DH 20.04.98 p.12).

CUMBRE. Durante los días 18.04 y 19.04, se realizó, en la ciudad de Santiago de Chile, la segunda Cumbre de las Américas, con la participación de 34 mandatarios de todos los países del continente, a excepción de Cuba. El tema central de la reunión fue la creación de un Area de Libre Comercio para América (ALCA) antes del año 2005, para lo cual se establecerían los mecanismos de discusión entre naciones y las transformaciones sociales y jurídicas necesarias para la pronta integración de aquéllas al proyecto. Al finalizar el cónclave, los presidentes acordaron, en términos generales, continuar sus esfuerzos por "el fortalecimiento de la democracia, el diálogo político, la estabilidad económica, el progreso hacia la justicia social, el grado de coincidencia en las políticas de apertura comercial y la voluntad de impulsar un proceso de integración hemisférica permanente". Además, convinieron en mejorar las condiciones de vida de los países del continente, combatir las violaciones a los derechos humanos, las formas de discriminación y la pobreza, poniendo para ello especial énfasis en la educación como "factor decisivo para el desarrollo político, social, cultural y económico" de la región. Asimismo, los presidentes se comprometieron a fundamentar el compromiso integracionista sobre medidas que aseguren la transparencia y el consenso en las negociaciones (LPG 18.04.98 p.28 y 29, y 22.04.98 p.10 y 11).

CONTRUCCION. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reiniciará la construcción de la Avenida Las Azaleas, informó, el 21.04, el Viceministro de esta institución, Wilfredo Rosales. La construcción se unirá a la calle Chiltuipán, que a su vez atraviesa la finca El Espino. De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, el proyecto consiste, específicamente, en la construcción y ampliación de la avenida, así como en la elaboración de colectores de agua lluvias, aceras y cordón en un tramo de dos kilómetros de longitud. De igual manera, el pasaje San Felipe (extremo sur del terreno) será mejorado y ampliado, considerando una vía de dos carriles. Además, "serán afectados los terrenos de El Espino al costado poniente del tramo", según expresa el documento de Hacienda. Rosales explicó que la construcción desviará el tráfico vehicular que ingresa y sale de los municipios de Nueva San Salvador y San Salvador por la zona norte-oriente del área metropolitana, por lo que se obtendría mayor fluidez vehicular. El proyecto de Chiltuipán fue detenido, el 26.03, por orden de la Corte Suprema de Justicia, ya que organismos ambientalistas y algunos diputados se opusieron al mismo por los supuestos daños ecológicos que acarrearía (LPG 22.04.98 p.4.)

JEFATURAS. El Director de la Policía Nacional Civil (PCN), Rodrigo Avila, se presentó, el 21.04, ante los diputados de la Asamblea Legislativa para enfrentar una "mini interpelación" por los diferentes casos de corrupción existentes dentro de la institución policial y contemplados en observaciones hechas por la Corte de Cuentas de la República. El funcionario explicó a los diputados que la Corte de Cuentas ya tiene en su poder las pruebas de descargo y añadió que esperaba "que la institución controladora se dé por satisfecha". Por otro lado, Avila anunció futuros cambios en las jefaturas de las divisiones, unidades y delegaciones policiales. Explicó que los movimientos se registrarán en mayo próximo. Al respecto, las autoridades policiales se abstienen de confirmar dichos cambios; sin embargo, varios movimientos ya se han llevado a cabo. Prueba de ello es el caso del Jefe de la delegación de Nueva San Salvador, Subcomisionado Ciro Barrera, quien fue retirado de su cargo sin nombrar sustituto y fue puesto a la disposición de la Subdirección de Operaciones. También el Subcomisionado Fritz Dennery fue relevado del cargo de Jefe de Unidad de Emergencias 121. Otros cambios que se realizaron son el de la Jefa de la delegación policial de Soyapango y el del Asesor de la Dirección General. Según afirma el Presidente de la Comisión de Seguridad, Manuel Melgar, los cambios de jefaturas son inadecuados (LPG 22.04.98 p.5).

BENEFICIOS. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó, el 21.04, a los diferentes tribunales, la aplicación de los primeros beneficios contemplados en la nueva normativa penal y penitenciaria para reos recluidos en las cárceles de la capital. Entre estos beneficios están la libertad y reducción de pena, el primero por un delito menor y el segundo por buena conducta. El Procurador General de la República, Miguel Angel Cardoza, explicó que unos 60 reos detenidos en San Salvador necesitan algunos de los beneficios otorgados debido a que aún no se les ha sentenciado. En este contexto, el Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gustave Torres, aseguró que se trabajaba en un estudio sobre el número de personas que podrían ser favorecidos con los nuevos códigos Penal y Procesal Penal. Torres estimó que unos 400 reos podrían gozar de estos beneficios, incluidos aquellos condenados por los delitos de hurto y estafa menores de 500 colones. Por otra parte, la Procuraduría tiene programada la juramentación de 165 nuevos defensores públicos para atender la demanda de casos que surgirán con la vigencia de los nuevos códigos. En la actualidad, la defensoría pública atiende a un 20 por ciento del total de reos, el resto son ayudados por defensores de oficio y otros por estudiantes con oportunidad de ejercer el cargo (LPG 22.04.98 p.6).