Año 18

número 804

 abril 29

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial Renuncia intempestiva

Economía El impacto de las AFPs sobre los ingresos de los trabajadores

Economía A toda marcha y a fondo con los fondos de pensiones

Sociedad Los militares y los derechos humanos

Política Presupuesto de la nación y la maquila de leyes

Derechos Humanos La hora de la verdad (II)

Noticias

El impacto de las AFPs sobre los ingresos de los trabajadores

Uno de los aspectos de la reforma del sistema de pensiones que más impactará sobre la economía de los trabajadores son los incrementos en las tasas de cotización que se contemplan no sólo para 1998, sino también para los próximos cuatro años. Lo anterior no implica, empero, que este es el único aspecto de importancia sobre la reforma de pensiones que debería examinarse, pues persisten otras interrogantes en lo tocante a su cobertura, los niveles de las pensiones, los costos administrativos, el papel del Estado y las inversiones que se harán con los fondos de pensiones.

Los incrementos en las cotizaciones del trabajador no se deben solamente a que se incrementará el aporte del trabajador para su fondo de pensiones, sino, además, a que se ha introducido un porcentaje adicional por administración de los fondos de pensiones y contratación de seguros por invalidez y muerte. De hecho, durante los primeros años de implementación del nuevo sistema, del descuento que se haga a los trabajadores la mayor parte será para pago de comisión y seguro, y no para aportes a su cuenta individual.

Tal como muestra el cuadro 1, para 1998 se proyecta que el descuento de los trabajadores pase de un 1.0% a un 4.5%; es decir, un incremento de 350%. Como podrá observarse en la fila de 1998, el citado 4.5% se compone de un 1% para la cuenta individual de vejez y 3.5% de comisión y seguro para la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, este no es todo el incremento que se proyecta, pues para el año 2002 se planea elevar el descuento al trabajador hasta alcanzar un 6.25% de su salario, de lo cual 3.25% se depositaría en la cuenta individual del trabajador y un 3% sería para comisión de la AFP.

No puede dejar de mencionarse que los aportes para la cuenta individual de vejez del trabajador también contarán con el aporte de los empleadores, los cuales pagarían 5% en 1998 y 6.75% en el 2002. Esto implica que las cuentas de los trabajadores recibirán un aporte final de 6% mensual en 1998 (1% del aporte del trabajador y 5% del empleador) y de hasta 10% en el 2002 (3.25% del aporte del trabajador y 6.75% del aporte del empleador).

Tampoco puede soslayarse aquí que el aporte total de los empleadores bajará con la nueva reforma. En un primer momento, pasará de un porcentaje de 7% que se paga actualmente hasta un 5% en 1998, para luego incrementarse hasta llegar a un 6.75% en el 2002.

Fuente: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones

Tomado de: Mesa Lago, C. y Fabio Durán. Evaluación de la reforma de pensiones en El Salvador: Antecedentes, Objetivos y perspectivas. Friederich Ebert Stiftung. San Salvador. 1998

* Esta columna es de elaboración propia.

En el caso de el trabajador, además de los descuentos para pensiones (vejez o cuenta individual y comisiones), también continuará pagando un 3% de su salario para continuar recibiendo prestaciones de salud. Así pues, los descuentos totales que recibirá el trabajador pasarán de un 4% a un 7.5%, en 1998, y luego a un 9.25%, en el 2002, suponiendo que el porcentaje para salud se mantenga constante.

El cuadro 2 ejemplifica los impactos del nuevo sistema de pensiones para el caso de un empleado que percibe el salario mínimo. En lo tocante a pensiones, la cotización actual pasaría de 11.55 a 51.98 colones en 1998, y a 72.19 colones en el año 2002. La cotización total pasaría de 46.2 colones que se pagan actualmente a 86.63 colones para 1998, y 106.84 colones para el año 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 1.

El mismo cuadro muestra que el aporte de los empleadores experimentará una tendencia totalmente diferente. De un aporte actual de 80.85 colones, el empleador pasará a pagar 57.75 colones en 1998 y 77.96 colones en el 2002. De este modo, aun al final del ajuste de las tasas, el empleador terminará pagando menos de lo que paga en la actualidad.

Aunque los montos presentados en el cuadro parecen de baja cuantía, es necesario tener en cuenta que en la medida en que las tasas se apliquen a mayores niveles salariales, los incrementos de las aportaciones serán más abultados. Un trabajador con un salario de 5,000 colones, por ejemplo, pasará de experimentar un descuento por pensiones de 50 colones a uno de 225 colones al afiliarse a una AFP que cobre 3.5% de comisión, es decir 175 colones adicionales que no engrosarán su cuenta de ahorros, sino que terminarán en manos de las AFPs y de los compañías de seguros. No es difícil concluir que el nuevo sistema de pensiones colocará una mayor carga financiera sobre el sector trabajador y reducirá la carga de los empleadores. Lo más cuestionable de esto es que el incremento más significativo no obedece a un mayor aporte para las cuentas individuales de los trabajadores, sino al pago de comisiones para las AFPs. Esta situación se vuelve más preocupante si consideramos que no existen garantías de que el nuevo sistema ofrezca mayores pensiones que las actuales.

De momento, un examen de las propuestas de cotizaciones muestra que quienes se beneficiarán de forma inmediata serán las AFPs, las compañías aseguradoras y los empleadores en general. Las dos primeras porque recibirán, de los descuentos al trabajador, sus comisiones y contratos de seguros, y los últimos porque cotizarán menos. Los trabajadores, en cambio, deberán aportar los fondos adicionales que percibirán las AFPs y las aseguradoras.

A toda marcha y a fondo con los fondos de pensiones

Como se señaló en el anterior número de Proceso (803), a partir del 15 de abril se dio inicio al nuevo sistema de ahorro para pensiones (SAP). En este comentario se quiere hacer un recorrido sobre los senderos que condujeron a este nuevo sistema y las consecuencias para la consolidación del proceso democrático.

En primer lugar la reforma del sistema de pensiones se da en el contexto de modernización del Estado y los procesos de privatización y por lo tanto es parte de una estrategia más amplia implementada por los dos últimos gobiernos para reducir la participación del Estado en la economía y para abrir nuevos campos para la acumulación del capital privado. Bajo este contexto se crea la Comisión Técnica (CT) para la Reforma Previsional en El Salvador. A partir de entonces se realizaron una serie de estudios sobre la conveniencia de la reforma previsional y se preparó un anteproyecto de ley. El 20 de diciembre de 1996 fueron aprobados dos decretos: la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, por una mayoría de 52 de los 84 votos de la Asamblea Legislativa. A partir de enero de 1997 comienza a funcionar la Superintendencia de Pensiones que se encargaría de elaborar todos los reglamentos contemplados en la nueva ley y de supervisar las actividades de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

A lo largo de 1997 hubo un trabajo intenso de parte de la Superintendencia de Pensiones para elaborar los reglamentos necesarios y preparar las condiciones para que echar andar el nuevo sistema. Además varios inversionistas nacionales y extranjeros comenzaron a invertir para crear las nuevas AFPs. En todo esto, tanto de parte del sector público como del sector privado, se han dedicado cuantiosos recursos, tanto en esfuerzo humano como en fondos financieros, para echar andar el nuevo sistema lo más pronto posible. Sin embargo, hay que señalar que a la fecha aún no se han terminado de elaborar todos los instructivos y reglamentos mencionados en las dos leyes aprobadas, aunque los más indispensables para arrancar con el nuevo sistema sí estaban listos. Tampoco se ha completado la construcción de la base de datos que contiene la historia laboral de los cotizantes en el INPEP y el ISSS, requisito indispensable para el traspaso de los cotizantes al nuevo sistema. Esto indica que se dio el inicio al nuevo sistema no porque ya se estaba listo para comenzar, sino más que todo en respuesta a las presiones políticas del ejecutivo y de las nuevas AFPs, y ante las amenazas de derogar la ley por parte de la oposición, pues una vez ya iniciado el nuevo sistema sería política y económicamente inconveniente —tanto para las AFPs como para los cotizantes— hacerle cambios drásticos a la nueva ley.

Las preguntas fundamentales que surgen a lo largo de todo este sendero no son si el nuevo sistema va a funcionar bien, o si las pensiones serán mayores, o si los costos serán más altos o más bajos que el sistema antiguo. Todas ellas preguntas muy legítimas y que hay que tratar de responder con estudios serio, pero que por el momento desvían la atención de asuntos más relevantes para consolidar el proceso de transición democrática que surge a partir de los acuerdos de paz de 1992. Aquí tratamos tres pregunta que creemos que son críticas para entender lo que está sucediendo con esta reforma y lo que ha ocurrido con otras ya ejecutadas y que pueden ocurrir con las que están por llevarse a cabo: 1) ¿cuál fue el esfuerzo que se realizó en estudios técnicos para determinar qué tipo de reforma convenía más al país?; 2) ¿con qué transparencia fueron divulgados estos estudios?; y 3) ¿cuál fue el grado de participación en el debate que llevó a la aprobación de la nueva ley?

Las tres preguntas están interconectadas y, por tanto, resulta difícil constestarlas por separado. Con respecto a la primera pregunta podemos mencionar que habían tres alternativas: i)reformar el sistema antiguo que técnicamente se conoce como un Sistema de Capitalización Parcial Colectiva con reservas; ii) crear el sistema de Capitalizacion Plena e Individual (CPI), que es lo que actualmente se ha hecho; y iii) poner en marcha un sistema mixto donde ambos sistemas coexisten. Además hay variantes de estos tres sistemas dependiendo de la especificidad de la ley. Hasta el momento no se conoce ningún estudio que haya realizado una evaluación completa de costos y beneficios de los tres sistemas para evaluar cuál de ellos era el más conveniente para la sociedad salvadoreña, y si dicho estudio existe éste no ha sido divulgado oficialmente. Gracias a la publicación de un trabajo elaborado por un reconocido experto en materia de reformas previsionales, Carmelo Mesa-Lago, y patrocinado por la fundación Friedrich Ebert, tenemos el conocimiento que al menos se hizo un estudio comparativo de los costos fiscales de implementar el sistema de CPI y de reformar el antiguo sistema.

Sin embargo el trabajo de Mesa-Lago señala que los cálculos hechos fueron basados en el anteproyecto de ley y no la ley aprobada por la Asamblea legislativa. Dicho cambio en los supuestos sobrevaloraba los costos del antiguo sistema, sesgando la decisión a favor del CPI. Además no se hizo una comparación sistemática de los costos fiscales de las tres alternativas de reforma. Esto deja en entredicho la decisión que se tomó de adoptar el sistema de CPI . En realidad, no sabemos si el estudio de costos y beneficios se llevó a cabo y, confiando en todo el trabajo que ha realizado la CT, podemos asumir que sí se hicieron algunos estudios comparativos pero estos no fueron compartidos públicamente.

Y esto nos lleva a la segunda pregunta sobre la trasparencia y la divulgación de la información. ¿Por qué a poco más de un año de aprobada la ley y unos días de haber comenzado el nuevo sistema se está evaluando la posibilidad de reformar la ley? Es claro que en todo el sendero descrito anteriormente poco se hizo por informar a la población y a los diversos estratos sociales sobre los procesos de reforma previsional. El hecho que no todos los instructivos y reglamentos se han terminado de elaborar refleja que se comenzó con el nuevo sistema no porque se estaba completamente listo, sino porque se tenía prisa para satisfacer las presiones políticas del ejecutivo y de las AFPs. Además hay una serie de vacíos en la ley que no dejan claros algunos de los procedimientos para que el sistema funcione apropiadamente. Lo que nos lleva al punto final sobre la participación de la población en el debate de la reforma. Sin información no puede haber un debate constructivo ni participación ciudadana y difícilmente se puede llegar a un consenso instruido. Sin la divulgación de la información no hay transparencia y las decisiones adoptadas aunque legales, carecen de la legitimidad del consenso.

Lo recomendable es que, ante las posibilidades de reforma de la nueva ley, estos errores no se vuelvan a cometer. Es importante que la información sea accesible, que se evalúen técnicamente las alternativas, su disponibilidad y su factibilidad, y que se promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones. Ya es tiempo que no sólo apretemos el acelerador a fondo para hacer más privatizaciones, sino que también metamos el acelerador a fondo al proceso de participación democrática, para lo cual la transparencia y la divulgación de la información son premisas fundamentales. La democracia representativa debe ir acompañada por una democracia participativa. No sólo se trata de transparencia sino que también de una cultura de participación en la participación ciudadana.

Los militares y los derechos humanos

En la mayoría de los países latinoamericanos en los que se libraron guerras contra insurgentes o en los que hubo algún grado de represión violenta contra la oposición política, luego de la inauguración de los sistemas democráticos, la simple mención del pasado —en especial cuando se formula en términos de "rendición de cuentas de los militares" y "violaciones a los derechos humanos"— causa escozor y desagrado en los nuevos demócratas, en mayor grado en aquellos que de una forma u otra estuvieron involucrados en él.

En países como Argentina o Chile la razón es simple: la estabilidad del pacto que condujo a la democracia por vía de amnistías generales, está por encima del esclarecimiento de los crímenes del pasado y de la necesidad de señalar públicamente a sus responsables. En el caso de Chile, la coalición opositora en el gobierno prefiere hacer frente al oprobio de ver sentado a Augusto Pinochet en el senado, que provocar a los militares con la posibilidad de abrirle a éste un juicio por crímenes de lesa humanidad.

La férrea lucha de los organismos chilenos y argentinos que buscan esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante las épocas oscuras de sus respectivos países, no ha podido nada frente al temor de la clase política de hipotecar el brillante futuro de ambas democracias por cuestiones que, aunque gravísimas, forman parte de un pasado que parece empeñada en olvidar. Empero, el temor no es del todo infundado. Los acuartelamientos y los desfiles militares han mandado mensajes contundentes: en Chile y Argentina los militares continúan estando más allá del poder civil para juzgarlos, aunque ello implique que la vergüenza por la infamia pasada no resuelta ni admitida pase a ser un ingrediente esencial de las nuevas democracias.

En Guatemala, el domingo 26 de este mes, esta verdad avergonzante quedó de nuevo demostrada con el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera, Obispo Auxiliar de la diócesis de Guatemala. Aunque las investigaciones no han avanzado lo suficiente como para poder imputar la responsabilidad del crimen a los militares, todo permite suponer que su muerte es una advertencia pública a todo aquel que indague en los crímenes cometidos por el ejército durante los 36 años de la guerra guatemalteca. El hecho de que Gerardi, tan sólo dos días antes de su deceso, hubiera presentado un informe en el que responsabilizaba a las fuerzas castrenses y a los grupos paramilitares de más del 80% de las casos de violaciones a los derechos humanos da fuerza a tal suposición.

Por lo que implica y por el momento en que acaece, el brutal asesinato de Monseñor Gerardi pone en jaque al proceso de paz guatemalteco. Así como su informe Guatemala, nunca más se constituye en la cimiente de la memoria colectiva, la resolución judicial de su brutal asesinato marcará la pauta de lo que cabrá esperar de ahora en adelante en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Siendo pesimistas, podría esperarse que en la relación democracia-investigación de los derechos humanos, la anulación o postergación por tiempo indefinido de la segunda se convierta en condición sine qua non de la estabilidad de la primera. En este caso, el esclarecimiento del asesinato de Gerardi correría la misma suerte que el de las miles de víctimas del conflicto guatemalteco: quedar selladas por el olvido y la impunidad.

El pesimismo tiene su razón: las investigaciones sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en los que se vieron implicados militares son poco o nada fructíferas. Las pocas excepciones en las que se han reabierto los casos o se ha logrado una resolución condenatoria, se deben a que en el proceso se ha visto perjudicado un extranjero; con el agravante de que los juicios han sido conducidos por tribunales también externos a la localidad (en el caso de Argentina, tribunales españoles, por ejemplo) y propiciados por actores no nacionales (generalmente familiares de las víctimas).

El Salvador no se queda al margen de esta lógica. Compartiendo las mismas características de otras naciones latinoamericanas: una ley general de amnistía que salvó de la cárcel a muchos militares y una abultada lista de asesinados y desaparecidos, la primera posibilidad seria de reabrir un juicio por violaciones a los derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz nació a partir de la gestión de un periodista y los familiares de tres monjas y una misionera laica estadounidenses, asesinadas en 1980 por cinco ex guardias nacionales.

Sin embargo, tanto la posibilidad de reabrir el juicio sobre el asesinato de las norteamericanas, en El Salvador, como las investigaciones sobre la muerte de Monseñor Gerardi, en Guatemala, se presentan como una valiosa oportunidad para rectificar en la lógica del olvido y el silencio que ha primado en los países que experimentaron el fenómeno de la represión política. En el caso de las monjas, se abre la puerta para revisar la polémica ley de amnistía general; en el caso de Monseñor Gerardi, se está ante la oportunidad de sentar precedente en la administración de justicia de pos guerra, específicamente en relación a crímenes relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

Presupuesto de la nación y la maquila de leyes

A fines del año de 1997 los diputados no aprobaron el Presupuesto porque no encontraron con qué rellenar el "hueco" y 1998 comenzó con el presupuesto de 1997, lo cual generó múltiples inconvenientes e incertidumbre entre la población.

Ante tal situación, en la sesión plenaria del ocho de enero de 1998, los padres de la patria tomaron la decisión de prorrogar por tres meses (hasta el veinte de abril) la entrada en vigencia de los Códigos y de la Ley Penitenciaria; posteriormente, en la sesión plenaria del día jueves 22 de enero, los diputados aprobaron el Presupuesto General de la Nación, no sin antes reformar dos leyes, la ley para la Venta de las Acciones de las Sociedades Distribuidoras de Energía Eléctrica y la del FODES, para tratar de hacer posible el financiamiento a las alcaldías, pero sin tomar en cuenta las necesidades presupuestarias reales para ejecutar los códigos y la ley penitenciaria.

La aprobación de este presupuesto es considerada como inconsulta y sobre todo inconstitucional, debido a que a los padres de la patria se les "olvidó" acatar el Art.182, inciso 13, de la Constitución Política, que a la letra dice: "los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia". Según Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la aprobación del Presupuesto General de la Nación: "el decreto de la plenaria fue hecho sin contar con una consulta previa de la Corte", por lo que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Presidente, envió su posición escrita, el día 23 de enero, a la Asamblea Legislativa, en la que le pide respetuosamente "la reconsideración del Decreto por el cual se establece el Presupuesto del Organo Judicial por contravenir expresas disposiciones judiciales".

Ante esta decisión de aprobar el presupuesto de 1998, adoptada en Casa Presidencial y ratificada con los votos de los diputados en la Asamblea Legislativa, el Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES) y el Sindicato de Trabajadores de Sector Eléctrico (STSEL), lo consideraron además de injusto, inconstitucional, porque aparte de violar la Constitución transgrede el Decreto Legislativo No.1004. Las dos sindicales consideran que esa decisión que se "acordó" en Casa Presidencial, el miércoles 21 de enero de 1998 "no ha sido en función del desarrollo social y económico de la nación, sino más bien en función de sus intereses políticos electorales. Por lo tanto próximamente estaremos presentando un Recurso de Inconstitucionalidad, por las violaciones al Decreto Legislativo No.1004".

Los generadores, los Transmisores y las Distribuidoras no van a asumir los costos, lo van a trasladar a los consumidores finales; por lo tanto, los padres de la patria han condenado a la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño a una alza obligatoria de las tarifas de energía eléctrica, con el negocio político que acordaron el miércoles 21 de enero del corriente año.

Es necesario subrayar que el presupuesto fue aprobado obviamente por el partido ARENA y sus partidos satélites, es decir, el PCN, PDC, PD, dos diputados "independientes", Isidro Caballero y Arturo Argumedo, y CD, partido que cada vez más evidencia su lejanía con el interés popular y su acercamiento a la derecha, igualmente su interés por ingresar al grupo de partidos "sirvientes" del partido oficial ARENA. La aprobación del presupuesto se dio en casa presidencial y a la Asamblea Legislativa llegaron sólo a levantar la mano, se desconoce el tipo de pacto o negociación que se dio entre esos partidos políticos; este último pacto se suma al de Apaneca y al de San Andrés.

En El Salvador las iniciativas de ley se presentan a la Asamblea Legislativa sin adjuntar estudios de los gastos ni de la estimación del costo total, impacto y beneficios que implicaría la ejecución de la ley, tampoco la especificación de la fuente de donde se extraerán los recursos para su financiamiento; es decir, se aprueban a ciegas, se desconoce a cuanto ascenderán los montos, por ejemplo de: construcción de nueva infraestructura; equipamiento; contratación de nuevo personal; capacitación del personal; incrementos de salarios; planificación, reestructuración y coordinación del trabajo de unidades o departamentos a nivel inter o intrainstitucional.

Las leyes en El Salvador se aprueban de una forma atropellada; por ejemplo, el día treinta de abril de 1997, veinte minutos antes de la medianoche, a punto de concluir la legislatura 1994-1997, el partido ARENA, con el respaldo de tres diputados "independientes", sumó cuarenticinco votos, para aprobar con dispensa de trámite un paquete de veintidós reformas a la Constitución Política. Es de remarcar que en esta aberración de derecho constitucional incluso se negaron a participar hasta los partidos históricamente satélites de ARENA, "mientras el diputado Walter Araujo leía a toda prisa los dictámenes aprobados, el diputado Quinteros, de la oposición, definió el resultado como ‘un mal cierre’ del mandato legislativo".

Esta actuación antidemocrática fue denunciada por los partidos de oposición, inclusive un día antes de llevarse a cabo la maratónica aprobación por parte de ARENA de las reformas constitucionales, los partidos MU, CD, MSN y el PRSC expresaron que el procedimiento era "antidemocrático e inconsulto", porque "no se estaba consultando a ninguno de los sectores sociales respecto de las reformas"; es más, ni siquiera a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa "se les había proporcionado una copia de las mencionadas reformas". En este mismo sentido se pronunció la Asociación Caminos de Paz (CAPAZ), la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y el Instituto Salvadoreño de Estudios Democráticos (ISED).

El sector trabajador organizado en diferentes centrales sindicales, gremios y asociaciones, también se pronunció sobre las reformas a la Constitución. "Las reformas, las consideramos lesivas a los intereses de la Nación y un retroceso de la corta e incipiente vida democrática del país, porque atentan contra los derechos humanos, fomentan la concentración de la riqueza de la propiedad agrícola, concentran el poder político en el gobierno central en menoscabo de la institucionalidad del Estado, atentan contra la estabilidad laboral, seguridad social y demás derechos de los trabajadores".

La hora de la verdad (II)

Las reacciones dentro y fuera de El Salvador en relación a las revelaciones más recientes en torno a la matanza de las religiosas estadounidenses, no se hicieron esperar; las han habido, abundantes y de todo tipo. Entre tantas, la primera que cabe mencionar es la del presidente de la República quien primero --en un tono cauteloso-- afirmó textualmente a los medios lo siguiente: "Vamos a estudiar la posibilidad de estudiar el caso y considerar los aspectos jurídicos; si hay cabida en nuestro Estado de Derecho iniciaremos las investigaciones". Lo anterior es rescatable; sin embargo, después --revelando una posición similar a la que ha sido la tendencia oficial sostenida desde antes de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad-- el doctor Armando Calderón Sol pidió recordar las "amnistías generales en el proceso de reconciliación en nuestro país" y se pronunció, además, como "partidario" de que "esas cosas trágicas tenemos que enterrarlas".

Otra opinión que no se debe dejar de lado es la del arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle, quien calificó de "muy bueno" el que "se estudien las cosas a fondo y que se trate de averiguar la verdad en todos los aspectos". Más contundente fue lo que seguidamente sostuvo, cuestionando la amnistía ya que ese tipo de medidas "no resuelven nada"; para el máximo prelado de la iglesia católica salvadoreña, no hay donde perderse: quien fue beneficiado con esa criticada disposición debe responder ante Dios por lo que hizo.

La posición del ministro de la Defensa Nacional, general Jaime Guzmán Aguilar, fue clara: el caso estaba cerrado para la institución castrense. No obstante, manifestó su disposición para cumplir órdenes si las autoridades nacionales decidían reabrirlo porque --según señaló-- el ejército es "respetuoso de la independencia de los poderes del Estado".

El Fiscal General de la República se limitó, inicialmente, a decir que estudiaría el decreto de amnistía para establecer si procedía o no abrir nuevamente una investigación, pensando si dentro del mismo cabía la inclusión de los autores intelectuales responsables de los horrendos hechos mediante los cuales se puso fin a las vidas de las cuatro religiosas estadounidenses. "Si estuviera en el decreto de amnistía --manifestó el doctor Manuel Córdova Castellanos--, legalmente no hay nada que hacer". En términos similares se pronunció el vice presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor René Hernández Valiente, quien sostuvo que existían "puertas para reabrir casos cuando surgen nuevas evidencias, a pesar de existir amnistía"; pero también expresó que en estos procesos no se debía irrespetar la legislación nacional, en clara alusión a la prescripción del delito.

Las hermanas Maryknoll, desde su sede en Nueva York, sostuvieron que --como misioneras-- buscaban la verdad, para que el saneamiento y la reconciliación pudiese contribuir al cambio de los involucrados en estas muertes trágicas, así como en la transformación de toda la sociedad salvadoreña. De cara a la residencia de los altos oficiales señalados por la Comisión de la Verdad como los responsables del encubrimiento, la Congregación pregunta por qué a Eugenio Vides Casanova y a Guillermo García el Departamento de Estado les ha permitido permanecer en el territorio de su país, si presuntamente obstruyeron la justicia en la investigación del caso; asimismo, reclama la desclasificación de la información no divulgada antes, que se encuentra en manos de las instituciones oficiales estadounidenses.

Finalmente, ha circulado una misiva firmada por más de cincuenta congresistas del país del norte que --en esencia-- solicitan a la titular del Departamento de Estado lo mismo que las hermanas Maryknoll. Una de las partes de dicha carta dice lo siguiente, según nuestra libre traducción: "No hay límite en la búsqueda de los asesinos, y ciertamente no hay límite en nuestra inquietud profunda y en la inquietud continua de nuestros votantes y de nuestro país frente a este crimen tan inhumano. La exhortamos a adoptar la posición más fuerte posible en la búsqueda de esta nueva información y en la reapertura de la investigación acerca de los que ordenaron estos asesinatos y de cualquiera que haya tenido participación en el encubrimiento de los mismos".

Con todo lo anterior, tenemos que --en uno u otro tono, con más o menos precisión y rigor-- nadie se ha cerrado a la posibilidad de investigar nuevamente los hechos, para establecer plenamente las responsabilidades en el caso que ahora nos ocupa. Nadie, a excepción de ese personaje que ahora pretende estar en capacidad de conocer todo y opinar sobre todo, muchas veces con una marcada pobreza de argumentos, sintaxis y redacción. Antes se atrevió a sostener que la Fuerza Armada de El Salvador no había tenido nada que ver en el caso de la masacre en la UCA, cuando murieron seis sacerdotes y dos de sus colaboradoras; ahora es el único que ha salido abiertamente en defensa de quienes condujeron a la FAES durante la guerra --él incluido-- ante las declaraciones de los guardias detenidos por la muerte de las religiosas. Y lo ha hecho con el exacto discurso de la época más difícil de la violencia, mediante el cual se intentó mantener en la impunidad los crímenes más atroces.

Se trata del retirado pero muy activo general Mauricio Ernesto Vargas. Únicamente él --lógicamente sólo acompañado por sus colegas Vides y García-- ha negado de entrada las cosas. Y en el lenguaje característico de aquella dolorosa y violenta época, este señor afirma que nunca existieron prácticas oficiales de este tipo por parte de la institución armada y que --al intentar esclarecer los hechos en el caso de las religiosas-- lo que se busca es "atacar al ejército". Nada más alejado de la realidad, pues lo que se pretende realmente es lograr que en este país la paz esté fundada sobre lo que corresponde: verdad y justicia.

Si el general Vargas reacciona así ante las indagaciones y los reclamos de las hermanas Maryknoll, del Comité de Abogados de Nueva York y de un buen grupo de congresistas estadounidenses, ¿qué podemos esperar cuando, por ejemplo, las madres de las personas desaparecidas de manera forzada exijan que se investiguen los restos encontrados recientemente en El Playón, Quezaltepeque, departamento de La libertad? ¿Las descalificará desde sus ventajosos espacios en los medios de comunicación, a los cuales no tienen acceso las víctimas de la violencia pasada ni sus familiares? ¿Qué podemos esperar si, en forma más precisa, se da el caso que los familiares de las víctimas de las unidades que él comandó durante la guerra reclaman verdad y justicia?

De esos hechos, existen testimonios en las bases de datos y los archivos de diversos organismos de derechos humanos no gubernamentales --nacionales y extranjeros-- e intergubernamentales, principalmente cuando estuvo al frente de las Brigadas de Infantería 2 y 3, del Destacamento Militar 4 y del Batallón de Reacción Inmediata "Atonal". Así las cosas, no se puede dejar de pensar que la desautorización que pretende para quienes reclaman con justa razón el esclarecimiento de los hechos, en el caso de las religiosas estadounidenses, tenga como interés el evitar que esos hechos y otros --como el de la masacre en la UCA-- sirvan para despejar más el camino a la participación de las víctimas y sus familiares en la legítima búsqueda de su reparación moral y material, mediante el establecimiento pleno de la verdad. A todo ello tienen derecho y nadie puede negárselos.

Así, pues, tienen que comenzar a pensar los responsables de todos los horrores ocurridos en nuestro país que --como muy bien ha dicho monseñor Sáenz Lacalle-- "el que tiene la culpa, sigue teniéndola y si no se arrepiente delante de Dios, y no restituye lo que tiene que restituir, sigue con la injusticia adentro".

ANTE EL EXECRABLE ASESINATO DE MONSEÑOR JUAN JOSE GERARDI CONEDERA, LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DEL ARZOBISPADO DE GUATEMALA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, MANIFIESTA:

1. Su profundo dolor e indignación por el cobarde y brutal asesinato del que fue víctima Mons. Gerardi, fundador y Coordinador General de esta Oficina.

2. El domingo 26 de abril alrededor de las 22:00 horas, cuando ingresaba a su casa, tras realizar una visita familiar de rutina, Mons. Gerardi fue atacado por un individuo que no fue identificado. El asesino golpeó en el cerebro a Mons. Gerardi con un trozo de cemento y posteriormente lo remató con el mismo objeto en pleno rostro, desfigurándolo. El individuo regresó diez minutos más tarde cerca del lugar donde cometió el crimen, luego de cambiar su ropa que había quedado salpicada con la sangre de Monseñor. Ningún objeto de valor de su casa, ni del vehículo del cual descendía en su garaje, ni ninguna pertenencia personal fue tocada por el asesino.

3. Hacía 48 horas Mons. Gerardi había presidido en la Catedral Metropolitana, junto con otros obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, la entrega pública del informe "Guatemala: Nunca Más", que documentó y analizó decenas de miles de casos de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Mons. Gerardi era el obispo coordinador del Proyecto Interdiocesano "Recuperación de la Memoria Histórica".

4. Mons. Gerardi era, desde 1984, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala; de 1967 a 1974 fue obispo de Las Verapaces, donde fue precursor de la Pastoral Indígena; posteriormente fue nombrado obispo de El Quiché, donde tuvo que enfrentar la época de mayor violencia contra la población. Las masacres, las desapariciones forzadas contra la población civil, el asesinato de varios sacerdotes y catequistas, y el acoso inclemente de los militares contra la Iglesia obligó al cierre de la Diócesis de El Quiché en junio de 1980. Semanas antes, Mons. Gerardi había escapado de una emboscada. Siendo presidente de la Conferencia Episcopal, las autoridades le negaron a Mons. Gerardi el ingreso al país y tuvo que permanecer en el exilio durante dos años, hasta 1984. A principios de los años 90 fue delegado por la Conferencia Episcopal para acompañar el proceso de paz, junto con Mons. Quezada Toruño.

5. El asesinato de Mons. Gerardi es una agresión despiadada contra la Iglesia de Guatemala --que pierde por primera vez de esa manera violenta a un obispo-- y contra todo el pueblo, en particular el católico, y representa un duro golpe al proceso de paz.

6. Demandamos de las autoridades competentes el esclarecimiento de esta tragedia en un plazo que no debe exceder las 72 horas, pues si el patrón de impunidad se extiende a este caso sobre el Gobierno de la República recaerá un grave costo.

7. Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional les pedimos su decidido apoyo y solidaridad en este difícil momento que atraviesa el pueblo guatemalteco. Este alevoso crimen ha venido a conmocionarnos a todos, pero en esta prueba debemos mantenernos firmes y unidos para impedir que la barbarie y el terror que ha padecido el pueblo guatemalteco se enseñoree sobre Guatemala y nos haga perder más vidas, así como los espacios democráticos que con tanto sacrificio han sido conquistados. Como dijo Mons. Gerardi en su discurso del 24 de abril, con ocasión de la presentación del informe de REHMI: "Queremos contribuir a la construcción de un país distinto. Por eso recuperemos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del Reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos".

"Bienaventurados los que trabajan por la paz...

los perseguidos por la justicia,

porque de ellos es el Reino de los Cielos".

Mateo 5, 9-10

Guatemala de la Asunción, 27 de Abril de 1998.

RENUNCIA. La Ministra de Educación, Cecilio Gallardo de Cano, renunció a su cargo, el 24.04, según ella, por razones estrictamente personales y no por aspirar a ocupar la Vicepresidencia de la República. Su propósito, señaló, es regresar a trabajar dentro del sector privado, pues el proceso de reforma educativa "ya logró consolidarse lo suficiente", al punto en que puede continuar igual sin ningún problema. Gallardo de Cano explicó que la idea de dejar el cargo surgió en diciembre de 1997 y desde entonces se lo propuso al Presidente de la República, Armando Calderón Sol. Manifestó sentirse conforme con el proceso de reforma al interior de la administración del Ministerio aprobada recientemente por los diputados; sin embargo, se retira con la esperanza de que futuras decisiones con respecto a la educación sean tomadas por "razones técnicas y no por intereses partidarios". En este contexto, el FMLN, PDC, USC y PCN señalaron que la decisión de la ex Ministra responde a los problemas internos que enfrenta el partido del Gobierno. "Es una lástima porque se trata de la única funcionaria que medio estaba haciendo un trabajo decente, y no cabe duda de que esta decisión repercutirá en la campaña de Paco Flores", opinó el Secretario General del PDC, Ronal Umaña (LPG 25.04. p.4-5 y 26.04. p.4; LPG 28.04; DH 25.04. p. 6).

DETENCIONES. El Fiscal General de la República, Manuel Córdova Castellanos, confirmó, el 24.04, la detención de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PCN) acusados de fraude procesal. Uno de los detenidos fue el Jefe de la Delegación de Finanzas, Mauricio Arriaza Chicas, quien, junto a otros 7 compañeros, "vició y manipuló" las investigaciones en el caso de Nelson Martínez Comandari. A los 3 restantes, además del delito anterior, se les acusa de haber alterado el proceso que se depura sobre el asesinato de la locutora de radio, Lorena Saravia. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para rendir declaraciones; luego fueron llevados al cuartel central de la PNC donde permanecerán en custodia. El Fiscal General explicó que la detención administrativa no denota culpabilidad ni que el caso esté cerrado, pues "hay un procedimiento judicial que la nueva normativa penal impone y que hay que respetar". El Juzgado Quinto de lo Penal es el encargado de realizar la audiencia respecto a los delitos de los acusados y, en base a los resultados de la misma, el Juez considerará si las evidencias de la Fiscalía son suficientes para decretar el auto de detención provisional. El 25.04, el Juzgado encargado del caso concedió libertad condicionada a los tres acusados de fraude en el caso de Saravia (LPG 25.04. p. 8 y 26.04. p.3; DH 25.04. p. 12).

ESTANCAMIENTO. Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) manifestaron, el 24.04, la posibilidad de que se inicie una nueva huelga nacional en protesta por los descuentos salariales aplicados recientemente por las autoridades de la institución. Dichos descuentos fueron impuestos a médicos que abandonaron sus lugares de trabajo durante las cuatro huelgas realizadas el pasado marzo. Según los médicos, un nuevo paro laboral significaría una medida de presión para que las autoridades del Seguro remuneren el porcentaje de salario descontado correspondiente a 10 y 17 días laborales. La Directora de la institución de salud, María Julia Castillo, dijo que el descuento se debió a trámites administrativos que, de no realizarse, habrían generado "reparos y sanciones" por parte de la Corte de Cuentas de la República. En otro orden, las negociaciones entre el Gobierno y los médicos han quedado entrampadas desde la semana pasada, debido a que éstos, que exigen un aumento salarial de 2 mil 600 colones al mes, rechazaron la oferta salarial de mil 175 colones mensuales por una hora de trabajo diaria. Los galenos consideraron la propuesta del Gobierno como "una maniobra que busca resquebrajar al gremio" (DH 25.04 p. 3).

HUELGA. El Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS (SIMETRISSS), convocó a sus miembros, el 28.04, a una nueva huelga de tiempo indefinido como medida de presión frente al impasse en las negociaciones entre la gremial y las autoridades del ISSS. La huelga afectaría a las consultas externas y cirugías electivas en la mayoría de clínicas y hospitales del ISSS. Miembros de la comisión tripartita que representa al Colegio Médico, al sindicato del ISSS y a los médicos agrupados en la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS) sostienen que las negociaciones no han avanzado, pese a que ya han transcurrido 50 días desde que presentaron al Presidente Calderón Sol la plataforma reivindicativa que defienden. Los galenos cuestionan la falta de capacidad resolutiva que posee la Comisión de Alto Nivel para negociar las demandas, y han llegado a solicitar al mandatario, el 21.04, la destitución de los miembros que la conforman, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna. Además, los dirigentes del Colegio Médico criticaron, el 23.04, el incremento salarial aprobado por la Asamblea Legislativa para médicos especialistas y generales, equivalente a 1250 y 1000 colones hora/mes, respectivamente, por considerarlo una maniobra del gobierno (DH 28.04 p.8).

GERENCIA. La ex Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, asumió, el 27.04, la gerencia de redacción de La Prensa Gráfica, motivada por lo que el mismo medio ha llamado "un proyecto periodístico en marcha". Gallardo aseguró que su elección se fundamentaba en el hecho de considerar que dicho medio informativo tenía "una visión de país". La Prensa Gráfica perdió, el 16.04, al jefe de redacción, y al jefe y dos subjefes de información cuando intentaron, sin éxito, reafirmar la independencia periodística del medio e iniciar un proyecto para recuperar el "liderazgo" del medio en la difusión de información (LPG 28.04 p.4).

REDUCCIÓN. El Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Julio Gamero, anunció, el 28.04, el inicio de un debate para reducir del 3.5% al 2% la comisión que reciben las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). El debate, en el que participarán representantes de las AFPs, de la Superintendencia de Pensiones y de otros sectores involucrados, surgió tras la propuesta que presentaran las fracciones del PDC y del PCN para efectuar la referida reducción. Gamero se mostró complacido porque la propuesta demostraba que se podía equilibrar posturas y con ello "evitar dañar al trabajador, a las AFPs y al sistema mismo" (LPG 29.04 p.6).