Año 18
número 805
mayo 6
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Un año de desempeño legislativo
Política ¿Por qué no se elige al Procurador?
Economía Deficitaria producción de granos básicos
Sociedad Reflexiones en torno al primer año de la administración Silva
Internacional II Cumbre de las Américas: compromisos a medias
Sociedad Reducción de cesáreas, un debate que continúa abierto
Derechos Humanos En memoria
El pasado primero de mayo, cumplió su primer año de labores la Asamblea Legislativa surgida de los comicios de marzo de 1997. La anterior legislatura había estado dominada casi totalmente por ARENA, lo cual le hacía relativamente fácil a ese partido imponer sus decisiones sobre un pleno en el que las voces de la oposición casi no se escuchaban. En marzo de 1997 esa situación cambió drásticamente, pues, tras las elecciones, se operó una importante recomposición del escenario legislativo como resultado del número de diputados obtenidos por el FMLN (27) y ARENA (28) y del peso adquirido por el PCN, el cual, con sus 11 diputados, se perfilaba como el partido con el que necesariamente tendrían que negociar los partidos mayoritarios si querían sacar adelante sus iniciativas. De los demás partidos, las afinidades estaban bastante claras: el PDC, con sus 7 diputados, sumaría hacia ARENA, mientras que Convergencia Democrática (2 diputados), MU (1diputado), el PLD (2 diputados) y el PRSC (3 diputados) o se decantarían por el apoyo al FMLN o conformarían -sin que esto fuera excluyente de lo primero- un bloque de centro con iniciativas propias.
Como quiera que sea, las elecciones de 1997 dejaron claras varias cosas: primero, que ARENA había perdido su hegemonía en la Asamblea; segundo, que el FMLN se había convertido en un interlocutor político de primera importancia; tercero, que las decisiones legislativas tenían que pasar por el PCN; y, cuarto, que las reglas para alcanzar acuerdos en la Asamblea iban a ser los pactos y las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. A un año de haber sido conformada la actual Asamblea Legislativa, ¿qué tan realistas fueron esas apreciaciones?
Ciertamente, ARENA redujo su número de diputados y con ello vio mermadas sus posibilidades de imponer sin resistencia sus decisiones. Sin embargo, las orientaciones de la Asamblea durante el periodo mayo 1997-mayo 1998 -con un fuerte sesgo hacia las opciones de derecha en materia de privatización o de seguridad pública- desdicen bastante de esa pérdida de poder de ARENA. Hábilmente, los diputados areneros han jugado con las influencias que ejerce su partido sobre el PCN y el PDC, lo cual les ha permitido no sólo sacar adelante sus iniciativas, sino también obstaculizar las iniciativas del FMLN, muchas de ellas encaminadas a corregir los efectos sociales perniciosos de las propuestas de ARENA. Es decir, los legisladores del FMLN han invertido buena parte de su tiempo en tratar de revertir -la mayor parte de las veces infecunda y tardíamente- las decisiones que los diputados de ARENA han logrado imponer con la ayuda de sus aliados políticos. La lógica de los "madrugones" se impuso una y otra vez, sin que la capacidad de interlocución del FMLN se hiciera sentir.
De este modo, el peso logrado por el FMLN en las urnas no le ha redituado en la incidencia legislativa que los más optimistas esperaban. Sus iniciativas en aquellos ámbitos de la realidad más necesitados de atención -la salud pública, el medio ambiente, la modernización-privatización, la crisis del agro- no han ocupado un lugar destacado en el debate público; sí lo han ocupado, sin embargo, sus cuestionamientos y oposición a las medidas impulsadas por los legisladores de ARENA en casi todos esos campos de la vida nacional. El problema es que esa oposición y cuestionamientos han tenido lugar o cuando es poco lo que se podía hacer para revertir la situación -como lo muestran las AFPs- o cuando ya existía un cierto consenso acerca del ritmo seguido en el país, por ejemplo en el plano de la privatización de los servicios públicos. En los casos más absurdos, el FMLN enfrentó a ARENA sin estar lo suficientemente preparado, como cuando se interpeló al Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sin ningún logro ni para el partido de izquierda ni para el país.
En lo que se refiere al rol del PCN como la institución partidaria que inclinaría la balanza hacia uno de los dos partidos mayoritarios, la apreciación inicial se ha mantenido, pues el PCN ha inclinado la balanza hacia ARENA. Eso era de esperarse; el error fue haber pensado que ello podría ser de otra manera; es decir, que el PCN no iba a comprometer de antemano su peso político con los intereses de ARENA, y que, en consecuencia, iba a ser capaz de apoyar iniciativas claves para el país que provinieran del FMLN. Esperar un cambio en las filas pecenistas sólo pudo obedecer a un optimismo exagerado que, por lo demás, no tenía ningún tipo de sostén en la realidad, dado el desempeño político del PCN desde inicios de la década de los 80.
A la sempiterna vocación del PCN para respaldar los intereses de ARENA se sumó el fracaso del bloque de centro, animado por los partidos minoritarios. Ambas dinámicas pusieron serias limitaciones al debate parlamentario serio y responsable; la expectativa de que en la Asamblea iban a imperar los acuerdos y los pactos no fue satisfecha con los hechos. Muchas de las iniciativas de ley aprobadas -sobre todo, aquellas de trascendencia para el país- no pasaron por el debate ni fueron aprobadas por acuerdos consensuados entre las fracciones políticas, sino que obedecieron a arreglos previos entre ARENA y sus aliados políticos.
A un año del arribo de la nueva legislatura el balance de su desempeño no puede dejar de ser desalentador. El debate responsable ha brillado por su ausencia; las camarillas políticas han continuado siendo las piezas de las que se vale el partido de gobierno para imponer sus decisiones; el FMLN ha naufragado en una oposición que casi siempre ha sido tardía y estéril. Bien vistas las cosas, la incredibilidad política que manifiestan los salvadoreños tiene su razón de ser. Y es que difícilmente se puede creer en políticos que toman decisiones de espaldas a los intereses de los sectores mayoritarios de la población; difícilmente se puede creer en políticos que no tienen ninguna claridad acerca de los problemas del país y del modo de enfrentarlos.
La Asamblea Legislativa tiene una deuda pendiente con la sociedad. Es de esperar que en lo que le resta de mandato salde sus cuentas con los salvadoreños; para ello, sin embargo, tiene que romper con las inercias que la han dominado durante su primer año de funciones.
Que se ha politizado la elección; que el PDC había negociado de antemano con ARENA la silla de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a cambio de votos a favor para aprobar el Presupuesto General de la Nación; que hay intereses particulares de por medio; que al partido oficial le es más conveniente la no elección... son algunas de las explicaciones que se han esgrimido en reacción al estancamiento en el que ha caído la elección del sucesor de la anterior Procuradora, Victoria Marina de Avilés. Ahora, cuando en la Asamblea Legislativa todo indica que la elección del nuevo Procurador va a prolongarse indefinidamente, hay que explorar otras posibles hipótesis. Hay una que a nadie parece habérsele ocurrido: sencillamente que ninguna de las fracciones legislativas se ha tomado lo suficientemente en serio el problema de la elección; lo cual equivale a decir que ningún partido se toma lo suficientemente en serio a la PDDH.
Puede ser cierto que entre ARENA y el PDC existiera un acuerdo previo que obligara al primero a garantizar al segundo la dirección de la PDDH. Un año de desempeño legislativo ha demostrado que muchos de los males del pasado continúan vigentes en el pleno y que, en buena medida, ello obedece a la imposición de los intereses de quienes, tradicionalmente, han detentado el poder político en El Salvador. Es por eso que en nada podría sorprender que, en efecto, ARENA haya comprometido el cargo de Procurador, con el fin de obtener respaldo a una iniciativa de su conveniencia. Esta explicación podría defenderse si se toma en cuenta el sumo interés que ha evidenciado la Democracia Cristiana en conseguir la dirección de la PDDH, interés respaldado abiertamente por el partido gobernante. Pero ¿por qué razón podría al PDC interesarle el cargo del procurador? Pues eso es un completo misterio que, probablemente, haya servido para restarle importancia al rumor de la componenda entre ARENA y la Democracia Cristiana.
De cualquier forma, decir que a ARENA poco o nada le interesa la PDDH no parece muy descabellado. No es difícil pensar que al partido oficial le es completamente ajena la preocupación por dar relevancia a una entidad de esa naturaleza y que, por el contrario, le es más conveniente que ésta pierda impulso y protagonismo. En definitiva, no es precisamente de ARENA de quien se esperaría que ejerciera presiones para sacar adelante una elección medianamente satisfactoria. Al fin y al cabo, el desempeño de la ex Procuradora, Victoria Marina de Avilés, fue para el gobierno arenero más un estorbo que una bandera que izar a la hora de vanagloriarse de su administración; especialmente en el área de la seguridad pública.
No es, pues, ni de ARENA ni de ningún otro partido de derecha o de centro de quien se pueda esperar que emerja la solución al problema actual de la PDDH. Es evidente que la responsabilidad de resolverlo recae en los institutos políticos de izquierda. Y no es que se piense que velar por el cumplimiento de los derechos humanos no forma parte de los roles del Estado. Claro que los derechos de la ciudadanía competen al Estado. Idealmente, la PDDH debería ser la entidad más importante en materia de derechos humanos y las distintas instancias gubernamentales deberían facilitar su trabajo. Tan es así que el Presidente Armando Calderón Sol se ha comprometido a garantizar su cumplimiento. Los Acuerdos de Paz, la suscripción a distintos tratados internacionales y gran parte de los discursos presidenciales demuestran que los dos últimos mandatarios salvadoreños se han comprometido, al menos en teoría, a defender decididamente los derechos humanos.
Ese compromiso ha sido más en la teoría que en la práctica, pues distintos hechos han demostrado que el partido en el gobierno no sólo no está dispuesto a defender los derechos de la ciudadanía hasta las últimas consecuencias, sino que, además, en varias ocasiones ha defendido a ultranza proyectos que van en desmedro de los mismos -la reacción frente a los problemas laborales de las maquilas, la Ley de Emergencia contra la delincuencia y la forma en la que están siendo enfrentadas las demandas del gremio médico, son algunos ejemplos de ello.
Pero los partidos de oposición forman también parte del Estado y se ha visto que, en ciertas coyunturas, su participación puede llegar a ser determinante. Ahora bien, ¿por qué se dice que, en este momento, corresponde a la izquierda sacar del entrampamiento la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos? Pues simplemente porque la PDDH se creó obedeciendo a una exigencia suya, plasmada en las negociaciones que pusieron fin a la guerra. Difícilmente esta entidad existiría hoy en día por iniciativa del poder político tradicional. La defensa de los derechos humanos es competencia del Estado; del Estado en su conjunto y no sólo de una de sus entidades. Pero falta mucho aún para que todos los que lo conforman asuman la responsabilidad de garantizar su cumplimiento. Por esa razón, el compromiso con los derechos fundamentales de la población recae en quienes mayores muestras han dado de estar interesados en hacerlos valer. Lograr la creación de la PDDH impone a la izquierda, hoy democrática, la obligación moral y política de procurar al menos su funcionamiento.
El hecho de que hoy en día al FMLN y a la CD parezca importarles muy poco si se elige o no a la persona encargada de conducir la PDDH, es del todo inconsecuente con el supuesto interés de hacer cumplir los derechos humanos que la izquierda puso de manifiesto al haber planteado la creación de dicha institución como una de las condiciones para la firma de la paz. ¿Habrá que pensar que el interés inicial de la izquierda salvadoreña por los derechos fundamentales de la ciudadanía no era genuino? ¿O es que acaso la vida democrática ha trastocado por completo la jerarquía de sus "causas"? Todo parece indicar que el principal partido de oposición está más preocupado por elegir un candidato presidencial más o menos convincente, por justificar su rechazo a la política de endeudamiento externo o por afianzar sus relaciones diplomáticas que por alcanzar un acuerdo que saque del atolladero la elección del Procurador.
Así pues, la acefalía actual de la PDDH puede haberse prestado para manipulaciones de distinto tipo, para una multiplicidad de interpretaciones, pero a lo que responde, en última instancia, es al desinterés de los políticos en esa entidad. Hay que ser realistas, ninguno de los partidos, por mucho que les corresponda, por mucho que pueda esperarse de ellos, está dispuesto a luchar por el fortalecimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Podría argumentarse que la no elección del Procurador o, mejor, que el desinterés de las distintas fracciones políticas en el asunto obedece a los vacíos que dejó la anterior administración de la PDDH.
Ahora bien, es cierto que la ex Procuradora, Victoria Marina de Avilés, se enfrascó muchas veces en casos particulares que poco aportaron a una comprensión general del valor de los derechos humanos, que logró poco con sus frecuentes disputas con el Ministro de Seguridad, Hugo Barrera, y que descuidó el área de educación en derechos humanos. Sin embargo, eso ni anula los esfuerzos y avances que logró en su desempeño ni puede ser usado como pretexto para restarle importancia a la labor de la PDDH. La falta de voluntad real de los políticos para poner fin a la situación de la PDDH es lo único que se ha evidenciado en los más de dos meses que lleva el debate. Dos meses de ver desfilar nombres, de oír rumores y de pensar que la defensa de los derechos humanos en El Salvador está destinada a quedar indefinidamente en las manos de los organismos no gubernamentales.
Históricamente puede constatarse que la producción de granos básicos ha sido una de las más desfavorecidas por las diferentes políticas de desarrollo que se han implementado en el país. Desde la época de la colonia, la producción de alimentos ha sido una de las actividades agropecuarias más importantes de la población rural, que no fue abandonada ni con la introducción de las grandes haciendas y los productos de exportación. En la actualidad, cerca de un 75% de los productores agrícolas trabajan en el cultivo de granos básicos, dedican aproximadamente un 60% de su producción para el autoconsumo, desarrollan su producción en parcelas menores a las 5 hectáreas y no tienen acceso a la tecnificación. Un elemento que agrava la situación de los productores de granos básicos es que en las últimas dos décadas han experimentado una importante reducción de los precios reales de sus productos, contrariamente a lo ocurrido con los precios de los restantes sectores económicos.
La situación del subsector granos básicos se ha vuelto más crítica durante los últimos 20 años por enfrentarse no sólo a límites impuestos por las políticas económicas, sino también a los que imponen el elevado deterioro del medio ambiente y los recursos naturales, especialmente el suelo. Las sequías son una expresión de estos límites y se traducen en importantes reducciones en la producción agropecuaria, pero especialmente en el subsector de granos básicos. Sólo para el año 1997 se reportaron pérdidas de cerca de un 25% de la cosecha total de granos básicos. Ante ello, una de las reacciones más típicas del gobierno ha sido la importación de granos, con lo cual ha pretendido suplir la demanda interna y evitar mayores alzas en los precios de los mismos
Cabe destacar que lo anterior no implica que no hayan otros subsectores agropecuarios afectados por la sequía, pues tanto la producción de café como la de caña de azúcar experimentarán reducciones de hasta un 20% de su producción total. Sin embargo, no puede obviarse que los efectos más sensibles recaerán sobre el subsector granos básicos, porque en éste se concentran la mayor parte de agricultores y se perciben los niveles de ingreso más bajos, en parte debido a la práctica de abastecer al mercado interno a través de exportaciones.
En este contexto, recientemente se conoció que el país se verá en la necesidad de importar grandes volúmenes de granos básicos con un valor cercano a los 520 millones de colones. Aunque aparentemente esta es una medida justificable de cara a la inminente escasez de aquéllos, en realidad sus efectos son muy discutibles y generan dudas razonables sobre su pertinencia y sobre la necesidad de implementar políticas de fomento de la producción de granos básicos como medio para reducir la pobreza rural. A continuación se evalúa brevemente la participación de las importaciones de maíz en la balanza comercial y en la producción nacional, así como la evolución de los precios reales del maíz y del frijol. Con ello, se pretende demostrar que, en la práctica, la política económica aún tiene una asignatura pendiente en la promoción de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural.
En lo que respecta a los efectos de la importación de granos básicos sobre la balanza comercial, resulta de interés revisar el comportamiento de las importaciones de maíz en las últimas tres décadas, prestando atención a los años inmediatamente posteriores a aquellos en los que se ha reportado sequía severa, tales como 1972, 1982 y, más recientemente, 1994. Un primer dato que llama la atención es el correspondiente al año de 1973, cuando las importaciones de maíz llegaron a representar más de un 52% del total del déficit de la balanza comercial, después de que en 1972 el mismo porcentaje fuera de 0.07%. Para los siguientes años, el porcentaje cayó a cifras de un sólo dígito, hasta 1983 cuando las importaciones de maíz llegaron a representar un 11.55% del total del saldo de la balanza comercial.
Para los años posteriores, la participación de las importaciones de maíz en el déficit comercial disminuyó apreciablemente, ubicándose en niveles de entre 0.8% y 2%. Esto no implica, empero, que las importaciones de maíz hayan disminuido durante los últimos 15 años; por el contrario, el valor de éstas se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, llegando a multiplicarse por 12 entre 1973 y 1995, por ejemplo. La caída en el porcentaje de importaciones de maíz se debe a que el déficit de la balanza comercial se ha ampliado enormemente en el período mencionado, llegando a multiplicarse por 385.
Con relación a la producción de maíz, las importaciones de este grano han llegado a representar un importante porcentaje, de la siguiente forma: en 1973 representaron un 20% de la producción local y en 1983 un 15%. Para 1995 no pudo obtenerse el valor de la producción de maíz, pero en relación a la producción total de granos básicos las importaciones de maíz representaron un 8.4%.
Para 1997 se espera que en total las importaciones combinadas de maíz, arroz y frijol alcanzarán 518.7 millones de colones, lo cual representa un 4% del déficit esperado en la balanza comercial y cerca de un 16% del valor de la producción total de granos básicos para 1996.
Ateniéndose a los datos anteriores, es imposible negar que la importación de granos básicos, y especialmente de maíz, tiene un papel en la determinación del déficit de la balanza comercial, pero sobre todo en el abastecimiento de alimentos para la población. Las importaciones, por suplir oferta deficitaria, no limitan su incidencia al mero balance comercial, sino que también tienen fuertes implicaciones sobre los precios de los granos básicos y, consecuentemente, sobre los ingresos de los productores.
Las importaciones de granos básicos han contribuido activamente a reducir el crecimiento de sus precios, aun por debajo del crecimiento de los precios de los productos de otros sectores económicos, lo cual se ha traducido en una severa reducción de los precios reales del maíz y frijol durante las dos últimas décadas. Así, los precios de estos dos productos cayeron desde un nivel de 100 en 1978 a un nivel menor de 25 para 1996; es decir, se redujeron en cerca de un 75%.
Producto de la situación anterior, los productores han debido enfrentar reducciones permanentes en sus ingresos y, por ello, no es de extrañar que la pobreza rural se haya mantenido en niveles cercanos al 65% a lo largo de la década de 1990; mientras que en el ámbito urbano ésta disminuyó desde 54% a 43% entre los años 1991 y 1996.
Evidentemente, la política económica y social no ha logrado llegar hasta los sectores rurales y ello explica el que la amplia mayoría deba resignarse a reproducirse en condiciones de pobreza. Así, al menos en lo tocante a la política de importaciones de granos básicos, puede decirse que ésta se ha convertido en un elemento que obra en contra de los ingresos y el bienestar de los productores y de la población rural en general. Al mismo tiempo, esta política da lugar para el surgimiento de un reducido grupo de importadores e intermediarios que especulan con los precios de los granos básicos, lo cual les permite obtener grandes beneficios.
La política de importación de granos básicos opone los objetivos de la estabilidad de precios y el abastecimiento de los sectores urbanos a la reducción de la pobreza en el sector rural. Por ello, debería revisarse y modificarse la política hacia el sector granos básicos para conciliar tanto los intereses de los consumidores como de los productores. Ello supone el diseño e implementación de una estrategia de fomento de la producción de granos básicos que se sostenga, entre otras cosas, en programas especiales de crédito y tecnificación agrícola dirigidos a pequeños productores.
Héctor Silva finaliza de una manera interesante las consideraciones sobre el primer año de su gobierno municipal: "si lo que hemos logrado hasta ahora -afirma-, fuera lo único que lográramos hacer, ya valió la pena haber sido alcalde". Evidentemente, ante estas palabras, las preguntas a contestar son: ¿qué es aquello tan importante que a juicio de Silva ha logrado su administración? y este logro, de ser tal, ¿desde las expectativas de quiénes le da validez no sólo a la gestión realizada hasta ahora, sino incluso a la futura?
Algo que caracterizó al nuevo equipo municipal desde su llegada a la Alcaldía de San Salvador fue la gran cantidad de expectativas y suspicacias que despertó, tanto en los sectores cercanos a la derecha como en los de izquierda, pues Silva comandaba el gran experimento administrativo-político de la izquierda salvadoreña. Luego de tres períodos ininterrumpidos de administraciones edilicias areneras, la llegada de Silva prometía un giro radical en la manera de gerenciar la alcaldía más grande del país. Para la población que se beneficiaría de su servicio, esto sólo quería decir una cosa: sus necesidades e inquietudes no sólo serían satisfechas, sino que se convertirían en los principios rectores de la nueva administración, al menos así lo anunciaban las promesas electorales de aquel entonces. En otras palabras, el manejo partidario de la alcaldía de San Salvador (con sus expresiones más evidentes: compadrazgo y utilización propagandística de las obras realizadas), prometía llegar a su fin con la investidura de Silva como alcalde.
Sin embargo, el mayor de los obstáculos que la nueva administración enfrentaba era precisamente el carácter político con el que ineludiblemente se leerían sus acciones, ya fuera que éstas conducieran a logros o a fracasos. Por mucho que su equipo estuviera formado por profesionales no adscritos a algún partido político o que sus proyectos tuvieran objetivos meramente ciudadanos, los sectores de la derecha -política o económica- previsiblemente harían todo lo que estuviera dentro de sus posibilidades para restarle méritos electorales a la nueva administración. En esta lógica, si, por ejemplo, la alcaldía llevaba a buen término la instalación de una planta procesadora de deshechos, no se alcanzaba un logro ciudadano, sino más bien uno político: la izquierda se presentaba ante el electorado cómo capaz y diligente en los puestos administrativos que poseía.
Por otra parte, al margen del ámbito puramente político y de la confusión que le es connatural entre medios y fines, otra de las dificultades a afrontar eran las relacionadas con los recursos económicos disponibles para concretar los proyectos y echar a andar la administración. Como ya de todos es conocido (ver Proceso, 758 y 760), el equipo edilicio liderado por Mario Valiente heredó un legado abrumador a la administración Silva: desorden administrativo agudo y, más grave aún, bancarrota financiera. Por lo anterior, era razonable esperar que buena parte de los primeros esfuerzos estuvieran enfocados a aliviar esta situación.
Desde este contexto, los logros posibles no serían, por supuesto, los políticos (gran popularidad o aceptación), sino más bien los específicamente ciudadanos. Aunque en ello es necesario realizar ciertos matices. Por un lado, en el ámbito externo a la alcaldía, cómo logros edilicios cabrían tanto las obras físicas visibles (en las que es posible incluir el ornato de los espacios públicos o la introducción de alumbrado), como las no materiales: campañas de concientización o educación ciudadana, por ejemplo. Por otro lado, a nivel de funcionamiento interno, un logro edilicio también sería aquel en el que la estructura administrativa y financiera se perfecciona para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.
Siendo así, ¿qué de lo hecho por el equipo edilicio de Héctor Silva puede ser catalogado como un logro trascendental?. Aunque en su balance Silva enumera como tales la aprobación del 6% del presupuesto para las alcaldías y la puesta en marcha del proyecto de la procesadora de basura, por no ser estos hechos atribuibles exclusivamente a la acción de la Alcaldía de San Salvador, habría que descartarlos. Más bien hay que reconocer como logro la reforma administrativa que se ha implementado al interior de la Alcaldía. Medidas como establecer las reglas técnico-administrativas de las relaciones empleado-patrono o poner a funcionar un catálogo de descripción de los puestos de trabajo, una escala de salarios y un proceso efectivo de contratación y nombramiento de personal, probablemente no harán que la población recuerde a Silva con agrado, pero, en cuanto sientan las bases para establecer a futuro una administración edilicia eficiente, ellas componen el gran logro del equipo liderado por éste. Ahora bien, ¿es suficiente este logro para darle el visto bueno al año de labores y a los que resta por venir?
Desde los sectores de la población que se verán afectados por lo que haga de ahora en adelante la administración Silva, la respuesta es no. Por positivo que sea el haber logrado ordenar la casa, Silva no puede disculpar con ello el incumplimiento a futuro de algunos de los proyectos que prometió realizar. Ello implicaría acentuar el carácter administrativo de su gestión en desmedro del talante de proyección social que debería acompañarlo. Más bien, con la afirmación con la que concluye el balance de su primer año, Silva parecería querer responder a sus detractores; a aquellos sectores que oponiéndose u obstaculizando su gestión pretenden mostrarlo como incapaz de realizar obras palpables y concretas.
Aquí entra en juego un elemento que hay que considerar: el papel de la sociedad o de algunos de sus sectores en los resultados obtenidos por la Alcaldía de San Salvador. Como para cualquiera se ha hecho evidente, muchos esfuerzos se han gastado inútilmente y muchas propuestas han sido abandonadas sin estudios serios de su factibilidad y posibles bondades en la guerra sin cuartel que se ha librado en contra de la Alcaldía. Uno a uno, los macro proyectos emanados de la administración Silva han sido vetados por los grupos cercanos a ARENA.
Ciertamente, luego de que ha transcurrido un año desde que entró en funciones la administración Silva, es necesario hacer un balance de su gestión; pero es imposible hacerlo sin evaluar el comportamiento ciudadano ante una gestión que pretendía -y en buen grado ha logrado- ser diferente. Actitudes como la apertura, el diálogo y la consulta ciudadana son claves para actualizar el potencial más propio de una alcaldía: acercar la gestión gubernamental a las localidades; dar cumplimiento a las necesidades específicas de una comunidad. Empero, nada se logra si la población no comparte las mismas características: si los ciudadanos no saben la manera o no les interesa sacar provecho de los cabildos abiertos; si los miembros de una comunidad no participan con propuestas acertadas y viables a sus propios problemas; si son criterios políticos los que terminan orientando la oposición o apoyo a las propuestas que emanan de las administraciones edilicias.
La izquierda, al menos en su dimensión edilicia, debe evitar la disculpa fácil de hacer de la mala disposición de la población y de los otros partidos la causa de su mal desempeño hasta la fecha. Sin embargo, si al menos una de las alcaldías que posee ha logrado solidificarse administrativa y económicamente para dar un buen servicio a su municipio, si se comprobara que al menos una de ellas posee la actitud y la apertura necesarias para cumplir con sus funciones, y pese a ello no se han realizado las obras y proyectos vitales para el desarrollo municipal, más que preguntarnos en qué falló la alcaldía es justo cuestionarse en qué fallamos como ciudadanos comprometidos con la realidad social que nos es más cercana.
Entre el 10 y el 12 de abril, 34 presidentes de toda América participaron en la Segunda Cumbre de las Américas, realizada en Santiago de Chile, cuya principal finalidad era renovar los compromisos adquiridos por los mandatarios cuatro años atrás, en Miami, para establecer un área de libre comercio en el continente. A diferencia de la primera cumbre, en esta ocasión la atención de los participantes estuvo puesta en la necesidad de avanzar en el proceso de integración, para que el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sea una realidad para el año 2005. En 1994, los presidentes fueron convocados por la necesidad de evaluar el estado de los derechos humanos en las frágiles democracias de América Latina, y los compromisos asumidos para la constitución del ALCA correspondieron a otro plano de la reunión, impulsado principalmente por el Presidente Bill Clinton.
En todo caso, la Declaración de Santiago reafirmó la voluntad de los mandatarios -esta vez supeditada a la creación del ALCA- de fortalecer la democracia, erradicar la corrupción y reformar los sistemas de justicia, fortalecer la educación, luchar contra "el flagelo de la pobreza" y respetar las desigualdades que existen entre las economías que se aventurarían a formar parte del ALCA, entre otras cosas.
Los compromisos que aparecen en la Declaración de Santiago son, a primera vista, muy parecidos a los que se establecieron hace cuatro años en Miami. Este puede ser un indicativo de lo mucho que falta por hacer o, en la peor de las apreciaciones, de lo poco que se ha hecho para erradicar de la vivencia cotidiana de la mayoría de naciones del continente las constantes violaciones al Estado de derecho y la vigencia de políticas que perjudican a la mayoría de la población. Para evitar esta apreciación, se estableció un Plan de Acción que expone las estrategias que permitirán llevar a la práctica los acuerdos firmados, y para ello el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) han desembolsado unos 45 millones de dólares que serán utilizados en los distintos proyectos de desarrollo, en concordancia con lo pactado en la cumbre. Además, tanto la cumbre misma como el documento final que de ella surgió, presentan elementos que permiten hacer una evaluación del grado de impacto que tienen este tipo de encuentros en un aspecto delicado de la discusión: las condiciones de vida de los habitantes del continente.
Entre los acuerdos que se suscribieron, llaman especialmente la atención aquellos dedicados al fortalecimiento de los sistemas educativos, al reconocimiento de la diversidad cultural y de la disparidad económica. En los primeros se maneja una concepción de la educación como pilar para el desarrollo de todos los pueblos y, de hecho, puede verse como una muestra de la necesidad de que la integración se extienda más allá de los límites que el comercio impone. El texto establece que se facilitará el acceso a la educación para todos los habitantes y que la ciencia y la tecnología estarán al servicio de aquélla, lo cual implicaría, por un lado, abandonar la costumbre de importar el "ingenio" tecnológico de otras naciones y, por otro, la tendencia a asociar la adquisición de tecnología con la agudización de la dependencia hacia las potencias. En consecuencia, un compromiso orientado hacia el fortalecimiento de la educación, como motor y como oportunidad para el desarrollo, debe tener como base la necesidad de cambiar las relaciones que se dan con los países que cuentan con las posibilidades de desarrollar tecnología propia.
Aunque en la Declaración de Santiago doce de los compromisos asumidos están relacionados con el fortalecimiento de la democracia, el desempeño de la instituciones sobre las que ésta descansa, la erradicación de la pobreza y la discriminación y el respeto a los derechos humanos, aún es difícil identificar los logros que posibilitaran la equiparación de las condiciones de vida en todo el continente, especialmente en los países de América Latina. La pobreza no ha disminuido más que unos cuantos puntos porcentuales, los índices de corrupción en el Estado todavía son preocupantes y el deterioro de la confianza depositada sobre los cuerpos de seguridad aumenta progresivamente frente a las constantes violaciones a los derechos humanos. Si la integración promete a posteriori beneficios económicos para los países que participen en ella, también debería presentarse como una herramienta para concretar y evaluar, a priori, beneficios en el área social, política y cultural.
El compromiso de atender "las diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las economías" de los países que participarán en el ALCA, más bien aparece un llamado de atención al organizador y principal impulsor de la negociación: Estados Unidos. En términos generales, los mandatarios latinoamericanos esperan una actitud benévola para aquellas naciones que todavía encaminan sus economías hacia un estado de relativo desarrollo; una actitud que les permita ser competitivas en el mercado mundial. De hecho, esa es la meta que persiguen los programas de ajuste que asesora el Banco Mundial en la región centroamericana. Pero en el fondo, el lugar que ocupa la cláusula en el documento representa una declaración de temor ante el inminente enfrentamiento de empresas locales y transnacionales que supone la puesta en marcha del ALCA. Los círculos empresariales de los países menos desarrollados han solicitado en otras ocasiones, frente a la posibilidad de firmar acuerdos de libre comercio entre naciones, que se mantengan algunas medidas proteccionistas para los productos locales, pero, frente a la creación del ALCA, la sola posibilidad de pensar cualquier tipo de proteccionismo está fuera de toda discusión.
Si esa posibilidad está por principio desechada, la única manera posible para asegurar que el ALCA no se convertirá en el tiro de gracia para las economías más pequeñas es asegurar que sea lo suficientemente flexible para acoger las economías más débiles. Por lo tanto, el respeto a la disparidad de las economías del continente sólo se logrará si antes se garantiza la participación efectiva de todos los países del continente en la planificación del área de libre comercio.
El debate generado en torno a la creación de mecanismos multilaterales para el control y evaluación de las políticas contra el tráfico de drogas en el continente, cuyo patrimonio estaba exclusivamente en manos de EEUU, puede ser un precedente que contribuya a tomar en cuenta la necesidad de participación igualitaria entre todas las naciones que lo conforman. De la misma manera pueden ser vistos los esfuerzos de los países del MERCOSUR por incluir mecanismos que garanticen transformaciones graduales, en miras al la creación del ALCA, en aquellas naciones en las que el sector agrícola es el principal generador de ingresos.
La idea de fondo en estas iniciativas tiene que ver con esa noción de igualdad de oportunidades tanto en la elaboración del proyecto planteado por la cumbre, como en las oportunidades de desarrollo que este ofrece. Desde esta perspectiva, el desarrollo que debería ofrecer la creación del área de libre comercio tendría que fundamentarse en ese principio de inclusión y participación. De entrada, pues, la II Cumbre de las Américas demostró que los intereses que la motivan no están dirigidos del todo hacia esta posibilidad, puesto que excluyó de la discusión a Cuba, por ser el único país que no cumplía con el requisito de contar con un mandatario electo democráticamente.
La problemática del sistema de salud salvadoreño ha arribado, desde hace bastante, a un punto tan crítico que no es descabellado predecir una convulsión a nivel nacional. El sistema de salud se ha enredado, de un tiempo para acá, en una dinámica de denuncias, protestas, contradicciones y huelgas que no da señales de terminar en el corto o mediano plazo.
Como si la inestable situación en el sistema de salud fuera poca cosa, en abril se abrió un nuevo debate: la aún no esclarecida política de reducción de cesáreas. Todo empezó el 2 de abril, cuando el periodista español de El Diario de Hoy, Alberto Fernández, publicó un reportaje de seis páginas acusando al Hospital Nacional de Maternidad y al Hospital 1º de Mayo (este último dependiente del ISSS) de reducir la aplicación de cesáreas con el propósito de disminuir costos en las mencionadas instituciones.
La publicación se fundamentaba principalmente en tres cosas. En primer lugar, los casos de cinco mujeres -de entre 30, desde 1996- a las que supuestamente no se les realizó la cesárea a tiempo o que las forzaron a tener a sus bebés por vía vaginal, aun cuando las madres padecían estrechez pélvica. El resultado de esto fue que algunos de los niños murieron, mientras que otros sufrieron daños cerebrales que pudieron evitarse de haberse realizado a tiempo las intervenciones quirúrgicas. Un segundo punto que apoyaba el reportaje era el testimonio de médicos anónimos que daban fe de que en los hospitales efectivamente se implementó la política de reducir cesáreas. "La muerte de los niños en los hospitales se ha convertido en algo normal", dijeron algunos médicos que prefirieron ocultar sus nombres por temor a posibles represalias en su contra. Otros aseguraron que en abril de 1996 hubo una reunión convocada por el Director del Hospital de Maternidad, Ricardo Burgos, en la cual se les informó que se realizarían turnos con el propósito de evitar cesáreas. Por otro lado, el 29 de octubre de 1997, al menos 17 médicos enviaron una carta al Ministro de Salud, Eduardo Interiano, solicitándole su intervención para "suspender a la mayor brevedad posible la política adoptada por la dirección de disminuir la frecuencia de cesáreas". El funcionario nunca respondió.
Y es este precisamente el tercer argumento de Fernández, quien relató que, desde el 29 de marzo, El Diario de Hoy ha venido solicitando una entrevista con el Ministro de Salud, Eduardo Interiano. En un primer momento, el titular de Salud accedió; sin embargo, exigió que el autor del reportaje no asistiera a la entrevista, cosa que no fue aceptada por el periódico. Desde entonces, según la misma fuente, no se ha obtenido mayor cooperación de Interiano para esclarecer el problema de la reducción de cesáreas.
Fue así como salió a la luz pública la denuncia acerca de las presuntas directrices hospitalarias para la atención de partos. La publicación fue impactante y convincente. Es difícil pensar que no haya al menos algo de verdad en lo que se expuso, sobre todo cuando hay imágenes y testigos que han confirmado la información.
Por supuesto, la reacciones más dispares no se hicieron esperar. Al día siguiente de la publicación del reportaje (3 de abril) se supo que la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa, el Colegio Médico y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos iniciarían las investigaciones sobre la controvertida política hospitalaria. El Director del Hospital de Maternidad, Ricardo Burgos, convocó una rueda de prensa para desmentir la información del periódico. Asimismo, aunque no se había obtenido mayor respuesta o intervención del Ministro de Salud hasta ese momento, éste no sólo se pronunció en contra de la acusación, sino que afirmó que la investigación "agrede al gremio médico y va en contra de los gineco-obstetras y pediatras". No obstante, tal como sostuvo el Presidente del Colegio Médico, José Marinero, "las políticas de los hospitales siguen las directrices dictadas por el Ministerio de Salud". Es decir, no se culpó en ningún momento a los médicos residentes, sino a sus superiores.
La situación empeoró cuando en varios periódicos nacionales aparecieron campos pagados de las instituciones acusadas y del Ministerio mostrando datos estadísticos que contradecían la información divulgada por El Diario de Hoy. En esos campos pagados se planteaba que la reducción de cesáreas no podía existir, pues "nos formaron para salvar vidas, para curar enfermos y para evitar enfermedades". Así pues, la existencia de la política de reducción de cesáreas fue negada tajantemente, con argumentos de la más variada especie; sin embargo, la duda siguió presente, pues las pruebas que sostienen la existencia de la misma no pueden ser desechadas con ligereza.
Definitivamente, el debate sobre la reducción de cesáreas ha provocado conflictos y tomas de posición difíciles de conciliar. El Ministerio, la Dirección del ISSS y los hospitales involucrados aseguran que el periodista no se documentó lo suficiente antes de publicar el reportaje, por lo que sus resultados no reflejan el verdadero sistema de trabajo utilizado en el tratamiento de partos. ¿Qué tan aplicable y cierta es esta afirmación? ¿Qué tan probable es que, tras cinco meses de investigación y rastreo, el periodista se haya equivocado tan burdamente en su apreciación? Difícilmente el autor sacaría a la luz pública un tema tan delicado y peligroso, a sabiendas de su repercusión pública y sus implicaciones legales, sin asegurar y respaldar sus afirmaciones. Surge entonces otra interrogante: si la práctica está tan arraigada, ¿por qué no fue denunciada antes? Seguramente porque los pocos conocedores del hecho eran el Ministro de Salud -a quien, por supuesto, no le convenía que se supiera- y un sector del gremio médico, obligado a practicar la reducción y temeroso de sufrir las consecuencias si daba publicidad a la situación. También cabe la remota posibilidad de que no sea real la existencia de una política de reducción de cesáreas como tal, sino que más bien se trate de una significativa cantidad de casos de mala praxis involuntaria en los partos. En este caso, Fernández podría haberse dejado llevar por la indignación y por el relato de madres descontentas hasta el punto de generalizar el problema y hacer del mismo una política hospitalaria.
De cualquier forma, el tema divulgado por el periodista español dio pie a un clima de preocupación en varias instituciones, los asegurados, el Presidente de la República y en la ciudadanía en general, contribuyendo a caldear más el convulsionado ambiente del sector salud. Urge conocer a fondo la situación de la atención a los partos en el sistema de salud. De ser falsa la información periodística, lo correcto sería dar una explicación y una rectificación de lo sucedido. De ser verídica, es imperdonable que no se condene el delito y no se deduzcan las responsabilidades del caso. ¿Cuándo comenzarán a indagar la Asamblea Legislativa, la PDDH, el Colegio Médico y las demás instituciones con autoridad para aclarar la situación?
Por ahora, la polémica de la política de reducción de cesáreas se ha convertido, como muchos otros asuntos, en un tema pasado de moda dentro de la agenda de los medios de comunicación. No se ha sabido más del problema y la incertidumbre sigue presente. No es posible que se dejen pasar por alto las irregularidades del sistema de salud, pues ello contribuye a que persistan sus vicios más inexcusables.
La noticia ya recorrió suficientemente la faz de la tierra y la estremeció con fuerza; de eso, hay constancia de sobra. Pero su mayor impacto se produjo entre el sufrido pueblo de Guatemala, los organismos de derechos humanos y las organizaciones religiosas identificadas plenamente con la lucha por el respeto a la dignidad humana de las mayorías empobrecidas. La brutal e inaceptable muerte de monseñor Juan José Gerardi Conedera hace unos días hizo que hasta el cielo, sin poder contenerse, derramara sus lágrimas en forma de lluvia cuando el féretro comenzaba -el miércoles 29 de abril- a aparecer en el atrio de la Catedral metropolitana, al iniciarse el último y doloroso recorrido del obispo inmolado que así se despedía físicamente de su pueblo y de su gente, por la que siempre desplegó una lucha incansable.
De entrada, el hecho criminal nos golpeó a todas y a todos por la forma tan brutal en que fue realizado; después, sacudió aún más a quienes conocíamos o sabíamos de su consecuencia más inmediata: la irreparable pérdida que sufría una de las causas más nobles de la humanidad -la de los derechos humanos- con la desaparición material de monseñor, fundador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y eterno animador de su trabajo en favor de la verdad y la justicia. Pero también, tras la reflexión más pausada después de la bofetada inicial, se nos presentó la que quizás es su dimensión más grave: con su asesinato, los intereses y los grupos de siempre querían eliminar cualquier amenaza seria a la impunidad de la que han gozado y pretenden seguir gozando en Guatemala.
¿Por qué decir que esta última es, talvez, la más grave dimensión de tan lamentable muerte? Pues porque, habiendo vivido una experiencia similar en El Salvador, podemos hablar con algún conocimiento de causa; así, sabemos que las otras dos que mencionamos antes se les pueden revertir con mayor facilidad a quienes la ordenaron. En primer lugar, porque la saña y crueldad utilizadas para acabar con la vida de un hombre de paz -de un buen pastor- es la mejor forma de revelar que no han cambiado, que siguen siendo los mismos y que ni los acuerdos de paz entre las cúpulas ni las mediaciones internacionales son capaces de acabar con su terca y desquiciada ambición.
En torno a la presencia física del obispo Gerardi, ésta no la podrán evitar con su asesinato pues desde el primer momento la gente más sencilla -su gente- obtuvo, reprodujo y repartió su imagen por todos los rumbos; como en el caso de monseñor Romero, no tardará el pueblo guatemalteco y latinoamericano en hacerle un sitial privilegiado entre los altares de sus humildes casas, de sus comunidades y de sus iglesias de base; como a nuestro San Arnulfo de América, más temprano que tarde -si es que no empezaron ya- las cuerdas de las guitarras en manos del campesinado y las voces limpias de las poblaciones indígenas, junto a todas y todos los humildes del continente y del mundo, comenzarán a cantarle para recordarlo y mantenerlo vivo. Así, siendo parte ya del martirologio latinoamericano, su figura seguirá presente inspirando el surgimiento de nuevos esfuerzos y guiando los ya existentes en la batalla sin cuartel contra la impunidad.
Esa impunidad que se aferran en defender los criminales de ayer y hoy hizo que éstos dieran la órden de muerte, pensando en que esa era la manera -más atrevida, quizás, pero más contundente- de lanzar un mensaje brutal a las comunidades guatemaltecas que esperaban con ansias recibir la verdad para actuar. Romero -el 23 de marzo de 1980- suplicó, rogó y ordenó a las bases de los cuerpos de seguridad salvadoreños que cesaran la represión; lo hizo en nombre del sufrido pueblo salvadoreño y lo mataron un día después.
Gerardi, el 24 de abril de 1998 al momento de entregar el informe "Guatemala: nunca más", señaló -entre muchas cosas- lo siguiente: "Años de terror y muerte han desplazado y reducido al miedo y al silencio a la mayoría de guatemaltecos. La verdad es la palabra primera, la acción seria y madura que nos posibilita romper ese ciclo de violencia y muerte, y abrirnos a un futuro de esperanza y de luz para todos... Es posible la paz, una paz que nace de la verdad de cada uno y de todos: verdad dolorosa, memoria de las llagas profundas y sangrientas del país; verdad personificante y liberadora que posibilita que todo hombre y mujer se encuentre consigo mismo y asuma su historia; verdad que a todos nos desafía para que reconozcamos la responsabilidad individual y colectiva, y nos comprometamos a que todos esos hechos abominables no vuelvan a repetirse..."
A dos días de esas palabras y a dieciocho años, un mes y tres días de las de Romero, Gerardi logró la gracia del martirio dejando en otras manos la continuación del duro trabajo en la búsqueda de la verdad, herramienta fundamental para la reconstrucción social. De esa manera, se observa el claro propóstio que se perseguía con la muerte de ambos: detener la participación de la población en el esfuerzo por alcanzar la satisfacción plena de sus justas demandas.
Con la muerte de monseñor Geraradi, los criminales le quisieron decir al pueblo guatemalteco lo siguiente: "¡no participen! ¡no se involucren!¡no se organicen para saber la verdad y reclamar justicia! ¡dejen las cosas como están y no pretendan impedir que sigamos cometiendo delitos para mantener nuestro poder! ¡no nos señalen como los culpables de la violencia y el terror en el pasado, porque ahora y en adelante queremos traficar, corromper, matar y robar sin que nada ni nadie nos lo impida!". Lo serio y preocupante de eso es, pues, que logren su objetivo: que la gente allá en la base -independientemente de su reverencia hacia el martir y su sacrificio- se atemorice e inmovilice al ver que ni siquiera ante esa investidura los criminales se detienen en aras de conseguir su beneficio particular, por encima del bien común.
Pero ni la sangre de Romero ni la de Gerardi han sido en vano derramadas. Ambos sabían a lo que se enfrentaban y nunca, por ello, dieron marcha atrás. Cuando era obispo de la Diócesis de El Quiché -la más golpeada por la represión en Guatemala- monseñor Gerardi se salvó de un atentado contra su persona; ahora que falleció víctima de las fuerzas más oscuras de nuestras sociedades, las comunidades indígenas de dicha Diócesis dijeron, en sus palabras, lo que a continuación traducimos: "La semilla para que dé fruto, debe caer en una tierra preparada. Por eso monseñor no murió en 1980, pues debía preparar la tierra con su trabajo por la Recuperación de la Memoria Histórica; ahora, su semilla va a dar buen fruto".
Comunicado de FESPAD, IDHUCA y Tutela Legal
A los representates legislativos y al pueblo salvadoreño, a la comunidad jurídica y política nacional e internacional, a la prensa nacional e internacional: la reforma al art. 15 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (LPDH), es inconstitucional.
Es una verdad incuestionable que la elección de cualquier funcionario público, sin importar su posición específica dentro de la estructura de gobierno, es un acto político. Más lo es cuando el acto de nombramiento emana de la Asamblea Legislativa por votación calificada. Consecuentemente, si se requiere de una votación calificada, es imperioso que las diferentes representaciones legislativas encuentren un consenso global que permita, con un acuerdo, decidir cuál persona será llamada para ocupar el cargo vacante.
La elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos no se exceptúa de tal circunstancia, y por ello, es necesario hacer algunas reflexiones sobre el divorcio con la constitucionalidad que presenta la propuesta de reforma al artículo 15 de la LPDH.
Este artículo establece que el Procurador Adjunto sustituirá al Procurador en los casos de ausencia o impedimento y ocupará su cargo cuando quede vacante, mientras se elige al nuevo titular. En términos políticos esto implica lo siguiente: supongamos que se ha elegido a la persona "A" para ocupar el cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, esto supone que para elegirlo se necesitó de una correlación de fuerzas y de un consenso entre diferentes fracciones legislativas, y -por tanto- que existe un equilibrio político en su nombramiento. Además, el Procurador Adjunto -quien debe reunir los mismos requisitos que el titular- es nombrado por el Procurador (Art. 13 LPDH), lo que significa que es una derivación normal del acuerdo político logrado para la elección de éste, pues obviamente el Procurador Adjunto gozará de la confianza política del Procurador, lo que indirectamente refleja una continuación -en su fondo- del acuerdo original de elección. En suma, dicho artículo dispone que mientras no exista un consenso político en la elección de un nuevo Procurador, la labor que desempeña la institución no se vea suspendida o alterada mientras transcurre el tiempo necesario para que un nuevo consenso político sea establecido. Ese es el sentido que incorpora la disposición del artículo 15 LPDH: dar continuidad a la labor que realiza la Procuraduría. Entonces ya está solventado, con antelación el impasse que requeriría la elaboración del consenso para la elección de un nuevo Procurador.
Cuando la Asamblea Legislativa dispone la reforma del articulo 15 LPDH para crear la figura de un "Procurador Interino", lo que hace es crear una legislación ad-hoc para permitir la realización de intereses sectoriales o partidarios, evitando así el logro del consenso que constitucionalmente ya se ha exigido para que el funcionario en comento sea elegido. Esa actuación transgrede el principio de legalidad que debe ceñir las actuaciones de los funcionarios públicos y de los órganos de gobierno. Es un principio republicano y democrático que los entes parlamentarios sólo poseen las facultades que les otorga -de manera expresa- la Constitución, de tal suerte que el Organo Legislativo en su dimensión parlamentaria sólo puede realizar los actos que la Constitución le autoriza. Así lo expresa, íntegramente, el articulo 131 # 380 de la Constitución, cuando dispone: "Corresponde a la Asamblea Legislativa:.. Ejercer las demás atribuciones que le señale esta Constitución".
Con ello se ofrece una garantía para la consecución del Estado de Derecho evitándose que la Asamblea Legislativa tenga un poder ilimitado. Todos los funcionarios públicos están sujetos a la Constitución, pero los que desarrollan actividades de decisión concreta, como los funcionarios del Órgano Judicial o del Ejecutivo, se sujetan también a las facultades legales. La Asamblea Legislativa sólo posee las facultades que le confiere la Constitución. Dentro de éstas se encuentra la de elegir por votación nominal y pública al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (Arts. 131 # 19 y 192 Cn.), y reformar las leyes (Art. 131 # 5 Cn.); pero la reforma a una ley o su creación o interpretación, no es la vía para atribuirle a la Asamblea Legislativa nuevas funciones o potestades, pues eso sólo puede realizarse mediante la reforma a la Constitución.
El mandato de la Asamblea Legislativa es nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Puede reformar la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos si lo desea, pero no puede hacer ningún nombramiento de funcionarios públicos -ni siquiera a titulo de interinato- si no es a los que refiere o indica la Constitución. Consecuentemente, en lo que respecta a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa sólo puede nombrar al Procurador por mayoría calificada. Para nombrar un Procurador Interino por mayoría simple es menester reformar la Constitución.
Lo contrario es sumamente grave para la institucionalidad del país, pues significa que la Asamblea Legislativa -por medio de la reforma a la ley- pretende pasar sobre la Constitución, creándose una atribución "39" cual seria elegir por simple mayoría el Procurador "Interino" para la Defensa de los Derechos Humanos. Es hacer de esta Asamblea Legislativa una Constituyente, sin serlo. Hay que recordar que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos (Art. 246 Cn.) y que existe responsabilidad de los funcionarios públicos por las violaciones e infracciones que se cometan contra la Constitución (Arts. 244 y 245 Cn.)
Pero más allá de los subterfugios jurídicos que la Asamblea Legislativa pretende, nos preocupa sobremanera la transgresión a los acuerdos de paz. La reforma a la Constitución que emanó de las negociaciones que nos llevaron al fin del conflicto, poseía un claro mandato: que exista una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que realice una fiscalización de la función pública en todos sus niveles; y que la persona llamada a desempeñar la más alta Magistratura de Conciencia del país sea producto de un consenso político, democrático, y no de una jugarreta política caprichosa.
Téngase pues, este comunicado, como una denuncia pública que realizamos de la inconstitucionalidad manifiesta en la reforma al artículo 15 de la LPDH, por transgredir el equilibrio de poder contenido en el artículo 86 de la Constitución, desarrollado para la Asamblea Legislativa en la atribución 36 del artículo 131 de la Constitución. El rompimiento del equilibrio de poder, además de ser un duro revés para la democracia y la construcción del Estado de Decreto, representa un grave atentado contra la confianza y la credibilidad de la población salvadoreña hacia sus instituciones.
San Salvador, 30 de abril de 1998
