Año 18
número 806
mayo 13
1998
ISSN 0259-9064
Editorial Seguridad y ley
Política El FMLN ante las elecciones presidenciales
Economía La situación económica en los primeros meses de 1998
Sociedad Salud: responsabilidad compartida
Política La sanción y el veto presidencial
Derechos Humanos Vivos se los llevaron...(I)
La dirección de la seguridad pública experimenta dificultades para comprender la delincuencia que, a su vez, obedece a una cultura de la violencia, en la cual aquélla se inscribe. Más aún, confunde delincuencia y violencia o, si se quiere, no sabe distinguirlas debidamente. Aunque todavía no sabe cómo disminuir la incidencia de la violencia y en particular de la delincuencia en la población, parece haber encontrado en los nuevos códigos penales un chivo expiatorio para disimular su fracaso. Con toda razón se muestra muy preocupada por el elevado nivel de la delincuencia que padece el país y el limitado impacto de sus esfuerzos. En vez de aplicarse con rigor a combatir la violencia y en particular la delincuencia, las autoridades de seguridad pública reclaman la reforma de los códigos penales recién estrenados.
Todo parece indicar que en las altas esferas de la seguridad pública existe confusión entre sus atribuciones y las del sistema judicial. Es así como aquélla vuelve a responsabilizar a este último de la incidencia de la delincuencia. Antes la emprendió, no sin alguna razón, contra los jueces venales; pero ahora, la emprende contra los códigos penales. Según las autoridades de seguridad, al favorecer al delincuente, estos códigos estimularían el delito. Pero el Ministro de Seguridad confunde la función policial, orientada a prevenir y perseguir el delito y al delincuente, con la de los códigos penales, que consiste en procesar y sancionar a aquellos que fuesen encontrados culpables. Para que los códigos puedan procesar y sancionar a alguien es necesario que la policía primero investigue el delito, identifique y capture a los delincuentes y presente las pruebas que comprueben su culpabilidad. No se trata, pues, de capturar a cualquier sospechoso, encarcelarlo y condenarlo sin pruebas consistentes ni el debido proceso judicial.
Otra preocupación del Ministro de Seguridad es que la población todavía no ha experimentado el impacto de los nuevos códigos penales, agregando que la captura de delincuentes habría disminuido de manera considerable desde que aquéllos entraron en vigencia. El primer responsable de la seguridad ciudadana debiera cuidar un poco más sus expresiones al hablar de temas tan delicados. Es prácticamente imposible experimentar el impacto de los códigos cuando apenas llevan unas pocas semanas vigentes y aún no operan en forma plena. En cualquier caso, el mismo reclamo podría hacerse a su ministerio que en casi cinco años todavía no ha podido contener la delincuencia. Por otro lado, es difícil aceptar que la presunta disminución de las capturas obedezca a las disposiciones de los códigos; aparte de que el Ministro no respalda su afirmación con estadísticas, el Fiscal General de la República ya aclaró que aquéllos no entorpecen la labor policial. De nuevo, la responsabilidad por la captura de los delincuentes recae sobre la policía a su cargo y no en los códigos penales.
En estos reclamos se percibe cierta añoranza por los antiguos cuerpos de seguridad, que echaban a cualquiera a la cárcel, sin mayores consideraciones. Pareciera que la Policía Nacional Civil quisiera decidir por sí y ante sí quién debe ir a la cárcel y quién debe permanecer en libertad. Los grandes medios de comunicación social contribuyen a difundir estas ideas autoritarias y verticalistas al no equilibrar las opiniones de la dirección de la seguridad pública; al contrario, las refuerzan al atribuir a los códigos penales los nuevos crímenes y al enfatizar las dificultades experimentadas por la puesta en marcha de la reforma penal —por otro lado normales al implementar un sistema nuevo con recursos limitados—, sin resaltar sus ventajas.
Algunas actuaciones recientes de la Policía Nacional Civil parecieran confirmar esa añoranza y, precisamente, por ejercer su poder de forma arbitraria e ilegal, once policías, algunos de ellos con rango de jefe, enfrentan cargos de fraude procesal. En uno de los casos, un presunto narcotraficante fue acusado de portar, traficar y conducir armas de guerra, narcotráfico, robo a mano armada y venta de dólares falsos. En el otro caso, varias personas fueron acusadas del asesinato de una locutora, a partir de evidencia fabricada por la misma policía que investiga el crimen. Aun cuando los sospechosos fueran delincuentes de hecho, ninguno puede ser capturado y acusado con base en una evidencia falsa.
La labor de la investigación policial consiste precisamente en descubrir las evidencias que permitan procesarlos y condenarlos por aquellos delitos de los cuales son responsables. Sin embargo, a las autoridades de seguridad pública estas disposiciones fundamentales de la ley penal les parecen sutilezas que favorecen a los delincuentes. Estos abusos son los que deben ser evitados en la policía y la seguridad a toda costa. Si los policías encausados fueran encontrados culpables de fraude procesal, cae por su peso preguntar por qué lo hicieron, a quién querían proteger, qué querían encubrir. Si son inocentes, entonces, quién dio las órdenes para presentar evidencia y hacer acusaciones falsas.
Ante los reclamos del Ministro de Seguridad, el Presidente Calderón Sol reaccionó rápidamente, sin darse tiempo para consultar, pensar y discutir, como la prudencia aconseja y él asegura practicar, y ordenó revisar los códigos penales, apenas unas pocas semanas después de entrar en vigencia, en lo que se ha vuelto un vicio de la legislación salvadoreña. En efecto, las leyes recién aprobadas y sancionadas por el Presidente de la República son sujetas a nuevas revisiones, como si no hubiese habido tiempo para ello antes o los legisladores no supieran lo que estaban aprobando. Es inevitable que semejante procedimiento genere inseguridad jurídica.
Sin duda hay algunas disposiciones en los códigos penales que deben ser revisadas, pero el problema de la violencia es mucho más complejo. Es comprensible que las autoridades de seguridad se encuentren desbordadas, pero debieran analizar el fenómeno con mayor profundidad. La violencia no prolifera por razón de unos códigos, sino por la concurrencia de varios factores mucho más complejos. Además de la incapacidad policial para prevenir, investigar y perseguir el crimen y la corrupción e incapacidad del sistema judicial, es necesario considerar el libre acceso a las armas de fuego, la permisividad de la sociedad, las drogas y el alcohol, los desequilibrios mentales y la pobreza.
El pasado viernes 8 de mayo, el Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se reunió para declarar abierta la recepción de propuestas de posibles fórmulas presidenciales para 1999. Con ese evento, la máxima autoridad del principal partido de izquierda finalmente inició, de manera oficial, el proceso preelectoral. Como es bien sabido, los comicios de 1999, más que ser un ejemplo de pluralismo partidario, serán el terreno en el que los dos grandes adversarios políticos del país se jugarán la Presidencia de la República. Por primera vez en la corta historia de su vida democrática, el FMLN tiene serias posibilidades de desbancar a ARENA. Posibilidades, por lo demás, bastante ajenas a los méritos que pueda atribuírsele al desempeño del Frente en éste último y significativo año de gestión legislativa y edilicia. No obstante, la idea de que el más grande instituto político de izquierda pueda llegar a hacerse cargo del ejecutivo no deja de generar inquietud y expectación.
Tardía preocupación por la elección del candidato
Que ARENA empezara a prepararse desde muy temprano para enfrentar las futuras elecciones con la mayor fortaleza posible no es de extrañar. Lo que sí ha resultado extraño es que, mientras con premura y decisión el partido oficial se ha dedicado a buscar lo que constituiría su tercer gobierno consecutivo, el FMLN parece estar dándole largas a la designación de sus candidatos. Es cierto que la decisión de quién va a ser el próximo posible primer mandatario del país no puede tomarse a la ligera, pero también lo es que la magnitud que tomó el lanzamiento de Francisco Flores vino a salirle al paso a cualquier intento del FMLN de postular un candidato sustancialmente distinto al que propusiera el partido gobernante. El éxito de la candidatura de Flores debió haber bastado para que ese instituto político acelerara la consolidación de lo que va a ser parte fundamental de su campaña electoral: la fórmula presidencial.
No está muy equivocado el Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, cuando, refiriéndose a la superioridad de su partido con respecto al FMLN en el proceso preelectoral, afirma que "si estuviéramos en una carrera de mil metros, nosotros ya llevaríamos una ventaja de trescientos". Y es que la "ventaja" de ARENA sobre el FMLN no radica únicamente en que el partido gobernante definió, hace ya siete semanas, su candidato presidencial; tiene que ver también, y sobre todo, con la forma en la que dicho partido ha sabido vender a la opinión pública las características del mismo. No cabe duda de que el fenómeno "Paco" Flores puso en apuros al Frente. La elección tardía de una fórmula presidencial para el principal partido de oposición no ha parecido obedecer a otra cosa que a la falta de personas idóneas al interior de las filas efemelenistas; personas con los atributos necesarios tanto para presentarse como alternativas atrayentes de poder, como para contrarrestar la contundente acogida de "Paquito".
El argumento con el cual el FMLN ha pretendido explicar la no elección del candidato es difícil de creer: que su prioridad es la elaboración de un "Programa de Gobierno" a partir del cual debe decidirse quién es la persona más capaz de llevarlo a cabo. De ser esto cierto habría que preguntarse ¿dónde está dicho "Programa"? ¿por qué no ha sido dado a conocer a la opinión pública? El problema es que lo único que existe es un "borrador de trabajo para uso interno de los partidos FMLN y USC", bastante inconcluso y malogrado hasta ahora. Es de esperarse, entonces, que para el 26 de julio —día estipulado por el Frente para oficializar la candidatura— el partido de izquierda haya concluido satisfactoriamente su plataforma gubernamental y la haya tomado realmente en cuenta para la elección de la fórmula presidencial.
Por supuesto, habrá que evaluar, en su debido tiempo, el resultado final de esa plataforma. Pero más allá de la discusión sobre la calidad e importancia del "Programa de Gobierno" efemelenista, lo cierto es que ese instituto político ya empezó a hacer palpable su preocupación por la elección de un candidato. Y es que resulta evidente que una plataforma gubernamental no es una fuente segura de votos. Muy bien planteada podría estar, pero, por sí misma, no va a atraer electores. Las propuestas de gobierno deben ir acompañadas de una cara confiable que dé muestras de tener voluntad e interés en hacerlas viables. Claro que en las preferencias electorales intervienen otro tipo de factores, tales como la tradición de un instituto político, el desgaste del partido gobernante o el nivel de criticidad del electorado, por ejemplo. Pero en términos generales y tomando en cuenta el presidencialismo que caracteriza a la política salvadoreña, puede decirse que, cuando se trata de elegir a un mandatario, la figura del candidato pesa más que el alcance de su discurso.
Los pros y los contras de las precandidaturas
Difícilmente podría pensarse que el Frente desconoce esa realidad. De ahí su interés en iniciar el proceso de elección de la fórmula presidencial. Desde hace algunos días, distintos nombres han empezado a barajarse como posibles integrantes de la fórmula del FMLN para la presidencia. A la lista encabezada por la ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, se han añadido el Secretario General de la Unión Social Cristiana (USC), Abraham Rodríguez; el reconocido economista, Salvador Arias; el Coordinador General del FMLN, Facundo Guardado; el actual alcalde de San Salvador, Héctor Silva; y el rector de la Universidad Tecnológica, Mauricio Loucel.
Mucho le ha criticado ARENA a su principal adversario político el hecho de tener que buscar personalidades fuera de su partido para competir en marzo próximo por la silla presidencial. Pero, en realidad, eso no tiene por qué ser motivo de alarma. Sin duda no faltan en las filas efemelenistas quienes aspiren a reemplazar a Calderón Sol. Sin embargo, el peso de su pasado armado impide a los integrantes del Frente participar en la contienda electoral. Por otra parte, el triunfo de Héctor Silva en los comicios pasados demostró que es más fácil para las figuras ajenas al dinamismo partidario atraer la simpatía del electorado. Difícilmente alguien descontento con el partido oficial y dispuesto a apostar por la izquierda se decidiría por el FMLN si éste postulara como candidatos a Shafik Handal o a Salvador Sánchez Cerén, por ejemplo —en el supuesto de que su participación en elecciones presidenciales no estuviera vetadas.
Hay que aceptar, pues, que el Frente no tiene figuras "presidenciables", pero también hay que reconocer que buscar personalidades fuera de sus filas puede convertirse en su carta de triunfo en el 99. El único militante efemelenista con posibilidades de alcanzar la candidatura es, como vimos, Facundo Guardado. Pues bien, de él hay que decir que no es una buena opción. Mucho se habrá podido inscribir Guardado en la línea progresista del partido, pero eso no limpia de su nombre el estigma de la guerra.
De Victoria Marina de Avilés surgen también serias dudas con respecto a las posibilidades de constituirse en una alternativa atrayente. Es cierto que tiene simpatías en determinados sectores —en especial en las organizaciones feministas— y que la idea de una mujer conformando la fórmula presidencial puede llegar a ser atractiva para algunos, pero su nombre no tiene suficiente peso y de su buen desempeño en la PDDH no se puede suponer que tendrá un buen desempeño en el ejecutivo.
La USC, en su calidad de aliado político del FMLN en la futura contienda electoral, ha propuesto para la candidatura a su Secretario General, Abraham Rodríguez, por considerarlo la persona idónea para ocupar el cargo. Sin embargo, hay que recordar que este social cristiano ha hecho dos intentos frustrados de alcanzar la presidencia y eso, sumado a que la polarización del electorado es un hecho —se sabe que las preferencias de la mayoría no van precisamente dirigidas hacia los partidos de centro—, lo convertiría en un candidato con muy pocas posibilidades de vencer a Francisco Flores.
Finalmente, quedan los tres restantes nombres en la lista de los precandidatos efemelenistas: Héctor Silva, Mauricio Loucel y Salvador Arias. Del primero habría que decir que resultaría muy cuestionable su lanzamiento después de las innumerables negativas que públicamente ha expresado ante la pregunta por su interés en ocupar la Presidencia. Probablemente presionado por quienes lo apoyan en el FMLN, ahora Silva quizás esté considerando la posibilidad de aceptar la candidatura. Ciertamente, el actual alcalde de San Salvador es una buena opción para ir a la disputa por la Presidencia. Su candidatura, claro está, puede tener en contra que su gestión en la comuna no ha proporcionado aún resultados palpables, pero que tiene carisma y que inspira confianza ya fue demostrado en marzo de 1997.
Mauricio Loucel es poco conocido. Su figura estaría representando al sector profesional que simpatiza con el FMLN y el hecho de que pertenezca al mundo académico lo pone a tono con el clima que parece estarse imponiendo en esta contienda. De decidirse Héctor Silva a culminar su gestión edilicia, podría Loucel convertirse en un atractivo compañero de fórmula de Salvador Arias. Este útimo, por su parte, es respaldado por la Alianza Democrática Campesina (ADC) y tiene mucho prestigio en el ámbito profesional. Arias es un intelectual graduado de la Universidad de la Sorbona de París. Parece ser, pues, la persona idónea para contrarrestar el auge del lúcido "Paquito" Flores. Es, además, experto en temas agrarios —fue uno de los propulsores de la Reforma Agraria— y no ha participado activamente en las estructuras orgánicas de ningún partido.
Consideraciones
En conclusión, puede decirse que si bien la elección tardía del candidato presidencial y la no culminación del "Programa de Gobierno" pueden haber sido poco estratégicos para el FMLN, la elección inteligente y realista de una buena fórmula y la finalización de una plataforma gubernamental bien planteada, creativa y viable podrían compensar el tiempo que el principal partido de izquierda ha perdido.
Es cierto que el Frente tiene serias posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República, pero en lugar de confiar en ello —que es lo que parece estar haciendo— debería poner en marcha todos los mecanismos que le permitan hacer buenas escogitaciones y pensar en buenas propuestas, con el objeto de llegar a marzo de 1999 a la altura de las circunstancias. Las fórmulas Salvador Arias-Héctor Silva o Salvador Arias-Mauricio Loucel parecen ser, por ahora, las más adecuadas para hacerle frente no sólo a ARENA, sino también a la posibilidad real de gobernar el país. En cuanto al plan de gobierno, habrá que esperar a que esté terminado para saber qué tan puestos sobre la tierra tiene los pies el FMLN y qué tan serio y tan alternativo es lo que este propone.
Recientemente, el Banco Central de Reserva (BCR) dio a conocer los resultados más importantes en materia macroeconómica para los primeros meses de 1998. Como siempre, éstos resaltan el mantenimiento del crecimiento y la estabilidad macroeconómica como características de toda la década de 1990. Este ha sido el principal argumento con el que los dos últimos gobiernos han justificado sus políticas económicas. Así, el BCR afirma que, en lo que va de la presente década, se han logrado altos niveles de crecimiento al mismo tiempo que se ha reducido la inflación, incrementado las Reservas Internacionales Netas (RIN) y disminuido el déficit fiscal a niveles más bajos que los observados durante la década de 1980.
Reiteradamente se ha señalado también que la base de esta relativa estabilidad macroeconómica no es atribuible a que el ajuste de la economía haya generado condiciones endógenas para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. La afluencia de remesas familiares es lo que ha facilitado la actual situación económica, porque ha permitido elevar el consumo, equilibrar la balanza de pagos y controlar las presiones inflacionarias provenientes del tipo de cambio (Ver Proceso 518, 544, 619, 756, 788).
En los primeros meses de 1998 la situación no ha variado mucho, las condiciones de dependencia de las remesas se mantienen mientras el gobierno continúa empeñado en presentar cifras macroeconómicas positivas sin preocuparse de la sostenibilidad de las mismas en el mediano y largo plazo. En lo que sigue, se examinan algunos indicadores que ha presentado el gobierno para evaluar el comportamiento económico de los primeros meses de 1998, para luego considerar cuál es el papel de las remesas en la obtención de estas cifras y la necesidad de adoptar medidas correctivas.
De acuerdo a las cifras del BCR, para los primeros dos meses de 1998, el Indice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) fue de 3.9%, lo cual es claramente superior al obtenido en los mismos meses de 1997, cuando el IVAE fue de 0.8%. Cabe destacar, empero, que al considerar que el IVAE de febrero de 1996 fue de 7.5% se tendría que el IVAE de febrero de 1998 aún se encuentra a niveles inferiores a los observados en años previos.
Por otra parte, otro de los logros señalados por el BCR es que, durante el período enero-marzo de 1998, las exportaciones se incrementaron en un 17%, dentro de lo cual destaca el crecimiento de 32% en las exportaciones de maquila de ropa y 22% en las exportaciones no tradicionales. Según el BCR, "este mayor dinamismo de las exportaciones aunado a los ingresos por privatizaciones y el continuado impulso de las remesas familiares han fortalecido la estabilidad externa, al permitirle acumular hasta el primer trimestre U$1,856 millones en Reservas Internacionales Netas".
Cabe detenerse en este punto para señalar que, aunque la información ofrecida por el BCR presenta un diagnóstico honesto de las fuentes de acumulación de RIN, no señala con claridad que en realidad el saldo de la balanza comercial tiene una clara tendencia hacia el déficit. Exceptuando el año pasado, el déficit de la balanza comercial ha venido ampliándose a lo largo de toda la década de 1990. Durante el primer trimestre de 1998 el mencionado déficit se incrementó en U$12 millones en relación al mismo trimestre de 1997. El comportamiento de los precios, por otro lado, ha sido relativamente estable, pues para el mes de marzo se obtuvo una tasa de inflación anual de 1.5%, muy inferior al 7.4% obtenido para marzo de 1997.
En relación a las finanzas públicas, el mismo BCR no es muy optimista cuando señala que, en el primer trimestre de este año, los ingresos corrientes disminuyeron en un 4.5% en relación al primer trimestre de 1997, al mismo tiempo los gastos corrientes aumentaron en un 9.5%. Como resultado de ello, el déficit fiscal para el primer trimestre de 1998 ha sido mayor que el del mismo período de 1997, alcanzando los 260 millones de colones. Esto pese a importantes reformas en el sistema tributario que se han realizado durante los últimos años, entre las que destaca la introducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El sector monetario financiero habría experimentado un nuevo repunte en el primer trimestre de 1998 al incrementarse los depósitos del sistema financiero en un 15.6% en relación al mismo trimestre de 1997. Los créditos otorgados se habrían incrementado en un 17.4% entre los dos períodos mencionados. Por ello, el BCR señala que "esto ha permitido que las tasas de interés sobre los préstamos continúen con su tendencia descendente y se mantengan por debajo de las experimentadas en el año anterior".
En esta parte también es importante detenerse para hacer algunas consideraciones sobre las tasas de interés, pues, aunque no puede negarse que éstas han disminuido durante el último año, lo cierto es que es necesario examinar cómo ha evolucionado la diferencia entre las tasas activas y pasivas. La tendencia más evidente ha sido una disminución fuerte de las tasas pasivas (pagaderas a los depósitos) y una disminución no tan fuerte de las tasas activas (las que se pagan sobre los créditos). De hecho, gremiales empresariales, como la Cámara Salvadoreña de la Construcción, han expresado públicamente la necesidad de reducir las tasas activas de interés.
Los datos presentados por el BCR dan pie a un panorama claramente positivo: mayor crecimiento económico que el año pasado, mayor acumulación de RIN y menor inflación. Sin embargo, existen algunos puntos negativos que son sistemáticamente ignorados en los informes coyunturales del BCR, tales como la dependencia extrema de las remesas familiares, la permanencia del déficit comercial y la ampliación del déficit de las finanzas públicas. Esto sin mencionar otros aspectos vinculados con el tipo de crecimiento económico, como el desarrollo del sector terciario y la marginación del sector agropecuario.
Los resultados económicos han sido cuestionados incluso por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), gremial que, curiosamente, se ha mostrado partidaria de las principales medidas de liberalización económica implementadas a lo largo de la década de 1990 y, en general, de los planteamientos de la gran empresa del país. FUSADES, además de señalar la excesiva dependencia de las remesas familiares, señala que el crecimiento económico no habría alcanzado a los sectores más necesitados y que su nivel "es insuficiente para reducir significativamente la pobreza".
Al parecer, el gobierno prefiere esperar hasta que la actual época de estabilidad económica finalice para implementar medidas para reducir la dependencia externa de la economía. Especialmente importante resulta la reorientación de la economía para que ésta genere producción que incremente las exportaciones y satisfaga el consumo interno de la población, sin recurrir a importaciones masivas de bienes de consumo.
Ciertamente, la reorientación económica no es tarea fácil ni rápida; por ello es muy cuestionable que se hayan desaprovechado ya siete años de estabilidad macroeconómica y de expansión del consumo, producto del incremento de las remesas, que pudieron capitalizarse para beneficio de los productores y trabajadores nacionales. Es imperativo que el gobierno diseñe una estrategia de mediano y largo plazo que garantice la estabilidad macroeconómica y a la vez estimule el crecimiento económico fundamentado en sectores que generen bienes transables y de consumo interno.
Los hechos se han encargado de demostrar que SIMETRISSS no alardeaba cuando, en octubre de 1997, afirmaba que llegaría hasta las últimas consecuencias para lograr que su plataforma de exigencias fuera resuelta de manera favorable por el sector gubernamental encargado del área de salud. Ciertamente, luego de transcurridos ocho meses desde la formación del sindicato, de la salud pública del país sólo se puede decir que está en crisis. Una crisis de doble nivel: por un lado, la gestión del movimiento sindical de SIMETRISSS, a la que se ha sumado el Colegio Médico y los médicos de salud pública (la Comisión Tripartita), ha hecho que el ojo de la opinión pública se enfocara en la añeja problemática del sistema de salud; en este sentido, el movimiento sindical vino a problematizar una situación que a todas luces debió de haber sido resuelta décadas atrás. Como es evidente, el sistema de salud ha estado en crisis desde hace mucho tiempo, lo que hizo SIMETRISS fue elevar el problema a la conciencia ciudadana.
Por otro lado, el entrampamiento en las discusiones entre la Comisión Tripartita y la Comisión de Alto Nivel ha llevado a una agudización del conflicto, lo cual se ha reflejado en la quinta huelga parcial de médicos del sistema de salud. Esta huelga, a diferencia de las que le han precedido, se ha extendido a los hospitales públicos y algunas clínicas de salud periféricas, y ha implicado la suspención del servicio de emergencias y de las consultas pediátricas. Además, los médicos, como forma de responder a las amenazas gubernamentales de aplicar descuentos y proceder con todo el peso de la ley contra los huelguistas, han anunciado su disposición de suspender por un día las consultas privadas, llevar a cabo renuncias masivas y proceder a un paro total del sistema de salud. Como es posible apreciar a simple vista, lo que en un principio pretendió constituirse en un proceso de diálogo y discusión ha degenerado en un tortuoso intercambio de ultimátums, amenazas y acciones desacertadas.
Actualmente se está en un punto muerto: los médicos afirman que no abandonarán las medidas de presión hasta que la Comisión de Alto Nivel no esté dispuesta a negociar sinceramente; en tanto que ésta mantiene su negativa a dialogar mientras aquéllos no desmantelen el paro y desistan de sus amenazas. Después de que se han logrado establecer acuerdos sobre 18 de los 22 puntos de la plataforma reivindicativa de los médicos, el punto de la discordia lo constituyen las demandas salariales. Fueron éstas las que originaron el cese de las negociaciones y las que han impulsado a la Comisión Tripartita a adoptar las medidas de hecho.
¿Qué decir frente a este panorama? En primer lugar, es justo recriminarle al sindicato de médicos la facilidad con la que han abandonado la opción del diálogo y han hecho del paro la única herramienta para hacer avanzar el proceso. Una cosa es cierta, los médicos la tienen consigo. El gobierno pudo haber lidiado con un paro en el Seguro Social, pero difícilmente podrá hacerle frente a una huelga total, tanto pública como privada, respaldada por todo el gremio médico. En especial cuando la extensión de la problemática podría ensombrecer considerablemente la imagen del gobierno arenero de cara a las próximas elecciones. Si la presión social no basta, la presión política será suficiente.
Sin embargo, lo anterior no debería motivar a los médicos, por mucho que sus demandas sean justas y a la larga terminen beneficiando a la población, a utilizar a los usuarios del servicio de salud como carta de negociación en el proceso. Posiblemente este gobierno sólo entienda con justas de fuerzas y el músculo del gremio de médicos tenga a la larga ganada la partida, pero el costo social que ello implicaría obliga a una serena y lúcida reflexión de las estrategias a seguir.
Por otro lado, el gobierno está en la obligación de recapacitar. Las actitudes de Calderón Sol —amenazar al gremio con abandonar una "actitud flexible" que nunca ha tenido o desatenderse de la problemática asistiendo a la estéril toma de posesión del nuevo Presidente de Costa Rica— son simplemente descabelladas ante lo que está en juego. En esta problemática en particular, la bravuconería y la dilación de las negociaciones, aunque hayan rendido éxitos con otros sindicatos, sólo conducirán a agudizar más el conflicto.
Finalmente, no puede dejar de señalarse la urgencia de acoger un mediador en la mesa de negociaciones. Pero no uno perteneciente a la Iglesia o a algún organismo de derechos humanos —por muy buenas intenciones que tengan ambos—, sino más bien uno relacionado técnicamente con lo que ha entrampado las negociaciones: la cuestión económica. Es vital que al interior de la mesa de negociaciones se realice un estudio serio de la capacidad material del Estado para llevar a cabo los incrementos salariales que piden los médicos; un estudio que por el talante objetivo y desinteresado que debe poseer, sólo puede ser realizado por terceros. Las "últimas consecuencias" anunciadas por los médicos ya se vislumbran, es responsabilidad de todos los actores implicados adoptar el camino racionalmente más adecuado para afrontar la situación.
Antes de abordar el veto, es conveniente referirnos primero a la sanción, la cual se define como el acto presidencial de otorgarle el consentimiento a un proyecto o proposición de ley aprobado por la Asamblea Legislativa. La sanción se materializa con la firma del Presidente, como uno de los requisitos sine qua non para que el proyecto o proposición se convierta en ley. Si el Presidente decide no sancionar este proyecto y sólo le hace observaciones a algunos artículos que considera inconvenientes, lo regresa a la Asamblea para que los diputados lo reconsideren y discutan la pertinencia o validez de dichas observaciones.
El veto presidencial es la negación de la sanción del proyecto o proposición de ley presentado por el Poder Legislativo al Presidente de la República. Según la práctica legislativa internacional, el Presidente tiene un período determinado por la Constitución para emitir el veto y enviarlo a la Asamblea Legislativa. El veto contiene las objeciones presidenciales y puede ser parcial o total; es decir, puede rechazar determinadas partes o la totalidad del proyecto de ley; también puede ser veto simple (el que se emite por conveniencia) o veto por inconstitucionalidad (el que se dicta cuando el proyecto analizado transgrede la Constitución). Si la sanción y el veto no son emitidos en el tiempo que establece la Constitución Política, la Asamblea Legislativa asumirá como aprobada la ley.
El veto es uno de los instrumentos que contribuyen a frenar —en ciertos casos— tendencias autoritarias o despóticas del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Esta situación depende del escenario político que se presente y es la que determina la forma de utilización del veto.
La sanción y el veto presidencial en El Salvador
En El Salvador, el veto presidencial no es contemplado en el Art. 168 de la Constitución como una de las atribuciones y obligaciones del Presidente. Sin embargo, en la práctica sí tiene este carácter y es complementado por dos figuras constitucionales más: la sanción y las observaciones.
De conformidad con el primer párrafo del Art.135 de la Constitución, "todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días al Presidente de la República, y si éste no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley".
En este caso, según la Constitución, Art.136: "firmará los dos ejemplares, devolverá uno a la Asamblea, dejará el otro en su archivo, y hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente". Empero, no todos los decretos legislativos deben ser sancionados por el Presidente para convertirse en leyes; por ejemplo, las reformas a la Constitución sólo requieren la ratificación de la siguiente legislatura que las aprobó. Según la Constitución, Art.248: "así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial". Tampoco se requiere la sanción presidencial en aquellos casos estipulados en el segundo párrafo del Art.135 de la Constitución. Entre éstos se incluyen: "el decreto del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, las elecciones de segundo grado, el nombramiento de las Comisiones Especiales y otras decisiones similares".
Para evitar que el Presidente del país pueda emitir un veto de forma unilateral, inconsulta o a espaldas de su respectivo gabinete, el Art.163 de la Constitución prescribe lo siguiente: "los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser refrendados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos, o por los viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad".
El Presidente Calderón Sol, a mediados de noviembre de 1997, emitió un veto, según él por razones "inconvenientes y anticonstitucionales" —conveniencia y constitucionalidad—, a los Decretos Legislativos 135 y 136, denominados Ley Especial de Extinción de Deudas y de Reactivación del Sector Agropecuario y Ley Especial de Extinción de Deudas Comprendidas en el Fideicomiso a Favor de Ex Combatientes. Las Leyes comprendían la condonación del 93 por ciento de la deuda agraria y bancaria.
El veto presidencial a los Decretos 135 y 136 se produjo en abierta violación al Art.163, razón por la cual, a principios del mes siguiente, le fue devuelto el veto al Presidente —con la aprobación de los votos de 56 diputados—, puesto que no contaba con la respectiva refrenda del ministro del ramo, tampoco tenía estampados los sellos correspondientes y no fue el Ministro de la Presidencia quien lo entregó a la Asamblea Legislativa. El Presidente Calderón Sol, además de haber violado la Constitución, también violó el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, particularmente el Art.5: "los Decretos, Acuerdos, Ordenes y providencias del Presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados de conformidad al Art.163 de la Constitución". De igual manera, violó el numeral 1 del Art.31 del Reglamento, puesto que establece que es competencia del Ministerio de la Presidencia de la República: "las comunicaciones entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa". Posteriormente, el Presidente envió de nuevo el veto, pero esta vez sí respetó el procedimiento estipulado.
En este mismo orden, como ejemplo de presentación de observaciones podemos mencionar las que el Presidente Calderón Sol le hiciera al Decreto Legislativo No. 45, el 30 de julio de 1997, y se las dirigiera a los señores secretarios de la Asamblea Legislativa en los siguientes términos: "haciendo uso del derecho que me confiere el Art.137, inciso tercero de la Constitución, por el digno medio de ustedes devuelvo con OBSERVACIONES a la Honorable Asamblea Legislativa, el Decreto No.45, aprobado por ese Órgano del Estado, el día diecisiete de los corrientes, por medio del cual se emiten ‘DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS AL SISTEMA FINANCIERO’. Puntualizo mis observaciones en los términos siguientes".
En El Salvador, en la dinámica legislativa no existe el veto parcial, sino sólo el total: aunque el Presidente únicamente rechace una parte del decreto legislativo, su acción es considerada como un veto total. Como antecedente inmediato podemos mencionar cuando Napoleón Duarte, durante el período presidencial que dirigió, vetó parcialmente una ley electoral, y en consecuencia se mandó a publicar únicamente la parte que no fue vetada. Esta situación originó un conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el cual lo dirimió la Corte Suprema de Justicia, al dejar en claro que en El Salvador no hay veto parcial, sino que está contemplado sólo el veto total, lo que significaba que toda la ley quedaba automáticamente vetada.
De acuerdo con la Constitución, Art.137: "cuando el Presidente de la República vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asamblea dentro de los ocho días siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que se funda su veto; si dentro del término expresado no lo devolviere se tendrá por sancionado y lo publicará como ley".
Se sobreentiende que el plazo que este artículo concede al Presidente del país, en el contexto del proceso de la elaboración de la ley, son ocho días corridos, lo que significa que comprende los días hábiles y feriados.
Hasta hace unas pocas semanas, registrado como el caso SS-0449-96, todavía se encontraba desarrollando en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la investigación sobre el drama vivido por cinco familias salvadoreñas que, pese a continuar sufriendo en un calvario inmerecido, cuentan ahora con una herramienta inmensamente útil para poder —en principio— establecer la verdad de los hechos que hace muchos años cambiaron sus vidas, así como para alcanzar justicia y obtener algún tipo de reparación. En concreto, estamos hablando de la resolución emitida por dicha institución en relación a la desaparición forzada de ocho niñas y niños durante la época del conflicto armado en nuestro país.
La denuncia fue presentada en la PDDH hace casi dos años, el 31 de mayo de 1996, por representantes de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos; dentro de ella se incorporaron inicialmente 141 casos individuales, a los cuales se agregaron posteriormente otros cuatro. Todos los hechos tienen que ver con pequeñas víctimas separadas injustamente de sus padres, en medio de operativos militares de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) o durante la realización de enfrentamientos armados entre ésta y las tropas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Ninguna de estos hechos ha sido resuelto pues las y los ahora jóvenes adultos continúan sin aparecer.
La metodología adoptada por la institución estatal para el tratamiento de esta denuncia colectiva —de cuya enorme trascendencia para el país, nadie debería dudar— fue la del estudio individualizado de cada uno de los casos incluidos en ella; de esa manera, la PDDH se encuentra en la capacidad real y el compromiso de continuar emitiendo y dando a conocer otras resoluciones similares, además de la presente. Los criterios utilizados para proceder de esta manera fueron la magnitud y naturaleza de las violaciones; sobre esa base y otras consideraciones relacionadas con territorialidad y características de una especial gravedad al estudiar cada uno de los casos, se establecieron prioridades y se avanzó hasta lo que ahora tenemos en nuestras manos. A continuación presentamos, en forma resumida, tanto los sucesos que dieron lugar a la denuncia como las consideraciones de la Magistratura de Conciencia y lo resuelto por ella.
Reina Elizabeth Carrillo Panameño tenía cinco años de edad cuando fue arrebatada de su seno familiar. Huérfana de padre y madre, Reina Elizabeth desapareció forzadamente el 12 de junio de 1981 en la hacienda "Peñas Arriba", ubicada en el cantón El Perical, Tecoluca, departamento de San Vicente. Este delito —calificado universalmente como de "lesa humanidad"— fue cometido cuando, en el área del volcán Chichontepec, tenía lugar un operativo contrainsurgente "en el cual —según se afirma en la resolución de la PDDH— se produjeron múltiples asesinatos de campesinos, así como otros hechos que violentaron el derecho internacional de los derechos humanos en perjuicio de numerosas familias de campesinos de la población civil". Posteriormente, el conjunto de todas esas atrocidades llegó a conocerse como la "masacre de la hacienda Peñas".
Se sabe que, herida pero con vida, Reina Elizabeth fue sacada de la zona por socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña y evacuada junto con otras personas civiles hasta el hospital Santa Teresa, Zacatecoluca, departamento de La Paz. a ese lugar la llegó a reclamar una familiar que se enteró de que ahí se encontraba la niña, pero no se la entregaron al no poder brindar información sobre las circunstancias en las cuales se produjo la lesión. Después de eso, nadie de sus familiares o conocidos supo nunca de su paradero.
En la resolución de la PDDH se dice que al solicitarle ésta un informe sobre los hechos, el actual Ministro de la Defensa Nacional respondió en los siguientes términos: "Las unidades militares que participaron del operativo fueron la Brigada de Artillería, el Destacamento Militar Número Dos, el Destacamento Militar Número Cinco, el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl" y la Policía de Hacienda. Los ejecutivos responsables de la operación militar fueron el Mayor Roberto Lara Aguilar, el Teniente Ángel Román Sermeño Nieto y el Subteniente Ricardo Chávez Carreño. El Comandante de la Quinta Brigada de Infantería a la fecha del operativo era el Coronel Napoleón Alvarado. El Ministerio de la Defensa Nacional no abrió ninguna investigación sobre la posible desaparición forzada de la menor Reina Elizabeth Carrillo Panameño y no tuvo conocimiento de asesinatos en la Hacienda Peñas Arriba".
Leonor López Rodríguez solamente tenía dos años de edad cuando fue desaparecida de manera forzada, también durante el desarrollo de la "masacre de la hacienda Peñas". Según la información recabada por la Procuraduría, Leonor se encontraba refugiada —junto con cerca de diez mujeres mayoritariamente de la tercera edad e infantes— cerca de El Perical, tras haberse rezagado de un grupo mayor que huían en busca de un lugar seguro. Los soldados, tras encontrarlas, las llevaron al puesto de mando del operativo donde fueron recibidas por un oficial cuya identidad no se logró establecer con precisión, pero del cual sí se sabe que era originario de Santa Ana —porque así lo manifestó en ese momento— y que haría de la pequeña Leonor "la hija de su esposa", quien no podía procrear. De nada valieron el llanto y la oposición de las ancianas tías de la víctima: el militar se las quitó por la fuerza y, después de unos días en que la anduvo consigo, nunca supieron nada más de la niña.
El matrimonio campesino Contreras Recinos tiene tres víctimas de esta atroz práctica: Erminia Gregoria, quien tenía entonces cinco años de edad, Serapio Cristian de un año y Julia Inés con tan sólo cuatro meses de vida, desaparecieron en un lugar conocido como "La Conacastada", el cual se encuentra ubicado en el cantón San Juan Buena Vista, también de la jurisdicción de Tecoluca. Los hechos tuvieron lugar el 25 de agosto de 1982 mientras se realizaba un operativo militar de la FAES, durante el cual —al igual que en todos las acciones punitivas que se realizaban para aislar y combatir a las fuerzas guerrilleras— fueron numerosas las ejecuciones sumarias y otras violaciones a los derechos fundamentales de personas civiles que vivían en la zona. "No obstante lo anterior —sostiene la PDDH—, se refiere que los menores fueron capturados con vida y conducidos a un puesto militar cercano".
Cuenta la señora María Maura Contreras, campesina de oficios domésticos y madre de las pequeñas víctimas, que durante la acción conocida como la "invasión del anillo" —en alusión a la modalidad del operativo— y al momento que huían de la tropa gubernamental después de la realización de una matanza, ella pudo observar la captura de Erminia Gregoria y Serapio Cristian; asimismo, relata que tropezó y cayó cuando llevaba en sus brazos a Julia Inés, a corta distancia de los soldados que la perseguían, viéndose obligada a dejar su niña abandonada para salvarse. Cuando terminó el operativo, la población civil sobreviviente y dispersa se reagrupó para dirigirse al sitio de la ejecución colectiva; ahí encontraron aproximadamente 80 cadáveres —en su mayoría personas de edad avanzada, niñas y niños— pero no los restos de Herminia Gregoria, Serapio Cristian y Julia Inés.
También en este caso, el Ministro de la Defensa Nacional respondió a la solicitud de la PDDH sobre la información que pudiese existir dentro de la institución castrense y que estuviese relacionada con el caso. El funcionario respondió brindando los nombres del ya citado coronel Alvarado, en su calidad de comandante de la Quinta Brigada de Infantería; asimismo, precisó la participación en el operativo del Regimiento de Caballería, el Centro de Instrucción de Ingenieros de la Fuerza Armada y el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada. También apunto que no se conocían los nombres de los oficiales ejecutivos de la acción ni el del jefe del Batallón "Cazador" que participó en la misma. Finalmente, dejó claro que en ese Ministerio no se había abierto investigación alguna "sobre la posible desaparición forzada de los menores Erminia Gregoria, Serapio Cristian y Julia Inés, todos de apellido Contreras Recinos".
La desaparición forzada de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz sucedió cuando tenían siete y tres años de edad, respectivamente. Sus padres eran María Victoria Cruz Franco, de oficios domésticos, y Dionisio Serrano Morales, jornalero. Estas graves violaciones a los derechos humanos ocurrieron el 2 de junio de 1982 en el cantón Santa Anita, jurisdicción de San Antonio de la Cruz, departamento de Chalatenango, mientras se realizaba un operativo militar encabezado por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl", de la FAES. "Miembros de ese Batallón —dice la resolución de la PDDH— habrían secuestrado a las menores mientras éstas permanecían escondidas en un matorral cuando su familia huía del operativo. Se refiere que las menores fueron transportadas en helicóptero hasta la ciudad de Chalatenango, en donde fueron entregadas a la Cruz Roja Salvadoreña".
Este caso se distingue de los otros por las diversas diligencias realizadas, después del fin de la guerra, por la madre de las niñas ante el Órgano Judicial. Se han presentado testimonios y hasta el momento en que fue emitida la resolución de la PDDH, el proceso penal iniciado por las desapariciones forzadas de Erlinda y Ernestina se encontraba en su fase de instrucción. De las fuentes oficiales se han recibido las siguientes respuestas: que el "Atlacatl" no operó en Chalatenango el día cuando sucedieron los hechos, que en esa época su comandante era el coronel Domingo Monterrosa y que no habían abierto ninguna investigación interna en torno a los casos.
José Rubén Rivera tenía, cuando desapareció a la fuerza, escasos tres años de edad; sus padres eran Agustín Antonio Rivera, jornalero, y Margarita Rivera, de oficios domésticos. Al respecto, la Procuraduría afirma que el hecho "habría ocurrido el día 17 de mayo de 1983, en la hacienda La Joya de la jurisdicción y departamento de San Vicente, durante un operativo militar conducido por la Quinta Brigada de Infantería. El menor formaba parte de un grupo de personas desplazadas de la población civil que huían de los operativos militares de la FAES, siendo encontrado junto a otros niños que fueron dejados en el lugar mencionado; sin embargo, Rubén fue conducido a las instalaciones de la Quinta Brigada con sede en San Vicente".
Aclaración
He leído el informe 1 del artículo "La juventud y la Verdad" (Boletín Proceso, 801) el cual me atribuye la declaración que "la amnistía en El Salvador, aprobada en marzo de 1993, excluía la posibilidad de realizar las investigaciones sobre hechos pasados de violencia realizados por el gobierno". Lo que intenté decir en el foro de la UCA es que en muchas partes de El Salvador se ha entendido que la amnistía excluía la posibilidad de seguir o iniciar investigaciones judiciales sobre las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la guerra. Con base del derecho internacional vigente en El Salvador, sostengo que la amnistía de 1993 no puede impedir investigaciones de estos casos para determinar los hechos y las responsabilidades.
PRECANDIDATURAS. El Consejo Nacional del FMLN llevó a cabo, el 08.05, un reunión en la que recibieron dos nuevas precandidaturas: la del Secretario General de la USC, Abraham Rodríguez, propuesto por el mismo partido, y la de Salvador Arias, propuesto por la Alianza Democrática Campesina (ADC). Según dijeron fuentes extra oficiales, existe la probabilidad de que el actual Director del Consejo Nacional del Frente, Facundo Guardado, y el Alcalde Capitalino, Héctor Silva, también se postulen como precandidatos para las elecciones de 1999. Al respecto, Silva dijo "para mi es un honor ser considerado como un posible precandidato, sin embargo, no he recibido una propuesta formal y por lo tanto no puedo decir si acepto o no". Agregó que, de presentársele dicha propuesta, tendría que evaluarla debido a su trabajo en la Alcaldía. Por su parte, Salvador Arias dijo estar consciente de la responsabilidad que implica la postulación y se mostró dispuesto a aceptarla, pues "creo firmemente en el compromiso con el país". Para definir al candidato oficial del partido de izquierda, se llevará a cabo una reunión extraordinaria el 26 de julio próximo, según informaron los miembros del Consejo farabundista. "Como partido no podemos cerrar las puertas para candidaturas", hasta esa fecha "todo puede ocurrir", expresó el Coordinar adjunto del FMLN, Francisco Jovel (DH 09.05 p.10; LPG 09.05 p.5).
MARCHA. Unos cinco mil médicos de todo el país, entre ellos los miembros de la Comisión Tripartita, marcharon, el 08.05, hasta Casa Presidencial, con el propósito de entregarle al Presidente de la República, Armando Calderón Sol, una carta en la que demandan su intervención para resolver la problemática nacional de salud. Sin embargo, Calderón Sol se encuentra en Costa Rica participando en la toma de posesión del nuevo presidente de ese país. El representante de los médicos de Salud Pública, Alcides Gómez, catalogó de irresponsable la actitud del Presidente, pues él sabía de la marcha y la polémica de Salud amerita su presencia, aseguró. El presidente del Colegio Médico, José Marinero, explicó que uno de los objetivos de la marcha era mostrar ante la opinión pública que el gremio no está ligado a los partidos políticos. Según los demandantes, los agentes de seguridad de Casa Presidencial no permitieron el ingreso de los 6 miembros de la Comisión Tripartita. El Secretario General de SIMETRISSS, René Zapata, dijo que, de continuar el Gobierno con la misma actitud, se posibilitaba una nueva huelga general para los próximos días. Al respecto, la Secretaría de Información de Casa Presidencial afirmó que sí se autorizó la entrada a los 6 representantes del gremio; sin embargo, los médicos exigieron el ingreso de 4 médicos más, lo cual no fue aprobado (DH 09.05 p.8; LPG 09.05 p.4).
HUELGUISTAS. El gremio médico anunció, el 11.05, como nuevas medidas de presión, que paralizará la consulta privada y que reducirá la atención de emergencias en unidades periféricas del Seguro Social. Mientras, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, amenazó con aplicar la ley a todos los médicos que apoyen la huelga parcial, que dio inicio el 05.05, y aseguró que no cederá más en las demandas salariales de los médicos. "Soy el primero que está obligado a respetar la ley, y todo aquel que transgrede el orden jurídico debe tener castigo", argumentó Calderón Sol. Los huelguistas dijeron que extender la huelga a nivel de consulta privada tendría como finalidad presionar al Gobierno para que retome las negociaciones y busque soluciones a los problemas del área de salud. Al respecto, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) opinó que son los huelguistas los que no permiten continuar con las negociaciones, por lo que invitó a los médicos a terminar la suspensión de labores y a que reinicien las negociaciones con el Gobierno. Según datos del Seguro Social, la huelga ha provocado que únicamente se realicen 16 mil 743 consultas generales de las 68 mil 306 programadas para las últimas dos semanas. Además del ISSS, también se han suspendido parcialmente las labores en el Hospital de Niños Benjamín Bloom el Hospital Rosales y Unidades de Salud (DH 12.05 p.6; LPG 12.05 p.4).
COMISIÓN. Ante la preocupante situación agropecuaria que enfrenta el país, fue creada recientemente la Comisión Agropecuaria, la cual tendrá como propósitos fundamentales rescatar al sector rural de las pérdidas causadas por el fenómeno "El Niño", ampliar los plazos de los créditos de avío, la conformación de un fondo financiero que cubra las eventualidades futuras y deberá velar por las necesidades y carencias de las familias dedicadas a la agricultura de subsistencia, especialmente las de las zonas Oriental y Paracentral del país (unas 4 mil 500). La nueva Comisión está integrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Foro Agropecuario, la Cámara Agrícola y Agroindustrial de El Salvador y los diputados de la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa. Según estadísticas del MAG, para el período de 1997-1998, las pérdidas en el cultivo del maíz han sido de más de 408 millones de colones; en sorgo se calculan arriba de 10 millones; en el arroz hay 29 millones en cosechas arruinadas y la pesca artesanal carga una pérdida de 46 millones. Asimismo, el cultivo de café ha sufrido pérdidas por más de 708 millones de colones y el azúcar unos 220 millones. La primera reunión de la Comisión Agropecuaria ya se llevó a cabo y en ella se discutieron, entre otros puntos, las estrategias para afrontar fenómenos climatológicos y el fondo de beneficios para el sector agrario (LPG 11.05 p.26)
RATIFICACION. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, exhortó, el 12.05, a los diputados de los partidos FMLN y USC a que ratifiquen tres préstamos que supuestamente servirán para completar el seis por ciento asignado para las municipalidades del país, para educación media y para la modernización de la terminal aérea en Comalapa. "Quiero hacer un llamado y reflexión a los diputados que se han opuesto a dar sus votos", reiteró Calderón sol y pidió a los partidos "dejar a un lado sus banderas políticas para buscar el desarrollo del país" (LPG 13.05 p.16).
CRISIS. El Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Díaz, reconoció, el 12.05, que existe una crisis económica dentro de la institución. El funcionario explicó que con ella se pone en riesgo el empadronamiento eficiente y el desarrollo de importantes proyectos electorales. Díaz dijo que el TSE "está en el límite", debido a que el presupuesto ordinario asignado para el la institución es insuficiente. Según la fuente, los salarios de varios empleados no estaban cubiertos para todo el año, pero se logró que el Ministerio de Hacienda autorizará una partida para pagarles hasta diciembre. "Ahora necesitamos dinero para carnetizar y contratar personal temporalmente...nos disponemos a solicitar un refuerzo presupuestario de 28 millones de colones", aseguró Díaz (LPG 13.05 p.6).
