Año 18

número 807

mayo 20

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial  La de nunca acabar en el FMLN

Política Renuncias en el gabinete de Calderón Sol

Economía Impacto de la sequía sobre la producción de granos básicos

Sociedad Bases para el plan de nación, un proceso trunco

Regional Reflexiones sobre la crisis del sistema de salud en Nicaragua

Derechos Humanos Vivos se los llevaron... (II)

Noticias

 Las pugnas al interior del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) han vuelto a ser noticia. Dejando de lado la interpretación, a todas luces descabellada, de que se trata de una pantomima montada por el Frente para ganar espacio en los medios, es necesario prestar atención a lo que está de fondo en la continuada crisis del partido de izquierda. Una y otra vez se ha insistido en que la unidad lograda por el FMLN durante la guerra civil no abolió las rencillas y ansias de protagonismo de las que hicieron gala los grupos políticos-militares (ERP, FPL, RN, PRTC y FAL-PCS) durante la década de los años 70.

En caso de que uno o varios miembros no acepte esos acuerdos y compromisos —y no puedan hacer prevalecer su opinión en los foros donde se decide el rumbo del partido— lo mejor será que abandonen la institución. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe tolerarse que se queden dentro del partido conspirando para socavar la autoridad de las jefaturas establecidas o para cambiar las directrices partidarias. Con resultados desastrosos, otros partidos —el PDC es el ejemplo más patético de ello— han dejado que en su interior proliferen los grupúsculos abiertamente reacios a aceptar a las autoridades partidarias. ¿Continuará el FMLN tolerando a grupos e individuos que no están dispuestos a aceptar las reglas y valores de la democracia? Y estos últimos, ¿por qué, si creen o sienten que el partido ya no da cobijo a sus aspiraciones, no lo abandonan, se integran a otro o fundan uno nuevo? Sería bueno que los líderes históricos del FMLN dejaran de pensar que la institución es propiedad de ellos y, en consecuencia, que deben de controlarla absolutamente. Desde que se convirtió en partido político democrático, ellos, los otrora comandantes y máximos dirigentes, no son nada más que miembros de la institución, con los derechos y responsabilidades que la misma les otorga.

Cuatro importantes funcionarios del gabinete del Presidente de la República, Armando Calderón Sol, han presentado sus renuncias en los últimos días: Roberto Orellana Milla, Presidente del Banco Central de Reserva (BCR); María Teresa de Rendón, Presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL); Ana Cristina Sol, Comisionada presidencial para la modernización del Estado; y Arturo Zablah, Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). En lo inmediato, estas renuncias vienen a añadirse a la inesperada dimisión de la ex Ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano.

Es perfectamente comprensible que cinco renuncias en menos de un mes hayan dado pie a la opinión pública para pensar en una posible crisis al interior de la administración arenera. Sin embargo, al ser cuestionados por los motivos que los llevaron a dejar sus cargos, los cinco titulares no dudaron en argumentar su deseo de "trabajar en la empresa privada" y "dedicarle más tiempo a su familia"; ante lo cual hay que decir que se necesitaría ser demasiado ingenuo para creer que cinco dimisiones a determinantes cargos gubernamentales obedecen, simplemente, a "motivos personales". ¿No sería demasiada coincidencia que "motivos personales" llevaran a Orellana Milla, a Ana Cristina Sol y a María Teresa de Rendón a dejar sus cargos exactamente el mismo día?

Por otra parte, el caso de Cecilia Gallardo de Cano también pone serias dudas a los argumentos que se han esgrimido para explicar la deserción de los funcionarios. Hay que recordar que, en los días en los que interpuso su dimisión, la ex Ministra señaló que meses atrás venía contemplando la idea de poner a disposición su cargo y que no lo había hecho antes porque esperaba llevar a feliz término sus dos últimas metas: lograr la aprobación del pleno para la reestructuración administrativa del Ministerio de Educación (MINED) y recibir el préstamo del Banco Mundial para el desarrollo de un proyecto encaminado a robustecer la educación media. El primer punto se hizo efectivo sin contrariedades, pero el segundo, como es bien sabido ya, se encuentra aún en la incertidumbre. Hay que preguntarse entonces, ¿qué fue lo que obligó a la más sobresaliente titular de este período presidencial a dejar abruptamente su cargo, dejando inconclusa una de sus más determinantes tareas?

En primer lugar, es difícil pensar que Gallardo de Cano iba a dar prioridad a sus intereses personales justo en una coyuntura en la que se está poniendo en riesgo la continuidad de la Reforma Educativa. Definitivamente tuvo que haber sido algo grave lo que la impulsó a abandonar un proyecto al que con empeño y eficacia le apostó durante los últimos nueve años. Que sus aspiraciones presidenciales y su inconformidad con la candidatura de Francisco Flores fueron las razones de De Cano para retirarse de la gestión pública, es una de las hipótesis que se han formulado para dar cuenta de su renuncia. Pero aun si fueran ciertas sus aspiraciones a la presidencia, dicho argumento no explica una dimisión que dejó en el limbo al proceso al que la ex funcionaria pareció entregarse con sinceridad.

Que la indignación que le produjo que Calderón Sol estuviera extrayendo, sin su consentimiento, fondos del MINED para financiar una millonaria campaña publicitaria en contra del FMLN fue lo que motivó a Cecilia Gallardo a retirarse del gabinete, es otra de las explicaciones esgrimidas tras su renuncia. Explicación, por lo demás, bastante más ajustada al perfil que la ex Ministra puso de manifiesto a lo largo de su desempeño. Todo pareció indicar, durante ese período, que Gallardo de Cano era una mujer eficiente, comprometida con su trabajo, recta y honesta. No es descabellado, pues, pensar que su renuncia se debió a la inconformidad con la manera en la que la administración arenera maneja los fondos del Estado. En especial si se tienen en cuenta los rumores de que ARENA piensa realizar su campaña electoral utilizando fondos de la cartera de Educación —cosa que, en definitiva, había empezado a hacer con la campaña no autorizada por De Cano en contra del FMLN.

Así pues, lejos de creer ingenuamente que cada renuncia en el gabinete de Calderón Sol es un hecho aislado y que todas obedecen a "motivos personales", hay que afirmar que el que la actual administración arenera ha resultado sumamente problemática a nivel interno es un hecho muy difícil de ocultar a estas alturas, aunque sus funcionarios se empeñen en manifestar lo contrario. El diputado de ARENA, René Figueroa, por ejemplo, ha dicho que "no ve crisis, sino la oportunidad de fortalecer el partido". Curiosa afirmación, pues no se entiende cómo un partido puede fortalecerse con la fuga de varios de sus más importantes cuadros en el gobierno. Orellana Milla ha sido presentado por las autoridades areneras como el salvador de la economía nacional, como la persona idónea para presidir el BCR; incluso cuando la oposición lo interpelara atribuyéndole cierta participación en el caso INSEPRO-FINSEPRO, el partido oficial defendió su integridad a capa y espada. ¿Cómo entender entonces que su renuncia contribuya al fortalecimiento de ARENA?

Calderón Sol, por su parte, no ha hecho más que hacer caso omiso de los hechos, agradeciendo fervorosamente a los salientes los servicios prestados. Probablemente piense que así nadie va a reparar en que su pariente, Ana Cristina Sol, renuncia al mando de la modernización del Estado a menos de un año de haber manifestado mucha disposición y entusiasmo en llevar a cabo los proyectos de modernización que le heredara su antecesor, Alfredo Mena Lagos; a su vez, protagonista de otra controversial renuncia. Y es que es imposible aislar las dimisiones y pretender ocultar sus implicaciones políticas. No sólo por la cantidad y el corto tiempo en el que se han dado, sino también porque el precedente que sentó la salida de Mena Lagos no puede soslayarse.

Aun sin tener en cuenta el impacto causado por la renuncia del ex Comisionado Presidencial para la Modernización del Estado, lo acontecido en estos últimos días no da para otra cosa que para pensar que algo está pasando en el gobierno de ARENA. Claro, sería más fácil para los líderes areneros restarle importancia a las dimisiones actuales si unas de mayor alcance no se hubieran dado en el pasado. De entre éstas (la de Mirna Liévano de Marques, la de Norma de Dowe, la de Jorge Sansivirini, etc.), la más polémica fue sin duda la de Alfredo Mena Lagos. Y lo fue no porque los motivos de su renuncia estuvieran alejados de los que hoy dimiten —posiblemente apunten a lo mismo—, sino porque, a diferencia de todos los demás, él decidió hacerlos públicos y declararse en franca enemistad con el partido gobernante.

Ciertamente, parece muy respetuoso y galante de parte de quienes dejan sus cargos no aludir a las verdaderas causas que los han llevado a optar por esa decisión. De seguro al interior de ARENA se maneja el principio de que "los trapos sucios se lavan en casa", y eso le resulta, sin duda, muy beneficioso, en tanto conserva su institucionalidad. Sin embargo, nada de la diplomacia de los ex funcionarios ni de los intentos de ARENA por ocultar sus debilidades va impedir hacerse la pregunta sobre por qué los titulares renuncian "de manera irrevocable", aun estando en un año preelectoral. Probablemente no poseeremos en el corto plazo detalles minuciosos que den una respuesta plena a esta cuestionante.

El mal manejo de los fondos del Estado, la incompetencia del poder ejecutivo, la incapacidad de ARENA de mantenerse al margen de la dinámica gubernamental, son, entre muchas otras, las causas que podrían explicar la permanente fuga de funcionarios que el gabinete de Calderón Sol ha enfrentado a lo largo de toda su administración. Al final, de lo que no cabe duda es de que el desgaste del partido en el gobierno es a estas alturas inocultable y está alcanzando magnitudes insospechadas.

La sequía del año agrícola 1997/98 tuvo una marcada incidencia sobre la producción agropecuaria nacional, especialmente sobre los cultivos de maíz, arroz, maicillo, café y caña de azúcar. Datos preliminares daban cuenta de una pérdida de aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para 1997; sin embargo, a juzgar por evaluaciones recientes realizadas por el mismo gobierno y que incorporan las pérdidas sufridas por el sector pesquero, la cifra de pérdidas podría en realidad estar cercana al 1.6%.

Esta cifra podría ser incluso más elevada, pues no se ha considerado en su cálculo otro tipo de pérdidas directas e indirectas, como por ejemplo el incremento de los costos de generación eléctrica, la caída en los ingresos de los productores, el aumento en las importaciones y los precios de los granos básicos, la reducción de la disponibilidad de agua y, en general, la proliferación de actividades con claros efectos negativos sobre el medio ambiente.

Frente a esta situación, el gobierno ha creado un comité ministerial para desarrollar acciones de mitigación y, más recientemente, se han sostenido reuniones entre el Ministro de Agricultura, banqueros y diputados para examinar las dimensiones de la problemática y las posibles acciones de mitigación de la sequía.

Aunque no se conocen aún cuáles medidas surgirán de las reuniones sostenidas, lo cierto es que los datos presentados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería revelan la profundidad de la crisis del sector agropecuario y, especialmente, su vulnerabilidad a fenómenos naturales. Se han tomado ya medidas contingenciales concretas con claros efectos negativos sobre el sector campesino, pero necesarias para mantener abastecida de alimentos a la población urbana; como por ejemplo, la importación de 520 millones de colones en granos básicos (Proceso, 805). Empero, lo cierto es que, más que medidas de emergencia, se necesita adoptar un plan de desarrollo agropecuario de mediano y largo plazo.

Este tema se ha tratado anteriormente e, incluso, ha movido al gobierno a formular planes de desarrollo del sector agropecuario (Proceso, 711) que, dos años después de haber sido publicitados, han quedado únicamente como muestra de buenas intenciones. Algunas de las medidas contempladas eran líneas crediticias con tasas de interés preferencial, lanzamiento de un instrumento financiero especial para actividades agropecuarias —el Certificado de Depósito a Plazo Agropecuario— y la creación de fondos de garantía para pequeños productores.

Los graves estragos de la sequía 1997/98 abren una coyuntura oportuna para retomar la problemática del sector agropecuario y para propugnar por la implementación de un programa de reactivación del agro. A diferencia de otros casos de sequía, la de 1997/98 llama la atención por el hecho de que no solamente los cultivos de granos básicos han sido afectados, sino también cultivos de exportación como café y azúcar, así como la actividad pesquera. De todos estos sectores, el que más ha exigido medidas compensatorias ha sido el cafetalero, lo cual en realidad no es de extrañar pues ha sido el más favorecido y protegido por el Estado. En cambio, sectores pobres más vulnerables, como el de los productores de granos básicos y de los pescadores artesanales, no han tenido la misma presencia en los medios de comunicación y en los círculos políticos para solicitar medidas compensatorias.

En lo que sigue se examinan algunos de los efectos más importantes de la sequía sobre la producción del sector agropecuario, lo cual pone en evidencia cómo éste se ha vuelto altamente vulnerable a fenómenos naturales; para el caso, el retraso de las lluvias.

Las pérdidas provocadas por la sequía representan casi un 1.6% del total del Producto Interno Bruto del país. Considerando que el crecimiento económico de 1997 fue de aproximadamente 4%, puede establecerse que, por los efectos de la sequía, se perdió el equivalente a un 40% del crecimiento económico que se obtuvo durante ese año. La situación se agrava mucho más si consideramos el efecto específico sobre el sector agropecuario donde se han concentrado la mayor parte de los daños de aquélla.

Si se toman en cuenta las pérdidas totales en el sector agricultura, caza, silvicultura y pesca tenemos que aproximadamente un 11.5% de su producción se perdió como efecto de la sequía. Esta situación viene a agravar aún más la situación del sector agropecuario, el cual ha experimentado importantes contracciones a lo largo de toda la década de 1990. Tal como refleja el cuadro que se anexa, existen casos en los que las pérdidas han alcanzado hasta una cuarta parte de la producción esperada, siendo los cultivos más afectados el maíz (25.2%), camarón (23.5%), café (17.1%) y pesca artesanal (16.3%).

La situación del agro se agrava si consideramos que, de acuerdo a pronósticos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la sequía podría prolongarse por un año más y, por ello, podría llegar a afectar la producción agropecuaria para la cosecha 1998/99. Frente a esta posibilidad, adquiere mayor importancia la necesidad de que el gobierno adopte sin timidez medidas de fomento de la producción agropecuaria. La actual coyuntura de crisis en el agro ha sido retomada por el gobierno como un evento coyuntural que requiere de medidas temporales para ser solventado. Sin embargo, la realidad muestra cada vez con mayor claridad que la sequía es más bien un fenómeno estructural que requiere la adopción de estrategias de desarrollo específicas para el sector agropecuario. Existen antecedentes de planes de desarrollo agropecuario que es necesario retomar y mejorar para estimular el crecimiento y la generación de empleo e ingresos en el sector agropecuario.

qq: Quintales

t m: Toneladas métricas

* En relación al PIB agropecuario

Fuente: Oficina de Análisis de Políticas Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería, excepto la última columna que es de elaboración propia.

Bases para el plan de nación, un proceso trunco

Difícilmente se podría afirmar que Bases para el plan de nación no ha logrado alcanzar al menos uno de sus cometidos, aunque lo haya hecho de manera más bien indirecta y no como lo hubieran deseado sus redactores. Nos referimos aquí, específicamente, a su objetivo de iniciar una discusión sobre los puntos necesarios para definir un Plan de Nación. Ciertamente, esto se ha logrado, pero indirectamente puesto que más que marcar las pautas para enrumbar una discusión nacional, Bases... ha desatado una polémica sobre sí mismo, en tanto la validez teórica de sus señalamientos.

Desde instituciones universitarias, pasando por partidos políticos y actores sociales independientes, la gran mayoría de las voces que constituyen o influyen en la opinión publica han vertido las opiniones y críticas que les despierta el documento. Bases... marca pautas para discutir sobre el país, mas lo hace por vía negativa: dado que ha originado un proceso de discusión y análisis de lo que no es nuestra realidad (negación del diagnóstico) y de cuáles no son los caminos acertados para superar nuestros problemas (negación de las vías de solución).

Esta situación, aunque beneficiosa para las dinámicas del país y congruente con el espíritu que pretende animar al documento, no ha sido del agrado de algunos de los miembros de la Comisión Nacional para el Desarrollo. Editoriales y columnas en los que se pretende realizar una defensa a ultranza de las tesis más cuestionadas de Bases... (la marginación sociocultural como causa de la pobreza o la categoría de totalidad, entre otras), son muestras públicas de este descontento o incomodidad, además de una mala señal de a lo que puede llegar a desembocar el proceso que se ha iniciado.

El quid del problema no reside en que se realice una defensa de los postulados del documento o en que se contra argumenten las críticas que se le hagan, pues ello, como ya se dijo, es positivo y enriquecedor. El problema está en que esta tarea sea asumida por los redactores del documento y no por los sectores de la población que en teoría deberían de ser los encargados de analizarlo. Si algo hasta la fecha está claro es que Bases... es un documento público, abierto y que sólo se válida en cuanto que la sociedad lo haga suyo discutiéndolo. Si en esta discusión el documento se va a pique o, por el contrario, se ve reafirmado, ello sólo debería obedecer a las dinámicas argumentativas que se desaten en la ciudadanía. Posiblemente algunos miembros de la Comisión le han tomado demasiado cariño a su primogénito y obran en consecuencia de sus sentimientos o de sus egos de padres; sin embargo, esta actitud estaría traicionado los objetivos desde los cuales el documento emergió a la luz.

Empero, aún no puede seguirse que de esta tendencia el proceso iniciado con la presentación del documento concluirá en una estéril confrontación entre sus redactores y los sectores de la sociedad interesados en rebatirlo o analizarlo. Las malas señales tendrían que repetirse en las dos fases posteriores a la presentación del documento: a) en el "proceso de discusión y reflexión sobre el contenido del documento por parte del Grupo Gestor, así como [en] la recepción de las opiniones y sugerencias de los ciudadanos en distintos departamentos del país"; y b) en el establecimiento del "Acuerdo Nacional en torno al Plan de Nación, así como [en] la definición de mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar la sostenibilidad del proceso" (Bases... p. 48).

Actualmente, el proceso se encuentra en la primera de las dos fases señaladas (a). Dejando de lado el análisis del Grupo Gestor y del papel que ha tenido en el proceso (principalmente por el estado inocuo y pasivo en el que aquél se ha mantenido), es interesante abordar el mecanismo de consulta del documento a nivel departamental y los resultados que hasta ahora se han alcanzado.

¿Qué cabía esperar de la "Consulta Ciudadana" departamental sobre Bases para el plan de nación? Al menos la Comisión esperaba alcanzar dos objetivos: por un lado, "propiciar una visión compartida de los desafíos que debemos enfrentar para hacer de El Salvador, el país donde toda la población pueda disfrutar los beneficios del desarrollo"; y, por otro lado, "facilitar una consulta en la que se manifieste la conciencia nacional, el dinamismo participativo y el compromiso social" (ver La Prensa Gráfica, 23.03.98, p.31).

Curiosa y paradójicamente, en los objetivos que se enuncian en el comunicado con el que se anuncia el arranque de las consultas ciudadanas no se menciona ni se sugiere qué es aquello que será consultado, pese a que en el documento se define que la consulta será sobre los contenidos de Bases... Además, se utilizan en el comunicado los verbos "propiciar" y "facilitar", en lugar de los esperados para el proceso: "discutir", "analizar" o "dialogar". Esto, que podría parecer una mera sutileza lingüística, tiene un gran peso práctico: no tiene las mismas implicaciones discutir o analizar un documento, que propiciar o facilitar actitudes o estados cognitivos. Propiciar o facilitar son sinónimos de entregar, transmitir y crear condiciones de posibilidad, por lo que el peso de la acción está en aquel que transmite, entrega o crea las condiciones de posibilidad para que algo suceda. En cambio, cuando se propone discutir o analizar —no un algo vago sino un texto— el peso de la acción, lo decisivo, está en todos aquellos que se ven involucrados en el hecho. ¿No era acaso esto último lo que se buscaba con la Consulta Ciudadana y no lo primero?

Como sucede en la letra de Bases..., el proceso de Consulta Ciudadana se hunde en la confusión de objetivos y conceptos. Ciertamente, un objetivo del documento es construir una sociedad integrada con conciencia nacional, pero es un disparate subordinar absolutamente los objetivos prácticos de esta fase del proceso a aquél. Por la manera en que la Consulta Ciudadana está siendo llevada a cabo (ya ha cubierto siete departamentos), las mesas de discusión, en lugar de profundizar o analizar el diagnóstico y las soluciones presentes en Bases..., terminan avalando o al menos dejando intacto el documento. Así pues, nada se ha logrado aún. En todo caso, se está realizando a posteriori una tarea que debió anteceder a la redacción del documento. ¿De qué sirve que la población consultada afirme que la delincuencia o el desempleo son problemas nacionales cuando de lo que se trataba era de discutir las bases propuestas para solucionarlos?

Haber llevado a cabo el verdadero objetivo de las Consultas Ciudadanas habría implicado varias cosas: en primer lugar, habría sido necesario que en las Asambleas Departamentales los participantes tuvieran un minucioso y lúcido conocimiento del contenido de Bases...; hacer participar a estudiantes de bachillerato y a amas de casa en los Grupos Gestores locales tal vez pudo servir para aplacar cierto sentimentalismo democrático y dotar al proceso de un aire popular, pero poco o nada para dilucidar la validez teórica del documento. En segundo lugar, habría implicado atravesar el largo y agotador sendero de las argumentaciones y contra argumentaciones, algo que parece estar siendo sacrificado en aras de metas tempóreas ilusorias. Finalmente, habría significado perder el miedo a que Bases..., en sus primeros pasos en el campo de la ciudadanía, terminara cayéndose estrepitosamente o regresando a las manos de sus progenitores convertidas en algo irreconocible.

En definitiva, en lo se que lleva recorrido, se puede afirmar que hay poca cabida al optimismo inicial. Si lo que se ha visto hasta hoy será la manera en que se continuará procediendo en la construcción de "El Salvador que todos queremos", la conclusión final del proceso se definirá en una discusión elitista del documento , en la que una de las partes pretenderá fundamentar sus posturas desde una consulta popular que nunca fue tal ni pretendió serlo.

Tal parece que la popular frase "el sistema nacional de salud está enfermo" no sólo forma parte del conflicto que actualmente se vive en nuestro país, sino que se ha convertido en una preocupación para varios países del istmo centroamericano. La crisis de los sistemas de salud en países como Guatemala y El Salvador alcanza, a medida que pasa el tiempo, niveles sumamente preocupantes, tanto por las condiciones en las que se encuentran dichos sistemas, como por las pruebas de fuerza en las que se han embarcado el gremio médico y las autoridades gubernamentales. Pero, de todos los casos, el de Nicaragua se ha convertido en el más crítico de la región. Hasta la fecha, no sólo han habido encarcelamientos y médicos que se declaran en huelga de hambre, sino también violentos choques entre manifestantes del gremio —o de otros sectores que se han sumado a las protestas— y agentes de seguridad, como los que se registraron los días 12 y 14 de este mes.

En el fondo, la violencia y la inestabilidad que caracterizan la coyuntura nicaragüense responden al crítico estado en el que se encuentra el sistema de salud en ese país. Los sueldos que perciben médicos y enfermeras son los más bajos de toda Centroamérica (un promedio de 80 y 60 dólares al mes, respectivamente) y no reciben las prestaciones mínimas de seguridad social (seguro de vida, pensión por vejez, etc.); el gasto para las consultas representa un 13% del presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA), y esta cartera trabaja actualmente con un alto déficit presupuestario (de los 1200 millones de córdobas necesarios, el gobierno otorgó 903); la inversión anual per cápita se ha reducido a unos 14 dólares para 1998, cuando en 1989 era de 35; de los 4.5 millones de habitantes, un 37.7% no tiene acceso a los servicios de las unidades de salud existentes, y el índice de desempleo en el área de salud roza los 9.8 puntos porcentuales, según estudios de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS, respectivamente).

Dentro de este preocupante contexto, la huelga iniciada desde finales de febrero por los médicos del sistema nicaragüense de salud tiene justificaciones no sólo salariales, sino también institucionales. Pese a ello, los galenos se mantienen en pie de lucha por lograr un reajuste del 1000% en los salarios y mejoras en las condiciones de trabajo, sin tocar en su propuesta la dimensión estructural del problema. El gobierno ha insistido en la imposibilidad de satisfacer tal demanda salarial, pero ha dicho comprender el reclamo de los médicos. La situación se ha mantenido en un constante impasse, a pesar de que el sector oficial ha insistido en su buena voluntad para negociar las demandas de los médicos. Con la intervención de la iglesia católica en las conversaciones, el Movimiento Pro-Salarios —gremio en el que se han agrupado los galenos para tener representación jurídica en las negociaciones— planteó la posibilidad de exigir un aumento del 300% en este año, y el restante el año próximo, pero ello no significó ningún motivo de alivio para las autoridades.

En algunos sectores, cercanos al gobierno de Alemán, se insiste en la necesidad de separar la problemática salarial de la crisis del sistema de salud. En el fondo, esta idea se apoya en lo limitado de la plataforma reivindicativa de los médicos, quienes hasta la fecha no han adoptado, como punto fundamental en sus propuestas, la urgencia de una reforma institucional que no sólo beneficie al gremio, sino también a la población. Indudablemente, el curso de las negociaciones en Nicaragua tendría que apuntar al equilibrio entre ambas problemáticas. Las reformas institucionales al sistema de salud pueden ser una base confiable para que se dé un gasto racional y una justa distribución de los fondos de salud pública entre la población y entre los trabajadores del ramo. Por lo tanto, dos asuntos al que los médicos nicaragüenses deberían prestar atención son, por un lado, el de la calidad de sus demandas y, por otro, el alcance de las propuestas que ponen en juego frente al gobierno y la población.

Por otra parte, no cabe duda de que la situación financiera de Nicaragua no ofrece las posibilidades para presentar una solución a corto plazo al problema de los salarios, pero ello no implica una total imposibilidad de iniciar reformas en el nivel institucional. De hecho, un aumento tal y como lo plantean los médicos representaría una inversión de 716 millones de córdobas proveniente del erario público. Pero, en todo caso, los representantes del MINSA y del gobierno tampoco han mostrado una postura coherente ante el argumento de la falta de fondos. La Vice ministra de salud, Sandra Mc Coy, recordó que existía la posibilidad de extraer los fondos necesarios de jugosos préstamos que el Grupo Consultivo otorgaría en mayo para realizar una reconversión laboral y modernizar el sistema de salud. Dicho procedimiento dependía de la unificación de la propuesta salarial de los médicos y del gobierno. Quizás por ello, al momento de efectuarse el desembolso, esa posibilidad no fue confirmada.

La actitud ambivalente e incoherente de parte del gobierno ha sido su debilidad más evidente en todas las crisis que ha enfrentado en lo que va de la administración de Alemán. Desde el inicio de la huelga, las ofertas del gobierno han variado y, junto con ellas, también han cambiado las justificaciones que las sostienen. Si las negociaciones entraron en un estancamiento que provocó los primeros choques violentos —y que terminaron en el encarcelamiento de cuatro médicos— fue porque el gobierno había establecido como última oferta un incremento general del 37% y la posibilidad de privatizar el sistema como mejor vía de solución a mediano plazo. Para entonces, el MINSA había contratado médicos provisionales y les pagaba 150 córdobas semanales, al tiempo que desembolsaba otros 80 mil semanales en clínicas previsionales. Luego, tras la segunda jornada de protestas, realizada la semana pasada, el gobierno presentó sin mucho rodeo una nueva propuesta del 115% de incremento (unos 500 córdobas al mes), y la posibilidad de la privatización no ha sido tema de conversación en la negociación desde entonces.

Finalmente, esta misma actitud se presentó cuando Alemán ordenó la liberación de los manifestantes arrestados en las jornadas de protestas del 12 y 14 de mayo. El choque violento que se produjo entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes pareció ser una situación que más bien se le escapó de las manos al gobierno, dada la aparente cautela que asumió desde los incidentes de abril pasado. Ante esto, en lo que menos se puede pensar es en una postura firme y sensata de parte del gobierno que tenga como eje la búsqueda de soluciones apegadas al interés de la sociedad en su conjunto. Pero, en definitiva, la situación deja muy poco espacio para que una postura como esta pueda salir de alguna de las partes. Quizás lo más sano sea aceptar propuestas que provengan de la sociedad civil o de otros sectores profesionales que ofrezcan perspectivas más amplias para sacar adelante las negociaciones.

Tanto la zona en la cual ocurrió la detención-desaparición de José Rubén como sus habitantes ya había sufrido, durante los años anteriores, debido las acciones punitivas conducidas por la FAES; sin embargo, el nivel de las mismas —su intensidad y consecuencias de todo tipo— se incrementó a partir de 1983. Era, pues, un marco propicio para el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos de la población campesina, considerada por el ejército gubernamental como el semillero de la insurgencia. Y precisamente eso fue lo que sucedió cuando, el 17 de mayo de ese año, los efectivos militares incursionaron en el cantón La Joya: la gente del lugar se vio forzada a buscar refugio en el cerro conocido como "El Molocho", mientras la tropa quemaba sus viviendas e iniciaba la persecución.

Con sus tres hijos pequeños y un embarazo de ocho meses, la madre de José Rubén iba en ese grupo que huía; en el trayecto, un joven familiar de su compañero de vida le ofreció llevar en un caballo a su hijo, junto con otros dos niños. Por haberse separado mientras escapaban, después de eso Margarita de Dolores Rivera ya no volvió a ver a su pequeño. Existen suficientes pruebas testimoniales de que José Rubén fue recogido por los soldados y llevado al cuartel de la Quinta Brigada de Infantería; al igual que en el caso anterior, todo ello se encuentra registrado en las diligencias judiciales iniciadas el 15 de noviembre de 1996 en el Juzgado Segundo de lo Penal de San Vicente.

El señor juez a cargo entonces de ese tribunal procedió, entre otras diligencias, a indagar sobre los hechos con el comandante de la mencionada unidad militar. De esa iniciativa, sólo obtuvo una respuesta negativa: no había ningún registro que diera cuenta del ingreso del menor al cuartel mencionado. Por su parte, con las investigaciones de la PDDH fue posible establecer la identidad de algunos oficiales de la FAES que —al momento del operativo— se presume pertenecían al Batallón "Cañas", el cual siempre apareció señalado por la población víctima como la unidad elite que participó en dicha acción. Obviamente, esos oficiales dijeron no estar enterados de ningún menor remitido al cuartel, aunque sí admitieron que en esa época se realizó la campaña militar denominada "Bienestar para San Vicente".

La PDDH también se dirigió al ministro de la Defensa Nacional, quien respondió lo siguiente sobre el caso: que en los días durante los cuales se supone tuvo lugar el operativo en cuestión, la Fuerza Armada no estuvo en la zona; que para esa época no existía el Batallón "Cañas" y que no se abrió investigación sobre la desaparición de José Rubén. En relación a lo primero, no se sabe cómo el señor ministro puede tener tal certeza pues en la Quinta Brigada de Infantería no existen registros confiables que lo avalen; sin embargo, de lo poco que se ha podido encontrar se desprende —según lo investigado por la PDDH— que el citado Batallón élite ya existía cuando se realizó el operativo denunciado y que éste participó en la realización de la campaña "Bienestar para San Vicente".

Alrededor de estos cinco casos, las consideraciones del señor procurador para la defensa de los derechos humanos, Eduardo Urquilla, se presentan a continuación en forma resumida:

A. Con la evidencia testimonial se comprueba que estas ocho víctimas fueron desaparecidas forzadamente por elementos de la FAES; también son víctimas sus familiares que un continúan indagando sobre su paradero. Citando importantes documentos de los sistemas universal e interamericano de protección a los derechos humanos, así como el informe de la Comisión de la Verdad, el señor procurador sostiene que estos hechos se dieron en el marco de la guerra interna y los desplazamientos masivos de población, la destrucción de registros civiles y la existencia de un sistema judicial incapaz de garantizar la protección "de los derechos humanos de la población victimizada".

Así las cosas, el funcionario señala que es lógico "considerar la escasa posibilidad de que, en la totalidad de los casos, perdurase hasta la fecha prueba documental de origen civil sobre la identidad de los menores o sobre los traslados de los mismos. Mucho más remota ha sido la posibilidad de que las familias afectadas hubiesen expuesto oportunamente estos graves crímenes ante autoridades competentes para investigar".

B. Universalmente se ha reconocido la desaparición forzada como "un ultraje a la dignidad humana" y "una negación de la Carta de las Naciones Unidas". En concreto, estos actos constituyen violaciones a los siguientes derechos: al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la libertad y seguridad de las personas; a no ser sometido a torturas ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a la vida; y —en el caso de las niñas y los niños— a preservar su identidad y relaciones familiares, "así como su derecho a ser protegido por la familia, la sociedad y el Estado".

Internamente y en coherencia con las normas internacionales, la Constitución de la República determina en sus primeros artículos que es la persona humana el origen y el fin de la actividad estatal; asimismo, reconoce para ella los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y la posesión, y a recibir protección para conservar y defender todos esos derechos. Por su parte, el Código Penal vigente contempla la desaparición forzada atribuida a agentes del estado o particulares como una figura delictiva.

C. Con estas acciones militares en el campo, conocidas entre sus habitantes como las "invasiones", se estableció un tipo criminal que puede llegar a compararse con el genocidio. Asimismo, existen deberes que el Estado debía haber cumplido; éstos son los de prevenir e investigar tales hechos así como el de sancionar a sus responsables. De igual manera, se advierte que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente mientras no se conozca "la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y mientras no se hayan esclarecido los hechos"; por tanto, en estos casos no es "aplicable la amnistía dictada para delitos cometidos con anterioridad al año de 1992".

D. Con estos hechos se violentó lo establecido en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, en lo que toca al trato humano de las personas que no participan directamente en las hostilidades o que lo hayan dejado de hacer, así como la prohibición de atentar contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas. Igualmente, se incumplió la obligación contemplada también en el Protocolo II, de "tomar las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas". También se irrespetaron las normas relativas a: la protección general de las personas contra los peligros derivados de las acciones militares, la prohibición de realizar actos cuyo objeto sea el de aterrorizar a la población civil y la prohibición de los desplazamientos forzados.

E. Se atentó contra el principió constitucional que establece a la familia como base de la sociedad y se irrespetó gravemente el derecho a que las y los menores vivan en condiciones que les permitan desarrollarse de manera integral.

F. Se violó el derecho de las ocho víctimas a preservar su propia identidad, lo que incluye el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares. Además de ser el Estado responsable de las desapariciones forzadas, estos hechos se vuelven aún más serios al no buscar éste a los padres e impedir que las familias se reunifiquen.

G. Es preocupación fundamental el destino de las y los niños desaparecidos de manera forzada, el cual pudo haber sido o el abandono o bien la integración a las familias de sus secuestradores.

H. Basado en la Resolución 47/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se considera necesario prevenir y reprimir la apropiación de hijos de padres víctimas de desaparición forzada o nacidos durante el cautiverio de las madres que se encuentran en esa deplorable condición, así como la apropiación de los hijos de aquellos padres que fueron ejecutados arbitrariamente o que se vieron obligados a desplazarse por el desarrollo de acciones militares en un conflicto interno como el que tuvo lugar en nuestro país.

I. Universalmente se reconoce que al Estado le toca responder por los actos o las omisiones de sus agentes. Se cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que dicho principio es violado "en toda situación en la cual el poder público ha sido utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos (en la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar tales derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención".

J. Es preocupante que, "finalizado el conflicto armado, las víctimas que han promovido acciones judiciales no hayan encontrado el interés y la oficiosidad necesarios, tal como manda la Constitución, en virtud del derecho de protección judicial y tutela judicial efectiva contenido en el Art.2 de nuestra Carta Magna".

K. No obstante lo anterior, difícilmente se obtendrían resultados de una investigación judicial hecha en serio si —tal como ha sucedido en determinados momentos con estos casos— la Fuerza Armada no colabora con ella de manera amplia y transparente.

L. Se debe destacar el papel que han jugado y pueden jugar el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Salvadoreña. Ambas instituciones, "en el ejercicio de su loable actividad humanitaria asistieron a muchos menores afectados por actividades militares, siendo que, eventualmente, tales instituciones podrían aportar información que auxilie a las autoridades y familiares en la búsqueda de los niños y niñas secuestradas".

Con todo lo anterior, el señor procurador para la defensa de los derechos humanos resolvió lo siguiente:

I. Dar por establecida la violación "al derecho a la vida, por el hecho violatorio de desaparición forzada" de las seis niñas y los dos niños mencionados antes, "así como en perjuicio de sus familias". Establecer, además, las diversas unidades militares responsables que ya fueron mencionadas antes.

II. Recomendar al ministro de la Defensa Nacional y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que se ordenen las necesarias investigaciones para que, posteriormente, sus resultados sean presentados a las autoridades judiciales correspondientes y se determinen las responsabilidades penales; asimismo, dichas investigaciones deben estar encaminadas a conocer el paradero de las y los menores desaparecidos de manera forzada. También deben buscar la manera de resarcir, en lo posible a las víctimas por los daños materiales y morales que les causaron.

III. Dar por establecida, también, la violación al derecho a la vida de numerosos grupos de personas durante la realización de los operativos militares mencionados. La responsabilidad en éstas otras violaciones, también recae en el ejército gubernamental.

IV. Recomendar a los funcionarios militares ya citados que colaboren con las instituciones encargadas de impartir justicia, entregando cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de todos los hechos. Para favorecer la consolidación del Estado de Derecho, en estos casos las y los juzgadores "deberán aplicar la Constitución y las leyes internas e internacionales que protejan los derechos de las familias ofendidas".

V. Dejar establecida la violación al debido proceso legal, originada por la actuación de los funcionarios judiciales que conocieron algunos de estos casos.

VI. Recomendar al Estado la pronta ratificación de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas.

Para finalizar, cabe decir que seguramente no dejará de haber quien opine —como lo han hecho sobre todo ciertos políticos interesados— que estas son "cosas del pasado". Pero la mayoría de las personas, tanto las directamente afectadas por estos hechos como aquellas que tienen un mínimo nivel de sensibilidad humana, estarán de acuerdo en el hecho de que este problema sigue presente y debe enfrentarse, porque constituye una deuda que aún no ha sido saldada. Sobre la base de la injusticia y su encubrimiento, no lograremos construir una paz verdaderamente sólida.

RENUNCIAS. El Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla; la Comisionada Nacional para la Modernización del Estado, Ana Cristina Sol; y la Presidenta del Fondo de Inversión Social (FIS), María Teresa Rendón, interpusieron sus renuncias el pasado 15.04. Según dijeron, las mismas se deben a que están interesados en incorporarse al sector privado. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, asignó la presidencia del BCR a Gino Bettaglio, hasta entonces vicepresidente de la institución. Orellana Milla explicó que su renuncia no obedece a problemas en el cargo o con el gobierno. Por su parte, la Comisionada presidencial sostuvo que, de ser aceptado su retiro, éste sería efectivo después de realizada la venta de la compañía telefónica CTE-ANTEL. En este contexto, los partidos de oposición opinaron que la renuncia de los tres funcionarios "está vinculada a una crisis interna en el Gobierno y en ARENA". Asimismo, consideraron que las renuncias traerán posibles repercusiones en la política monetaria y financiera del país, en la modernización del Estado y en la descentralización municipal. Para el diputado Donald Ricardo Calderón, del PDC, es lamentable que los diputados renuncien cuando queda poco tiempo para que Calderón Sol termine su mandato, pues esto afectará negativamente al partido en el gobierno (LPG 16.05 p.4-5 y 6).

DESPIDOS. Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) convocaron, el 16.05, a los médicos interesados en seguir trabajando en la institución para que reactiven sus solicitudes de ingreso y puedan sustituir a los médicos que serán despedidos. Al menos unos 200 médicos ya han sido notificados de sus despidos, luego de que el gremio pasara por alto la última advertencia del gobierno para levantar el paro. El representante del Sindicato de Médicos del Seguro Social (SIMETRISSS), Guillermo Mata, se pronunció por el cese de amenazas contra el sector médico, las cuales, según dijo, son improcedentes. "No pueden despedirnos porque todavía está en litigio un recurso ante la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad de esta medida", expresó Mata, quien agregó que ninguno de los médicos amenazado con el despido ha sido notificado por escrito. "Primero, los despidos son ilegales y, segundo, no hay nada escrito, por lo tanto, no lo tomamos en cuenta", sentenció. Al respecto, el presidente del Colegio Médico, José Marinero, opinó que la situación jurídica del gremio está apegada al Estado de derecho. EL representante de la asociación de Abogados de El Salvador, Raúl Calderón, aseguró que el gobierno está realizando funciones que no le corresponden, ordenando despidos sin justificación que agudizan aún más la problemática (LPG 17.05 p.5).

SIGET. Las Distribuidoras de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones no están aplicando a cabalidad la nueva estructura tarifaria, admitió, el 18.05, el Titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Eric Casamiquela, durante una entrevista con los diputados de la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa. Debido a estos incrementos injustificados, los afectados recibirán reembolsos más intereses, tal como lo establece la Ley General de Electricidad. "Si las distribuidoras de energía han enviado cobros indebidos, exigiremos que se devuelva el dinero más los intereses", explicó Casamiquela. El Presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang, coincidió con Casamiquela al señalar que están cumpliendo un acuerdo en el que se establecen subsidios a los consumidores de menos de 200 Kwh y otro adicional a los consumidores de menos de 300 Kwh. La SIGET recibirá los resultados de una auditoría realizada a las distribuidoras para deducir en qué nivel las compañías han incumplido con la nueva estructura tarifaria. "El objetivo de la auditoría es que los errores no se sigan dando. Conoceremos primero los resultados de la SIGET, porque podría ser que existan deficiencias en el programa de computación o en el equipo para hacer las lecturas, pero los cobros excesivos son una realidad", agregó Casamiquela (LPG 19.05 p.4).