Año 18

número 808

mayo 27

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial El gobierno veta a la UCA

Política La nueva Asamblea Legislativa un año después

Economía Incrementos tarifarios y subsidios gubernamentales: las contradicciones de la privatización

Sociedad Sobre la dinámica de la prensa escrita

Política Candidaturas femeninas

Derechos Humanos Migración y derechos humanos

Noticias

El gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) patrocinan el "Foro sobre convivencia y seguridad ciudadana en el istmo centroamericano y la isla Española", el cual tendrá lugar en San Salvador, del 2 al 4 de junio. El foro, financiado por el gobierno de Noruega —cien mil dólares—, será inaugurado por el presidente del BID, el embajador de Noruega y el Presidente Calderón Sol y lo cerrará el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. El BID escogió como sede El Salvador por encontrarse en medio de una transición de postguerra, por su elevado nivel de violencia y por ser el único país de la región que cuenta con estudios sistemáticos sobre el tema.

Esos estudios han sido realizados por la UCA, que investiga el fenómeno desde hace más de dos años (ver ECA, 588, octubre, 1997). Por eso, la Oficina del Economista Jefe del BID la invitó a participar en la organización del foro. En este ambiente de colaboración, la UCA proporcionó información sobre el contexto del foro, sugirió posibles participantes y anticipó algunas dificultades; en particular, la resistencia del gobierno a reconocer la existencia de la violencia como fenómeno social. En ese momento, el BID le propuso al Director del IUDOP tener una ponencia, en la cual expusiera los resultados de las investigaciones de la UCA. Los responsables de la región centroamericana del banco incluso visitaron a las autoridades de la universidad para solicitar de manera formal la participación institucional de la universidad en el foro.

Es paradójico que mientras el Presidente Calderón Sol considera entre sus logros —sobre los cuales asegura poder hablar durante horas— la libertad de expresión y presenta a El Salvador como un país de diálogo y entendimiento, se niega a escuchar a quien tiene algo importante que decir sobre la problemática de la violencia que azota al país. La participación de la UCA no representa ningún peligro ni para su gobierno ni para El Salvador. Lo único que la universidad busca con estas investigaciones es conocer la complejidad de un fenómeno social de graves consecuencias humanas y económicas, porque sólo así se podrán proponer soluciones eficaces. La postura ante la violencia y ante cualquier otro aspecto de la realidad nacional no es negarla u ocultarla, sino buscar explicaciones que den razón de ella para así proponer la soluciones verdaderas.

La nueva Asamblea Legislativa un año después

Cuando a mediados del año pasado se dio la polémica derogación de la Ley de Privatización de ANTEL, todo pareció indicar que las expectativas generadas por la nueva composición de los partidos políticos al interior de la Asamblea Legislativa iban a ser satisfechas. Roto el monopolio político de ARENA, el FMLN podía empezar a intervenir decisivamente en los asuntos del pleno; y correspondería al centro, tras una inteligente evaluación, inclinar la balanza hacia las propuestas más favorables para el país. De hecho, la reelaboración de la Ley de Privatización de la telefónica, además de probar el peso adquirido por el principal instituto político de izquierda, demostró que la concertación era, para los intereses nacionales, mucho más favorable que las prácticas amañadas y arbitrarias de antaño.

Lamentablemente, la fuerza y determinación con que la oposición pareció asumir su nueva cuota de poder en el Órgano Legislativo disminuyeron notablemente tras el esperanzador fenómeno de la derogación. Sin duda, la interpelación al ex Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Roberto Orellana Milla, fue el intento de la oposición —y, en especial, del FMLN— de dar continuidad a su proyecto de convertirse en un poder político capaz de incidir significativamente en la realidad nacional. La interpelación se presentaba ante los ojos de los partidos opositores como una gran oportunidad para demostrar que su nueva cuota de poder iría encaminada hacia la defensa del bienestar de la ciudadanía; demostrando, de paso, que tanto en el partido oficial como en las estructuras gubernamentales del ejecutivo, la corrupción se daba de manera escandalosa.

Ningún provecho pudo extraerse, sin embargo, de tan controversial interpelación. Más que poner en juego los intereses de la población afectada por el fraude INSEPRO-FINSEPRO, las interminables horas destinadas a cuestionar la implicación de Orellana Milla en el caso se malgastaron en un vaivén de recriminaciones partidarias que en nada contribuyeron a esclarecer el punto en cuestión. Así pues, si la derogación de la Ley de privatización de ANTEL permitió, en su momento, pensar que la nueva Asamblea Legislativa era sustancialmente distinta de la anterior, la interpelación del ex Presidente del BCR mostró un hecho irrefutable: el cambio cuantitativo en la distribución de los curules no se traduciría en un cambio cualitativo en el desempeño del pleno.

Fue ingenuo el optimismo puesto en el resquebrajamiento de la hegemonía política arenera y en los buenos resultados de la ley de privatización de la telefónica. De una primera experiencia en la que dar cabida a la concertación había sido fructífero, no podía deducirse que el consenso iba a ser norma para cualquier caso de divergencia entre los partidos. Con la interpelación, quedó demostrado que si bien era cierto que la voz de la oposición tenía más peso que antes, eso no significaba que sus decisiones serían siempre las más acertadas.

En este punto, es necesario hacer una distinción importante: una cosa es lo beneficioso que pueda ser para el país el hecho de que el equilibrio de fuerzas políticas en la Asamblea impida los abusos y las arbitrariedades, y otra muy distinta que ese equilibrio, por sí solo, se convierta en garantía de calidad del desempeño del pleno en su conjunto. Al parecer, el optimismo con el que fueron recibidos los resultados electorales de 1997 llevó a la idea de que, rota la hegemonía arenera, el Organo Legislativo empezaría a dar pasos agigantados hacia la democratización. Craso error.

Ciertamente, romper monopolios políticos es un paso fundamental en la instauración de la democracia. En ese sentido, lo que aconteció en las pasadas elecciones es positivo e importante, pero ni los resultados electorales de 1997 pueden considerarse un logro de los partidos de oposición —como se señaló en aquel entonces— ni esos resultados podían asegurar que las nuevas cuotas de poder iban a ser utilizadas acertadamente por los institutos políticos.

Y es que el salto desde el entusiasmo, producido por el equilibrio de las fuerzas políticas, hasta la convicción en una Asamblea Legislativa verdaderamente distinta y renovada obedeció, en definitiva, a un exceso de confianza en el FMLN. Muchos creyeron que los 27 peldaños efemelenistas eran suficientes tanto para poner a ARENA en su lugar como para salvar al pleno de sus vicios más característicos; lo cual equivalía a pensar que todos los problemas del Organo Legislativo se derivaban únicamente de ARENA y que el FMLN era el llamado a salvar dicha instancia.

Pues bien, ha quedado demostrado que ni era la hegemonía arenera la única causa de las taras en el pleno ni, mucho menos, el FMLN tenía en sus manos el remedio a los males del mismo. El debate en torno a la condonación de la deuda agraria —extremamente prolongado a lo largo del año pasado—, la no elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y el entrampamiento de la aprobación del préstamo del Banco Mundial para impulsar proyectos educativos son algunos de los casos que reflejan que el consenso, lejos de normar el desempeño legislativo, continúa siendo una meta lejana.

Y es que difícilmente podrá llegar a reinar el consenso en una Asamblea tan polarizada. Se sabe que ARENA estará poco o nada dispuesta a discutir sus posturas y que, por el contrario, lo que intentará hacer cada vez que pueda es buscar aliados que le permitan llevar a cabo sus iniciativas. Por su parte, al FMLN parece haberle quedado grande el rol de salvador que los más entusiastas le asignaron. Son muy pocas las aportaciones originales y creativas del principal partido de izquierda al debate político. La reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es, quizá, su única iniciativa; por lo demás, infecunda y de dudoso fundamento.

Luego de un año, resulta que, además de no haber podido pasar de ser el fiscal persecutorio de ARENA, el FMLN ha desaprovechado significativas coyunturas en las que una más protagónica y bien pensada participación le hubiera permitido incidir provechosamente en la dinámica de la Asamblea. Tales son los casos de la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la decisión del monto que cobraran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Contrario a esto, el principal partido de oposición se ha enfrascado en la discusión alrededor del préstamo del Banco Mundial, con una actitud que más parece querer establecer un forcejeo con ARENA que buscar la mejor salida a la necesidad de impulsar la reforma educativa.

Por otra parte, se suponía que los partidos de centro eran los llamados a contrarrestar la tensión que la polarización iba a traer —y de hecho trajo— al actual Organo Legislativo. En este sentido, el número de escaños que alcanzó en los últimos comicios (11), convertía al Partido de Conciliación Nacional en el más determinante de ellos. Hubo también con respecto a él cierto optimismo apresurado. El hecho de que la cúpula pecenista le abriera paso a un grupo de disidentes de ARENA llevó a pensar que el PCN se mantendría firme en sus aspiraciones de convertirse en una alternativa de poder y que guardaría distancia respecto del partido oficial. Sin embargo, si bien es cierto que inicialmente la fracción de este instituto político respaldó ciertas iniciativas del FMLN y dio muestras de querer convertirse en un partido de oposición real, hoy en día todo parece indicar que el proyecto del PCN ni se cristalizó ni va a cristalizarse en el futuro.

El fracaso de la unificación de los partidos pequeños y el oscuro laberinto de alianzas y conveniencias en las que subsiste el PDC, ofrecen pocas esperanzas con respecto a la posibilidad de encontrar en el centro rutas viables para la superación de la polarización. En definitiva, si alguna conclusión hay que extraer de este primer año de labores de la Asamblea Legislativa es que las raíces de las taras que enfrenta el pleno no obedecen únicamente a la conducción que de él ha hecho ARENA. Ellas también tienen que ver con la incapacidad de los demás partidos de adoptar y fortalecer una identidad propia, y a la imposibilidad del Frente de caracterizarse y asumir el papel que le corresponde como interlocutor de ARENA.

Incrementos tarifarios y subsidios gubernamentales: las contradicciones de la privatización

El tema de las tarifas de los servicios básicos merece especial atención en una coyuntura de privatización de las empresas públicas. Una de los argumentos para justificar la privatización, al menos en el caso de las telecomunicaciones, ha sido que aquélla volverá más eficientes a las empresas públicas, abaratará costos y provocará una reducción en las tarifas. Sin embargo, lo cierto es que esto no es aplicable a todos los casos, pues en lo tocante a la energía eléctrica la situación ha sido totalmente diferente. De hecho, hasta el mismo gobierno ha tomado ya sus previsiones para mitigar alzas en las tarifas de la energía eléctrica, aun cuando aquéllas se encuentran en franca contradicción con el espíritu de la privatización que el mismo gobierno impulsa. Desde la Asamblea Legislativa también han surgido iniciativas para regular las tarifas de la energía eléctrica y suspender proyectos tendientes a incrementarlas.

Adicionalmente, en las últimas semanas se han conocido casos que no se limitan a simples incrementos en las tarifas, sino que se extienden a procedimientos fraudulentos para la fijación de los montos de los recibos de agua y de energía eléctrica. Por lo anterior han sido cuestionadas la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las recién privatizadas empresas de distribución de la energía eléctrica. En el caso de ANDA, la Dirección General de Protección al Consumidor (DPC) denunció la existencia de irregularidades en la lectura de los medidores de consumo que, de acuerdo al Director de la DPC, responden a una "mafia" organizada al interior de ANDA.

Por otra parte, la distribuidoras de energía eléctrica privadas enfrentan cuestionamientos de parte de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), en torno a incrementos injustificados en las tarifas o, más concretamente, a imperfecciones en la aplicación de la nueva estructura tarifaria. Según el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Erick Casamiquela, las anormalidades "podrían deberse a deficiencias en el programa de computación o en el equipo para hacer lecturas, pero los cobros excesivos son una realidad". Según la misma fuente, se exigirá a las compañías involucradas la devolución del exceso cobrado más intereses.

Frente a esta coyuntura, resulta de interés revisar algunos de los hechos recientes en torno al ajuste de las tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad y teléfonos); especialmente, los aspectos relacionados con su incremento y la política de subsidios adoptada por el gobierno.

Durante toda la administración del gobierno de Armando Calderón Sol se han registrado importantes alzas en las tarifas de los servicios básicos, las cuales, aparentemente, no están relacionadas con la privatización, pero en realidad responden a una política de elevar la rentabilidad y el atractivo de las empresas públicas para potenciales inversionistas. Pueden mencionarse al menos dos casos de sensibles incrementos en las tarifas: el ajuste progresivo de las tarifas de energía eléctrica entre 1994 y 1996 y el ajuste de las tarifas telefónicas en 1996. Los años 1994, 1995 y 1996 las tarifas de energía eléctrica fueron incrementadas en un 30%, 25% y 17%, respectivamente, lo cual totaliza un incremento final de cerca de 86%. Considerando que, para 1995, se estimaba que la subvaloración de las tarifas de energía eléctrica en relación a su costo marginal de largo plazo era, como máximo, de un 48%, puede afirmarse que el ajuste tarifario del trienio 1994 y 1997 prácticamente llevó las tarifas de energía eléctrica a niveles superiores a su costo marginal de largo plazo y volvió rentable el negocio de la generación y distribución de energía eléctrica.

En sintonía con lo anterior, durante el año 1996, la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) realizó un ajuste tarifario de implicaciones negativas para los usuarios en general. Las principales disposiciones fueron una duplicación de la cuota fija, una triplicación del costo del minuto telefónico y una reducción de las tarifas internacionales, exceptuando Centroamérica y Panamá. Así pues, el balance general se inclina hacia un fuerte incremento de las tarifas para los usuarios.

El caso donde sí puede notarse la naturaleza de la relación directa entre alzas de tarifas y privatización se ha dado con la privatización de las distribuidoras de energía eléctrica, efectuada en enero pasado. Pese a que, entre 1994 y 1997, se habrían elevado las tarifas hasta por encima de su costo, la misma ley de privatización prevé una disminución gradual de los subsidios hasta llegar a eliminarlos en noviembre de 1999. Actualmente, el Estado asigna un subsidio de 262 millones de colones a los pequeños consumidores de electricidad. Para finales de 1998, la ley estimaba que el kilovatio pasaría de un precio de 0.39 colones a otro de 0.86 colones, lo cual implica un incremento de 120% sólo en el primer año.

Las reacciones que provocó esta disposición al interior de la Asamblea Legislativa —y hasta en gremiales empresariales— hicieron que el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, optara por suspender las alzas en las tarifas de la energía eléctrica y continuara con la política de subsidios para el consumo, asignando un monto cercano a los 60 millones de colones.

De acuerdo a la SIGET, efectivamente existe una política de subsidios para los consumidores de los servicios básicos. En el caso de la electricidad, se ha establecido un subsidio para los consumidores residenciales con lecturas menores a los 200 kilovatios hora y otro subsidio para los usuarios con un consumo menor a los 300 kilovatios hora. Asimismo, CEL otorgaría también un subsidio de cerca de 100 millones de colones para ANDA, con el objeto de evitar alzas en las tarifas de agua como resultado del incremento en las tarifas del servicio de energía eléctrica. Por el momento, esta medida podría reducir las contradicciones entre consumidores y empresarios, pero no representa una solución definitiva a los problemas tarifarios que genera la privatización.

Por su parte, la ANDA también practica una política de subsidios a las tarifas bastante considerable, la cual se detalla en las facturas que proporciona y que, en el caso de las tarifas residenciales, puede llegar a superar el 30%.

Lo anterior sugiere que, al menos en el corto plazo, la privatización no necesariamente significa un alivio para las finanzas públicas y, mucho menos, una reducción de las tarifas de los servicios básicos. La energía eléctrica ha sido la primera empresa de servicios básicos que ha sido privatizada y, hasta ahora, las perspectivas que levanta no son favorables para los intereses de los consumidores ni del Estado. Primero, porque implica mayores alzas en las tarifas y, segundo, porque no ha eliminado la política de subsidios ni las presiones sobre las finanzas públicas y la inflación que aquéllas podrían generar.

El gobierno ha desarrollado una política ambigua frente a la privatización. Por un lado, la avala y busca formas de incrementar las tarifas para atraer a inversionistas y, por el otro, procede a desarrollar políticas de subsidios y suspende incrementos en las tarifas eléctricas que se habían planificado ejecutar con posterioridad a la venta de las distribuidoras de energía eléctrica. Considerando que se espera que los propietarios mayoritarios de las empresas de servicios básicos sean inversionistas extranjeros, la privatización se perfila como una forma de incrementar las ganancias del capital internacional a costa de mayores tarifas para los usuarios de los servicios básicos.

Sobre la dinámica de la prensa escrita

Actualmente, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy están librando una guerra sin cuartel en la disputa por agenciarse el galardón del medio periodístico más comprometido con la "verdad" y la "objetividad". Aunque el fenómeno no es para nada reciente, la confrontación entre los dos matutinos se vio agudizada por la crisis que vivió La Prensa Gráfica cuando sus ejecutivos de redacción decidieron renunciar por desavenencias editoriales con los jefes de la empresa periodística.

Lo que el mismo matutino se esforzó por denominar una "jornada histórica" del periodismo salvadoreño, con obvias intenciones de aminorar la crisis y dotarla de un cariz positivo, no tardó en ser utilizada por los editorialistas y columnistas de El Diario de Hoy para mostrarle al gran público lector lo mal —por no decir lo decadente— que estaba la competencia. El ensañarse con la viga en el ojo de La Prensa Gráfica no era gratuito: el rotativo que se jactaba de poseer dentro de su staff de columnistas a los más connotados miembros de la intelectualidad de posguerra (la intelectualidad "progresista", en la que los bandos, colores y personalidades se disuelven en un discurso conciliador y poco encendido), caía presa de conflictos provocados por una línea editorial conservadora, limitante para el libre ejercicio periodístico y de obvios coqueteos (para algunos, tórrido romance) con los intereses gubernamentales.

Así pues, el compromiso con la verdad y la objetividad de La Prensa Gráfica se desplomaba devorado por sus propias contradicciones. Durante semanas, este patético e inocultable espectáculo fue el deleite de todo aquel que en El Diario de Hoy tuvo espacio para participar con sus opiniones. Desde cronistas deportivos hasta comentadores de espectáculos unían voz para subrayar el rezago de su contrincante y de paso mostrar los nuevos aires que corrían por el matutino que algún día había sido el más visceral y retrogrado defensor de las causas conservadoras.

Si La Prensa Gráfica era incapaz o no tenía el mínimo interés en impulsar un periodismo serio, responsable e investigativo, El Diario de Hoy pretendía avanzar a pasos agigantados contratando periodistas que elaboraban entrevistas y reportajes de fondo. Reportajes en los que se ponían al descubierto las debilidades y yerros gubernamentales, en los que el periodismo intentaba estar a la altura de su papel de fiscalizador y de su carácter de tribuna pública. Entrevistas en las que la pregunta acuciosa y profunda sustituía a las prefabricadas y superficiales.

En esta competencia es evidente que El Diario de Hoy lleva hasta hoy la delantera, por sus propios méritos y por los continuos traspiés dados por La Prensa Gráfica. Entre los errores cometidos por ésta, dos son los más graves. El primero, haber pretendido contar con el respaldo de Urban & Associates en la elaboración de una encuesta que mostraba al rotativo como el de mayor número de lectores a nivel nacional, cuando la empresa ni participó en el sondeo ni éste utilizó estándares semejantes a los de aquélla, tal como llego a afirmar La Prensa Gráfica en cierto momento.

El segundo, haber iniciado la publicación semanal de una selección de temas de la revista norteamericana Newsweek, sin que, aparentemente, se contara con la autorización respectiva, lo que finalmente obligó a parar la distribución del mismo. Probablemente, para un lector poco avisado estos dos hecho hubieran pasado desapercibidos, pero no así para los directores de El Diario de Hoy, los cuales se encargaron de publicitarlos en considerables espacios de su medio.

Ahora bien, cuáles serían los éxitos alcanzados por El Diario de Hoy. Cómo ya se dijo, el rotativo tiene el mérito de estar impulsando un periodismo más franco y veraz, en el que se pretende dar cuenta de los hechos desde una perspectiva más amplia, en el que los intereses políticos de sus directores —porque los hay— o no se hacen inmediatamente presentes o están quedando cada vez más restringidos a las páginas editoriales. De este cambio son prueba, por ejemplo, el reportaje sobre la política de reducción de cesáreas y las punzantes entrevistas realizadas a personajes como Alfredo Cristiani, algo que hasta la fecha no se había observado en la prensa escrita.

Otro punto en el que El Diario de Hoy pretende llevar la delantera es en la expansión de sus espacios de publicación, llevada a cabo a través de la inclusión periódica de un extracto del semanario Time y la puesta en marcha del proyecto editorial Más. Sobre ello no hay mucho que decir. En primer lugar, la publicación de temas de Time semanalmente, per se, dice más de los recursos económicos del matutino que de su mayor o menor credibilidad y profesionalismo. Por otro lado, aunque Más ha sido lanzado con la pretensión de atraer a un público joven por medio de reportajes dinámicos y breves (que a la larga quizás terminen cayendo en la insulsez), todavía no da señales que permitan tomarlo como algo más de lo que es: un mero experimento de periodismo comercial. Llegados a este punto, es necesario preguntarse por las razones de este viraje a nivel periodístico de El Diario de Hoy.

A estas alturas, nadie ignora que al interior de las filas de la derecha existen conflictos y pugnas que ya son imposibles de ocultar ante la opinión pública. Las deserciones de importantes figuras en el gabinete de gobierno y en ARENA; las declaraciones encendidas de miembros del partido en el gobierno en contra de la candidatura de Francisco Flores; las agrias intervenciones públicas de Cristiani, son muestras de que la derecha arenera se encuentra dividida, de que hay una confrontación de poder entre varios grupos que pertenecen o pertenecieron a ARENA. Igual de evidente es que uno de estos grupos, que cuenta entre sus líderes a Orlando de Sola y a Alfredo Mena Lagos, ha unido esfuerzos con los Altamirano en su cruzada en contra de algunas figuras públicas de ARENA y en contra de la manera en que se está conduciendo el gobierno.

No es descabellado suponer que la nueva línea periodística de El Diario de Hoy responde en buena medida a esta crisis al interior de ARENA. Especialmente porque el talento de los periodistas que ha importado el rotativo ha sido usado preferentemente para cuestionar a figuras areneras con las que los Altamirano y compañía mantienen rencillas. Es difícil imaginarse a un reportero de El Diario de Hoy emplazando a un Ministro de Salud en un contexto de camaradería entre los directores del rotativo y las instancias gubernamentales.

Desde este supuesto, la confrontación con La Prensa Gráfica obedecería menos a una competencia comercial o a un interés por velar por el mantenimiento de una periodismo de altura que a una competencia política. Competencia en la cual El Diario de Hoy se ha insertado de lleno. Con ello, como ha sido costumbre, el ejercicio del periodismo queda subordinado a la política; aunque, ciertamente, de una manera más positiva de lo que lo había estado antaño.

Que el grupo detrás de El Diario de Hoy haya recurrido al buen periodismo para arremeter contra sus adversarios, sustituyendo así la noticia panfletaria y especiosa, es bueno para los que ejercen la profesión al interior del rotativo, pero no para la profesión misma ni para los lectores. El periodismo está recuperando su papel de tribuna pública y de fiscalizador de las instancias gubernamentales, pero en cuanto que lo hace por intereses ajenos a los que le deberían ser propios y en cuanto que sólo se hace para realizar una maliciosa fiscalización selectiva, está volando con alas prestadas.

Candidaturas femeninas

Indiscutiblemente, las oportunidades para las mujeres en el sector político empiezan a experimentar cambios. Nunca antes en la historia salvadoreña había estado tan cerca la posibilidad de tener en la Presidencia o Vicepresidencia de la República a una mujer. Y es que desde siempre se ha considerado que la administración de un país es una tarea exclusiva para hombres; de hecho, en la historia salvadoreña el gobierno se ha caracterizado por un indudable patriarcado. Aun ahora, en cualquier ámbito del sector público, las mujeres son discriminadas por los hombres, no por falta de capacidad, sino porque, por convención sociocultural, es el hombre el que recibe todo el apoyo para ocupar lugares de mando y dirección. Con mucha dificultad y destreza una mujer llega a ser una figura pública importante y prestigiosa en nuestro país; sin embargo, las mujeres que han logrado destacar lo han hecho por méritos propios.

Del reducido grupo femenino de la política, han sobresalido tres nombres como prospectos para precandidatas presidenciales: la ex ministra de educación y actual gerente de Redacción de La Prensa Gráfica, Cecilia Gallardo de Cano; la ex procuradora de Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés; y la responsable de las 14 directivas departamentales del FMLN y miembro de la Comisión Política del mismo partido, Violeta Menjívar. Mujeres con compromisos políticos distintos, pero que comparten algunos rasgos comunes.

Ellas comparten su situación de género; además, comparten la experiencia de estarse desempeñando (o de haberse desempeñado, en el caso de Gallardo de Cano) en el competitivo mundo de la política, en el que la predominancia de los hombres es innegable. Sin duda alguna, el lugar que ahora ocupan es producto de un arduo camino y han tenido que enfrentar y demostrar su capacidad para dirigir y decidir con más dificultades que cualquier hombre.

Por separado, el nombre de Cecilia Gallardo de Cano se barajó como una posible carta que ARENA se podría jugar en la selección de sus candidaturas presidenciales, tal como lo hicieron notar algunos medios de comunicación. Las encuestas de opinión pública la presentaban como una de las figuras políticas más populares y preferidas para la Presidencia; incluso, tomando en cuenta su papel en el Ministerio de Educación, fue considerada en más una de una oportunidad como una de las más "brillantes" funcionarias del gobierno de Armando Calderón Sol.

Sin embargo, el 24 de abril pasado, la ex ministra anunció su renuncia argumentando motivos personales; aunque, contrario a lo que ella expresó, fue evidente que hubo otros factores que influyeron en su decisión. No es un secreto que ARENA jamás le propuso la candidatura. Más aun, en una ocasión ella misma aseguró que, aunque los partidos políticos no son el sector más machista de la sociedad, "lo más probable es que yo no sea candidata de nada". A esto se suma la serie de descontentos, especialmente en los últimos meses, con el gobierno, con los partidos de oposición y con ARENA, los cuales hicieron incómoda su posición al frente del Ministerio de Educación y alentaron su renuncia.

Cuatro días después, se supo que Gallardo de Cano encabezaría el departamento de Redacción de La Prensa Gráfica, sobre lo cual la ex ministro comentó que guardaba relación con sus actividades anteriores, ligadas con un proyecto comunicativo. Esta nueva sorpresa de la funcionaria parecía una carta bajo la manga. Ciertamente, ya no está dentro del gremio político, pero ahora tiene a su favor y disposición el espacio de uno de los periódicos más importantes del país. La prensa nacional es uno de los medios con mayor credibilidad y sacar a la luz pública algo (conveniente o no para el grupo político que se apoya o con el que se tienen afinidades) será mucho más fácil para ella si considerase necesario hacerlo. No se trata de que pueda "desinformar" o manipular a la opinión pública; se trata de que medios son el cuarto poder y que el acceso a ellos abre posibilidades no insignificantes para incidir en la vida nacional.

Distinta es la situación de Victoria de Avilés y de Violeta Menjívar. La primera, que recién acaba de terminar su período como procuradora, fue bien evaluada por algunos ciudadanos, quienes catalogaron su trabajo como transparente y honesto. Pese a esto, varios empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos rebatieron esas afirmaciones sobre su desempeño y acusaron a la ahora ex procuradora de maltrato laboral, entre otras cosas. Lógicamente, su gestión generó diferentes apreciaciones; así, hay instituciones que consideran deficiente y poco productivo el trabajo que desempeñó en la Procuraduría, mientras que otras instancias no han ocultado su satisfacción por el desempeño de doña Vicki. De cualquier forma, la ex procuradora tiene su prestigio y cuota de credibilidad y esto fue básico para que el FMLN la tomara como posible precandidata para los próximos comicios; ella, al parecer, está de acuerdo. Empero, no se sabe con certeza si, efectivamente, ella será una de las que integre la fórmula para la presidencia o vicepresidencia de la República por parte del partido de izquierda. No puede obviarse que de Avilés es una de las favoritas y más respaldadas por la ciudadanía, por la entidades de Derechos Humanos, por la Organizaciones feministas e, incluso, por una parte de los seguidores farabundistas.

Según se ha dicho, la ex procuradora reúne, en sus aspectos básicos, los requisitos del perfil para candidato presidencial que busca el Frente; es decir, vida privada y pública conservadora, con un pasado intachable, con una ideología de centro-izquierda, honesto(a), trasparente, pluralista, que impulse proyectos de generación de empleos, con una formación académica con títulos comprobables, entre otros.

Violeta Menjívar es impulsada por otra numerosa parte del FMLN. Ella es la última de las propuestas para la fórmula presidencial que impulsará este partido. Tampoco su postulación es oficial, pero se rumora que las bases del partido la apoyan con mucha fuerza. Ella asegura que podría aceptar una posible candidatura, ya sea a la presidencia o vicepresidencia, si el partido se lo propone. Es poco lo que se conoce acerca de su desempeño en la política, pero los comentarios hacia su persona son favorables. Lo cierto es que no se conocerá su capacidad y visión gubernamental para el país mientras no se le dé la oportunidad de exponerla o, por qué no, de llevarla a cabo.

Visiblemente, el FMLN sí está dispuesto a promover a una mujer para un cargo en el Ejecutivo. ARENA, por su parte, ya tomó la decisión de no hacerlo. Cuando se trata de realizar cambios y nuevas propuestas se corren riesgos, cosa que el partido en el gobierno parece no estar dispuesto a asumir. El Frente aparenta estar más abierto a nuevas opciones. Hace cuatro años propuso como candidato a un hombre que no tuvo éxito; en 1999 es legítimo que se aventure a incorporar a una mujer en su fórmula presidencial. Lo cual es un riesgo si se piensa que los esquemas de dominación machistas aún están vivos en la sociedad. Todavía hay muchas dudas en cuanto a llevar a una mujer a la dirección del ejecutivo. Lo que sí está claro es que es un gran reto para estas dos representantes femeninas, que además compiten entre sí, porque cualquiera de las dos que sea oficialmente electa para la candidatura tendrá la obligación de presentar un excelente y convincente plan de Gobierno, que evalúe y ofrezca soluciones a las necesidades reales del país; además, tendrá que competir y tratar de superar al candidato rival, Francisco Flores, que, por ser hombre, ya tiene una posición ventajosa. Por último, una mujer y un hombre al frente del país —si se diera una fórmula ganadora con esa composición— deben exigirse a sí mismos todo lo que puedan dar para el desarrollo del país; el sexo no es excusa para cometer errores crasos o irreparables; tampoco lo es para no tomar decisiones que favorezcan al conjunto de los salvadoreños.

Migración y derechos humanos

Durante los días 23 y 24 de abril se llevó a cabo, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, un seminario denominado "Migración y Derechos Humanos", como parte de una serie de encuentros regionales sobre diferentes aspectos de las migraciones, que fueron acordados en el seno del Grupo Puebla. Este grupo reúne a los gobiernos de los países de la región centroamericana, incluyendo Panamá, y los de Norteamérica. En esta discusión también participan organizaciones de la sociedad civil. Entre los propósitos del seminario se pueden enunciar los siguientes: conocer de qué manera los Estados protegen los derechos de los migrantes, centralizado el informe de cada país en tres grandes derechos: salud, educación y libertad (pasando por analizar las formas y procedimientos para las detenciones de los inmigrantes); otro objetivo era el de generar propuestas de seguimiento a las temáticas planteadas, así como también propuestas de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y las respectivas autoridades migratorias de sus Estados; se buscaba además la posibilidad de establecer coordinaciones bilaterales entre Estados y crear o fortalecer lazos de coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto.

En el desarrollo del seminario participaron como ponentes representantes de los Estados, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, desde luego, de las organizaciones de la sociedad civil. El encuentro era doblemente interesante: primero, porque el tema del seminario por sí mismo es realmente importante; segundo, porque permitía el encuentro de dos sectores (gobiernos y ONGs) procedentes de un mismo país opinando sobre los mismos temas, permitiendo esto dejar en evidencia las coincidencias y diferencias de percepción sobre iguales realidades. Sin ánimo de descalificar, ni mucho menos, las participaciones de los representantes de los gobiernos, y sin pretender tampoco sobredimensionar el aporte de las ONGs, fue notorio el enfoque sobre el "deber ser" manejado por los gobiernos, frente a un enfoque del "ser" manejado por las organizaciones de la sociedad civil. Destaca el hecho de que aún y con perspectivas de abordaje distintas, ambos grupos mostraron interés en vincularse, apoyar y dejarse apoyar entre sí, en aras de mejorar el respeto de los derechos humanos de los migrantes y ganar legitimidad al interior de sus Estados.

Durante el encuentro, una representante del gobierno de Estados Unidos, invitó a ver el tema de la migración no como un problema, sino como un fenómeno con aspectos positivos y negativos. Aseguró que los Derechos Humanos se encontraban a la base de las políticas migratorias de los Estados y que la protección de los mismos era de interés nacional. Un representante de OIM, por su parte, aseguró que era fundamental caer en la cuenta de que el respeto a los derechos humanos de los migrantes no afecta bajo ningún punto de vista la soberanía de los Estados, pero que sí era necesario que se aceptaran y reconocieran ciertas cargas para el Estado en el que se reside. Se hizo alusión además a la discriminación para los migrantes, que se pone en evidencia en los procesos administrativos de los Estados, en la consideración que se tiene sobre los migrantes como personas explotables, que va en detrimento de sus derechos. Como respuesta, la OIM propuso la necesidad de hacer el esfuerzo de vigilar que los Estados cumplan los compromisos asumidos cuando ratificaron instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, especialmente aquellos que protegen a los migrantes; aconsejó establecer vínculos de coordinación entre autoridades estatales y sociedad civil, diseñar y ampliar programas de capacitación para los empleados y funcionarios públicos que atienden a los migrantes, establecer mejor coordinación también con organismos internacionales y celebrar reuniones periódicas para evaluar el trabajo realizado con dichas coordinaciones. Un argumento que refuerza aún más la necesidad de coordinar esfuerzos entre Estado y sociedad civil es el de la reducida capacidad de las dependencias estatales para atender las numerosas peticiones de ayuda legal presentadas ante consulados o embajadas. El Director Ejecutivo de la CIDH planteó la necesidad y los beneficios que se podrían generar para el respeto de los derechos humanos al hacer uso de los mecanismos de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resaltando la credibilidad con que cuenta dicho sistema. Se hizo mención de un estudio recientemente impulsado por la Comisión en los países de la región para conocer la situación de los trabajadores migrantes, para lo cual ya había sido enviado un cuestionario a los gobiernos, que se esperaba pudiera ser resuelto a más tardar el mes de noviembre.

Rodolfo Casillas, representante de la organización Sin Fronteras de México, elogió el esfuerzo realizado para generar este espacio y esta discusión, evidenció la necesidad que había de abordar el tema de las migraciones de manera integral, coordinada multisectorialmente, ya que no se tienen indicadores que reflejen disminución de las migraciones y por el contrario pareciera que ésta se está diversificando. Observó que por ahora ocurre que a mayor migración ha correspondido la elaboración y aplicación de marcos legales más selectivos y discrecionales, que se han traducido a su vez en una mayor indefensión de los migrantes tanto en el tránsito como en los lugares de destino, afectando de manera especial a las mujeres y los niños. Por otra parte señaló que las instituciones estatales no contaban con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para dar la debida protección a sus nacionales y ello hacía nuevamente necesaria la coordinación. Afirmó que tal y como se había manifestado en reuniones anteriores, "el respeto a los Derechos Humanos debe darle cuerpo a las políticas migratorias; debe clarificar el vínculo entre desarrollo y migración; debe gobernar la cooperación internacional en torno a la migración extrarregional y debe imponer los límites sobre los medios utilizados para combatir el tráfico migratorio". Se denunciaron desde luego los abusos y arbitrariedades cometidas por funcionarios, se hizo mención de las capacitaciones impartidas para detección de documentación apócrifa, encuentros intergubernamentales para compartir y convenir, en su caso, criterios de política migratoria, los que esperaría le dieran énfasis en aspectos preventivos de la migración. Aseguró que aunque todos eran buenos esfuerzos corrían el riesgo de quedarse cortos de no ser socializados y requerir la colaboración del resto de países de la región incluyendo instituciones estatales y sociedad civil. Finalmente, Casillas planteó una serie de propuestas para que la problemática de la vigencia de los derechos humanos de los migrantes fuera eficientemente atendida.

La posición de los Estados frente a los tres derechos seleccionados fue recogida por medio de un cuestionario previamente enviado y contestado por las autoridades respectivas. De manera general todos los Estados han respondido que estos derechos son garantizados a los migrantes, aunque en algunos países con mayores limitaciones que en otros. Por ejemplo, México ha respondido que la atención médica ofrecida a los migrantes es proporcional a su estatus migratorio, lo cual puede resultar bastante preocupante. En nuestro caso, decir que a los migrantes no les son negados los servicios de salud y educación es relativamente útil. Primero porque a diferencia de México, Estados Unidos o Canadá, El Salvador no es un país de destino para los migrantes, sino más bien un país de origen; por otra parte, somos un país que con serias dificultades intenta satisfacer las necesidades de salud y educación de sus nacionales y que consecuentemente, no está en capacidad de garantizarlos a los migrantes.

Hasta aquí la información del encuentro, pero, ¿qué hay de El Salvador, qué de la participación de las organizaciones de la sociedad civil para atender el tema, qué esfuerzos de coordinación se están haciendo, cómo nos lucramos de ellos, cómo está El Salvador en relación a la protección de los derechos humanos de los migrantes en el país? Vamos a intentar responder: en marzo de 1997 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos instó a la creación de una Mesa Permanente para Migrantes y Personas desarraigadas, la que en octubre fue transformada en Foro del Migrante, formalmente, con mayor número de miembros, con apertura para la integración de representantes de dependencias estatales, con una estructura más sofisticada y con más ambiciosos propósitos. A esta fecha, no se ha celebrado una nueva asamblea, no se sabe con certeza quiénes continúan interesados y muy poco trabajo se ha hecho de manera seria y comprometida. La participación de dependencias del Estado fue sólo por un breve espacio según se percibe. No ha sido aprovechado para lograr ser el espacio de coordinación entre sociedad civil y Estado. Lo anterior no quiere decir que tal posibilidad esté descartada, sino por el contrario, con todo lo que se ha discutido en el encuentro en Washington, lo que se busca es incentivar el trabajo.

En relación a la protección que nuestras autoridades ofrecen a los derechos humanos de los migrantes, desafortunadamente no pueden dejarse de lado las sentencias pronunciadas el año recién pasado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo en procesos de Exhibiciones Personales privaciones indebidas de libertad por parte de funcionarios públicos para personas no nacionales en tránsito por el país. Tal vez por lo anterior no hubo representación de Migración de El Salvador en el evento de Washington. Por otra parte, para prevenir situaciones como las que fueron del conocimiento de la Sala de lo Constitucional, y por otras razones sin duda, se había asumido el compromiso de dar paso a un nuevo Código de Migración, el que hasta donde se conoce se encuentra en fase de proyecto, archivado en algún lugar, sin ser sometido a discusión con organizaciones de la sociedad civil, sin ser presentado aún a la Asamblea para su aprobación. Nuestros compatriotas continúan retornando, y no se sabe, en el marco de un proceso de globalización que se dice estar implementando con éxito, qué espacio ocupan dentro de la política nacional. En fin, como puede verse, la participación en encuentros regionales nos recuerda los compromisos que debemos atender a nivel interno, pero además nos incentivan, en la medida que nos permiten intercambiar experiencias y recibir ofertas de apoyo y colaboración.

CANDIDATA. El FMLN cuenta con una nueva posible precandidata a la vicepresidencia de la República. Se trata de Violeta Menjívar, miembro de la actual Comisión Política y responsable de las 14 directivas departamentales del FMLN en todo el país. Su probable candidatura es respaldada por las bases del partido, por lo que afirmó, el 22.05, que podría aceptarla si el Frente se lo propone oficialmente, aunque aseguró que no le importaría negarse para que la candidatura de la ex Procuradora de Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, no tenga ningún obstáculo. "La doctora de Avilés es una de las personas que considero reúne las condiciones para poder estar en la fórmula presidencial, pero es el partido el que va a sopesar qué candidata mujer es la que le conviene más", expresó Menjívar. Además, explicó que el partido de izquierda ha decidido que la fórmula presidencial debe tener la presencia de, por lo menos, una mujer, y aseguró que su postulación es bien vista por gente tanto del partido como ajena al él. Por otro lado, explicó que, aunque el FMLN ha tenido y continúa sosteniendo pláticas con el denominado grupo "Amigos de la Libertad", esto no quiere decir que éste tenga una identificación ideológica con la izquierda, por lo que descartó la posibilidad de que un miembro de dicho grupo se postule a la candidatura por el FMLN (LPG 23.05 p.5).

PRESIDENCIA. A un año de finalizar su período, el Presidente de la República, Armando Calderón sol, calificó su gestión como positiva y destacó como logros "el cumplimiento de los acuerdos de paz, la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de la democracia, la división de poderes y la absoluta libertad de expresión". Explicó que tendrá como prioridades, para el año que le queda en la presidencia, terminar una serie de proyectos y obras de infraestructura, así como dar importancia a la defensa de la estabilidad monetaria. Aunque aceptó que le hará falta tiempo para enfrentar los problemas reales de los salvadoreños, dijo que la política económica, la modernización y la transformación "van hacia adelante". Por otro lado, manifestó que uno de los retos principales que tendrá que afrontar el nuevo Presidente de la República será la Policía Nacional Civil (PNC). "Hay que buscar excelencia en la Policía, porque hemos hecho improvisaciones en esta institución. Tenemos que hacer cursos de reciclaje en nuestra gente y revisar las estructuras administrativas". Asimismo, dijo que, indiscutiblemente, el gobierno sí afronta una crisis por las renuncias de sus funcionarios, pero aseguró que todo es parte de la política. "Son gente de nuestro partido, pero que no han tenido un rol decisivo en los organismos de mando", argumentó Calderón Sol (LPG 24.05 p.4 y 5; DH 24.05 p.2 y 3).

ANTEL. La Comisionada Presidencial para la Modernización del Estado, Ana Cristina Sol, junto al Presidente de CTE-ANTEL, Juan José Daboub, aseguraron, el 24.05, que el gobierno contempla la posibilidad de vender al público el 25% de las acciones que le corresponden de CTE-ANTEL. "Los planes son que el Gobierno se deshaga eventualmente de las acciones porque, entre menos influencia haya de un Gobierno en una institución privada, es mejor", explicó la funcionaria. Argumentó que la Ley no permite ni prohibe la venta de las acciones al público; sin embargo, se tendría que consultar sobre esta decisión con el Presidente de la República y con la Asamblea Legislativa. Por su parte, los diputados del FMLN y ARENA se manifestaron en contra de la propuesta de los funcionarios. Olga Ortiz, de ARENA, considera que la Comisionada debe atenerse al texto de la Ley y hacerle a la Asamblea una propuesta total de reforma. Asimismo, Ileana Rogel, del FMLN, dijo que las declaraciones de Sol "echan en saco roto el largo debate...sobre el porcentaje de las acciones de la telefónica destinados al Estado". Ronal Umaña, del PDC, aseguró que en la Ley de Privatización se estableció que el Estado podría vender sus acciones pasados tres o cuatro años de la compra, a la vez que manifestó que la Comisionada podría dar a entender que van a vender a un grupo interesado (DH 25.05 p.24 y 26.05 p.10).