Año 18
Número 809
Junio 3
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Cuatro años de gobierno de Armando Calderón Sol
Economía Aspectos económicos del discurso presidencial
Sociedad San Salvador-La Habana, una relación frustrada
Regional Desmilitarización en Honduras (I)
Opinión Pública Los Salvadoreños evalúan el desempeño del Ejecutivo, de la Asamblea y de la Alcaldía capitalina (I)
Derechos Humanos De 1948 a 1988 en América
Cuatro años de gobierno de Armando Calderón Sol
Hace cuatro años, una nueva administración presidencial tomó las riendas del gobierno. Armando Calderón Sol, del partido ARENA, reemplazó a Alfredo Cristiani, del mismo instituto político, bajo cuyo mandato se firmaron los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a doce años de guerra civil. Uno de los principales retos de la segunda administración de ARENA era llevar a buen término el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, varios de cuyos puntos quedaron pendientes a la salida de Cristiani del ejecutivo. Vistas las cosas en perspectiva, en sus cuatro años de mandato recién cumplidos, el Presidente Calderón Sol no fue un claro y ferviente defensor de los Acuerdos de Paz, ni en su conjunto ni en aquellos aspectos que era responsabilidad de su gobierno cumplir. Más aún, en varios de los puntos pendientes el gobierno no sólo evadió responsabilidades, sino que hizo gala de una franca resistencia hacia los mismos: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las reformas electorales, la depuración de los jueces, los programas de reinserción y transferencia de tierras para los ex combatientes...
Pese a la evidencia que fácilmente se puede recabar para demostrar lo contrario, el Presidente Calderón Sol afirmó, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, con motivo de sus cuatro años de gestión, que uno de los logros de su administración ha sido el haber cumplido los Acuerdos de Paz. Aquí lo único que se puede decir es que, mal que bien, los Acuerdos de Paz fueron cumplidos en sus aspectos básicos no por el empeño puesto en ello por el gobierno de ARENA, sino más bien pese a las resistencias mostradas por el mismo. Obviamente, hay cosas todavía pendientes; como las reformas electorales, en cuyo estancamiento la segunda administración de ARENA impuso su visión e intereses, aunque ello pusiera límites a los alcances de los Acuerdos de Paz. En lo que se refiere a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, desde el ejecutivo se bloqueó, infinidad de veces, su trabajo y, ahora mismo, está empantanada la elección del Procurador de los Derechos Humanos sin que el gobierno muestre algún interés por el funcionamiento normal de la institución.
Se ha vuelto lugar común traer a cuenta la reforma educativa para ilustrar las bondades del gobierno de Calderón Sol. Hasta ahora, salvo las autoalabanzas gubernamentales, no se ha elaborado ningún informe serio y objetivo que demuestre los éxitos contundentes en materia educativa de que tanto alarde hacen las autoridades. De todos modos, una mirada, aunque sea superficial, a la situación de la educación en el país no puede dejar de constatar el caos de la educación universitaria —punto que dejó sin resolver la anterior Ministra de Educación— y lo mal formados que llegan a la universidad los estudiantes graduados de la secundaria, aun con la utilización de los nuevos planes de estudio auspiciados por el MINED.
En materia de educación, pues, queda mucho por hacer. Haber despegado con una reforma educativa sin duda alguna que es importante. Pero presentar la reforma como una meta plenamente alcanzada es burda manipulación política. Por lo demás, se entiende que el gobierno publicite hasta la saciedad sus éxitos en materia educativa cuando en otros ámbitos de la realidad nacional su desempeño ha sido francamente desastroso. Este es el caso, por ejemplo, de las políticas de reactivación agrícola, sumamente inconsistentes y endebles. El deterioro del agro ha alcanzado niveles críticos, sin que el gobierno haya dado señales de alarma y sin que se hayan diseñado e implementado las medidas necesarias para recuperar el sector.
En cuatro años de mandato, la administración de Armando Calderón Sol no ha asumido un claro liderazgo en la conducción del país. En materia política fue arrastrada por unos dinamismos —generados con los Acuerdos de Paz— ante los cuales, por lo menos en aquellos aspectos que le fue imposible obstaculizar, no tuvo más remedio que rendirse. En materia económica —el punto débil de los Acuerdos de Paz— bloqueó hasta donde pudo el proceso de transferencia de tierras a los desmovilizados, propició el fracaso total del Foro de Concertación Económica y Social, abandonó al sector agropecuario y toleró que el sector financiero se hiciera de las riendas de la economía. En materia social, salvo los logros en materia educativa, la situación de la mayor parte de los salvadoreños se ha visto sumamente deteriorada con la privatización de los servicios públicos auspiciada por la actual administración gubernamental.
Se ha tratado de una administración sumamente influenciable por las presiones de los grupos de poder económico, entre los cuales el que ha tenido más eco ha sido el que controla las finanzas y la banca. De allí los continuos vaivenes del gobierno de Calderón Sol a lo largo de estos cuatro años de mandato; de allí la ausencia de un programa de gobierno consistente que permitiera articular las políticas económicas que, en un discutible proceso de ensayo y error, se pusieron en marcha, se eliminaron y se volvieron a implementar. El resultado de ello fue un gobierno débil, sin capacidad de mando y dirección, blando con los grupos de poder, los cuales tuvieron siempre la certeza de manejarlo a su antojo. El gobierno de Calderón Sol no supo o no pudo en estos cuatro años distanciarse de los sectores poderosos; no supo o no pudo demostrarles y hacerles sentir que su gobierno estaba (o pretendía estar) en función de los intereses de la mayor parte de los salvadoreños y no en función de sus bienes e intereses particulares.
En los últimos cuatro años, Armando Calderón Sol ha sido Presidente, no estadista. A un año de que expire su mandato difícilmente podrá cambiar esa realidad. Lo mejor será que deje las cosas como están, pues de lo contrario se podrían agravar los males del país o podrían surgir males nuevos que hagan más difíciles las condiciones de gobierno del nuevo Presidente de la República. Ya lo dijo el candidato a la presidencia de ARENA: la herencia de Calderón Sol, en cuatro años de su mandato, no es todo lo bonancible que cabría esperar. Si en el año que le queda no hace nada para aumentar el patrimonio de problemas que recibirá el nuevo gobierno, podemos darnos por satisfechos.
No es necesario profundizar demasiado para encontrar múltiples inconsistencias en el discurso del cuarto año de gobierno, pronunciado por el Presidente Armando Calderón Sol ante la Asamblea Legislativa. El área económica, en especial, es una de las más débiles del desempeño del gobierno, con todo y la ampliamente publicitada estabilidad macroeconómica que se habría alcanzado en los últimos años.
Lo cierto es que ni siquiera la estabilidad macroeconómica es un logro de la actual administración, pues los grandes equilibrios macroeconómicos dependen de las remesas familiares enviadas por trabajadores emigrantes. En buena medida, la política económica del gobierno se ha limitado a administrar la estabilidad de las remesas, sin reparar en posibles formas de estimular actividades productivas. Prueba palmaria de ello es la reducción de los volúmenes de producción de los principales productos agrícolas y el estancamiento de la producción industrial.
El discurso presidencial es cuestionable incluso en sus señalamientos generales. Por ejemplo, Calderón Sol menciona que "uno de los más relevantes logros obtenidos en el transcurso de nuestra gestión es haber cumplido los Acuerdos de Paz". Este planteamiento parece ignorar que el Acuerdo de Paz, en materia socioeconómica, involucró medidas que no han sido cumplidas, como por ejemplo: la asistencia técnica y crediticia para el sector agropecuario y para la micro y pequeña empresa, el Foro de Concertación Económica y Social (que fue instalado pero rápidamente disuelto) y las medidas de alivio de los costos sociales del ajuste estructural.
En el campo económico, el discurso de Calderón Sol atribuyó a su gobierno importantes logros durante los últimos cuatro años como: incremento de la inversión social, fomento de la competitividad (con reducción y devolución de impuestos), incremento de la inversión, incremento de las exportaciones y reducción de la dependencia de las remesas, reducción de la deuda pública y caída en la tasa de inflación.
Casi todos los logros mencionados por Calderón Sol son cuestionables: unos por ser falsos, otros por estar fuera de contexto y otros por ser resultado de dinámicas ajenas a la política económica. Para fundamentar lo anterior, en las siguientes líneas se examinan los diferentes logros económicos presentados por Calderón Sol de cara a la evidencia estadística disponible.
Según Calderón Sol, la mejoras en el ámbito social se evidencian en que "aumentamos la inversión en áreas sociales de treinta y cinco a cuarenta y cuatro por ciento, del total de la inversión". Sin embargo, al examinar los presupuestos generales del área social (que incluyen además de la inversión, gastos de funcionamiento), lo que se percibe es que el presupuesto para el área social representa una parte cada vez más reducida del Presupuesto General de la Nación. Baste señalar que, entre los años de 1994 y 1998, el gasto social (ramos de educación, salud, trabajo y previsión social, y vivienda) pasó de representar un 23.9% del Presupuesto General de la Nación a representar solamente un 25.1%, un crecimiento mucho más modesto que el señalado en el discurso.
Por otra parte, según el Presidente de la República, dos elementos que han contribuido a la competitividad del sector privado han sido, primero, que "rebajamos los costos de producción de los sectores productivos en tres mil ciento cuarenta millones de colones por la reducción de los aranceles" y, segundo, que "transferimos dos mil ciento setenta y cuatro millones de colones en concepto de devolución de impuestos, como incentivo para el aumento de las exportaciones y su competitividad". Esto resulta especialmente dudoso, primero, porque la desgravación arancelaria, aunque pudo reducir los costos, ha abierto los mercados nacionales a productos sustitutos de la producción nacional. Por otra parte, existe un elemento que no se puede soslayar: en los últimos cuatro años se habrían dejado de percibir cerca 4,314 millones colones de los ingresos tributarios; un promedio de 1,079 millones anuales, equivalentes a cerca de un 10% de los ingresos tributarios de 1997. Esto resulta especialmente cuestionable en un contexto donde se ha implementado una reforma tributaria que, lejos de pretender reducir las recaudaciones tributarias, persigue incrementarlas.
En lo tocante al incremento de la inversión señala que "la inversión anual pública y privada aumentó de diez mil setecientos treinta y siete millones, a quince mil quinientos cincuenta y siete millones de colones." Aunque esta cifra puede ser cierta, para evaluar el comportamiento de la inversión es más importante revisar cuál ha sido su participación en el crecimiento económico. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR), en 1993 la inversión fue apenas un 13.3% de la demanda global, mientras que para 1996 disminuyó aún más, representando solamente un 11.8%. Esto implica que, pese a sus incrementos, ésta ha perdido importancia como proporción del Producto Interno Bruto. La demanda global crece solamente gracias al fuerte crecimiento del consumo y de las exportaciones de maquila.
Por otra parte, casi nadie puede negar el papel de las remesas en: el crecimiento del consumo, las actividades terciarias, la estabilización del sector externo, el mantenimiento del tipo de cambio y el control de la inflación. Sin embargo, contra toda la evidencia empírica disponible, el Presidente Calderón Sol sostuvo que "hemos convertido a las exportaciones en el motor de la economía del país, reduciendo la dependencia de las remesas familiares". Nada más alejado de la realidad, pues, aunque las exportaciones han crecido, las mismas no logran compensar el déficit de la balanza comercial que, para 1997, fue de 1,275 millones de dólares, que sólo pudieron ser compensados por un monto de remesas familiares de 1.221.6 millones de dólares y 220 millones en calidad de empréstitos y donaciones.
La situación se agrava aún más si consideramos que son las exportaciones de maquila de ropa las más dinámicas, no así las exportaciones tradicionales y no tradicionales. La primera actividad, realizada en zonas francas y con capital extranjero, llegó a generar, en 1997, 1,030 millones de dólares en exportaciones, equivalentes a un 44% de las exportaciones totales. Es decir que, de movilizarse estas inversiones, las exportaciones caerían de golpe a la mitad y el saldo de la balanza comercial podría llegar a los 2,305 millones de dólares, que no podrían ser compensados ni siquiera con la afluencia de remesas y otros capitales.
En lo que respecta a la reducción de las tasas inflacionarias, debe concederse que se ha registrado una importante disminución de la tasa de inflación, la cual, de acuerdo a Calderón Sol, habría pasado de 12.1%, en 1993, a 1.9%, en 1997. No debe olvidarse, empero, que este logro no habría sido posible sin la estabilización del tipo de cambio, el cual, a su vez, responde al flujo de remesas familiares.
En suma, el Presidente Calderón Sol ni siquiera ha cumplido con los planteamientos que expresó en su Plan de Desarrollo Social y en su Plan de Desarrollo Agropecuario, los cuales han pasado a ser letra muerta y ni siquiera se consideran al momento de evaluar la gestión presidencial. No es necesario ser pesimista o detractor del actual gobierno para notar que el contenido económico del discurso presidencial no es verosímil y contradice las mismas estadísticas oficiales.
Ya en anteriores ocasiones se ha comentado la facilidad con la que las actividades de la alcaldía de Héctor Silva son leídas en clave política, y sobre las consecuencias que ello tiene; no sólo para la administración Silva, sino también para la ciudad de San Salvador y los que en ella habitan. Ciertamente, boicotear los más importantes proyectos de Silva le es útil a ARENA, pero no al país, pues hipoteca el desarrollo de su ciudad más grande y populosa.
En esta línea, el hecho de que, pese a los tropiezos, Silva haya obtenido, en la última encuesta del IUDOP, una calificación de su gestión por encima de la del ejecutivo y de la del legislativo (6.8, 5 y 4.8, respectivamente), no ha de haber servido para entibiar los ánimos en contra de la alcaldía que preside. Una muestra de ello es el punto, rayano con lo insano y lo irracional, que ha alcanzado la confrontación entre la alcaldía de San Salvador y algunos de los funcionarios del partido oficial.
El 13 de mayo de 1998, la alcaldía de San Salvador anunciaba, a través de su departamento de prensa, que el Concejo Municipal había decidido firmar un convenio con la Ciudad de La Habana, "en el marco de proyectos de hermanamiento con otras capitales latinoamericanas, así como del creciente intercambio comercial y cultural que el Salvador está teniendo con la capital cubana". Según el comunicado, el convenio buscaría establecer una relación de cooperación entre ambas ciudades en aspectos como salud, ciencia, deporte, comercio y rescate de bienes culturales.
La polémica sobre este nuevo proyecto del equipo edilicio de Silva arrancaba 19 días después, el 2 de junio, con las encendidas declaraciones del Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel. Este último declaró a los medios que impediría que el alcalde de La Habana, Conrado Martínez, entrara al país, el 22 del mismo mes, para firmar el convenio de hermanamiento. "Yo les digo que, desde el punto de vista de Migración, aquí no entra ningún cubano. Va a llegar a la frontera y no va a pasar", advertía el funcionario, quien agregó además que era un "acto abusivo de parte de la Alcaldía y del concejo municipal de San Salvador querer establecer relaciones de ciudades hermanas con un país [Cuba] con el cual no tenemos relaciones diplomáticas".
Un día después, la Cancillería salvadoreña, mediante un comunicado oficial, expresaba su negativa a la ratificación del convenio, argumentando que ésta constituiría "una intromisión grave a las facultades del Presidente de la República", pues sólo de él, por mandato constitucional, dependería en última instancia la orientación de las relaciones de El Salvador con otros países.
Como se ve, las razones esgrimidas por los funcionarios del gobierno para oponerse al proyecto municipal son, fundamentalmente, dos: a) la inexistencia de relaciones diplomáticas con Cuba impiden que se establezca una relación de cooperación; y b) reiniciar las relaciones con Cuba sólo es competencia del Presidente de la República, y éste hasta la fecha no lo ha hecho.
Ciertamente, la representación gubernamental de El Salvador en el extranjero ha utilizado toda ocasión y todo medio para dejar por sentada su enemistad con el gobierno cubano. Incluso bajo el riesgo de quedar aislado junto con los Estados Unidos en los foros y convenciones internacionales, el gobierno salvadoreño ha apoyado toda moción o sanción en contra de la isla. En este punto no habría más que discutir.
Sin embargo, paralelamente a esta inflexible postura y de una forma más bien oculta, el gobierno salvadoreño mantiene y avala cierto tipo de relaciones con Cuba. Muestra de ello es el nexo entre el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y Cuba Deportes. Es ingenuo creer que esta es una simple relación deportiva no oficial, en especial cuando se toma nota de algunos hechos. En primer lugar, según fuentes de alto nivel allegadas al deporte salvadoreño, el INDES, a través del Comité Olímpico, contrata a entrenadores deportivos cubanos para que sirvan en el país. Estos contratos no se realizan a título personal, sino por medio de Cuba Deportes, una institución estatal cubana. Adicionalmente, el dinero con el que se pagan las planillas de los entrenadores proviene del presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda al INDES. Finalmente, es de todos conocido que una buena parte de estos salarios (más del 50%) va a parar a manos del gobierno cubano, como una forma que éste tiene de captar divisas brindando servicios profesionales a otros países.
Así pues, el gobierno salvadoreño, al menos indirectamente, no sólo tendría una relación con instituciones cubanas, sino que, además, estaría aportando recursos económicos para el régimen que públicamente critica y ataca. Por otra parte, tampoco es tan cierto que el monopolio de las relaciones con Cuba lo haya poseído Calderón Sol. El Tratado de Cooperación con el Centro para la Promoción de las Exportaciones Cubanas, firmado por un grupo de empresarios salvadoreños en agosto de 1995, es sólo una muestra de ello.
¿Qué es entonces lo que origina tan fuerte oposición al proyecto municipal de Silva? No está de más mencionar que parte del problema se origina en Acosta Oertel, el cual ha hecho del Ministerio del Interior un reducto para defender sus ideas conservadoras y xenofóbicas. Acosta Oertel no razonó su oposición al proyecto recurriendo a los peligros —en el caso de que los hubiera— que pudiera acarrear la firma del convenio, sino más bien a la filiación ideológica y a la nacionalidad de los visitantes. Según se sigue de sus propias declaraciones, los criterios que el funcionario utiliza para decidir quién entra al país y quién no van más por la línea de sus simpatías políticas personales que por la del bien del país. Un ejemplo que ilustra la dureza de Acosta Oertel con los extranjeros es el largo período que deben esperar en prisión —en la mayoría de las ocasiones, en condiciones infrahumanas— aquellos infortunados que son atrapados residiendo ilegalmente en el país y se preparan a ser deportados.
Empero, sería un error responsabilizar únicamente al Ministro del Interior de la problemática. No puede dejarse de lado que es el partido ARENA en su conjunto el que ha estado en franca oposición a cada uno de los proyectos de Silva y que es difícil que el gobierno dé su aval para que otros, y especialmente una alcaldía de izquierda, aprovechen recursos humanos cubanos que por experiencia sabe valiosos y fructíferos. El gobierno ha de ser consciente de que, a través del convenio de hermanamiento, Silva se agenciaría el mérito de poner a la disposición de empresarios, médicos o deportistas una fuente de conocimientos y experiencias en nada despreciable, la cual ha sido vedada por razones ideológicas a estas alturas obsoletas.
Posiblemente, el gobierno logre impedir el ingreso del alcalde de La Habana al país y, luego de que ello obligue a que el convenio se firme en Cuba, niegue el ingreso de los asesores cubanos. Pero las mismas razones con las que se está pretendiendo boicotear el hermanamiento de San Salvador con La Habana no podrán ser esgrimidas contra convenios similares con otras ciudades del mundo (Barcelona, por ejemplo). En este sentido, la probable derrota de Silva por obra de sus opositores no durará mucho.
Una de las principales preocupaciones de la sociedad hondureña a lo largo de las décadas de los 80 y 90 ha sido la fuerte influencia ejercida por algunos sectores militares del país sobre las decisiones que emanan de los órganos del Estado. Este hecho cobra especial relevancia no sólo porque contradice notoriamente los avances que las autoridades gubernamentales se adjudican en términos de "transición hacia la democracia", sino también porque, en los últimos años, esta influencia ha trascendido la dinámica política del país, y se expresa en la acelerada agudización de problemas sociales que el mismo ha experimentado desde mediados de 1996, tales como la delincuencia, los secuestros, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Esa llamada "transición a la democracia" —que inició hace 19 años, cuando los militares permitieron realizar las primeras elecciones libres desde 1963, y producto de las cuales se logró elegir un presidente civil— se ha caracterizado por una constante resistencia al proceso por parte de los altos mandos del ejército, expresada en algunos casos a través de funcionarios influyentes del gobierno.
Los ejes centrales sobre los que dicho proceso tuvo que haber operado desde sus inicios son: el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción que se cometieron durante el período en que los militares ejercieron un control directo sobre el aparato estatal; la depuración y modernización de los cuerpos de seguridad, igualmente supeditado a las disposiciones castrenses; y el definitivo divorcio del poder político con el militar en todas sus esferas. Las propuestas que han pretendido abrir el camino para iniciar esas transformaciones han dado muy pocos frutos, principalmente por la resistencia de los grupos militares a abandonar los privilegios que todavía conservan.
En este marco, dos hechos han llamado especialmente la atención en los últimos meses. Por una parte, la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) como organismo de seguridad pública independiente del ejército, cuya institucionalización se ha topado con fuertes objeciones de parte del Organo Legislativo. Por otra, la posibilidad de concretar la creación de un Ministerio de Defensa Nacional, cuyo titular —cargo que seguramente será ocupado por un civil— sustituiría a la figura de Jefe de las Fuerzas Armadas, y que se perfila como uno de los pasos más importantes para la tan esperada subordinación del ejército al poder político. Al respecto, el pasado 29 de mayo, el Presidente de Honduras, Carlos Flores Facussé, anunció que, para la creación del Ministerio de Defensa, se establecería un Foro de Convergencia entre diversos sectores de la población.
No es la primera vez que esta propuesta se pone en consideración de las autoridades gubernamentales. Por lo general, siempre se ha enfrentado con numerosas protestas de los altos mandos militares. Pero en esta ocasión, la diferencia notable —más no por ello digna de confianza— radica en que los que antes se oponían rotundamente a su implementación, la han secundado sin mucho problema. Entre algunos organismos no gubernamentales que defienden los derechos humanos, el anuncio ha provocado grandes expectativas, porque representa el principal signo de sometimiento del ejército al poder civil. El mismo Jefe del ejército, Gral. Mario Hung Pacheco, ha expresado su deseo de que la medida contribuya a la modernización y al fortalecimiento de las estructuras militares. Sin duda, las palabras textuales del militar no pudieron estar más cerca de la realidad, dadas las deficiencias que, hasta el momento, ha presentado la reforma respaldada por el mandatario.
Esto es así porque, en la actualidad, la medida anunciada por el Presidente hondureño parece no estar encaminada a despojar a la milicia de la autonomía que han gozado desde mediados de siglo. De hecho, el Consejo Superior, integrado por 58 militares de alto rango, es el que ha hecho las veces de Ministerio de la Defensa en todos estos años, y está encargado de proponer y elegir a los que ocuparán cargos importantes dentro del ejército; además, fue el responsable directo de implementar políticas de represión encaminadas a mantener el "orden" frente a las que se consideraban agresiones ideológicas o armadas. Lo que debería colocarse como una de las atribuciones primordiales del nuevo ministerio avalado por Facussé —esto es, la dirección ineludible de este Consejo—, no ha sido mencionado en ningún momento ni por el mandatario ni por las autoridades castrenses. En este sentido, la nueva figura podría apegarse perfectamente a las aspiraciones de Hung: dotar a la milicia de un "moderno" representante, en aparente subordinación al poder político, pero que, en el fondo, no sería más que un instrumento para "fortalecer" la presencia del poder militar en la sociedad.
Por otra parte, no hay que olvidar que el ex Presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, ya había iniciado los esfuerzos necesarios para sustituir al Jefe de la Fuerzas Armadas por el Ministro de Defensa en septiembre del año pasado, pero había encontrado claros signos de resistencia de parte de Hung. Este se negó categóricamente a que la reforma procediera durante el gobierno de Reina, argumentando que el trabajo de la Cámara Legislativa concluiría en octubre de 1997, y que era más conveniente que se iniciara la discusión cuando el nuevo Presidente asumiera el poder.
En el contexto de la campaña electoral del año pasado, una de las principales interrogantes que rodeaban a la figura de Facussé tenía relación con esas reformas institucionales en las estructuras del ejército, dados los avances que se registraron al respecto durante la gestión de Reina. Por ello, la camaradería con la que han trabajado Facussé y el ejército hondureño con miras a cuajar las reformas planteadas por el ex Presidente no deja de levantar sospechas acerca del rumbo que se les vayan a dar durante el período presidencial que recién inicia.
El gran riesgo que por el momento se vislumbra para el proceso de transición en Honduras abarca, pues, no sólo la poca posibilidad de que el sector militar llegue a perder de una vez por todas la autonomía que posee, sino también que no se erradique la influencia que ha mantenido sobre todas las transformaciones del aparato estatal que socavan dicha autonomía. Un ejemplo que apoya esta noción lo representa la dificultosa institucionalización de la PNC como único cuerpo de seguridad en el país. De hecho, el anteproyecto de Ley Orgánica y de Operaciones para dicho organismo ha sido elaborado en base a las propuestas presentadas por el actual jefe de las Fuerzas de Seguridad Pública —el equivalente de la Guardia Nacional en nuestro país—, organismo fuertemente criticado por su relación con los escuadrones de la muerte y con las numerosas desapariciones forzadas que ocurrieron durante la década de los 80.
Un poco más de la tercera parte de la población salvadoreña, el 37.9 por ciento, evaluó de manera positiva los cuatro años de gobierno del presidente Armando Calderón Sol, según revela la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el objeto de conocer lo que piensan los salvadoreños sobre el trabajo de las autoridades del país al cumplirse otro año de labores, se efectúo entre el 23 y el 26 de mayo del presente año, con una muestra nacional de 1,705 adultos de los catorce departamentos del país y con un error muestral de más o menos el 4 por ciento. La pesquisa revela que cerca de otra tercera parte de los ciudadanos, el 30.3 por ciento, califica de mala o muy mala la actuación del Presidente; mientras que un 31.3 por ciento considera que el trabajo del mandatario ha sido regular.
En comparación con otras mediciones de años anteriores, el sondeo muestra que la evaluación general sobre el trabajo del Presidente habría mejorado al cumplir éste cuatro años de estar al frente de la segunda administración de ARENA. Sin embargo, el gobierno no ha logrado que la mayoría de la población perciba cambios positivos en el país como producto de su gestión nacional.
De hecho y como es usual en los sondeos de evaluación gubernamental, la UCA preguntó a los salvadoreños sobre los aspectos positivos de la actual administración. El 52.8 por ciento de los consultados no ha notado cambios positivos en el país desde que tomó posesión el actual gobierno hace cuatro años; mientras que casi la otra mitad, el 46.2 por ciento, sí ha percibido mejoras en la situación del país como producto del trabajo del gobierno.
Preguntados sobre los logros obtenidos por el gobierno de Armando Calderón Sol, los ciudadanos contestaron de una manera muy dispersa, es decir, no parece existir un acuerdo general entre la población sobre lo que podría ser el logro más importante de la gestión. Más del 50 por ciento no pudo identificar logros concretos, dentro de ese grupo algunos contestaron tajantemente que "no había logros" (37 por ciento), mientras que otros no supieron encontrarlos (16 por ciento). Por el otro lado, entre los méritos atribuidos al Ejecutivo en los cuatro años de gestión se mantienen los mismos aspectos que han sido señalados anteriormente: el arreglo de calles y plazas (14.7 por ciento), la reforma educativa y el impulso al sistema de educación nacional (11.5 por ciento), las políticas económicas (5.8 por ciento) y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz (3.6 por ciento), entre otros logros percibidos.
En el otro lado de la moneda, el sondeo abordó también el tema de los fracasos de la segunda gestión arenera. En este punto, los salvadoreños continúan encontrando más acuerdos que en otros aspectos. El 59.6 por ciento de los ciudadanos consultados ha percibido cambios negativos en el país desde que entró la actual administración; mientras que un 38 por ciento no ha visto cambios negativos y el resto se abstuvo de contestar a la pregunta.
La mayor parte de fracasos atribuidos a la gestión gubernamental están relacionados con la percepción de que los principales problemas del país aún no han sido resueltos. Así, el 20.8 por ciento de los salvadoreños señaló a la política económica como el principal fracaso del Ejecutivo, el 15.1 por ciento señaló a la delincuencia, el 7.8 por ciento aludió al desempleo como el fracaso principal del gobierno, un porcentaje parecido (el 7.3 por ciento) manifestó que el gobierno sólo se preocupa por los ricos y un 6 por ciento opinó que la falla más grande ha sido la propia incapacidad del gobierno. Sin embargo, un 12.2 por ciento de los consultados dijo que no encontraba fracasos en el desempeño del gobierno y un 20.2 por ciento no supo responder a la pregunta.
De hecho, en el área por donde son señalados los fracasos gubernamentales, el sondeo no revela nada nuevo respecto a evaluaciones anteriores: la gente sigue percibiendo que el gobierno es el principal responsable de los problemas económicos del país y de la población. Un poco más de la mitad de los consultados (el 52.2 por ciento) piensa que la situación económica del país ha empeorado en los últimos cuatro años, el 32.8 por ciento considera que ésta ha seguido igual y un 14.3 por ciento cree que ha mejorado sustantivamente en el período de administración de Calderón Sol. Por el lado de la economía familiar, el 45.9 por ciento considera que sus condiciones financieras siguen iguales, el 42.9 por ciento cree están peor y el 11.2 por ciento restante reconoció que su situación económica había mejorado en los últimos cuatro años.
Otros datos del sondeo revelan que, preguntados directamente sobre algunos problemas del país, la mayoría de los ciudadanos piensa que el gobierno no los está resolviendo: el 84.1 por ciento considera que el gobierno no está resolviendo la economía del país; el 83.3 por ciento piensa lo mismo respecto a la delincuencia y el 78 por ciento cree que el Ejecutivo no ha hecho nada por resolver la corrupción.
La encuesta de la UCA reveló además que el 67.1 por ciento de los salvadoreños (prácticamente dos de cada tres) piensa que el actual gobierno ha sabido escuchar poco o nada las demandas de la población, frente a un 22.7 por ciento que opina que el gobierno ha escuchado "algo" y un 9.5 por ciento que sostiene que el gobierno sí ha escuchado a los ciudadanos.
La Asamblea Legislativa
El sondeo de la UCA evaluó también de manera general y breve el desempeño de la Asamblea Legislativa en su primer año de labores. Los resultados señalan que el 40.2 por ciento de los consultados calificó el trabajo del Parlamento como bueno o muy bueno; el 31.9 por ciento lo calificó de regular y el 23.9 por ciento se decantó por señalar la labor del Congreso de forma negativa. A los ciudadanos se les pidió que compararan la labor de la actual Asamblea con la del período anterior y que calificaran si tal desempeño era mejor, igual o peor. Un poco más de la mitad de los consultados, el 53.3 por ciento, dijo que el trabajo de la actual Asamblea es igual al de la anterior; un 25.2 por ciento afirmó que es mejor y un 17.2 mencionó que es peor. Lo anterior significa que los salvadoreños, en su mayoría, no han visto cambios sustanciales en el funcionamiento del Congreso en comparación con el anterior.
En 1948, las páginas de la historia de la lucha por la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de las personas registraron dos importantes acontecimientos: la adopción de las declaraciones universal y americana sobre la materia. Medio siglo ha transcurrido desde entonces y los hechos contra la dignidad de las personas continúan lacerando la conciencia de la humanidad entera: vivimos inmersos en un mundo y una región donde la violencia no es sólo un hecho del doloroso pasado reciente ni una simple tentación a la cual se pueda recurrir para eliminar al contrario; es una realidad inocultable, elocuente y dramática que conspira contra cualquier esfuerzo —sea éste sincero o demagógico— que se realice para garantizar el bienestar de la población.
A cincuenta años de esos trascendentales avances formales en el trayecto por construir un continente más justo, seguro y en armonía con la naturaleza queda, pues, mucho por hacer: por ello más de 180 organizaciones, redes, organismos e instituciones diseminadas a lo largo y ancho de América se pronunciaron en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 1 de junio de 1998. Por la importancia de dicho documento, en esta oportunidad lo transcribimos para su conocimiento más amplio.
A CINCUENTA AÑOS DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
El compromiso de las Américas con los derechos humanos tiene en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre uno de sus antecedentes más laureados. Ella constituyó la primera declaración de derechos humanos emitida en 1948, antecediendo en meses a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asimismo, la OEA, a través de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha jugado un papel en la transición a la democracia y a favor de quienes han visto vulnerados sus derechos en distintos regímenes políticos durante las épocas más trágicas de los gobiernos dictatoriales en la región. La adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 vino a reafirmar este compromiso.
El compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano y la Resolución (XXI-0/91) constituyen nuevas garantías de los Estados de la región con la prevalencia de los sistemas democráticos. En 1998 la mayoría de los habitantes de países de la región viven con gobiernos surgidos mediante elecciones libres. La existencia de regímenes democráticos no disminuye ni cambia, sino ratifica la responsabilidad del Estado con los derechos humanos. Sin embargo, pese a esta realidad se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos y la impunidad persiste en la mayor parte de nuestros países. Por ello, a cincuenta años del compromiso fundamental de los estados de las Américas con los derechos humanos, resulta imprescindible que las naciones representadas en la Asamblea General manifiesten de modo inequívoco su vigencia:
1. Para reafirmar la estrecha e indisoluble relación existente entre Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos, es indispensable ampliar el conjunto de derechos políticos reconocidos a los ciudadanos y en especial el de la participación en las decisiones políticas, el establecimiento de sistemas electorales independientes, así como, la creación de instancias y mecanismos que promuevan eficazmente el acceso de los pueblos al desarrollo con plena justicia social. La promoción de programas destinados a alcanzar la autonomía, imparcialidad y profesionalización del Poder Judicial que garanticen la independencia de la administración de justicia y su fortalecimiento, a partir de sistemas de designación y remoción de jueces y funcionarios, acordes con la idoneidad y la imparcialidad como garantía de la vigencia de los derechos constitucionales y del acceso a la justicia para todos.
2. La formulación de una declaración expresa de condena a todas las formas de discriminación y/o multidiscriminación por condición de género y orientación sexual, discapacidad, de razas, de etnias, de religión, de grupos sociales o culturales, de nacionalidad y opinión política. Así como la puesta en práctica efectiva de los tratados internacionales y regionales ratificados por los Estados sobre esta materia.
3. Uno de los pasos fundamentales para que el Sistema Interamericano se consolide debe ser la ratificación sin reserva alguna de los tratados del sistema y de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la correspondiente adecuación de las legislaciones nacionales por parte de los Estados miembros de la OEA, así como el envió regular de peticiones por la Asamblea General de la OEA para que los Estados no ratificantes expliquen su reticencia.
4. En defensa del Sistema Interamericano, la Asamblea General debe protestar por las violaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por los Estados miembros —especialmente en relación a las violaciones al derecho a la vida y la abolición de la pena de muerte— y exigir el cumplimiento irrestricto de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana.
5. El cumplimiento por los estados de las observaciones y recomendaciones formuladas por los distintos órganos del Sistema de Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos a través de mecanismos de implementación de las decisiones de dichos órganos.
6. Solicitar a los Estados de las Américas que demuestren su voluntad de apoyo al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, a través de la concesión de recursos económicos suficientes para garantizar su funcionamiento efectivo.
7. El proceso de evaluar el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos debe hacerse propiciando una discusión más amplia con Organizaciones No Gubernamentales, expertos y gobiernos, con el común propósito de que las reformas que eventualmente se propongan, beneficien a las víctimas de violaciones de derechos humanos a quienes el sistema tiene el propósito de defender, así como a las tareas de promoción y defensa en general.
8. La propuesta de reforma del Sistema Interamericano no puede pretender fusionar la Comisión a la Corte Interamericana, limitar la admisibilidad de los casos, aumentar el carácter confidencial de las decisiones y restringir la representación de Organizaciones No Gubernamentales e Individuos, medidas éstas que lo debilitarían gravemente. En consecuencia, para fortalecer el Sistema Interamericano, proponemos que se consideren, entre otros, los siguientes aspectos:
a) La búsqueda de una mayor eficacia del Sistema y el examen público de la situación de derechos humanos.
b) El fortalecimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana así como de las medidas cautelares y provisionales del Sistema.
c) La flexibilidad en la admisibilidad de los casos, la inclusión en el procedimiento ante la Corte de la participación independiente de la víctima o de su representante, así como la transparencia y publicidad en sus criterios y trámites.
d) El reconocimiento de la condición de entidades consultivas a las Organizaciones No Gubernamentales ante la OEA y la adopción de una Declaración Interamericana de Protección a los Defensores de Derechos Humanos.
PDDH. El 28.05, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se quedó sin dirección, debido a que el procurador adjunto, Eduardo Urquilla, se vio obligado a abandonar el cargo el mismo día. Esto último producto de la reforma del artículo 15 de la Ley Orgánica de la PDDH, que impide al procurador adjunto asumir el cargo en ausencia del titular. Ante esto, el 01.06, Urquilla informó que presentaría un recurso de inconstitucionalidad y amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar su destitución. ARENA, PDC y PCN, por su parte, acusaron al FMLN y a la USC de retardar la elección del nuevo procurador y éstos a su vez declararon no aceptar candidatos sin idoneidad o con tendencias políticas demasiado marcadas. Agregaron que es necesario que se amplíe la lista de candidatos propuestos y sean escogidos aquellos que cuenten con el apoyo de todas las fracciones políticas. Asimismo, el secretario general del PDC, Ronal Umaña, responsabilizó a los partidos de izquierda de impulsar la acefalía. Además, se informó que, para evitar un retraso en el pago de salarios de los empleados de la procuraduría, sería nombrado un administrador con firma autorizada. Los diputados acordaron realizar una nueva reunión el 1° de junio para continuar con el debate (LPG 29.05 p.8 y 02.06 p.6).
RENUNCIA. El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rafael Hernán Contreras, declaró, el 29.05, que renunciará a su cargo, después de que el Partido de Conciliación Nacional (PCN) decidiera impulsarlo como candidato presidencial para los comicios de 1999. "Mi renuncia al cargo como presidente de la Corte de Cuentas es un hecho, soy uno de los precandidatos del PCN", anunció Contreras, a quien la constitución de la República no le impone un tiempo para renunciar, por lo que puede hacerlo en cualquier momento (LPG 30.05 p.6).
JURAMENTACIONES. El 29.05, fueron juramentados el Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Miguel Angel Salavarría; el Director Ejecutivo del Fondo de Inversión Social (FIS), Benjamín Trabanino; el Presidente del Banco Central de Reserva, Gino Bettaglio Rivas; y el Presidente del Fondo Social para la Vivienda, Edgar Mendoza Jerez. Este último, a diferencia de todos los nuevos, fue ratificado por un segundo período de tres años. Estas juramentaciones se han dado poco tiempo después de que los titulares de las instituciones mencionadas dejaran sus cargos. Los nuevos funcionarios trabajarán junto a la Presidencia de la República durante su último año de gestión (LPG 30.05 p.6).
REEMBOLSOS. Unos 50 mil usuarios del servicio de energía eléctrica presentan problemas de alzas injustificadas en las tarifas de cobro, las cuales manifiestan un incremento de entre 50% y 450%, según informó, el 27.05, el titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Eric Casamiquela. La información fue revelada luego de las auditorías practicadas a las distribuidoras de energía eléctrica, en las que se revisa la documentación relacionada con el alza en las tarifas de energía. De igual forma, se informó sobre la expedición de cuatro acuerdos en los que se da un plazo de 15 días a las distribuidoras de electricidad para que corrijan los errores detectados en la auditorías, y 30 días más para que se reembolse a los usuarios el dinero cobrado y pagado indebidamente, incluyendo los intereses. A través de la auditorías también se revisó los controles generales de las distribuidoras en el área de informática y se encontró que existe el riesgo de que la aplicación de tarifas sea realizada por personal no autorizado, con la consecuente posibilidad de manipulación y pérdida de datos. Los diputados Roberto Lorenzana, Oscar Ortíz e Ileana Rogel, insistieron en la necesidad de multar a las distribuidoras, a la vez que reclamaron la elaboración de un mecanismo que garantice la vigilancia del reembolso a los usuarios de parte de las distribuidoras (LPG 28.05 p.6).
CANDIDATOS. Las autoridades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) impulsaron como fórmula presidencial a la ex procuradora de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, y al asesor de la subcomisión legislativa para la condonación de la deuda agraria, Salvador Arias, durante una consulta realizada en el departamento de La Libertad el 31.05. Arias, quien se afilió públicamente al FMLN la semana pasada, opinó que las prioridades partidarias son la formación de alianzas con la sociedad. "Nosotros optamos por un proceso de cambios que tenga alianzas con los sectores sociales", aseguró. Además, dijo estar a favor de las posturas defendidas por el jefe de fracción legislativa, Shafik Handal, y por el ex coordinador del partido de izquierda, Salvador Sánchez Cerén, en el sentido de evitar acercamientos con sectores políticos de centro o de derecha. "Una alianza con sectores económicos por miedo o pensando que ellos tienen el poder, sería una traición al pueblo", argumentó el aspirante. Esta afirmación contrasta con la postura del coordinador del FMLN, Facundo Guardado, quien ha contemplado la posibilidad de hacer negociaciones de este tipo con otros partidos. Por su parte, Handal se mostró satisfecho porque, según él, estas candidaturas han surgido de las propuestas de los campesinos (LPG 01.06 p.4).
CRITICAS. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, aseguró, el 01.05, a través del informe del cuarto año de gestión, que su gobierno ha alcanzado "sustanciales logros", entre ellos el pago de 21,500 millones de colones de los Acuerdos de Paz, la puesta en marcha de la nueva reforma educativa y el aumento de las exportaciones no tradicionales. Los diputados de ARENA respaldaron las declaraciones de Calderón Sol y aseguraron que el mandatario "ha realizado un buen trabajo". Gloria Salguero Gross, diputada del mismo partido, dijo que se han visto progresos en las áreas de economía, salud y educación. Por su parte, los diputados del PDC evaluaron el discurso como "muy sincero", por haber señalado tanto logros como problemas. Sin embargo, los diputados del FMLN calificaron el informe presidencial como "poco sincero". El jefe de fracción del Frente, Shafik Handal, argumentó que el Presidente "eludió hablar de temas sensibles como el desempleo, la expansión de la pobreza, el alza de las tarifas de agua y luz... todos estos problemas evidencian un fracaso en su gestión". De igual forma, diputados del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Convergencia Democrática aseguraron que el informe carece de sentido y que no llegó a los verdaderos problemas del país. Agregaron además que fue muy propagandístico, por lo que se le catalogó como "pobre" y muy "político" (DH 02.06 p.3).
INCREMENTOS. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), María Julia Castillo, informó que los empleados afiliados a esta institución están pagando un aumento en sus cotizaciones de tres puntos más; es decir, del 4.5 al 7.5 por ciento, por efecto del nuevo Sistema Privado de Pensiones. Aclaró que este incremento no tiene que ver con los recursos que se necesitan para financiar el aumento salarial prometido a los médicos. Según explicó Castillo, el dinero para el pago de salarios de los médicos del Seguro Social, que asciende a 70 millones de colones, se obtendrá de una política de economía de salarios y paralización de proyectos de infraestructura. Mientras que el aumento a los médicos públicos se sacará de la reducción de presupuesto de 18 dependencias gubernamentales, más 16 millones provenientes de las privatizaciones de las distribuidoras de energía eléctrica. Las reducciones presupuestarias suman 126 millones de colones, con lo que se llega a un total de 196 millones de colones que serán invertidos en los médicos. En cuanto al aumento en las cotizaciones del ISSS, Castillo dijo que tienen la ventaja de cubrir la incapacidad médica de los empleados públicos, antes este derecho no estaba estipulado. Agregó que las medidas administrativas y financieras que el Seguro Social está adoptando no afectarán a los usuarios del mismo (LPG 02.06 p.8).
