Año 18
Número 811
Junio 17
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Lucha contra el crimen y democracia
Política Sobre el debate interno en el FMLN
Sociedad La PNC de nuevo en cuestión
Sociedad Pasos a desnivel, ¿un proyecto electoral?
Sociedad La PNC y los medios ante las leyes penales
Derechos Humanos Dos informes (II)
Lucha contra el crimen y democracia
En los últimos días, el tema de la salida del ejército a las calles, con el objeto de combatir la delincuencia, se ha convertido en uno de los ejes privilegiados del debate público. El asunto es ciertamente delicado; las soluciones o las posturas fáciles deben ser evitadas, para lo cual es necesario evaluar con la mayor objetividad posible los pros y contras de una medida de esa naturaleza. Una cosa es cierta: en la postguerra, a la par de otras formas de violencia, la violencia delincuencial ha alcanzado niveles alarmantes, mismos que urgen de una respuesta pronta y eficaz por parte de las autoridades. Y esta respuesta involucra, entre otros aspectos, un componente coercitivo que no puede ser soslayado. Si existen grupos e individuos —adiestrados en el manejo de armas de grueso calibre— que están dispuestos a asesinar a sus víctimas para quedarse con sus bienes (sea mediante el robo directo o el secuestro) la respuesta del Estado debe ser contundente en su componente de fuerza.
La señal debe ser clara para todos: nadie que haya optado por la violencia como forma de vida va a ser más fuerte que el Estado, nadie que haya optado por la violencia como método para lucrarse a expensas de los demás debe creer que la debilidad del Estado lo pone en ventaja para realizar sus fechorías. Ahora bien, es responsabilidad de las autoridades no permitir que en el seno del crimen organizado y no organizado tenga lugar la idea de que el Estado es débil e incapaz de responder con una fuerza mayor a sus acciones violentas. Si la convicción de que el Estado es más fuerte que, por ejemplo, secuestradores y ladrones de bancos no arraiga en el mundo del crimen —es de temer que algo de eso esté pasando ya—, la proliferación de actos delincuenciales será cada vez más inmanejable. Y, en consecuencia, la vida, seguridad y bienes de más ciudadanos correrán mayores peligros.
Precisamente, en un orden democrático, el Estado tiene como una de sus finalidades primordiales garantizar la vida, la seguridad y las libertades esenciales de quienes se cobijan bajo sus jurisdicción. Ahora bien, ese compromiso del Estado supone y exige, si es necesario, el uso de la fuerza contra aquellos que ponen en peligro la vida, la seguridad y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. No se trata de un "poner en peligro" teórico; no se trata de que se "sospeche" de las actividades ilícitas de individuos o grupos; se trata de acciones efectivas de secuestros y asaltos que son realizadas por bandas organizadas o semi organizadas, con equipos de comunicación, transporte y armamento sofisticados. Es ante estas acciones que efectivamente causan muerte, sufrimiento y pérdidas materiales que el Estado debe proteger, si es preciso usando altas dosis de fuerza, a sus ciudadanos.
Sin embargo, esa protección —la obligación que tiene el Estado de brindarla— no debe convertirse en un pretexto para dotarlo de atribuciones que lo pongan por encima y aun en contra de la sociedad; es decir, para convertir al Estado una entidad antidemocrática. Sabemos, por nuestro pasado reciente, lo nefasto que puede ser el que el Estado se convierta en juez último (y absoluto) de lo que conviene o no conviene a la sociedad. Necesitamos un Estado democrático, no un Estado policial. Necesitamos un Estado que, en el marco del respeto a las reglas y valores esenciales de la democracia, garantice a todos los que respetamos y aceptamos vivir en el marco de esos valores, o no los socavamos violentamente (quien roba, asesina y secuestra como profesión se ha situado fuera de la democracia, aunque ésta le reconozca ciertos derechos), poder vivir en paz y tranquilidad.
No necesitamos un Estado que, so pretexto de defender nuestra vida y propiedades, violente el orden democrático, sospeche de todos y en todo momento, se oriente por presunciones de peligros de cuya autoría pueda ser acusado cualquiera (de preferencia los enemigos políticos), que ordene cateos, requisas y revisión de documentos cada vez que le antoje al jefe de turno... Si creemos mínimamente en la democracia debemos decir un no tajante al Estado policial. Necesitamos, eso sí, un Estado dotado de los mecanismos más eficaces y adecuados para combatir la criminalidad en sus más diversas manifestaciones. Y, entre estos mecanismos, la policía juega un papel de primera importancia.
Todavía no cala en la consciencia de muchos sectores sociales, económicos y políticos la idea de que es necesario un cuerpo policial dotado de los recursos humanos, financieros y tecnológicos que le permitan garantizar la seguridad ciudadana con eficacia. Hay quienes creen que basta con aumentar el número de efectivos policiales o que basta con dotarlos de mayor poder de fuego para que el crimen disminuya. Esto, sin dejar de ser relevante, no es suficiente; se requiere, además, de policías con adecuados niveles de educación en el respeto a los derechos humanos y con las competencias suficientes en el manejo de las tecnologías más sofisticadas para el combate de la criminalidad. Sin duda alguna, este último punto reviste especial importancia, pues en la medida que las capacidades y recursos tecnológicos de la policía estén por debajo de las que tienen a su disposición los criminales —por ejemplo, en materia de comunicaciones, transporte y armamentos— éstos tendrán a todas luces las mayores ventajas.
Con una policía competente, bien entrenada, respetuosa de los derechos humanos y decidida, con la dureza y determinación del caso, a combatir el crimen se hace innecesaria la utilización de ese otro recurso de coerción estatal, como lo es el ejército. Los que claman por la salida del ejército a las calles no deben obviar los peligros que para la instauración democrática puede traer una militarización de la sociedad. En la década pasada tuvimos bastante de patrullajes y puestos militares en barrios y colonias; como efecto colateral de ello tuvimos abusos de autoridad, maltratos e intimidación. No es sano abrir la posibilidad, por muy remota que pueda parecer, de que los militares puedan controlar nuevamente a la sociedad.
La lucha contra el crimen y la conservación de la democracia no son excluyentes, sino todo lo contrario. Defender la idea de que para combatir la criminalidad es necesario violentar el Estado de derecho es apostar por prácticas autoritarias que, en el momento menos esperado, terminan revirtiéndose contra sus propugnadores.
Como es bien sabido ya, el derrumbe del bloque socialista trajo consigo una profunda crisis en la izquierda a nivel mundial. Dicha crisis afectó en especial a los grupos plenamente identificados con la revolución soviética, como era el caso de algunos focos guerrilleros latinoamericanos, entre los cuales imperaba el propósito de hacer una revolución armada; es decir, tomar el Estado por medio de las armas e instaurar el régimen socialista. La caída de la URSS vino a plantear la ineludible pregunta por el destino de la izquierda. Si el régimen soviético había mostrado su fracaso ¿era legítimo continuar considerándolo paradigma del nuevo orden social por construir? Empero, de decidir cambiarlo, ¿cuál habría que adoptar en su reemplazo?
Hoy en día, los sistemas políticos de los países de América Latina son, en su gran mayoría, democráticos. Los movimientos otrora alzados en armas son ahora partidos que se disputan con otros los votos del pueblo. En El Salvador no sólo se ha dado la inserción de los antiguos grupos insurgentes a la vida democrática, sino que, además, estos han llegado a cobrar notoria preponderancia en el espectro político. Sin embargo, la pregunta por el rumbo que han de seguir quienes se consideran seguidores de las ideas socialistas continúa en pie. ¿Cuál debe de ser el papel de la izquierda al interior del marco democrático? ¿Qué postura tomar frente a los dinamismos sociales, políticos y económicos que rigen la vida del mundo actual? ¿Cómo considerar la lucha revolucionaria desde el horizonte que plantea esta nueva realidad? ¿Cómo conceptuar el socialismo? Son algunas de las interrogantes que parecen permear el debate ad intra y ad extra de la izquierda.
De manera, pues, que el hecho de que en el más representativo partido de izquierda salvadoreño, el FMLN, cohabiten dos líneas contrapuestas de pensamiento, lejos de ser un caso aislado, refleja la discusión abierta alrededor del rol de la izquierda en el actual orden. La existencia de las "tendencias" otodoxa y progresista en el seno del FMLN es la manifestación particular de una problemática con la que tienen que habérselas todos aquellos que alguna vez apostaron por la transformación de la sociedad por medio de la lucha armada. El quid de la cuestión parece radicar en la renuencia de algunos a abandonar el discurso tradicional, frente a la disposición de otros a irse adaptando a los cambios impuestos por la realidad.
Ya en la Convención Nacional del FMLN, realizada en septiembre del año pasado, afloró la presencia de esta pugna intestina. Desde entonces, Shafik Handal y Salvador Sánchez Cerén aparecieron como representantes de la línea ortodoxa, mientras que Facundo Guardado figuró como la cabeza del bando progresista. El debate volvió a salir a la luz pública cuando, en mayo de este año, los medios de comunicación publicaron un documento denominado Sobre el rumbo actual del FMLN, en el cual los renovadores eran acusados, entre otras cosas, de ser pragmáticos, electoreros, desviarse hacia el centro y aceptar algunos preceptos del neoliberalismo.
Sobra decir que el hecho de que dicho documento —por lo demás, bastante inconsistente y simplista— no tenga firma ni destinatario le resta seriedad. Sobre el rumbo... fue, como era de esperarse, atribuido a Shafik Handal y a Sánchez Cerén, pero ninguno de los dos aceptó tener responsabilidad en su redacción. Ante la salida pública de ese texto, tanto Sánchez Cerén como Facundo Guardado manifestaron la no oficialidad del mismo. Y es que, en realidad, el documento más parece haber sido la elaboración privada de algunos miembros del partido que la manifestación oficial de un grupo de inconformes. Como sea, lo cierto es que la aparición de Sobre el rumbo... puso nuevamente de manifiesto que las pugnas al interior del Frente son una realidad inocultable.
Ahora bien, la existencia de dos corrientes al interior del FMLN no tiene la gravedad que los medios quisieron imprimirle. Para nadie es una novedad que el Frente es el producto de la fusión de varias agrupaciones y que las diferencias entre ellas no han desaparecido aún. No dejan de tener razón los dirigentes efemelenistas que ven el debate al interior de su partido como un ejercicio sano y natural. Lo verdaderamente preocupante es que uno de los polos de ese debate abandere un discurso obsoleto. Habría que preguntarle a quienes redactaron el documento cuántos salvadoreños comparten con ellos la idea de que la sociedad debe entenderse en clave de lucha de clases; cuántos están dispuestos a aceptar a un partido que habla todavía de ricos malos y pobres buenos; cuantos consideran que las Bases para el Plan de Nación son, sin más, parte de la ofensiva neoliberal...
Sin duda, lo más sobresaliente del planteamiento de Sobre el rumbo... es la reafirmación de la lucha de clases como parte importante de la ideología del partido. Que la sociedad esté dinamizada por la lucha de clases significa que pobres y ricos se hallan enfrentados, ante lo cual la única salida posible es que los trabajadores derroten por las armas a los oligarcas explotadores. Todo esto, guiados por el partido que es instrumento y vanguardia del proletariado. No hay en este planteamiento cabida al diálogo o las salidas intermedias, porque se trataría simplemente de dos grupos enfrentados en una pugna a muerte.
Curiosamente, en otro pasaje del documento se proclama la necesidad de que el FMLN recupere el liderazgo de la concertación, pues éste ha caído en manos de las Bases. ¿Cómo conciliar lucha de clases con concertación? Esa es otra de las interrogantes pendientes para los redactores de Sobre el rumbo... Por lo que se ve, los detractores de la concepción renovadora no parecen tener muy claros los términos de sus cuestionamientos. ¿Será este documento la expresión de una buena parte de los correligionarios efemelenistas? ¿O no será nada más que la expresión particular de un pequeño grupo de resentidos y nostálgicos? Claro que es importante que haya quien, al interior del FMLN, recuerde que el ideal de justicia social es lo que debe regir la lucha política de ese partido. Pero que para hacerlo cierto grupo se haya valido de argumentos desfasados e insostenibles no es más que una insensatez. Probablemente el Frente ganaría muchos más simpatizantes, de no ser por el rezago ideológico de estos anónimos que se consideran poseedores de la verdad última sobre la izquierda salvadoreña.
Es un error ver en el debate sobre el papel de la izquierda el talón de Aquiles de los partidos que abanderan ideologías afines a esa tendencia. Dicho debate es, además de necesario, lo más sano que puede darse al interior de los institutos políticos con una identidad socialista. Pero la discusión jamás rendirá los frutos esperados si quienes participan en ella lo hacen desde posturas dogmáticas. Se trata de que los propulsores de las ideas de izquierda se conviertan en verdaderos protagonistas de la instauración democrática, de que sus propuestas lleguen a ser verdaderas alternativas frente al proyecto de la derecha, de que su intervención en la vida política no se limite a la mera oposición caprichosa y carente de fundamentos. Sin embargo, ese protagonismo propositivo será imposible de alcanzar mientras al interior de esos partidos no exista la consciencia de la necesidad de un debate abierto y honesto. Nadie tiene la última palabra en relación a lo que la izquierda es y debe de ser, pues eso es justamente lo que falta por determinar. Para hacerlo es necesario despojarse de la irracionalidad y estrechez mental que acompañan indefectiblemente a los dogmas.
1996 fue el año del debate sobre la delincuencia y la seguridad pública. El año en el que se sugirió, rechazó y adoptó un abanico de medidas para frenar uno de los mayores problemas del país. La lección que debió haberse sacado de ese período fue que el gobierno y las instancias encargadas de la seguridad pública carecen de una visión integral y acertada para comprender y hacer frente eficientemente al fenómeno de la violencia delincuencial.
Los bandazos que hace dos años se dieron como resultado de ello eran, hasta cierto punto, de esperarse. Ni el gobierno ni nadie en la sociedad estaba preparado, teórica y prácticamente, para lidiar con una delincuencia de proporciones sobrecogedoras. Ni la inexperta e ineficaz PNC ni el tambaleante sistema de justicia del país podían contra un fenómeno que los superaba con creces. Los experimentos se dieron a granel: el fallido intento de reimplantar la pena de muerte por delitos graves, el proyecto de las "Juntas de Vecinos", la puesta en vigencia de la Ley de Emergencia contra la Delincuencia, la formulación de la potencialmente nociva Ley para la Defensa Social, la petición de sacar el ejército a las calles...
En este año la violencia delincuencial no ha disminuido (por el contrario, los datos muestran un aumento de ella) y, lo que es peor, parece que no se ha aprendido nada sobre las causas del fracaso en su combate. El debate que se ha suscitado este mes sobre el tema y las propuestas que de él han emanado son pruebas contundentes de lo segundo. En las últimas semanas, como en 1996, ha sido notoria la falta de ideas claras sobre lo que a delincuencia se refiere. Los dos años que han pasado desde que se arrancó con la cruzada contra la delincuencia parece dejarnos en el mismo lugar que al principio.
La única novedad importante ha sido la dureza inusual con la que el Presidente Armando Calderón Sol criticó a la PNC, ante lo cual Hugo Barrera, Ministro de Seguridad Pública, y Rodrigo Avila, director del cuerpo policial, sólo pudieron admitir que la policía, tal como afirmaba el Presidente, se veía incapaz de combatir la delincuencia. Esto ha vuelto a poner a la PNC en la mira de la opinión pública, ello con un buen grado de justicia, pero impidiendo adoptar una visión global del problema, algo que el gobierno siempre se ha resistido a hacer.
Aunque el Presidente afirmó que los jueces habían tenido algo que ver en el fracaso de la lucha contra la delincuencia, fue tajante al afirmar que era sobre la cúpula, los mandos medios y los agentes de la PNC que descansaba la responsabilidad por la intensificación del fenómeno. Según Calderón Sol, la PNC, contando con todos los recursos económicos y materiales, estaría adormecida frente al accionar de los delincuentes, por lo que él, en tanto mediador de las exigencias de la población, se veía en la obligación de exigirle al cuerpo policial "un mayor esfuerzo" en la labor que realizan.
Ciertamente, la PNC ha obtenido pocos logros en el combate contra la delincuencia, pero explicar este hecho solamente como una falta de voluntad, como una pereza negligente es reduccionista e irresponsable. Es obvio que las deficiencias en la labor de la PNC provienen de muchas fuentes, entre ellas: la inexperiencia propia de un cuerpo de reciente formación, la falta de equipos tecnológicos avanzados, el desconocimiento de las nuevas normativas penales, la ausencia de unidades especializadas en la investigación científica del delito. Algo que parece olvidar —no sin cierta malicia— el Presidente es que, por muy capaz que fuera la PNC, sus esfuerzos sólo salvarían el abismo de la dispersión si estuvieran enmarcados en un plan global de combate a la delincuencia. El plan no existe, eso es evidente desde hace dos años.
El problema está, pues, en que deliberadamente se le evade. Las razones son de variada especie, pero principalmente interesa resaltar dos: por un lado, la falta de un plan global libra de asumir responsabilidades por igual a cada uno de los actores que participan en el combate a la delincuencia. Si el fenómeno aumenta, siempre podrá achacársele la responsabilidad a alguien en particular, en este caso fue el turno de la PNC, después será el de los jueces, la ciudadanía o algún otro. Por otro lado, ello es más que conveniente para la Presidencia de la República, pues le exime de asumir los costos políticos de la delincuencia. Como se ha visto, el Presidente se lavó las manos responsabilizando del problema a la PNC. De existir un plan global de combate a la delincuencia, el Presidente, como cabeza del gobierno, tendría que cargar con la responsabilidad del fracaso, pues su dirección habría fallado al no coordinar efectivamente a los participantes de aquél.
En el primer semestre de 1998 arrancó, de manera apresurada y simultánea, lo que debería haberse iniciado, por etapas y de manera más razonada, hace algunos años: la construcción de pasos a desnivel, uno de los elementos principales del plan de reordenamiento del tráfico vehicular de San Salvador. Los resultados hasta ahora son abrumadores: caos y atascamientos de grandes proporciones en las principales arterias de la capital.
La adopción de vías alternas y los esfuerzos de la PNC en regular el tránsito por aquellas calles que han sido parcial o totalmente clausuradas por las obras, han sido medidas insuficientes para remediar los congestionamientos que la construcción de los pasos ha ocasionado. Ciertamente, los problemas de fluidez eran de esperarse, dado que en la ciudad las calles son estrechas, únicas (en pocos casos existen rutas alternas para transportarse de un lugar a otro de la capital) y por ellas circula un número de automotores cada vez mayor.
Pero la forma en que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha planificado la construcción de los pasos va más allá de lo razonable. Tanto así que incluso el Viceministerio de Transporte ha pedido retrasar el inicio de algunas construcciones ante el inminente colapso del tráfico vehicular de San Salvador. El temor y la alarma del Viceministerio no son injustificados: en esta ciudad llevar a cabo construcciones simultáneas con sólo algunas cuadras de distancia entre sí es, sencillamente, descabellado.
Las razones que ha esgrimido el MOP para justificarse (los préstamos para financiar las obras se obtuvieron recientemente y éstas deben realizarse simultáneamente para no esperar cuatro o más años para ver concluido el proyecto) no convencen y más bien obligan a encontrar explicaciones en el ámbito político. Es difícil creer que no se está buscando, premeditadamente, hacer coincidir la finalización de las obras con el punto más álgido del período electoral del próximo año. Por muy mal que concluya Calderón Sol su presidencia, ARENA podrá utilizar en su campaña el haber construido un buen número de pasos a desnivel en un tiempo relativamente corto.
De no ser así, ¿cómo explicar el hecho de que para la construcción de las obras, o al menos de algunas de ellas, no se haya esperado hasta la finalización del invierno, que por los obstáculos que éste pone a la construcción ya ha atrasado la entrega de uno de los pasos? ¿Cómo se razona que se pretenda proseguir con el proyecto, aun cuando ello va en contra del sentido común y la realidad práctica de San Salvador?
En lo que se ha visto hasta el momento, todo parece indicar que en la edificación de los pasos a desnivel las metas a cumplir están más relacionadas con cuestiones políticas que con criterios de ordenamiento e ingeniería urbana. No deja de llamar la atención que se esté prefiriendo cerrar al mismo tiempo varios puntos neurálgicos del tráfico vial para que en cada obra trabaje un número muy reducido de obreros (un puñado de hombres trabajando está fuera de toda proporción para la importancia de las edificaciones), que concentrar esfuerzos y recursos en un único punto con el objetivo de reducir tiempo y problemas.
Es obvio que en el camino de sanar el caos vehicular de San Salvador se atravesará momentáneamente por períodos en los que aquél se verá más acentuado. Así pues, un incremento de los embotellamientos y de la extrema dificultad para transportarse es el precio a pagar por deshacerse de ambas problemáticas. Sin embargo, que ello en algún grado debe ser así no debería servir como excusa para no realizar un reordenamiento vehicular inteligente y atinado, que responda más a las necesidades urbanas de la capital que a intereses ajenos a ella. En El Salvador, la política y la racionalidad son esferas excluyentes, el proyecto que pretende implementar el MOP es una nueva muestra de ello.
La nueva normativa penal ha sido, desde antes de entrar en vigencia, objeto de críticas por parte de distintos sectores. Para muchos sus disposiciones, artículos y aplicaciones son incoherentes con la realidad salvadoreña. Realmente, los nuevos códigos Penal y Procesal Penal tienen muchos vacíos y deficiencias; sin embargo, en relación al antiguo sistema penitenciario, tienen mucha mayor apertura en cuanto a los delitos contemplados. De hecho, tienen 40 nuevos delitos que, anteriormente, no eran considerados desde ninguna perspectiva.
Otra de las ventajas que ofrece la nueva legislación es que, actualmente, los tribunales pueden resolver los casos en 72 horas o menos, cosa que antes no era posible. Gracias a las nuevas opciones del Código Procesal, las sentencias se decretan con más facilidad, puesto que el juez tiene varias opciones o salidas para aplicar a los delitos según sea el caso. Por ejemplo, un acusado que ha cometido un delito penado por tres o menos años, tiene la oportunidad de declararse culpable y comprometerse a enmendar su error en un período determinado por la Ley; el artículo 22 del Código Procesal Penal expone claramente esta aplicación. Asimismo, se plantea como recurso para resolver procesos el método de conciliación entre las dos partes. Según el artículo 32, "la conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción penal". En vista de la insuficiente y deficiente edificación de los centros penitenciarios del país, estos dos mecanismos que plantea la nueva legislación penal son útiles en aquellos casos en los que los delitos no ameriten prisión, lo cual significa que habrán menos reos en las cárceles. Por lo demás, la ley es clara en señalar que no gozarán de esos privilegios aquellos delincuentes en verdad peligrosos, cuyas faltas son sancionadas drásticamente en la nueva legislación.
Por otro lado, la normativa tiene diferentes elementos orientados a regular el proceder policial; esos elementos pesan en el accionar de los agentes de policía, quienes ven coartado o fiscalizado su trabajo. A raíz de ello, la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido una de las primeras en desaprobar los procedimientos jurídicos aplicados a la delincuencia y sus disposiciones en cuanto al proceder policial. Con todo, el mensaje de los códigos es claro: la PNC no puede actuar con arbitrariedad, tiene que tener la autorización judicial para llevar a cabo cualquier operativo y debe estar coordinada con la Fiscalía General de la República.
En este contexto, una de las quejas más comunes de la PNC apunta a los jueces, especialmente cuando éstos decretan "mal procedimiento policial", lo cual equivale en no pocas ocasiones a maltrato físico, violación de morada o cualquier tipo de abuso de poder sobre los sospechosos. No hace mucho, un juez decidió ordenar, debido a un supuesto mal procedimiento policial, la libertad de seis implicados en un delito de tráfico de drogas. El Director de la PNC, Rodrigo Avila, negó tal acusación y argumentó que, en todo caso, si un policía realiza un mal procedimiento, se le debe pedir cuentas a él, pero no por eso librar de responsabilidades penales a un sospechoso, más aún cuando se tienen pruebas suficientes.
Decretar "mal procedimiento policial" depende del criterio del juez. Sin embargo, debe basarse en los principios constitucionales; específicamente, en el artículo 2 de la Constitución de la República que protege la integridad física, moral, la libertad, la intimidad y la seguridad de los ciudadanos. Cuando las garantías constitucionales del imputado han sido violadas, el proceso es considerado nulo y entonces aquél queda en libertad. Este es uno de los derechos del imputado que genera contradicción, pues, ciertamente, no por haber sido maltratado por los agentes policiales, el delito debe quedar absuelto o perdonado. Ello no obsta para que la PNC deba estar controlada legalmente en su accionar, ya que es muy fácil que, por su naturaleza, tienda a aprovecharse del poder que se le ha delegado para violentar los derechos de los sospechosos. Las nuevas normativas penales apuntan a algo importante en un Estado de derecho: el imputado, como persona que es, tiene derechos que deben ser respetados. Mas no es lógico que los jueces liberen a sospechosos de delitos graves, cuando las pruebas en su contra son sólidas, sólo por errores de procedimiento a veces irrelevantes.
Estas consideraciones con el imputado han obstaculizado la respuesta a uno de los fenómenos más preocupantes en la actualidad para la PNC: la ola de asesinatos contra sus agentes. Los periódicos nacionales apuntan que al menos un miembro de esta institución muere a diario producto de "crudas venganzas". Rodrigo Avila no dudó en afirmar que esto se debe a las decisiones que se están tomando en los tribunales de dejar en libertad a asesinos, traficantes y violadores. Cierto esto o no, por los motivos que fuere, dejar en libertad a un criminal, a alguien que sin duda alguna ha cometido un grave delito es inaudito. Aquellos que sin consideración y remordimientos violan el artículo 2 de la Constitución y muchos más, no merecen el respaldo de la legislación.
Por su parte, los medios de comunicación no han escatimado espacios para sus críticas a la Ley penitenciaria. Incansablemente han sostenido que los códigos son una mordaza para ellos "de principio a fin". Con la pretensión de defender los intereses de información de la sociedad, han manifestado su descontento con las privaciones que la Ley les impone. El caso más claro es el derecho del juez de decretar "reserva legal total o parcial" en las audiencias que se realizan para resolver los casos. Si él lo considera necesario, puede impedir el paso de los medios a la audiencia, por lo que éstos no podrán revelar detalles directos sobre su desarrollo. La reserva legal debe estar detalladamente justificada por escrito, de lo cual los medios pueden o no enterarse.
El propósito de esta medida es, principalmente, proteger la identidad de las víctimas y salvaguardar la investigación. De hecho, las primeras 72 horas de investigaciones iniciales son, en cualquier caso, censuradas para los medios, pues de lo contrario se corre el riesgo de entorpecer las diligencias judiciales: si el delincuente aún no ha sido capturado, seguramente huirá cuando escuche su nombre o vea su fotografía a través de los medios. Se corre además el peligro de que la víctima o los testigos sean identificados por el delincuente. En otras palabras, está más que justificado establecer ciertos límites para los medios de comunicación, porque desde todo punto de vista es más importante proteger la vida de las personas y los procesos judiciales que "ser el primero en presentar la noticia", que es normalmente el criterio de trabajo de los medios.
Ahora bien, habrá que anular o reformar aquellas disposiciones existentes que efectivamente coartan la libertad de expresión y de información, pues el poder judicial no es un poder privado y de su desempeño tenemos que tener conocimiento todos los salvadoreños. La puesta en práctica de la actual normativa penal es la que dará la pauta para realizar reformas y no lo que digan algunos sectores por observaciones ligeras o interesadas. Para que los Códigos lleguen a ser eficientes y justos habrá que experimentar con ellos; en este sentido, tienen que ser tomados como un esfuerzo provisional y de largo aliento por dotar a El Salvador de una legislación penal coherente con la consolidación de la democracia.
A diferencia del discurso pronunciado por el presidente de la República ante el pleno del Órgano Legislativo, en el informe presentado el primero de mayo por el alcalde de Nombre de Jesús sí se hizo referencia a los problemas concretos que estaban afectando a la comunidad, a los logros del primer año de la gestión municipal y a las metas que la comuna proponía alcanzar durante los siguientes doce meses. El funcionario municipal aseguró que, en esa oportunidad, quería comunicar a su pueblo el quehacer de un gobierno local que —a lo largo del período— había tratado de "romper con los esquemas tradicionales, haciendo de la alcaldía un lugar que transmita confianza a todas las personas que acudan a ella".
"Fomentar la participación ciudadana de todos los sectores es nuestro objetivo —dijo el alcalde Rodríguez—, acompañándoles en las gestiones de beneficio común y no con promesas demagógicas". Uno por uno, el edil mencionó las obras y los programas ejecutados en favor de la población durante el año; y es que pese a la carencia de recursos económicos, superada principalmente con el entusiasmo y la participación de las y los jóvenes, realmente se han hecho cosas importantes para la gente.
De ellas, sobresalen las siguientes: instalación de teléfonos públicos, finalización y reparación de calles, mantenimiento de un tanque de captación y ampliación de las redes de agua potable, construcción de las instalaciones del Instituto Nacional de Nombre de Jesús, obtención de becas para alumnos y alumnas del mismo, acompañamiento a la gestión del grupo ecológico del municipio y construcción de un puente. El alcalde hizo un balance también de los obstáculos que enfrentaron en este último año; de ellos, el señor Rodríguez Chávez destacó la poca ayuda recibida del gobierno central, lo que contradice lo expresado en el reciente discurso presidencial sobre el fortalecimiento de las municipalidades.
Durante su intervención dijo: "No perdemos de vista que en nuestra administración nos debemos a todas las personas que conformamos el municipio, desde el más humilde y lejano caserío hasta el mismo casco municipal, respetando su creencia religiosa o militancia política". Sin lugar a dudas, estas sencillas palabras resumen el sentir y pensar de la mayoría de la población salvadoreña; también, en su conjunto, el informe de Rodríguez Chávez —muy lejos de la larga intervención protocolaria de Calderón Sol— nos comprueba que la gente necesita que los resultados concretos respalden lo que se dice en los discursos; que no sirve de nada llenar páginas enteras para explicarle a la gente lo que se pretende estar haciendo en su beneficio, si la realidad le dice lo contrario.
Es cierto que existen diferencias entre el gobierno de un pequeño municipio y el del país, pero no por eso podemos dejar de afirmar que el ejercicio democrático que se practica en esta localidad debe servir como una clara demostración de las cosas que se pueden lograr cuando hay participación de la comunidad y cuando los funcionarios públicos dan respuesta a las necesidades de su gente. Porque para alcanzar metas que nos encaminen hacia la instauración de una sociedad más justa, se requiere de un verdadero compromiso con la población; se necesita que entre las autoridades gubernamentales pesa más el interés por mejorar la calidad de vida de todas y todos.
Para nadie es un secreto que las y los salvadoreños vivimos —sobrevivimos, más bien— inmersos en una situación de grave inseguridad que nos afecta hasta dentro de nuestras propias viviendas. Basta con platicar con la familia, salir a las calles o escuchar las noticias para darnos cuenta de que en el país se respira un ambiente generalizado de temor. Todo ello, es el resultado de la violencia que desde determinados círculos de poder a veces se niega y a veces se acepta: lo primero sucede cuando los señalamientos son hechos por instituciones de la sociedad u organismos de la población; lo segundo ocurre cuando conviene para manipular eso que llaman "la opinión pública".
En ese marco, hace algunos días las fracciones parlamentarias del Partido de Conciliación Nacional (PCN), la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) propusieron decretar un "estado de emergencia" y sacar la Fuerza Armada de sus cuarteles para colaborar en el combate de la delincuencia. A partir de ahí comienzan los manejos inapropiados con los cuales se pretende confundir a la población, pues todas y todos deberíamos saber que los elementos castrenses se han andado paseando a lo largo y ancho del campo salvadoreño casi, prácticamente, desde que se acabó la guerra; de ello dan cuenta los diversas etapas de los planes "Caminante", "Guardián" y "Grano de oro"; o el despliegue de las tropas durante las elecciones de 1994; o las maniobras conjuntas con el ejército estadounidense denominadas "Fuertes caminos".
Pese a que algunas personalidades como Eduardo Tenorio están de acuerdo con la idea de esos partidos políticos, en otros espacios —incluida la misma Policía Nacional Civil (PNC)— se considera que la presencia de efectivos militares no es necesaria en la zona urbana. Hasta el titular del Órgano Ejecutivo y sus ministros de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional han sido más cautos para opinar y no concuerdan con la opinión del presidente de la Corte Justicia, ya que cuestionan la necesidad de llegar hasta la adopción de tales disposiciones y sostienen que lo pertinente es incrementar los patrullajes en las zonas rurales que realizan los Grupos de Tarea Conjuntos (GTC), formados generalmente por dos policías y ocho o diez soldados. La alternativa que propone Rodrigo Ávila, director del cuerpo policial, es crear comités de ciudadanos cuya coordinación correspondería a los alcaldes municipales.
Es obvio que el clamor de la ciudadanía tiene que escucharse, pues su situación es total y absolutamente insoportable. De eso, no hay ninguna duda; sin embargo, a las y los defensores de estas medidas poco acertadas les está pasando lo que sucedió cuando —con los mismos "patrocinadores" en la Asamblea— se decretó la "Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado": buscaron soluciones apresuradas que, en la práctica, no resolvieron nada. Decisiones como éstas, demagógicas y desesperadas, no han contribuido en nada para lograr una mejoría sustancial en lo que se refiere a la seguridad de la población; las víctimas mortales posteriores a la aprobación de la mencionada ley son el mejor ejemplo de ello.
Otra iniciativa errada de las y los políticos, que por suerte no pasó del intento, ha sido la de ampliar la aplicación de la pena de muerte para algunos delitos. Afortunadamente, ciertos partidos de oposición no permitieron que se concretara tan extrema e infeliz disposición que —en su puesta en práctica— podía prestarse para diversos tipos de manipulación y otros vicios derivados de las deficiencias existentes en la impartición de justicia.
En cuanto a la creación de comités ciudadanos estrechamente ligados a determinado tipo de autoridad gubernamental —sea ésta civil, policial o militar— también nuestro doloroso pasado nos ofrece numerosas experiencias amargas que nos deberían invitar a pensar mejor las cosas. Hablamos precisamente de las "defensas civiles", la Organización Democrática Nacionalista —la perversa y tristemente célebre obra del general Jorge Alberto Medrano, que fue más conocida como "ORDEN"— o las "patrullas cantonales". Durante las épocas de la violencia política y lo más cruento de la guerra, estos grupos junto a unidades y elementos de la Fuerza Armada fueron denunciados como los principales violadores de los derechos humanos.
Y es que los hechos hablan por sí mismos. De 39,561 violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1975 y 1992, las cuales se encuentran documentadas en el IDHUCA, la responsabilidad de la institución castrense se pudo establecer en 9,772 ocasiones; ello, sin tomar en cuenta los hechos en los cuales participaron de manera combinada con elementos de los desaparecidos cuerpos de seguridad y con miembros de los grupos militares antes mencionados. En el caso de estos últimos, aparecen señalados como ejecutores de 7,183 violaciones. Así, pues, entre lo realizado por ambas agrupaciones casi se alcanza el 43% del total de los hechos registrados: 24.70% para la Fuerza Armada y 18.16% para los grupos paramilitares.
Después de toda la tragedia vivida en el país durante las dos décadas anteriores y una vez pasada la enorme intervención de la comunidad internacional en el caso salvadoreño, la cual finalizó hace muy poco tiempo, han habido cambios importantes que nos invitan a imaginar que esos hechos y esas cifras jamás se volverán a repetir. Pero también, durante estos años transcurridos desde que finalizaron los enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas gubernamentales e insurgentes, hemos sido testigos de los signos negativos que han puesto en duda la profundidad de esas transformaciones, sobre todo en lo que corresponde a la existencia de una institucionalidad en proceso gradual de consolidación, capaz de garantizar que —poco a poco— se vayan incrementando realmente los niveles de respeto a los derechos y las libertades fundamentales de toda la población.
Esto último tienen una causa principal: la poca madurez, responsabilidad y profesionalismo que han mostrado muchas de las personas que participan en las decisiones trascendentales para el país y sus habitantes. Como no tienen otro horizonte más amplio que el de su interés partidarista y personal cuando se encuentran ocupando un cargo público, en repetidas ocasiones le han recetado a la población diversas medidas que la afectan tanto en lo económico y social, como en lo político y en todo aquello relacionado con su seguridad personal.
Ese es el marco donde hay que situar las propuestas hechas tan imprudentemente en la Asamblea Legislativa y que ahora ocupan nuestra atención. Así las cosas, si se aumenta el número de soldados patrullando el territorio nacional y se propicia la creación de grupos civiles dirigidos por el poder político para desarrollar tareas de espionaje e información, con el paso del tiempo estaremos ante la posibilidad —cierta y peligrosa— de cometer los mismos errores que tanto daño le hicieron al país en el pasado reciente. Incrementar el número de policías es algo que también se ha mencionado, pero tampoco representa una buena y real solución para erradicar el problema que nos agobia.
Sería mejor concentrar los esfuerzos en garantizar una buena labor de investigación por parte de la PNC y evitar que sus miembros actúen arbitrariamente, teniendo presente que —para ello— deben empezar a funcionar los mecanismos de control que existen, tanto los de la misma Policía como la Inspectoría General de ésta. A eso podemos agregar la necesaria lucha contra la impunidad que protege al crimen organizado, lo cual constituye una tarea aún pendiente. Es importante, además, regular de una mejor manera la tenencia y portación de armas para evitar tanto instrumento de muerte en manos de individuos que no garantizan su correcta utilización; asimismo, se debe impulsar una firme y eficaz política para la recolección de todo el material bélico que aún se encuentra en manos civiles. Debe, también, acelerarse la depuración del Órgano Judicial no sólo en lo que respecta a la judicatura sino en todos sus niveles y mantenerse como una. Finalmente, hay que decirlo: es necesario pasar de la propaganda a los resultados concretos en cuanto al mejoramiento sustancial en lo económico y social, para beneficio de la población mayoritaria.
¿Por qué proponer, entonces, la instauración de un estado de emergencia y la salida del ejército a las calles? ¿Es que acaso con esta disposición el partido gobernante y otros que lo acompañan pretenden asegurarse un mayor número de votos en las elecciones del próximo año? Si realmente se quiere hacer algo en serio, debemos entender que la situación de violencia y el fenómeno delincuencial en El Salvador debe ser estudiados con amplitud; sus soluciones, además, deben ser construidas contando con la participación real de la sociedad. De lo contrario, la medicina puede resultar peor que la enfermedad.
EJERCITO. Ante la propuesta de algunos partidos políticos de que el Ejército salga a las calles a combatir la delincuencia, el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Avila, consideró innecesaria la utilización de este cuerpo armado en las zonas urbanas. Avila propuso, sin embargo, reforzar con más efectivos militares el "Plan Guardianes", destinado al área rural, concentrando así el mayor número de policías en las ciudades. Según el funcionario policial, antes de declarar una "emergencia nacional" es necesario analizar las razones sobre el aumento del accionar delictivo. Por su parte, el Vicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante, consideró que, ante el aumento delincuencial, es necesaria la presencia policial, pero no el uso del Ejército. Agregó que se están haciendo revisiones a las leyes para evaluar la presencia de la PNC no sólo en la ciudad, sino también en el campo. Diferente fue la posición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, quien hizo ver que el Ejército es una "opción" que está dentro de las posibilidades lógicas. Mientras que el Fiscal General de la República, Manuel Córdoba, explicó que, aunque la salida de la Fuerza Armada tenga un riesgo, no significa que no sea conveniente su utilización. "Habría que valorar y ponderar hasta dónde sería útil", manifestó Córdova (LPG 11.06 p. 4-5).
AGENTES. El Ejército aumentará el número de efectivos militares de apoyo en los patrullajes que realiza la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó, el 11.06, el Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales. De acuerdo con sus declaraciones, los Grupos de Tarea Conjunta (GTC) que recibirán mayor respaldo militar están dentro del "Plan Guardianes" que opera en las zonas rurales del país. "Fue una decisión tomada en conjunto por las autoridades policiales, el Presidente de la República y la Fuerza Armada, debido a la preocupación por el aumento del índice delincuencial", explicó el jefe castrense. Descartó que el apoyo militar a la policía sea una señal de debilidad por parte de ésta, sino que más bien se trata de relevarla en tareas en las cuales los soldados están mejor entrenados. Según Guzmán Morales, este incremento de soldados no implica un aumento significativo del presupuesto del Ejército, pero, de ser necesario, se harán ajustes dentro de la institución. El militar reveló que podría aumentar el número de Grupos de Tareas Conjuntas (GTC) hasta un cincuenta por ciento, lo cual representa un incremento de 200 grupos más. Por otra parte, como una petición del PDC, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa podría considerar la conveniencia de ampliar la cobertura del "Plan Guardianes" hasta las zonas urbanas (DH 12.06 p. 10-14).
FMLN. La ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, presentó, el 11.06, su hoja de afiliación al partido FMLN y afirmó estar dispuesta a representarlo como candidata en las elecciones presidenciales del 1999. "Por primera vez en mi vida voy a afiliarme a un partido político, a instancia de las organizaciones sociales que ven en el Frente una esperanza para construir la democracia", expresó. De Avilés aseguró que una de sus metas era darle a la mujer el espacio que demanda en la política e impulsar el programa de Gobierno de Concertación, el cual está siendo sometido a consultas a nivel nacional. La ex Procuradora añadió que entre sus prioridades estará apoyar a las instituciones surgidas por los Acuerdos de Paz, dictar políticas claras para la niñez, la mujer y la tercera edad. Por su parte, el concejal del municipio de San Salvador, Héctor Dada Hirezi, anunció que no se afiliará al FMLN en caso de convertirse el precandidato de este partido. "No tengo porqué afiliarme. Uno no se afilia para ser candidato, sino cuando está de acuerdo totalmente con las posturas del partido", argumentó. Dada Hirezi dijo estar dispuesto a negociar una candidatura para representar una alianza política y social o un movimiento nacional que "saque al país de su situación actual" (LPG 12.06 p.6 y DH 12.06.14).
DEMANDA. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha presentado cinco demandas en los juzgados primero y segundo de Hacienda contra un banco, la Constructora Simán S.A. y Arco Ingenieros, debido al deterioro que presentan las calles edificadas que tenían una garantía de 20 años. La deficiente calidad de cinco obras en calles y carreteras en San Salvador y la supuesta negativa de los demandados a cancelar las fianzas correspondientes le han significado al MOP la pérdida de más de cinco millones de colones. El director ejecutivo de la Unidad Coordinadora del Proyectos de esta cartera de Estado, Roque Rodas, explicó que, por la misma razón, existen procesos judiciales contra más constructoras. Las cinco demandas señaladas tienen ya un año de haberse iniciado. El fiscal del caso, Mario Donald Salazar, dijo que el pasado marzo se le notificó a la Fiscalía General de la República que no se había admitido la demanda, porque el contrato para la ejecución de la obra está regulado por un arbitraje para dirimir los conflictos económicos entre las partes. De acuerdo con las fuentes del MOP, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual financió las obras, ha retenido el 10 % del costo de cada uno de los proyectos y ese dinero sólo será desembolsado cuando los daños hayan sido reparados (LPG 13.06 p.5).
ALIANZA. El FMLN y la USC programaron oficializar su alianza política el 15.06. El Director General municipal de Soyapango, José Antonio Guardado, miembro de la USC, sostuvo que "cuando los del Frente estaban alzados en armas eran radicales, pero prueba de su cambio es que están eligiendo precandidatos internamente, y eso genera una confiabilidad de que hay una apertura democrática. Si ellos han aceptado una alianza con nosotros, que somos un grupo de centro y pequeño, significa que están abiertos a entenderse con la población". Guardado agregó que sería "antihistórico" que los socialcristianos estuvieran en contra de una izquierda que ha dado muestras de cambio. Los dos institutos políticos aliados comenzaron a trabajar conjuntamente en un plan de gobierno de Concertación Nacional que ha sido sometido a consultas, cuyos puntos más relevantes son, entre otros: combatir la corrupción en todos los niveles, reformar las leyes del sistema financiero e instalar una contraloría general de la nación independiente que se encargue de fiscalizar los ingresos del erario nacional. El 15.06 se dio el cierre y la entrega formal de la observaciones realizadas al Plan de Gobierno por distintos sectores ciudadanos. Según explicó Guardado, después de estudiar las observaciones se resumirá la información y será trasladada a las comisiones de alto nivel de las distintas fuerzas políticas (LPG 15.06 p.8).
TOXICOS. En vista de que el Gobierno no contempla una forma definida de desechar tóxicos prohibidos, fuentes del Departamento de Fiscalización y Registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sostuvieron que la mejor forma de disponer de sustancias peligrosas es mediante el enterramiento. Bajo este método recomendado, se extendió una hoja de procedimiento a la empresa Almacenadora Agrícola S.A., para que se deshiciera de 42 barriles con sustancias tóxicas peligrosas. Sin embargo, la coordinadora de Calidad Ambiental, Flor de María Perla, afirmó que el enterramiento no está definido en la guía para el manejo de este tipo de sustancias. Por haberse amparado en unas disposiciones inexistentes, el pasado 15 de mayo, el gerente de la Almacenadora Agrícola S.A, Alfonso Escalante, fue procesado judicialmente por delito de contaminación ambiental agravada. Escalante alegó que el MAG le había entregado el procedimiento —junto con el permiso correspondiente— de cómo enterrar las sustancias, por lo cual no se había cometido ningún delito. Existen al menos cinco sustancias tóxicas almacenadas en diferentes lugares del país, situación que ha llevado a varias dependencias del gobierno a un debate sobre la forma más adecuada de deshacerse de ellas (DH 15.06 p.18-20).
PNC. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, envió un llamado a los miembros de la PNC a presentar resultados positivos en el combate de la delincuencia. Calderón Sol no sólo alegó que el organismo policial se encuentra "dormido", sino que le exigió un mayor sacrificio y eficiencia en su trabajo, advirtiendo, a su vez, que no se utilizará al ejército para patrullar en las zonas urbanas, como lo solicitaron varias fracciones políticas. "No están dadas las condiciones para decretar un estado de emergencia que permita la salida del ejército a patrullar las calles de las zonas urbanas en auxilio de la policía", explicó. Además, pidió a la PNC resultados claros y específicos, pues "no podemos hablar de eficiencia si no hay un ataque frontal a la delincuencia". Para alcanzarla, continuó, es necesaria la evaluación que están haciendo de cada nivel de Seguridad Pública, incluyendo las atribuciones del Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, y del Director de la PNC, Rodrigo Avila. Por su parte, Barrera manifestó su oposición a que el ejército participe a plenitud en las acciones de seguridad, pero estuvo de acuerdo en aumentar el número de patrullas militares en las zonas rurales. Según el Ministro Barrera, los efectivos militares carecen de información apropiada para desempeñar tareas de seguridad pública (LPG 16.06 p.5).
CANDIDATOS. El Coordinador General del FMLN, Facundo Guardado, descartó, el 15.06, tener aspiraciones a la candidatura presidencial por ese instituto político, pese al apoyo que recibe de las bases. Sin embargo, advirtió que sus candidatos a ese cargo son el Alcalde de San Salvador, Héctor Silva, y el concejal Héctor Dada Hirezi, y candidata a la vicepresidencia, Victoria Marina de Avilés. Al referirse al candidato de ARENA, Francisco Flores, Guardado dijo que le faltaba "despegar" y lamentó que éste evite emitir opiniones sobre temas de interés nacional, como la delincuencia y la economía. Guardado aseguró que, como Coordinador del partido de izquierda, trabajará en adecuar al partido para los cambios del país y en construir una mayoría social del proyecto que la democracia requiere para el futuro. Por su parte, Dada Hirezi afirmó que no podrá ser precandidato del Frente mientras no exista una "gran alianza" de partidos que los apoyen. "El FMLN ya tiene alianzas con la USC y negocia con otros partidos, si el grupo considera que soy factor de unidad y no de confrontación entre ellos, yo estaría dispuesto", explicó. A la vez, agregó que han surgido ciertas "presiones" ya que se ha hecho circular su nombre como posible candidato, pero dijo no haber recibido ninguna propuesta formal del FMLN para integrarse al grupo (LPG 16.06 p.6 y DH 15.06 p.4-6).
