Año 19
número 812
junio 24
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Internacionalización de la justicia
Política ¿Unificación del PDC?
Economía A propósito de las tasas de interés
Sociedad Huelga en la PNC, ¿una remota posibilidad?
Sociedad El Salvador, un país que se urbaniza
Derechos Humanos El caso "Maryknol"
Internacionalización de la justicia
En Roma se reúne la comunidad de naciones, convocada por Naciones Unidas, para establecer una Corte Criminal Internacional, que juzgue a los acusados de crímenes contra la humanidad, los derechos humanos y de guerra, que los tribunales de justicia nacionales se rehusan a conocer. El planteamiento es producto de una nueva conciencia internacional sobre la necesidad de poner fin a la impunidad de estos criminales, quienes cometen sus fechorías convencidos de que no serán investigados ni juzgados.
En Argentina, el ex presidente Videla, el general que encabezó el golpe de Estado para acabar con la llamada subversión comunista, fue encarcelado por segunda vez. Anteriormente, un indulto del Presidente Menen lo libró de una cadena perpetua por tortura, asesinato y desaparición de ciudadanos argentinos. En esta ocasión enfrenta cargos por secuestro de niños nacidos en la cárcel. La acusación comprende a varios ex generales y civiles. Además, varios militares argentinos enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito a partir de las propiedades de los asesinados y desaparecidos.
En San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ventila los cargos presentados contra el gobierno de Guatemala por asesinato de un guerrillero. En Europa se siguen llevando ante los tribunales a ex oficiales nazis acusados del asesinato de judíos y a militares responsables de la limpieza étnica de los Balcanes.
En El Salvador, en cambio, la justicia se desentiende lo mejor que puede del asesinato de tres religiosas y una colaboradora laica, hecho ocurrido en 1980. No obstante las declaraciones de algunos de los autores materiales del crimen, quienes están a punto de abandonar la prisión, beneficiados por la nueva legislación penal, y quienes aseguran haber recibido órdenes superiores, el sistema judicial salvadoreño no se muestra interesado en reabrir el caso. Las declaraciones confirman los hallazgos de la Comisión de la Verdad, que identificó a los militares que impartieron tales órdenes. Alegar que el crimen ha prescrito es una leguleyada. Es cierto que, en su momento, el crimen fue clasificado como delito común, para evitar que los culpables fuesen beneficiados por una ley de amnistía. En realidad, la violación y el asesinato de estas cuatro mujeres es un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, de acuerdo al derecho internacional, es imprescriptible.
Para el gobierno salvadoreño, estos crímenes se encuentran fuera del alcance de la justicia, en virtud de la ley de amnistía, la cual cumple así su finalidad. Según este criterio, el derecho sería la medida y la regla única de lo bueno y lo justo. Amparados en él y sólo porque no han sido hallados culpables de los delitos que se les imputan, muchos criminales y delincuentes pretenden pasar por personas decentes. Y lo que es peor, muchos salvadoreños bien intencionados caen en la trampa de aceptar este hecho como una exigencia ineludible del Estado de derecho. No es extraño, entonces, que también predomine el desconcierto por la disociación entre derecho y justicia.
Una estratagema muy común es inducir a pensar que el derecho puede operar de forma ilimitada sobre la realidad. En consecuencia, basta con consagrar en la Constitución o la ley un derecho a algo para que todos los miembros de la sociedad gocen de él efectivamente o emitir una ley para modificar una situación. No pocas veces, los bienes ofrecidos son incompatibles o muy difícilmente conciliables entre sí. En el caso que nos ocupa, invocan la ley para evitar la justicia. Defienden el derecho, pero confirman la impunidad. Estado de derecho significa la sujeción de aquél a éste, pero es necesario indicar siempre qué es derecho, dónde hay que buscarlo y quién lo establece. Cuestiones muy antiguas que ya se plantearon los atenienses de la Grecia clásica. Sin esclarecer de forma apropiada estas cuestiones, el fundamento del Estado de derecho es socavado. Un efecto contrario al buscado formalmente.
Durante mucho tiempo se creyó que el derecho era la ley, puesto que ésta era dictada por los representantes del pueblo. Más tarde, al cuestionar este fundamento, se alegó que la ley era la norma general y abstracta, igual para todos. Al final, sólo se aduce que es la ley. Ahora bien, ante la insuficiencia de este argumento se afirma que la Constitución recoge el contenido del Estado. Pero los preceptos constitucionales son por necesidad generales e inevitablemente imprecisos, atendiendo más a la eficacia política que al rigor jurídico. Por lo tanto, estos preceptos deben ser concretados por el legislador y, en último término, por el juez. Así, del Estado legal de derecho se llega al Estado judicial. Si la sujeción del Estado al derecho significa sólo la sujeción al juez, cualquier acción que dificulte el acceso de los ciudadanos a los tribunales o que limite la libertad de éstos o que los considere parte del Estado mismo frente al cual ha de defender a aquéllos es equivocada o perversa.
La jurisdicción constitucional es el culmen del Estado de derecho, pero eso no garantiza su existencia real. El peligro más grave proviene de la progresiva destrucción de su jurisdicción ordinaria. En la ciudadanía predomina la frustración porque sus expectativas ante un poder que le han asegurado es la garantía última de la democracia no son satisfechas. Por eso, los defectos de la justicia se vuelven más insoportables. Más grave aún es la frustración generada por decisiones apoyadas simplemente en la ley a la cual, según se ha asegurado, los jueces están sujetos cuando ésta no choca con la justicia. Así, los jueces se han erigido en un poder intermedio entre el Estado y la sociedad, legitimado sólo por su servicio al derecho. Pero este viejo principio se tambalea cuando el derecho al que sirven es el derecho que ellos mismos crean.
El amparo en las cortes internacionales es buscado cuando, invocando la ley, se evade la justicia en los tribunales nacionales. En este sentido, la comunidad internacional está adquiriendo una nueva conciencia sobre sus responsabilidades respecto a la justicia. El mundo se abre así no sólo para disfrutar un mundial de fútbol, sino también para pedir cuentas de sus crímenes a quienes, impunemente, han violado el derecho a la vida de los demás.
En febrero del presente año, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) volvió a ser noticia a causa de una reyerta al interior de sus filas: un "movimiento golpista" intentó darle fin al mandato de Ronal Umaña. Con este objetivo, convocó a una Convención Nacional respaldada por el 82% de los pedecistas con capacidad y derecho de voto. En la Convención, una nueva directiva fue electa, el ex diplomático Horacio Trujillo fue ratificado como Secretario General y Jorge Barrera —diputado y acérrimo detractor de Umaña— lo fue como jefe de fracción en la Asamblea Legislativa.
El hecho de que el fiscal electoral, enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para constatar la legitimidad del evento, avalara la elección hizo pensar que, en efecto, Umaña sería reemplazado por Trujillo y que, con ello, nuevas posibilidades podrían abrírsele al partido de la crisis interminable. Sin embargo, contradiciendo los pronósticos de entonces (ver Proceso, 794), el TSE optó por ratificar a Umaña en el cargo, echando por tierra las intenciones de los golpistas.
Pues bien, el procedimiento del TSE hubiese extrañado de ser aquella la primera vez que en su seno se daba cabida a intereses partidarios. El caso del magistrado electoral Eduardo Colindres es una muestra de que el órgano encargado de garantizar el correcto funcionamiento de los partidos políticos y el buen desenvolvimiento de los proceso electorales no ha alcanzado aún la imparcialidad que de él se esperaría. Los problemas para el magistrado electoral pedecista comenzaron cuando, en 1996, Ronal Umaña arrebató a Carlos Claramount la secretaría general del partido. Poco después, Colindres —afín a la línea de Claramount— fue por primera vez destituido de su cargo en el TSE, por mandato del PDC, el PCN y ARENA. Desde entonces hasta ahora, una sucesión de destituciones, amparos y desamparos de la Corte Suprema de Justicia han pesado sobre los hombros de Colindres.
El último argumento esgrimido por Umaña para justificar su interés en la destitución del magistrado electoral de su partido es que éste, al favorecer a Trujillo, ha sido "juez y parte" en el asunto del movimiento golpista. De más está decir que tal argumento es insostenible, pues si esta es la razón por la que Colindres merece abandonar el TSE, ¿por qué la lucha por su destitución dio inicio en 1996 cuando el intento de derrocar a Umaña data apenas de febrero del año en curso?
Sobra decir que el hecho de que en el TSE haya cabida para las pugnas intestinas del PDC deja mucho que desear de la imparcialidad de ese organismo. El que, a pesar del aval del fiscal electoral a la última Convención Nacional pedecista, el TSE halla ratificado a Ronal Umaña en la secretaría general del partido sembró muchas dudas. Además, el que la obstinación de Umaña en sacar a Colindres del TSE —que más puede atribuirse a un acto de revanchismo que a un deseo genuino de que en ese organismo reine la objetividad— encuentre eco tan fácilmente, sin que el órgano electoral emita ninguna manifestación al respecto, no puede menos que despertar sospechas.
Pero más allá del sesgo hacia los intereses de la derecha que parece predominar en el TSE cuando de resolver los problemas de la Democracia Cristiana se trata, importa ahora señalar la nueva iniciativa de Ronal Umaña: unificar al PDC. Llama la atención que el mismo promotor de la más reciente fractura en ese instituto político quiera impulsar ahora su unificación. Es obvio que se trata de un simple movimiento de conveniencia para el instituto político en este año preelectoral. Y es que difícilmente puede pensarse que Umaña está verdaderamente interesado en lograr la unidad al interior de las filas pedecistas. Su conducta ha puesto de manifiesto que cualquier cosa puede pasar en el PDC y hasta la imagen del partido puede ser sacrificada, siempre y cuando él se mantenga en el cargo que, después de tan vergonzante disputa, logró obtener.
No puede pasar desapercibido el hecho de que, mientras por un lado Umaña hace hasta lo imposible por remover a Eduardo Colindres del TSE y mantiene a los diputados Julio Samayoa y Jorge Barrera inexplicablemente al margen de los lineamientos del instituto político que dirige —ya que éstos fueron aliados suyos en la pugna contra Claramount—, por el otro declare que Horacio Trujillo y demás disidentes pueden volver a formar parte de la Democracia Cristiana. "Yo si creo que es posible unificar al PDC. Es cuestión de trabajo y mucha disciplina" ha asegurado el secretario pedecista. Lo que no especificó es qué entiende exactamente por disciplina; probablemente sea, ante todo, guardar silencio frente a sus desatinos y aceptar que sea él quien tome las decisiones.
Así pues, el secretario general del PDC contradice en los hechos su supuesta pretensión de unificar al partido. Aun sin tomar en cuenta que la Democracia Cristiana en El Salvador se ha caracterizado más por sus crisis y rupturas que por sus aportes a la instauración democrática, pensar que los distintos grupos que conforman a ese instituto político pueden llegar a unificarse realmente es casi un disparate. Para empezar, difícilmente puede Ronal Umaña liderar con autoridad la unificación cuando él no sólo promovió en 1996 la más escandalosa ruptura, sino que, además, fue el actor principal de un nuevo pleito hace pocos meses.
En ese sentido, pensar que el trabajo y la disciplina van a lograr la unidad de ese instituto político es absurdo. Las fracturas entre los democristianos están relacionadas con las distintas concepciones de política que hay entre ellos, con desacuerdos de carácter ideológico, con pugnas de poder, en fin, con cosas que nada tienen que ver con trabajar mucho o disciplinarse. Por otra parte, el llamado a los disidentes a reincorporarse raya en la ceguera, en el cinismo o en ambos. ¿Cómo es que Umaña se siente facultado para proponer a los inconformes que vuelvan, cuando él mismo es la causa de la inconformidad? ¿Cómo es que propone la unificación cuando él mismo es la causa de la disidencia?
En definitiva, todo parece indicar que más que ser un grupo de políticos con ideas comunes, el PDC es sitio de las más crudas enemistades. Así ha sido en el pasado reciente y así continúa siendo en la actualidad. ¿Por qué pensar que eso puede llegar a cambiar ahora, especialmente cuando es evidente que ninguno de los grupos que conforman el partido ha dado muestras de estar dispuesto a ceder frente al otro?
La única unificación posible para el PDC, mientras Ronal Umaña continúe en la Secretaría General, es la que está obligado a guardar en vísperas de la contienda electoral de 1999. Que los "golpistas" decidan plegarse fielmente al mandato de Umaña es bastante improbable; en cambio, no lo es que con él a la cabeza la Democracia Cristiana continúe siendo un apéndice de ARENA, sin terminar nunca de alcanzar una identidad propia. Para lograr una unidad real al interior de las filas pedecistas sería necesario, al menos en principio, dos cosas: primero, que Ronal Umaña estuviera dispuesto a abandonar el cargo que actualmente ostenta, aceptado la decisión de las mayorías partidarias; y, segundo, que todos los que integran el partido, conscientes de la necesidad de abandonar la actitud servil y dependiente frente a ARENA, forjaran una identidad propiamente pedecista.
Durante los últimos meses, los niveles de las tasas de interés han sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores académicos y empresariales del país. Los principales cuestionamientos plantean, en primer lugar, que las tasas de interés activas —cobradas sobre los préstamos— presentan niveles injustificadamente altos y, segundo, que los márgenes de intermediación financiera que perciben los bancos son también demasiado elevados. Frente a esto, representantes del sector financiero se esfuerzan en afirmar que las tasas de interés de El Salvador son de las más bajas de América Latina y que la banca nacional es una de las más eficientes de la región.
Pero lo cierto es que hasta el mismo sector empresarial, al cual la banca pertenece, ha señalado la necesidad de reducir las tasas de interés para estimular un crecimiento más vigoroso de la inversión, la producción y el empleo, tal como lo señaló en su momento la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO). En realidad, el funcionamiento de la banca salvadoreña ha sido objeto de debate y reformas desde su creación a finales del siglo XIX. Curiosamente, muchos de los cuestionamientos formulados hace más de un siglo continúan vigentes, tal como lo revela una breve revisión histórica. Entre 1880 y 1934 los bancos existentes funcionaron de forma relativamente autónoma, otorgando créditos a corto plazo con altas tasas de interés hasta que fueron creados el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario; el primero con la intención de regular la emisión del crédito y el medio circulante, y el segundo para cubrir la demanda de crédito a largo plazo con tasas de interés preferenciales para el sector agropecuario.
De 1934 a 1960 se suscitó una instrumentalización del BCR por parte de los sectores cafetalero, bancario y comercial que luego trató de ser subsanada convirtiéndolo en un ente estatal, regido por la Junta Monetaria, creada en 1973. Pese a estas reformas, el crédito continuaba concentrado en un pequeño grupo de usuarios, lo cual se pretendió revertir, a partir de 1980, con la estatización de la banca. Al final de la década de 1980, los críticos de la nacionalización de la banca señalaban que ésta se encontraba técnicamente quebrada, con indicadores de eficiencia micro y macroeconómica desfavorables, y con el agravante de no haber logrado su objetivo: eliminar la discriminación en la asignación del crédito.
Coincidentemente con los movimientos políticos de principios de la década, la banca fue reprivatizada a partir de 1990 y en la actualidad, además de los elementos señalados al principio, enfrenta una serie de retos relacionados con la concentración de su propiedad en manos de los grandes empresarios tradicionales. En las siguientes líneas se hace un acercamiento a la problemática de las tasas de interés y los márgenes de intermediación financiera, con el propósito de establecer que las peticiones en favor de una reducción de las tasas de interés activas son justificables.
De acuerdo al artículo "Banca Salvadoreña: Eficiencia y tendencia a la baja de tasas de interés", publicado en la revista Unidad Empresarial de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), "la banca salvadoreña está entre las más eficientes, paga una de las mayores tasas reales promedio de interés por los depósitos (tasa pasiva) y cobra una tasa real de interés promedio por los créditos (tasa activa) por debajo de los promedios de los países latinoamericanos, según datos reportados por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), a diciembre de 1997". Según la misma fuente, las tasas de interés activo fueron de 16%, mientras que las de pasivos de 12.7%, lo cual implica que el margen de intermediación, o diferencia entre las tasas activas y pasivas, fue de sólo un 3.3%. Ello cual situaría a El Salvador como el segundo país con menores márgenes de intermediación financiera de Latinoamérica.
Al confrontar los datos anteriores con los provenientes de fuentes nacionales, surgen una serie de interrogantes. En efecto, las tasas de interés cobradas por uno de los dos mayores bancos del país —Cuscatlán y Agrícola Comercial—, muy similares a las cobradas por el resto de bancos, revelan una situación muy diferente. Las tasas de interés a los depósitos difícilmente pueden llegar a superar el 10%; peor aún, la tasa de interés pagada a los depósitos en cuenta de ahorro (que representan cerca de un 30% de los depósitos totales) es de apenas un 4%. Así, una tasa de interés promedio de 12.7% a diciembre de 1997 es un dato difícil de aceptar.
Por otra parte, las tasas de interés cobradas por los préstamos pueden llegar a un mínimo de 6% para la implementación de proyectos de baja rentabilidad relativa (como la reforestación), pero en la práctica estos créditos no son significativos en las operaciones bancarias. En realidad, la menor tasa de interés vigente es de 16% para la compra de viviendas, pero puede llegar hasta un 23% en el caso de los préstamos personales o al consumo, aunque estos últimos tampoco son significativos dentro de las operaciones bancarias. En todo caso, el 16% de tasa de interés que menciona FELABAN correspondería, más que a un promedio, al mínimo que se cobra actualmente.
Si combinamos las cifras anteriores tendríamos que los márgenes de intermediación, al menos para el caso de los bancos señalados, son mucho más altos de lo que plantea FELABAN. Un ahorrante, que a la vez es usuario de préstamos al consumo, está pagando en realidad un astronómico 19% como margen de intermediación, sin considerar comisiones. Por su parte, un empresario podría estar pagando hasta un 6% en el mismo concepto.
Una cifra de margen de intermediación aceptada hasta por el mismo Presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Archie Baldocci, y calculada por el BCR, es de 5.1%, la cual es, a todas luces, mayor que la de 3.3% calculada por FELABAN y no contempla el efecto de las elevadas comisiones que cobra el sistema bancario.
Sin lugar a dudas, es necesario profundizar en el estudio de las tasas de interés promedio, pero una revisión rápida muestra que los datos existentes no reflejan la verdadera situación que enfrentan los usuarios, pues los bancos continúan con la práctica ancestral de prestar a corto plazo y a elevadas tasas de interés. Lo que caracteriza el momento actual es el hecho de que la banca es ahora un sector de poder económico en sí mismo; es decir, no está subordinada a los intereses de ningún otro grupo empresarial, como en el pasado lo estuvo al sector cafetalero. La banca se ha convertido ahora en una de las actividades económicas más dinámicas y rentables, como lo fueran en su momento los cultivos de café o de algodón.
Probablemente debido a lo anterior, la banca nacional parece haber perdido aún más la perspectiva de sus verdaderas funciones, especialmente la relacionada con servir de intermediario para la captación del ahorro y el financiamiento de la inversión. Mayores tasas a los depósitos podrían fomentar el ahorro, mientras que menores tasas a los créditos podrían estimular la inversión. Un criterio para fijar las tasas de interés podría ser alcanzar un margen de intermediación financiera cercano al 3% y no al 5%, como el BCR afirma se encuentra actualmente.
Es imposible negar que el criterio que priva en el funcionamiento de la banca es el del máximo beneficio y no el del fomento de la inversión productiva, aunque no se le puede culpar por ello, pues actúa bajo criterios de empresa privada y no de agencia de desarrollo. Aun así, es innegable la necesidad de que el sistema financiero reduzca significativamente sus tasas de interés y oriente sus créditos hacia el sector productivo si se desea enfilar al país en un proceso de crecimiento económico con estabilidad.
En El Salvador, según la Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga de Centroamérica (ASETCA), en los últimos seis meses de este año, 200 furgones habrían sido asaltados, dejando pérdidas por 72 millones de colones; para el mismo período, fuentes policiales y financieras reportan al menos 30 atracos bancarios, sin que hasta la fecha se haya logrado capturar a algún responsable; para el primer trimestre de 1998, las estadísticas policiales arrojan un total de 1092 vehículos robados y 966 hurtados; entre enero y mayo, únicamente en el Hospital Rosales, se habrían atendido a 452 personas heridas con armas de fuego y a 548 con lesiones de arma blanca...
Ante estas cifras es difícil no coincidir con el Presidente Calderón Sol y con la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa: el combate contra la delincuencia a lo largo de este año no ha rendido frutos. Los asaltos a mano armada no sólo se han multiplicado —y con ello el número de víctimas mortales—, sino que además las bandas organizadas de delincuentes parecen estarse profesionalizando en sus técnicas y procedimientos: los asaltos brutales y descontrolados están dando paso a atracos cuidadosamente planificados, de ello pueden dar fe los banqueros y los empresarios de transporte y comercio.
En lo que no se puede estar de acuerdo con el Presidente es en hacer de la PNC el único responsable de la grave situación delincuencial por la que atraviesa el país. Con ello el mandatario ha acumulado error sobre error: por una parte , deja de lado la necesidad de diseñar un plan integral para combatir la delincuencia (ver Proceso, 811) y, por la otra, propone una vía de solución que, fundamentada en una irreal apreciación de los problemas estructurales de la PNC, hace énfasis en aspectos cuantitativos y no cualitativos, en la dimensión persecutoria de ésta y no en su complementaria: investigación e inteligencia. Lo curioso del caso es que la recriminación presidencial haya encontrado eco en la dirigencia de la PNC.
Quizá con el fin de evitar enfrascarse en una polémica con el Organo Ejecutivo, los altos mandos de la PNC aceptaron con su silencio los señalamientos del mandatario. Y procedieron en consecuencia: si el problema en el cuerpo policial era una falta de voluntad de sus agentes, un adormecimiento generalizado; si en los miembros de la PNC no existía un compromiso serio en el combate de la delincuencia, pese a contar con todos los recursos materiales necesarios (algo a todas luces disparatado e irreal); si la solución implicaba un aumento en la cantidad de los agentes y no en su cualificación (de equipos, técnica o investigativa), lo que debía de hacerse era, pues, aumentar el número de horas de servicio de los agentes y recortar sus períodos de vacaciones, con el fin de asegurar la presencia de un mayor número de policías en las calles y cuarteles de la PNC.
Ciertamente, con estas medidas los directivos del cuerpo policial se han congraciado con el Presidente, pero pagando un alto precio: sacrificar la solidaridad y el respaldo que le deben a sus subordinados. Los resultados de esto apenas se han visto reflejados en los medios de comunicación. A excepción del reportaje de un vespertino —aún no desmentido ni confirmado—, en el cual se afirma que los mandos medios y los agentes de las Subdelegaciones de la PNC de todo el país estarían sopesando la posibilidad de iniciar una huelga como muestra de descontento ante las declaraciones del Presidente y la ampliación de los horarios de trabajo, la prensa escrita parece estar resistiéndose a profundizar en los rumores de que existe un profundo disgusto al interior de la PNC por la situación a la que ha sido sometida en los últimos días.
Ya sea que el descontento generalizado exista o no, la PNC, de la mano de sus propios dirigentes, está adentrándose en un terreno peligroso, en el cual la posibilidad de que los agentes procedan a un paro de labores, por muy extremo que ello pueda parecer, no puede descartarse a priori. Los mandos medios y los agentes de la PNC tienen motivos para sentirse traicionados y abandonados por sus superiores. Estos, ante los señalamientos presidenciales, evadieron manifestar públicamente las deficiencias materiales del cuerpo policial y el costo humano que el combate de la delincuencia ha acarreado (se ha llegado a afirmar que en promedio un policía muere diariamente al enfrentarse con los delincuentes).
Las recientes declaraciones del Subdirector de la PNC, Renzo Martínez, no han de haber servido precisamente para reducir la distancia que paulatinamente está separando a la cúpula directiva de la PNC del resto de la institución. Cuestionado sobre la posible inconformidad que al interior de la PNC ha despertado la imposición de una jornada laboral más larga, Martínez sólo supo responder con desprecio y prepotencia. Para el Subdirector, la inconformidad de los agentes no es algo que deba preocupar, pues "así como vinieron...se pueden ir, nadie es indispensable". Añadiendo en relación a las jornadas extras, "yo puedo decir ‘no sale nadie y punto’, después se le compensa [al agente]...quisiera ofrecer el pago de horas extras, pero posiblemente el presupuesto no alcance".
Así pues, a los agentes de la PNC se les está orillando a una situación desesperada. Además de la presión externa, ahora deben soportar que sus superiores tomen decisiones, más encaminadas a congraciarse con un discurso presidencial alejado de la realidad, que a satisfacer la necesidades que al interior del cuerpo policial está generando la nueva circunstancia. Obviamente, esto implicará que los agentes se vean insertos en un proceso de desmotivación y frustración crecientes. Según todo indica, los directivos de la PNC y el Organo Ejecutivo están dispuestos a alcanzar la ilusoria ubicuidad completa del cuerpo policial a costa del cansancio y el disgusto de sus agentes.
Huelga decir que un policía exhausto por largas jornadas de trabajo y desmotivado por no ser retribuido salarialmente por ello, será un policía en el que muy posiblemente la negligencia o el uso excesivo de la fuerza, entre otras actitudes posibles, primarán sobre el respeto a los derechos humanos y el apego a las normas procedimentales establecidas por la legislación penal. En un empleo en el que arriesgar la vida es algo cotidiano, la motivación subjetiva y salarial es elemento indispensable para el efectivo desempeño, realidad que irresponsablemente está siendo pasada por alto por los mandos superiores de la PNC.
En la lucha contra la delincuencia, como ya se afirmó, se está acumulando error sobre error. La intensa presión a la que se está sometiendo a los agentes de la PNC es sólo el último eslabón en esta cadena de desaciertos. Un desacierto que, por un lado, difícilmente ayudará a frenar el avance de la delincuencia en el país y que, por el otro, abre las puertas para un conflicto de grandes proporciones y de graves consecuencias al interior de la PNC. El Subdirector Martínez es tajante al afirmar que ningún agente es "indispensable" al interior del cuerpo policial, pero ¿qué pasaría si los agentes decidieran por un solo día mostrar la importancia de su presencia con una huelga generalizada? Lo mucho que el Salvador necesita en estos momentos a cada uno de los agentes de la PNC debe obligar a los altos mandos del cuerpo policial y al gobierno a asumir una actitud más serena, realista y, sobre todo, responsable.
En El Salvador de los años 90, los campesinos continúan viviendo en la exclusión social y económica al igual que hace 30 años. Para ese sector de la población, en términos socio-económicos, vale lo que tantas veces los sociólogos señalaron para el campesinado salvadoreño de los años 70 y que se resume en la siguiente frase: marginación económica y social. Sin embargo, no todo es igual al pasado en la vida campesina de los 90. Ante todo, está el fenómeno de la descampesinización de El Salvador, que inició con las migraciones campo-ciudad, forzadas por la conflictividad de los años 70 —migraciones que se habían dado antes, aunque no con el carácter ascendente que tuvieron desde principios de esa década—, continuó con las migraciones desde el campo salvadoreño hacia Centroamérica (principalmente Honduras) durante la guerra civil y encontró su apogeo en las migraciones El Salvador-Estados Unidos a lo largo de la década de los 80, las cuales persisten aún ahora.
Asimismo, en la década de los años 90 asistimos a un fenómeno interesante: la urbanización de la vida campesina. El campo salvadoreño no sólo se ha despoblado significativamente, sino que además muchas de la familias que actualmente lo habitan han mezclado sus patrones de vida campesinos —costumbres religiosas, falta de energía eléctrica y agua potable, viviendas de adobe— con patrones de vida urbanos, alentados estos últimos por los bienes (aparatos estéreos, refrigeradoras, vídeos), los ingresos en dólares provenientes de las remesas de parientes residentes en Estados Unidos (con la modificación de los patrones de consumo que ello hace posible) y los valores surgidos de la interacción de las familias campesinas con sus parientes en el extranjero (modas, aspiraciones de viajar, desapego de la tierra).
Así, en zonas importantes del agro salvadoreño —especialmente en el oriente del país— estamos ante un complejo fenómeno socio-cultural, en el cual patrones de vida campesinos se mezclan con patrones de vida urbanos, dando lugar a situaciones inverosímiles como el que haya familias que, ante la falta de energía eléctrica, utilicen refrigeradoras y congeladores para guardar granos, ropa o dinero. Menos inverosímil es, sin embargo, el impacto de este entrecruce de estilos de vida en la actitud de las familias hacia las actividades agrícolas.
El desapego hacia la tierra y la resistencia a dedicarse a la agricultura son hechos notorios en comunidades tradicionalmente volcadas a la producción de bienes agrícolas, pero que en los últimos 20 años han sido focos de intensas migraciones hacia Estados Unidos, Canadá y Australia. Pobladores rurales de Usulután, San Miguel, La Unión y Morazán (sólo para mencionar a los cuatro departamentos con más flujo migratorio hacia el exterior) o bien han dejado de trabajar la tierra porque dependen de las remesas, o bien han utilizado una parte de las mismas para dedicarse a actividades comerciales y de servicios.
La urbanización de los estilos de vida campesinos se inscribe al interior de un amplio y complejo proceso de urbanización que afecta a todo el país. Los ejes de este proceso son, en primer lugar, el crecimiento físico de las ciudades, con los problemas de hacinamiento, contaminación, criminalidad, saturación de los espacios públicos, aumento del tráfico vehicular y generalizado deterioro ambiental.
En segundo lugar, la expansión de actividades económicas vinculadas a la industria y los servicios, con el impacto que esas ocupaciones tienen no sólo en la configuración del espacio urbano —zonas francas, centros financieros, complejos comerciales—, sino también en la dinámica intrafamiliar, al generar fuentes de empleo para mujeres que, en virtud de su lugar en el mundo del trabajo, rompen —o mantienen una tensión difícil con— los patrones tradicionales de comportamiento atribuidos a la mujer (esposa y ama de casa).
En tercer lugar, la proliferación de las actividades económicas informales (limpiabotas, tenderos, vendedoras del mercado, vendedores ambulantes), que acompañan al crecimiento económico formal, ofreciendo una ocupación a todos aquellos salvadoreños que por su educación, su edad o por la saturación de los puestos de trabajo les es imposible ubicarse en la industria o los servicios.
En cuarto lugar, la agudización de la marginalidad urbana, soportada por todos aquellos salvadoreños —muchos de ellos inmigrantes del campo a la ciudad o miembros de familias urbanas pobres— que no logran ubicarse ni siquiera en el sector informal o que, siendo parte del mismo, ocupan sus peldaños inferiores.
Y, finalmente, cambios en los estilos de vida de los habitantes urbanos: el tiempo (de los negocios y los compromisos laborales); la alimentación (la comida rápida); la comunicación (el teléfono celular, el cable); el vestir (lo que dictan las modas europeas y norteamericanas); las aspiraciones (el éxito profesional y económico); las enfermedades (nerviosas, stress); la diversión (paréntesis entre los compromisos laborales).
En fin, el proceso de urbanización en que se halla inmerso El Salvador de los años 90 está cambiando no sólo el entorno físico y ecológico del país, sino también el estilo de vida de sus habitantes, en especial el de aquellos que viven en las urbes. En las ciudades más importantes, —el caso más emblemático lo constituye San Salvador— los efectos del proceso de urbanización sobre el entorno físico y ecológico —contaminación, criminalidad, inseguridad ciudadana, deterioro de los espacios públicos— alcanzan, en la actualidad, niveles alarmantes, lo cual amenaza tanto la viabilidad económica de las ciudades (inversiones, comercios) como su viabilidad social (espacio de convivencia pacífica y segura entre sus habitantes). A ello se suman las demandas —siempre crecientes— que plantean los salvadoreños que habitan en las ciudades: servicios de alumbrado público, agua potable, teléfonos, recolección de basura y vigilancia en barrios y colonias.
Por lo demás, las autoridades municipales no están en condiciones de responder ni a los problemas físicos y ecológicos generados por el actual proceso de urbanización ni a las demandas de los ciudadanos. Fuertes limitaciones presupuestarias obstaculizan el trabajo de las alcaldías; su trabajo también se ve limitado por esquemas administrativos que no permiten a las administraciones edilicias usar eficientemente los escasos recursos con que cuentan.
De aquí que la situación de las ciudades de El Salvador sea tan alarmante: el deterioro físico y la contaminación no dan señales de detenerse; la inseguridad ciudadana se ve cada día más agudizada; nuevas colonias y barrios van expandiéndose en las zonas verdes; el agua potable se vuelve cada vez más escasa; las tarifas de los servicios públicos se encarecen.... Y los gobiernos locales, con presupuestos escasos y con esquemas administrativos inadecuados, es poco lo que hacen y pueden hacer para buscar soluciones a los problemas de la vida urbana salvadoreña de finales del siglo XX.
El debate sobre si se pueden o no reabrir las investigaciones acerca de los asesinatos de tres monjas y una laica estadounidenses, ocurrido en diciembre de 1980, le ofrece a nuestro país una nueva posibilidad para enfrentar su doloroso pasado reciente e insistir en hacer valer los derechos a la verdad y la justicia, en aras de lograr una sociedad realmente conciliada. Es pues, en todo sentido, una muy buena oportunidad que no se debe desperdiciar ya que la polémica alrededor de esta masacre se ha ido convirtiendo —poco a poco— en el símbolo de las decenas de miles de víctimas ejecutadas en nuestro país, de las otras tantas personas desaparecidas de manera forzada y de aquellas que sufrieron todo tipo de torturas, así como de sus familiares que aún continúan luchando por recomponer sus vidas rotas en pedazos y que intentan cerrar las heridas que todavía siguen abiertas, producto de la perdida de sus seres queridos y de la actitud de una sociedad que —una vez tras otra— decide imponerles el "olvido" sin primero haber aprendido a encarar los hechos, a pedir perdón y a perdonar.
El 9 de junio el Fiscal General de la República anunció que el caso estaba definitivamente cerrado, basando su decisión en el hecho de que había sido calificado técnicamente como un "delito común" y que —con la legislación vigente en relación a la prescripción de la acción penal— no existía posibilidad de introducir nuevas pruebas. Los representantes legales de las familias de las víctimas que reclaman reabrir la investigación del caso, argumentan que existe suficiente evidencia para indicar que los asesinatos cometidos no fueron el resultado de una matanza realizada por un grupo de agentes que actuaron por su propia cuenta —un delito común— sino que el atroz hecho fue parte de un esfuerzo estatal sistemático encaminado a suprimir las voces disidentes.
Si la matanza que nos ocupa fuese calificada como lo que clara y realmente es —un crimen político— nos encontraríamos ante un segundo obstáculo para lograr la reapertura del expediente: la ley de amnistía decretada el 20 de marzo de 1993. Aparentemente, con esta disposición se impidió el castigo para los responsables de este tipo de delitos. Sin embargo, existe un precedente jurídico en el derecho internacional de los derechos humanos, que establece el deber judicial de —al menos— iniciar un nuevo proceso para indagar sobre todo lo sucedido en el caso de las monjas. Aquí se puede y se debe aplicar lo relativo al derecho a la verdad, para el cual no existe ningún tipo de prescripción. Pese a que los hechos sean calificados como delitos comunes o que siendo considerados como políticos sus responsables hayan sido favorecidos por una amnistía, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos la gente tiene la facultad de exigir el conocimiento de toda la verdad sobre determinadas conductas y acciones que le afectaron. Así las cosas, se puede y se debe demandar una nueva investigación de los asesinatos de las religiosas y la laica estadounidenses, que busque determinar la participación de todos los autores materiales e intelectuales, así como los cómplices de los mismos que se encargaron de encubrirlos.
Este derecho a la verdad encuentra su base sólida en las sentencias de los casos "Velásquez Rodriguez" y "Godinez Cruz", emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la demanda presentada ante dicho tribunal por la desaparición forzada de un considerable grupo de personas en Honduras durante la década de los ochenta. La Corte es el órgano de mayor poder dentro del sistema de promoción y protección a los derechos humanos en nuestro continente; su mandato deriva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte signatoria el Estado salvadoreño. Ante ella son presentados diversos casos de violación a los derechos y las libertades fundamentales de las personas reconocidos por la mencionada Convención, ya sea a través de la denuncia realizada por un Estado parte de la Convención o por la vía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En las citadas sentencias —la primera de fecha 29 de julio de 1988 y del 20 de enero de 1989 la segunda— la Corte Interamericana sostuvo que el deber de un Estado de realizar investigaciones serias en casos de violación a los derechos humanos deriva del artículo 1.1. de la Convención Americana, el cual dice: "Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción..." La Corte interpretó este postulado en el sentido de que si un agente estatal —como los guardias nacionales en el caso de las religiosas estadounidenses— comete una violación a los derechos contemplados en el instrumento regional, estará infringiendo lo antes citado; pero también lo hará el Estado que no adopte las medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos contra los derechos humanos.
En las sentencias mencionadas, la Corte Interamericana afirmó lo siguiente: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de las derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a las responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada compensación". Más aún: el contenido del mencionado artículo "implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos."
Reflexionando a partir de esta opinión de la Corte, se puede afirmar que de cara al caso que nos ocupa y en las otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, el Estado salvadoreño está contraviniendo lo establecido en el 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al negarse a desarrollar las investigaciones necesarias para hacer valer el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad.
Merece la pena destacar aquí que la Constitución de El Salvador en su artículo 144 otorga un rango superior de jerarquía a los tratados internacionales ratificados por El Salvador —como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos— cuando éstos entran en conflicto con la legislación interna. Es así que los derechos protegidos dentro del sistema interamericano por la Convención e interpretados por su Corte y su Comisión, se deben sobreponer a las leyes internas de prescripción en este tipo de casos que estorban la posibilidad de investigación, conocimiento y divulgación completa de la verdad.
El Salvador, como firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe adoptar las recomendaciones y decisiones de la Comisión Interamericana y ésta —en su informe anual de 1985-1986 presentado ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos— se pronunció de forma clara en favor del derecho a la verdad, sosteniendo lo siguiente: "Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro."
En la época posterior a la dictadura Argentina, después de que fue elegido Raúl Alfonsín como presidente en 1983, fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Los resultados del trabajo desarrollado sirvieron para llevar ante la justicia a nueve altos oficiales, líderes de las juntas militares que aterrorizaron a la población; cinco de ellos fueron condenados. Tras eso, se aprobaron las leyes conocidas como "Punto Final" y "Obediencia Debida"; ambas fueron denunciadas por diversas institucionales defensoras de los derechos humanos. La primera de ellas fijó una fecha final para entregar demandas por crímenes cometidos durante la llamada "guerra sucia" y la segunda eximió a los militares de su responsabilidad personal por los delitos que cometieron. La Comisión Interamericana emitió una resolución al respeto, pronunciándose también a favor del derecho a la verdad.
La Comisión —en su Informe No. 28-92, Argentina, 2 de octubre de 1992— dijo que "con dichas medidas, se cerró toda posibilidad jurídica de continuar los juicios criminales destinados a comprobar los delitos denunciados, identificar a sus autores, cómplices y encubridores, e imponer las sanciones penales correspondientes. Los funcionarios, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos." Y agregó: "Argentina ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a que se refiere el artículo 8.1., ha vulnerado esos derechos y violado la Convención (Americana de Derechos Humanos)",
La amnistía en El Salvador aprobada en marzo de 1992 y otras amnistías decretadas en distintos países del continente —como las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida"— han sido denunciadas por la Comisión Interamericana, debido a que ésta considera que con ellas se ha violado la Convención Americana. Ello se comprueba, además, en su Informe sobre El Salvador de fecha 24 de septiembre 1992. En el caso de las monjas estadounidenses asesinadas en diciembre de 1980 y la laica que las acompañaba, los derechos protegidos por la Convención están siendo violados cuando no se quiere profundizar las investigaciones que ayuden a establecer la verdad.
Aunque las resoluciones de la Comisión no han tenido como resultado la derogación de amnistías o leyes nacionales por transgredir la Convención Interamericana, sí es posible afirmar que han servido —con cierto éxito— para hacer un llamado de atención en relación al necesario reconocimiento del derecho a la verdad; asimismo, han sido de suma utilidad en el trabajo realizado por parte de distintos grupos sociales y personas individuales en la defensa de los derechos humanos.
Por ejemplo, en 1995 el ex capitán Alfredo Scilingo explicó que muchas de las personas desaparecidas durante la "guerra sucia" fueron drogadas y lanzadas vivas al mar desde aviones militares. A partir de entonces, grupos de derechos humanos reiniciaron la lucha para el establecimiento de la verdad; esta vez intentaron convencer a las cortes argentinas de que era necesario investigar la suerte de todas las personas desaparecidas forzadamente, aun si no se podían imponer castigo a los responsables debido a las leyes antes mencionadas. Basaron sus argumentos específicamente en el derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo que sucedió con sus seres queridos. Sus esfuerzos tuvieron éxito en las cortes de primer instancia; igualmente, la mayoría de la Cámara Federal reconoció tal derecho y ordenó al alto mando militar buscar los medios para profundizar en la obtención de datos; si eso resultaba imposible, se ordenó iniciar una reconstrucción de los registros para esclarecer la suerte de las personas desaparecidos.
Finalmente, en Honduras el Ministerio Público inició un juicio contra varios militares de alto rango por violaciones a los derechos humanos. En enero de 1996, nueve militares entregaron sus respectivas solicitudes de amnistía y la Corte Suprema de Justicia decidió que no podía resolver sobre dichas solicitudes hasta que la investigación de esos casos se hubiese completado. Antes de otorgar la gracia de la amnistía, pues, se deben esclarecer los hechos para ver si éstos caben en los términos de la misma.
El presidente de la República, doctor Armando Calderón Sol, declaró a un periódico estadounidense que cualquier decisión en relación al caso de las religiosas la debía tomar la autoridad judicial competente; que él no iba a hacerlo. El mandatario expresó que debíamos "seguir y construir un futuro... no debemos olvidar, pero debemos perdonar." Y añadió: "Yo sé que para mí es fácil decir esto; va a ser mucho más difícil para las familias (de las víctimas) hacerlo." En esa línea, si al menos se respeta el derecho de las víctimas a conocer la verdad estaremos dando un primer paso para hacerle menos difícil el camino a aquellas personas que han sufrido la violación a sus derechos humanos y que tenido que cargar con el sufrimiento de sus seres queridos, quizás muchos de los cuales ya no se encuentran con ellas.
PNC. El ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, afirmó, el 16.06, que el rendimiento en el combate contra la delincuencia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) ha decaído considerablemente y expresó a los diputados de la Asamblea Legislativa que la capacidad operativa de la institución no es suficiente para el programa anticriminal. La Comisión Legislativa de Seguridad Pública exigió a Barrera, junto al Director y Subdirector de la PNC, Rodrigo Avila y Renzo Martínez, respectivamente, que explicaran las acciones que se están tomando para frenar el alto nivel delincuencial. Barrera manifestó la necesidad de hacer esfuerzos conjuntos para que la institución policial empiece a accionar más acorde con "el difícil momento que vive el país". Agregó que el combate y la prevención delincuencial no es "propiedad exclusiva de la Policía", sino también de otros elementos y entidades públicos, aludiendo al Organo Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la ciudadanía, quienes, según dijo, deben colaborar en forma conjunta. Por su parte, Avila aseguró que la Policía lanzará una fuerte jornada en contra de la delincuencia, que consiste en aumentar los operativos en el campo y la ciudad, protegiendo a las familias salvadoreñas. Asimismo, expresó que el cuerpo de seguridad requiere de mayores recursos financieros para cumplir su labor (LPG 17.06 p.4).
ALCALDIAS. Los 262 consejos municipales del país demandaron, el 16.06, a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que realice una auditoría en las distribuidoras de energía eléctrica, con el propósito de verificar si "coinciden" los cobros con las tarifas que la entidad ha autorizado en el rubro de alumbrado público. Asimismo, los alcaldes, quienes se resisten al incremento en los cobros del servicio eléctrico, anunciaron que probablemente habrá recorte en el número de horas en las que funciona el alumbrado público en algunos municipios del país, como medida para disminuir el gasto de electricidad. El Presidente de los Consejos Departamentales de Alcaldes (CDAs), Jorge Alberto Chinchilla, dijo que los municipios están sufriendo el incremento de las tarifas que se han hecho sentir desde enero pasado, cuando las distribuidoras pasaron a manos del sector privado, a la vez que presentó las pruebas de ello. El día 18.06 se supo que la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa concedió a la SIGET tres semanas de plazo para que ordene a las distribuidoras de energía la inmediata devolución de los cobros excesivos y la realización de dos auditorías en las distribuidoras. De lo contrario, los diputados amenazaron con reformar la Ley de distribuidoras para brindarle mejor protección al usuario (LPG 17.06 p.14 y DH 18.06 p.4).
PROCURADOR. Un nuevo intento para elegir al procurador de derechos humanos fue realizado, el 18.06, sin obtener resultado alguno. Los jefes de fracción y secretarios de partidos que forman la Comisión Política se reunieron ese día sin lograr avances, ya que los nueve partidos representantes en el Congreso se mantienen divididos en dos bloques. Por un lado, ARENA, PDC, PCN, PLD, PD y CD respaldan la candidatura de Luis Domínguez . Por el otro, el FMLN y la USC respaldan a Henry Campos. El bloque encabezado por ARENA aseguró que el bloque opositor se resiste a apoyar a Domínguez por considerar que tiene "intereses políticos" en Henry Campos. Esta afirmación fue rechazada por representantes del FMLN, quienes además afirmaron que sólo votarán por aquella persona que cumpla con los requisitos que la Constitución demanda. Nidia Díaz, del Frente, explicó que su partido no apoya a Domínguez por tener procesos judiciales pendientes y por desconocer las funciones del Procurador. Por su parte, el secretario General del PDC, Ronal Umaña, expresó: "queremos que el pueblo sepa quiénes son los que están deteniendo la elección y quiénes somos los partidos que estamos a favor de encontrar una solución, y que no se siga criticando a la Asamblea como institución" (DH 19.06 p.8 y LPG 19.06 p.5).
