Año 19
número 813
julio 1
1988
ISSN 0259-9864
Editorial El gobierno y la empresa privada ante la violencia
Economía Zonas francas e industria nacional
Sociedad ¿Libertad de expresión en El Salvador?
Sociedad La visión del homosexualismo en El Salvador
Sociedad Cortinas de humo sobre el lago de Ilopango
Derechos Humanos Una propuesta
El gobierno y la empresa privada ante la violencia
Hasta hace unos meses atrás, referirse públicamente al problema de la violencia en El Salvador no era bien visto en los círculos de poder económico y político. Dar cifras sobre su magnitud y costos, insistir en los factores sociales y económicos que la posibilitan, proponer políticas para su prevención y control... todo ello no generaba más que malestar en los grupos de poder, sobre todo si los aportes investigativos provenían de instituciones consideradas por el gobierno de ARENA y los grandes empresarios como demasiado críticas con sus prácticas políticas y económicas. Poner sobre la mesa de discusión datos que fehacientemente revelaran que el país es, en la postguerra, uno de los más violentos en América Latina, no podía sino ser leído como una campaña contra la "buena imagen" de El Salvador en el extranjero, por las repercusiones negativas que ello traería sobre la inversión y el turismo.
Aunque es abrumadora la evidencia de que la sociedad salvadoreña está envuelta en una compleja red de prácticas violentas —violencia intrafamiliar, crimen organizado, delincuencia común, pandillas juveniles, etc.—, hasta hace poco los círculos de poder del país parecían ignorar su existencia. Ante la gravedad de la situación, como el avestruz, preferían enterrar la cabeza, para así no tener que habérselas con un problema que exige, para ser tratado como es debido, ser conocido en sus diversos factores generadores y propagadores. En otras palabras, hacer frente al problema de la violencia supone aceptar y reconocer que la sociedad salvadoreña de la postguerra está envuelta en una maraña de prácticas y comportamientos violentos, dejando de lado si esa aceptación y reconocimiento afectan los intereses políticos y económicos de determinados sectores del país. Es indudable que esos intereses han pesado sobremanera a la hora de darle la importancia merecida a la problemática de la violencia. Son esos intereses los que en buena medida explican el sensible retraso con el cual las élites de poder han reaccionado ante una situación que viene siendo insostenible prácticamente desde 1992.
Sin embargo, en las últimas semanas la opinión pública nacional ha sido testigo de un giro inusitado: por un lado, el gobierno de ARENA acepta sin empacho que los niveles de violencia en El Salvador son alarmantes y que, en consecuencia, es necesario que las autoridades se empleen a fondo para hacer frente a la problemática; por el otro, la empresa privada, a través de la ANEP, no sólo ha manifestado su preocupación por la ola de secuestros y robos que ha afectado a varios de sus miembros, sino que ha clamado por la revisión de la nueva normativa penal, la cual en opinión de la gremial propende a favorecer a los delincuentes..
Hasta hace unas semanas, tanto el Gobierno de la República como la ANEP no habían asumido el tema de la violencia como un problema de primera magnitud. Razones distintas los han obligado a un cambio de actitud. Ante todo, para el gobierno se había vuelto políticamente incómodo el estar insistiendo en los logros de la postguerra, especialmente en aquellos que apuntaban a la convivencia pacífica entre los salvadoreños, cuando los medios de comunicación informaban a diario de los más brutales hechos de violencia e instituciones como la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" revelaban cifras que presentaban al país como uno de los más violentos de América Latina.
Esto último, sobre todo, se volvió difícil de manejar para la administración de Armando Calderón Sol, puesto que la investigación de la UCA sobre la violencia no sólo tiene sólidos fundamentos analíticos y empíricos, sino que su divulgación tanto al interior del país como fuera del mismo fue inevitable. Al gobierno solo le quedaban dos opciones: rechazar activamente los resultados de la investigación universitaria o aceptar los desafíos que le planteaban los hallazgos de la misma. Por absurdo que parezca, fue la primera opción la que se impuso y la que dominó durante varios meses el posicionamiento del gobierno ante el tema de la violencia. En el giro de las últimas semanas, la administración Calderón Sol ha vuelto sobre sus pasos, aceptando públicamente algo que era ya sabido por amplios sectores políticos y académicos: que la violencia constituye un problema nacional de primera importancia. Con ello, el gobierno, tardíamente, se ha puesto más a tono con la realidad del país, aunque para ello ha tenido que asumir en su discurso sobre la violencia elementos —aquellos que ponen en entredicho la "buena imagen" del país en el extranjero— antes denostados por él y sus asesores cercanos.
La ANEP ha vuelto la vista hacia el tema de la violencia en tanto que la misma ha afectado directamente a varios de los empresarios miembros de la gremial. La preocupación empresarial, pues, no obedece primordialmente a un compromiso con la marcha de la nación, sino que responde más al interés inmediato de los empresarios por resguardar sus integridad personal y sus bienes, actualmente en la mira del crimen organizado. Ciertamente, el que la ANEP haya introducido en su agenda de discusiones con el gobierno el tema de la violencia es un avance respecto al pasado reciente, en el cual la gremial no parecía dar la debida relevancia al problema. Sin embargo, el modo como la ANEP ha asumido el problema tiene sus inconvenientes, entre los cuales sobresalen dos: a) focalizar el debate sobre la violencia exclusivamente en aquellos tópicos vinculados a los asaltos y secuestros, obviando las demás dimensiones del fenómeno cuyo tratamiento y erradicación requieren del apoyo decidido de la empresa privada; y b) insistir en medidas de fuerza para combatir la criminalidad, en un afán de obtener resultados espectaculares en el corto plazo, sin prestar la debida atención a otros factores de prevención y control no necesariamente coercitivos.
Como quiera que sea, la UCA abrió brecha al tema de la violencia; ahora el gobierno y la ANEP lo han incorporado en sus respectivas agendas. Resta por esperar un trabajo conjunto y coordinado entre las tres instancias para seguir avanzando en la comprensión analítica y el tratamiento práctico del problema.
Desde la década de 1970, la instalación de zonas francas ha sido una política prioritaria del gobierno en materia de fomento de la actividad industrial. Primero con la instalación de la zona franca de San Bartolo y luego con el surgimiento de una veintena más —la mayoría de ellas durante la década de 1990— se ha tratado de estimular la inversión extranjera en empresas dedicadas al ensamblaje de bienes destinados casi exclusivamente para la exportación. Estas empresas están totalmente exentas de impuestos y, para finales de la década de 1990, se dedican en su mayoría al ensamblaje de prendas de vestir para el mercado estadounidense.
Esta actividad, conocida como "maquila", ha desplazado a los sectores industriales tradicionales y a las agroexportaciones como principales generadores de producción y exportaciones. Entre 1992 y 1996, el valor de la producción de la industria maquilera se triplicó, mientras que para 1997 representó un 44% de las exportaciones totales.
Es probablemente frente a esta bonanza que el gobierno ha propuesto una reforma a la ley de zonas francas para crear condiciones aún más favorables para la inversión internacional en maquila. Uno de los aspectos que más llaman la atención sobre la citada propuesta de ley es que pretende incrementar el porcentaje de la producción de las maquilas que puede ser comercializado en el país. Adicionalmente, se estaría proponiendo derogar la exención de impuestos a las empresas instaladas en zonas francas. Por lo anterior, resulta de interés revisar cuál es la participación de la maquila en la economía y cuáles podrían ser las implicaciones de la reforma a la ley de zonas francas sobre las empresas industriales nacionales, especialmente de la rama textil.
La importancia económica de la maquila puede evaluarse notando su participación en variables tales como la producción, el empleo, las exportaciones y las importaciones. Debido a la creciente importancia económica de ese tipo de actividad, desde hace cinco años el Banco Central de Reserva (BCR) ofrece cifras desagregadas para el sector. Según estas, la maquila se habría convertido en 1997 en el sector más importante de la industria manufacturera, llegando a representar un 9.3% de la producción del sector, con lo que superaría levemente a los productos de molinería y panadería que representaron un 9.2%. Este dato no deja se ser relevante, sobre todo cuando se considera que, para 1993, los productos de panadería y molinería representaron un 9.4% de la producción industrial, mientras que la maquila representó apenas un 4.6%. Asimismo, las tasas de crecimiento de su producción han estado muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB, e incluso de los sectores nacionales más dinámicos. En los últimos años, el sector ha crecido a tasas tan altas como 27% en 1994, 35% en 1995, 12% en 1996 y 30% en 1997.
Por otra parte, el empleo generado por la maquila, ascendería a 35,370 puestos de trabajo, de acuerdo al Viceministro de Comercio e Industria, Rolando Alvarenga. Así, en relación al total de empleados de la industria, aquélla representaría aproximadamente un 3.2% del total de ocupados y un 12.6% de los ocupados en la industria. Cabe destacar aquí que uno de las rasgos más característicos, y a la vez cuestionables, de la maquila es que esta paga a la mayoría de sus trabajadores el salario mínimo, el cual, aunque es legal, está por debajo de los valores que definen la pobreza extrema. Esto, sumado al hecho de que el valor agregado en esa industria es muy superior a su consumo intermedio y a que es una actividad exenta de impuestos, implica que existen altos porcentajes de utilidades para los inversionistas.
Otros efectos de consideración en lo que respecta a la maquila son sus efectos sobre el sector externo, pues su actividad tiene implicaciones tanto sobre las exportaciones como sobre las importaciones. En efecto, para 1997, la misma generó exportaciones por un monto total de 9,247 millones de colones, pero al mismo tiempo efectuó importaciones por un monto de 6,699.875 millones de colones. Consecuentemente, el saldo del comercio exterior de la maquila fue positivo y llegó a los 2,547.125 millones de colones, con lo cual se evitó que el déficit en la balanza comercial fuera un 22% mayor de lo que fue.
Este escenario da significado a la nueva propuesta de ley de zonas francas presentado por el gobierno. Esta ley permitiría que las empresas maquiladoras vendan hasta un 100% de su producción en El Salvador y amplíen sus acciones hasta las fases de acopio y almacenamiento, empaque, reempaque, distribución y redistribución del producto. Con esto, según afirma el Viceministro de Comercio e Industria, se podría elevar el empleo en el sector de la maquila desde 35,370 puestos de trabajo hasta los 129,217 en el mediano plazo. Según el Viceministro, en Honduras la aprobación de la venta a nivel nacional y otros incentivos habrían permitido la creación de 120,000 puestos de trabajo.
Frente a esta posibilidad, el Director Ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de la Industria (ASI) Jorge Arriaza, expresó que la venta a nivel nacional de los bienes producidos en las maquilas es una medida "anti-industria nacional porque se competiría en forma desigual". Según Arriaza, el proyecto de ley debería ser revisado, pues es necesario introducir medidas graduales para evitar la desaparición de empresas nacionales que producen con mayores costos que las empresas de maquila.
Esta polémica vuelve pertinente traer a cuenta un aspecto de los procesos de liberalización económica que amenazan con volverse en contra de sus propios impulsores, es decir, los miembros de la empresa privada. No está probada la incapacidad de la industria nacional para adaptarse a las implicaciones de la apertura de los mercados. En el país el sector industrial funciona bajo normas operativas obsoletas que elevan considerablemente sus costos y la incapacitan casi totalmente para competir exitosamente en un contexto de apertura de mercados.
Tal como lo señaló el experto en competitividad, Michael Porter, en El Salvador el sector empresarial se ha acostumbrado a acaparar mercados cerrados y a quejarse constantemente cada vez que el gobierno opta por crear leyes o tomar medidas regulatorias. Literalmente, habría señalado que "todo se va en quejarse y en ver quién tiene un mejor insulto para el gobierno".
Debe señalarse, empero, que aunque el aporte de la maquila a la economía nacional es apreciable, ello no justifica que el gobierno adopte medidas que busquen estimular esta actividad a costa de las empresas nacionales, por ineficientes que estas sean. Antes de ello, es preferible invertir más tiempo y recursos en la búsqueda de estrategias que efectivamente se traduzcan en mejoras de la competitividad de la industria nacional. Debido a lo anterior, resulta de importancia que el gobierno asuma un papel más decidido en el fomento de la competitividad, pues de lo contrario, y de continuar las tendencias hacia la liberalización de la economía, se verían amenazadas no sólo la industria textil, sino también todas las ramas productivas.
Desde que se cumplió el cuarto año de la gestión del Presidente Armando Calderón Sol, en junio pasado, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia inició una intensa campaña publicitaria bajo el lema de "Nuestro Nuevo El Salvador". La idea era divulgar los supuestos logros alcanzados por Calderón Sol luego de cuatro años en la Presidencia, en una especie de resumen por áreas de su discurso alusivo, comparando la situación del país en 1994 con la de la actualidad. Entre los puntos que se difundieron durante esta campaña destacan: la reconstrucción de la infraestructura dañada durante el conflicto armado, la modernización de los servicios públicos, el fortalecimiento de la democracia, del pluralismo, de la representatividad política y de la institucionalidad, y el goce de libertades individuales.
Este último punto llama particularmente la atención. En su discurso, el Presidente asegura sin mucha reserva que se han creado las condiciones para que se dé un clima de "respeto absoluto de ideas", con lo cual se habría logrado, en primer lugar, el fomento de un "periodismo absolutamente libre" y, en segundo lugar, el "desarrollo de un saludable proceso de discusión de distintos aspectos de interés general". No cabe duda de que el absolutismo presente en las palabras de Calderón Sol dice mucho no sólo de la visión parcializada que maneja de la realidad nacional, sino también de sus claras intensiones de ignorar aquellos hechos que fácilmente pueden objetar tales afirmaciones. Pero lo que resulta aún más curioso es la mención directa que se hace de la situación del periodismo nacional como uno de los principales favorecidos durante su período presidencial.
Puede que la necesidad de sustentar la afirmación de que el país es ahora más participativo de lo que era hace cuatro años, sobre la base de ese respeto a la expresión de ideas, sea un motivo de peso para referirse al periodismo en los términos en los que el Presidente lo hizo, pero con ello corre el riesgo de establecer relaciones en extremo aventuradas entre ambos aspectos. Más bien, puede que detrás de las palabras de Calderón Sol exista la intensión de aprovechar para sí el hecho de que en nuestro país las tensiones gobierno-prensa no han llegado a grados de confrontación como los que se han dado en Guatemala, Honduras y Nicaragua. De ser así, queda mucha tela que cortar al respecto como para que el gobierno reflexione antes de utilizar como logro el referido respeto a la libre expresión, puesto que nuestra situación no difiere mucho de la de los otros países.
En primer lugar, no hay que olvidar que la relación entre los medios de difusión y el actual gobierno no se ha desarrollado en medio del respeto y la transparencia, dos de los requisitos mínimos para hablar de un periodismo libre de obstáculos estatales. La negligencia mostrada por el mandatario al negarse a aportar información sobre temas que cuestionan su trabajo ha sido una realidad cotidiana para los periodistas. Las evasivas tampoco han faltado durante las conferencias de prensa o en las pocas entrevistas que ha permitido que se le hagan. Es más, el Presidente debió mencionar en su discurso que durante sus cuatro años de gestión no ha concedido entrevistas abiertas, y que no fue hasta que se produjo este publicitado aniversario que se abrió a la prensa, y aun así no demostró haber superado su característica imprecisión en las declaraciones que suele brindar a los medios.
Por otro lado, hay que recordar la memorable paliza que recibieron algunos camarógrafos cuando intentaron cubrir el proceso judicial de los acusados del fraude FINSEPRO-INSEPRO. Este hecho puso de manifiesto que, en ese momento, era más importante proteger la imagen de un representante de la estirpe arenera, que ofrecer a la población la verdad de los hechos. No sería extraño, pues, que detrás de los nerviosos bastones que mantuvieron a raya a los periodistas hubieran órdenes precisas de impedir la difusión de cualquier tipo de información que comprometiera demasiado al partido oficial. Desde una correcta evaluación del poder de las imágenes en la conciencia de las personas, esta decisión estaba más que justificada en función del interés de los sectores influyentes en mantener limpio su prestigio.
Ahora bien, si lo que se pretende es establecer una relación directa entre la participación y la libertad de prensa, la campaña gubernamental no podría estar más errada. El hecho de que exista una actividad periodística donde las tensiones con el gobierno no sean evidentes, no implica que la participación se produzca en los niveles que el Presidente Calderón Sol pretende dar por reales en su discurso. En este sentido, el alabado "proceso de discusión de distintos aspectos de interés general" pierde toda su validez, y no puede tener lugar más que en un discurso de corte idealista, donde la situación nacional puede ser fácilmente falseada por las aspiraciones presidenciales de resaltar el respeto de la opinión pública.
Igualmente, ahí donde la participación ciudadana debería fortalecerse, es donde la actual administración simplemente no ha hecho nada significativo. La evidente oposición que el gobierno arenero demostró frente a la posibilidad de recurrir a plebiscitos o consultas ante actividades que pusieran en riesgo la ecología es una muestra de ello. Añadamos a esto la marcada práctica de exclusión que exhibe el gobierno a la hora de hacer convocatorias para discutir temas de importancia nacional, tal y como sucedió en el reciente foro sobre "Violencia en Centroamérica y el Caribe" efectuado en nuestro país. Finalmente, la camaradería que ha caracterizado la labor de los medios informativos hacia los gobiernos de turno y el escaso desarrollo de una línea de periodismo independiente en nuestro país también pueden constituir una razón para aprovechar la noción de "libertad de prensa".
Desde esta perspectiva sí es posible, más no acertado, hablar de un libre ejercicio del periodismo, puesto que este muy pocas veces ha fastidiado a las autoridades con sus investigaciones. De hecho, la misma historia ha demostrado que quien no se somete a esa "amistad" se ve condenado a la bancarrota o a la marginación, cuando la empresa privada aparece como gendarme de los intereses económicos representados por el gobierno. En consecuencia, si el presidente pretende hablar de libertad de expresión debería empezar a trabajar en contra de la facilidad con que la cobertura de información se puede detener en base a componendas entre sectores de poder y los intereses de un monopolio encubierto de empresas periodísticas que se apoyan en la "exclusividad de derechos" para desbaratar toda competencia, con la consiguiente exclusión de la opinión de grandes porciones de la población. El gobierno, pues, debería fomentar los espacios de información y participación que le permitan a aquélla enterarse a profundidad de lo que acontece a su alrededor para poder opinar con propiedad sobre los temas de interés nacional.
Prostitución, pornografía infantil, violaciones sexuales y homosexualismo son aspectos de la realidad social que tienen puntos importantes en común. En primer lugar, son temas ligados, de una forma u otra, al sexo. Aquel sexo que no es el tradicional, que no es el practicado por la "gente normal". En segundo lugar, derivado directamente del primero, son actos altamente rechazados por la sociedad, precisamente por ser el sexo "anormal" un tema tan controversial y de curiosidad pública. En este sentido, actos delictivos y bárbaros como abusar sexualmente de una persona u obligar a un niño a realizar acciones propias de los adultos, son legítimamente penados por la ley. Esos hechos brutales, en los que impera el abuso de poder, en los que una de las partes saldrá perjudicada física y psicológicamente, y en los cuales los derechos humanos son pisoteados, no merecen más que el castigo y el repudio de la ley y la sociedad.
Sin embargo, una cosa es repudiar prácticas sexuales delictivas y otra muy distinta rechazar (o demonizar) a individuos o grupos cuya preferencia sexual es considerada como "anormal". Erróneamente, el homosexualismo no sólo se identifica en muchas ocasiones con el SIDA, sino que se interpreta como una degeneración moral, una perversión de los sentidos o una enfermedad psicológica, todo lo cual lleva a percibir a los homosexuales como una lacra social, a la cual es legítimo tratar con el peor desprecio. Se obvia que esos y otros males no son exclusivos de los homosexuales, que afectan, más de lo que cualquiera pueda imaginar, a los más castos y puros, a los que llevan una vida "normal". En una gran mayoría de casos, los desequilibrios mentales y muchas patologías venéreas no se asocian con las tendencias (o preferencias) sexuales de los sujetos que los padecen. En el caso de los contagios de SIDA, la variable educativa juega un papel mucho más relevante que si los infectados con el virus son homosexuales o heterosexuales.
La discriminación contra los homosexuales y las lesbianas es inocultable en nuestra sociedad; la misma incluso ha llegado a un punto en el que las vidas de las personas con esas preferencias sexuales peligran. El último fin de semana de junio, varios homosexuales marcharon por las calles de San Salvador en protesta por la muerte de algunos de sus compañeros. Los datos son elocuentes: en los últimos meses, más de cinco gays fueron asesinados, mientras que otros fueron golpeados, presuntamente, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La información sobre la violencia de la que son víctimas los homosexuales no es nueva, aunque no se tanga claridad sobre los responsables de ello. La misteriosa ola de asesinatos en sus filas mantiene en alerta a este grupo, que además tiene que enfrentar discriminación, burla y golpizas. Una peligrosa "homofobia" se está apoderando de individuos intolerantes que se sienten no sólo con el derecho a fiscalizar las preferencias sexuales, sino también de eliminar a aquellos que tienen preferencias sexuales distintas a las suyas. Es bastante absurdo privar a una persona de la vida por considerar que traspasa los límites de la moral y el pudor, cuando no hay nada más inmoral y enfermizo que sentirse con el derecho de perdonar o quitar vidas según venga en gana.
Curiosamente, esta importante marcha, protagonizada por uno de los tantos grupos discriminados del país, fue prácticamente desconocida, pues los medios de comunicación poco o nada dijeron sobre ella. En este pequeño detalle se puede apreciar la poca importancia que para los medios tiene defender los derechos de este grupo social. En general, el tema del homosexualismo es poco cubierto por los medios y, cuando es tratado, lo es de una forma amarillista, escandalosa y exageradamente relacionada a prejuicios y connotaciones de inmoralidad y/o enfermedad. Así pues, hay que descartar de antemano el apoyo de los medios al movimiento homosexual del país; el sensacionalismo y el moralismo se los impide.
El caso de los homosexuales es más difícil de tratar que el de las lesbianas, pues la represión que sobre ellos se ejerce es más dura por ser esta una cultura machista. Las madres, padres, hermanos y todas aquellas personas cercanas se encargan de hacerles ver que "es una vergüenza para ellos" el tener un homosexual dentro de la familia. Este es el primer nivel de discriminación al que se tienen que enfrentar, luego sigue el de los centros de educación, los trabajos, las calles, las iglesias etc... Todo ello se confirma al saber que todos los gays asesinados eran hombres. El repudio hacia los miembros de esta comunidad se debe a que son vistos como "una especie de adicción parecida al alcohol o el juego" que hay que superar; como un "estilo de vida pecaminoso"; como una "anomalía cuyas raíces deben ser investigadas"; como "el resultado de un trauma de la infancia", etc. (citas de varios tratados sobre homosexualidad). Pocos países consideran esta forma de vida como una variante más de la sexualidad de la que no hay que sentirse culpables.
Aceptar la existencia de los gays y las lesbianas implica tomar en cuenta que los géneros masculinos y femeninos han surgido de una convención social. Esto quiere decir que han sido el resultado del concierto entre dos o más personas o entidades, en base a la conveniencia, conformidad, precedentes o costumbres de un determinado grupo. La homosexualidad es otro tipo de género que no se ha establecido en la sociedad. Distinto el caso de los sexos masculino y femenino, porque éstos son condiciones biológicas y anatómicas que diferencian al uno del otro y que en conjunto cumplen la función de la procreación. Sin embargo, el que hombre y mujer se correspondan fisiológicamente hablando, no quiere decir que siempre puedan corresponderse en todos los demás aspectos, como la espiritualidad, la cercanía, la comprensión mutua, el amor, etc. A veces, las diferencias entre homo y heterosexuales son menores que las que existen entre hombres y mujeres. En otras palabras, una persona, del sexo que sea, puede tener preferencias por personas de el mismo sexo o no. Esto no la hace, o no debería hacerla, anormal. Simplemente se trata de que, por limitantes socioculturales, no es compatible con ninguno de los dos géneros existentes. Sin embargo, la vida de los hombres y mujeres gays, a grandes rasgos, tiene las mismas características que la de los heterosexuales. La vida cotidiana es la misma al margen de la inclinación sexual.
El problema se encuentra precisamente ahí. La sociedad relaciona a los gays únicamente con sus prácticas sexuales, que seguramente existe en la mayoría de casos, pero que no es su primordial razón de ser. El morbo y la curiosidad de la gente no permite tener una visión real de lo que es ser homosexual. La corta categoría binaria de los sexos no permite aceptar que hay otro género. Otro género que es minoría en relación a los dos aceptados, pero que en su conjunto abarca todas las nacionalidades, edades, categorías sociales y formas de personalidad. En El Salvador, este grupo está bastante mal parado, no cuenta con otro apoyo más que el propio. Pero es admirable la forma en que se han organizado pacíficamente, aquí y en todo el mundo, para defender sus derechos y para tratar de hacer valer su punto de vista.
En El Salvador, el 90% del agua superficial de ríos, lagunas y lagos está contaminada por desechos domésticos, agrícolas e industriales. El agua es el recurso natural que sufre mayor impacto ambiental en nuestro país; su lago más grande, no escapa a ese peligro. Y lo peor: los que supuestamente luchan por su saneamiento al mismo tiempo son aliados firmes de los empresarios que lo contaminan.
Cerca del lago de Ilopango hay una zona industrial que tira sus aguas luego de utilizarlas para hacer jabones, pinturas, telas y otros productos, sin importarle que vayan a dar a ríos, lagos, quebradas y alcantarillas. Algo que parecieran ignorar los "amigos" del lago. Este, en efecto, tiene unos "amigos" preocupados por detener su deterioro ambiental y conservarlo: la fundación "Amigos del Lago de Ilopango", que nació en octubre de 1993. Esta fundación es una Organización No Gubernamental (ONG) que surgió por la preocupación de un grupo de empresarios sobre las condiciones de ese "espejo de agua". Así lo expresa la bióloga Jeanneth Henández, quien también afirma que "la contaminación en el lago es más causa de desechos domésticos como la basura, las aguas negras que llegan al lago e incluso por su propio origen volcánico, que por desechos industriales". Señala además que, aunque la contaminación industrial es más difícil de eliminar, "no considera que este sea el caso del Lago de Ilopango".
El lago se formó como resultado de la erupción del volcán Xilotepec en 1880. Está ubicado a orillas de tres departamentos: La Paz, Cuscatlán y San Salvador. Tiene una extensión de 72 Kms. cuadrados y su cuenca una profundidad de 260 mts. Contiene una gran masa de agua sucia. Alrededor hay un crematorio de basura, riachuelos con aguas residuales y negras de las comunidades, y desechos industriales que corren hasta las riberas del lago.
El censo del Ministerio de Salud sobre industrias contaminantes señala que en el municipio de Ilopango la mayor parte de fábricas —salvo alguna excepciones, como es el caso de la empresa Industrias Unidas S.A. (IUSA), la cual cuenta con una moderna planta de tratamiento en la que invirtió 1.8 millones de dólares— no dan tratamiento a sus aguas y así las vierten al lago. Pero incluso las medidas tomadas por IUSA no sirven de mucho. Análisis realizados a dos muestras, extraídas de las tuberías de la empresa en el laboratorio de química de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), revelan la presencia de químicos como el plomo, cadmio y cromo en cantidades tan altas que exceden los límites establecidos como "normales" para las aguas.
A la primera muestra extraída con colorantes sólo se le examinó el cromo, pero era tan alto el nivel de éste en aquélla que resultó imposible medirlo, aun diluyéndolo con agua. A la segunda, que no tenía colorantes, sí se le pudo hacer un examen más completo. Este reveló altos contenidos de plomo y cadmio en comparación a lo "normal" (ver cuadro). El jefe de mantenimiento de IUSA, Luis Humberto Guidos, señaló que "sí se está tirando el agua tal como sale luego de usarla, no está siendo tratada" porque sólo funciona la mitad de la planta". "El agua que usa para lavar la tela en el proceso más orgánico sí se trata antes de salir por las tuberías y se obtiene una calidad que supera los niveles permisibles para no contaminar", comentó. La opinión de Guidos ha sido desmentida por los análisis hechos en el laboratorio, pues la muestra obtenida sin colorantes resultó con alto grado de contaminación.
Por otra parte, el jefe de mantenimiento de la empresa insistió en que la política de la empresa es "minimizar al máximo la contaminación", pues se tiene una conciencia ecológica, la cual motivó la millonario inversión ya mencionada. Por supuesto que con ello se "evitan" pagar cinco mil colones mensuales, como otras empresas, en multas por contaminar. Además, el voceo de IUSA insistió en que tampoco están contaminando el lago, porque "el agua se filtra en la tierra antes de llegar". A ello añadió que, en junio de este año, la planta de tratamiento estará funcionando al "cien por ciento".
Cabe mencionar que IUSA es una industria textil que utiliza colorantes químicos para teñir sus telas. Las aguas desechadas son vertidas, a través de unas tuberías, a una quebrada en la lotificación Vista al Lago, en Ilopango. El agua que sale de esa quebrada a veces es azul, otras roja y con mucha espuma. Los pobladores del cantón Changayo, cercano a la zona, afirman que siempre pasa así y en invierno el agua contaminada llega hasta el río Jutera, que luego va directo al lago.
Si los desechos de una empresa con "plan de tratamiento" son altamente contaminantes, qué decir de los de otras industrias que no tratan sus aguas. Luego de usarlas, las tiran indiscriminadamente a ríos, quebradas o alcantarillas, como es el caso de Industrias Textiles Cuscatlán S.A. Después, van a salir junto a las aguas negras. Lo paradójico es que para los "Amigos del Lago de Ilopango" se trata de un problema de contaminación solamente por desechos domésticos, olvidando que en las aguas negras también van las aguas tóxicas de las industrias.
Otras empresas, como Rayones de El Salvador y Speciality Products S.A., tampoco tienen planes de tratamiento de sus residuos industriales y dejan salir los desechos a las aguas lluvias (que se evacuan junto con las aguas negras) o a las quebradas. Sherwin Williams, que produce pinturas, dice que no tiene vertidos, porque recicla sus aguas para volverlas a usar. Sin embargo, una inspección de la Unidad Especializada del Agua (UEDA), de ANDA, comprobó que sí hay vertidos por parte de esta empresa.
Consecuencias de la contaminación
La contaminación química pone en peligro a los pobladores cercanos al lago, que constituyen entre el 5% y 10% de la población del país; amenaza además la conservación del lago: la vida acuática de especies que habitan en él, como el "guapote tigre", especie exótica que domina la población total de peces, y satisface la mayor parte de la actividad pesquera de la zona. Asimismo, la flora y fauna del lugar pierden el oxígeno que necesitan para vivir. Según Olga Esquivel, ingeniera química de la UCA, los mantos acuíferos de los que las verduras y hortalizas se alimentan, se contaminan, lo cual perjudica indirectamente la salud de los seres humanos.
Por su parte, el médico Carlos Henríquez, del Hospital Quirúrgico del Seguro Social, señala que "aun en pequeñas cantidades (la contaminación) afecta el organismo y las consecuencias se ven a largo plazo porque al no saber que hay un problema, se va acumulando y ahí surgen las enfermedades", cuyas manifestaciones son náuseas, vómitos y debilidad, así como dermatitis crónica con manchas rojas y picazón.
Diversidad de leyes, ¿todas o ninguna?
En un informe de la evaluación ambiental del CESTA, del primer trimestre de 1996, se habla de la impunidad por parte de una serie de industrias y agroindustrias que no vacilan en arrojar sus desechos a los ríos convirtiéndolos en "cloacas". Aunque el Código de Salud establece en el artículo 67 que "se prohibe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negras y cernidas en acequias, arenales, barrancas, río, lagos a menos que el Ministerio (de Salud) conceda permiso especial para ello", a las industrias se les otorgan los permisos aun cuando no tratan adecuadamente sus aguas. Para el Procurador Adjunto del Medio Ambiente, Carlos Cañas, "el código de salud tiene una regulación, pero el problema es que no se ha transformado en un reglamento, por ahora está muy general y no hay categorías". Y no sólo eso: no existe una institución estatal que esté monitoreando la contaminación en el Lago de Ilopango.
Todos confían en los "amigos" del lago de Ilopango
La única institución que realiza estudios acerca del deterioro ambiental del lago es la fundación "Amigos del Lago de Ilopango"; por eso, entidades ecológicas como la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) y el Centro de Tecnología Apropiada (CESTA) reconocen a los "Amigos" como fuente de información. Según la bióloga del CESTA Elizabeth González, el Centro basa sus informes en los datos que le proporciona la fundación por falta de fondos económicos para hacer sus propios estudios.
Mientras tanto, los "Amigos del Lago de Ilopango" hacen estudios para medir la cantidad de lluvia, evaporación, el tipo de algas e ignoran la recomendación del experto israelí Moshé Gophen de parar cuanto antes la contaminación industrial. Se hacen los desentendidos, mantienen su posición de que la contaminación biológica es la que afecta al lago y no la industrial, por lo que no dan una respuesta para acabar con ella. Lo curioso es que Gophen fue contratado por la fundación para evaluar las condiciones del deterioro ambiental en el lago.
Un dato importante es que los financiadores de los estudios que realiza la fundación de los "Amigos" son empresarios, como el dueño de la Sherwin Williams, Ernesto Freund; y el Presidente de IUSA, Juan Vidrí, quien junto a otros ejecutivos de la empresa colabora de forma personal como miembro fundador. En consonancia con ello, debe sacar de su bolsillo 1000 colones cada mes a cambio de tener su conciencia ecológica tranquila. La ASI también colabora con la fundación en diversos proyectos.
Resultados de análisis del agua de la tubería de IUSA
|
Químicos |
Resultados Mg/l |
Niveles permisibles Mg/l |
|
Plomo (Pb) |
0.6 |
0.05 |
|
Cadmio (Cd) |
0.1 |
0.005 |
|
Níquel (Ni) |
1.0 |
0.05 |
|
Boro (B) |
0.1 |
2.3 |
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Colaboración de Silvia Linares y Marissel Avalos, síntesis de su trabajo de graduación, UCA
Julio 16, 1998
Lic. Luis Armando González, Director
Centro de Información, Documentación
Y Apoyo a la Investigación (CIDAI)
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas",
Presente.
Estimado Licenciado González:
Con sorpresa hemos leído el artículo “Cortinas de humo sobre el lago de Ilopango” en la Revista Proceso No. 813, del primero de julio en curso.
Extrañamos sobremanera los conceptos vertidos sobre nuestra Fundación. La forma sarcástica, no objetiva y no apegada a la verdad en un documento que es un trabajo de graduación para optar al título de Licenciado en Comunicaciones y Periodismo, avalado por el Decano de la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza, Lic. Héctor Samour, siendo asesor de este trabajo el Sr. Toni Keppeler.
Queremos aclarar que el país tiene leyes y organismos estatales bien definidos que velan por el cumplimiento de normas relacionadas con el medio ambiente y que no es a la fundación a quien corresponde esas funciones.
Al respecto, quisiéramos dejar constancia que la Fundación Amigos del Lago de Ilopango lucha contra la contaminación sea física, biológica, bio-química, industrial o de cualquier otra procedencia, tal como puede comprobarse en todos nuestros documentos, incluyendo el Plan de Manejo de los Recursos Naturales de la cuenca del Lago de Ilopango recientemente finalizado, el cual fue financiado en parte con fondos propios y de FIAES.
En el mencionado artículo hay afirmaciones que simplemente no se ajustan a la verdad, como la irracional aseveración de que la contaminación industrial no es importante en el balance ecológico del lago o de su cuenca.
En el caso específico de la empresa Sherwin Williams cuyos vertidos son controlados regularmente por ANDA y por la compañía misma, existen datos que pueden ser verificados en las oficinas respectivas que indican que dicha empresa cumple sobrepasando todas las exigencias legales del país, de acuerdo con el siguiente cuadro.
| Muestras analizadas | Límites permisibles Decreto Nº 50 | Características analizadas | Resultados laboratorio de Espinsa |
| A | 5.9 | PH | 7.7 |
| A | 5.000 US/CM* | Conductiv. Eléctrica | 140 |
| A | <1.000 | Sólidos totales | 272.0 |
| A | 1.000 Mg/Lt. | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | ND |
| A |
| Temperatura | 38 |
* Según nueva legislación
A: Pozo de registro de salida de la Planta S-W
ND: No detectable
Fuente: Laboratorio Espinsa, julio 17/98
El suscrito se siente sumamente dañado por la vinculación que en ese artículo se hace infiriendo un grado de complicidad totalmente falso, como lo comprueban los análisis a que se ha hecho mención anteriormente.
Siendo la UCA uno de los centros educativos más respetados, que cuenta con un profesorado que es un orgullo para el país, estamos seguros que artículos como el mencionado, no son una consigna institucional de la Escuela de Periodismo, de la cual saldrán los futuros profesionales con una gran responsabilidad de ser objetivos y veraces en su trabajo. Quisiéramos por consiguiente creer que esta tesis es el producto de una obra que no fue supervisada debidamente por la, o las personas encargadas.
En nuestro modo de ver las cosas, creemos que las universidades deben prestar su apoyo positivo a fundaciones como la nuestra, cuya visión es convertir la cuenca del lago de Ilopango, donde habita el 10% de la población del país, en un modelo de desarrollo integral sostenible para beneficio de sus moradores.
Para dar por terminado este penoso incidente, les pido la publicación de esta carta, cumpliendo así con el derecho de respuesta a que nuestra fundación apela.
Atentamente,
Ernesto A. Freund
Presidente
Aclaración necesaria
En el semanario Proceso Nº 813 se publicó el escrito "Cortinas de humo sobre el Lago de Ilopango, firmado por Silvia Linares y Marisel Avalos. Este mismo escrito se publicó en el Colatino del viernes 3 de julio, aunque por un error involuntario se omitieron los nombres de las autoras. Debido a una serie de mal entendidos que se han suscitado en torno al artículo en cuestión, nos vemos obligados a aclarar lo siguiente:
1. Que Silvia Linares y Marisel Avalos son las únicas responsables de los argumentos de fondo y las conclusiones a las que arriba el referido escrito. En consecuencia, ninguna de las personas citadas en el cuerpo del texto tiene la autoría intelectual del mismo.
2. Que el escrito es parte del trabajo de graduación de Linares y Avalos, en el área de periodismo, presentado al departamento de Letras y Comunicaciones de la UCA en enero de 1997.
3. Que aunque la publicación de Proceso es responsabilidad del CIDAI, el semanario esta abierto a colaboraciones de autores no vinculados institucionalmente al mismo. Estos autores no sólo calzan con su nombre las colaboraciones, sino que son los únicos responsables por sus opiniones, con las cuales el equipo de redacción de Proceso no necesariamente tiene que estar de acuerdo.
4. Que el "Laboratorio de química de la UCA", adscrito al Departamento de Ciencias Naturales, no tiene responsabilidad alguna en la realización de los análisis químicos citados en el artículo.
San Salvador, 22 de julio de 1998
Consejo de redacción de Proceso
Desde hace unos meses, la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra ubicada en el "ojo de la tormenta". Primero fue la polémica sobre posibles actos de corrupción al interior del cuerpo; luego se dieron a conocer dos importantes casos de fraude procesal por los cuales varios de sus miembros fueron detenidos, incluido el hasta entonces jefe de la división de finanzas; y de unos días para acá, el debate gira en torno a su incapacidad para enfrentar el fenómeno delincuencial. Desde la última perspectiva mencionada, los juicios sobre esta institución tan fundamental para el país han llegado a incluir calificativos tales como el de "adormecida", utilizado por el presidente de la República, y "paralítica", que le fue adjudicado por sus mismos mandos medios en reciente reunión donde estuvieron presentes los más altos funcionarios de seguridad pública.
Así, la cuestionada conducción de la PNC se encuentra ahora entre la espada y la pared: cargando con elementos que incurren en actos delincuenciales absolutamente reñidos con su misión institucional, para lucrarse o para favorecer a determinados intereses particulares; aferrándose a una defensa corporativa ciega ante estos hechos, la cual sólo puede explicarse por falta de capacidad o complicidad; sin haber logrado que sus mecanismos internos de control funcionen, a fin de garantizar una eficaz fiscalización de su actividad y mantener una permanente depuración que le posibilite deshacerse de esos elementos nocivos; no le exigen trabajo y resultados a su Inspectoría General; con recursos materiales insuficientes y, sobre todo, muy mal utilizados; pretendiendo esconder o no darse cuenta del malestar creciente que existe en su interior, principalmente en la base; y cada vez más alejada de la población y su confianza.
El Organo Judicial no se queda atrás; incluso, quién sabe si está más adelante en esa competencia de ineficiencia y arbitrariedad entre las instituciones estatales. Porque en El Salvador sigue siendo poca y quizás cada vez menos la gente que cree en la labor de los tribunales y en la justicia misma. Sobradas razones existen para ello: a la población se le dice —a veces con razón, a veces sin ella— que de nada sirve denunciar a los delincuentes si a diario los liberan en los juzgados "por falta de pruebas"; sabe que hay funcionarias y funcionarias judiciales de diverso nivel que se prestan para cualquier cosa o que revelan una absoluta falta de conocimiento y capacidad; sufre por la lentitud de los procesos; es engañada y robada por litigantes inescrupulosos; siente que gasta su tiempo y su dinero inútilmente, al pretender justicia por esa vía; y recibe el irresponsable "bombardeo" propagandístico que le atribuye la raíz de todos sus males a la nueva legislación penal.
Son estas las dos instituciones estatales más criticadas, tanto por la comunidad internacional como por diferentes organizaciones nacionales que —pese a no ser escuchadas y mucho menos tomadas en cuenta— desde hace algún tiempo vienen señalando las anomalías que logran detectar en el desempeño de su labor, no obstante las dificultades y los riesgos que conlleva tal esfuerzo. Pero el hecho de que la PNC y el Organo Judicial reciban la mayoría de los cuestionamientos, no quiere decir que el resto del aparato gubernamental se encuentra bien. No; más aún: al menos en el caso de la Asamblea Legislativa, su errado accionar la coloca como una de las principales responsables respecto a muchos males que nos encontramos padeciendo en las materias de seguridad pública, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.
Ese es el panorama: estamos agobiados por el funcionamiento inadecuado de organismos oficiales vitales para la construcción de una verdadera democracia —fundada en la participación consciente de la población— y observando las irresponsable actitudes de las personas encargadas de conducirlos, dedicadas más a defender su espacio y a descargar sus culpas en otras instituciones. Y, sin duda, existe la amenaza cierta de que ese cuadro se agrave progresivamente en la medida que se acerque la fecha fijada para la realización del último evento electoral de este siglo; siglo que —al llegar a su final— no le deja a la población un legado que le compense todo lo que le ha tocado sufrir: pobreza, represión oficial, violencia política y una cruenta guerra interna con todas sus consecuencias.
En ese marco, debemos buscar las formas y los mecanismos para lograr que la PNC, el Organo Judicial, los gobiernos locales y cualquier otra institución del Estado cumplan con su misión constitucional. Eso —a las pruebas nos remitimos— seguirá siendo bastante difícil si se insiste en hacerlo desde "arriba", donde el ambiente se encuentra sumamente contaminado y turbio por los intereses de grupos políticos, económicos o de otros tipo. En esos espacios hay que seguir participando, pero sin hipotecar en ellos todas las esperanzas.
Donde hay que dejar todo para transformar realmente el país es entre los llamados "mandos medios" y, sobre todo, entre la base de las entidades públicas. Ahí hay que trabajar con imaginación y fuerza, con compromiso y profesionalismo, difundiendo el conocimiento de los derechos de todas las personas así como la dolorosa lucha —tanto de la humanidad entera en general, como del pueblo salvadoreño en particular— que nos permite contar ahora con el reconocimiento de los mismos y con instituciones encargadas de garantizar su respeto. Ahí, también, hay que vigilar el trabajo que desarrollan para detectar sus fallas y contribuir a corregirlas de verdad.
Sobre la base de nuestra experiencia en el terreno y la reflexión derivada de ella, que coincide con un documento distribuido en febrero de este año por Amnistía Internacional, pensamos que en el país todavía se debe hacer bastante. El trabajo de la citada organización internacional —conocido como la "Guía de 12 puntos para la formación y educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado"— intenta ser "un esquema metodológico que sienta las bases para mantener bajo observación y evaluar los programas de formación y educación en derechos humanos de los funcionarios del Estado". En ese sentido, Amnistía afirma que un programa de formación o educación en derechos humanos es coherente con los principios de estos últimos si —en su desarrollo— proporciona conocimientos e información sobre tales derechos, pero a la vez promueve "actitudes y conductas respetuosas con ellos".
En su concepción institucional —trabajada desde 1995 y puesta en práctica a partir de 1996— el IDHUCA sostiene la necesidad de "formar, informar y transformar desde los derechos humanos". Cuando dice "formar" se refiere a promover la generación de actitudes, hábitos y habilidades nuevas, maneras diferentes de actuar y relacionarse entre usuarios de las instituciones y operarios de las mismas, para dinamizar las estructuras del Estado y lograr que la población entera las utilice con provecho. En este rubro es indispensable poner las condiciones que permitan contribuir a que la población "común y corriente" empiece a vivir experiencias concretas y exitosas, tanto de justicia como de respeto a sus derechos humanos; de esa manera, se le pueden brindar algunas razones que de verdad la animen a creer e involucrarse. El propósito es el de lograr —con la resolución o la transformación positiva de conflictos, mediante el uso de las instituciones— una disminución real de los actuales niveles de violencia e impunidad, a fin de estimular la participación pacífica de la población y reducirle posibilidades a la frustración, el desencanto y la aplicación de la "justicia por mano propia".
Por ello, se considera vital que las instituciones de derechos humanos —tanto públicas como privadas— realicen una eficaz labor de acompañamiento, asesoría y representación legal de las y los demandantes de justicia, hasta obtenerla y lograr que los éxitos se vuelvan cotidianos y reales, ciertos y cada vez más frecuentes en lo que toca a la vigencia de sus derechos humanos; éxitos quizá pequeños y locales pero muy concretos, que demuestren que sí se puede hacer algo y que, además, alienten a otras personas y comunidades —identificadas e identificables por sus problemáticas similares— a participar activamente en la consolidación de las nuevas instituciones nacionales desde la base.
"Informar" para el IDHUCA consiste en llegar también hasta la base de la llamada "sociedad civil" y de la administración pública, para ofrecer los siguientes contenidos: el conjunto de derechos y libertades fundamentales de todas y todos desde una perspectiva integral, que ayude a superar la visión negativa y restringida que aún existe sobre los derechos humanos; el conocimiento de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de garantizar su respeto; los deberes de las personas; el cómo y el por qué se crearon o renovaron las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.
Pero la difusión de estos contenidos de manera exclusivamente teórica no ayuda mucho; peor aún: puede tener efectos negativos, porque la realidad cotidiana no ofrece muchos elementos para que la gente sienta que el actual estado de cosas es mejor que el de la guerra. En ese sentido, puede tener efectos nocivos entre la población al incrementar sus niveles de frustración y desencanto, haciendo crecer con ello su falta de participación.
Por eso, el IDHUCA propone utilizar una metodología que —desde su experiencia— ha resultado ser eficaz: dar a conocer toda esa información a partir de casos concretos de éxito en lo que toca a la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos; casos cuyos avances, parciales o totales, se hayan conseguido por la gente que se animó a participar haciendo buen uso de las instituciones, gubernamentales o de la "sociedad civil"; asimismo, pretende aprovechar la práctica de las y los servidores públicos que actúan de acuerdo a la ley. Esas experiencias, difundidas amplia y creativamente entre la sociedad, están sirviendo y pueden servir aún más para generar cierto grado de credibilidad y confianza porque son el resultado del involucramiento de la gente "común y corriente", que se decide a hacerlo de manera consciente y organizada.
Por último, pero no por ello menos importante, el IDHUCA tiene como uno de sus objetivos el de contribuir a "transformar" las instituciones del Estado y el país en su conjunto —en la práctica y a partir del contacto con la población, teniendo conocimiento de sus necesidades y urgencias— mediante propuestas fundamentadas y desarrollando la capacidad de concertar con las y los servidores públicos a todo nivel. Trabaja, por ejemplo, para que las y los funcionarios de las instituciones estatales encargados de las más pequeñas ventanillas y los responsables de las más grandes oficinas, los agentes de tránsito y los investigadores especializados del crimen organizado, la secretaria del tribunal y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia incorporen a su cotidianidad el compromiso de cumplir efectiva y eficazmente con su deber legal, en beneficio de todas y cada una de las personas que habitan el territorio nacional, realizando su labor de manera, responsable y con espíritu positivo.
Para ello es preciso que sean lo suficientemente coherentes y sensibles, al punto de estar en capacidad de anticiparse a las situaciones que puedan generar una vulneración a los derechos humanos; o, si se llega el caso, tengan las posibilidades y la responsabilidad para contribuir a encontrar y concretar una justa solución. Todo ello exige contar con las herramientas que les permitan actuar con imparcialidad e independencia de sus preferencias personales en lo político, en lo religioso o en cualquier otro ámbito. En pocas palabras: deben ser leales y consecuentes con lo que la población espera de ellas y ellos, así como de las instituciones que representan.
Al valorar la situación general del país, el IDHUCA considera que existe hoy —quizás más que antes— un sentimiento de zozobra e inseguridad, debido a la precariedad de las condiciones en que vive la gente. Por ello, al proponer colaborar para alcanzar la participación de una población formada e informada, busca contribuir también a transformar en serio la realidad; ello, con el fin de concretar las aspiraciones de justicia, democracia y estabilidad contenidas en el espíritu y la letra del acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado.
REOS. Unos 260 reos del Centro Penal de Apanteos fueron trasladados, el 24.06, a diversas penitenciarías del país. El propósito de esta operación es evitar más brotes de violencia en este centro penal que cuenta con unos mil 500 internos. Luego de negociaciones entre 12 supuestos líderes de la "Mara Salvatrucha", delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, miembros de la PNC y de la Dirección de Centros Penales, se acordó trasladar a los reos en buses y pick ups hacia las penitenciarías de Sonsonate, Atiquizaya, Quezaltepeque y Santa Ana. Antes de ser trasladados, los internos fueron registrados, lo cual permitió confiscar armas de fabricación artesanal en los diferentes sectores del penal. Familiares de los reos, en su mayoría mujeres, no sólo protestaron por el traslado, sino que intentaron impedir que los vehículos salieran del penal, hasta el punto de enfrentarse a la policía. Por su parte, el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, anunció que, tras el amotinamiento de los reos en Apanteos, entablaría conversaciones con autoridades del Ministerio de Justicia, a fin de "prever estas situaciones en...las penitenciarías del país". Asimismo, dijo haber girado instrucciones precisas para dividir a los reclusos en los diferentes módulos del centro. "Hay toda una estrategia para el manejo de reos", aseguró el mandatario (DH 25.06 p.10 y LPG 25.06 p.5).
DESTITUCION. El PDC pronosticó que ARENA, PCN, PLD y diputados independientes votarán a favor de la destitución del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Colindres. La Ley exige que para destituir a un funcionario de segundo nivel, como lo es Colindres, se necesita 43 de 84 votos de los diputados. El caso pasará, de la Comisión Política, al debate en el pleno legislativo, debido a que los diputados no han logrado llegar a un dictamen sobre el caso. La Asamblea Legislativa formó una comisión ad hoc para seguir el caso de Colindres, quien fue acusado por el grupo de Ronal Umaña de ser juez y parte en el conflicto interno del PDC, por lo que se solicitó su destitución. En su momento, el magistrado del TSE pidió un amparo constitucional por violación al derecho de audiencia. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo amparó, pero días después el tribunal se retractó de la resolución, dejando sin apoyo a Colindres. El 25.06, la Comisión Política deberá rendir un informe final sobre el caso del magistrado. El informe consistirá en exponer a los diputados que se cumplió con el mandato de la CSJ de conceder "legítima defensa a Colindres", luego se procederá a mencionar la destitución del funcionario. "Pues sí, espero que mañana se dé la destitución... Este es un tema agotado, la Corte dijo que no lo ampara...no hay nada más que hacer", expresó Umaña.(LPG 25.06 P.12 y DH 25.06 P.6).
LIBERTAD. Tres ex guardias nacionales, condenados por el asesinato de tres religiosas y una laica estadounidenses en 1980, fueron puestos en libertad condicional, mientras que dos más permanecerán en prisión, según la determinación tomada por la jueza Primero de Instrucción de Zacatecoluca, Gloria Esperanza Platero. La resolución de libertad contempla, entre otras cosas, una buena conducta y haber cumplido dos terceras partes de la pena total. Los tres ex guardias favorecidos deberán cumplir con varias condiciones impuestas en la misma resolución, para que puedan conservar la libertad condicional. Deberán pagar una fianza de dos mil colones y comparecer al tribunal mencionado, cuando éste lo estime conveniente. Además, se les prohibe salir del país, cambiar de residencia, portar armas, y se les impone presentarse ante un juez de vigilancia penitenciaria cada cuatro meses hasta el año 2007. El Comité de Abogados pro Derechos Humanos no sólo lamentó la decisión de la jueza, sino que la consideró inaceptable. "Esas pruebas literalmente están saliendo por la puerta, el fiscal tiene los brazos cruzados", expresó Robert Weiner, del Comité, quien señaló que, a pesar de que 4 de los reos dijeron que asesinaron a las estadounidenses bajo órdenes superiores, la Fiscalía no ha tomado una declaración que asegure legalmente ese testimonio (DH 25.06 p. 2-3 y LPG 25.06 p.10).
