Después de casi cuatro meses de discusión sobre el candidato a Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, los diputados de ARENA pretenden haber dado una lección de democracia y discusión parlamentaria. En realidad, lo que dieron fue ejemplo de la futilidad de las discusiones legislativas, porque después de dar muchas vueltas han elegido, casi por consenso, a un abogado que no llena los requisitos mínimos para ocupar el cargo, pues carece de una trayectoria reconocida en el ámbito de los derechos humanos y su integridad moral está seriamente cuestionada. De esta manera, lo que era esperado como un gran acontecimiento, el parto de los montes, ha quedado reducido a un flaco servicio a la institucionalidad del país, el nuevo procurador. El haber arribado a esta decisión por consenso no es una virtud, porque el elegido no es idóneo.

En estas circunstancias, no es ni razonable ni prudente confiar en la Asamblea Legislativa. Es cierto que cuenta con un mes para investigar la idoneidad del elegido y ratificarlo en el cargo, pero sería una novedad que no lo hiciera. Es cierto que Peñate no ha sido condenado, pero su conducta personal y desempeño profesional están cuestionados seria y repetidamente. Su elección no es un triunfo del pueblo salvadoreño ni responde a una reflexión profunda, como asegura el jefe de la fracción de ARENA. Si algo hay es falta de información o malicia. Nada bueno puede esperar la sociedad salvadoreña de un procurador como el que los diputados le acaban de imponer.

La economía salvadoreña según el Banco Mundial

Durante los días 29 y 30 de junio, El Salvador fue la sede de la Cuarta Conferencia Anual del Banco Mundial, sobre desarrollo en América Latina y el Caribe, cuyo tema principal fue "Bancos y Mercados de Capitales: Sistemas Financieros Sólidos para el Siglo XXI". En esta reunión se trató de forma general el papel del sistema financiero en el desarrollo, así como la necesidad de adoptar medidas que mejoren su transparencia y, con ello, reducir la probabilidad de enfrentar casos de crisis financieras.

Aunque en la citada conferencia no se perseguía tratar ningún caso en específico, no puede quedar fuera de la discusión el hecho de que en El Salvador el sistema financiero presenta señales de requerir urgentes medidas correctivas. Datos como las recientes defraudaciones financieras y la reducción del crédito para los sectores productivos lo evidencian. De igual manera, las declaraciones de representantes del Banco Mundial y el contenido mismo de la conferencia hicieron patente esta preocupación. Según el Vicepresidente de la Oficina Regional del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Shahid Javed Burki, "los problemas de crisis están generalmente causados por relaciones pobres y falta de transparencia en los países"; por ello, uno de los programas que ejecuta el Banco Mundial persigue "fortalecer los sistemas de regulación y de contabilidad" de los sistemas financieros.

Más reveladores que el contenido de la conferencia han sido los comunicados de prensa donde el Banco Mundial presenta una evaluación resumida de las economías de cada uno de los países centroamericanos. En el caso de El Salvador, se presenta un diagnóstico marcadamente negativo de la situación nacional, con grandes desafíos por enfrentar en materia de política económica, social y ambiental. Así, se señala, entre otros aspectos de importancia, que "sus indicadores sociales se encuentran entre los peores de América Latina y sus ingresos per cápita fueron de U$1.810 en 1997, por lo que figura también entre los países más pobres de la región" (Ver el documento "El Grupo del Banco Mundial en El Salvador", al final de este número de Proceso).

Este escenario, vuelve oportuna la reflexión en torno al papel que la banca y el Estado salvadoreño están llamados a desempeñar para lograr superar la crítica situación social. Para ello, es importante revisar estadísticas que reflejan el comportamiento de la producción y del crédito de la banca para los sectores económicos (especialmente agropecuario e industrial), así como el comportamiento del gasto social ejecutado por el Estado a lo largo de la década de 1990.

Uno de los señalamientos más persistentes de los últimos años es que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) privilegia cada vez más a los sectores terciarios de la economía, como el comercio y los servicios financieros. Esto es fácil de constatar al revisar las tasas de crecimiento intersectorial del PIB y la evolución de su estructura. Entre 1993 y 1997, la agricultura ha crecido un 3.7%, la industria —excluyendo la maquila— un 20%, el comercio un 27.3% y los establecimientos financieros y aseguradoras un 71.8%; consecuentemente, la importancia de estos sectores ha cambiado en favor del comercio y los establecimientos financieros que pasaron de representar un 10.3% y un 2.4% del PIB a representar un 20.5% y 3.4%, respectivamente. En cambio, la agricultura y el sector industrial, a excepción de la maquila, pasaron de representar un 15% y un 19.84% del PIB a representar un 13% y un 19.86%, respectivamente.

En consonancia con lo anterior, el crédito otorgado por los bancos comerciales a los sectores agropecuario e industrial se ha reducido apreciablemente, pasando del 20% del crédito total, en 1993, a representar sólo el 10.6%, en 1997, en el caso de la agricultura; y del 25.4% al 17.8% en el caso de la industria. El comercio pasó de recibir un 26.9% a recibir un 40.9% en el mismo período. Cabe mencionar aquí que, aparte de esta dinámica, los bancos cobran elevadas tasas de intermediación que, a final de cuentas, son las que explican su fuerte crecimiento en los últimos años, pero que, al mismo tiempo, estrangulan posibles proyectos de inversión productiva.

La marginación de los sectores agrícola e industrial de los beneficios del crecimiento está provocando elevados costos sociales, especialmente en el área rural. Las bajas tasas de crecimiento del PIB agropecuario también se traducen en menos empleo e ingresos para la población rural. No es de extrañar entonces que el documento "El Grupo del Banco Mundial en El Salvador" plantee reiteradamente como un desafío para el gobierno enfrentar las condiciones de pobreza a través de una reforma del sector agrícola y de un incremento del gasto social, especialmente en las áreas de educación y salud.

Lamentablemente, ninguna de estas medidas básicas de reducción de la pobreza está siendo implementada en El Salvador, pese a que el Presidente Calderón Sol ha dado a conocer proyectos específicos como el Plan Agropecuario 1997 y el Plan de Desarrollo Social. Con el primero, se prometieron una serie de medidas de diversa índole para estimular el crecimiento del agro (seguridad, medidas fiscales, medidas de política comercial y precios, financiamiento, etc.) y, con el segundo, se prometió incrementar el gasto social hasta llevarlo a representar un 50% de los gastos totales del gobierno.

En la práctica, el Plan Agropecuario 1997 continúa siendo reclamado por las gremiales del sector agropecuario que se quejan de la política comercial del gobierno, así como del escaso acceso al crédito y, por otra parte, para 1998, el gasto social aún no se ha incrementado ni siquiera por encima del 25% del total del presupuesto e incluso, entre 1997 y 1998, aquél disminuyó su participación desde 25.1% a 24.5%. Se ha llegado al extremo de disminuir la proporción destinada para el rubro de salud.

El panorama, pues, no es tan alentador. Se tiene un sector financiero que se expande rápidamente a costa de altas tasas de interés y que margina de la asignación del crédito al sector agropecuario —precisamente donde se concentran el mayor número de pobres—, con lo cual contribuye a que éste se estanque y pierda importancia dentro del PIB. El gobierno, por su parte, se muestra incapaz de contrarrestar esta situación y tomar medidas sociales compensatorias.

Lo más revelador de la reciente conferencia del Banco Mundial es que, pese a los constantes espaldarazos que el gobierno recibe de instancias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras bambalinas se reconoce la necesidad de regular el funcionamiento del sistema financiero y de practicar una política social más acorde con los planes ofrecidos.

El supuesto fenómeno económico de El Salvador es en realidad una ilusión. Altas tasas de crecimiento económico con estabilidad no son un fin en sí mismas y no sirven si no dan paso a procesos sostenidos de incremento del empleo e ingresos, reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida.

La situación actual de El Salvador muestra entre sus grandes desafíos, la necesidad de impulsar una reorientación del crédito hacia los sectores productivos, la reducción de los márgenes de intermediación del sistema financiero y la obtención de recursos financieros para incrementar significativamente el gasto social. Parece que estas tareas serán asignatura pendiente del próximo gobierno 1999-2004.

La fábrica de la muerte

Dolores Rodríguez* tiene 35 años de edad. Los últimos siete de éstos los trabajó en AVX, una fábrica que hace repuestos para computadoras y aparatos eléctricos. Jamás se imaginó que por un sueldo de 1,200 colones tendría que pasar por la amputación de dos dedos de su pie derecho, cáncer de mama y un año de invalidez. Hoy, no puede trabajar ahí o en cualquier otro lugar porque continúa enferma. Cuando comenzó a trabajar, regresaba a su casa cansada, con dolores de cabeza y en los huesos. Creía que era producto de las horas extras que laboraba, ni siquiera sospechaba lo que pasaba. "Yo no sabía del peligro, sólo había oído decir que ahí había gente que se moría porque le daba cáncer", expresa en una cama del Hospital Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Después del cansancio, aparecieron los vómitos y las diarreas. Sentía que el cuerpo se le dormía. En este momento empezaron sus visitas cotidianas al Seguro Social. Los médicos, primero, le diagnosticaron amigdalitis; luego, artritis generalizada en todo el cuerpo; después, otras enfermedades más. Mientras, su estado de salud empeoraba. A pesar de eso, día a día iba a la fábrica. "Uno hasta que está enfermo, como uno no puede ni pagar un chequeo particular, sigue trabajando", se lamenta Dolores, quien decidió consultar al médico privado Jorge Vargas Peña, quien le practicó un análisis de sangre en el que detectó contaminación por plomo. Este diagnóstico no lo aceptaron en el ISSS y la siguieron atendiendo por artritis y coleospatía, hasta que la ingresaron en el Hospital Quirúrgico. Posteriormente, fue trasladada al Oncológico, ya con cáncer de mama. Durante todo este proceso, ella perdió el habla por un tiempo, adquirió un color morado en la piel, inmovilidad de sus piernas, y sufrió la amputación de sus dedos y pecho. En el Seguro llamaron a su enfermedad "Stil" y, cuando preguntaron sus familiares a los médicos, resultó ser contaminación en los huesos. Aunque no les dijeron de qué (o por qué) estaba contaminada.

Luisa Martínez*, otra empleada de AVX que tenía 14 años de trabajar, sufrió un aborto de dos meses, según ella "provocado por el traslado a la línea de Anodos, la más contaminante". En esta sección de la empresa se trabaja con muchos químicos altamente tóxicos, como ácido nítrico, acético y manganeso. Luisa sospechaba estar embarazada y por eso tenía miedo del traslado. "Desde el primer momento que yo llegué ahí, sentí el cambio". Eso se lo comunicó a su jefe de inmediato, pero la única respuesta que obtuvo de él fue una actitud indiferente: "mire Luisa, yo no puedo asegurarle que no le pase nada porque no todas tienen la misma constitución". Además, le dijo que para quitarla de Anodos debía presentar una constancia de su estado. Sin embargo, aun cuando la presentó, no la cambiaron y, a los 11 días de entrar en esa línea, abortó.

A pesar de lo sucedido, Luisa continúa trabajando, pues "la necesidad obliga a quedarse". Aunque dijo que pensaba retirarse porque se sentía mal de salud y por miedo a la nueva línea que piensan abrir, donde harían todo el proceso de ánodos y en la que estarían más expuestos a los químicos. Incluso hoy, Luisa ya presenta síntomas similares a los de Carmen cuando se inició su enfermedad.

Los dueños de AVX son estadounidenses y coreanos. La fábrica fue fundada en 1978 y está ubicada en la zona franca de San Bartolo, donde trabajan aproximadamente 2, 500 empleados. Producen transistores que exportan a países como Inglaterra y Singapur para las empresas AT & Ford, entre otras. AVX tiene cinco líneas de producción: Sigma, Terminación, Sky Cap, Tantalu y Anodos. Las tres últimas son las de mayor riesgo, porque es ahí donde manipulan el estaño que contiene el plomo y los demás químicos. Carmen trabajó en el área de Tantalu. En todas, excepto en Terminación, están las áreas de corin y solder. La primera es donde le ponen la cerámica a los capacitores para computadoras, usando el estaño en polvo, y, en la segunda, funden el estaño en unas ollas para hacerlo líquido. El polvo y el humo de las ollas de esas áreas son respirados por los obreros.

La empresa da a conocer medidas de seguridad a través de unos folletos, en los cuales informan sobre la clase de químicos que se utilizan en cada área, las consecuencias que producen y el equipo de protección que se debe usar. Al principio del documento, se advierte que ese material debe ser destruido después de leerse. En la cafetería ponen cassettes con información para los trabajadores, quienes, además, cuentan con los servicios de un médico que examina cada mes a los empleados que están más en contacto con los químicos. Los resultados nunca los conocen los trabajadores, porque el médico los reporta a la dirección de AVX, que a su vez los manda a los Estados Unidos.

Eso preocupa a algunos obreros que día a día enfrentan los riesgos de utilizar el estaño y los ácidos, pues en realidad no cuentan con los implementos necesarios para protegerse del contacto directo o de la mayor exposición: solamente les dan un par de guantes, botas y mascarillas desechables, señala Rosa Aguirre*, quien trabaja en AVX.

En el artículo 17 del reglamento general sobre seguridad industrial e higiene del Ministerio de Trabajo dice que "todo proceso industrial que dé origen a polvos, gases, vapores, humos o emanaciones masivas de cualquier género debe contar con dispositivos para evitar que dichos polvos o vapores contaminen o vicien el aire y disponer de ellos en tal forma, que no constituyan un peligro para la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones vecinas".

Rosa afirmó que sólo al entrar a la fábrica se puede observar un color gris, sentir el mal olor y lo pesado del aire. Por otro lado, añade que muchas veces los trabajadores no tienen tiempo de ponerse los guantes debido a que los supervisores les exigen salir con la producción y encima reciben maltrato verbal, en especial del superintendente, Daniel Orellana. "Nos trata de huevonas y de viejas putas para arriba". Rosa reveló que existen más casos graves, como el de Rosario Hernández que padece de leucemia (cáncer de la sangre). Ella está en el mismo hospital donde se encontraba Dolores. Otros empleados dicen que hubo otro caso de aborto, de leucemia, dos personas más a las que se les encontró plomo y un número de muertes que va desde tres a treinta. La mayoría de ellos fueron remitidos al Seguro Social de Ilopango.

Audilio Avelar, encargado del departamento de salud de ese instituto, dijo que sí conocen muchos casos de los trabajadores de esa empresa e incluso afirmó que existen problemas. "Sí hay contaminación, pero el Seguro no tiene un poder coercitivo". Avelar agrega que es al Ministerio de Trabajo a quien corresponde hacer una inspección. Y en el departamento de Seguridad Industrial e Higiene de esa dependencia aceptan haber realizado una inspección de rutina, pero los resultados sólo los puede conocer la fábrica.

En relación a los expedientes, la Directora General del ISSS, María Julia Castillo Rodas, negó el acceso sin dar explicación. Es tanto el recelo de proteger la información, que ni los médicos conocen la verdad sobre sus pacientes. En el caso de Dolores, se extravió inexplicablemente parte de su expediente, lo que obligó a retrasar su tratamiento, según informó una trabajadora social del ISSS, quien pidió no ser identificada.

El médico Carlos Henríquez del Seguro Social considera que "si dos personas trabajan juntas, en contacto con plomo y tienen síntomas iguales, ahí hay un problema". El plomo, dice el galeno, afecta la médula ósea, el hígado, la cantidad de glóbulos blancos, lo que provoca leucemia, cáncer y otras enfermedades. Henríquez, señala que "una vez entra en el organismo, es difícil eliminarlo".

El Superintendente Financiero de AVX, Carlos Jiménez, insiste en que todos los rumores de contaminación son "inventos" de los empleados. "Yo no sé de ningún caso, vaya al Ministerio de Salud o al Ministerio de Trabajo porque ellos son los encargados de dar esa información, nosotros no", enfatiza. Tal pareciera que AVX y el Ministerio de Trabajo se tiran la bola para no hablar del tema. Más aún, Jiménez, al inicio de la entrevista vía telefónica, negó saber del caso de Dolores, aunque después lo aceptó, pero no que su enfermedad tuviera relación con la fábrica. Por tal motivo, AVX no se hizo responsable de la situación de Dolores Rodríguez, quien solamente recibe una pensión de invalidez del Seguro Social: 700 colones cada dos o tres meses por dos años. En la actualidad, su estado de salud es muy delicado y no se sabe si va a vivir durante los siguientes dos años.

Después de un año, Dolores ha sobrevivido a su enfermedad, aunque aún continúa con el plomo en su cuerpo. Caso contrario al de Rosario Hernández, quien murió en agosto de 1997, luego de padecer de leucemia. Desgraciadamente, hasta la fecha no ha variado la situación interna en AVX. Incluso los ejecutivos de la empresa han comenzado a sentir los efectos de la contaminación. "Hasta ellos se desmayan en los pasillos, pero ni así hacen algo", señaló Luisa Martínez. Con todo, ya está por funcionar la temida línea donde los trabajadores estarán en contacto directo con el ánodo.

Otro dato: uno de sus más fuertes clientes, la Ford, se ha retirado del negocio, provocando el despido de más de 400 obreros. Recompensa recibida luego de exponer sus vidas. Situación que los representantes de AVX, como Carlos Jiménez, se niegan a discutir. Mientras tanto, la única esperanza de Dolores contra todo diagnóstico médico, es que su cuerpo quede libre de plomo.

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* Se usaron nombres ficticios para guardar la identidad de las fuentes.

Colaboración de Silvia Linares y Marissel Avalos, síntesis de su trabajo de graduación, UCA

Censurable decisión y gris horizonte (I)

El presente mes inició con una noticia bastante mala para el desarrollo democrático del país: después de más de tres meses, plagados de discusiones semanales en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, al fin fue nombrado el nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Con 77 votos a su favor, la Asamblea eligió el jueves 2 de julio a Eduardo Antonio Peñate Polanco como titular de la institución; antes, éste se había desempeñado como juez de lo Penal en Santa Ana y magistrado de Cámara en San Miguel y Cojutepeque. Este hecho podría considerarse todo un acontecimiento —verdadero y satisfactorio para el país— si existiera la seguridad de que Peñate Polanco reúne todos los requisitos para ocupar el puesto, tanto los establecidos en el marco legal como los de idoneidad. Pero, lastimosamente, no se puede afirmar eso.

Decimos que es malo para la democratización de El Salvador por dos razones muy relacionadas entre sí: el golpe bajo que se le ha dado a la confianza y la credibilidad de la población, es la primera; la segunda tiene que ver con el perjuicio que esta acción parlamentaria le causa a la posibilidad de avanzar en la consolidación de las instituciones. Y es que desde que se supo públicamente que él sería el nuevo procurador, nos comenzamos a enterar de las varias denuncias que existían en su contra; nueve de ellas, tienen que ver con retardación de justicia y fueron presentadas en la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Antes no conocíamos nada alrededor de su persona y trayectoria, precisamente por eso: porque hasta hace unos días era un total desconocido en los ámbitos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos.

No hay que ver este nombramiento como algo separado de un proceso que, en su conjunto, sólo puede calificarse como lamentable. Al observar lo sucedido, sin lugar a dudas podemos afirmar que nos encontramos ante una elección absolutamente viciada de principio a fin. Porque, fuera de lo que dijo Ronald Umaña —ese personaje que tantas dudas despierta— en relación a que era un "buen padre, buen católico y buen amigo", ¿cuáles son los méritos que legitiman este nombramiento? ¿no existían profesionales del Derecho más competentes para ocupar el cargo? ¿no se tuvo la capacidad o el interés de investigar a esta persona, antes de tomar la decisión? ¿para esta selección tuvo que esperar tanto la población? ¿acaso se pretende que Peñate Polanco, al estar presidiendo ahora la Procuraduría, sea juez y parte las investigaciones de ésta para esclarecer los señalamientos sobre su actuación en la judicatura? ¿qué niveles de confianza podrán generar las resoluciones que emita de ahora en adelante la PDDH, cuando su titular ha sido tan criticado?

Las respuestas a estas interrogantes no tienen que venir del señor procurador y mucho menos de la sociedad que espera tanto de la Procuraduría. Deben salir de la Asamblea Legislativa, pues esta desafortunada elección es una muestra más de la irresponsable actitud que caracteriza a las y los legisladores, quienes —hasta el momento y salvo algunas raras excepciones— no han sabido estar a la altura de las circunstancias. En el caso que nos ocupa, quienes inmerecidamente pretenden ser los "Padres de la Patria" no supieron, no pudieron o no quisieron buscar y elegir a la persona más adecuada para darle continuidad a un trabajo en favor del respeto a los derechos humanos que —por encima de las críticas mal intencionados y los obstáculos encontrados en el camino— había logrado comenzar a generar algunas esperanzas, dentro y fuera del país.

La situación se vuelve más preocupante cuando, tratando de defender lo indefendible y disimular sus graves fallas, las y los diputados —sobre todo los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— falsean la realidad o descargan la responsabilidad en quien no la tiene. No nos sorprende que Umaña se enrede en sus propias declaraciones y haga el ridículo ante miles y miles de televidentes, al no poder sostener una posición sólida frente a los cuestionamientos del periodista Mauricio Funes y los del público televidente en relación a esta problemática; no es extraño aunque sí ofensivo para el pueblo salvadoreño cuando, entre su politiquera verborrea, Umaña se atreve a incurrir en la aberración de colocar al actual procurador —su "gran amigo desde la infancia"— en el mismo lugar que monseñor Romero cuando fue elegido arzobispo de San Salvador.

Lo que sí asombra y molesta es que algunos dirigentes del FMLN traten de limpiar su imagen diciendo que la responsabilidad de esta situación no recae en ellos, ya que no contaban con la capacidad para investigar a todos los candidatos propuestos para el cargo; además pretenden hacer creer que los organismos de derechos humanos no les dijeron nada sobre supuestas irregularidades en torno a la trayectoria del hasta hace poco magistrado de Cámara.

El FMLN no debe ocupar para su defensa este tipo de argumentos falsos porque nos obligan a desenmascararlos: sí podían haber investigado a Peñate Polanco pues consta que, al menos, se reunieron tres veces con él para conversar en las semanas previas a su nombramiento; los organismos sociales de de derechos tienen menos recursos para andar indagando sobre la trayectoria de cada uno de los personajes que los partidos políticos colocan, muchas veces de manera consciente e irresponsable, en la posibilidad real de llegar a ocupar cargos tan importantes como el que ahora nos ocupa y preocupa; además, sabían de antemano que alrededor de Peñate existían serias dudas y cuestionamientos sobre su desempeño profesional y como funcionario judicial.

Al diputado Eugenio Chicas se le preguntó, en el mismo espacio de entrevistas conducido por Funes, si su partido consideraba que Peñate Polanco tenía una "reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos"; fue todo un espectáculo verlo acorralado, sin saber qué responder o intentando inútilmente evadir la respuesta frente al inquisitivo periodista. Ahí mismo, Chicas sostuvo que éste era el candidato más idóneo de la última lista que se discutió en la Comisión Política; ¿qué opinará sobre esta afirmación Florentín Meléndez, por ejemplo, si él también estaba incluido en la citada lista y cuya trayectoria en el ámbito de los derechos humanos se inicia allá por 1975, siendo en la actualidad representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Más aún: el diputado Roberto Serrano de la Unión Social Cristiana (USC) afirmó, en esa misma entrevista que antes de la elección ya tenían información sobre las anomalías señaladas.

Desde mucho antes se hablaba de un acuerdo cupular entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), para entregarle a Umaña y su grupo la PDDH a cambio de su apoyo para la aprobación del Presupuesto General de la Nación. En ese marco es posible entender que muchos candidatos seriamente cuestionados —incluido el actual procurador— hayan surgido de ese partido y que éste haya contado siempre con el respaldo "arenero"; pero la gente se pregunta, ¿por qué lo aceptó el FMLN?

Para responder a esa interrogante, ya vimos que no se sostienen las afirmaciones de Chicas respecto a su idoneidad; tampoco es válido decir —como lo hizo este mismo diputado— que el dilema era elegir a Peñate Polanco o permitir que la derecha lograra su propósito de "extinguir" la Procuraduría. Que no nos salgan con eso ahora pues, independientemente de la barbaridades que puedan decir algunos de sus representantes en el Parlamento, la "derecha" no es tan corta de vista como para atreverse reformar la Constitución y desaparecer la PDDH; lo que sí pretende es bajarle el perfil, "desteñirla", convertirla en un "adorno" de esta "nuestra democracia" para mostrarle al exterior que existe aunque sea inoperante e inofensiva.

Y eso último lo está logrando: antes con los obstáculos de todo tipo que le pusieron a la gestión de Victoria Marina Velásquez de Avilés; ahora con el criticado proceso que culminó con el nombramiento de Peñate Polanco. Y, sin lugar a dudas, el FMLN —con sus graves desaciertos— ha contribuido a que la "derecha" vaya logrando su objetivo: antes, al regatearle el apoyo firme a la ex procuradora, por estar guardándola para su fórmula presidencial; ahora entregando sus votos en favor de una persona, no obstante saber que no reunía los requisitos para ocupar la titularidad de la institución.

La reprochable actitud de ciertos diputados los lleva a sostener que las denuncias por retardación de justicia atribuidas a Peñate Polanco no deben considerarse algo grave, pues eso sucede en todos los tribunales del país. Quizás es fruto de la ignorancia o tal vez tiene algo de mala intención, pero no se puede ni se debe absolutizar pues —para la información de quienes afirman eso— en El Salvador sí existe en juzgados y cámaras donde se respetan los plazos procesales; son pocos y sobre todo se pueden ubicar entre los del ámbito de Familia y Menores, pero hay.

Además, no se puede argumentar eso para justificar su errada selección cuando lo adecuado era nombrar a una persona con la solvencia suficiente y la autoridad moral necesaria, por ser éstas las únicas herramientas que tiene el "Ombudsman" para que su investidura sea respetada; sólo así estará en capacidad de vigilar el funcionamiento de toda la administración pública para prevenir arbitrariedades en contra de las personas particulares, así como para investigar y recomendar lo pertinente cuando se produzcan violaciones a los derechos humanos, sobre todo considerando que en el campo de la justicia se registran numerosos casos. En la "magistratura de conciencia", pues, debería estar alguien que —por encima de la generalidad judicial— posea una destacada trayectoria en el cumplimiento exacto de sus obligaciones.

Las y los diputados son tan atrevidos que, incluso, durante la sesión en la que eligieron el nuevo procurador se felicitaron entre sí por el "ejercicio político y democrático" que habían realizado durante casi cuatro meses, por haber logrado el consenso y por haber "hecho buen uso del voto calificado". ¿A quién pretenden engañar? En realidad, con todo lo dicho desde los partidos políticos en esta coyuntura, están tratando de "tapar el sol con un dedo" y eso es imposible. Hay quienes dicen que el problema reside en el hecho de que en el "Salón Azul" no valoran la Procuraduría; hay que ser más precisos: sí la están valorando, pero no en función del respeto a los derechos humanos sino desde la perspectiva de sus particulares intereses.

Durante esa plenaria —que además pasará a la historia porque en ella también se violó la Constitución al destituir a Eduardo Colindres, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, debido a las maniobras propias de Umaña— el único representante del Partido Demócrata en el Parlamento dijo que en los listados que pasaron por la Comisión Política habían otras personas con mayores méritos que Peñate Polanco para ocupar el cargo, pero que éstas se habían descartado por razones políticas. Con ello se desmienten otras afirmaciones y se demuestra que en el recinto legislativo se antepone lo político partidarista a la capacidad, el conocimiento, la eficiencia y el compromiso.

No es el momento para criticar a Peñate. Independientemente de que en su contra existan denuncias ante la Sección de Investigación Judicial y en la misma PDDH, o que se hagan señalamientos públicos en relación a diversos aspectos de su conducta profesional o personal. A quien hay que criticar es a los que lo nombraron, por su irresponsabilidad, su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones y —lo más grave— sus intenciones de llevar hasta la mínima expresión a una institución tan importante, sobre todo ahora que se acerca el último evento electoral del presente siglo.

El grupo del Banco Mundial en El Salvador

El Salvador es el país más pequeño de América Central y, con sus 5,8 millones de habitantes en una superficie de 21,000 km2, uno de los países con mayor densidad de población del hemisferio occidental. Su base de recursos naturales es limitada y no le queda frontera agrícola. Alrededor del 60% de la población vive en zonas rurales y más del 80% de los productores agrícolas trabajan en explotaciones de superficie inferior a 3 has. Sus indicadores sociales se encuentran entre los peores de América Latina y sus ingresos per cápita fueron de US$1.810 en 1997, por lo que figura también entre los países más pobres de la región.

El país se ha esforzado por pasar de una sociedad castigada por la guerra y sumamente fragmentada a una sociedad basada en una mayor participación económica y social, con una economía de mercado. Además del establecimiento de un entorno macroeconómico estable, el Gobierno se ha propuesto abordar cuatro grandes desafíos: i) modernización del sector público; ii) creación de condiciones favorables al sector privado y al crecimiento orientado por las exportaciones; iii) reducción de la pobreza e inversión en capital humano, y iv) fortalecimiento de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales.

Desde 1992, el Banco apoya los esfuerzos estratégicos del Gobierno de El Salvador para consolidar la paz y colocar al país en el camino hacia el desarrollo sostenible. Esta estrategia requiere no sólo un fuerte crecimiento económico, sino también medidas enérgicas para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la mayoría de los salvadoreños. Actualmente hay siete préstamos en ejecución, y el Directorio Ejecutivo acaba de aprobar otro, que está a la espera de ser implementado, por un valor de US$298 millones.

El 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron un Acuerdo de Paz que puso fin a un conflicto de 12 años de duración. En la guerra civil de El Salvador no hubo ningún ganador, pero sí muchos perdedores. El conflicto costó unas 75,000 vidas y dejó a miles de personas desplazadas, huérfanas o discapacitadas y provocó una migración masiva de resultas de la cual aproximadamente uno de cada cinco salvadoreños vive fuera del país. La guerra provocó también cuantiosas pérdidas materiales; se calcula que los daños causados por la guerra se elevaron a unos US$1.500 millones, sólo en infraestructura. Más difíciles de medir fueron la disgregación del tejido social del país, la polarización política y el debilitamiento del aparato institucional. Una de las principales secuelas de la guerra ha sido el espectacular aumento de los delitos con violencia, que el Gobierno está intentando combatir.

Durante los últimos cinco años, el Gobierno y el pueblo de El Salvador se han esforzado por reconstruir la estructura económica, social, política e institucional del país. El hecho de que no hubiera ganadores en el conflicto ha hecho más fácil forjar un consenso acerca de las oportunidades de desarrollo del país. Aunque se han hecho progresos considerables, aún queda mucho por hacer. Se requiere un crecimiento más rápido para consolidar la paz y aliviar la pobreza.

En este momento decisivo, El Salvador ha decidido dar un gran salto adelante para ponerse a la altura de las economías de alto rendimiento. El propósito es conseguir un crecimiento rápido y equitativo aumentando la competitividad a escala mundial e iniciando una nueva fase de desarrollo. El Salvador está llevando a cabo audaces reformas económicas para convertirse en una economía más abierta, con un sector privado dinámico, orientado a las exportaciones y sintonizado con los mercados internacionales, y un sector estatal reducido y sólido que facilite las actividades del sector privado.

El Banco Mundial está ayudando a El Salvador en su proceso de reforma de varias maneras:

Intensificación de la competencia: el camino hacia la globalización. Aunque la recuperación económica ha sido impresionante, el PIB per cápita sigue siendo inferior al nivel anterior a la guerra, la expansión económica ha estado dirigida por los sectores no comerciables, y las exportaciones de mercancías, aunque en crecimiento, son todavía considerablemente más bajas que a principios de los años setenta. Hace falta un crecimiento rápido sostenido, pero también de amplia base, para reducir la pobreza. La estrategia del Gobierno consiste en hacer que la base competitiva de El Salvador sea no su mano de obra barata sino una productividad elevada, es decir, en lograr una ventaja competitiva, más que comparativa.

El Programa de Competitividad, respaldado por el actual proyecto de asistencia técnica para la mejora de la competitividad, del Banco Mundial, por un valor de US$16 millones, consta de tres elementos principales: i) mejora de las condiciones para la actividad económica adoptando una nueva ley de inversiones, medidas legislativas para la protección del consumidor, prestación de servicios de infraestructura por el sector privado, profundización de los mercados financieros y de capitales, eliminación de las barreras al comercio que aún persisten, adopción de un criterio de agrupación de sectores clave y reforma de los registros jurídicos; ii) mejora de la absorción de tecnología mediante el aumento de la calidad y el fortalecimiento de las políticas de capacitación técnica, y iii) logro de un consenso nacional sobre los planes de competitividad por conducto de un programa de información pública y viajes de estudios para evaluar la experiencia internacional.

Mercados financieros y de capitales. Una cuestión prioritaria para el Gobierno es velar porque el sector financiero favorezca un crecimiento basado en la productividad. El asesoramiento y la asistencia técnica al sector financiero es uno de los principales elementos del apoyo del Grupo del Banco al programa oficial de aumento de la competitividad.

El Gobierno ha definido el acceso a la información y a los conocimientos como elemento clave para su estrategia de competitividad y desarrollo social, y ha solicitado apoyo al Banco para fomentar en la sociedad una actitud de aprendizaje. Preocupa que partes de la sociedad queden atrás en el camino hacia la globalización. A menos que se vea complementada por políticas sociales firmes, la estrategia puede llevar a una mayor desigualdad y a la marginación de las comunidades pobres, especialmente en las zonas rurales. El Gobierno y el Banco han examinado los medios para conseguir una integración más plena del programa social y el de competitividad.

Pobreza rural. El crecimiento y la productividad de la agricultura siguen siendo prioritarios para El Salvador, pero para avanzar en forma sostenida hacia la reducción de la pobreza habrá que aumentar también el acceso de los pobres a actividades rurales no agrícolas que generen ingresos mayores y más estables. El Banco está apoyando esta estrategia nacional mediante un proyecto de inversiones y reforma del sector agrícola por valor de US$40 millones, con el que se está financiando asistencia técnica, equipo, capacitación, obras públicas y costos incrementales de operación para apoyar la reforma y el desarrollo institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA). El proyecto también está contribuyendo a generar tecnología agraria más productiva y ecológicamente sostenible mediante investigaciones y servicios de extensión agraria dirigidos a pequeños y medianos agricultores, incluidas las mujeres.

El Gobierno no sólo ha mantenido un firme compromiso hacia el alivio de la pobreza sino que también está formulando de nuevo su estrategia, adoptando un enfoque amplio de la reducción de la pobreza y el desarrollo social y buscando una complementariedad plena entre sus planes económicos y sociales. Hasta la fecha, la estrategia social del Gobierno ha tenido tres vertientes, de acuerdo con las recomendaciones del Banco: alto crecimiento económico, mejora del acceso a los servicios sociales, especialmente la educación básica, y una sólida red de protección social.

Capital humano: educación y salud. La mejora del capital humano exige aumentar el gasto público en los sectores sociales y mejorar la eficiencia de la prestación de servicios. El gasto en educación y salud ha aumentado en los últimos años, desde el 1,8% y el 0,9% del PIB, respectivamente, en 1991 hasta el 2,2% y el 1,4% en 1995, pero aún representa una inversión considerablemente deficiente en capital humano. El Gobierno se propone aumentar la proporción del sector social desde el 30,2% de los gastos presupuestados en 1995 hasta el 50% en 1999.

A medida que avanzan las reformas, cada vez es más necesario tener en cuenta también las limitaciones en el nivel secundario. Los índices más altos de matriculación y terminación de los estudios, junto con una creciente demanda de mano de obra calificada, pronto comenzarán a ejercer presión en el nivel secundario, donde la cobertura y la calidad dejan que desear. Sólo una cuarta parte de los jóvenes de 15 a 19 años de edad están matriculados en escuelas secundarias, lo que representa menos de la mitad de la tasa de matrícula correspondiente a la región. Cerca de dos terceras partes de la fuerza de trabajo carece de calificación y la media de años de instrucción es de 4,4; alrededor de la cuarta parte carece de educación escolar, y sólo el 12% tiene más de diez años de escolaridad. En las zonas rurales sólo se encuentran el 6% de las escuelas secundarias.

El proyecto de modernización de la educación básica, por un total de US$34 millones, está mejorando la calidad de la enseñanza elemental, favoreciendo el acceso de los niños pobres al sistema educativo y promoviendo la igualdad entre los sexos en la enseñanza, por conducto del hoy renombrado programa de educación EDUCO, de base comunitaria.

El proyecto de educación secundaria, por un total de US$58 millones, tiene por objeto facilitar a los nuevos trabajadores que se incorporan a la fuerza de trabajo del país un mayor acceso a la enseñanza secundaria y, más adelante, promover la competitividad del país en el extranjero. Ello supondrá el aumento de la cobertura en las zonas rurales, una mayor eficacia en función de los costos, más intervención del sector privado, mejora del contenido y la pertinencia de los planes de estudios y mayor atención a las necesidades de las mujeres que estudian.

El Salvador padece una grave degradación del medio ambiente. A causa de la presión demográfica y de la penetración de la agricultura en las zonas forestales y marginales, sólo se conserva el 2% de la cubierta forestal primaria y sólo el 12% del territorio tiene cubierta forestal de algún tipo. La topografía del país es muy accidentada y cerca del 65% de las tierras no son cultivables, por tener pendientes de más del 12%. La destrucción de los bosques ha contribuido a la erosión del suelo, lo que ha afectado al crecimiento de la productividad y ha limitado la capacidad de los acuíferos para retener el agua de lluvia. El problema de la degradación de los recursos naturales está inextricablemente vinculado a la pobreza rural.

Además, la rápida urbanización ha sobrepasado la capacidad del sector público para ofrecer infraestructura y servicios. Cerca de la mitad de los residuos sólidos en las ciudades quedan sin recoger, mientras que las localidades rurales carecen de capacidad para la eliminación de desechos.

La función del Banco en cuestiones institucionales y de política en relación con el medio ambiente se centra en tres esferas: concesión de títulos de propiedad sobre la tierra, logro de un consenso sobre el medio ambiente y ordenación de los recursos naturales en las explotaciones agrícolas. El actual proyecto de administración de tierras del Banco, por un total de US$50 millones, apoya la regularización del registro de propiedades en los aproximadamente 1,6 millones de parcelas urbanas y rurales, así como el establecimiento de un registro nacional de tierras independiente y un sistema catastral. Una mayor seguridad en la tenencia de tierras permitirá ampliar el horizonte de planificación de los agricultores y facilitar el acceso al crédito, con lo que aumentarán los incentivos para las inversiones en conservación del suelo y diversificación de ingresos.

El Banco contribuye también a los programas ambientales del BID y de la USAID, ayudando a conseguir en el país una mayor sensibilización y consenso acerca de cuestiones ambientales de alcance general.

Además, el proyecto de desarrollo rural y gestión de los recursos naturales, propuesto por el Banco, examinará la prestación de apoyo para mejorar las prácticas de gestión de los recursos naturales, trabajando en las localidades y las explotaciones agrícolas.

El gobierno es consciente de que la actual estructura del sector público y su incapacidad para prestar servicios adecuados y eficientes serían un obstáculo en sus esfuerzos de aplicación de los programas sociales y de competitividad. A pesar del considerable avance político y económico de los últimos años, el sector público de El Salvador aún adolece de importantes deficiencias: i) un Estado hipertrofiado y centralizado; ii) baja eficiencia causada por su estructura de organización, una débil gestión financiera de los recursos humanos y la baja profesionalidad de la administración pública; iii) una prestación de servicios inadecuada, y iv) insuficiencia de la infraestructura y equipo administrativos.

Con arreglo al Programa de modernización del sector público, el Estado se retirará de aquellas actividades de las que puede ocuparse mejor el sector privado. El propósito es conseguir un Estado más reducido pero más fuerte, que se dedique ante todo a aplicar las políticas sociales y favorecer el desarrollo impulsado por el sector privado.

En 1996, el Banco Mundial aprobó un proyecto de asistencia técnica para la modernización del sector público, por un total de US$24 millones, para ayudar al Gobierno a definir las nuevas funciones del sector público y sus entidades más importantes, reforzar las operaciones de las entidades que permanezcan en el sector público y hacer que el sector privado preste servicios públicos. El proyecto está prestando asistencia técnica para la reestructuración institucional del sector público, el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional y el establecimiento del marco jurídico e institucional para el proceso de privatización.

Mediante el proyecto de asistencia técnica al sector de la energía, por un total de US$11 millones, el Banco está ayudando a El Salvador a mejorar el marco jurídico, institucional y normativo de su sector energético, a promover políticas acertadas de planificación y fijación de capacidad de gestión del organismo regulador, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Además, con el proyecto de modernización del sector de la energía, por un total de US$65 millones, el Banco está sufragando estudios y prestando asistencia técnica, y apoyando la rehabilitación de las centrales eléctricas de Guajoyo, Cerrón Grande y 5 de Noviembre, la adición de una tercera unidad en Cerrón Grande y la modernización de sistemas de telecomunicaciones e información de CEL.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, es la mayor fuente multilateral de financiación de inversiones en capital social y préstamos para proyectos del sector privado en países en desarrollo. La CFI, que tiene experiencia en todo el mundo en la privatización de entidades públicas, contribuye en forma decisiva a dar seguridad a los potenciales inversores privados y al mismo tiempo protege los intereses del país receptor. En El Salvador, la CFI ha efectuado tres inversiones.

Cemento de El Salvador S.A. (CESSA). Este préstamo de la CFI por un total de US$22 millones está ayudando a CESSA en su proyecto de expansión y modernización, que aumentará la capacidad global en un 55%. El proyecto tiene dos componentes: i) una nueva línea de producción de cemento en sus instalaciones primarias del Departamento de Metapán y ii) mejora de las instalaciones con que cuenta la empresa. En este último elemento se incluyen medidas de protección ambiental y el cierre de dos líneas de producción de cemento que tienen una tecnología menos eficiente.

Implementos Agrícolas Centroamericanos S.A. de C.V. (IMACASA). Este préstamo de US$2 millones de IMACASA, uno de los mayores fabricantes de aperos de América Central, sufragará el programa de inversiones de la empresa, que tiene por objeto mejorar su posición competitiva modernizando y ampliando las instalaciones de fabricación, aumentar el capital de operaciones y diversificar su base de ventas buscando alianzas internacionales y nuevos mercados.

Telemóvil El Salvador, S.A. Este proyecto consta de dos inversiones: una, por valor de US$1,7 millones, apoya la construcción y explotación de un sistema de telefonía celular en las principales ciudades de El Salvador; otra, de US$8,0 millones, se propone ampliar la capacidad de la red de telefonía celular en el país.