Editorial De secuestros y secuestradores

Economía Primer borrador del Presupuesto General de la Nación para 1999

Sociedad En torno a la precandidatura de Héctor Silva

Regional Brotes de confrontación social en el istmo

Internacional El reto del nuevo presidente colombiano

Derechos Humanos Censurable decisión y gris horizonte (II)

Noticias

 El debate sobre los secuestros aún no llega a su fin en El Salvador. Demasiadas cosas siguen sin aclararse, sobre todo aquellas que atañen a la identidad de los responsables de esa práctica criminal. Conocida la identidad de los secuestradores, será fácil avanzar no sólo hacia el esclarecimiento de su modus operandi, sino también hacia la determinación del paradero de los fondos cobrados como rescate. Pero establecer aquella identidad es de lo más difícil, tanto por las deficiencias de la Policía Nacional Civil (PNC) en materia de investigación criminal como por los intereses políticos y económicos que se interponen entre muchos sospechosos de haber participado en secuestros y la debida aplicación de justicia.

El Presupuesto General de la Nación es una de las herramientas más útiles para lograr una intervención adecuada del Estado en la provisión de servicios sociales básicos. Esto es reconocido por el mismo Banco Mundial en sus comunicados de prensa, en los que señala, por ejemplo, que "la proporción de la riqueza nacional destinada a gastos sociales en Costa Rica ha sido una de las más altas de América Latina y el Caribe: entre el 15% y el 18% del PIB durante los últimos 20 años. En consecuencia, Costa Rica disfruta de algunos de los mejores indicadores de bienestar social del mundo en desarrollo".

En El Salvador, el discurso oficial reconoce la importancia del gasto social, al grado que, en 1995, ofreció elevarlo hasta un 50% del Presupuesto General de la Nación para 1999. Según la más reciente propuesta, la asignación para gastos sociales (educación, salud, vivienda y trabajo) apenas alcanzará un 26.6% del presupuesto, lo cual, aunque mayor que el 24.9% obtenido para 1998, dista mucho de los ofrecimientos. En términos del PIB, el gasto social representará cerca de un 3.9% en 1998 y para 1999 representaría cerca de un 4.06% (suponiendo tasas de crecimiento del PIB de 5%). No es extraño entonces que el Banco Mundial afirme de El Salvador que "sus indicadores sociales se encuentran entre los peores de América Latina".

Apenas iniciando el segundo semestre del año 1998, se ha conocido ya una primera versión del Presupuesto General de la Nación para 1999, la cual ha despertado una polémica pública entre los alcaldes y el gobierno central en torno a la asignación para los gobiernos municipales. Pero más allá de este punto en particular, es importante llamar la atención sobre la distribución del presupuesto entre las ramas judicial, policial y militar, por una parte, y el área social, por la otra; pues ello revela que se está prestando más atención a los síntomas de la crisis social (delincuencia común, violencia) que a sus causas (pobreza, marginación de los servicios sociales).

Ateniéndose a las cifras del presupuesto 1999, elaborado por el Ministerio de Hacienda, es posible notar que el gasto total en instituciones relacionadas con la prevención de la delincuencia y combate de la violencia rivalizan con el monto del gasto social ejecutado por el Estado. Incluso se incrementan más los presupuestos de las primeras. Así, en 1999 se dedicaría un 5.2% del presupuesto para el Organo Judicial, un 1% para la Fiscalía General de la República, un 1.6% para el ramo de justicia, un 8.8% para el ramo de seguridad pública y un 5.9% para el ramo de defensa nacional; es decir, un total de 22.5% del presupuesto de 1999. En 1998 se destinó sólo un 19.7%, lo cual implica que se asignó un 2.8% adicional del presupuesto para estos rubros.

El gasto social, por otra parte, recibiría un 16.5% del presupuesto para educación, un 9.5% para salud, un 0.4% para trabajo y previsión social y un 0.2% para el ramo de vivienda y desarrollo urbano. Un total de 26.6% que supera al 24.9% destinado en 1998. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que el área de prevención y combate de la violencia recibiría un 2.8% adicional del presupuesto, mientras que el área social recibiría solamente un 1.7% más.

Resulta claro, pues, que en la formulación del presupuesto han primado los criterios de seguridad pública y combate de la delincuencia por encima de los objetivos de proveer mayores servicios sociales. Para alcanzar la meta de 50% del presupuesto para el área social sería necesario incrementar en un 25% el presupuesto, o bien dedicar los recursos de otros sectores para el gasto social.

Otro aspecto que llama la atención del presupuesto es el incumplimiento de la disposición legislativa de otorgar un 6% para el financiamiento de obras de los gobiernos municipales. Al igual que en 1998, se espera asignar un total de 2.7% del presupuesto para las alcaldías.

Los rubros que experimentarían las caídas más significativas dentro del presupuesto y que aportarían los recursos para incrementar el gasto en otros sectores serían: obras públicas, que pasaría de recibir 10.5% del total a recibir 7%; compensación por méritos, que recibió 2.1% del presupuesto 1998, y desaparecerá en 1999; y apoyo a la reactivación económica y social que recibía un 0.7%, que también desaparecerá el próximo año. Finalmente, otro rubro que experimentaría reducciones importantes es el servicio de la deuda pública, que pasaría de 16.9% a 16.2%.

Estas reducciones han permitido obtener una tasa muy baja de incremento del presupuesto. En términos generales, el presupuesto se incrementaría en un 1.3%, la tasa más baja de toda la década 1990, pues sólo entre los años 1991 y 1997 aquél se triplicó.

Aún no se conocen datos acerca de las fuentes de financiamiento del presupuesto, pero no cabe esperar mayores cambios en su composición, la cual descansa, principalmente, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, que aportan cerca de un 85% del total de ingresos tributarios. Aquí cabe señalar que en la actualidad el gobierno enfrenta serios problemas para financiar su presupuesto debido a que se ha topado con límites para el crecimiento de los ingresos tributarios.

En efecto, pese a la reforma tributaria implementada durante la década de 1990, para 1997 no se alcanzaron las metas de ingresos tributarios propuestos en el Programa Monetario Financiero debido a una reducción del ritmo de crecimiento del IVA y del impuesto sobre la renta. Como resultado de ello, cerca de un 20% de los ingresos públicos provinieron de préstamos externos.

En este contexto, pretender elevar el gasto social hasta un 15% o 18% del PIB en El Salvador es prácticamente imposible en el corto plazo, ya que ello implicaría dedicar todo el presupuesto nacional para el área social, o bien elevar el presupuesto al doble de la cifra actual, lo cual provocaría inmediatamente un incremento sustancial en el endeudamiento público y en el déficit fiscal. Más realista parece la meta de un 50% del presupuesto, aunque aún ésta experimentaría fuertes limitantes para su implementación debido al estancamiento de los ingresos tributarios.

Los criterios de asignación del presupuesto aún reflejan una importante participación de las partidas destinadas a atender los efectos de la conflictividad social. Aunque no se trata de negar la necesidad de financiar la seguridad pública y los procesos judiciales, tampoco debe de olvidarse la necesidad de adoptar políticas que permitan mejorar la situación social y de esa manera reducir los requerimientos de seguridad pública y del sistema judicial. Esto implica idear una forma de elevar sustancialmente los ingresos tributarios del gobierno, pues la reforma efectuada ha sido inefectiva debido a que, aunque introdujo el IVA, eliminó o disminuyó importantes impuestos a los empresarios (impuesto a las exportaciones y al patrimonio y redujo el impuesto a la renta de empresas a la mitad).

Es necesario plantear una solución viable para incrementar sustancialmente el gasto social, necesariamente vinculada al incremento de los ingresos tributarios. Mientras esto no se logre, los indicadores sociales continuarán siendo de los peores de América Latina y buena parte del presupuesto deberá dedicarse a la contención de la violencia social.

En torno a la precandidatura de Héctor Silva

 Cualquiera que haya conversado con alguno de los miembros del equipo edilicio de Héctor Silva, en las vísperas de las elecciones que lo llevarían a la Alcaldía de San Salvador, sabe que el solo hecho de sugerir la posibilidad de que el futuro alcalde hiciera una gestión de cara a las elecciones presidenciales de 1999 provocaba un airado reclamo o, en el mejor de los casos, un silencio prolongado que buscaba castigar la supuesta animadversión oculta en la sugerencia. Todos los que estaban cerca de Silva parecían coincidir en lo mismo con igual grado de convicción: el único interés que orientaría a la nueva administración sería el de satisfacer las necesidades de la población a través de una alcaldía fundamentada en la honestidad, inteligencia y capacidad de sus integrantes.

A partir de las declaraciones de Silva se deducía que su equipo, en el marco de una administración edilicia diferente, adoptaría el compromiso ético de gobernar la alcaldía al margen de motivaciones político-partidistas, ajeno a necesidades que no fueran las del municipio y sus habitantes. De aquí la tajante negativa a siquiera discutir el hecho de que la municipalidad pudiera ser utilizada como un trampolín para lanzarse a la carrera por la presidencia. Sin embargo, ahora que ha pasado más de un año desde que Héctor Silva arribó a la Alcaldía de San salvador, y sin que su gestión haya producido los frutos esperados, el alcalde está acercándose cada vez más a lo que un principio desestimó: la candidatura presidencial.

Aunque el propio Silva todavía continúa renuente a dar afirmaciones concluyentes sobre su postulación, posiblemente en consonancia con la disputa que al interior del FMLN ha surgido a raíz de la elección de las figuras que integrarán la formula presidencial, todo da pie a pensar que el camino hacia su candidatura se está despejando de obstáculos. Las reuniones entre Silva y Facundo Guardado, y el paulatino viraje de las declaraciones del primero (de afirmar reiteradamente que no abandonaría su puesto en la alcaldía ha pasado, en los últimos días, a declarar que estaría dispuesto a aceptar la precandidatura) son algunas muestras de ello.

Ahora bien, ¿qué decir de la posible aceptación de la precandidatura en relación a los compromisos que Silva adquirió al inicio de su administración? En primer lugar, éste parece estarse inclinando a sobreponer las necesidades urgentes del FMLN de encontrar un candidato a cualquier otra cosa. En esto no hay mucho que reflexionar: con la aceptación de la precandidatura, el alcalde entraría en abierta contradicción con el contenido de las declaraciones que realizó el primero de mayo de 1997. Sin embargo, en segundo lugar, habría que considerar que muy posiblemente el cambio de su postura inicial a la que hoy mantiene se haya debido más a la situación coyuntural por la que atraviesa el Frente que a un plan premeditado, de fecha anterior a su ingreso a la alcaldía.

De no ser así, sería difícil explicar la ausencia de suspicacia política de la que ha hecho gala la administración Silva al momento de intentar dar marcha a sus proyectos. Ausencia que le ha llevado en no pocas ocasiones a entrar en conflicto con un buen número de actores sociales del país. De haber existido desde el principio un plan para utilizar a la alcaldía de San Salvador como plataforma para una campaña electoral, Silva y su equipo no habrían actuado de la forma que hasta la fecha lo han hecho. Posiblemente habrían dejado de lado la ejecución de proyectos previsiblemente polémicos y se habrían dedicado a realizar obras más populistas e inofensivas. En este sentido, la torpeza política y la ingenuidad que la alcaldía ha mostrado en sus decisiones serían, además de defectos propios de un grupo de inexpertos con buenas intenciones, pruebas de descargo a su favor.

En tercer lugar, hay que considerar que el hecho de que Silva tenga que abandonar su título de alcalde, en caso de que se decidiera a aceptar la precandidatura, no implicaría necesariamente que la alcaldía quedaría al garete. Ciertamente, Héctor Silva es la cabeza visible de la administración edilicia, pero no su pieza fundamental —al menos administrativamente hablando. A diferencia de los gobiernos municipales anteriores, los miembros de la administración Silva han tenido un papel activo en los asuntos edilicios (sus intervenciones públicas han sido frecuentes y atinadas). Ello posibilitaría que, de salir Silva de la alcaldía, éstos le dieran continuidad a la mística y a los proyectos planteados al inicio de su gestión.

No obstante, las modificaciones administrativas que bajo el actual gobierno municipal se han realizado no atajarían el problema de dirección política que la dimisión de Silva podría provocar. Y este es un elemento que no puede dejarse de lado en el tema que nos ocupa. Como es obvio, el alcalde ha de haber jugado un papel importante en la armonización de los intereses de los partidos que conformaron la coalición que lo llevo al puesto. Una armonización que ha posibilitado no sólo que no surjan conflictos partidarios visibles al interior de la alcaldía, sino también, y aún más importante, que en los proyectos que se han intentado llevar a cabo no existan o sean mínimos los sesgos ideológicos.

Si de algo no se le puede acusar al gobierno de Silva es que en su gestión intereses políticos se hayan antepuesto a las necesidades de la población y de la ciudad de San Salvador. El alcalde ha sabido cumplir en este aspecto. Empero, una elección desacertada de su sucesor podría echar al traste este esfuerzo. Además, no es descabellado esperar que, en el camino de elegir a su sustituto, se desaten pugnas entre los partidos que conforman la coalición que estanquen o hagan retroceder las actividades emprendidas por la alcaldía. De ser así, la salida de Héctor Silva podría causarle un gran daño a la administración que preside.

Como es posible apreciar, no es poco lo que se pondrá en juego en caso de que el actual alcalde de San Salvador acepte competir por la Presidencia de la República. Sin embargo, el que ciertos grupos al interior del FMLN estén poniendo todo de su parte para impulsarlo a la fórmula presidencial no es ocioso. Aunque su más cercano competidor, Héctor Dada Hirezi, es el favorito de algunos personajes de peso dentro del Frente —incluso del mismo Silva— y se muestra como una figura capaz de atraer las simpatías del sector empresarial y de la derecha moderada, Silva le aventaja en algo que es fundamental para ganar una elección: su rostro es conocido por buena parte de los salvadoreños y en las encuestas de opinión obtiene resultados positivos.

Estas características, que distinguen al fenómeno Silva, son vitales de cara a las futuras elecciones, pues es difícil que el FMLN se decida por elegir a un candidato poco conocido por el electorado cuando su contendiente principal, ARENA, tiene ya meses de estar en una intensa campaña de promoción de Francisco Flores. Silva, a pesar de los errores y los pocos logros de su administración, se presenta como el favorito para integrar una fórmula electoral con posibilidades de relevar a ARENA de la silla presidencial. Restará esperar que el sacrificio que deba ofrecer la Alcaldía de San Salvador para tal motivo no sea en vano.

 Brotes de confrontación social en el istmo

 En los últimos meses, dos países de la región centroamericana han sido escenario de variadas muestras de descontento por parte de amplios sectores sociales, cuya realidad cotidiana se debate entre la supervivencia y la marginación. En Nicaragua, el abandono en el que se encontraban cerca de 15 comarcas del municipio de Cárdenas —fronterizo a Costa Rica— propició la abierta declaración de su deseo de anexarse al vecino país. Además, el aparecimiento de un nuevo grupo armado en la misma región donde, el año pasado, el Presidente Arnoldo Alemán se vio obligado a firmar acuerdos de desarme con cuatro grupos alzados, puso al descubierto la poca preocupación social de su administración hacia amplios sectores de la población. Mientras tanto, en Honduras, la oposición que grupos indígenas y ambientalistas han hecho a la puesta en marcha de dos megaproyectos hidroeléctricos (El Tigre y Patuca II), y el surgimiento de un frente armado clandestino cuya meta es eliminar a las "maras" o pandillas que han proliferado en el país, avizoran oscuras consecuencias para el país en la coyuntura cercana.

En todos los hechos subyace un denominador común: los casi intolerables grados de desamparo a los que aquellos grupos se han visto sometidos. Y aunque la variedad de respuestas con las que se han enfrentado a las respectivas situaciones pareciera alejar cada iniciativa en el rumbo de sus intereses particulares, todos ellos se hayan conectados entre sí, porque dejan entrever posibles estallidos sociales de difícil control para los gobiernos del istmo. En principio, todas las protestas parten de que existen contradicciones en la forma de vida de la población que siguen siendo una amenaza para la estabilidad de la sociedad en general. Por ejemplo, en la lucha por los intereses étnicos y ambientalistas en Honduras, que tiene como principal oponente al gobierno de Carlos Flores Facussé, en muchos casos se ha llegado a poner en juego la vida de aquellos que defienden tal ideal: dos dirigentes de los movimientos opositores a los proyectos hidroeléctricos han muerto en condiciones aún no esclarecidas por las autoridades.

Asimismo, el grupo militar clandestino que pretende "limpiar" a la sociedad de las pandillas de jóvenes delincuentes —autodenominado "Comando Papa"— es una respuesta a la raquítica oposición que los cuerpos de seguridad hacen al avance de la violencia. Por su parte, los separatistas nicaragüenses reclaman el "desamparo histórico" en el que han vivido, situación que ni siquiera estaba por resolverse antes del anuncio de la anexión a Costa Rica. Aunque en este caso la vida de los afectados no se vea amenazada por la confrontación entre grupos opuestos, sí se pone en riesgo en términos de la calidad de vida. Por otra parte, las acciones armadas del recién creado "Frente Armado Revolucionario" (FAR) responden a la poca seriedad demostrada por Alemán para cumplir con los compromisos de desarrollo social que adquirió como condición para el desarme de las —ahora extintas— cuatro guerrillas. Una vez más el mandatario imprime el sello de la improvisación en las soluciones que propone frente los problemas, cuando éstos se vuelven imposibles de ignorar.

En definitiva, los problemas que enmarcan las protestas sociales arriba señaladas ponen de manifiesto el notable desinterés que las autoridades han mostrado ante la situación de los grupos sociales que los expresan, así como la falta de iniciativa para formular e implementar soluciones integrales a aquéllos. La consecuencia más negativa de esto ya se vive en algunos lugares de Guatemala, donde los linchamientos de delincuentes a manos de la población son más o menos frecuentes, con lo cual la filosofía de tomar la justicia por cuenta propia —ante el fracaso de las autoridades— está ganando terreno. Esa filosofía alienta a cometer acciones al margen de la ley como respuesta a los preocupantes niveles de inseguridad. Además, los brotes de violencia organizada hacen revivir el riesgo de un nuevo tipo de confrontaciones armadas con motivación social —esta vez desligadas de cualquier motivo político e ideológico—, las cuales harán sumamente difícil la convivencia ciudadana.

Por lo demás, las FAR son la muestra más evidente de que la opción armada no ha desaparecido del horizonte de posibles respuestas frente a promesas incumplidas, que penosamente se traducen en el abandono y la injusticia que forman parte ya de la estructura de las sociedades latinoamericanas. El gobierno nicaragüense no se cansa de argüir ante tales problemáticas que la pobreza en la que se encuentra su país es el único motivo por el que no se ha logrado responder a las exigencias de los habitantes de las regiones en revuelta, pero con ello parece ignorar las inversiones escandalosas que ha autorizado en la construcción de infraestructura pública y el aumento que hace poco más de un año aprobó para altos funcionarios públicos, colocándolos como los mejor pagados de toda Centroamérica.

Por su parte, hasta ahora el gobierno de Honduras no se ha manifestado sobre los efectos negativos que la construcción de la represa Patuca II causará a la porción hondureña del "corredor biológico mesoamericano", que se extiende desde México hasta Colombia. Tampoco ha establecido ningún mecanismo para compensar a los pobladores que se quedarán sin tierras luego de la construcción de la presa El Tigre. El estancamiento en las negociaciones al que han hecho alusión algunos sectores políticos del país, a causa de las irregularidades en la firma del primer acuerdo (realizado durante las administraciones Cristiani-Cárdenas), tampoco parece ser una razón de peso para reconsiderar el proyecto: el Instituto Nacional Agrario, uno de los organismos que lo coordina, aseguró que se realizará un censo catastral para determinar el monto de las indemnizaciones a cancelar cuando se proceda al desalojo de los habitantes de la región, dando con ello casi por hecho que los desalojos procederán sin ninguna traba.

El hecho es que este tipo de políticas no son ni por cerca una solución a la problemática que motiva las protestas de la población. Parece fácil para los gobiernos de la región seguir ignorando las apreciaciones que de los problemas tienen los principales afectados, pero con ello se pueden estar poniendo en riesgo no sólo la seguridad ciudadana, sino también la frágil estabilidad social de cada nación. La necesidad de apreciar los problemas desde sus orígenes, de forma más bien retrospectiva y atacando "de frente y sin tregua" los males estructurales de los que se desprende este tipo de manifestaciones sociales, todavía está lejos de ser un punto medular dentro de las políticas oficiales, mucho menos de las aspiraciones de los gobiernos. Al final, con ello se exponen a que la población, que hoy por hoy condena la marginación y el abandono desde los pocos espacios que la sociedad civil les ofrece, tienda a reconocer en la violencia organizada una herramienta útil para hacerse escuchar y para presionar a las autoridades en función del cumplimiento y el respeto de sus derechos fundamentales.

El reto del nuevo presidente colombiano

 Una sociedad convulsionada por la violencia; una Presidencia de la República minada en su institucionalidad; una tasa de desempleo del 14.5%; un déficit fiscal de 5%; un déficit de cuenta corriente cercano a esta última cifra; un crecimiento que cayó del 4% anual a cerca del 2%; la imagen internacional por el suelo; la relación con los EEUU gravemente deteriorada… Estos y otros males hereda el gobierno de Ernesto Samper a Andrés Pastrana, Presidente electo el pasado 21 de junio. Tan grave es la situación de Colombia que, antes del triunfo del candidato conservador, era difícil pensar que un primer mandatario, por muy bien intencionado que fuera y por muy limpios que fueran los dineros de su campaña, podría sacar a flote a una nación que, atravesada por los multimillonarios intereses del narcotráfico, afronta una guerra de cuatro décadas de antigüedad.

Hay que empezar por decir que no todos los males de Colombia pueden ser atribuidos a Samper. Especialmente en materia económica, hay regulaciones —como la fijación de los precios internacionales del café y del petróleo— que poco o nada tienen que ver con quienes sean los gobernantes. Lo que sí es un hecho innegable es que la ilegitimidad y la falta de credibilidad del gobierno liberal, que cede su lugar a los conservadores el 7 de agosto, contribuyó en grado sumo a la profundización de la crisis colombiana. El recrudecimiento de la violencia y el sensible deterioro de las relaciones diplomáticas con EEUU durante los últimos cuatro años son claras muestras de ello. Ni la guerrilla ni el gobierno estadounidense reconocieron a Samper como una autoridad y tanto las acciones violentas de la primera, como los movimientos políticos del segundo estuvieron permanentemente encaminados a debilitar cada vez más a un gobierno que ninguno de los dos estuvo dispuesto a aceptar como tal.

Pero además de enfrentarse a los guerrilleros y a los norteamericanos, Samper tuvo que vérselas con la sociedad colombiana. Probablemente no ha habido en Colombia presidente más cuestionado por la opinión pública que Ernesto Samper. Los medios de comunicación se encargaron de dejar caer sin tregua sobre sus espaldas todo el peso del financiamiento fraudulento de la campaña que lo llevó, en 1994, a la Presidencia de la República. Incluso los más prestigiosos periódicos colombianos llegaron a vituperar en sus editoriales al gobierno samperista.

En consecuencia, el saliente presidente colombiano, más que gobernar, lo que hizo durante los cuatro años de su "mandato" fue esquivar los ataques de todos estos dispares, pero siempre implacables, detractores. Es prácticamente inverosímil que Samper se hubiese mantenido en el poder a pesar de las indiscutibles evidencias de que su llegada al poder tenía mucho que agradecer al cártel de Cali; a pesar del juicio en su contra que se llevó a cabo en el Congreso; a pesar de los múltiples intentos del gobierno estadounidense de deslegitimar su gobierno; a pesar de la presión de los medios de comunicación; a pesar, en fin, de tener a la mayor parte del país, a la guerrilla y a los EEUU en su contra.

Por supuesto, este difícil equilibrio presidencial tuvo enormes costos para el pueblo colombiano. Para conseguir su supervivencia política, Samper se vio obligado a hacer todo tipo de concesiones: al Congreso, a los sindicatos, a los grupos de mayor poder económico y a los militares —hasta el punto de haber estado cerca del golpe de Estado. Todas estas concesiones, huelga decirlo, pusieron fuertes cortapisas a la gobernabilidad del país. Dicho en pocas palabras, a Samper Colombia se le salió de las manos. Y lo que es aún más grave, Samper también se volvió inmanejable para la patria de García Márquez.

Ahora, después de años de ver cómo esa nación suramericana se precipita con velocidad por el despeñadero de la violencia y la corrupción, con el triunfo de Pastrana nuevos vientos soplan en Colombia. ¿Pero qué decir de este joven conservador que parece estarse convirtiendo en la esperanza de paz, aun antes de haber tomado posesión de su cargo? Pues bien, antes que nada hay que aclarar que Pastrana llega aventajado a la Presidencia por el simple hecho de ser el sucesor de Samper. En ese sentido, tanto Noemí Sanín —la aspirante independiente y tercera candidata más favorecida por el electorado— como cualquier otro candidato estarían igualmente en una posición favorable de haber sido ellos los vencedores de las elecciones de junio. Esto significa que gran parte del optimismo que actualmente respiran los colombianos no se debe tanto a que Andrés Pastrana sea su próximo Presidente, sino a que al fin, después de un gobierno nefasto, Ernesto Samper deja el poder.

No hay que olvidar la procedencia de Pastrana a la hora de medir los pros y los contras de este inicio prematuro de su mandato. Si el partido liberal carga consigo un enorme lastre de diversas prácticas corruptas —al que Samper añadió un sobrepeso fatal—, el partido conservador no se queda atrás en lo absoluto. También los conservadores han sido corruptos; también ellos han interpuesto sus intereses personales a los intereses de la nación colombiana; también a ellos hay que atribuir la responsabilidad de la polarización del país; también ellos, como la segunda fuerza política nacional, han contribuido a institucionalizar la bajeza con la que se maneja la política en Colombia.

Hay que reconocer, sin embargo, que la reunión de Pastrana con los máximos dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —principal grupo insurgente— significa para el hijo del ex presidente Misael Pastrana Borrero la entrada al ejecutivo por la puerta grande. Esta reunión, realizada "en algún lugar de las montañas de Colombia", sumada a la que llevaron a cabo en Alemania diversos sectores de la sociedad civil con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —segundo grupo guerrillero en importancia— abre la posibilidad de iniciar el proceso de paz. A estos diálogos han declarado querer unirse los paramilitares, con lo cual dejaría de ser demasiado ingenuo ensanchar las expectativas con respecto al desenlace de la pacificación.

Pastrana es un conservador y es importante no perder eso de vista. En materia económica su orientación es neoliberal, lo cual debe ser tenido en cuanta por los más optimistas. Pero su principal reto ahora es lograr la paz. El lo sabe y se lo ha tomado lo suficientemente en serio como para darse cuenta de que sin paz nada puede lograrse en Colombia, pues ni siquiera gobernar es posible. El desgaste de los 12 años de administración del partido liberal, el funesto gobierno de Samper, su experiencia como alcalde de Bogotá e incluso la experiencia adquirida de la derrota frente a aquél en 1994, son los puntos a favor de Pastrana. Apoyado en ellos, se enfrenta a la tarea de titanes que supone gobernar a un país profundamente fragmentado, anárquico, lleno de pobreza y corrupción.

El reto al que se enfrenta el nuevo Presidente de Colombia no deja de ser un arma de doble filo: o pacifica lo suficiente al país como para garantizar la gobernabilidad y fortalecer un Estado de derecho enormemente debilitado o no lo logra y hecha así por la borda las esperanzas que su reciente encuentro con las FARC han despertado en la población, sumiéndola con ello en una incertidumbre aun peor que la que reinó durante la administración samperista.

Censurable decisión y gris horizonte (II)

 Pero, además de la reprobación a las y los diputados que eligieron a Peñate Polanco, se debe pensar en lo que hay que hacer en adelante y ofrecer propuestas concretas a la población. Porque no podemos ni debemos dar por perdida la institución. Hay tres escenarios posibles y cada uno de ellos debe ser analizado para determinar los desafíos que se presentan y las prioridades de trabajo que éstos plantean, para poder estar a la altura de los acontecimientos.

El primero: este período en el que la Asamblea Legislativa, según su reglamento interno, tiene que investigar la trayectoria del funcionario que nombró. Es ahora cuando la población que sabe sobre algunas de las presuntas deficiencias de Peñate Polanco en su desempeño como profesional o dentro del Órgano Judicial, debe acercarse a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento para informar de esos hechos o para indicar por dónde se debe indagar.

Por de pronto, a las denuncias presentadas en la Corte Suprema de Justicia y la PDDH se tienen que agregar otros preocupantes señalamientos que se han conocido en los casi 15 días que tiene en el cargo. Se dice que ha realizado nombramientos inadecuados de personal en puestos claves de la institución, irrespetando los procedimientos internos para ello y poniendo en peligro la continuidad del trabajo; que ha hecho uso indebido e irresponsable del automóvil que le asignaron, al punto de haberlo dañado durante el primer fin de semana que lo ocupó; que no ha renunciado a su cargo en el Órgano Judicial, limitándose sólo a pedir permiso por tiempo indefinido; y que el Consejo Nacional de la Judicatura, al examinar su gestión como funcionario judicial, recomendó su destitución.

Todo eso es serio pero solamente lo conocemos de oídas, así que es una exigencia para la Asamblea Legislativa el realizar una pronta y responsable investigación. Lo que sí nos consta es la incompetencia notoria de Peñate Polanco, a partir de una primera reunión que tuvimos con él. Con la intención de conocer su plan y sus propuestas de trabajo institucional, el viernes 11 de julio le solicitamos un encuentro que amablemente aceptó. Ahí confirmamos que no es la persona indicada para ocupar el cargo, pues quien aspire a eso debe tener ideas previas y claras para el desarrollo exitoso de su gestión.

El segundo escenario posible: que por renuncia o destitución, Peñate Polanco desocupe el despacho. Así se abriría una buena posibilidad para comenzar a enderezar el rumbo torcido por el cual, desde la salida de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, la Asamblea Legislativa ha llevado a la institución. A la población, por su parte, le corresponde —de manera individual o agrupada— continuar defendiendo la PDDH como hasta ahora lo ha hecho. Son bastantes las personas que llaman o se acercan al IDHUCA y a otras organizaciones sociales de derechos humanos, molestas y hasta indignadas, para criticar a Peñate Polanco y a quienes lo colocaron en el cargo.

Pero no podemos conformarnos sólo con su salida; se debe continuar empujando desde la llamada "sociedad civil" para garantizar que sea sustituido por alguien que reúna todos los requisitos legales y cumpla con el perfil necesario, a fin de que pueda ubicar las tareas prioritarias que se presentan en este período y enfrentarlas de manera eficaz.

Desde nuestra óptica, además de cumplir con los requisitos incluidos en el artículo 5 de la Ley de la PDDH y no tener problemas para asumir el cargo —según los impedimentos y las incompatibilidades que aparecen en los dos siguientes artículos de la misma legislación— la persona a cargo de la institución debe:

1. Estar calificado, personal y profesionalmente, para prevenir y evitar la realización de violaciones a los derechos humanos.

2. Tener capacidad y fuerza moral para señalar responsabilidades cuando ocurran dichas violaciones, así como para imponerse sobre ellas mediante la elaboración de resoluciones y recomendaciones adecuadas, cuyo cumplimiento sea verificado a través de un seguimiento efectivo de las mismas y comunicado ampliamente a la población.

3. Interpretar de manera amplia e integral su mandato, especialmente en el ejercicio de las facultades de intervención cuasi jurisdiccional que le otorga la ley.

4. Aplicar a su trabajo la concepción integral y universal de los derechos humanos.

5. Ser capaz de dialogar y concertar con todos los sectores de la sociedad y con el resto de la administración pública.

En ese marco, el o la procuradora tiene tres tareas fundamentales:

1. Actuar con decisión para combatir y erradicar la impunidad en cualquier hecho, por mínimo que sea, a fin de evitar que se vuelvan a producir graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos como las del pasado reciente.

2. Supervisar las instituciones estatales para que no existan en ellas estructuras y prácticas violadoras o encubridoras de las arbitrariedades que afecten a la población. Debe poner especial atención a la labor de la Policía Nacional Civil y del Órgano Judicial, debido a que de su buen o mal funcionamiento dependen mucho la consolidación de la institucionalidad y la transformación democrática de nuestra sociedad.

3. Mantener a la PDDH como la instancia capaz de articular consensos para aliviar la situación de exclusión económica y social en la que se encuentra la mayoría de la gente; también, para mediar en las crisis que en el corto y mediano plazo se puedan producir, de no corregirse el rumbo en este aspecto.

El último escenario que vemos: que la Asamblea Legislativa se empeñe en seguir echando a perder la institución y mantenga a Peñate Polanco. Eso sería malo para la PDDH y para el país entero; la población y sus organizaciones tendrían que empujar para evitar que en este período se dieran pasos hacia atrás en lo que toca a los logros alcanzados. Sin duda, este escenario es muy peligroso para el ánimo y la confianza de la gente.

En cualquiera de los casos nos toca trabajar con creatividad y profesionalismo para lograr que la población valore correctamente lo que es la PDDH; para que la gente tome conciencia del por qué existe y el para qué sirve, superando la errada visión que le han transmitido los partidos políticos y ciertos funcionarios estatales. Asimismo, debemos proponer mecanismos de participación democrática que le establezcan límites a la Asamblea Legislativa cuando se deban realizar elecciones de "segundo grado".

Dentro de esta lamentable y preocupante experiencia, con otras organizaciones sociales desplegamos una intensa actividad para alcanzar una buena elección. Pero de nuevo no nos hicieron caso: nuestras iniciativas fueron rechazadas sin que existieran razones de peso para ello. Es más: la irresponsable actuación de la Asamblea la llevó a aprobar una modificación legal que dejó a la institución en una inexcusable acefalía.

Ahora, las y los diputados tienen la posibilidad de rectificar su error. Sin investigar las denuncias contra Peñate Polanco, a quien el aparato politiquero y partidarista de encubrimiento está defendiendo, existe otro camino: que en el "Salón Azul" se den cuenta del malestar que generó este nombramiento y que sean capaces de aceptar que se equivocaron al haber seleccionado a una persona sin trayectoria —ni siquiera conocida, mucho menos reconocida— en la materia. Se dice que errar es de humanos; por eso, quienes tienen la culpa de este desacierto todavía están a tiempo de demostrar que no son eso que mucha gente piensa.

Comunicado de prensa

Frente a la nominación del licenciado Eduardo Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos, el IDHUCA desea expresar:

1. Que no está de acuerdo con el procedimiento utilizado por la Asamblea Legislativa para la elección del titular de esta institución, debido a que de esa manera no se investigaron los antecedentes del licenciado Peñate Polanco, de quien se sabe tiene numerosas denuncias en su contra por retardación de justicia y otros hechos, muchas de ellas presentadas ante la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Considerando eso, resulta evidente que el actual procurador no cumple con uno de los requisitos fundamentales que establece la Ley de la PDDH, la cual señala —en su quinto artículo— que el titular de la institución debe poseer "moralidad y competencia notorias".

2. Que además, con su errado proceder, la Asamblea Legislativa pasó por alto el requisito legal básico para ocupar dicho cargo: el de poseer una "reconocida trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos y con amplios conocimientos en ese campo".

3. Que conociendo de antemano estos requisitos, las y los diputados que votaron a favor del licenciado Peñate Polanco han dado una muestra más de su irresponsabilidad y su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones. Posteriormente, cuando comenzaron a recibir numerosas críticas por la elección realizada, algunos diputados y diputadas pretendieron echarle la culpa a los organismos sociales de derechos humanos, por no haber dicho nada sobre las supuestas irregularidades en torno a la trayectoria del hasta hace poco magistrado de Cámara.

Esto no es más que una "cortina de humo" de aquellos y aquellas que no quieren reconocer el grave error que cometieron al elegir al licenciado Peñate Polanco. Contrario a lo dicho por los llamados "Padres de la Patria", los organismos sociales de derechos humanos —en repetidas ocasiones— presentamos piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, propusimos una terna de candidatos que cumplían todos los requisitos que establece la ley e, incluso, organizamos un evento público para debatir sobre el tema. Cabe destacar que a dicha actividad, no asistió ningún representante de los partidos políticos.

4. Que la PDDH es patrimonio de todas y todos los salvadoreños y que, por tanto, no puede ni debe ser objeto de ningún tipo de manoseo político. Con tales actitudes incorrectas, se pretende reducirle el importante perfil que ha alcanzado la PDDH y se le está haciendo un grave daño a la institucionalidad del país. Asimismo, se están socavando más los reducidos niveles de confianza y credibilidad que la población pueda tener en el proceso de transformación democrática de nuestro país.

5. Que es notable la reacción social de rechazo ante el nombramiento del licenciado Peñate Polanco y de crítica a la Asamblea Legislativa por su decisión en ese sentido. Ello constituye un buen síntoma de participación activa y consciente de la población en defensa de su institución.

Por todo lo anterior:

1. Se demanda a las y los diputados que actúen con apego a lo establecido en la Ley de la PDDH y que, por tanto, se destituya al licenciado Peñate Polanco. De no hacerlo, se estarían revirtiendo los logros alcanzados por la instancia bajo la administración de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés.

2. Se exige que, sin mayor dilación, se elija una persona idónea para ocupar el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos.

3. Se demanda que se modifique la legislación en lo que toca a ampliar el universo de las personas que puedan ocupar el cargo, restringido ahora sólo profesionales de las Ciencias Jurídicas. Asimismo, se solicita establecer un proceso democrático y transparente de discusión, con la participación de la población, que garantice las condiciones para evitar que en las elecciones de mayoría calificada se sigan cometiendo errores como el que ahora lamentamos.

4. Se invita a la población a que continúe hasta el final en la defensa de la institucionalidad de la PDDH, evitando que en lugar del licenciado Peñate Polanco se coloque a otra persona que tampoco reúna todos los requisitos para el cargo.

San Salvador, 15 de julio de 1998.

INVESTIGARAN. La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa investigará si el nuevo Procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate, cumple con los requisitos para ser ratificado en el cargo. Esto se debe a varias denuncias que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha recibido en contra de Peñate. El Procurador fue denunciado, el 17.02, por haber cometido grave retardación de justicia cuando se desempeñaba como magistrado de la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente. La CSJ tiene en espera nueve expedientes más en contra del funcionario por supuesta violación al derecho de audiencia y de defensa, entre otros. El diputado independiente, Arturo Argumedo, afirmó que, en su momento, advirtió a sus colegas sobre la existencia de las denuncias. Sin embargo, los 77 diputados que votaron a favor de Peñate afirman que investigaron al candidato y que éste cumplía con los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría de Derechos Humanos. Por su parte, el Presidente de la CSJ, Eduardo Tenorio, reveló que la Asamblea Legislativa "nunca pidió formalmente información sobre las denuncias", aunque manifestó que los diputados sí visitaron la Oficina de Investigación Judicial. Agregó que se brindó a éstos toda la información del Procurador, sin dejar oculto nada respecto a los casos investigados (LPG 09.07 p.8 y 11.07 p.4).

CSJ. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Tenorio, manifestó, el 09.07, su descontento ante la decisión tomada por la Asamblea Legislativa de formar una comisión especial que investigue las resoluciones de la CSJ. Tenorio afirmó que esa actitud era "intolerable, inaceptable e inadmisible". Según argumentó, una comisión es improcedente cuando se trata de la cúpula de otro poder del Estado. "El Organo Judicial, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución, es un órgano fundamental del Estado... tan fundamental como lo es la Asamblea Legislativa" expresó Tenorio; añadiendo que la intención de la investigación es coartar la independencia y la autoridad de los jueces. Asimismo, señaló que el Organo Legislativo no tiene ninguna atribución expresa para crear comisiones especiales. Sin embargo, Tenorio dijo no tener miedo de las investigaciones de la Asamblea y estar dispuesto "en cualquier momento, y en cualquier lugar a enfrentar a cualquier persona", pues, según él, sus 20 años al servicio público lo avalan. "Nunca he estado renuente a que me investiguen... nunca le ha pedido un voto a un diputado y lo repito: si nunca le he pedido un voto a un diputado, tampoco le tengo porqué pagar favores de tipo político a nadie", sostuvo (DH 09.07 p.6 y LPG 09.07 p. 10).

RESERVA. Reserva total decretó, el 10.07, el juez Primero de Instrucción de Nueva San Salvador en el caso de los secuestros, y exigió a las partes modificar las preguntas del cuestionario que se enviará a Joaquín Villalobos. La resolución dictada por el juez explica que, en base al artículo 97 del Código Penal, la reserva fue decretada bajo el argumento de "interés público" y para evitar cualquier obstáculo en la investigación. Es decir, que ningún medio de comunicación tendrá acceso al proceso. El secretario del tribunal, Carlos Sorto, explicó que la reserva responde a la necesidad de no politizar la diligencia, en la cual se incluye a Shafik Handal, por ser este un año preelectoral. En cuanto al cuestionario, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que es la parte acusadora, se mostró inconforme con el cambio del interrogatorio escrito, pues considera que con las preguntas planteadas en ningún momento se le está dando el trato de imputado a Handal , tal como lo argumentó en su oportunidad la Corte. Según la resolución judicial, el interrogatorio no debe contener preguntas capciosas, sugestivas, no emplear coacción, engaño, promesa o artificio. En este sentido, la Fiscalía General de la República y la ANEP deberán adecuar el cuestionario a los requisitos que el Código Procesal Penal exige (DH 11.07 p.2 y LPG 11.07 p.6).

CONTRUCCION. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) aseguró, el 08.07, que los pasos a desnivel que se construyen actualmente serán terminados en diciembre del presente año. Sin embargo, el contrato estipula que las obras pueden ser concluidas en marzo de 1999. De acuerdo al jefe de la Unidad de Proyectos Especiales del MOP, Manuel Perdomo, la institución hará lo posible para que las obras sean entregadas antes de que este año finalice, aunque "contractualmente [el plazo] es el primer trimestre de 1999". Los cuatro pasos a desnivel están siendo construidos por la empresa italiana IMPREGILO, con una inversión global de 60 millones de colones. Perdomo explicó que la adjudicación de las construcciones a una sola empresa se debe a que ésta ofreció una solución integral y más económica para el problema del tráfico vehicular. El estado actual de dos de las obras se encuentra en su primera etapa de construcción, que consiste en la remoción de los servicios públicos, como telecomunicaciones y aguas lluvias, cercanos a las construcciones. En el caso de las otras dos infraestructuras, los trabajos de remoción de servicios no se han iniciado. "Hay que hacer todo un proceso con las instituciones involucradas [para remover los servicios]", dijo Perdomo, al justificar el tiempo que tardará el inicio de las construcciones (DH 09.07 p.14).

REOS. La Fiscalía General de la República se declaró en "alerta", el 10.07, por el segundo amotinamiento en menos de un mes de unos 300 reclusos en el centro penal de Apanteos. Los reos protestaron por el traslado de dos de sus compañeros, quienes eran considerados los "líderes" del amotinamiento ocurrido el pasado 23 de junio, a otro centro carcelario. Además, los presidiarios pidieron a las autoridades judiciales les promuevan sus procesos, debido a que la nueva ley no les favorece como ellos pretenden. Además, los reos exigen mejores condiciones y alimentación. La jefa de la Fiscalía Regional de Occidente, en el Departamento de Santa Ana, declaró que "estamos en alerta y emergencia frente a una acción delictiva que los reclusos puedan hacer". El subcomisionado policial, Oscar Aguilar, afirmó que la PNC se encuentra pendiente de lo que pueda ocurrir, tras la sospecha de que los reos preparan armas artesanales para iniciar una nueva revuelta. Para tal efecto, la policía montó retenes a unos 100 metros del edificio. De igual manera, se llevó a cabo el recuento de presidiarios para verificar que ninguno de ellos haya escapado durante el motín. El Director del Penal, Rafael Avilés, aseguró que la situación ya se encuentra bajo control (DH 11.07 p. 12).

AVILA. El Director de la PNC, Rodrigo Avila, se mantendrá al frente de la institución por segundo período, según informó, el 15.07, el Presidente la República, Armando Calderón Sol. El mandatario dijo que se había analizado cada departamento de la PNC, incluyendo el trabajo de la dirección, lo que llevó a la ratificación del funcionario y a la aplicación de reformas a la Ley de la PNC y al reglamento disciplinario de la institución. Con ello se pretende superar los problemas por los que ha atravesado la institución. Avila recibió el respaldo de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados coincidieron en afirmar que destituir al actual director sería un error del gobierno, ya que consideran que Avila ha alcanzado altos niveles de profesionalización en el desempeño de su cargo. Por su parte, el Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández, aseguró que Avila dirigió eficientemente la institución policial y que la falta de control sobre la delincuencia se debe a que "el Organo Ejecutivo abandonó a la policía". De igual manera opinó el inspector general de la PNC, Víctor Valle, al explicar que el jefe policial se ha dedicado a mejorar su trabajo, dentro de las posibilidades de sus recursos. Añadió que Avila es una persona honrada y comprometida con la seguridad pública (DL 15.07 p. 3 y LPG 15.07 p. 6).