Año 19
número 817
agosto 12
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Democracia e institucionalidad
Política Sobre las investigaciones en torno a los secuestros
Economía En torno a la privatización de ANTEL
Regional Estados Unidos condiciona cooperación económica a Honduras
Opinión Pública La delincuencia en la sociedad salvadoreña
Derechos Humanos ¡Qué Asamblea!
Democracia e institucionalidad
Con la firma de los Acuerdos de Paz no sólo se puso fin a doce años de guerra civil y se procedió a sacar a los militares de la actividad política directa, sino que también se sentaron las bases para iniciar un proceso de institucionalización socio-política sin el cual la democracia no pasaría de ser un sueño sin asidero en la realidad. En el fondo, estaba el convencimiento —sustentado en diversas experiencias históricas y en distintos planteamientos teóricos— de que un orden democrático no puede instaurarse y mantenerse sin una red de instituciones que le sirvan de soporte y realicen en el plano práctico sus reglas y valores. La democracia es ciertamente un ideal: apunta a fundamentar un orden socio-político en el cual la representatividad de la sociedad civil y los derechos ciudadanos tengan una vigencia plena, sin exclusiones de ninguna naturaleza.
Pero la democracia no es sólo un ideal: es también un conjunto de garantías y procedimientos orientados no sólo a hacer realidad la representatividad política y el respeto a los derechos ciudadanos, sino a limitar los abusos del poder político, sobre todo las pretensiones autoritarias de quienes ejercen cargos de dirección gubernamental.
La democracia como ideal y la democracia como conjunto de garantías y procedimientos son una y la misma cosa, puesto que estos últimos están inspirados en aquélla y, a su vez, la concretan en el ámbito de la práctica socio-política. A menudo en nuestro país la clase política ha olvidado que la democracia tiene estas dos dimensiones insoslayables, lo cual la ha llevado a insistir en una idea de democracia vacía, reducida a un mero ejercicio periódico de elecciones. Lo peor ha sido la ausencia de una reflexión verdaderamente seria sobre los requisitos institucionales de aquélla, es decir, sobre los soportes materiales de las garantías y procedimientos que dan vigencia a un régimen político democrático. Nuestra clase política ha creído que ella sola basta, con sus incontables vicios y escasas virtudes, para que un orden democrático se instaure en El Salvador; no ha querido o no ha podido darse cuenta de que sin los soportes institucionales adecuados son sus vicios los que terminan imponiéndose por sobre sus pocas virtudes.
Incluso a la clase política salvadoreña parece sentarle bien la debilidad institucional que caracteriza a nuestro país en la actualidad. No es que le siente bien porque le permita desplegar todas sus potencialidades y creatividad, sino porque le da un amplio espacio para moverse a sus anchas, sin tener que rendir cuentas ante ninguna instancia normativa acerca de sus desmanes y desatinos. Una cosa es innegable: las instituciones, cuando están bien asentadas, obligan a los individuos y grupos a cumplir con sus exigencias normativas. La ausencia de las instituciones necesarias o su debilidad extrema facilitan la discrecionalidad; esto es, la toma y revocación de decisiones según sean los intereses de los grupos de poder político. De aquí que los principales enemigos de la institucionalidad son los políticos que ven en ella una seria amenaza para lo que consideran su poder ilimitado. De lo que se trata es justamente de enseñar a los políticos que su poder no es ilimitado; se trata de poner cortapisas a ese poder. Nada mejor para hacerlo que un entramado institucional sólidamente constituido.
Un requisito ineludible para el avance del proceso de instauración democrática en El Salvador consiste, entonces, en evaluar críticamente el conjunto de instituciones con las que cuenta en la actualidad. De entre estas, la mayoría de ellas son anteriores al proceso de democratización iniciado a principios de la década de los años 80. Esto quiere decir, al menos, dos cosas: la primera, que son instituciones con estilos y prácticas de trabajo sumamente solidificadas, lo cual hace difícil su transformación; y la segunda, que se crearon en el marco de un proceso de modernización socio-económica a cuya cabeza estaba el estamento militar, es decir, se crearon en un contexto político marcadamente autoritario. Estos dos aspectos dejan entrever las dificultades que conlleva la reconversión hacia la democracia de instituciones creadas para sustentar un modelo político autoritario. La principal dificultad es que el autoritarismo se apoderó de ellas, dando lugar a la conformación de nichos institucionales en los cuales el protegido y fiel servidor del presidente militar de turno hacía de las suyas, dando protección, a su vez, a sus propias camarillas personales. Siendo así las cosas, los funcionarios de alto rango entendían que de lo que se trataba era de enriquecerse a costa de los bienes públicos lo más pronto posible, con lo cual la corrupción se volvió lo más normal en la gestión estatal.
Se trataba, en verdad, de un panorama sombrío. Lo grave del asunto es que esa concepción de las instituciones no ha desaparecido de la realidad salvadoreña. Instituciones importantes para la democratización del país, como la Corte de Cuentas de la República, aún ahora son consideradas como un patrimonio hereditario de determinados partidos políticos, los cuales reclaman que se reconozca ese derecho absolutamente contrario al proceso de democratización. El Partido de Conciliación Nacional (PCN), bajo cuyo mandato, en las décadas de los años 60 y 70, se incubó el autoritarismo en las instituciones estatales, continúa dando vigencia a ese esquema institucional: la Corte de Cuentas le pertenece al partido; es decir, es el nicho privado del miembro del partido elegido para presidirla, quien puede negociar cuotas de poder con figuras políticas y económicas, puede llevar a sus familiares y amigos a puestos clave y, sobre todo, puede hacerse de una significativa cuenta bancaria mientras no le llega el turno a otro de sus colegas.
Por otra parte, las instituciones nuevas, creadas expresamente para apuntalar la democratización del país, aunque no cargan con la osificación de las instituciones más viejas, corren el peligro de volverse irrelevantes, debido tanto a la inexperiencia de sus miembros como a los embates de quienes añoran el autoritarismo. El ejemplo más palpable de esto lo constituye el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual, con su nuevo procurador —nombrado según criterios absurdos—, parece estar condenada a la irrelevancia más patética.
No será fácil insertar las viejas instituciones en el marco del proceso de democratización ni tampoco reencauzar a las nuevas con el mismo propósito; ello no obsta para que se trabaje decididamente y desde ya en ambas direcciones, pues sólo así se podrá dotar al proceso del andamiaje institucional necesario para su éxito.
Las investigaciones que giran alrededor de los casos de secuestro no han podido dejar de ser polémicas. La primera controversia se generó cuando las indagaciones de la policía implicaron a algunos miembros del Partido Comunista en los plagios de prominentes empresarios o de familiares de éstos. Fue muy fácil en aquel momento predecir que las revelaciones de aquellos hallazgos se politizarían a favor de los incansables detractores de la izquierda, quienes verían en el hecho una nueva y particularmente poderosa oportunidad de denigrar a la ex guerrilla. Esta última quedaría, por un lado, vulnerable a nuevos ataques y, por otro, imposibilitada para pronunciarse en contra de la impunidad que ha reinado después de la amnistía (ver Proceso, 749 y 780).
Actualmente, las investigaciones relativas a los secuestros han tomado un matiz más judicial. No obstante, el diputado Shafick Hándal, una de las figuras más sobresalientes del FMLN, continúa estando en la mira de los jueces y acusadores que llevan el caso. Las indagaciones señalan que, presuntamente, Hándal participó, a principios de la década de los 90, en reuniones en las que se planeaba el secuestro del empresario Eduardo Salume. Pues bien, con el objeto de adquirir elementos que permitan el esclarecimiento de tales hechos, el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla —responsable del caso— y Astor Escalante, abogado acusador por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), decidieron enviar a Joaquín Villalobos —ex dirigente del FMLN y antiguo líder del Partido Demócrata (PD)— un interrogatorio escrito.
El hecho de que Villalobos resida actualmente en Inglaterra hizo necesario el envío de lo que se conoce como un "suplicatorio internacional". En él, el gobierno salvadoreño, vía la Corte Suprema de Justicia, solicita a un tribunal inglés que lleve a cabo el interrogatorio pertinente. Probablemente ningún problema habría generado el cuestionario en mención de no ser porque en varias de sus 43 preguntas se hace alusión al diputado efemelenista Shafick Hándal. Debido a ello, Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó al Juzgado excluir del cuestionario el nombre de Hándal, argumentando que el fuero del que éste último goza, en su calidad de legislador, impide involucrarlo en hechos delictivos sin la petición previa de un antejuicio a la Asamblea Legislativa.
Dos meses han pasado ya desde que esta petición de Tenorio generó la segunda gran polémica alrededor de las investigaciones sobre los secuestros. Durante todo este tiempo, los medios de comunicación no han dejado de esgrimir fuertes críticas en contra del Presidente del Organo Judicial, llegando a acusarlo incluso de defender al diputado efemelenista. El Juzgado y el abogado acusador de la ANEP rechazaron la orden de Tenorio arguyendo que mencionar a Shafick Hándal en el interrogatorio no significa en lo absoluto que se le esté acusando directamente de un delito; además, acusaron a Tenorio de estar entorpeciendo las investigaciones y de violar la Constitución de la República, al intervenir en la independencia de los jueces que en ésta se defiende.
Desde los inicios de la polémica entre la CSJ y el Juzgado y la parte acusadora, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino señalando que el presidente del Organo Judicial se equivocó al ordenar la modificación del contenido del cuestionario. Pero lo más insólito de esta disputa es que hasta la Asamblea Legislativa ha intervenido en ella conformando una "comisión" destinada a investigar la constitucionalidad de la decisión de la Corte. Por supuesto, la intervención de la Asamblea en esta controversia, cuyo término no se ve claro aún, sólo ha complicado aún más el problema. Ahora resulta que es esta la segunda vez —después de la pugna que se gestó entre los dos poderes debido al caso de Eduardo Colindres— que, bajo la presidencia de Eduardo Tenorio, la CSJ se ve enfrentada al Organo Legislativo.
Ahora bien ¿qué decir de todos estos obstáculos por los que actualmente atraviesa la investigación de los secuestros? En primer lugar, hay que dejar claro lo siguiente: de acuerdo a juristas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la independencia de poderes estipulada en la Carta Magna establece que ni la FGR ni la Asamblea Legislativa pueden intervenir en una decisión de la CSJ. Que tales entidades pretendan tomar parte en este asunto no es nada menos que absurdo, sencillamente porque no les corresponde hacerlo.
En segundo lugar, cabe señalar que las críticas a Tenorio no son del todo infundadas. No es posible saber a ciencia cierta si —tal como se ha rumorado— el presidente de la CSJ tiene intereses personales en el Frente y si por ello se ve obligado a "defender" a Shafick Hándal. Lo que si es posible asegurar es que, del mismo modo en el que defiende la independencia entre los tres poderes del Estado, la Constitución de la República defiende la independencia del accionar de los jueces. Por tanto, la petición de la Corte de omitir del cuestionario a Hándal es inadecuada.
En tercer lugar, hay que decir que la postura de la izquierda frente a acontecimientos de esta naturaleza no puede dejar de ser cuestionable. Resulta que lejos de mostrarse a favor de esclarecer los hechos más controvertibles ocurridos durante la guerra, el FMLN está dispuesto a olvidarlos por completo, especialmente cuando tales hechos involucran a miembros suyos. La opinión de Facundo Guardado, Coordinador General de ese instituto político, sobre el asunto confirma lo expuesto: "la intención de remover actos enmarcados en el conflicto armado, no tiene más como objetivo que un revanchismo político".
Ante este panorama, ¿hay alguna posibilidad de que en El Salvador llegue a saberse, más o menos fidedignamente, qué fue lo que ocurrió antes de la firma de los Acuerdos de Paz? Pues tal y como están las cosas, la posibilidad parece bastante remota. Los empresarios, por supuesto, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias cuando de esclarecer hechos que los afectaron directamente se trata, pero difícilmente lucharían con tanto ahínco por la verdad y la justicia en el caso de destaparse los crímenes de los escuadrones de la muerte o de los militares.
Los partidos políticos parecen preferir que no se "remueva el pasado", y dado que ARENA padeció ya los efectos negativos de la estrategia de recordar incansablemente los pecados del Frente, de ahora en adelante, es posible que ni siquiera el partido oficial se preocupé demasiado por lo que pasó durante la guerra. Al FMLN, único instituto político del que cabría esperar un pronunciamiento serio en contra de la impunidad y a favor del esclarecimiento de los crímenes de la guerra, le es imposible llevar a cabo tal labor, pues ello le implicaría a la institución de izquierda un costo político que difícilmente estaría dispuesto a pagar.
Por último, tampoco a la ciudadanía parece importarle mucho que la verdad se sepa y se aclare de una buena vez. Justamente, en medio del conformismo y la desidia de la gente es que la impunidad se abre camino. Los procesos judiciales se enredan entre la politización, la inmadurez y demás vicios de políticos y funcionarios, frente a los ojos de salvadoreños impávidos, poco dispuestos a intervenir en la cuestión que sea. Entonces pues, ¿interesa verdaderamente a alguien conocer la verdad de lo que ocurrió en El Salvador durante la década pasada?
Después de dos años de anunciada, la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) se concretó entre el 17 y 24 de julio recién pasados, después de enfrentar retrasos provenientes, en un primer momento, de la oposición laboral y, después, del cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa a partir de junio de 1997. Así, el 17 de julio, fue vendido un 51% de la compañía de telefonía inalámbrica estatal (INTEL) a la Telefónica de España, por un monto de U$41,009,900; mientras que el día 24 fue vendido el 51% de la compañía alámbrica a France Telecom, por un monto de U$275,111,000, lo cual arroja un total combinado de U$316,120,900.
Desde que se inició la discusión en torno a la privatización de ANTEL el gobierno se ha empeñado en señalar sus bondades en términos de generación de empleo en el sector telecomunicaciones, incremento de las remuneraciones en el mismo y reducción de las tarifas telefónicas. Sin embargo, el optimismo gubernamental ha soslayado aspectos negativos, tales como el papel de la privatización de las empresas estatales en la consolidación de grandes empresas transnacionales, la pérdida de ingresos potenciales para el Estado y la amenaza de incrementos inmoderados en las tarifas. Esto es especialmente cierto en El Salvador, donde la Telefónica de España —en su afán por adquirir INTEL— llegó a ofertar un 250% adicional al precio base establecido, donde además hay evidencia de que ANTEL poseía importantes depósitos en los bancos y donde las tarifas de energía eléctrica fueron incrementadas al momento de privatizar su distribución, aunque posterior y paradójicamente fueron subsidiadas por el Estado.
Aunque las privatizaciones estén siendo implementadas alrededor de todo el mundo, no escapa al sentido común que éstas implican que el Estado renuncie a obtener utilidades a través de la operación de los servicios públicos o de cualquier otra empresa estatal. A la base de la privatización descansa la premisa de que las empresas estatales son anacrónicas, porque el Estado ha demostrado su incapacidad de operar eficientemente.
Esta es una verdad a medias, porque menosprecia la importancia de la eficiencia social en favor de la eficiencia puramente económica, y también porque supone que el Estado nunca podrá operar eficientemente una empresa, lo cual resulta claramente apriorístico. En las siguientes líneas se reseñan algunos datos de interés en torno a la privatización de ANTEL que sugieren que ésta ha sido resultado del seguimiento de una moda de política económica y no de un diagnóstico y análisis de las opciones de reorganización del Estado. Adicionalmente, se examinan algunas de sus consecuencias relacionadas con las tarifas e ingresos del Estado.
Uno de los argumentos con los que se ha justificado la privatización ha sido que las empresas públicas operan con pérdidas crónicas que son paliadas por el Estado y colocan mayor presión sobre el déficit fiscal y la inflación. Sin embargo, en la práctica, esta postura ha resultado cuestionada por los reportes de los Ministros de Hacienda y de los presidentes del Banco Central de Reserva y de ANTEL, quienes afirmaron que en 1996 esta última institución poseía depósitos por cerca de 1,025 millones de colones (Proceso, 713). Casi simultáneamente, se implementó un programa de reajustes tarifarios que supusieron elevar en un 200% las tarifas nacionales, reducir las tarifas internacionales a los Estados Unidos y dejar inalteradas las tarifas para el área centroamericana (Proceso, 718). Esto habría implicado un incremento en el nivel de utilidades de ANTEL y en el monto de sus depósitos.
Aun así, la privatización de las telecomunicaciones continuó avanzando y se acordó, tras un estéril debate en la Asamblea Legislativa, la venta de un 51% de las acciones al socio estratégico internacional y las restantes a trabajadores de las telecomunicaciones, abonados del servicio e inversionistas en general, tal como el gobierno lo propuso. Cabe señalar en este punto que la revisión de los anteproyectos de ley en torno a las telecomunicaciones retrasó la venta de los activos de ANTEL, pero al final no produjo ningún cambio de importancia en el espíritu e implicaciones de la privatización.
En un futuro cercano cabría esperar importantes incrementos en las tarifas telefónicas, tal como ha sucedido efectivamente en el caso de la energía eléctrica, cuya distribución también ha sido recientemente privatizada y ha generado abundantes quejas de cobros excesivos, incluso de parte de las Alcaldías Municipales. Ante ello, el gobierno se vio obligado a subsidiar las tarifas para evitar incrementos en la facturación, lo cual favorece a los consumidores, pero también a las distribuidoras privadas del servicio.
Pese al discurso de la Comisión de Modernización del Sector Público en relación a la reducción de tarifas que provocaría la privatización, lo cierto es que la misma ley de telecomunicaciones contempla los incrementos. De hecho, el Presidente de CTE/ANTEL, Juan José Daboub, habría expresado ya que para 1998 no se incrementarán las tarifas, pero que la ley de telecomunicaciones permite ajustarlas de acuerdo a la inflación. El funcionario no descartó que en 1999 se registren incrementos. Por su parte, el Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Eric Casamiquela, afirmó que, a partir del año 2003, la citada ley prevé que las tarifas se ajusten de acuerdo a la tasa de inflación y a la fluctuación del tipo de cambio.
Considerando que ANTEL ha estado en capacidad de acumular depósitos, ha realizado ajustes tarifarios y que la Comisión de Modernización del Sector Público afirmó que se reducirían las tarifas, no se justificarían incrementos en éstas. Lamentablemente, debido a que la ley lo permite, sin lugar a dudas el cobro por el servicio comenzará a incrementarse con mucha mayor frecuencia y proporción en el futuro próximo. Este ha sido el caso de países "pioneros" en la privatización de las empresas de servicios básicos (Inglaterra y Chile, por ejemplo), donde las tarifas se han incrementado hasta en un 300% y las familias enfrentan fuertes endeudamientos con las compañías privadas que ofertan los servicios básicos.
Con la venta de ANTEL, el Estado dejaría de percibir una cantidad de recursos económicos considerable proveniente de las posibles utilidades de operar la telefónica; sin embargo, más importante aún son los ingresos potenciales que el Estado no percibirá por no haber mejorado la eficiencia de su operación y haberse plegado a las modas privatizadoras vigentes en el mundo.
En contra parte, recibirá un monto aproximado de 2,750 millones de colones, equivalentes al presupuesto de educación y al doble del presupuesto de salud para el año 1998. Por el momento, no está definido el destino de estos recursos, pero resulta claro que su efecto será efímero, pues afectará, a lo sumo, en el desempeño económico de un año. Posteriormente, la venta de ANTEL no tendrá ninguna repercusión macroeconómica o social de importancia.
Cada vez resulta más claro que la privatización de los servicios básicos favorece principalmente a las empresas transnacionales, mientras que los usuarios y la población en general deben someterse a incrementos tarifarios y a alzas en el costo de la canasta básica. Al mismo tiempo resulta claro que la privatización es ideológica y que, en El Salvador, ha sido adoptada sin matices.
Desde el año pasado se ha venido dando una serie de diferencias en las relaciones de EEUU con Honduras, ya sea por motivaciones económicas o por el rumbo que toma la situación política de esa nación. Los que en otro tiempo fueron cálidos y estrechos lazos entre ambos países, ahora se han convertido en fuente de controversias y tropiezos para el gobierno de Carlos Flores Facussé. Por ejemplo, el año pasado, la legislatura hondureña tuvo que responder a los reclamos de EEUU con una Ley de Derechos de Autor que no consiguió despejar todas las dudas acerca de la afianzada práctica de piratería que existe en el país. Esta situación provocó la suspensión de las preferencias arancelarias sobre algunos productos de exportación hondureños durante algunas semanas de este año, y que hasta hace poco fueron reestablecidas. La situación se presentó igual de conflictiva con el delicado tema de los inmigrantes, y finalmente con la solicitud, denegada por el congreso hondureño, de extraditar a una persona a quien EEUU investiga por narcotráfico.
A principios de este mes, un nuevo conflicto se sumó a la problemática, cuando se supo que, por iniciativa de un congresista y un senador, el Congreso estadounidense decidió postergar la entrega de 4 millones de dólares para Honduras, destinados a fortalecer el aparato judicial. Dicho préstamo formaba parte de un paquete de 28 millones de dólares que se utilizaría en distintos proyectos y que ya había sido aprobado por los legisladores norteamericanos. La medida surge en respuesta a la condena de diez años de cárcel que recibió un ciudadano de EEUU por haber asesinado a balazos a un campesino hondureño cuando se disputaban unas tierras. Las reacciones de condena que ha generado el hecho han puesto en alerta a diferentes sectores de la sociedad sobre la posibilidad de que en Honduras se afiance una mentalidad "anti-yanqui", cuyas consecuencias perjudiquen los intereses del país.
Mientras que las autoridades hondureñas se empeñan en recordar las relaciones que el país mantuvo con la potencia norteamericana durante la década pasada —cuando se convirtió en un centro estratégico de control de las actividades contrainsurgentes en nuestro país y de la contra nicaragüense—, en EEUU se sostiene que la postergación de los fondos se debe al retraso en la aplicación de justicia en el caso mencionado y la detección de procedimientos anómalos en el proceso de investigación del mismo. Es evidente que la idea de tener consideración por "un viejo amigo de batalla" ya no mueve tanto al gobierno estadounidense como en el pasado. Más bien parece que detrás de este tipo de acciones subyace un afán por corregir los males que dejó sobre la institucionalidad democrática de los países el apoyo logístico y económico que anteriores administraciones brindaron al poder militar en los 80.
Hoy en día EEUU está lejos de ser un "gendarme" que vela por los intereses de la región centroamericana. Ahora se ha convertido en una fuerza de presión que opera en nombre de sus intereses económicos y en función de la necesidad de consolidar esos intereses en la dinámica económica de la región. Desde esta perspectiva, es lógico pensar en los EEUU como protector de los derechos de autor, como incansable combatiente del narcotráfico internacional —cuyo puente favorito es el istmo—, como férreo opositor frente a cualquier apoyo económico para el régimen cubano o como incondicional apoyo de la democracia y de las instituciones que deberían representarla y defenderla.
Las tensiones en las relaciones entre Honduras y EEUU no deben ser vistas como una manifestación aislada que poco tiene que ver con la situación de los demás países de la región. Este caso en particular plantea una problemática que, tarde o temprano, todos los gobiernos centroamericanos tendrán que considerar, ya sea en conjunto o por separado: la necesidad de redefinir el papel de la región dentro de la política internacional de los EEUU. Pocos intentos se han hecho al respecto, y en ellos es difícil encontrar algo más que compromisos sin concreción, principalmente con el tema del trato a los indocumentados y de las deportaciones masivas que las nuevas leyes de migración estadounidenses estipulan. Por otra parte, en estos escasos esfuerzos habría que analizar si ha pesado más la igualmente imperiosa necesidad de conseguir el respeto a los derechos de las naciones en cuanto tales, en su soberanía e independencia, y de otorgarles el lugar que merecen, tomando en cuenta la responsabilidad de las grandes potencias mundiales en la situación que vive Centroamérica en la actualidad.
En los últimos tres años cerca de 20 mil personas fueron víctimas de homicidio, reza el titular de un periódico matutino salvadoreño; un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y elaborado por investigadores de la UCA situó a El Salvador como el país más violento de América Latina.
La delincuencia no sólo ocupa las primeras páginas de los periódicos, también se ha convertido en parte de nuestras vidas. En una reciente encuesta realizada por el IUDOP, la delincuencia resultó ser el principal problema que sufren los salvadoreños. Las razones para que exista pueden ser varias, entre ellas se menciona el desempleo, la pobreza, el fenómeno de la posguerra y la situación social. La guerra creó un estilo de vida en el que la violencia es el instrumento indispensable en las relaciones sociales. Las personas creen que portando un arma estarán más seguros, aunque a veces las mismas armas de las víctimas son utilizadas para acabar con sus vidas.
La mayoría de personas consultadas en este estudio dijo sentir más miedo que antes de ser atacada o robada en su casa, calle, bus o lugar de trabajo. Nadie está a salvo, en ningún lado; los mismos vigilantes, a quienes se les paga por cuidar los hogares, se convierten en ladrones que asesinan sin mediar palabras.
En la encuesta del IUDOP, la sociedad salvadoreña es valorada como muy violenta, las enseñanzas del conflicto armado todavía no se han olvidado. Al paso que vamos las estadísticas de personas asesinadas podrían sobrepasar a esa época.
La ventaja que tienen los delincuentes es que en este país es fácil comprar un arma y evadir los procedimientos legales que regulan su tenencia y portación. El Ministro de Defensa dice que la ley de portación de armas debe ser más estricta, pero no menciona nada de los lugares en donde se venden.
Comerciantes, profesionales, amas de casa y todos los sectores de la sociedad están preocupados por el problema.
La opinión más generalizada es que el gobierno está haciendo poco o nada en contra de las distintas formas de delincuencia (secuestros, maras, corrupción narcotráfico, etc.); el 72.3% opina que el gobierno no está controlando la delincuencia, dentro de las razones que se mencionan la incapacidad del gobierno ocupa los primeros lugares.
En el foro sobre violencia que se llevó a cabo en el país el presidente del BID, Enrique Iglesias, dijo que la delincuencia genera repercusiones negativas en las áreas sociales, económicas y políticas. Si no hay seguridad tampoco habrá inversionistas interesados en el país; eso provocaría desempleo, pobreza y con ello más delincuencia, como en un círculo vicioso.
Otro aspecto que abordó el sondeo del IUDOP es quién tiene mayor responsabilidad en el control de la delincuencia. Las personas opinan que son los jueces quienes tienen más responsabilidad que la policía en el control de la delincuencia, la policía los captura y los jueces en un término de dos días los libera. Pero no es tan sencillo como eso. Las leyes son bien claras en que si no hay evidencias ni testigos tampoco hay proceso judicial, en ese caso es difícil encarcelar a un delincuente sin la colaboración de los afectados o de las víctimas.
También consideran que con la aplicación de los nuevos códigos penal y procesal penal no se logrará paliar la delincuencia. La tendencia es de modificar las leyes y endurecerlas.
La encuesta muestra que más de la mitad de la población encuestada evalúa de forma positiva a la PNC y la pone como una de las instituciones más eficaces, sin embargo esa confianza que ahora muestra puede perderse, ya que en la población han aumentado actitudes que justifican acciones ilegales o fuera de la ley; la gente está haciendo justicia por su propia cuenta, tal vez porque reina cierta negatividad y desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.
En realidad las razones porque la Policía no realiza bien su trabajo pueden ser muchas, no cuenta con suficientes fondos, no existe una política criminal en la que se piense en la planificación de planes de prevención del delito, tampoco la población colabora en la investigación de crímenes. De 315 personas asaltadas en los últimos cuatro meses sólo 92 denunciaron el hecho, el resto no lo hizo porque consideran que es por gusto hacerlo, que las autoridades no hacen nada, no tenían pruebas o creen que es peligroso.
En el sondeo, la ciudadanía opina que una de las razones fundamentales porque la Policía Nacional Civil no ha logrado acabar con la delincuencia son las leyes muy blandas y porque sus efectivos están mal preparados, incluso el subdirector de la PNC, Renzo Martínez culpa a las leyes "que más favorecen al delincuente". Rodrigo Ávila va más allá, él dice que las razones por que la institución no logra acabar con la delincuencia son de tipo numérico, no cuentan con suficiente personal, tampoco poseen el equipo necesario para la investigación del delito, finalmente no poseen la capacidad técnica para investigar la gran cantidad de hechos delictivos que se registran a diario, las autoridades policiales registran trece muertos por día, sin que ninguna autoridad pueda hacer algo al respecto.
La política del gobierno sigue encaminada a levantar la economía, por medio de incentivar la inversión extranjera y el turismo. Sin embargo muy pocas personas gustan invertir y visitar un país en donde los asaltos callejeros y a empresas o bancos son los delitos que más han aumentado, según la consulta ciudadana.
Los consultados opinan que para combatir el problema de la delincuencia es necesario modificar las leyes, tener castigos más rígidos, como por ejemplo la pena de muerte y que haya más vigilancia por parte de las autoridades, también consideran que el gobierno debe capacitar mejor a los agentes de la PNC para optimizar su trabajo. Para que esto suceda puede pasar mucho tiempo, mientras tanto la paz verdadera y el desarrollo seguirán haciéndose esperar.
Acaban de finalizar las festividades en honor al Divino Salvador del Mundo; en ese marco, la feligresía católica acudió masivamente a los actos religiosos que con tal motivo se llevaron a cabo durante la primera semana de agosto. Fueron decenas de miles las personas que una vez más dieron muestras de su fe y que nuevamente —después de varios años— volvieron a escuchar la denuncia valiente de la iglesia arquidiocesana en boca del padre Carlos Paredes. Este sacerdote le pidió al pueblo salvadoreño acercarse al Santo Patrono para contarle sus graves problemas y sus grandes malestares, propios de la difícil situación económica, social y política por la que atraviesa el país; la intervención del clérigo, sin lugar a dudas, fue un rayo de esperanza en medio de un panorama tan sombrío como el que predomina actualmente en el país.
Dentro de esa dinámica, hoy no vamos a profundizar en la violación estructural e histórica de los derechos económicos y sociales que afecta —quizás en mayor grado que antes— a la mayoría de las personas que habitan el territorio nacional; y no lo vamos a hacer por una razón concreta: muy poco o nada de lo negociado y acordado entre las partes para ponerle fin a la guerra atacó este aspecto. Por eso preferimos reflexionar alrededor de lo que está sucediendo con la institucionalidad nacional encargada de dirimir conflictos de forma legal, racional y civilizada para conducir los destinos del país hacia la consolidación de un Estado de Derecho, fundado en un nivel progresivo y aceptable de respeto a la dignidad humana. Se supone que esto último fue uno de los principales y más grandes beneficios alcanzados.
Desde esa perspectiva, lo que urge abordar es la irresponsabilidad parlamentaria a la cual —por razones conocidas— ya nos referimos en ocasiones recientes. De ese manejo tan cuestionado por tirios y troyanos, no hay duda que el ejemplo más delicado y actual es lo sucedido el pasado jueves 30 de julio, cuando en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se aprobaron tres dictámenes: el nombramiento de Francisco Merino como presidente de la Corte de Cuentas, la decisión de mantener a Eduardo Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos y el archivo de las piezas de correspondencia introducidas para salvar la finca El Espino.
De tan criticadas resoluciones —calificadas por algunos como el "combo agostino"— nos vamos a referir en esta oportunidad al caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Durante los primeros días de julio, la Asamblea Legislativa cometió el garrafal error de entregarle formalmente las riendas de la institución a Peñate Polanco. Tras ese desacertado nombramiento se desencadenó una lluvia de críticas: numerosas organizaciones sociales y diversas personalidades se pronunciaron pidiendo subsanar el error y, a la vez, solicitando el nombramiento de una persona realmente idónea para ocupar el cargo.
No obstante esos esfuerzos ciudadanos iniciales en defensa de lo que le pertenece, únicamente se logró contener por algunos días la decisión legislativa de sostener en el puesto a este —hasta antes de su nombramiento como procurador— oscuro funcionario judicial. Y es que el destino de la pobre PDDH estaba, desde el principio, a merced de aquellos sectores que siempre desearon colocar al frente de la misma a alguien cercano a sus intereses, sin importar los requisitos legales para ello. Sólo de esta forma se puede explicar por qué —obedientes a los dictados de los grupos políticos más oscuros del país y muy lejanas de lo que la población necesita y pide— ese jueves 30 de julio se levantaron 50 manos para mantener a Peñate Polanco en el puesto que aún ocupa. Para ello, despreciaron una respetable lista de candidatos y candidatas que sí llenaban el perfil exigido.
Durante sus 40 días como titular de la Procuraduría, ya son varias las cosas que se dicen de él. Obviamente, hasta que no fue confirmado mantuvo un perfil bastante bajo; en esa línea, por ejemplo, no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación. Sí intentó introducir gente de su confianza dentro de la institución y se sabe que nombró como su asesor a un individuo cuyos antecedentes laborales en el Órgano Judicial no son nada encomiables; pero, fuera de eso, no se sabe de nada más "relevante". Pero, después del 30 de julio, la situación cambió. Hay quienes dicen que se ha envalentonado y otras opiniones se inclinan por pensar que está a la defensiva; no faltan quienes —con sobradas razones— prefieren creer que sus decisiones responden a la obligación que tiene de cumplir con los compromisos partidaristas que adquirió para llegar al cargo.
Como sea, el caso es que el 31 de julio le insinuó al licenciado Eduardo Urquilla que ya no confiaba en él para continuar siendo su adjunto; al regresar de las vacaciones agostinas fue más claro y le pidió su renuncia, la cual le fue entregada el martes 12 de agosto. Lo grave de esta situación es que tras la salida del licenciado Urquilla, fuentes fidedignas sostienen que Peñate Polanco comentó dentro de la institución y declaró ante los medios que él no había solicitado tal salida, y que la misma fue el resultado de una iniciativa personal del ahora ex procurador adjunto.
Se menciona, además, que desde el último día de julio a la fecha ha realizado otros nombramientos poco afortunados dentro de los cuales destaca el de un amigo íntimo de ese alto "dirigente" de una de las partes de la Democracia Cristiana criolla, diputado famoso por sus maniobras que en nada favorecen a la población. Se sabe que ese nuevo funcionario de la PDDH —quien además de ser militante de dicha fracción política, es calificado como "nefasto" por sus mismos correligionarios— sin presentarse aún al departamento de comunicaciones de la institución estatal ya se encuentra coordinando las entrevistas de prensa que Peñate Polanco ha empezado a conceder.
Otra de la medidas de Peñate Polanco que sorprendió al personal de la Procuraduría, fue la de prohibirle expresamente a cualquier trabajador o trabajadora de la misma el ingreso a sus instalaciones durante el período de vacaciones. Mediante un memorándum que circuló al filo de las 4 de la tarde del último día que laboró la PDDH antes del referido asueto, le transmitió dicha orden al jefe de vigilantes; así las cosas, resulta ilógica y absurda tal disposición si se considera que se trata de una institución de servicio público que por su propia naturaleza no puede restringirse a los horarios normales de la burocracia estatal. Una de dos: o se quiere convertir la figura del Ombudsman en un cuerpo inútil, sin vida, o se pretendía —durante esos días— "limpiar" o "ensuciar" ciertas cosas sin testigos de ninguna clase.
Por último, en ese orden y ante el desfile de una abundante militancia democristiana en busca de "sus plazas", al interior de la PDDH se respira un clima de preocupante incertidumbre. "¿Todavía estás? "Yo pensé que ya habías presentado tu renuncia", "¿Para dónde te vas a ir?", "¿No sabés de algún trabajo?"... son algunas de las interrogantes que —medio en broma, medio en serio— se escuchan en los pasillos de la institución. En su mayoría, tanto jefes de departamentos y secciones como delegados en el interior del país lamentan la deficiente o nula comunicación con Peñate Polanco; ello ha contribuido a elevar los niveles de inseguridad e inquietud.
Todo lo anterior repercute en el funcionamiento de la Procuraduría y tiene un origen: la irresponsabilidad parlamentaria. Por eso se deben decir las cosas claras: resulta censurable, a todas luces, que las personas que pretenden representar a la población hagan todo lo contrario a lo que ésta siente y espera para vivir en una sociedad más justa y respetuosa de sus derechos humanos. Al tener conocimiento de las numerosas denuncias contra Peñate Polanco, uno de esos tantos personajes que tan caro cobran y que no cumplen con su encargo —"Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados a ningún mandato imperativo", reza el artículo 125 constitucional— aceptó que éste no reunía los requisitos legales para ser procurador, pero dijo que tal vez cambiaba mientras estaba al frente de la PDDH. Respuestas y actitudes como esas son las que nos tienen en la situación denunciada por el padre Paredes y que arriesgan los pocos avances del llamado "proceso salvadoreño".
Pero este atentado contra una de las instituciones más valiosas del país, nacida gracias a las tantas vidas entregadas durante el pasado conflicto, no puede ni debe quedar impune. Corresponde a la población entera defender lo que le pertenece, rescatándolo de quienes en su prepotencia ahora sienten que han triunfado. Pero esos tipos deben saber que esa euforia no les va a durar mucho, porque el pueblo salvadoreño —cada vez con más fuerza— está despertando y se encuentra dispuesto a luchar para sacudirse a quienes en la administración del Estado no responden a sus reclamos.
A pesar de todo, la situación que ahora lamentamos tiene un lado positivo y es precisamente el de las reacciones generadas entre diversos espacios sociales. Una de ellas es la pieza de correspondencia que el miércoles 12 de agosto —en el ejercicio de sus derechos ciudadanos— presentó al Órgano Legislativo un grupo de abogados la República, miembros de la Asociación de Profesionales del Derecho de El Salvador (APRODESA). En dicha pieza solicitan declarar la nulidad absoluta del acto administrativo mediante el cual se nombró a Peñate Polanco como procurador.
Entre otras cosas, los juristas sostienen que tal decisión se tomó dentro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento; si bien es cierto dicha comisión es parte de la Asamblea, no es ella el Órgano del Estado definido en el artículo 121 de la Constitución de la siguiente manera: "La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita por esta Constitución y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar". De lo anterior, APRODESA concluye que "la Asamblea está integrada por todos los diputados y no por una comisión, de suerte que la decisión tomada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de proponer a Peñate Polanco con un dictamen favorable como procurador para la defensa de los derechos humanos es un acto que no tiene validez alguna".
Además, la Asociación dice que "Peñate Polanco no llegó a la Asamblea con otros candidatos" para escoger entre ellos a la persona que ocuparía el cargo; fue la comisión parlamentaria aludida la que lo presentó ante el pleno legislativo como candidato único y eso, más que una elección, constituye "una burda patraña que tiene como finalidad permitir un fraude de ley de parte de las personas que como creadoras que son de normas jurídicas tienen mayor obligación de respetarlas y salvaguardarlas".
Asimismo, APRODESA argumenta que nunca se comprobó una "trayectoria reconocida" de Peñate Polanco en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos. Ello lo fundamentan en el hecho de que "promover significa hacer una actividad encaminada a darle vivencia a un pensamiento; educar significa transmitir conocimientos; y defender incluye —en el caso concreto— la actividad tendiente a establecer que la persona ha estado atenta a las violaciones de los derechos humanos y que ha luchado por el restablecimiento del derecho violado". Y Peñate Polanco no tiene una historia que avalen su desempeño en ninguno de esos tres rubros; por el contrario, lo que más bien posee es una condena moral de la misma PDDH e innumerables señalamientos que hacen de él un individuo notoriamente incapaz para encontrarse donde ahora se encuentra.
El paso dado por este grupo de abogados es un ejemplo a seguir pues ahora la población y sus organizaciones deben tomar la iniciativa, asumiendo un fuerte protagonismo en la defensa de sus derechos y libertades. Lo sucedido hasta el momento con la PDDH es una pérdida, pero ello no significa que además se deba perder la capacidad de lucha ciudadana en la protección y promoción de su dignidad. Eso se hizo durante épocas tan duras como las de la violencia política generalizada y el conflicto armado; con mayor razón, entonces, se debe hacer hoy. Y, en esa línea, una de las acciones más importantes a desarrollar es la de rescatar esa institución que no es de ningún partido político sino del pueblo salvadoreño, el cual puso tantas víctimas y sufrimiento para que existiera.
FMLN. Los candidatos para la fórmula presidencial del FMLN visitaron, el 08.08, el departamento de San Miguel para "tener un acercamiento con sus correligionarios". Héctor Silva, Victoria de Avilés y Salvador Arias fueron presentados ese día como precandidatos ante unos mil 200 representantes de bases de dicha agrupación política. A la reunión también asistieron los dirigentes del partido Facundo Guardado y Schafik Hándal. Victoria de Avilés consideró que las bases de Oriente la apoyarán para que se integre a la fórmula presidencial, ya sea como aspirante a la presidencia o a la Vicepresidencia, debido a la aceptación que tuvo entre varios de los presentes. Pese a que otros parecían tener preferencia por Silva, Avilés aseguró que los roces que se dieron en San Miguel entre quienes la apoyan y entre quienes prefieren a Silva "son normales en un proceso democrático, especialmente entre jóvenes". "Todo se va a definir el próximo domingo 16, cuando demos una lección a la democracia, pues ese día serán las bases las que decidirán la fórmula presidencial", continuó la precandidata. Por su parte, Héctor Silva manifestó que la reunión había sido como un ensayo de democracia en el que prevaleció la emoción. "En lo personal, siento el apoyo de las bases de Oriente, de la mayoría de los convencionistas de todo el país", agregó (LPG 09.08 p.5 y DH 09.08 p.7).
RENUNCIA. El 11.08, el procurador adjunto de Derechos Humanos, Eduardo Urquilla, renunció a su cargo asegurando que fue el procurador, Eduardo Peñate, quien le solicitó abandonar el puesto. Al respecto, el secretario general del PDC, Ronal Umaña, manifestó estar de acuerdo con la decisión. "Me parece correcto. Habrá una mejor Procuraduría, con su estilo y con gente", expresó Umaña. Asimismo, dijo que la Procuraduría dejará de ser "un trampolín para los candidatos del FMLN". Por su parte, Eduardo Suvillaga, de ARENA, opinó que la renuncia "ni ayuda ni perjudica. Simple y sencillamente se respeta la decisión personalísima del que quiera quedarse o no en el cargo público" (DH 12.08.p.10).
ANSP. Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública entrevistaron, el 11.08, al director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Mario Bolaños, para conocer las virtudes y desventajas de la institución. Los diputados coincidieron en que la Academia necesita elevar constantemente su nivel. El titular de la ANSP explicó que todos los problemas tienen un elemento común: "es importante saber si la Academia especializará o no a los policías". Asimismo, afirmó que la ANSP busca aumentar la organización de cursos en áreas específicas y la instrucción sobre el nuevo Código Penal ( DH 12. 08 p.15).
