Año 19
número 819
agosto 26
1998
ISSN 0259-9864
Editorial División en el FMLN: ¿apariencia o realidad?
Economía Evolución de las exportaciones en la década de 1990
Sociedad El problema de la delincuencia y el artículo 48 del Código Penal
Regional San Juan: río de aguas turbulentas
Opinión Pública La seguridad en las armas (I)
Derechos Humanos Jornada por la vida, la justicia y los derechos humanos
División en el FMLN: ¿apariencia o realidad?
¿Se está democratizando el FMLN? Quizás sí. Pero la Convención organizada para elegir a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República —Convención iniciada el sábado 15 de agosto y no clausurada todavía— no es la más preclara manifestación de ello, sino todo lo contrario: pone de manifiesto una intolerable incapacidad organizativa y de previsión política en el partido de izquierda. ¿Está el FMLN preparado para gobernar? Desde la opinión de sus dirigentes y seguidores más incondicionales, por supuesto que sí. Analistas más críticos no pasan de largo ante la ineptitud mostrada por el Frente en la organización de su Convención Nacional. Si el FMLN es incapaz de diseñar elementales escenarios de desenlace de un proceso de elecciones internas, ¿será capaz de diseñar y preveer los posibles escenarios en los que se pueden mover los actores nacionales? ¿O cada nueva situación lo va a tomar por sorpresa?
Si los dirigentes del FMLN dejaran de lado el triunfalismo enfermizo que los caracteriza, quizás se preocuparían más en serio por sus debilidades más profundas. Sería bueno que el partido se descentrara y escuchara las voces que vienen de fuera; y no precisamente aquellas voces que le dicen lo que le gustaría escuchar, sino las que se empeñan en poner al descubierto sus debilidades y desaciertos. Ya es tiempo de que el partido aprenda de sus errores. Pero no sólo de los errores que sus dirigentes estén dispuestos a reconocer, sino también de los que son puestos en evidencia por quienes no tienen interés en endiosarse a sí mismos ni endiosar a comandante alguno.
Hay cosas que son difíciles de aceptar. Una de las más espinosas es la que apunta a las divisiones en el FMLN. Una y otra vez, la cúpula del partido insiste en que no se trata de divisiones, sino de meras diferencias de opinión, del pluralismo ideológico que existe en su seno. Cada vez que a uno de sus dirigentes se le menciona el tema, la respuesta no se hace esperar: en el FMLN reina la armonía más envidiable. Algunos de ellos llegan a decir que la división entre "renovadores" y "ortodoxos" es inexistente, puesto que en incontables ocasiones quienes son adscritos a uno y otro bando se mueven a la posición opuesta; es decir, los presuntos ortodoxos se vuelven renovadores y, a la inversa, estos últimos pueden asumir posiciones que caracterizan a los primeros.
Como ha señalado algún diputado del FMLN, la posición que se adopte depende de los temas en discusión y no de una identificación ideológico-política previamente asumida. Nadie ha dicho, empero, si esa mutación en las posiciones se produce en temas secundarios o en temas de fondo, como lo son, entre otros, el compromiso con la revolución, la concepción y el rol del partido, la idea de socialismo y democracia, y el papel de los empresarios y el Estado en el desarrollo nacional.
De todos modos, es posible que quienes vean en el Frente una grave división interna —marcada por dos proyectos ideológico-políticos— estén totalmente equivocados. De ser así las cosas, el FMLN sólo tendría un problema menor: convencer a los que perciben una lucha interna en sus filas de que su percepción es errada. Si no lo logran, tendrán que asumir que tienen un problema, si no de fraccionamiento interno, sí de credibilidad. Y quienes no crean en el FMLN seguramente no van a estar dispuestos a arriesgar su voto por los candidatos del partido en las elecciones del próximo año. En un proceso electoral, lo importante no es tanto cómo conciben a un partido sus dirigentes —o, incluso, sus militantes de base— , sino cómo lo percibe la población ajena al mismo.
Existen señales inequívocas de que importantes sectores sociales perciben que en el FMLN coexisten dos camarillas que se disputan su control y que no están dispuestas a ceder en su propósito de desplazarse mutuamente. Ante esta realidad —desde la cual se puede decidir si el FMLN va a gobernar o no— de poco sirven los cantos de sirena de aquellos dirigentes del Frente que gritan a todo pulmón que en el partido las cosas marchan bien, que la armonía y la cordialidad prevalecen sobre las diferencias menores de opinión que, ¡faltaba más!, son propias de un partido democrático.
Si la percepción de los sectores sociales aludidos se sostiene en la dinámica interna del FMLN, entonces sus dirigentes se encuentran totalmente alejados de la realidad. No hay por qué no aceptar de que más de algún miembro de la dirección efemelenista crea sinceramente que las divisiones son inexistentes. El desafío para los sinceros es hacer un esfuerzo de reflexión seria acerca de lo que sucede en su partido. Tampoco se tiene que rechazar la idea de que más de algún dirigente del Frente, a sabiendas de que el conflicto existe —y quizás hasta siendo parte de una de las facciones enfrentadas—, lo niegue una y otra vez. El desafío para los cínicos es aceptar que, en el fondo, los únicos engañados son ellos. De cualquier modo, tanto los sinceros como los cínicos tienen serias dificultades para caer en la cuenta de la problemática del partido, con lo cual obstaculizan su abordaje y solución. No hay más obstáculo para resolver un problema que desconocer o, peor aún, negar su existencia.
Es de temer que la cúpula del FMLN esté atravesando por una situación de disonancia cognositiva respecto de sus ruptura interna. Si se atreviera a reconocerla abiertamente y a trabajar por superarla tal vez las cosas se volverían más simples. Reconocerla abiertamente y trabajar por su superación implica concretar una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia que exprese su división fundamental —ortodoxos y renovadores— y no una fórmula que, como la de género, además de ocultarla, complica más su solución. De aquí lo mejor sería que los bandos que se disputan el poder en el seno del Frente pusieran sus cartas sobre la mesa y concertaran una fórmula que recogiera su principal clivaje interno —ortodoxos versus renovadores—, dejando de valerse de un falso clivaje —mujeres versus hombres— para ocultarlo.
La promoción de las exportaciones fue señalada como uno de los principales objetivos de la reforma económica iniciada por el primer gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en 1989. A nueve años de aquel momento, El Salvador goza de una relativa estabilidad macro-económica y de tasas de crecimiento de entre 3% y 7%, pero no precisamente porque las exportaciones generen la producción necesaria para ello. Son las remesas familiares las que explican la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico, fundamentado principalmente en el consumo.
Sin embargo, de acuerdo a publicaciones de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República —en las que se reproduce material de un periódico chileno—, la reforma económica de ARENA se encargó de "sentar las bases macroeconómicas, destruidas con la guerra civil" y en ella "participaron numerosos asesores chilenos [cuya labor] creó escuela". Para algunos ex funcionarios del primer gobierno de ARENA, y en general para los apologistas de la reforma económica, esta aseveración estaría correcta de no ser porque también habrían participado asesores y funcionarios salvadoreños. Los "descollantes" resultados de la reforma estarían fuera de discusión.
Lo cierto es que el resultado de las reformas económicas aún es muy discutible. Este no puede ser considerado necesariamente positivo de manera absoluta, pues puede venirse abajo tan rápida e inesperadamente como lo hizo la banca asiática a principios de este año, independientemente de que haya sido o no resultado de la asesoría de chilenos y/o salvadoreños. Bastaría con que los Estados Unidos aplicara leyes migratorias más severas en contra de los trabajadores ilegales salvadoreños que envían remesas a sus familiares residentes en el país. Las exportaciones no serían suficientes para mantener los ingresos de divisas a los niveles necesarios para sostener la estabilidad y el crecimiento económicos, pues su situación es peor de lo que era en 1990, cuando al menos las exportaciones tradicionales representaban una importante proporción de las exportaciones totales y del Producto Interno Bruto (PIB).
En lo que sigue, se presenta una breve reseña de la evolución de las exportaciones durante la década de 1990, con el objeto de evaluar cuál ha sido su verdadero aporte en la estabilidad de la balanza de pagos, del tipo de cambio, de los precios y del crecimiento de la producción experimentados durante la presente década.
Al revisar el comportamiento de las exportaciones totales, lo que más llama la atención es la pérdida de importancia de las exportaciones tradicionales y no tradicionales en relación a las de maquila. Así, si en 1991 las exportaciones tradicionales representaron un 37.8% del total de exportaciones, las no tradicionales un 43.8% y la maquila un 18.3%, para 1997 los porcentajes fueron de 23%, 34% y 43%, respectivamente, lo cual hizo de la maquila el rubro de exportación más importante. Cabe aclarar que la maquila consiste predominantemente en el ensamblaje de prendas de vestir en recintos fiscales, libres de impuestos, operados por empresarios extranjeros que por lo general pagan el salario mínimo a sus empleados.
Aunque es de justicia aceptar que las exportaciones han crecido durante la década, tampoco puede soslayarse el hecho de que no lo han hecho al ritmo que requiere la estabilización de la balanza de pagos y del tipo de cambio. Prueba de lo anterior es que el saldo de la balanza comercial continúa siendo negativo, e incluso se ha ampliado en el primer semestre de 1998, lo cual implica que el país importa más de lo que exporta. Durante 1997 se estima que las exportaciones alcanzaron los $2,765 millones, mientras que las importaciones totalizaron $4,040 millones; es decir, el déficit de la balanza comercial fue de $1,275 millones. Este déficit sólo pudo ser cubierto por la afluencia de remesas familiares (más de $1,200 millones) y de empréstitos (más de $200 millones).
Un agravante de esta situación radica en el hecho de que los sectores agropecuario e industrial se encuentran más rezagados de lo que las exportaciones totales podrían reflejar. Al excluir la maquila del total de exportaciones, resulta claro que los sectores productores de exportaciones tradicionales y no tradicionales cada vez tienen menor importancia dentro de la demanda agregada. Si para 1992 las exportaciones tradicionales y no tradicionales representaron un 7.6% de la demanda global, para 1997 representaron un 7.3%, es decir que se contrajeron y, por lo mismo, no explican el incremento del PIB. Para el primer semestre de 1998, los datos preliminares daban cuenta de que incluso las exportaciones tradicionales podrían experimentar una reducción en relación al mismo período de 1997, aunque no tanto por efecto de la política económica, sino de variables coyunturales o exógenas, tales como los efectos de la sequía 1996/97 sobre el sector agropecuario y la caída en los precios del café.
La explicación de la relativa solvencia de la economía salvadoreña no se encuentra tanto en el crecimiento de los sectores productivos, sino en una relativa terciarización de la economía, alentada por la afluencia de las remesas familiares y la expansión del consumo que las mismas posibilitan. De hecho, dos de los sectores que más se han beneficiado del crecimiento han sido el comercio y los servicios financieros. Los recursos para mantener la estabilidad económica también provienen de las remesas, pues, como se señaló, la balanza comercial presenta déficits crónicos.
El ambiente económico en El Salvador ha mejorado, pero ello no es producto de un fortalecimiento de su aparato productivo, sino de su capacidad de captar recursos del exterior, ya sea en concepto de remesas familiares o de inversiones en la maquila. Esto plantea serias limitantes para el modelo económico, pues lo hace depender fuertemente de factores ajenos a su control. No hay forma de que la política económica pueda incidir en el comportamiento de las remesas y, en el caso de la inversión extranjera, puede incidir positivamente sólo cuando se ofrecen exenciones fiscales y un marco legal favorable para la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra nacional.
Es difícil negar que una nueva generación de reformas económicas es necesaria para enfrentar los problemas de la terciarización de la economía y la elevada dependencia de los recursos externos. Sin embargo, también resulta difícil definir las medidas específicas que aquélla debería contener. Continuar con la apertura de mercados no necesariamente implicará solventar los problemas citados, sino más bien profundizarlos, ya que ello implica desproteger aún más a los sectores productivos frente a la competencia de empresas más eficientes y, en muchos casos, subsidiadas. No obstante, emprender un proceso de intervención estatal en el mercado tampoco constituye una solución en sí misma.
En El Salvador, las reformas neoliberales no han sido un éxito por sus resultados, sino porque se han conjugado con otros factores que han facilitado la relativa solvencia de la economía. Cuando menos, aún se requiere de políticas que promuevan el crecimiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales y, además, reduzcan la dependencia de las remesas familiares.
Luego de que han pasado más de dos años desde que el tema paso a ser prioritario en la agenda pública de puntos de discusión, sobre la delincuencia se ha dicho mucho —tal vez demasiado— sin que hasta la fecha se haya logrado alcanzar una visión englobante que explique satisfactoria y coherentemente sus causas, manifestaciones y consecuencias. Fuera de algunas excepciones, a la delincuencia —sea común u organizada— se le ha abordado parcializadamente y con intenciones ajenas a las que el problema requiere para ser comprendido y solucionado. Lo que es evidente ha sido pasado por alto: ningún plan ni medida que se aplique rendirá los frutos necesarios para frenar la delincuencia mientras no se disponga de esta visión de conjunto sobre el fenómeno.
Pero en El Salvador la problemática va aún más allá de la ausencia de este elemento tan esencial: el gobierno, en su afán de comercializar al país en el exterior y realzar su gestión, contra toda lógica y razón, ha sido reacio a reconocer la verdadera magnitud de la delincuencia y ha minimizado la responsabilidad que le corresponde en su solución. Hasta la fecha, el papel del Ejecutivo se ha reducido a fustigar a las instancias que la opinión pública y los medios de comunicación han convertido en responsables del fracaso en la lucha contra la delincuencia.
Ante la falta de una visión y una dirección claras que vinculen su trabajo, tanto la PNC como la Corte Suprema de Justicia o los jueces sólo han sabido montar una comidilla de enrevesamientos, contradicciones y acusaciones mutuas. Cuando los medios señalan que es la incompetencia de los jueces lo que hace que la PNC no cumpla con su labor, los primeros atacan la poca preparación de los agentes o el desconocimiento de éstos de las normas procedimentales apegadas al derecho para aprehender a un delincuente; a la inversa, cuando los medios o el Presidente de la República dirigen su dedo acusador contra la PNC o el Ministerio de Seguridad Pública, ambos contra argumentan que los códigos penales o a los jueces defienden más los derechos de los delincuentes que a los de la población, atando así las manos de la PNC para perseguir a los criminales.
Algo que complica aún más la problemática es la presión que ejercen los medios, en su pretendido papel de canalizadores de las exigencias y necesidades ciudadanas, y la actitud que ante ello asumen las instancias gubernamentales responsables de combatir a la delincuencia. En esta relación, la acriticidad y el manejo político de la opinión pública han sido fatalmente preponderantes. Por un lado, las instancias gubernamentales, en la confusión y falta de conocimiento del problema delincuencial que las caracteriza, han sido especialmente vulnerables a los señalamientos que emanan de la prensa y la opinión pública (expresada en encuestas o manifiestos ciudadanos). Se ha perdido de vista que la opinión ciudadana o la de los medios no siempre es la más acertada o la más calificada para discutir la validez de las medidas que se idean o se aplican para combatir a la delincuencia. Ciertamente, la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta a la hora de discutir el asunto que sea —en especial en aquellos que afectan sus formas de convivencia—, pero ello no disculpa de la necesidad del análisis técnico y la reflexión serena y lúcida.
Por otro lado, y de manera complementaria, esta vulnerabilidad se ha visto alimentada en buena medida por la politización que de las cuestiones nacionales se hace. El "quedar bien" ha primado hasta ahora sobre el "actuar bien", tanto en los partidos políticos como en las instancias gubernamentales. Ya sea con el fin de atraer votos o granjearse el beneplácito de la opinión pública, muchos de los actores sociales involucrados en la lucha contra la delincuencia no han dudado en convertirse en veletas de las exigencias y manifestaciones ciudadanas, aun cuando éstas han sido, en no pocas ocasiones, irracionales e infundadas.
Uno de los ejemplos más claros de esto ha sido el ir y venir de las declaraciones del Presidente de la República sobre la cuestión: cuando las encuestas han mostrado que los consultados opinan que la delincuencia ha aumentado, Calderón Sol se ha manifestado en el mismo sentido —incluso cuando no se cuenta con estadísticas oficiales que le den validez a esta percepción—; si buena parte de la población reclama la pena de muerte como respuesta a los delincuentes, el Presidente no duda en defenderla y exigir su aprobación constitucional.
Es en este marco que debe de abordarse la polémica que en las últimas semanas se ha desatado sobre el Código Penal y Procesal Penal, en especial sobre el artículo 48 del primero. La controversia nació a raíz del señalamiento de los medios de que la aplicación de dicho artículo pondría automáticamente en libertad a "miles" de reos, debido a que éste norma que "la detención provisional que la persona haya sufrido por el hecho que fuere condenada, se abonará a la pena a razón de un día de prisión por cada día de detención provisional durante los primeros seis meses, de dos días de prisión por cada día de detención provisional, por el tiempo que supere los seis meses y no exceda de un año, y, por tres días de prisión por cada día de detención provisional por el tiempo que exceda de un año".
Como era de esperarse, la reacción de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el órgano Ejecutivo no ha sido las más afortunada: azuzados por reportajes que han obviado muchos detalles y han magnificado desmedidamente otros, las tres instancias se han lanzado a una confusa discusión jurídica que deja de lado lo que debería ser la preocupación fundamental en la interpretación y aplicación del citado artículo: en qué medida éste responde a las necesidades de una lucha real y acertada contra la delincuencia. El absurdo en el que se está incurriendo es mayúsculo: la discusión se ha centrado en la formalidad del artículo 48 y no en el espíritu que le anima y en los efectos, positivos o negativos, que éste tendría en la correlación aprehensión-condena-reclusión del delincuente.
Los diputados, la Corte y el Presidente, haciendo gala de miopía y demagogia —unos en mayor medida que otros—, han hecho poco caso, en el análisis del artículo, a dos realidades fundamentales: el papel que éste desempeñaría en el aceleramiento de los procesos penales y la situación de los centros de reclusión del país. Al parecer, lo que hasta ahora ha interesado es que la población percibirá que con el artículo se acortarán las penas de algunos reos (pretender que todos se verán beneficiados es una falsedad insostenible), soslayando que una proporción de éstos han debido pasar más años en prisión que los que les corresponderían por sus penas y que una de las causas de la sobrepoblación carcelaria reside en ello.
No se trata aquí de afirmar que la discusión del artículo es injustificada, sino más bien de señalar que en ella deben tenerse en cuenta elementos desde todo punto de vista más importantes que complacer a la opinión publica o librarse del costo político de llevar a buen término una normativa penal que el desconocimiento y afán draconiano de la ciudadanía vuelve impopular. De la manera en que la discusión está siendo conducida, la derogación, modificación o traslado al Código Procesal Penal del mencionado artículo, más que resolver un problema coyuntural, posiblemente termine incendiando aún más una situación ya explosiva: la incapacidad de los centros penitenciarios para acoger reos en condiciones mínimamente humanas (que incide directamente en su posibilidad de dar el salto de meros lugares de retención a instituciones de readaptación social) y el atascamiento judicial que vuelve inoperante la cabal aplicación de la justicia.
Desde hace 500 años, la historia de Nicaragua no se entiende sin tener en cuenta la vía interoceánica —el canal— que la naturaleza diseñó en el trazado del río San Juan y en su fuente, el inmenso lago Cocibolca. Y la historia de las relaciones de Costa Rica con Nicaragua no se entiende si se olvida que, desde los tiempos de la independencia, Costa Rica trata de expandir sus fronteras hacia el norte, ambicionando apropiarse del San Juan, tan rico y estratégicamente ubicado.
Desde el Tratado Jerez-Cañas (1858) —que frenó una guerra entre los dos países y estableció definitivamente "el dominio y sumo imperio" (la total soberanía nicaragüense en todo el río)— no han dejado de sucederse incidentes, roces, tensiones entre las dos naciones vecinas, que comparten 320 kilómetros de frontera, en la que no se incluyen las aguas de tan valioso río...
Con el cambio de gobierno en Costa Rica, en mayo, el nuevo Ministro de Seguridad Pública, Juan Rafael Lizano, determinó unilateralmente que la guardia civil costarricense circulara con armas de reglamento por el río, sin siquiera notificarlo al Ejército de Nicaragua. Justificación declarada: abastecer y relevar de forma más rápida y cómoda a los guardias ticos que están en los puestos fronterizos del territorio costarricense cercano al río. Intención oculta: un nuevo intento de alterar el estatus jurídico del río en beneficio de Costa Rica.
Esta actividad violaba abiertamente la soberanía nicaragüense y los tratados internacionales, que, aunque conceden a Costa Rica "derechos perpetuos de libre navegación" en el río, sólo se lo permiten con "objetos de comercio". A mediados de julio, el Jefe del Ejército de Nicaragua, Joaquín Cuadra, prohibió a los costarricenses esta práctica y recordó que, según el viejo Tratado, sólo desarmados y escoltados por la Fuerza Naval de Nicaragua podían ellos desplazarse por esas aguas. El Presidente Alemán lo respaldó. Desde entonces se avivaron las tensiones entre ambos gobiernos.
Con el nacionalismo nicaragüense a flor de piel, adornados vehículos y muros de Managua con la afirmación de que el río es nica, el 27 de julio, el Presidente Alemán evocó la famosa frase de Sandino: "La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano". La volvió a reiterar al día siguiente. Pero, para estupor de todos, el día 30, el Ministro de Defensa de Nicaragua, Jaime Cuadra —con el respaldo del Presidente— firmó con el Ministro Lizano un acuerdo en el que Nicaragua autorizaba a los costarricenses a continuar haciendo lo que ilegalmente venían haciendo.
Las indignadas críticas contra el gobierno llovieron al unísono y de todas las partes. Claudicante, humillante, inconstitucional, lesivo a los intereses nacionales, estúpido": no faltaron epítetos contra el texto del acuerdo Cuadra-Lizano. Durante el año y medio de gestión de Alemán nunca se había producido tanta unanimidad nacional en torno a un asunto. Y aunque el gobierno liberal no ha cesado de acumular, uno sobre otro, crasos errores que lo dejan en descrédito dentro y fuera del país, hasta ahora ninguno de ellos había golpeado tan hondo a tantos a la vez. El gobierno quedó íngrimo con su inconstitucional comunicado en las manos. No existe más explicación para su error que la incapacidad profesional con la que se manejan en el actual gobierno los asuntos de Estado.
Después de que en 48 horas el Canciller Emilio Alvarez Montalván tuviera que declarar —presionado por la avalancha de las críticas— que el texto era "incompleto", "revisable" y "coyuntural", el gobierno se vio forzado el 12 de agosto a anunciar que era "nulo e inexistente," por ser violatorio de la Constitución, lo acordado entre sonrisas y abrazos diez días antes. Al igual que la aprobación, la anulación se anunció de forma abrupta, lo que contribuyó a tensionar más las relaciones binacionales.
Justamente, los costarricenses criticaron la falta de seriedad del gobierno nicaragüense. Pero, inorportunamente, iniciaron una ofensiva legal y diplomática para hacer valer "sus derechos" sobre el río, cuestionando, de paso, los derechos de Nicaragua en su vieja disputa territorial con Colombia. Un golpe bajo al espíritu que debe guiar la integración centroamericana.
El incidente, que ha dejado abierto un nuevo capítulo de roces político-diplomáticos entre los dos países, va a ser aprovechado —y tal vez hasta agravado— por el gobierno liberal tratando de ahogar otros gravísimos problemas nacionales en las turbulentas aguas de un fácil nacionalismo. Aun así, hubo algunos saldos positivos para la sociedad. Se cohesionaron en torno a un mismo tema absolutamente todos los sectores. Se experimentó un triunfo al ver al gobierno retroceder, como fruto de las presiones, de los argumentos y de la ley. Se creó un espacio de legítimo orgullo colectivo al reafirmar todos juntos algo propio.
Para que el saldo positivo sea de más largo plazo y más sólido, hay que superar el coyunturalismo y la retórica. En un seminario realizado en la UCA de Managua el 13 de agosto, se lanzaron varias propuestas. Desde el punto de vista legal, Carlos Argüello, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana y experto en Derecho Internacional, se expresó así: "Cuando el soberano —en este caso Nicaragua— tiene el dominio exclusivo, tiene también la facultad de revocar cualquier título que pueda haber sobre su territorio, incluso el de una concesión de libertad de navegación —en este caso la tiene Costa Rica—, que no es un título de soberanía sino un simple derecho económico, similar al que tiene un concesionario. Pero sin ir tan lejos como lo sería una cancelación o suspensión de los derechos de Costa Rica, bien puede y debe el Gobierno de Nicaragua, en el ejercicio de su exclusiva soberanía sobre el río San Juan, tomar varias medidas.
Podría exigir que los pilotos y capitanes que operan embarcaciones en el río San Juan ostenten alguna licencia que garantice su pericia para conducir naves en esas aguas. Podría exigir visa para entrar a nuestro territorio. La libertad de navegación no excluye necesariamente el requisito de una visa. La libre navegación concedida en 1858 no excluye la necesidad del visado —medida que no existía en aquella época—. Lo único que significaba es el derecho de Costa Rica a navegar el río, pero las condiciones para hacerlo y para entrar a ese territorio nicaragüense que era el río, las ponía Nicaragua.
Podría Nicaragua efectuar una inspección de las embarcaciones ticas para constatar que efectivamente circulan con objetos de comercio y exigir la presentación de facturas de esos objetos. Podría aplicar la ley nacional a las embarcaciones que navegan por el río ejerciendo oficios contrarios a lo dispuesto por los instrumentos que rigen nuestra relación fronteriza. Si así fuera, los turistas serían simplemente inmigrantes ilegales encontrados deambulando por nuestro territorio nacional y las embarcaciones que se dedican a la pesca serían embarcaciones que están saqueando nuestros recursos naturales".
Finalmente, Augusto Zamora, experto también en Derecho Internacional y con larga experiencia en el tema de los conflictos territoriales de Nicaragua durante su trabajo en la Cancillería en los años 80, sugirió que se creara en la Asamblea Nacional una Comisión de Asuntos Territoriales que, manejando un presupuesto propio, tuviera como misión fundamental de largo plazo el estudio y presentación de estrategias concretas para resolver las disputas que Nicaragua tiene pendientes en el río San Juan, en el Golfo de Fonseca y con Colombia, en la controversia sobre áreas terrestres, marinas y submarinas del Mar Caribe. Esto evitaría que conflictos de naturaleza territorial fueran manipulados por los gobiernos de turno y favorecería una política de defensa y consolidación de los intereses de Nicaragua.
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Colaboración de "Equipo Envío", Nicaragua
La armamentización de la ciudadanía es una realidad innegable, sobre todo cuando las cifras de la última encuesta sobre delincuencia del Instituto de Opinión Pública de la UCA revelan que al menos una de cada diez personas posee arma de fuego.
La desconfianza en las autoridades pertinentes ha llevado a la población a tomar medidas que le garanticen la seguridad tanto personal como de sus bienes. En ese sentido, ya no esperan que sea un órgano o una instancia determinada la que aplique justicia, ahora son ellos quienes están tentados a aplicarla por su propia mano. En la encuesta del IUDOP, el 52 por ciento de la población está de acuerdo en que la gente tiene el derecho de tomar la justicia por su propia mano.
El temor de la sociedad frente al fenómeno de la delincuencia y la poca capacidad que ha mostrado el gobierno para frenar este problema han originado que la ciudadanía crea que la mejor manera de estar a salvo de cualquier ataque es portando un arma de fuego. Sin embargo, diversos estudios han comprobado que el hecho de portar un arma, lejos de garantizar la seguridad de una persona, la hace más propensa a un acto de violencia. Existen numerosos casos de personas que han sido asesinadas con su propia arma; por otra parte los delincuentes se dedican a robar armas que luego les servirán a ellos para un atraco mayor. De hecho algunas personas opinan que el portar un arma no siempre garantiza la seguridad de nadie, al contrario la pone en mayor riesgo.
No existen estadísticas o evidencias confiables que indiquen que la delincuencia en el país haya aumentado en comparación con 1996 o 1997, pero la población está tan preocupada por este fenómeno que ha llevado los índices de "pistolización" a niveles muy grandes. Según cálculos del Ministerio de Defensa hay cerca de 250 mil armas matriculadas, entre cortas y largas; pero esta cifra puede ser mayor si se toman en cuenta las armas que no están registradas y que se venden en el mercado negro. De tal manera que, sin temor a exagerar, podría decirse que el número de personas que poseen arma de fuego puede ser el doble de la cifra oficial.
En la práctica, no existen medidas que garanticen que la persona autorizada para tener y portar un arma, será lo suficientemente responsable como para saber cuándo no hacer uso de ella. Al momento de autorizarla no se realizan exámenes para comprobar que esa persona sabe utilizar armas y tampoco se evalúa si tiene la capacidad mental como para discernir cuál es el momento oportuno para hacerlo, ni siquiera se hacen pruebas para saber si consume drogas o alcohol, bajo el argumento de las autoridades que resulta muy burocrático, caro y engorroso hacerlo.
Otro aspecto que agranda el problema de la armamentización es que en El Salvador se ignoran las leyes a cada momento; como es el caso del reglamento que regula la portación de armas, que claramente prohibe realizar disparos al aire; sin embargo, es común que esto se haga en épocas festivas, en alguna borrachera o en momento de alegría y alboroto, o sin ningún motivo, lo que ha llevado a que el índice de niños heridos o muertos debido a balas perdidas amenace con igualar al de la época en conflicto. De acuerdo a la prensa nacional entre 1997 y lo que va de 1998, 53 menores han ingresado al Hospital Bloom con heridas producidas por balas perdidas. Las autoridades no tienen la capacidad de frenar dichos actos a pesar de que existe una pequeña base de datos balísticos para investigarlos y dar con el responsable. Hasta el momento a ninguna persona se le ha revocado su licencia y mucho menos se le ha procesado y condenado por haber herido o asesinado a un menor. Tal vez esto se deba al hecho antes mencionado de que no todas las personas registran sus armas, o a que el número de agentes encargados de investigar los delitos sea muy reducido; las razones pueden ser muchas, pero la realidad que vive el país pide urgentemente que se le busque una solución.
Volviendo a la ansiedad ciudadana por la delincuencia, es fácil culpar a las nuevas leyes por el aumento de los hechos de violencia, y es más sencillo usar el artículo 48 del nuevo código penal como chivo expiatorio de la ola de crímenes, que elaborar un plan integral de combate de las complejas causas de la delincuencia. Por su parte, la gente opina que las leyes son muy blandas, que favorecen al delincuente y que los jueces los dejan libres sin considerar el daño que han hecho; y es que en estas circunstancias la opinión pública pocas veces advierte que el desempleo, la marginación social, la mala educación, la desintegración familiar, entre otros, son factores que contribuyen a que la delincuencia sea lo más común en la vida del salvadoreño.
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Colaboración del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA
Durante las dolorosas décadas de los setenta y ochenta, hablar de organismos defensores de derechos humanos era sinónimo de grupos al margen de la ley, defensores de "comunistas" o "guerrilleros". Ese fue el estigma con el cual, desde el poder económico y político, algunas mentes enfermas calificaron esta valiente y valiosa labor. Pero esa visión fue la menos generalizada e importante, porque las víctimas de las graves violaciones a su dignidad los veían —con sus ojos y su pena— de otra manera: como las herramientas útiles para dar a conocer su tragedia mediante la denuncia pública de los hechos; como los únicos espacios donde eran escuchados y en los cuales podían encontrar cierto alivio. También para las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales internacionales, los organismos salvadoreños de derechos humanos fueron interlocutores válidos y ejemplo de un compromiso inclaudicable con esta causa.
Por ellos pasaron decenas de personas que entregaron lo mejor de sí —algunas incluso hasta su vida— en un esfuerzo por: evitar con su labor la realización de más actos de barbarie, dar a conocer los hechos ocurridos y buscar justicia para las víctimas; además, en la etapa final de la guerra, estos organismos intentaron contribuir con su experiencia e imaginación a la creación de los mecanismos temporales y permanentes que, una vez finalizado el conflicto, deberían facilitar el camino para superar la impunidad. Muchas de esas personas ya no están con nosotras y nosotros: fueron desaparecidas de manera forzada, las ejecutaron o tuvieron que abandonar el país; otras de ellas, continúan trabajando dentro de una realidad que, pese a mostrar características diferentes, mantiene presentes las causas fundamentales que —en el pasado reciente— nos sumieron en una lamentable espiral de violencia.
Entre tantos y tan queridos nombres que destacaron en esa encomiable labor humanitaria, figura el de Segundo Montes Mozo quien —en el marco de la violencia política y el conflicto armado— contribuyó a su desarrollo, para beneficio del país y su gente: preocupado por el elevado y creciente número de asesinatos y otro tipo de injusticias que se cometían hace casi 25 años, fundó en agosto de 1975 lo que se conoció hasta su reciente cierre como el Socorro Jurídico Cristiano; exactamente diez años después, en agosto de 1975, desde su labor universitaria el padre Montes decidió seguir apoyando la defensa de las personas más vulnerables en El Salvador y creó el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Así, originalmente el IDHUCA —contando con un reducido equipo— se lanzó a trabajar tanto en la reflexión y el aporte sobre el estado de los derechos humanos en el país, como en el acompañamiento de las personas y organizaciones, comunitarias y gremiales, que no podían acceder a la justicia por razones económicas.
Si bien es cierto, el cese del enfrentamiento armado trajo consigo la esperanza de un mejor futuro para el país, el tiempo ha ido demostrando que todavía falta mucho por recorrer en esta materia. A 13 años de la fundación del IDHUCA, pese a que se han experimentado algunos avances, aún continúan produciéndose violaciones a derechos tan fundamentales como el de la vida, la integridad física, el acceso a la justicia y la protección de la salud, entre otros. Es por ello que nuestro Instituto continúa trabajando, al igual que otros organismos de la sociedad civil, para lograr elevar los niveles de respeto a la dignidad humana.
Ese es el marco en el cual, con motivo de otro aniversario más de su existencia, el IDHUCA programó —a partir del miércoles 26 de agosto— la "IV jornada por la vida la justicia y los derechos humanos". Entre las diversas actividades que se impulsarán en dicha jornada, destaca la presentación de los resultados de la investigación denominada "Mecanismos de protección judicial para la niñez y la juventud en El Salvador", la cual tendrá lugar el viernes 28. Dicha investigación contó con la valiosa participación de operadores y operadoras del Órgano Judicial, así como funcionarios de otras dependencias administrativas vinculadas con la temática y organismos de la sociedad civil, gracias al auspicio de Radda Barner y Dan ChurAid/Danida. Los comentarios al documento el día del evento estarán a cargo de las magistradas Anita Calderón de Buitrago y Aronnette Díaz de Zamora, a los cuales se sumarán los de la procuradora adjunta para los derechos de la niñez, Ruth Anabella Henríquez.
También se realizará una edición más del programa radial "Hablemos Claro", con el objeto de analizar el papel de la sociedad civil y las instituciones que defienden los derechos humanos en El Salvador. En dicho debate participarán como panelistas la directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (OTLA), María Julia Hernández, y el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Francisco Díaz Rodríguez.
Para culminar, el sábado 29 de agosto tendrá lugar un festival artístico y deportivo que contará con la participación de grupos musicales y de danza, así como de equipos de fútbol femeninos y masculinos representando a: instituciones estatales como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República; centros educativos como el Instituto Nacional "Francisco Menéndez"; organizaciones sociales como FESPAD y la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños; y comunidades organizadas de la zona metropolitana de San Salvador. Estas y otras actividades más son de mucha importancia para el IDHUCA pues, además de la participación y el involucramiento de la gente, con ellas se busca profundizar acerca de la situación actual de los derechos humanos en nuestro país y de los desafíos a enfrentar de cara al futuro.
Ahora, más que nunca, el trabajo que realizan diferentes organismos de la sociedad civil cobra mayor importancia, debido a que el país atraviesa por una etapa muy difícil en la que —al igual que en el pasado— se está perdiendo la credibilidad en las instituciones estatales encargadas de velar por la seguridad y la tranquilidad de las familias salvadoreñas, lo que se agrava en la medida que las desigualdades sociales son cada vez más profundas. De ahí que la misión del IDHUCA vaya encaminada, entre otras cosas, a lograr que la población participe de forma organizada para demandar la vigencia de sus derechos fundamentales, así como el funcionamiento de las instituciones oficiales responsables de ello. Estos dos aspectos son elementos claves en la construcción de una verdadera democracia, dentro de la cual tenga un lugar privilegiado el sentir y la opinión de la gente. Si contribuye a avanzar en la realización de estos objetivos, el IDHUCA estará cumpliendo con el propósito para el cual fue fundado por el padre Montes en agosto de 1985: que en El Salvador realmente se respeten los derechos humanos de todas las personas.
Hace unos días, Carmen Aguilar de Lapacó recibió un duro golpe; con ella, también fueron golpeadas otras familias argentinas de las víctimas de una de las prácticas más aberrantes sufridas por la humanidad: la desaparición forzada de personas. En efecto, en 1995 la señora de Lapacó pidió a la Corte Suprema de Justicia de aquel país una investigación para el destino de su hija; en concreto, reclamaba la verdad sobre los hechos cuya responsabilidad recae en el general Guillermo Suárez Mason, quien fuera titular del primer cuerpo del Ejército en tiempos de la dictadura militar. Pero ese máximo tribunal de justicia decidió, por cinco votos contra cuatro, rechazar la solicitud.
Quienes aprobaron tal sentencia se instalaron en el dogma, argumentando que una indagación sobre el paradero de personas detenidas-desaparecidas sin pretender comprobar la existencia del delito y determinar responsabilidades —por las leyes de amnistía— no puede admitirse. En sentido contrario, los cuatro magistrados que no votaron así dijeron lo siguiente: "el hecho de que la persecución penal se encuentre clausurada respecto de algunas personas y respecto de hechos que hayan tenido ciertas características no implica, automáticamente, el cierre de la investigación". Más aún, el magistrado Antonio Boggiano —normalmente inclinado a favorecer con su voto las iniciativas del Ejecutivo— sostuvo que la señora de Lapacó "tiene derecho a obtener la información que existiera en los organismos públicos".
Meses atrás, el Procurador General de la Nación —en una clara muestra de su independencia— afirmó que "la falta de compromiso del Poder Judicial con la necesidad de la búsqueda de la verdad histórica, sobre todo en relación con episodios de tanta trascendencia ética e institucional, no haría honor a la enorme decisión que ha tomado la Constituyente al incorporar a nuestra Carta Magna, los documentos internacionales"; a ello añadió que la Corte Suprema de Justicia no debía "olvidar el imperativo ético de ser solidaria con las víctimas", lo que "implica buscar las alternativas institucionales más adecuadas para paliar o disminuir su sufrimiento".
Sólo por el momento, pueden respirar un poco los militares argentinos responsables de las graves violaciones que cometieron durante la llamada "guerra sucia", pues existen otros caminos para avanzar en el esfuerzo por hallar la verdad; quién sabe qué estarán haciendo los funcionarios judiciales que con su voto tomaron una decisión censurable a todas luces. Pero las y los servidores públicos honestos e independientes, comprometidos con la verdad y la justicia en aquel país, no van a descansar; están en la disposición de apoyar la lucha de los organismos de derechos humanos que —por de pronto— se han pronunciado de la siguiente manera.
"Por el derecho a la verdad". Buenos Aires, 25 de agosto de 1998
(Comunicado de prensa de los organismos de derechos humanos)
Conocer la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Sin embargo, la opinión publica ha conocido con asombro la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarle a una madre la vía judicial para conocer la verdad sobre la desaparición forzada de su hija. El más alto tribunal de la Nación rehusa así asumir su responsabilidad ante la más grave consecuencia del terrorismo de Estado: las desapariciones forzadas.
Las consecuencias de este fallo sólo son comparables con la práctica de ese alto tribunal durante la dictadura militar, cuando se mostró inoperante para garantizar la vigencia del recurso de Habeas Corpus, abriendo de tal modo la puerta a la desaparición forzada masiva. Los jueces que han suscrito dicho fallo se han vuelto, de esta manera, cómplices de los responsables directos de miles de desapariciones, al sentenciar en contra del derecho a la verdad, impidiendo nuevamente desvelar el ocultamiento del paradero de las víctimas. Las ulteriores declaraciones de algunos firmantes del fallo no son claras: por una parte alegan que no están cerrados los caminos de investigación, y por otra no muestran cual es la vía judicial a seguir. Se trata de un juego peligroso, que aumenta la zozobra de los familiares y la inseguridad jurídica de los ciudadanos.
Por otro lado, los organismos de derechos humanos hemos impulsado, desde hace más de dos años, la creación de una comisión bicameral destinada a investigar y llegar a la total verdad respecto de la represión del terrorismo de Estado; pese a nuestros esfuerzos, manifestados en numerosas reuniones y gestiones, no se ha concretado esa comisión. Tampoco el Poder Ejecutivo encara sus responsabilidades ineludibles de responder a esta problemática. Ante tan grave situación, los organismos de derechos humanos convocamos a la opinión pública y a las organizaciones democráticas a pronunciarse públicamente en defensa del derecho a la verdad.
Firman: Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
PRESTAMO. El FMLN dijo, el 19.08, que está dispuesto a apoyar la ratificación de dos préstamos para la PNC, uno por más de $5.7 millones y el otro por $10 millones. El representante del partido de izquierda, Humberto Centeno, dijo que se otorgarán los votos sólo si el Ejecutivo se compromete a encausar una política de endeudamiento. Además, dijo que el Frente considera necesario que el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, no vetara las reformas a la Ley de Fomento al Desarrollo Económico y Social (FODES), la cual norma la distribución del 6% del presupuesto de la nación para las alcaldías. De igual forma, los miembros del FMLN exigen una respuesta a la propuesta de invertir los fondos de la venta de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en la reactivación agraria e infraestructura vial. El programa de préstamo es otorgado por el gobierno de Estados Unidos y se denomina PL-480 (Ley Pública 480). Este consiste en que el gobierno norteamericano compra aceite y grasas animales, las entrega al gobierno salvadoreño y éste las vende a empresarios nacionales. El dinero obtenido de estas ventas se invertirá en varios programas, como la creación de una base de datos sobre personas detenidas, órdenes de captura, fichas de reos, casos de investigación, y echar a andar el proyecto "informatización PNC 2000", entre otros (DH 20.08 p. 4).
ART. 48. Los diputados de la Asamblea Legislativa aceptaron, el 19.08, que cometieron un error al aprobar el artículo 48 del Código Penal, luego de enterarse de que dicho artículo seguirá permitiendo la libertad a los reclusos condenados que se apeguen a sus beneficios. Según el magistrado presidente de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gustave Torres, sin importar si los diputados deciden derogar, interpretar o trasladar el artículo, "los reos en detención provisional y que posiblemente sean condenados" podrán beneficiarse con el artículo , debido a la figura jurídica denominada "ultro-actividad de la ley intermedia". Todos los reos detenidos provisionalmente y los condenados hasta el pasado 20 de abril pueden apegarse a la conversión de penas. Aunque se modifique "el 48", el artículo 407 del mismo Código permite que los beneficios del primero sigan aplicándose. Ante estos argumentos, los diputados decidieron derogar el artículo 48 del Código Penal, y luego presentarán un proyecto de Ley para trasladarlo íntegramente de un Código al otro (Procesal Penal). Sin embargo, ARENA se niega a trasladar el artículo al Procesal Penal y retoma la propuesta presidencial que otorga un día de detención por un día de reducción de pena (DH 20.08 P.6 y LPG 21.08 p. 10).
CANDIDATO. El PDC designó, el 20.08, a Rodolfo Parker como candidato a la presidencia para las elecciones de 1999. Parker no ha sido miembro del partido, por lo que su nombramiento procede de sectores profesionales, empresarios y académicos, según explicó el secretario del PDC, Ronal Umaña. Agregó que la elección del candidato se logró después de diversas consultas con varios aspirantes que no alcanzaban la simpatía de los dirigentes del partido. El nuevo aspirante tendrá que inscribirse como miembro del partido y luego impulsar una jornada de visitas al interior del país. A juicio de Umaña, una de las ventajas de Parker es que no ha militado en ningún partido político y procede de la sociedad civil, que era una de las exigencias de los partidos CD y PD. Asimismo, aseguró que confía en que gozará del respaldo de las diferentes corrientes pedecistas. El PDC anunciará próximamente su proyecto político denominado "la esperanza es verde", el cual contiene el trabajo que el candidato presidencial realizará rumbo a las elecciones presidenciales y el programa de gobierno. "Este es un proyecto rigurosamente del PDC pero existe la posibilidad de que se consolide la Unión Nacional Opositora (UNO), a la que se sumarían los partidos CD y PD. Los democristianos admiten que la plataforma de gobierno debe tener soluciones a los problemas graves (LPG 21.08 p.8).
PROTESTAS. Un grupo de ex patrulleros rodeó, el 24.08, la Asamblea Legislativa con el propósito de exigir una indemnización por los servicios brindados durante la guerra. Los ex paramilitares y ex defensas civiles —unos 25 mil, según ellos mismo dijeron— reclaman 18 mil colones para cada uno, esto de acuerdo a los servicios prestados de 1984 a 1992. Uno de los manifestantes explicó que sus exigencias están dentro del marco legal y pacífico; sin embargo, los presentes en algún momento amenazaron con boicotear las elecciones de 1999. "Hay 18 mil patrullas que se pueden organizar para que no haya elecciones", expresó uno de los protestantes. Hace algunos meses, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió un dictamen que fue aprobado por el pleno legislativo, enviando al archivo la petición de los ex patrulleros acerca de una indemnización. Esto en base a que ellos no fueron tomados en cuenta durante la firma de la paz por no tener un contrato con la Fuerza Armada. Sin embargo, Julio Gamero, de ARENA, expresó que el congreso "no cederá a las presiones y chantajes de los ex patrulleros". El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, aseguró que no es posible la negociación con éstos debido a que no están contemplados en los Acuerdos de Paz (LPG 25.08 p.10).
SILVA. El 25.08, el alcalde capitalino, Héctor Silva, anunció públicamente su renuncia como precandidato presidencial del FMLN, por lo que la definición de la fórmula presidencial de dicho partido se ha complicado más. Silva argumentó que su retiro obedece a la exigencia de una reunificación del partido, además de algunas razones personales. "Hay un peligro de división interna y no quise correr ese riesgo...Mi decisión es el resultado de un proceso, no es un solo factor", expresó. Luego de una reunión de la Comisión Política, se hizo posible la inclusión de otros candidatos. Existe también la posibilidad de que la Convención Nacional decida anular la segunda ronda de la elecciones. Esto implicaría que en la actividad programada para el 29.08 se ratificaría la única fórmula existente: Victoria Avilés y Salvador Arias. Por su parte, Violeta Menjívar, de la Comisión del Frente, dijo que "nuevamente vamos a tener una situación impredecible en la convención, porque el doctor Silva continuaba siendo el virtual ganador... estamos recomponiendo el cuadro". Francisco Jovel, también de la Comisión, dijo que "si la Convención considera que las cosas deben seguir igual, pues será así, y si [considera que] habrá que abrir nuevas posibilidades se abrirán". De hecho, continuó, podrían llevarse a cabo algunos cambios en los estatutos que propicien estos nuevos escenarios (LPG 26.08 p.4).
