Año 19
número 820
septiembre 2
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Partidos y candidatos
Economía Crecimiento económico, medio ambiente y pobreza
Sociedad La industria de la prostitución infantil
Opinión Pública La seguridad en las armas (II)
Derechos Humanos Pensando en la niñez y la juventud (I)
Partidos y candidatos
La atención nacional se encuentra concentrada en las dificultades experimentadas por el FMLN para elegir a sus candidatos presidenciales, a través de un proceso de consulta interna a sus bases. El ejercicio democrático ha resultado más complicado de lo esperado y, en la actualidad, se encuentra entrampado. Pero ARENA también enfrenta dificultades a causa de la candidatura presidencial. Aunque este partido cuenta con un candidato para la presidencia desde hace algún tiempo, desde las filas de la democracia cristiana le ha surgido un contrincante, convencido de que capitalizará el descontento provocado por aquella candidatura dentro de ARENA.
Las notas del conocido canto revolucionario "el pueblo unido, jamás será vencido", con las cuales el FMLN abrió la segunda sesión de su convención extraordinaria para elegir a sus candidatos presidenciales, resultaron emblemáticas. El pueblo que el FMLN representa no está unido y, en la medida en que esa división persista, su futuro se vuelve sombrío. Aparte de valorar positivamente lo que de ejercicio democrático tuvo la sesión, su desarrollo y, sobre todo, sus resultados dejaron insatisfechas a las dos corrientes que se disputan el poder en su interior. De esta manera, la elección de los candidatos presidenciales del FMLN está entrampada en el conflicto interno. Mientras éste no sea resuelto, sus posibilidades electorales se reducirán cada vez más.
La candidatura a la presidencia de Victoria Marina de Avilés no pudo ser proclamada por no haber conseguido los votos necesarios. De hecho, se quedó muy por debajo del mínimo establecido —elevado a última hora y de forma inexplicable— y, en consecuencia, no se procedió a la elección de su compañero de fórmula. La mayoría de los convencionistas no apoyan la fórmula propuesta por el grupo de Schafik Handal. En estas circunstancias, no parece, pues, tener mucho sentido insistir en los mismos candidatos. Un margen tan elevado de no aceptación no garantiza el apoyo del partido durante la campaña electoral y si Avilés y Arias llegasen al poder, su gobierno no sólo tendría que lidiar con los adversarios de fuera, sino también con los de dentro.
La corriente encabezada por Handal no consiguió su propósito, pero impidió que la salida del entrampamiento quedara en manos de la comisión política del partido, donde no tiene asegurada una mayoría. Por decisión de la convención, las instancias departamentales del partido deberán proponer nuevas candidaturas. Este grupo calcula que una consulta más amplia a las bases la favorece. De todas maneras, la fórmula Avilés-Arias, derrotada en dos ocasiones consecutivas, parece estar agotada.
La otra corriente, dirigida por Facundo Guardado, impidió la ratificación de la única fórmula sometida a la consideración de la convención, pero no consiguió que fuese la comisión política la que buscara las nuevas candidaturas. Aunque Héctor Silva hubiese continuado en la contienda, su posición política era insostenible, dada la correlación de fuerzas al interior del FMLN.
Ahora bien, para que las nuevas candidaturas prosperen, éstas deben ser aceptadas previamente por las dos corrientes. De lo contrario, el fenómeno se repetirá con resultados similares. Esto lleva a plantear la raíz del entrampamiento. Este no está ocasionado por las personalidades de los candidatos, sino por la pugna de poder de las dos corrientes que coexisten en el FMLN. La convención misma es una muestra clara de ello. Más que atender a razones políticas, se establecieron posiciones y se midieron fuerzas, pero sin decidir la pugna, porque ambas corrientes están bastante equilibradas. Mientras tanto, el FMLN exhibió ante el país su incapacidad para alcanzar un acuerdo político básico. Las posiciones y las fuerzas ya están establecidas y medidas, por lo tanto, ahora habría que trabajar para construir un acuerdo básico que permita elegir a los mejores candidatos, hacer efectiva la coalición y participar en la contienda electoral con la unidad que hace posible el triunfo.
En ARENA existe un planteamiento similar, pero, en su caso, el desafío proviene desde las filas demócrata cristianas. En efecto, Rodolfo Parker, el candidato de ese último partido, plantea su campaña electoral contra ARENA —excluyendo al FMLN de su horizonte. Está completamente convencido de su triunfo. Afirma que, en una segunda vuelta, Flores irá como vicepresidente y él como presidente. Asegura que cuenta con 30 millones de colones y los votos de simpatizantes de ARENA descontentos con su opción electoral e incluso amenaza al partido oficial con sorpresas desagradables. Estas afirmaciones pudieran ser descartadas, en el mejor de los casos, como manifestaciones de voluntarismo político ingenuo o, en el peor, como fanfarronería; pero no hay que apresurarse.
ARENA podría esta preparándose para dirimir sus diferencias en la plataforma de las elecciones presidenciales. La candidatura de Francisco Flores no es aceptada aún por un sector importante de ARENA, vinculado al ex presidente Cristiani. La imposición de Parker como candidato demócrata cristiano es, sin duda, una movida audaz e inteligente por parte del círculo de Cristiani, de donde aquél procede. Si esta hipótesis se confirma, no hay que subestimar el peso político y económico que este último podría otorgarle a su candidatura. La democracia cristiana sería así un simple instrumento para ejecutar el plan que permitiría recuperar el poder a este poderoso grupo.
Parker no es demócrata cristiano, sino neoliberal duro. Ni siquiera maneja los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia —confunde las encíclicas y a sus autores— y desconoce que ésta condena la inhumanidad e injusticia neoliberales. Además, la Comisión de la Verdad encontró pruebas suficientes como para señalarlo por haber alterado declaraciones judiciales en los casos de los jesuitas y San Sebastián, encubriendo a los altos mandos de la Fuerza Armada. Parker y quienes lo respaldan usan la democracia cristiana como un medio. Ronal Umaña sólo está interesado en negociar cuotas de poder y, en consecuencia, para él, la oportunidad es única. En cuanto esta candidatura represente otra versión de ARENA, la unidad de este partido también será puesta a prueba. Si hubiera discutido sus candidaturas presidenciales de forma abierta, como lo hace el FMLN, no es difícil imaginar su resultado. De ahí que sus dirigentes se sientan más cómodos con su autoritarismo que con los "inconvenientes" de la democracia.
Al examinar los resultados de los distintos modelos de desarrollo implementados en El Salvador, y en casi todos los países subdesarrollados, llama la atención el hecho de que sus resultados objetivos muestran la existencia de una aparente contradicción entre crecimiento económico, reducción de la pobreza y preservación de los procesos ecológicos fundamentales. En realidad, esta contradicción es sólo aparente, porque existen formas de armonizar economía y ecología, tal como lo demuestra el desarrollo reciente de la economía ambiental.
Pero lo cierto es que tanto los modelos de agroexportación, de industrialización por sustitución de importaciones y los de corte neoliberal han impulsado el crecimiento económico sin considerar la necesidad de que éste se tradujera también en mejorías de las condiciones de vida de la mayoría de la población y de que no se hiciera a costa de la pérdida de los recursos naturales. Estos problemas fueron detectados desde hace más de 25 años por los países desarrollados; sin embargo, aún no se cuenta con un esquema efectivo para paliar los efectos negativos del crecimiento en los países subdesarrollados.
La viabilidad del crecimiento económico se encuentra amenazada por los límites que impone no solamente el agotamiento de los recursos naturales, sino también la insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población. Existen ya los primeros cálculos de las implicaciones económicas del descuido del medio ambiente y de las condiciones de vida de la población en El Salvador. Estos establecen que, para 1995, se perdió entre un 2.8% y un 4.3% del Producto Interno Bruto. La situación empeora si se considera que, por efecto del deterioro del medio ambiente y el incremento de la población vulnerable, también se han incrementado los desastres socio-naturales, especialmente aquellos relacionados con la época lluviosa (inundaciones, sequías, derrumbes y deslizamientos) y que ponen en peligro no sólo el crecimiento económico, sino también la vida de las poblaciones afectadas.
Existe evidencia histórica de que la forma de organización económica y social ha provocado la situación crítica actual y de que, por tanto, se requiere la articulación de una estrategia de crecimiento diferente a las implementadas hasta ahora. Las agresiones en contra del medio ambiente y la población se remontan, en el continente americano, a los primeros años de la colonia, pues con el cambio en el uso de la tierra se pasó de una cultura de respeto hacia aquélla, en la que se utilizaba únicamente para la cosecha de alimentos, a una en la que la tierra se concebía como un recurso sacrificable si era en aras de obtener productos de agroexportación. Una primera agresión al medio ambiente en El Salvador se cometió con la introducción del añil, para lo cual se talaron bosques y selvas, localizados principalmente en la zona norte del país. El café marcó un nuevo punto de inflexión en el uso de los recursos naturales, con nuevas talas en las tierras montañosas ubicadas en la franja central del país, para que finalmente la caña de azúcar y, especialmente, el algodón definieran la última frontera agrícola.
Concomitantemente con las grandes y sucesivas haciendas de cacao, añil, café, algodón y azúcar, ha existido desde siempre el cultivo de alimentos, en realidad limitado al maíz, maicillo, frijoles y arroz, y la crianza de aves de corral y ganado al interior de lo que se ha llegado a definir como economía campesina. Este modelo de organización económica también ha tenido sus implicaciones sobre el medio ambiente, pero solamente como resultado de la organización de la producción agropecuaria, de la concentración de la propiedad y la riqueza, de la proliferación de la pobreza y de los mecanismos de adaptación ante la misma que debieron ser asumidos por la mayoría de la población.
Existen círculos viciosos entre recursos naturales, distribución del ingreso y crecimiento. En muchos casos, los esfuerzos de los pobres por obtener mayores niveles de ingresos pueden conducir a limitar sus posibilidades en el futuro inmediato, como en el caso del sobrepastoreo y de las prácticas de roza y quema en los cultivos anuales, por ejemplo. De la misma forma, los hacendados, en su afán de maximizar ganancias, también tropiezan con límites ecológicos para la producción; como es el caso del algodón que, pese a realizarse con altas dosis de agroquímicos, resultó económicamente inviable.
Frente a estos modelos "tradicionales" de desarrollo, se ha llegado a plantear la necesidad de formular una teoría del desarrollo "sostenible", la cual plantea la necesidad de considerar que el crecimiento económico no es un fin en sí mismo. Algunos de los postulados del desarrollo sostenible que pueden colegirse de diferentes intentos de definirlo son: alto consumo per cápita sostenible por un tiempo indefinido, lo cual implica una tasa óptima de utilización de los recursos naturales, equidad distributiva, protección ambiental y participación de todos los sectores en la toma de decisiones.
Este planteamiento sugiere que las formas de impulsar el crecimiento practicadas hasta ahora enfrentan fuertes limitantes derivadas de la destrucción del medio ambiente, el empobrecimiento de la mayoría de la población y su marginación de la toma de decisiones. A final de cuentas, estas limitantes podrían convertirse en el mayor obstáculo para el desarrollo, aun cuando durante siglos han sido el fundamento de la prosperidad de sectores minoritarios.
El Salvador es uno de los casos límite donde se requiere de reformas institucionales de fondo. Los beneficios del crecimiento han sido apropiados por unos pocos, mientras que una gran mayoría ha tenido que enfrentarse a problemas de subempleo, bajos salarios y pobreza; al mismo tiempo, el crecimiento económico se ha logrado a costa de la utilización intensiva y antiecológica de los recursos naturales, lo cual ahora se refleja en altos niveles de erosión, deforestación, escasez de agua y contaminación del agua y del aire.
En la actualidad, los patrones de crecimiento han privilegiado las actividades urbanas con el consecuente efecto sobre la distribución de la población, la cual ha pasado de ser mayoritariamente rural a ser mayoritariamente urbana. Consecuentemente, la actividad del sector agropecuario se ha deprimido notablemente, llegando a reducir su participación en el Producto Interno Bruto. Incluso las zonas destinadas para el café de exportación aledañas a las ciudades están cediendo terreno para la expansión de las actividades del sector construcción. Esto resulta especialmente grave si consideramos que el sector agropecuario alberga al mayor porcentaje y número de pobres.
Frente a esta dinámica resulta imperativa la articulación de una nueva estrategia de crecimiento que priorice el estímulo de actividades amigables con el medio ambiente, pero que al mismo tiempo haga crecer los ingresos de los sectores más pobres de la población. Un criterio válido para lo anterior sería promover la transferencia tecnológica y el acceso al crédito para los sectores campesinos.
La reducción de la pobreza y la reversión del deterioro ambiental no pueden ser logradas a partir de políticas sectoriales, pues, en realidad, son problemas vinculados con la política económica y, en esa medida, requieren ser tratados a partir de estrategias integrales de desarrollo.
La prostitución infantil no es algo ajeno a los países latinoamericanos. Aunque este es un problema más de países desarrollados que de subdesarrollados, el comercio sexual de menores está incrementándose aceleradamente en América Latina. Brasil, por ejemplo, con 500 mil menores prostituidos, es no sólo el país latinoamericano con los más altos niveles de "turismo sexual infantil", sino que además es actualmente el segundo en la lista mundial, después de Tailandia. También hay un número relevante de niños y niñas prostituidos en ciudades de Venezuela, Colombia, México, Argentina y en los países de Centroamérica.
Esta situación se conoce públicamente por lo menos desde 1990, y año con año se hace más evidente. Diversos estudios del Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) han revelado que existen en Centroamérica ciertos puntos claves donde se realiza la venta de servicios sexuales infantiles. Tal es el caso de la zona fronteriza entre México y Guatemala. Esto se debe a la gran cantidad de niños centroamericanos que viajan ilegalmente y que son víctimas fáciles de adultos que los inducen a prostituirse.
Igualmente, se sabe que el comercio sexual de menores se efectúa en zonas "estratégicas", como centros turísticos, puertos, parques, hoteles y —los más comunes— burdeles y calles. En Honduras, recientemente se descubrió una casa clandestina conocida como "el kinder", donde practicaban esta actividad y, según varias opiniones, no es la primera ni la última que se encontrará. Uno de los estudios explicaba que personas jubiladas, expatriadas estadounidenses, alemanes y de otros países, se instalan en Latinoamérica para hacer uso de los servicios sexuales de infantes. Y es que, si hay quienes demanden y se sirvan de niños(as) prostituidos, habrá quienes se quieran enriquecer a costa de esos(as) pequeños(as) inocentes que no tienen capacidad ni poder para decidir sobre sus vidas y defenderse de sus agresores.
El fenómeno de la prostitución infantil funciona bajo la estructura del crimen organizado. Quien piense que es un delito cometido por unos cuantos individuos aislados comete un error, pues existen redes que trafican con menores de edad, casi siempre en los barrios bajos o sectores rurales de los diferentes países. Estos raptan o "convencen" a sus víctimas, cuyas edades generalmente oscilan entre los 12 y los 14 años, aunque los hay menores. Su modus operandi puede ser: raptar a los menores, sacarlos de su país —más fácil para los tratantes de infantes si ya están fuera— y agredirlos física y psicológicamente, hasta que ellos, sin opción alguna, entran en el ambiente. Otra forma de proceder es "convencer" a los niños(as) de que ganarán dinero, tendrán amigos. Incluso, algunas adolescentes son seducidas por los proxenetas que les ofrecen protección para que se fuguen de sus hogares.
Generalmente, los explotadores sexuales eligen a un sector infantil determinado, compuesto por niños abandonados o "de la calle", niños que trabajan y que necesitan un medio para sobrevivir, niños con hogares destruidos... En julio de 1997, la UNICEF calculó que en el mundo hay unos 100 millones de niños que viven en las calles; cuarenta millones de éstos están en Latinoamérica y, obviamente, permanecen en peligro de ser inducidos a prostituirse. Asimismo, se estimó que aproximadamente 10 millones de niños(as) están habitualmente envueltos en el sexo por dinero. "Cada año, por lo menos un millón de niños, niñas en su mayoría, se prostituyen", expresa el diagnóstico de la UNICEF.
Un menor que ha caído en esta red nunca, o casi nunca, puede salir de ella. Es amenazado, golpeado y torturado si intenta escapar; de hecho, se ha sabido de la muerte de niños(as) por esta causa. En muchos casos, son drogados permanentemente para crear una relación de dependencia respecto de sus explotadores. Ahora bien, si el afán por el dinero y la inhumanidad causan que los proxenetas exploten a los menores, ¿qué causa que haya gente que los contrate o los viole y disfrute de ello? Indiscutiblemente, es algo psicológica y moralmente anormal. Los pedófilos son hombres que tiene afición por ejercer su fuerza sexual sobre los niños(as). Las relaciones sexuales entre un adulto y un menor responden, frecuentemente, a la necesidad de dominar por parte del primero, de sentirse más fuerte que su víctima.
La prostitución de menores tiene diferentes orígenes. La desintegración familiar y las violaciones sexuales, casi siempre a manos de familiares cercanos a los niños(as), son dos de ellos. Sin embargo, hay otros igualmente peligrosos. La pobreza (cabe mencionar que no todo pobre se prostituye, por lo que no es el principal factor); la condición de dependencia del género femenino, que hace que en algunas culturas se rechace y se vea de menos a las niñas; el SIDA, pues se tiene la idea de que las relaciones sexuales con niños(as) son más seguras; la migración, que vuelve a los menores más indefensos ante el medio; y la creciente demanda del servicio que, por ende, genera crecientes ganancias.
Los efectos de la prostitución infantil recaen directamente sobre las mismas víctimas. Hay consecuencias presentes como las adicción a las drogas, embarazos prematuros e indeseados, enfermedades de transmisión sexual —incluyendo el SIDA—, trastornos en el desarrollo físico y mental del niño(a). Así también habrá consecuencias a futuro no menos graves que las anteriores: se generará un círculo vicioso en el que los actualmente explotados serán los próximos explotadores. En su mayoría, serán hombres y mujeres que no podrán disfrutar de una familia normal, del sexo sano y del amor. Por otro lado, estropear el cuerpo de una niña en crecimiento puede generar a futuro problemas de infertilidad, complicaciones durante los embarazos, cáncer uterino, etc.
El problema puede ser visto desde varias perspectivas. Hay quienes pueden aceptar crudamente que el comercio sexual de infantes es una realidad ineludible "y punto". Otros pueden condenar y culpar por doquier y decir que el problema es una cuestión de maldad. Se puede adoptar también un punto de vista legal, afirmando que se trata de una actividad prohibida y, por lo tanto, ilegal. La postura ante el problema depende de cada quien. Lo que no puede ser desmentido ni discutible es que, desde ninguna perspectiva, los niños y niñas están preparados para enfrentar una situación sexual que los violenta física y mentalmente.
Hay vidas inocentes sufriendo en todas partes del mundo por distintas causas, pero las de estos pequeños están siendo destruidas sin compasión. En El Salvador, la legislación penal tipifica este delito. Los artículos 167, 168, 169 y 173 del Código Penal protegen a los menores de 18 años de actos sexuales diversos, de corrupción de menores, de inducción, promoción y favorecimiento de la prostitución. Esto es una ventaja tomando en cuenta que hay países en los que no existe legislación en favor de los menores. Sin embargo, la vida de un niño es invaluable y ni 2 ni 8 años de prisión—que es lo que estipula dicha legislación a quienes agreden sexualmente a menores— pueden resarcir el daño que el abuso sexual supone.
El gobierno parece no tener la capacidad para desarrollar medidas que de alguna manera frenen la ola delincuencial. La población, sin embargo, está dispuesta a hacer lo necesario para salvaguardar su seguridad y por ello es que la venta de armas se ha convertido en un negocio muy rentable. Actualmente la tenencia de armas ya no se limita a quienes tienen la capacidad económica para adquirir una, el mercado se ha extendido y las importaciones de armas han aumentado haciéndolas más baratas y por tanto más accesibles. Ahora se cuenta con una gran gama para que los interesados puedan escoger una ajustada a su presupuesto. Por ejemplo, desde 1994 a 1997 ingresaron mil armas cada mes y la cifra ha aumentado, ya que sólo en los siete meses que van del año se importaron 12 mil, o sea la misma cantidad que ingresó en el año anterior. Sin tomar en cuenta las que circulan en el mercado negro, e ingresan por los puntos ciegos de la frontera o de contrabando.
Paralelo al aumento de armas, está el trabajo del Movimiento Patriótico contra la Delincuencia que ha desarrollado un total de 17 campañas encaminadas a canjear todo tipo de armas por bienes de consumo. Y en ese intento ha recolectado más de siete mil armas de todo tipo calibre. Pero el trabajo de esta organización no sirve de mucho si al país sigue ingresando la cantidad de armas antes mencionada y si la población continúa pensando que poseer un arma es una necesidad vital para su seguridad. Los negocios de armas han visto una creciente demanda, ya que la legislación actual permite que cualquier persona, con el único requisito de presentar solvencia de la PNC, pueda comprar una; incluso en la misma tienda le tramitan el permiso. Esto tiene, aparentemente, una gran ventaja: las personas, en vista de las facilidades, optan por comprar el artículo en un lugar autorizado y de esa manera se tiene mayor control de las armas que están en circulación y se tiene una base de datos de las huellas balísticas, para poder investigar cualquier delito. Sin embargo, con esta medida también se está incentivando a que los índices de armamentización aumente y que la violencia sea todavía mayor.
Actualmente se discute la viabilidad de hacer ciertas reformas a la ley de control de armas de fuego con la intención de poner ciertas restricciones para que no todas las personas que registren su arma puedan portarla libremente en las calles. Lo que se propone es que se extiendan dos licencias, una de tenencia que se limite a los negocios o al hogar y otra de portación en donde sí se harán exámenes para saber si el solicitante puede usarla. Con esta medida tal vez –sólo tal vez—se logre disminuir el número de personas que andan circulando por las calles con armas de fuego y que ponen en peligro no sólo seguridad, sino de cualquier persona que se atraviese en un fuego cruzado.
Las autoridades dicen estar conscientes de que no saben a qué tipo de personas les han dado autorización de andar por las calles portando libremente un arma y si éstas tendrán la capacidad mental para discernir cuál es el momento de usarla, mucho menos si saben hacerlo, porque para tener mayor control se necesitarían muchos más fondos y personal capacitado, y eso en un país como éste llevaría muchos años lograrlo. Por ello, lo único que parece que podemos esperar es que las reformas que se han planteado sean efectivas.
Muchos creen que con las medidas para facilitar los trámites de tenencia y portación de armas, que lleva a cabo el Ministerio de Defensa y la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, se está confirmando la tesis de que el gobierno es incapaz de controlar la delincuencia y por eso es necesario que toda la población se proteja por su propia cuenta; sin embargo, la solución a la escalada de violencia que sufre El Salvador no está en que la ciudadanía ignore el estado de derecho, en una situación en donde todos pueden hacer caso omiso a las leyes, siempre y cuando les convenga y donde la única que ley que impera es la del más fuerte.
Frente a esta ola de tentaciones autoritarias, la mejor respuesta sigue siendo acudir y presionar para que la institucionalidad de los sistemas de justicia y seguridad funcionen como deben. Muy poco se puede esperar de las autoridades del país si se permite que la gente no presione a las mismas para que atiendan, procesen y resuelvan los casos de delincuencia de los cuales son víctimas. Muy poco de puede hacer también si en la seguridad pública se implantan también el concepto de privatización, esto es, si se transmite la idea de que la seguridad propia sólo se puede alcanzar a través de la armamentización y la justicia privadas. En estas circunstancias, más que resolver el problema, deberemos enfrentarnos definitivamente a una sociedad y a unos "ciudadanos" aún más violentos.
En 1990, El Salvador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces se han producido importantes cambios en el marco jurídico nacional y el Estado ha creado mecanismos e instrumentos orientados al cumplimiento de los derechos de los niños y niñas reconocidos en dicha Convención. Tan importante es la coherencia de estos cambios jurídicos respecto a la filosofía y contenido de la Convención, como determinante es que a la hora de su aplicación exista la capacidad para que la legislación minoril se constituya en instrumento efectivo para la defensa y promoción de esos derechos. En la actualidad, se considera que en tal capacidad es donde se encuentra el "talón de Aquiles" de nuestro marco normativo. Esa problemática va más allá de la aprobación de leyes y la disponibilidad de recursos, ya que en forma inevitable se debe relacionar con la visión y comprensión de la nueva filosofía de la niñez que debe encarnar la transformación jurídica.
Es importante, pues, que los esfuerzos hechos en nuestro país en lo que concierne a esta materia no queden a la mitad. La importancia de nuestra legislación radica tanto en lo avanzado de su sistema —pionero en las transformaciones judiciales que ocurren actualmente en el país— como en la complejidad que conlleva su aplicación, puesto que en ella intervienen un conjunto de factores sociales y políticos que deben armonizarse y que son indispensables para una intervención efectiva. Por ello, se vuelve necesario un estudio continuo de la operativización de la ley minoril. Este análisis de la práctica jurídica debe contribuir a ubicar vacíos, inconsistencias o insuficiencias en la normativa así como alternativas para el perfeccionamiento de su aplicación.
Las anteriores consideraciones básicas motivaron al IDHUCA para desarrollar —con el apoyo de DanChurchAid/Danida de Dinamarca y Rädda Barnen de Suecia— la investigación denominada "Mecanismos de protección judicial para la niñez y la juventud en El Salvador", la cual acaba de ser editada y publicada.
Con dicho esfuerzo, inicialmente se pretendía reunir y analizar casos presentados desde la sociedad civil a los tribunales correspondientes que habían sido resueltos con éxito, para deducir los aspectos positivos y negativos que están incidiendo en la operativización de la legislación. Este gran objetivo se modificó en la práctica por dos razones: por el poco uso que las entidades sociales hacen del sistema judicial para denunciar casos de violación a los derechos de la niñez; y porque los tribunales no cuentan con un sistema de información que permita identificar, con precisión, los casos que en ellos se tramitan. Esas circunstancias impidieron llegar hasta la propia víctima y desde ahí profundizar en dicha operativización.
Sin embargo, en el curso de la investigación nos acercamos no sólo a las entidades de la sociedad civil, sino también a los operadores del sistema y a las instituciones estatales que coordinan con el mismo, con lo cual se abrieron posibilidades de información para recopilar experiencias sobre la práctica concreta de quienes sí hacen uso del sistema y de los funcionarios involucrados directamente en la administración de justicia. Por tal razón, el esquema original se transformó y dio paso al desarrollo de las líneas de trabajo que a continuación se describen.
En primer lugar, se amplió la consulta a jueces de familia, de menores, de ejecución de medidas y de paz, mediante el involucramiento directo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); para ello se analizaron diversas experiencias individuales, que fueron sometidas a una validación colectiva con los mismos operadores judiciales. En segundo término, se amplió la consulta entre las organizaciones sociales, a través de la Red para la Infancia y la Adolescencia; así, además de facilitarnos el acceso a casos, pudimos discutir con ellas las fortalezas y limitaciones en la operativización de la legislación, así como el aporte que le podrían brindar a la misma.
En tercer lugar, se extendió la consulta con las entidades gubernamentales y estatales involucradas en la coordinación de la operativización, con quienes además de la discusiones bilaterales se hicieron ejercicios de validación colectiva alrededor de los resultados obtenidos. Una cuarta línea fue la de abrir un espacio de reflexión conjunto entre todos los sectores participantes; con ello, se logró una valoración integrada y propositiva de la situación. También se trabajó en la formulación del planteamiento general, a partir de una visión desde la Convención como marco referencial. Finalmente, se elaboró una formulación general sobre la problemática de la niñez y su relación con el marco jurídico.
Cabe destacar, entre la actividades desarrolladas en la investigación, la coordinación con la CSJ para la realización de cuatro talleres de reflexión, consulta y análisis de las experiencias y puntos de vista existentes en las instituciones judiciales, gubernamentales y sociales sobre la operativización de las normas en el país. El objetivo fundamental de los talleres fue el de analizar y definir los avances y las limitaciones en la operativización de la legislación para la niñez, bajo los siguientes referentes principales: la doctrina de la protección integral expresada en la Convención y demás instrumentos internacionales relacionados con la niñez; la legislación nacional para la infancia y la adolescencia como instrumento efectivo para la defensa y promoción de sus derechos humanos; y, por último, el potencial de propuesta y acción que pueda extraerse de prácticas positivas ya existentes, que posibiliten sustentar la reproducción de otras experiencias exitosas y generen aportes concretos alternativos para el desarrollo de las capacidades y la solución a problemas específicos.
En todo ese esfuerzo, pues, se contó con la participación de: personal de cámaras de familia y de menores; jueces de familia, menores, ejecución de medidas y de paz; elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República, del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, de la Secretaria Nacional de la Familia, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Justicia; así como entidades de la sociedad civil que trabajan con la niñez, en coordinación con la Red para la Infancia y la Adolescencia.
Durante el desarrollo de este trabajo se consideró que para hacer una valoración y una propuesta sobre la operativización de la legislación, se debía tomar en cuenta —como ya se señaló antes— el marco teórico de la legislación y la situación actual de la niñez, lo que conlleva la identificación de sus principales problemáticas y las respuestas jurídicas pertinentes. Pero, además, se consideró fundamental el establecimiento puntual de las fortalezas y las limitaciones que presenta la aplicación práctica de las leyes para la niñez. Tras examinar los dos primeros aspectos, la investigación arrojó los siguientes resultados en cuanto a las fortalezas y limitaciones en el terreno operativo.
En lo que concierne a la legislación, a continuación se detalla lo que se logró detectar de fortalezas: existe un conjunto de leyes nacionales para la infancia y la adolescencia en armonía con los instrumentos internacionales, lo cual es un soporte esencial a la hora de aplicarlas, pese a que todavía están latentes actitudes y comportamientos propios del estilo y metodología utilizados antes para realizar los procesos judiciales; tal legislación contempla tanto los derechos como las obligaciones de la niñez; dentro de la legislación se asume el planteamiento de un sistema general de la familia; dicha legislación incorpora mecanismos generales para prevenir y resolver conflictos de la infancia y la adolescencia; es más práctica y humanizante; incluye criterios novedosos como el de oportunidad, la desjudicialización del proceso, la intervención de la víctima, la reparación del daño a la víctima y la oralidad del proceso.
En relación a los procedimientos, se consideraron las siguientes fortalezas: el principio de oralidad permite que los procesos sean más ágiles y efectivos, en comparación con los anteriores; ante una infracción, el juez de Menores no tiene sólo una respuesta a la conducta sino una serie de medidas posibles a aplicar; las partes pueden conciliar y resolver sus problemas, sin necesidad de darle seguimiento a todo el procedimiento legal; se ha hecho conciencia sobre la responsabilidad del adolescente y con ello se ha logrado reducir el número de faltas y delitos; asimismo, se ha logrado una sensible reducción de la reincidencia; no hay mora judicial; la valoración de la prueba se fundamenta en la sana critica; plantea una consideración especial en relación con la edad, sobre la responsabilidad penal de niños y niñas, y los procedimientos y alternativas a aplicar ante la misma.
Sobre la coordinación y participación, de positivo se encontró lo siguiente: participación creciente de la sociedad civil en la denuncia de casos; apoyo de organizaciones sociales y otras instituciones en las actividades que realizan los tribunales a favor de la niñez; especialmente importante es la coordinación de los tribunales con organismos gubernamentales y de la sociedad en varias cabeceras departamentales y en otros municipios, lo que ha revelado el interés que despierta el tema y la importancia que al mismo le dan diversas entidades; aunque hace falta una propuesta más coherente y concreta sobre cómo trabajar y del quehacer de estos comités o coordinaciones, tales esfuerzos constituyen un paso importante en la aplicación de la legislación, puesto que a partir de ellos se pueden incorporar los aportes de los distintos sectores en forma unificada y coherente; los tribunales tratan, a través de los equipos multidisciplinarios, de obtener ayuda en las comunidades y abrir espacios de trabajo en las mismas; se hacen esfuerzos por aplicar medidas preventivas que contribuyan a generar otro tipo de relación entre las niñas, niños, jóvenes y adultos, tanto al interior de la familia como fuera de ella.
Siempre en la línea de las fortalezas en el ámbito de la coordinación y participación: se han creado leyes e instituciones que velan por el desarrollo integral de la niñez, lo que refleja un avance en la doctrina y visión; las instituciones directamente involucradas hacen esfuerzos por mejorar sus recursos y elevar la calidad de sus acciones dirigidas a la niñez, sobre todo cuando tienen conocimiento de violaciones a sus derechos; la creación de los Centros de Atención Psicosocial por parte del Órgano Judicial es un aporte significativo para la protección de la familia, aunque debería ser una función del Ejecutivo; se cuenta con 13 delegaciones departamentales de la PDDH y además, a nivel nacional, se han impulsado los programas "Defensoría Locales de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia" y "Defensorías Integrales", que en la actualidad alcanzan un número aproximado de 90; se está construyendo un movimiento social que, entre otras acciones, promueve campañas de sensibilización, aunque todavía le falta claridad en los mensajes sobre cómo utilizar los recursos jurídicos.
Respecto del cambio de mentalidad que se está produciendo en favor de la niñez y la juventud, encontramos lo siguiente: se percibe mayor sensibilidad y una actitud más propositiva por parte de las y los operadores del sistema; junto a la nueva legislación, se ha fortalecido la conciencia sobre el papel de los jueces y de otros funcionarios vinculados a la problemática de la niñez; la reforma educativa es un aporte positivo que permite abordar de forma integrada la búsqueda de soluciones a la problemática de la niñez y la juventud; los limitados recursos han exigido mayor creatividad para buscar alternativas de apoyo en la sociedad civil, aunque sí se cuenta con infraestructura mínima necesaria; existe una creciente convicción sobre lo que se está haciendo y cuya justeza se puede defender.
Presentamos a continuación el texto del discurso ofrecido, el 1 de septiembre de 1998, por el Presidente Armando Calderón Sol, con motivo de la inauguración del mes cívico.
Salvadoreños, maestros, jóvenes, niños y niñas:
Nos hemos reunido esta mañana para inaugurar el mes cívico dedicado a honrar a nuestros próceres y conmemorar la independencia patria y de Centroamérica, queremos renovar en este mes, nuestra profunda identificación con las raíces y los valores que inspiraron esa gesta histórica.
Frente a las transformaciones que se generan en el ámbito mundial, es imprescindible que reafirmemos el legado histórico de nuestra nacionalidad, para enfrentarnos fortalecidos a los grandes desafíos del futuro.
Consagramos este mes de septiembre para honrar la memoria de nuestros ilustres antepasados, así como para reflexionar sobre el presente y futuro de nuestro país. El recuerdo de los fundadores de nuestra patria y de todos aquellos acontecimientos significativos vividos desde el quince de septiembre de mil ochocientos veintiuno, deben servirnos para orientar nuestros pasos en este período de construcción del nuevo El Salvador que todos queremos.
En este año, oficialmente declarado para fomentar los valores cívicos y morales, seguramente la conmemoración de la gesta independencista adquirirá un mayor esplendor, y dentro y fuera de nuestras fronteras, reafirmaremos nuestro orgullo de ser salvadoreños y salvadoreñas.
A lo largo y ancho del territorio nacional, cada día de este mes se realizarán actos cívicos, desfiles y diversas actividades culturales, especialmente programadas para expresar el fervor patriótico y fortalecer el espíritu pacífico y solidario del pueblo salvadoreño.
Salvadoreñas y salvadoreños todos: al declarar inaugurado el mes cívico, con motivo de celebrar los ciento setenta y siete años de nuestra independencia, hacemos una atenta invitación para que, con entusiasmo patriótico participemos en los actos, a que engalanemos casas y edificios con el emblema azul y blanco de nuestra bandera, y entonemos las notas gloriosas de nuestro himno nacional.
Gracias
1 de septiembre de 1998.
(Homicidios por cada 100,000 habitantes)
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Año |
Habitantes |
Homicidios |
Tasa |
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1994 |
5,552,000 |
9,135 |
164.5 |
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1995 |
5,668,600 |
8,495 |
149.7 |
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1996 |
5,787,100 |
8,047 |
139 |
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1997 |
5,902,842 |
7,899 |
134 |
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Fiscalía General de la República y
Dirección General de Estadística y Censos.
PRESUPUESTO. 80 millones de colones aprobó, el 26.08, el Ministerio de Hacienda como presupuesto para los gastos que se harán en las próximas elecciones presidenciales. Este proyecto de presupuesto, pedido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluye el financiamiento de una eventual segunda ronda electoral. El saldo total se distribuye de la siguiente manera: 31.3 millones de colones para remuneraciones, 46.7 millones para el pago de "bienes y servicios" y un millón 986 mil 440 que se invertirán en equipo. Según el documento en manos de la Comisión de Hacienda, la inversión cubrirá gastos de organización y desarrollo, nombramiento de las juntas departamentales, municipales y demás organismos que intervendrán en el proceso eleccionario. Asimismo, el monto aprobado cubre información que el TSE difundirá, a través de los medios de comunicación, acerca de los fines y procedimientos a seguir durante las elecciones. Pese a que, en un principio, el TSE había solicitado un presupuesto de 89 millones 349 mil 883 colones, Hacienda redujo la cifra a 80 millones para que los diputados la aprueben como un decreto legislativo. Según el Ministerio, esta cantidad es suficiente para ejecutar un proceso electoral en segunda vuelta, pero en caso de no ser utilizado todo, el resto tendrá que se devuelto al Presupuesto General de la Nación (LPG 27.08 p.5).
ARENA. El Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) decidió, el 26.08, que realizará la Asamblea General del partido el próximo 27 de septiembre, en la cual pretende definir oficialmente la fórmula presidencial para las próximas elecciones. La vicepresidenta de Organización, Carmen Elena Calderón, informó que, por el momento, se trabaja en una agenda a desarrollar, y que la fórmula presidencial será completada durante una reunión de dos días que se llevará a cabo dentro de una semana. De igual forma, en esta reunión se pretende definir el monto que se invertirá en la campaña electoral y se elegirá el candidato a la vicepresidencia. Al respecto, ARENA no ha confirmado aún si será un hombre o una mujer. Para ello, se realizará un sondeo nacional entre las bases para conocer el perfil de quien complemente al candidato presidencial, Francisco Flores. Por otro lado, se pretende analizar las posibles reformas a los estatutos, para aumentar de 13 a 15 el número de miembros del COENA. En cuanto al problema económico, según la vicepresidenta de Organización, deben medirse los recursos, aunque están a favor de un evento que demuestre "que el camino hacia el triunfo en marzo está abierto". Con el propósito de reunir dinero para financiar la campaña electoral, ARENA emitió bonos de 10 y 100 colones para ser vendidos entre sus correligionarios (LPG 27.08 p.6).
FMLN. El Consejo Nacional del FMLN decidió, el 27.08, proponer a la Convención Nacional que si Victoria de Avilés y Salvador Arias no alcanzaban la mayoría de votos en la segunda vuelta electoral, se eligieran nuevos candidatos. Esta medida fue apoyada por 33 de los 52 miembros del Consejo. En este sentido, la diputada Violeta Menjívar opinó que se debería aprovechar la oportunidad para proponer a Héctor Dada Hirezi como uno de los candidatos. Shafik Handal, por su parte, mantuvo su posición de buscar la ratificación de Avilés-Arias. El 29.08 se llevó a cabo la Convención en la que se pretendía elegir la fórmula presidencial; sin embargo, ésta terminó en fracaso. Avilés obtuvo 423 votos de los 518 necesarios para su elección, 18 menos de los que alcanzó en la primera ronda hace quince días. Como resultado de ello, el Frente cuenta con un mes para reconstruir un nuevo binomio de candidatos. Avilés y Arias pueden competir en la contienda contra las ya conocidas figuras: Héctor Dada y Héctor Silva. Asimismo, la Convención Nacional del FMLN aprobó una serie de reformas al Normativo de Votación de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. El primer reglamento no exigía los 518 votos para ganar las elecciones. No obstante, este nuevo requisito será válido para el nuevo intento de elección que se llevará a cabo dentro de un mes (LPG 30.08 p.4).
EX PATRULLEROS. La Asamblea Legislativa rechazó, el 26.08, por unanimidad, la indemnización de 18 mil colones para cada uno de los 25 mil ex patrulleros, miembros de la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS), en pago por los servicios prestados durante la guerra. Ninguno de los diputados presentes votó a favor de la indemnización y el independiente, Horacio Ríos, quien respaldo en un momento a los ex militantes, no se presentó a la sesión plenaria de ese día. Según los miembros de APROAS, el dinero debía surgir de un refuerzo al Presupuesto General vigente. En la decisión conjunta de las Comisiones de Hacienda y Política se establece que lo ex patrulleros no son beneficiarios de los Acuerdos de Paz; por tanto, no pueden exigir un indemnización. Para Gerson Martínez, del FMLN, la insatisfacción de APROAS continuará hasta que no se defina un mecanismo para aliviar las demandas económicas de los antiguos patrulleros, quienes han amenazado con boicotear las elecciones de 1999. En este sentido, la Fiscalía General de la República tendrá que actuar contra los demandantes, según afirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Díaz. "Lo lamento y desconozco la motivación que tengan los desmovilizados, pero lo que sí digo es que ellos...automáticamente están al margen de la ley", aseguró Díaz (DH 27.08 p.10 y LPG 31.08 p.6).
AVILES. La precandidata presidencial del FMLN, Victoria Marina de Avilés, dijo, el 31.08, que está dispuesta a participar en otra elección interna del partido únicamente si se logra en 30 días la unidad interna del instituto político. "El FMLN tiene que valorar, más que candidaturas, el fortalecimiento de la unidad. Este pasa por un debate político que ha sido postergado y que está siendo reclamado por las bases. De esto dependerá mi consideración de volver nuevamente a la contienda", manifestó. Avilés no alcanzó los 518 votos que el reglamento de votación del Frente exige para declarar un vencedor en las elecciones primarias, lo cual la llevó a decir que el partido fue demasiado exigente en el intento por legitimar el proceso. En vista de los conflictos internos que atraviesan al partido de izquierda, algunos diputados han vertido opiniones no muy favorables al respecto. Norman Quijano, de ARENA, dijo que el FMLN "es un remedo de democracia interna...son incapaces de gobernarse a sí mismos...esto es preocupante porque no podemos ignorar que es un partido con fuerza electoral". Por su parte, Juan Ramón Medrano, ex miembro del FMLN y ahora dirigente del Partido Demócrata, comentó lo siguiente: "espero que logren un candidato de consenso entre las dos tendencias y que no estén intentando aplastarse entre sí como lo hicieron con nosotros" (LPG 01.09 p.10).
