Año 19

número 821

septiembre 9

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial Los límites de la democracia

Economía A propósito de la nueva Ley de Zonas Francas

Sociedad Acerca de las Bases para el plan de nación

Regional Viejas raíces para un nuevo "no" costarricense

Documento

Noticias

Todavía no se han disipado las opiniones críticas acerca de la frustrada Convención Nacional del FMLN. Más allá del fenómeno puntual de la Convención, con sus avatares logísticos y organizativos por todos conocidos, se ha dado especial importancia a las divisiones que atraviesan al partido de izquierda y que le impiden —le han impedido hasta ahora— concretar una fórmula política que, hacia dentro, exprese los intereses de los bandos en pugna y, hacia afuera, sea capaz de contrarrestar la arremetida que ARENA —ya en plena campaña electoral— ha lanzado para promocionar a su candidato, Francisco Flores.

Curiosamente, hacia el lado de quienes simpatizan con el proyecto del FMLN la opinión predominante ha sido que, pese a los fallos tenidos en la experiencia concreta de la Convención, la intención democrática que la animó era buena. Más aún, no ha faltado quien haya señalado que ya sólo con eso el Frente ha dado una lección de democracia al resto de partidos políticos, especialmente a ARENA, acostumbrados a nombrar "a dedo" a sus candidatos. ¿Cuál es el mérito del FMLN?: haber intentado elegir a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia mediante elecciones primarias, no entendidas a la manera estadounidense —en donde la definición de la candidaturas en las cúpulas partidarias es parte intrínseca del proceso—, sino de una manera sui géneris: en el momento mismo de la Convención, por votación directa, se decide quién o quiénes van a ser los candidatos. Se trata, nos dicen los más variados analistas, de una radicalización de la democracia, cuyo sólo intento merece todo nuestro reconocimiento. Si el Frente la hubiese sacado adelante, otros serían los derroteros de la democracia en el país.

¿Es viable poner en práctica un proceso de elecciones primarias en el que los electores —los convencionistas— decidan sin mayor impedimento la fórmula que representará al partido? ¿Es posible que esas elecciones puedan realizarse sin que, previamente, los contendientes —y los grupos de interés que los respaldan— no negocien mínimamente las cuotas de poder a repartir? ¿Es posible que los grupos de interés —y sus figuras— hagan tábula rasa de sus ambiciones y se sometan absolutamente a la decisión de las bases del partido? ¿Es posible contar con unas bases intelectualmente maduras y absolutamente conscientes de la trascendencia de su decisión?

La experiencia en las diversas democracias contemporáneas demuestra que, en general, la respuesta para las anteriores preguntas es negativa. Es decir, esa experiencia demuestra que la democracia directa —asumida en todas sus consecuencias— no es factible. Y no se trata de un asunto de buenas o malas intenciones o de traición a los ideales, sino de realidades prácticas, de intereses inobjetables y de limitaciones humanas de todo tipo. La democracia tiene que lidiar con estas realidades, no pasar de largo como si no existieran. Es, ante todo, un conjunto de reglas y procedimientos para conciliar intereses encontrados, no para abolirlos. El ejercicio de democracia directa que el FMLN ha querido implementar ha fracasado —como han fracasado otros en otras partes—, porque ha pretendido obviar las diferencias de todo tipo existentes en su interior.

La parálisis en la que encuentra el FMLN en la actualidad es resultado de una concepción de democracia que ya ha demostrado su inviabilidad en diversas partes del mundo. Aunque no lo parezca, la democracia directa, cuando se lleva a sus extremos, conduce al inmovilismo político y social. Puede parecer atractivo que todos participemos en todo —o, para seguir con el caso del Frente, que todos sus militantes participen directamente y sin mediaciones en la elección de sus candidatos—, pero dado que, en la realidad, cada uno de los miembros de la sociedad tiene intereses particulares y suele integrarse en círculos específicos que los expresen, al decidir sobre algo la norma serán las decisiones no coincidentes. La democracia procedimental pretende sortear, a través de los mecanismos de la representación, la parálisis que se seguiría de la democracia directa. Más le convendría al Frente volver la vista hacia ésta que continuar apostándole a aquélla.

A propósito de la nueva ley de zonas francas

Desde sus inicios en el país, la actividad de la maquila ha despertado variadas polémicas sobre su funcionamiento debido al trato que en ellas se dispensaba a sus trabajadoras. La conflictividad llegó a tales niveles que en diversas ocasiones provocó huelgas y despidos masivos de trabajadoras.

Desde el punto de vista económico, la maquila ha experimentado un franco avance durante la década de 1990, llegando a sustituir a los principales rubros de exportación, al alcanzar hasta un 44% de las exportaciones totales en 1997. En términos de producción, la maquila representa un respetable 9% de la producción de la industria manufacturera y se estima que ha generado no menos de 50,000 empleos, equivalentes a un 13% de la población ocupada en la industria manufacturera.

Una de las causas más evidentes del espectacular crecimiento de la maquila han sido las exenciones fiscales de las que ha gozado desde siempre, así como los relativamente bajos salarios vigentes en el país. Las actividades de la maquila han estado exentas del pago de todos los impuestos: sobre la renta, sobre la transferencia de bienes, sobre las exportaciones, arbitrios municipales, aranceles e impuesto sobre el valor agregado. Al mismo tiempo, fundamentan su actividad en la contratación de mano de obra poco calificada, principalmente en la confección de prendas de vestir, a la cual se le remunera en su gran mayoría con el equivalente al salario mínimo vigente.

Para acceder a estas prebendas, las empresas maquileras sólo deben comprometerse a no vender sus productos en el mercado nacional, pues ello representaría competencia desleal para empresas que sí pagan sus impuestos y que, por consiguiente, operan con mayores costos.

Recientemente, se aprobó una nueva Ley de Zonas Francas, cuyo contenido principal es precisamente la derogación de la prohibición para la venta de la producción maquilera en el mercado local, siempre y cuando se incluya un 50% de materiales nacionales en su elaboración. Aunque esta ley parece gozar del respaldo de las principales gremiales empresariales, vale la pena detenerse a revisar cuáles podrían ser sus implicaciones, en particular, sobre la rama de textiles, la cual sería la más afectada por la nueva legislación.

Hay dos ramas de la industria manufacturera que se verían afectadas por esta legislación: artículos confeccionados de materiales textiles y prendas de vestir. Los efectos en cada uno de los casos serían diferentes. Mientras que la primera rama experimentaría un incremento de la demanda de sus productos, las prendas de vestir se enfrentarían a mayor competencia debido a la libre comercialización de la producción maquilera.

Es oportuno señalar aquí que, hasta ahora, la materia prima empleada por las empresas maquileras ha sido suplida por importaciones libres de impuestos. Como se mencionó anteriormente, con la nueva ley las maquilas que deseen vender en el mercado local deberán incluir un 50% de materias primas nacionales en sus productos. Esto podría ser una buena noticia para la rama de textiles y artículos confeccionados de materiales textiles, pues implicará que se convertirán en proveedores de las empresas maquileras, algo inusitado en la historia de este sector.

Pero como contrapartida, las ramas dedicadas propiamente a la confección de prendas de vestir se enfrentarían a un súbito incremento de la oferta de productos similares, producidos en las empresas maquileras bajo condiciones más ventajosas debido a que pagan los más bajos salarios posibles y, aun así, obtienen una elevada productividad de sus trabajadoras. En efecto, al revisar el salario promedio de la industria local se descubre que éste se encuentran muy por encima del salario mínimo. Por ejemplo, en el año 1996, el salario promedio para la rama de la industria en general se encontraban en los 1,557.3, mientras que el salario pagado en las maquilas (el salario mínimo legal) era de 1,050 colones.

Por otra parte, tampoco puede negarse que las maquilas imponen una férrea disciplina de trabajo, al grado que a las trabajadoras no se les permite levantarse de sus puestos de trabajo, llegándose al extremo de cronometrar el tiempo empleado por las operarias para realizar sus necesidades fisiológicas.

El impacto sobre las dos ramas textiles podría ser de gran consideración, especialmente si se toma en cuenta que la maquila ha crecido tanto que prácticamente iguala la suma de las producciones de ambas ramas. Para 1997, la rama de textiles y artículos confeccionados de materiales textiles y la rama de prendas de vestir totalizaron una producción de 682.4 y 232.5 millones de colones a precios constantes de 1990, respectivamente; y, en conjunto, totalizaron los 914.9 millones de colones. Por su parte, la maquila alcanzó, ese mismo año, los 813.4 millones de colones a precios constantes de 1990. Las cifras anteriores dejan en claro que la rama más vulnerable es la de prendas de vestir, que apenas representa un 28.5% de la producción de la maquila.

Además de los aspectos señalados, existen dudas razonables sobre la capacidad institucional para hacer cumplir la ley. La principal estriba en cómo se garantizará que efectivamente las empresas maquileras utilicen un 50% de materia prima nacional, cómo se garantizará que el restante 50% de materias primas importadas paguen efectivamente los correspondientes aranceles y cómo se procederá en lo que respecta a la exención de impuestos.

Este último punto es el más delicado, ya que tiene implicaciones sobre el tipo de competencia a la que se sometería a la rama de prendas de vestir. Evidentemente, si las empresas maquileras logran continuar produciendo con exención de impuestos y vendiendo en el mercado local, estaríamos ante una competencia desleal, pues los productores locales sí están sometidos al pago de todos los impuestos vigentes.

Otro punto cuestionable de la ley, aunque no tan importante como los revisados, es que se excluye vender localmente la producción de aparatos electrónicos. Estos pertenecen a una rama que, a diferencia de los textiles, no está desarrollada en el país y podría implicar importantes beneficios para los consumidores locales e inclusive para la mano de obra, sin perjuicio para la industria nacional.

El aspecto más cuestionables de la maquila es que se basa en grandes concesiones de parte de los gobiernos, mientras que sólo aportan empleos que, en su mayor parte, son de baja categoría y mal remunerados. Expertos en competitividad, como Michael Porter, han señalado que las posibilidades del desarrollo se reducen si se pretende promover el crecimiento a partir de la maquila, pues "sólo países que tienen poco que ofrecer atraen inversiones con vacaciones fiscales".

Para atraer inversionistas extranjeros no es necesario promover leyes que cada vez abren más las puertas al colapso de la industria nacional; más bien, es necesario elevar la cualificación de la mano de obra para que pueda desempeñar tareas más complejas, mejor remuneradas y relacionadas con la elaboración de productos con mayor valor agregado que los textiles.

Lo anterior supone que si el gobierno desea promover el desarrollo a través del crecimiento de la maquila, cuando menos debe aumentar su inversión en capital humano con miras a mejorar los ingresos de los trabajadores.

Acerca de las Bases para el plan de nación

El documento Bases para el plan de nación fue entregado, el 16 de enero de este año, al Presidente Armando Calderón Sol, por la Comisión Nacional de Desarrollo. La Comisión fue creada por mandato del propio Presidente de la República, con el objeto elaborar el borrador de un plan de nación. Es decir, un documento provisional en el que expusiera un diagnóstico global de la situación de El Salvador, a partir de los planos económico, social, político y cultural.

Hay que insistir en que se trata de un documento provisional, no definitivo. El documento final será resultado de las correcciones que desde la sociedad civil se le hagan a las Bases. De hecho, según informaciones de la prensa nacional, las consultas ciudadanas —realizadas en diversos lugares del país— ya han terminado. Mientras tanto, las mesas especializadas de trabajo —en las que participan figuras intelectuales y políticas del país— terminarán su trabajo en octubre de este año. Sólo a partir de entonces la Comisión Nacional de Desarrollo procederá a redactar un documento final que seguramente ya no se llamará "Bases" para un plan de nación, sino Plan de nación.

Dicho lo anterior, ¿cuáles son los méritos principales del documento? Pues bien, son, básicamente, dos: 1) plantear una visión de conjunto de los principales problemas nacionales —algo que, hasta ahora, no se tenía—; y 2) haber desencadenado un proceso de discusión pública de esos problemas. Sobre el primer punto, las críticas al gobierno de Calderón Sol se hicieron sentir desde muy temprano, pues éste no parecía contar con un plan de gobierno claramente diseñado. La impresión que se tenía era que la administración Calderón Sol apostaba más a la improvisación que a la lógica de un programa previamente establecido. En cierto modo, el anuncio de las Bases para el plan de nación dieron un espaldarazo al gobierno, siendo inocultables los beneficios políticos que la publicación del documento trajo consigo. Ciertamente, el Presidente Calderón Sol insistió en que no se trataba de un documento de su gobierno, pero después de todo se trataba de un documento elaborado por una comisión nombrada por él.

Sobre el segundo aspecto —desencadenar un proceso de discusión pública de los problemas nacionales—, las Bases dieron estatus oficial a algo que por todos lados era tema de discusión: la pobreza, la inseguridad, el atraso económico, la ausencia de una cultura política... Con el documento se vino a decir a la sociedad: esos temas se pueden y se deben discutir por todos los salvadoreños, sin temor a exclusiones de ninguna naturaleza. Se trató de otro punto a favor del gobierno: el debate público sobre los problemas nacionales estaba amparado desde la cúspide del poder político. Sin embargo, los dos méritos señalados tienen también sus limitaciones, de las cuales nos ocuparemos a continuación.

En primer lugar, la visión de conjunto de la situación del país que se presenta en las Bases documento, aunque es meritoria, no acierta a jerarquizar los problemas nacionales con el rigor o a claridad requerida por un documento de esa naturaleza. Tres son los problemas nacionales que destaca el documento: pobreza estructural, marginación socio-cultural y el poder político tradicional.

La tesis fuerte de las bases es que la "pobreza estructural es el principal problema nacional". Incluso en algún momento se dice que es de la pobreza estructural de donde derivan todos los demás problemas del país.

Siendo consecuentes con su tesis central, los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo debieron derivar la marginación socio-cultural y el poder político tradicional de la pobreza estructural, pero ellos invirtieron los papeles: la pobreza estructural, de fuente última de la problemática nacional, termina siendo planteada como resultado —efecto— de, primero, la marginación socio-cultural; y, segundo, del poder político tradicional.

Lo que era causa se convierte, inexplicablemente, en efecto. Con ello, la pobreza estructural de pronto sale del centro de atención; además, su solución —que serían unas reformas estructurales a la estructura de la propiedad— no aparece por ningún lado en el documento. Este es el gran vacío en las Bases: no es consecuente con las implicaciones de su tesis central. Si la pobreza estructural es la fundamental es a ella a la que hay que atender; si lo fundamental son la marginación socio-económica o el poder político tradicional, la solución de la pobreza estructural pasa a segundo plano. Este fue la salida fácil de la Comisión Nacional de Desarrollo.

En segundo lugar, el desencadenamiento de un proceso de debate público sobre los problemas nacionales es sumamente importante. Sin embargo, el proceder de la Comisión Nacional de Desarrollo en este punto despierta algunas dudas.

La primera tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Ha sido efectiva esa participación? Al parecer, no tanto, como cabría esperar para la elaboración de un plan de nación. En diversos lugares se han montado reuniones para la discusión del documento, pero nadie puede garantizar que los ciudadanos convocados —¿cómo fueron elegidos?— puedan aportar ideas valiosas para elaborar un plan de nación.

La segunda tiene que ver con las mesas especializadas de trabajo, las cuales se han centrado en la discusión de aspectos específicos del documento. Cuando se revisa el listado de participantes surge la sospecha de si los convocados no son los mismos de siempre; es decir, los que forman el círculo de la intelectualidad comprometida con el gobierno (o que pretende obtener beneficios del mismo). A ello se añade el afán de muchas de las personalidades invitadas por figurar y escalar posiciones. Aquí la sospecha es si muchos de ellos van a aprovechar el espacio de los debates para promoverse personalmente en lugar de discutir seriamente los problemas del país.

De todos modos, los logros de estas consultas sólo se conocerán al final del proceso de discusión del documento. Mientras tanto, hay que estar a la espera de un trabajo decente y serio.

Las Bases para el plan de nación pueden convertirse en un importante documento de diagnóstico de la realidad nacional, así como un punto de partida para diseñar una serie de medidas tendientes a enfrentar sus principales problemas. Será compromiso de los gobiernos futuros ponerlas en práctica. Las limitaciones del documento pueden ser superadas en el proceso de consultas que aún ahora se están realizando. Si ello es así, tendremos un documento más completo y útil para el país; si no, sus fallas no permitirán tratar con seriedad la problemática nacional.

Viejas raíces para un nuevo "no" costarricense

De todos los países que tradicionalmente se ubican dentro de la región centroamericana, Costa Rica ha sido el que mayor oposición ha presentado frente a la posibilidad de que el proceso de integración centroamericana avance por otro camino que no sea el económico. Los distintos gobiernos de esta nación han estado prestos a apoyar todo tipo de tratados comerciales que impliquen beneficios económicos. No obstante, se han mostrado reticentes ante la posibilidad de trabajar conjuntamente en un proceso de unificación política.

A principios de este mes, el Presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, reiteró la posición de su gobierno de mantenerse al margen de cualquier tipo de iniciativa para impulsar la unificación en el plano político. Esto, lógicamente, implica la negativa a participar en el foro permanente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En la mayoría de las ocasiones, esta resistencia se ha justificado por lo que se consideran "grandes diferencias" en la forma de administrar y aplicar la democracia en Centroamérica. Bajo esa consideración, Costa Rica siempre se ha opuesto a derribar las fronteras políticas debido a la presencia de ejércitos bien armados en los países que componen el istmo.

Viejos argumentos para una nuevo "no" costarricense, no cabe duda. Pero, ubicados en este preciso momento de la historia, en el que se están generando importantes cambios en la vida socio-política de las sociedades centroamericanas, argumentos como el anterior adquieren un valor relativo. Y ese relativismo queda de manifiesto cuando se atiende a la razón fundamental que sustenta las objeciones de ese país: los indudables beneficios que se perfilan para Costa Rica si se llega a concretar una integración sólida en el plano económico.

Ciertamente, las diferencias que presenta cada nación de Centroamérica sí pueden ser motivo suficiente para temer los efectos de una integración política. La existencia de libertad de movimiento en la región podría provocar migraciones masivas, especialmente de El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde la situación económica o la densidad demográfica hacen difícil no sólo la obtención de empleos estables, sino también acceder a los mínimos beneficios del Estado. Estas migraciones, seguramente, establecerían su "meca" en Costa Rica, por la fama de estabilidad económica, social y política que rodea al país.

Pero se debe ser justo en esta apreciación. La economía de Costa Rica tampoco goza de la estabilidad que se le atribuye. De hecho, si hasta principios de la década el principal sector que generaba los ingresos para el país era el primario, se ha registrado una transformación similar a la que vivimos en nuestro país, en la que el sector servicios —especialmente en el campo de la finanzas— ha tomado la delantera. Y, si bien es cierto que la situación en ese país era envidiable cuando en los demás los conflictos devoraban poco a poco sus débiles economías, con la aplicación de los Planes de Reajuste Estructural auspiciados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), dramáticas repercusiones en la orientación "social" del Estado costarricense se han producido en los últimos años. La muestra más palpable de ello es la elevada deuda interna que posee el país, y que tuvo que ser sacrificada para mantener operantes los programas de asistencia social.

Además, con la administración de Figueres Olsen, los escándalos de corrupción empezaron a ensombrecer la exaltada transparencia de la administración pública costarricense. De hecho, uno de los ramos más golpeados por el destape de las prácticas corruptas (principalmente durante 1997 y los primeros meses de 1998) fue, precisamente, el de la asistencia social. Cuando fue evidente que los fondos destinados para financiar viviendas y proyectos de infraestructura pública habían sido malgastados por los funcionarios de la administración Figueres, muchos de los planes fueron detenidos indefinidamente.

Por otro lado, la supuesta amenaza que podría representar para la soberanía de esta nación la existencia de ejércitos bien armados en los demás países ya no parece tener el mismo peso que antes. En primer lugar, porque los conflictos armados desatados en Guatemala y El Salvador ya acabaron, con lo cual ha disminuido la fuerza y el papel de sus instituciones castrenses. Ahora su misión ya no es defender a la patria de la amenaza comunista y contrainsurgente —el gran argumento legitimador de la violencia estatal en el pasado reciente—, sino defender la soberanía y las fronteras nacionales de cualquier ataque externo. Junto a esto habría que mencionar los cambios que mal que bien se dieron con la derrota del sandinismo en Nicaragua y las supuestas transformaciones que se están registrando en Honduras para remover las influencias militares del poder político.

En segundo lugar, porque el cuerpo policial que acompaña a la democracia costarricense no es absolutamente débil frente a esos "amenazadores" ejércitos. Cuando, a principios de la década de los años 80, la militarización pareció ser el único elemento de verdadera unificación en Centroamérica, Costa Rica se mantuvo al margen, defendiendo con ello su supuesta vocación pacifista. Pero en 1987, cuando las relaciones con el gobierno sandinista se volvieron más tensas y los movimientos guerrilleros daban muestras de resistencia preocupantes, la policía costarricense empezó un proceso lento de profesionalización militar dirigido por el ejército de EEUU. En pocos meses, bajo la apariencia de construcción y remodelación de infraestructura pública e instalaciones militares, en Costa Rica se levantaron de la nada cerca de 25 proyectos que permitían ya sea el transporte o el acuartelamiento de equipo militar pesado.

En este sentido, a la pregunta de por qué Costa Rica se opone a la integración política de la región hay que responder sin mucho titubeo: porque le conviene más la integración económica. Aunque el proceso integracionista no cobró fuerza ni sentido hasta hace unos cuantos años, desde que se ha implementado con más decisión, los países del istmo han hecho los esfuerzos necesarios para capitalizarlo individualmente. La poca exigencia a abandonar negociaciones bilaterales con otros países o bloques extraregionales es una muestra de ello. Y Costa Rica es uno de los países que vería más beneficiada su economía, pues cuenta con la institucionalidad básica y el aparataje empresarial suficiente para responder a las exigencias extranjeras.

Sin obviar la existencia de una elevada inflación, y la lenta y tediosa recuperación de la deuda interna, la introducción de inversiones extranjeras le vendría muy bien al país para provocar una mejoría de sus indicadores económicos básicos. Y eso lo puede potenciar con el trabajo arduo y sostenido por consolidar un bloque de apoyo económico, antes que político, entre los países de la región. Desde esta perspectiva, la aventura de estimular una unificación política, a la par de la aún inmadura integración económica, puede poner en peligro el objetivo de atraer el capital extranjero. Pero con ello también se pueden dejar en segundo plano los intentos por unificar las políticas de beneficio social en la región, las cuales están siendo contempladas dentro del proceso de integración centroamericana. Ante esta ineludible realidad, ¿cuál de los dos objetivos se debe sacrificar?

En respuesta a la cordial invitación del Señor Presidente de la República de El Salvador, Doctor Armando Calderón Sol, el Señor Presidente de la República de Chile, Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, realizó una visita de Estado a El Salvador, los días 6 y 7 de septiembre de 1998.

Durante su visita, el Presidente Frei estuvo acompañado de una importante comitiva oficial, constituida por representantes del Gobierno y del sector privado, quienes fueron cordialmente recibidos por el Presidente Calderón Sol, autoridades de Gobierno y pueblo salvadoreño.

Durante su permanencia en El Salvador, el Presidente Frei cumplió un programa de actividades oficiales, destacándose las fructíferas reuniones con el Presidente Armando Calderón Sol y los Presidentes de los Organos Legislativo y Judicial. Además, fue recibido en Sesión Extraordinaria por el Pleno del Congreso Salvadoreño, oportunidad en la que pronunció un discurso ante los Parlamentarios.

Los mandatarios en un clima de franca cordialidad y respeto mutuo, conversaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y otros temas de interés regional y mundial, reafirmando su compromiso con la democracia representativa, la plena vigencia de los derechos humanos, el crecimiento económico, la justicia social y la integración, como elementos fundamentales del desarrollo de los pueblos.

Al término de las conversaciones suscribieron la siguiente:

1. La visita del Presidente Frei constituye un hecho histórico en las relaciones entre El Salvador y Chile, ya que por primera vez un mandatario chileno efectúa una Visita de Estado a territorio salvadoreño.

2. Ambos presidentes, constataron el excelente nivel de la relación bilateral y manifestaron su voluntad de fortalecer aún más los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación, reafirmando su interés en intensificar el diálogo político, económico y comercial, y definir nuevos proyectos de cooperación de mutuo beneficio.

3. El Presidente Frei felicitó al Gobierno del Presidente Calderón Sol y al pueblo salvadoreño por los avances logrados a nivel nacional, en la consolidación de la democracia y de sus instituciones, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reconciliación nacional, la reactivación económica y la búsqueda del bienestar social. Asimismo, destacó su positiva gestión a nivel internacional especialmente, en la defensa y promoción de la paz, los derechos humanos y los valores democráticos; por el fortalecimiento de la integración regional y hemisférica, para lograr mayores índices de desarrollo en Centroamérica.

4. Por su parte, el Presidente Calderón Sol manifestó su reconocimiento al sistema democrático vigente en Chile y a los avances obtenidos en los campos político, económico y social, que lo convierten en uno de los países de mayor desarrollo en América Latina.

5. El Presidente Frei reconoció los avances alcanzados por Centroamérica en el fortalecimiento y consolidación de sus instituciones democráticas, en su proceso de integración y en las reformas de la institucionalidad regional. Asimismo, resaltó el destacado papel desempeñado por El Salvador en su calidad de Presidencia Protémpore del Sistema de la Integración Centroamericana durante el período comprendido entre enero y julio de 1998.

6. El mandatario chileno manifestó el interés de su país por incorporarse como Observador al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ante lo cual el Presidente Calderón Sol ofreció interponer sus buenos oficios ante los demás países miembros, a efecto de que su incorporación se haga efectiva.

7. Los Presidentes manifestaron su complacencia por los resultados obtenidos recientemente en la Cumbre del MERCOSUR, celebrada en la ciudad de Ushuaia, República de Argentina, en la cual Chile, en su calidad de país asociado, participó de los acuerdos alcanzados en los ámbitos de la democracia, la paz y el libre comercio.

8. Los Presidentes expresaron el compromiso de contribuir al logro de un mayor acercamiento entre el Sistema de la Integración Centroamericana y el MERCOSUR, para lo cual, el Presidente Frei ofreció su respaldo a la solicitud centroamericana para el establecimiento de un mecanismo de diálogo que se encargaría de coordinar las relaciones entre ambos procesos integracionistas.

9. Manifestaron su complacencia por la celebración de la Segunda Cumbre de las Américas, en Santiago de Chile, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno, mediante el diálogo constructivo, tuvieron la oportunidad de fortalecer los vínculos de amistad hemisférica, asumir compromisos concretos de cooperación en todos los ámbitos e impulsar mecanismos de integración y libre comercio. Destacaron igualmente la amplitud y trascendencia de los compromisos contenidos en la Declaración de Santiago y en el Plan de Acción adoptados en dicha Cumbre.

Expresaron además, su especial satisfacción por los avances alcanzados en lo relativo a la construcción del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a la vez que reiteraron su compromiso de continuar participando en los trabajos, a fin de lograr avances concretos para finales del presente siglo y concluir las negociaciones a más tardar en el año 2005.

10. En este contexto, los Presidentes reiteraron su compromiso de continuar apoyando el proceso que conducirá a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, cuyas negociaciones se iniciaron satisfactoriamente en Managua, Nicaragua, en el mes de agosto recién pasado.

11. Los Presidentes expresaron su preocupación por el tema Informático 2000, cuyas consecuencias podrían acarrear serios trastornos a la gestión integral de ambos países y a nivel hemisférico. Ambos mandatarios reconocen la necesidad de dar a esta temática una alta prioridad en sus agendas y acuerdan desarrollar acciones destinadas a buscar soluciones comunes al problema.

12. Ambos mandatarios expresaron su respaldo al proceso de reforma de Organización de los Estados Americanos, con el fin de adecuar sus funciones y desempeño a los cambios y exigencias del entorno regional actual y a los retos que plantea el proceso de globalización, de tal forma que este órgano interamericano adquiera un mayor protagonismo en la agenda hemisférica e internacional.

13. Los Mandatarios expresaron su beneplácito por los avances alcanzados en los trabajos preparatorios para la celebración de la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea, prevista para junio de 1999, en Río de Janeiro, Brasil. A su vez, expresaron su disposición de continuar participando activamente en este proceso preparatorio y en la celebración de tan importante evento, que permitirá fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambas regiones.

14. Los Presidentes expresaron su satisfacción por la entrada en vigencia del Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en noviembre de 1996, el cual estableció el marco necesario que ha permitido el fomento e incremento de los flujos de inversiones entre ambos países. A la vez, coincidieron en la importancia de continuar promoviendo acciones que fortalezcan aún más los vínculos económicos tales como la realización de misiones empresariales, participación en ferias e intercambio de información, entre otras.

15. Los Mandatarios se congratulan por la próxima creación e instalación de la Cámara Empresarial Salvadoreño-Chilena, integrada por prominentes empresarios, la cual aunará esfuerzos con su homóloga de Chile, para estrechar aún más los vínculos económicos entre ambos países.

16. En este mismo sentido, los Presidentes destacaron con satisfacción el exitoso encuentro de los máximos representantes de los sectores empresariales de ambos países, realizado paralelamente a esta visita presidencial, a la vez que coincidieron en la importancia de efectuar este tipo de reuniones periódicamente.

17. Los Presidentes señalaron la importancia de promover una mejor vinculación aérea entre El Salvador y Chile consistente y complementaria, en apoyo a las acciones que se realizan para fortalecer los intercambios de comercio, inversiones y turismo. En ese sentido, los mandatarios acordaron iniciar negociaciones para la suscripción de un Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo entre Chile y El Salvador, de manera congruente con los procesos de apertura y liberalización que actualmente se llevan a cabo, por lo que decidieron instruir a las autoridades competentes para que inicien negociaciones.

18. El Presidente Calderón Sol expresó su satisfacción por los resultados obtenidos hasta la fecha en los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución en el marco de la cooperación Chile-El Salvador para el período 1997-1998; resaltando en este sentido, los avances en el programa de formación de recursos humanos y la importancia de dar continuidad a dicha cooperación.

19. Los Mandatarios se congratularon por la suscripción de un Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de la República de Chile y de la República de El Salvador, por medio del cual se pretende fortalecer la capacitación y profesionalización del personal de las Cancillerías de ambos países, a través del intercambio de experiencias y conocimientos en el marco de la cooperación técnica en este campo.

20. De igual manera, expresaron su beneplácito por la suscripción de un Acuerdo Marco de Cooperación entre la Universidad de El Salvador y la Universidad de Santiago de Chile con lo cual se pretende mejorar la enseñanza académica de ambos centros de estudio, a través de programas que estimulen el desarrollo científico, docente e investigativo, que propicien una mejor capacitación de los recursos humanos.

21. Ambos gobernantes, conscientes de la necesidad de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre sus países, acordaron reactivar las Comisiones Mixtas de los Convenios de Cooperación Cultural y de Cooperación Técnica y Científica existente entre ambas naciones, lo que se perfeccionará a través de los canales diplomáticos pertinentes.

22. Los Presidentes expresaron su complacencia por la suscripción del Memorándum de Entendimiento sobre la Creación de un Comité Binacional, mediante el cual se dará continuidad y se verificará el cumplimiento de los compromisos y acuerdos adquiridos en los ámbitos político, económico, social y de cooperación, con el fin de estrechar, dinamizar y fortalecer los lazos de amistad que tradicionalmente han unido a ambos países.

23. Finalmente, el Presidente Calderón Sol expresó su agradecimiento al Presidente Frei, por el firme apoyo brindado por Chile a Centroamérica ante el Grupo de Río.

Al concluir su visita el Presidente de Chile, Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en su nombre y en el de su distinguida comitiva, expresó su sincero y profundo agradecimiento por la cálida hospitalidad que les fuera brindada por parte del pueblo y Gobierno de El Salvador durante su permanencia en este país.

San Salvador, El Salvador 7 de septiembre de 1998.

Armando Calderón Sol

Presidente de la República de El Salvador

Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Presidente de la República de Chile

ARMAS. La Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa anunció, el 02.09, que tiene preparada la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares. Esta normativa, conocida como "Ley de Armas", a diferencia de la ahora vigente, hace distinción entre la portación y la tenencia de armas, para las que se exigen dos licencias diferentes. La de tenencia facultará a las personas naturales o jurídicas sólo a tener y utilizar el arma de fuego en un determinado lugar (residencia, negocio y otros). En este caso, sólo podrá movilizarse el arma cuando esté desensamblada y con el permiso previo del Ministerio de Defensa. Para obtener esta licencia se exigirá, además de los trámites legales, un curso y posterior evaluación de manejo de armas. La Policía Nacional Civil (PNC) deberá supervisar e inspeccionar los inventarios físicos y controles de tenencia y portación. Los miembros de la Fuerza Armada y PNC quedarán fuera de los límites de esta nueva ley; sin embargo, policías y soldados fuera de servicio deberán cumplir con las nuevas normas. Por otro lado, los comerciantes de armas de fuego estarán sujetos a un reglamento que será elaborado especialmente para este sector y definirá los límites de las cantidades de armas y municiones que podrán se compradas y vendidas (LPG 03.09 p.4).

MAQUILAS. Con la nueva Ley de Zonas Francas las empresas maquiladoras podrán vender la totalidad de sus productos en el mercado local. Esta nueva normativa fue avalada, el 02.09, por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Según la ley de Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, las empresas instaladas en los parques industriales podían vender un máximo de 15% de su producción. Con la nueva Ley, vigente a partir del 03.09, no habrá límite para la comercialización de la producción. No obstante, a los comerciantes se les exigirá la cancelación de los impuestos correspondientes —IVA, renta y aranceles. De igual forma, se acordó que la elaboración de los productos dependa, por lo menos, de un 50% de materia prima regional, en el caso de la producción textilera. La normativa fue respaldada por los partidos ARENA, PDC y PCN, aunque no contó con el apoyo de los diputados de la USC y el FMLN. Estos últimos señalaron la posibilidad de una competencia desleal. El diputado del FMLN, Humberto Centeno, explicó que no hay garantías de que materia prima proveniente de afuera de Centroamérica sea utilizada en la producción, haciéndola pasar como local para evitar el recargo de impuestos (LPG 03.09 p. 5).

PRESUPUESTO. 17 mil 458.3 millones de colones podría ser la cantidad que se destinará para el Presupuesto General de la Nación de 1999, lo cual significaría un incremento de 875 millones de colones (5.3 por ciento) respecto al presupuesto de 1998. El proyecto será presentado a la Asamblea Legislativa, el próximo 16.09, para ser analizado. El presupuesto ha sido organizado tomando en cuenta el pedido de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de mil 89 millones de colones. Sin embargo, sólo se cuenta con 877.6 millones de colones para este órgano. En este sentido, la propuesta para los diputados es recortar fondos a 14 carteras y proyectos, para completar la exigencia de la CSJ. No obstante, el sector educación, salud y seguridad pública no se verían afectados por esta situación. Según el presidente de la Corte, Eduardo Tenorio, la institución necesita este incremento presupuestario "para funcionar con solvencia y ejecutar algunas iniciativas para mejorar la aplicación de la justicia". "Solicitar el incremento no es arbitrario, obedece a un plan de desarrollo institucional para el próximo año", argumentó Tenorio. Explicó que el presupuesto destinado para la Corte será invertido en tres rubros: construcción de edificios judiciales a nivel nacional, política de incremento salarial y equipamiento de la oficinas judiciales carentes de recursos importantes (LPG 05.09 p.28).

REACCIONES. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió que al Organo Judicial se le asignen mil 89 millones de colones para el presupuesto de 1999. Ante esto, los diputados de ARENA señalaron que no se tiene que pedir dinero sólo por pedirlo. Walter Araujo, de ese partido, criticó la petición y aseguró que "el Organo Judicial cuenta con suficientes recursos para su funcionamiento". Por su parte, Jorge Villacorta y Shafick Handal, de Convergencia Democrática y del FMLN, respectivamente, señalaron que es necesario analizar el anteproyecto de Ley General del Presupuesto 1999 antes de opinar al respecto. Según explicó Handal, el presupuesto debe ser balanceado; es decir, que los ingresos y los gastos sean iguales y no como ha sucedido con presupuestos anteriores, donde hay más gastos que ingresos. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, dijo confiar en que la petición tendrá el apoyo de la Asamblea Legislativa, "ya que se trata de satisfacer necesidades urgentes para que la justicia en el país cumpla con su cometido". "Creo que este es el momento en que la justicia debe ser estimulada para que su funcionamiento sea adecuado y para que pueda combatir junto con las otras instituciones del Estado todo aquello que atente contra la seguridad de los ciudadanos", argumentó el funcionario (LPG 06.09 p.6).

FISCALIA. El juicio seguido contra los ex ejecutivos del Fondo de Inversión Social (FIS), acusados de malversar unos 18 millones de colones de los fondos públicos, fue declarado "sin lugar" a causa de un error en la redacción del juicio de cuentas presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). Por no aparecer en ninguna parte del documento la palabra "condenar", sino la petición de "nombrar sentencia definitiva", la Cámara Tercera de Primera Instancia decidió declarar sin lugar el referido juicio, por lo que Norma de Dowe, Roberto Sorto, Regina Pinto de Alfaro y Carlos Mejía Peña recibieron la absolución. La Dirección de responsabilidades de la Corte de Cuentas ya había "nombrado" a los responsables con la categoría de "responsabilidad patrimonial". Con la resolución de la Cámara, los trabajadores que recibieron en concepto de indemnización unos 18 millones de colones, en términos irregulares e ilegales, no están en la obligación de retribuir al Estado dicha suma de dinero. La FGR alegó en su oportunidad que el error había sido de mecanografía, y que por ello era imposible deducir responsabilidades en el caso. "Ese es el marco institucional, yo lo compararía a la situación de delincuencia, la policía captura y los juzgados los libera; qué vamos a hacer, así son la leyes", expresó el presidente de la Corte de Cuentas, Francisco Merino (LPG 02.09.98 p 5).

IMPUESTO. La construcción del nuevo relleno sanitario, a cargo de la compañía canadiense CINTEC International Inc., será  financiada por medio de un "leve" incremento en la tasa por recolección de basura, aseguró el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. El cobro se realizaría a través de los recibos de energía eléctrica, para lo cual ya existen contratos con las compañías CAESS y DELSUR, para dar inicio a la medida desde el mes de octubre próximo. La tasa, informó Silva, será calculada en base a los metros cuadrados de las casas, por lo que "las casas grandes pagarán más". En la misma nota se incluye información acerca de la posibilidad de crear una "zona roja" para San Salvador. El edil dijo que, aunque aún no se tiene un lugar para ello, se realizarán los estudios necesarios con la opinión de la iglesia, los ciudadanos y las asociaciones de mujeres. "Nadie quiere tener una zona roja en su vecindario", reconoció Silva. Asimismo, se informó que, a partir del 08.09, las tasas de los servicios municipales para viviendas y comercio se incrementarán. Silva aseguró que este aumento es una necesidad "urgente", pues la Alcaldía tiene un déficit de 70 millones de colones anuales aproximadamente. Este aumento incluye las tasas de cementerios, alumbrado eléctrico, aseo, extensión de documentos, entre otros (LPG 04.09.98 p.14 y 08.09 p.14).