Año 19
número 822
Septiembre 17
1998
ISSN 0259-9864
Editorial Siete tesis sobre los partidos políticos en El Salvador
Economía La economía salvadoreña durante el primer semestre de 1998
Sociedad A propósito del Plan de Rescate del Centro
Regional ¿El ocaso de un liderazgo?
Derechos Humanos Pensando en la niñez y la juventud (II)
Siete tesis sobre los partidos políticos en El Salvador
1999 está a la vuelta de la esquina. Salvo la emergencia fortuita de un bloque de centro, nada parece indicar que los cuatro partidos más importantes en la historia política reciente de El Salvador van a dejar de ocupar un lugar de primera importancia en el escenario que se creará en torno a las elecciones presidenciales de 1999. Este editorial pretende contribuir al debate sobre los partidos políticos que, para bien o para mal, van a decidir —en virtud de su oposición o de sus alianzas— el estilo de gobierno que tendrá el país cuando se inicie el tercer milenio. En siete tesis, en lo absoluto exhaustivas, se describen los principales rasgos y trayectoria de los cuatro partidos políticos más importantes de El Salvador.
1. Los partidos PCN, PDC, FMLN y ARENA han jugado un papel decisivo en la vida política nacional durante las últimas tres décadas. En la década de los años 70, el PDC fue el principal partido de oposición —integrado en la UNO—, mientras que el partido en el poder fue el PCN, apoyado por el estamento militar. En la década de los 80, el PDC —hasta 1989— jugó un papel de primera importancia en la conducción del gobierno y en la lucha contrainsurgente —a través de un pacto PDC-FFAA-Administración Reagan-Bush—, mientras que el FMLN le apostaba, como ejército insurgente, a la toma del poder político mediante la lucha armada. En la década de los 90, el FMLN, convertido en partido político (1992), es la segunda fuerza política del país, siendo la primera el partido ARENA. El PCN y el PDC, pese a su sensible disminución de poder, han terminado por conformar con ARENA un bloque de derecha, por lo cual obtienen una serie de beneficios políticos y económicos.
2. Cada uno de los cuatro partidos ha atravesado por una serie de reacomodos que, en más de una oportunidad, se han decantado hacia crisis y rupturas internas. Los partidos que más se han debilitado en razón de esas crisis y rupturas son el PCN y el PDC, aunque ciertamente a ARENA y al FMLN no les han sido ajenas las dificultades creadas por las disidencias, como lo revelan las críticas que ciertos sectores de derecha lanzan a ARENA y al gobierno —a los que acusan de ser mercantilistas— y la difícil situación por la que actualmente está pasando el FMLN para definir su fórmula electoral .
3. El PCN enfrentó su situación más difícil en octubre de 1979, cuando una junta revolucionaria de gobierno puso al descubierto la represión y la corrupción propiciadas por ese partido. A partir de esa fecha, el PCN —que había controlado el poder desde los años 60— no volvió a acceder al control del gobierno. No sólo dio inicio la separación entre los militares y el partido, sino que también —en el contexto de una guerra que se anunciaba— muchos de sus miembros civiles optaron por abandonar sus filas.
4. El PDC conoció con Napoleón Duarte, en los años 80, el sabor del poder político. Primero como presidente de una de las juntas revolucionarias de gobierno y después como Presidente de la República, Duarte pudo llevar a los miembros del partido a los puestos de mando en el Estado. Con ello, se propició una corrupción nunca vista en las filas pedecistas. Muerto Duarte, se inició un conflicto por la sucesión, que terminó por dar lugar a la formación de dos fracciones: los chavistas y los reyprendistas. Agotadas ambas en conflictos interminables y, ante el fracaso político, fueron reemplazadas por dos nuevas fracciones: la vieja guardia y la nueva clase política. Son estas las que se disputan el control del partido en la actualidad.
5. ARENA, tras el fracaso del PCN, vino a llenar un vacío en las filas de los grupos de poder económico: contar con un partido que les permitiera embarcarse de nuevo en la lucha política electoral. El partido, una vez que comenzó a dejar atrás sus antecedentes escuadroneros, tuvo una marcha ascendente, primero hacia la Asamblea Legislativa y, después, hacia el ejecutivo: en 1989 Alfredo Cristiani (ARENA) relevó a Duarte en la Presidencia de la República. Comenzó el reinado de ARENA, en un contexto en el cual el FMLN hacía sus últimos esfuerzos militares por hacerse del poder estatal. El partido agrupó, frente a la amenaza del FMLN, a los tres sectores de poder económico: terratenientes, industriales y banqueros. Cuando la amenaza militar del FMLN desapareció, los intereses de esos tres sectores comenzaron a generar fricciones al interior de ARENA. En la actualidad, el sector bancario financiero ha logrado imponerse, tras inocultables forcejeos internos, sobre los otros dos.
6. El FMLN, de ejército, ha tenido que convertirse en partido político. En la década de los 70 cinco fracciones expresaban las tendencias político-militares y marxista-leninistas existentes en el país. En los años 80 esas fracciones fundaron el FMLN, aunque no por ello desaparecieron sus diferencias de fondo. Finalizada la guerra civil, esas diferencias salieron nuevamente a flote. Todo apuntaba a cuál era la organización o el líder que debía hegemonizar el quehacer del nuevo partido. Estas disputas llevaron a que, por un lado, se aglutinaran las FPL, el PRTC y el PCS, quedándose con el FMLN, mientras que, por otro, el ERP y la RN decidieron fundar un nuevo partido: el PD. Posteriormente, una nueva división ha aflorado en las filas del FMLN: la división entre ortodoxos y renovadores.
7. El impacto de las mutaciones partidarias (recambios, crisis y rupturas) sobre la sociedad tiene dos niveles. Uno es su impacto sobre la intelectualidad más optimista que, en general, suele ver esas mutaciones como signo de democratización al interior de los partidos políticos. Un sector intelectual más crítico no se conforma con esa lectura, y prefiere interpretar la dinámica de los partidos como expresión de un déficit en su democratización. El otro nivel de impacto hace relación con los grupos sociales mayoritarios que, como lo revelan varios sondeos de opinión, no alcanzan a entender qué es lo que sucede en el ambiente político; el resultado práctico de ello es la incredulidad y la desconfianza hacia la política y los políticos.
Al primer semestre de 1998 la economía sigue un comportamiento similar al último año, con una situación macroeconómica relativamente aceptable, que contrasta con varios problemas al nivel económico-social. La pobreza sigue siendo el principal problema, y su incidencia es mucho mayor en las áreas rurales. El salario mínimo vigente ha bajado su poder de compra en un 22% con respecto a diciembre de 1988. El moderado crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en mejoras sustanciales de los niveles de vida para la mayoría de salvadoreños.
Actividad económica
Al nivel de la actividad económica agregada, la tendencia reciente muestra que las tasas de crecimiento se mantendrán entre el 5% y el 4%, un nivel ligeramente superior al crecimiento del año pasado. Hay que considerar que este pronóstico se puede ajustar hacia la baja debido a los altos niveles de delincuencia, la incertidumbre del período eleccionario —que retrasa algunas inversiones— y los posibles efectos de la crisis asiática en el mediano plazo. Sin embargo, consideramos que para la mayoría de la población el crecimiento de un 4% no es muy alentador. Según estimaciones, aún con el supuesto de una distribución equitativa de los ingresos, a dicha tasa, se necesitarían 35 años para duplicar los ingresos reales per cápita. Los sectores más dinámicos en este primer semestre, a nivel de producción y creación de empleo, han sido la industria manufacturera, la construcción y el sector financiero; mientras que el comercio y la agricultura han reducido su nivel de actividad económica.
Precios
En cuanto a la inflación, los primeros sietes meses del año muestran una tendencia al alza con respecto al año pasado. La presión en este comportamiento proviene principalmente de los rubros de alimentos y vivienda, pero es de esperarse que con las cosechas de los granos básicos estas presiones puedan disminuir un poco en lo que resta del año.
En todo caso, la inflación acumulada a lo largo de varios años, aunada a moderadas alzas en el salario mínimo, ha venido a significar un deterioro considerable en el poder de compra de los trabajadores que devengan este salario. A la fecha, el poder de compra del salario mínimo es un 22.5% más bajo que en diciembre de 1988. Al comparar el salario mínimo mensual con la canasta básica ampliada urbana se observa que aquel está muy lejos de satisfacer las necesidades materiales de los trabajadores, a pesar del incremento del 9% que registró en el mes de mayo.
Sistema financiero
En el sistema financiero sobresalen tres tendencias. En primer lugar, se ha dado una recomposición en la cartera del público, quienes han reducido su tenencia en efectivo y depósitos de cuenta corriente para aumentar sus depósitos en cuentas de ahorro y a plazo. Posiblemente, esta tendencia es una respuesta rezagada a los altos niveles en la tasa de interés real en 1997, y a la recuperación de la confianza del público en el sistema bancario después del escándalo de FINSEPRO-INSEPRO. En segundo lugar, se observa un aumento en la competencia en el sistema bancario. Con la entrada de nuevos bancos al sistema y de capital extranjero, los índices de concentración de depósitos muestran una leve tendencia a la baja. A la larga, este fenómeno puede favorecer a los usuarios del sistema bancario con mejores servicios. En tercer lugar, el crédito destinado a los diferentes sectores productivos se concentra en más del 42% para el comercio; mientras que el crédito destinado al sector agrícola representa aproximadamente un 11%.
Sector público
En cuanto a las finanzas públicas, para el primer semestre de 1998, se observa un deterioro en el ahorro corriente del Sector Público No Financiero (SPNF), disminuyendo en un 36% con respecto al mismo período del año anterior. La causa de este resultado negativo en las finanzas públicas parece provenir tanto del lado del gasto público, como de los ingresos. El gasto total del SPNF aumentó un 4%, mientras que los ingresos corrientes disminuyeron en 2.9%. La reducción de estos últimos se debe principalmente a la venta de empresas públicas, dentro del programa de privatización, destacándose que las empresas vendidas generaban importantes ingresos para el sector público. Un aspecto positivo es el incremento en un 7.5% de los ingresos tributarios con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la carga tributaria del país es baja, para 1997 fue de 10.8% con respecto al PIB, una de las más bajas de América Latina y del mundo. Además, la estructura impositiva es bastante regresiva, ya que descansa principalmente en impuestos indirectos, como el IVA.
Sector externo
Finalmente, el sector externo sigue mostrando las tendencias positivas de los últimos años. Las exportaciones totales experimentaron un crecimiento del 7.4% con respecto al primer semestre del año anterior. Este comportamiento obedece a la dinámica de las exportaciones no tradicionales y de maquila. Sin embargo, la contribución de la maquila debe examinarse con cuidado, ya que al comparar las exportaciones netas de maquila con las de café, se observa que este último ha venido contribuyendo más a la generación de divisas, y no la maquila. Sin embargo, esta situación podría revertirse en la medida que la maquila continúe su tendencia creciente.
Asimismo, se destaca que el déficit en la balanza comercial sigue disminuyendo en términos relativos, con respecto a las exportaciones y las importaciones, lo que es una tendencia favorable para el país. Sin embargo, a junio de 1998, se ha registrado un ligero incremento del déficit en términos absolutos, principalmente por la caída en los precios del café. Por otra parte, debido al fuerte flujo de divisas, un saldo positivo en la balanza de capitales, y a la política de tipo de cambio fijo, el nivel de reservas internacionales ha seguido aumentando con respecto al año anterior. Cabe resaltar que la acumulación de reservas, en los últimos años, ha sido posible en gran parte por las remesas familiares.
Con respecto al impacto potencial de la crisis rusa y asiática en la economía salvadoreña debemos ser prudentes. Nuestra economía es muy abierta al comercio internacional, pero concentra su intercambio con Estados Unidos y Centroamérica. La mayoría de títulos valores que se comercian en nuestra Bolsa son nacionales, sobre todo del sector público. Por tanto, esta crisis no nos impacta directamente. Sin embargo, la devaluación del peso mexicano y los problemas de colocación de títulos valores del gobierno en las bolsas de valores internacionales, son efectos indirectos que requieren de un manejo macroeconómico prudente.
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Colaboración del Departamento de Economía de la UCA
El Plan de Rescate del Centro Histórico de San Salvador de la administración de Héctor Silva ha sentado precedente en un doble sentido: por un lado, se perfila como uno de las pocos proyectos —si no el único— que habiendo sido diseñado por el equipo del alcalde no sólo ha encontrado poca resistencia para ser llevado a cabo, sino que además ha recibido el reconocimiento y la aprobación de la mayoría de las fuerzas sociales del país. Por otro, constituye el primer esfuerzo serio y planificado de inyectar orden a una zona caracterizada por el caos, el abandono y la decadencia.
Más meritorio aún es que este esfuerzo esté siendo puesto en marcha por una administración de izquierda, la cual, dejando a un lado el populismo característico de los movimientos políticos de su clase, ha decidido darle solución definitiva al problema de reubicar/desalojar el mar de vendedores callejeros que inunda las aceras y calles del centro capitalino, primer paso en la aplicación del plan. Esta medida le ha granjeado al alcalde el reconocimiento de sectores tradicionalmente opuestos a su gestión: la empresa privada y una parte de la derecha moderada.
El Plan de Rescate, respaldado por el Plan Tranquilidad Ciudadana del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), pretende, con la ayuda y el asesoramiento de gobiernos municipales de países amigos (entre ellos, Cuba, Chile y México) y organizaciones internacionales, reordenar el centro capitalino y rehabilitar su arquitectura histórica, con el objetivo de recuperar su potencialidad como recurso económico en el terreno comercial y turístico.
Como era de esperarse, e incluso como previó la alcaldía desde que se hizo público el Plan de Rescate, las mayores resistencias se encontrarían en el sector que más directamente se vería implicado en el reordenamiento del centro: el gremio de vendedores ambulantes. Teniendo esto en mente, la administración de Héctor Silva ideó una serie de medidas para evitar posibles conflictos: en primer lugar, diseñar alternativas viables para que los vendedores fueran trasladados de sus puestos de venta iniciales (edificación de "módulos" comerciales, habilitación de puestos en los mercados ya existentes y desarrollo de "mercado móviles"); y, en segundo lugar, llevar a cabo un proceso de concientización y diálogo con aquéllos para que aceptaran reubicarse voluntariamente.
Aunque no propiamente en el marco del Rescate del Centro Histórico, la efectividad del plan de Silva pasó su primera examen con la reubicación de los vendedores ambulantes de distintas zonas de la capital: los alrededores del Hospital Benjamin Bloom y de la Iglesia Bautista Amigos de Israel, ubicada en la Colonia Escalón. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego del proyecto de Silva, luego del desalojo de los comerciantes del Pasaje Fajardo, fue la remoción, el 16 de este mes, de las ventas ubicadas en la Plaza Morazán, en el centro mismo de la capital.
Ese día eran removidos por la fuerza cerca de veinte vendedores que, habiendo rechazado todas las ofertas de la alcaldía, insistían en permanecer en el lugar "al precio que fuera". El resultado: 16 detenidos y algunos niños y vendedores con síntomas leves de intoxicación por exposición a los gases lacrimógenos usados por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO). Aunque el desalojo violento pocas veces ha sido bien visto por la ciudadanía, en esta ocasión las muestras de apoyo y felicitación para con Silva no se hicieron esperar. Las razones son varias: en primer lugar, sólo se procedió al desalojo forzado luego de que había vencido el período de gracia otorgado por la alcaldía y que fue suficientemente claro que los vendedores no levantarían los puestos por su propia voluntad; en segundo lugar, el hecho de que más de 60 vendedores hubieran accedido a trasladarse voluntariamente hacia los puestos ofrecidos daba validez a las declaraciones de la alcaldía de que los que insistían en permanecer en el lugar eran sólo una minoría agresiva y ofuscada, sorda a los llamados a la negociación que se habían lanzado.
En tercer lugar, pese a las provocaciones y amenazas de los vendedores rebeldes, el operativo desarrollado por la UMO y planificado por el CAM fue limpio: en él no hubo un uso desmedido de fuerza, de lo que da fe el que no se reportaran heridos entre los comerciantes, y estuvo más enfocado a despejar la plaza que a reprimir. Finalmente, tal vez la razón de más peso, con el operativo se le mostraba al gremio de vendedores, tradicionalmente anárquico, que la cuestión iba en serio y que no se toleraría más que pretendieran hacer valer sus intereses particulares sobre las necesidades de un gran número de la población que se ve obligado a circular por las aceras y calles del centro capitalino.
Ahora bien, adoptando una visión más crítica que supere el optimismo inicial con el que ha sido acogida la "limpieza" de la Plaza Morazán, es necesario discutir más a fondo este último punto. Ciertamente, parte de la razón está de lado de la alcaldía: el proyecto de Rescate implica imponer orden a los vendedores ambulantes del centro de San Salvador, pues "el interés de la mayoría debe primar sobre el interés particular". Sin embargo, este ideal implica dos elementos fundamentales: a) enmarcarlo en un proceso de diálogo y negociación que despeje el peligro autoritario que su cumplimiento implica; y b) poner a la disposición de la minoría que se verá afectada recursos y alternativas viables para compensar los daños que le serán causados.
Si nos restringimos a la dinámica que está imperando entre la alcaldía y los vendedores de todo el centro de San Salvador, es obvio que estos dos elementos han estado presentes, pues los desalojos sólo han procedido luego de que se ha negociado y se han tratado de satisfacer las demandas de los vendedores con los recursos a disposición de la alcaldía. En el caso de la Plaza Morazán en particular, la negociación fue larga y los que accedieron a trasladarse lo hicieron hacia una zona con los requisitos mínimos para que pudieran continuar realizando su labor con los mínimos de seguridad e idoneidad comercial.
El problema se presenta cuando se observa que en la disposición de la alcaldía y en el beneplácito de la población en que los intereses particulares se sacrifiquen en aras de los de la mayoría, hay intereses particulares más sacrificables que otros. Es reprobable que la decisión con la que ha actuado la alcaldía y el apoyo que le ha otorgado la ciudadanía no se hayan repetido con la misma intensidad cuando de, por ejemplo, nivelar los impuesto municipales se ha tratado. Es condenable la actitud de la empresa privada al celebrar el desalojo de sus hermanos menores, cuando fue la más reacia a ceder en sus intereses económicos para el beneficio y desarrollo de toda la ciudad. Del mismo modo, es condenable la actitud de la alcaldía en cuanto modera su accionar en relación al poder que detenta la minoría que se verá sacrificada.
Condición sine qua non para que el ideal que discutimos tenga validez ética es que todos los que son miembros de la ciudadanía estén igualmente dispuestos a ceder en aras de la colectividad y que la entidad estatal que vaya a obligarlos a tal cosa proceda con la misma fuerza y decisión en todos los casos. De lo contrario, tenemos una sociedad hipócrita que se felicita cuando hace ceder a los más débiles para su beneficio. Ciertamente, el Plan de Rescate del Centro Histórico de San Salvador es acertado y los mecanismos a los que se está recurriendo para llevarlo a buen término hasta ahora son los adecuados, pero, por inevitable contraste, merecería, más que una expresión de optimismo ingenuo, una reflexión sobre nuestra realidad política y los males que la aquejan.
Desde que, en marzo, Zoilamérica Narváez denunciara públicamente a su padrastro, Daniel Ortega, por los abusos sexuales a los que la habría sometido durante 20 años, el líder sandinista se refugió en el silencio, aparecía escasamente en público y cuando lo hacía era obvia la tensión en rostro y palabras, más inexpresivas que nunca. Se negaba a hablar del tema. Esto duró hasta finales de junio cuando, en ocasión de diversas conmemoraciones del triunfo de la revolución, recobró en las tribunas de varios actos masivos el tono y el estilo de sus tradicionales discursos de agitación, plagados de ataques despiadados al gobierno liberal. Seguía sin referirse a la acusación pendiente. Al salir del juzgado, a donde acudió a alegar su inmunidad, habló por fin para calificar las acusaciones de su hijastra como un complot político "para destruirme y para destruir al FSLN". Repitió mecánica y escuetamente esta versión en otras ocasiones.
Muchos análisis coincidían en que Ortega estaba "acabado": su personalidad deshecha al no lograr enfrentar el desafío de esclarecer la verdad de su vida privada y en su vida pública, incapaz de superar agotados discursos incendiarios. Pero un sector del FSLN parece seguirlo necesitando, especialmente ahora, cuando el pacto entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) del presidente Arnoldo Alemán y el FSLN está a punto de cuajar y está siendo tan cuestionado no sólo por las bases del sandinismo, sino también por un sector dentro del FSLN. Ortega parece ser el más —el único— capaz de camuflar la voracidad con que las cúpulas empresariales del FSLN irán a esta "guerrilla económica y política" en la que enterrarán definitivamente los ideales de justicia y de democracia de la revolución.
Inesperadamente, el 18 de agosto —cuando se hablaba con preocupación del pacto recién sacado de detrás de las bambalinas a la plena luz del escenario—, Daniel Ortega llegó remozado a la Asamblea Nacional a ocupar su escaño en las sesiones parlamentarias. Nunca lo había hecho, siempre ocupó esta silla su suplente. Desde ese día, Daniel Ortega comenzó a dar declaraciones a los periodistas, a "bajar línea" y a opacar al resto de diputados sandinistas, a los que tiene capacidad de intimidar con su presencia. Tan necesario como temido es su liderazgo. Ha hablado con un nuevo "look" de la denuncia de Zoilamérica, afirmando que ha sido su "calvario", que no quiere dañarla, que este sufrimiento le ha traído solidaridades insospechadas, que lo atacan porque defiende a los pobres. Ha construido un nuevo discurso para pasar de supuesto ofensor a víctima ofendida.
En sus nuevas apariciones, Daniel Ortega surgió eufórico, decidido, agresivo, vencedor. Defendió los acercamientos del FSLN con el gobierno, trató de limpiar a Arnoldo Alemán de todos los epítetos de "somocista" con los que había venido cargando desde hace años, resaltó sus coincidencias con el gobierno, se presentó como "uno más de los nicaragüenses que viven de las remesas en dólares que reciben", y siguió presentándose como el adalid de la causa de los pobres.
Los resultados de la última encuesta de opinión de CID- Gallup publicada el 1º de septiembre, vinieron a envalentonarlo en esta operación de imagen. En la encuesta apareció como el político con opinión más favorable en todo el país. Ortega obtuvo el máximo de opiniones favorables (41%), con un 32% de desfavorables, de una lista de 13 políticos. Arnoldo Alemán bajó un 10% con respecto a una encuesta similar del mes de abril, cayendo al cuarto lugar de la lista: 34% de opiniones favorables y 40% desfavorables.
La impopularidad de Arnoldo Alemán es fácilmente explicable. La situación de quienes votaron por el PLC esperando soluciones —casi mágicas por inmediatas— a su miseria no ha mejorado. Y quienes votaron liberal esperando racionalidad económica y verdadera competencia en un mercado libre han visto ya cuán cerradas son las argollas familiares y partidarias que enlazan todas las dependencias del gobierno de Alemán.
La popularidad cautiva, y con un ligero incremento, de Daniel Ortega, expresa las huellas de su liderazgo histórico en el pueblo sandinista —atrapado en la pobreza y en la lógica caudillista. Expresa también, dentro del clima bipartidista que existe y que se fomenta, el "castigo" de sectores no sandinistas a Alemán por su desacertado desempeño gubernamental.
Daniel Ortega, su entorno y algunos sectores del FSLN han buscado interpretar los resultados de esta encuesta de CID-Gallup como una prueba contundente del escaso eco que ha tenido la denuncia hecha por Zoilamérica en contra de quien fue su padrastro. Más allá de este caso concreto, demostraría también el escaso peso que la conducta privada de los líderes políticos tiene en la valoración que de ellos hace la población nicaragüense y, por tanto, la escasa preocupación que hay que darle a estos asuntos. "Esto demuestra que no somos tan puritanos como los gringos con Clinton y con la Mónica Lewinsky", dicen los que abordan de forma más banal el tema.
Es precipitado interpretar así la encuesta. Cuando Zoilamérica habló, cuando rompió el silencio para revelar un secreto que no le permitía ya vivir, le estaba planteando a toda la sociedad, y al sandinismo en particular, un gran desafío ético y político. No existe hasta ahora una encuesta que haya decidido medir el impacto social, ético y político de esta denuncia ni en la sociedad ni al interior del FSLN. Mucho podríamos aprender si se hiciera con seriedad este esfuerzo de investigación.
A seis meses de aquella conmoción nacional, lo que ha aparecido con la encuesta es un único indicador: el acusado continúa teniendo un buen porcentaje de apoyo. No quiere esto decir que quienes lo favorecen con su opinión como político no crean el testimonio de Zoilamérica ni que, creyéndolo, consideren que ella habló como parte de una conspiración política.
Aunque algunos periodistas han afirmado que el caso de Zoilamérica está "agotado", que ya "dio lo que iba a dar" o incluso que "ya aburre", el tema sigue en manos de los diputados como "una papa caliente", como acertadamente lo describiera el Cardenal Miguel Obando. Y aunque el desafío sigue en las calles, candente, hoy quema especialmente en el Parlamento, cuestionando a los legisladores. Estos pueden quitarle la inmunidad a Daniel Ortega, votando en el plenario. Puede también la Junta Directiva del Parlamento servirse de dos más expeditos caminos legales —decidir que perdió la inmunidad por no asistir durante más de seis meses consecutivos a las sesiones de la Asamblea o decidir que la perdió porque se trata de un caso de derecho de familia no cubierto por el privilegio de la inmunidad. Pueden también ratificarle su inmunidad abortando el proceso judicial o, lo que sería más lamentable, pueden dejar morir el caso en la gaveta de una oficina del Parlamento.
Sería un error que los legisladores evadieran su responsabilidad. Aunque por temor, por dolor o por pudor, la sociedad nicaragüense se niega en algunos ambientes a hablar de este caso, aunque lo eluda, lo esconda, o pretenda olvidarlo, ahí está. Nicaragua necesita que la verdad sea esclarecida.
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Colaboración de Equipo Envío, Nicaragua.
En cuanto a las limitaciones detectadas a lo largo de la investigación, el IDHUCA encontró que —desde una perspectiva general— la problemática trasciende la esfera jurídica pues tanto la falta de oportunidades como la exclusión y marginalidad para el disfrute de algunos derechos, tienen que ver con la realidad económica y social; en concreto, la pobreza y la extrema pobreza son determinantes. Además, las conductas violentas heredadas de la guerra y la falta de espacios para la solución pacífica de los conflictos, inciden negativamente en nuestra niñez y juventud. Asimismo, es innegable que se han internalizado patrones de conducta competitivos y agresivos contrarios a los principios de la Convención, que impiden el cambio individual y colectivo. Se debe considerar, también, que la globalización genera ansiedad entre la juventud al no existir un ambiente de armonía social que le permita enfrentar adecuadamente ese proceso y sus efectos. Finalmente, no hay una práctica social de denuncia de casos, lo que se advierte más en algunos tan complejos como el incesto, donde el infractor y la víctima pertenecen a la misma familia; la denuncia se dificulta por el temor a las represalias y por la impunidad que, tradicionalmente, ha beneficiado a ciertos sectores sociales.
Además de las anteriores, en el trabajo desarrollado se lograron ubicar limitaciones específicas en los siguientes rubros: conocimiento y visión sobre la niñez; divulgación de legislación, políticas y servicios; procedimientos; programas especiales; coordinación y comunicación; recursos materiales y humanos; capacitación del personal; educación y valores; y sistema de información. En lo que toca a las propuestas, los resultados más importantes se detallan a continuación.
En primer lugar, es fundamental que exista una política nacional de atención a la infancia y adolescencia que enfoque las capacidades y energías nacionales en el enfrentamiento de la problemática y que, además, establezca el rumbo a seguir. Tal política debería fundamentarse en un amplio análisis de la realidad y en la participación activa de todos los sujetos sociales directamente relacionados con la niñez. De igual manera, se hace necesario definir un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez que articule los factores políticos, jurídicos, sociales, educativos y económicos en el esfuerzo por darle vigencia a los derechos de esta población. Dicho Sistema Nacional debería constituirse en soporte esencial para la aplicación de la legislación minoril y, por lo mismo, tendría que incluir la participación activa de las y los operadores del sistema de justicia.
Fruto de este trabajo, también se propone que la institucionalidad relacionada con la Política Nacional y el Sistema Nacional de Protección Integral sea un tema de debate y estudio amplio, sobre todo en los siguientes aspectos: creación de un Ministerio o Viceministerio de la Niñez, que reúna y potencie las funciones actuales del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; elaboración de un Código de la Niñez, que organice la legislación minoril dispersa y diluida en otros instrumentos; revisión del rol de entidades tales como la Secretaría Nacional de la Familia —actualmente responsable de definir la Política Nacional— y el Comité Interinstitucional.
Es importante, además, definir el rol de diferentes actores nacionales —como Policía Nacional Civil (PNC), alcaldías y ministerios de Educación, Salud y Justicia— y crear nuevas instancias como: un Centro de Orientación Juvenil, que brinde atención psicoterapeútica y desarrolle una efectiva labor preventiva; asociaciones de padres, cooperativas en las comunidades y otras organizaciones que sean de beneficio para la niñez; redes en lo nacional, regional y local de instituciones gubernamentales, de la sociedad y organismos-recursos para trabajar conjuntamente en programas educativos, formativos y preventivos, así como en la atención de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley y de alto riesgo social. La descentralización se observa como garantía de la mejor utilización de recursos, de la búsqueda de soluciones propias y de un esfuerzo sostenible a largo plazo.
En cuanto a las y los operadores del sistema, se recomienda profundizar en su capacitación mediante cursos especializados y sistemáticos sobre diferentes disciplinas que acompañan al Derecho de Menores. Los contenidos sugeridos son los siguientes: filosofía jurídica en relación a los derechos de la niñez; pedagogía reeducativa; psicología aplicada a la niñez, la juventud y la familia; sociología (realidad de la niñez); metodologías de trabajo con esta población; violencia intrafamiliar; y aspectos novedosos del sistema de justicia minoril como, por ejemplo, la aplicación de la conciliación. En la investigación también se habla de la necesidad de sistematizar la experiencia en la aplicación de la legislación, a fin de promover el avance y la revisión periódica de la misma, fortalecer la capacidad de las y los operadores, y estimular procesos de autoformación y espíritu propositivo sobre la base de una práctica concreta. Eso ayudaría a que las reformas legales se puedan dar periódicamente, de acuerdo a los resultados que arroje la realidad.
En cuanto a las instituciones, se ha tenido un especial cuidado en brindar sugerencias puntuales relacionadas con la PNC. Así, se habla de formar una unidad especializada en la protección del menor, integrada por profesionales a nivel multidisciplinario que reúnan requisitos académicos y morales. Dicha unidad se podría encargar de: ejecutar estrategias en el campo de la educación, prevención y defensa/protección del niño, niña y adolescente en zonas de alto riesgo social, coordinando su accionar con otras entidades gubernamentales, sociales y de la comunidad; desarrollar actividades educativas-formativas, culturales y recreativas con jóvenes en conflicto con la ley y en alto riesgo social como aquellos en drogadicción, «huelepegas», prostitución infantil, mendicidad y abandono.
Otro de los compromisos que debería tener esta unidad es impedir el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes a lugares públicos o privados que atenten contra su salud física y mental; también debería vigilar establecimientos que expendan substancias inhalantes y vendan revistas pornográficas, videos y otras publicaciones que atenten contra su salud mental. Este cuerpo especializado debería utilizar tanto la persuasión como la «fuerza», dosificada y en concordancia con el respeto a los derechos humanos; para ello tendría que diseñarse un perfil del cuerpo profesional de la PNC que le permita ejecutar las acciones de acuerdo a las características del sector. Los resguardos y centros de internamiento tendrían que contar con vigilancia de un personal proveniente de esta unidad especial, con capacitación adecuada para brindar la seguridad respectiva y promover una actitud nueva hacia el sector juvenil privado de su libertad.
El Ministerio de Educación es otra de las instituciones con un importante rol que jugar. Por eso se propone que las escuelas asuman impulsar una labor preventiva, con el objeto de disminuir los factores de riesgo y aumentar los de protección. Para ello, se deberían: impulsar campañas divulgativas de los principios legales, éticos y sociales que todo ciudadano debe de cumplir; realizar jornadas participativas sobre la Convención y los deberes en la comunidad; desarrollar programas de capacitación sobre violencia, resolución de conflictos, programas de mediación, factores de riesgo, tratamiento de menores infractores y doctrina de la protección integral; garantizar —a nivel de programas, desde la educación básica hasta la superior— la incorporación de los derechos de la niñez y la legislación minoril, así como la filosofía de la protección integral y el interés superior del niño.
Estos programas podrían coordinar con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la República, entidades comprometidas con la política preventiva de la delincuencia juvenil, debiéndolos desarrollar hasta en los lugares más remotos del país. Asimismo, se hace necesario garantizar la implementación de programas educativos en los centros de internamiento. El Ministerio de Educación, más que impedir y limitar, debería facilitar la incorporación de menores infractores en los centros de estudio, diseñando módulos especiales a incorporar en los programas sin importar la época del año. Por último, habría que trabajar a nivel de las jefaturas de esta cartera de Estado para sensibilizarlas, así como entre los empleados involucrados en este trabajo de atención a la niñez y a los adultos que tienen que ver con ella.
En lo que corresponde al Ministerio de Salud, se hace necesario que adopte e impulse un sistema educativo dirigido a: mejorar hábitos de salud; fomentar el cuidado prematernal de la mujer; difundir los derechos sexuales y reproductivos; prevenir y evitar los embarazos precoces/temprana edad; orientar a los padres para el mejor cuido de sus hijos, en lo que se refiere a nutrición, estimulación temprana y salud. En este esfuerzo, debería incorporar a los habitantes de las comunidades en coordinación con organizaciones nacionales e internacionales especializadas. Por la vía de un planteamiento preventivo como el señalado, al tiempo que se promovería la salud física y mental de la población infantil, se evitararían futuras situaciones de maltrato, abandono, riesgo social e irresponsabilidad paterna. Además, el Ministerio de Salud debería desarrollar programas especiales para niños con SIDA, en prostitución y drogadictos.
Sobre las alcaldías municipales, se advierte como algo necesario crear dentro de cada una de ellas un departamento para asuntos de la niñez y la adolescencia, que trabaje conjuntamente con la comunidad en programas de prevención contra la delincuencia juvenil, la drogodependencia y la vagancia; dichos programas también deberían contemplar la atención a jóvenes en alto riesgo social. Las alcaldías, además, deberían asumir su responsabilidad de resguardo y participar activamente en las redes locales de apoyo a la operativización de las medidas socio-educativas y de defensoría de la niñez y adolescencia.
Al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, en lo inmediato y como responsable de la aplicación de la política de atención a la niñez y a la adolescencia, se le debería fortalecer a nivel presupuestario así como en lo que toca a la cualificación de sus recursos humanos, centrándose en aspectos vitales para la operativización de la legislación y —sobre todo— en la aplicación de las medidas y en las acciones de prevención. También debería prestar especial atención a los siguientes aspectos: programas de reinserción social dirigido a las y los jóvenes; más labor preventiva en las escuelas y comunidades a través de vínculos con redes locales existentes o por crearse; capacitación de su personal en cuestiones de tratamiento de niños y niñas, creándoles y fomentándoles una verdadera vocación social; estabilidad laboral del recurso humano que atiende los programas de reinserción social; crecimiento cuantitativo y cualitativo de resguardos y centros de internamiento.
Además, el Instituto debería asumir la responsabilidad de los resguardos, con la infraestructura y las condiciones adecuadas para la reinserción de las y los adolescentes. Asimismo, es necesario el desarrollo de una labor de promoción de los deberes y derechos de la niñez, por medio de un acuerdo con las carteras de Educación y Justicia, con la participación de organismos representativos de la sociedad civil; también se debería trabajar en su descentralización, a fin de llegar hasta los municipios. Finalmente, cabe decir que en la investigación realizada aparecen otras recomendaciones puntuales relacionadas con: el papel que actualmente desempeña la Fiscalía General de la República, la ley y la niñez, las alternativas de reinserción, y la niñez en riesgo y en crisis. Con este esfuerzo, el IDHUCA ofrece a la comunidad jurídica y a todas aquellas instituciones estatales y sociales, la posibilidad de contar con un insumo para apoyar una discusión que se hace necesaria en nuestro país, a fin de beneficiar a quienes —en la retórica de los discursos— siempre se mencionan como el futuro de la Patria: nuestras niñas, nuestros niños y nuestra juventud.
EX PATRULLEROS. Los ex patrulleros de la Fuerza Armada reclamaron nuevamente, el 09.09, una indemnización de 18 mil colones por los servicios prestados durante la guerra. Los protestantes bloquearon las principales carreteras de San Salvador, Chalatenango, Zacatecoluca, Sonsonate y Usulután, sin que se realizaran actos violentos. Asimismo, reiteraron su disposición de sabotear las elecciones presidenciales si para el 25.09 el Ejecutivo no ha cumplido sus demandas. Los ex paramilitares manifestaron estar cansados de las promesas de los diputados, quienes aseguraron que les ayudarían a obtener sus indemnizaciones. Uno de los protestantes, organizado en la Asociación de Productores Agrícolas Salvadoreños (APROAS), dijo que, además del dinero, ellos exigían acceso a tierras y viviendas y aseguró que la última oferta que están dispuestos a aceptar es de 13 mil 400 colones y renunciar a las anteriores peticiones como muestra de "flexibilidad". Agregó que tienen derecho al dinero porque fueron "carne de cañón" y trincheras humanas durante el conflicto armado y aclaró que los ex patrulleros del FMLN sí obtuvieron indemnizaciones y otras prestaciones. "Hemos sido engañados", decían los protestantes, a la vez que aseguraban que durante la administración Cristiani se les prometió indemnizarlos, sin que se les haya cumplido la oferta (DH 10.09 p.16).
CTE/ANTEL. El presidente de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE), Juan José Daboub, dijo, el 12.09, que la institución pasará, el 16.09, a manos privadas cuando el socio estratégico, France Telecom, abone los 275 millones de dólares, equivalentes al 51% de las acciones. Daboub manifestó su satisfacción por haber impulsado el proceso de privatización de la telefónica CTE/ANTEL. Consecuentemente, el Estado, que ha tenido el control total de la institución desde hace 127 años, conservará únicamente el 25%. Asimismo, el presidente de la compañía explicó que la Junta Directiva de la misma desaparecerá y empezará a operar la Comisión de Liquidación, que se encargará de "deshacerse de todos los bienes, derechos y obligaciones que quedaron en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)". Según expresa la Ley de Privatización de ANTEL, la telefónica fue dividida en Internacional de Telecomunicaciones (INTEL) y CTE, en ambas el porcentaje del socio estratégico es del 51%. Por otro lado, en INTEL queda pendiente la venta del 49% de las acciones, que van a ser puestas a la venta en la bolsa en dos bloques, uno del 25% y el otro del 24%. En el caso de CTE, ya se puso a disposición el 10% de las acciones de los trabajadores, quienes han adquirido el 6.4% (LPG 13.09 p.6).
DESALOJO. El alcalde de San Salvador, Héctor Silva, confirmó, el 12.09, la decisión de desalojar a los vendedores de la Plaza Francisco Morazán, pese a que, el 10.09, la Asamblea Legislativa recomendó al alcalde que no procediera con la expulsión sin antes negociar con los vendedores su reubicación. "Con todo respeto que me merece la honorable Asamblea, ellos sólo tienen derecho a hacer recomendaciones a los diferentes sectores de la vida nacional", expresó el alcalde. Asimismo, otorgó a los vendedores un período de "gracia" de 24 horas para retirarse voluntariamente del lugar. "La Asamblea recomienda que les ofrezcamos alternativas a los vendedores y se las estamos dando. Nos recomienda que concertemos y estamos concertando y lo hemos hecho con casi 50 vendedores… de igual manera lo hemos hecho con el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y la Procuraduría. Como repito, todo esto ya está tomado en cuenta y no hay paso para atrás", aseguró el edil. Por su parte, muchos de los vendedores se oponen al desalojo y se preparan para enfrentarse a la policía. El 13.09, varios de éstos se habían concentrado en la plaza como protesta a la decisión de la Alcaldía, pues el período de "gracia" había finalizado. "Aquí los estamos esperando y ya tenemos los utensilios necesarios para la confrontación", decían (LPG 12.09 p.10; 13.09 p.5 y DH 14.09 p.6).
FORMULAS. Los partidos ARENA, FMLN, PCN y PDC pretenden definir, en las próximas semanas, sus fórmulas presidenciales y oficializar sus ofertas de gobierno, para lo cual convocarán a los cúpulas y a las bases partidarias. ARENA informó que reunirá a la Asamblea Nacional el 11 de octubre para definir el candidato a la vicepresidencia. El FMLN dijo que su tercera Convención Nacional se celebrará el 27 de septiembre. Ese día esperan poder desentrampar las diferencias entre las tendencias ortodoxa y renovadora, y alcanzar una fórmula presidencial. El PCN realizará dos reuniones en los próximos días, la primera para relevar a sus máximas autoridades, a cargo de Ciro Cruz Zepeda, pues sus estatutos así los disponen. Esta reunión será el mismo día que la del Frente. La segunda será para anunciar y oficializar al compañero de fórmula del candidato presidencial, Hernán Contreras. Mientras tanto, el PDC no ha puesto fecha para la Convención. El secretario del partido, Ronal Umaña, aseguró que ésta se llevará a cabo con el único propósito de confirmar al candidato presidencial, Rodolfo Parker. La actual dirigencia pedecista ignorará la petición del Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano (MUDC), que ha solicitado a Umaña que realice elecciones primarias para elegir la fórmula presidencial (LPG 15.09 p.16).
FLORES. El candidato por el partido ARENA para luchar la presidencia en las elecciones presidenciales de 1999, Francisco Flores, aseguró que, pese a que existen muchos nombres que se están considerando para nombrar al candidato a la vicepresidencia que lo acompañará, todavía no se ha definido al que ocupará dicho cargo. El candidato se limitó a enumerar las características que deberá tener su compañero de fórmula, entre las cuales mencionó la honestidad, tradición de servicio público y la "comprobada competencia para servirle al país". Entre los posibles acompañantes se han mencionado a la ex ministra de Planificación, Mirna Liévano de Márquez, y al miembro del COENA, Roberto Murray Meza, entre otros (LPG 16.09.98. p 16).
AUSENTISMO. Según las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el hecho de que en el padrón electoral aparezcan 800 mil personas que no deberían estar inscritas como aptas para votar, en la mayoría de ocasiones porque han muerto, es una de las principales razones por las que se producen los elevados índices de ausentismo y abstencionismo en cada evento electoral. En ese sentido, se ha realizado un programa de constante depuración para eliminar estos casos y procurar unas elecciones más representativas para el ’99 (LPG 16.09.98. p.16).
CRIMENES. El Ministro de Seguridad Pública, Hugo Barrera, aseguró que el gobierno de nuestro país se pondrá en contacto con las autoridades estadounidenses para pedirles colaboración en el esclarecimiento de crímenes en los que supuestamente están involucrados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El Ministro justificó la medida por considerar que "ellos [los investigadores estadounidenses] son mucho más profesionales y experimentados que nosotros, con recursos técnicos más adecuados". Entre los casos para los que se pedirá colaboración están el del asesinato de la locutora radiofónica Lorena Saravia, el del joven Adriano Vilanova y el del empresario Mauricio García Prieto. El director de la PNC, Rodrigo Avila, denunció la semana pasada la existencia de un supuesto plan para desprestigiar al cuerpo policial en el que estarían implicados varios sectores del país. En ese sentido, y poniendo como ejemplo el caso Saravia, el director recordó que personas que pertenecen a distintos sectores han sido involucradas en dicho crimen, como son periodistas, medios de comunicación, políticos y ex miembros de la PNC. Barrera aseguró, sin mayor explicación, que en los tres casos existen "manipulaciones" , por lo que se hace pertinente la colaboración de los investigadores extranjeros en el esclarecimiento de los asesinatos (LPG 15.09.98. p.6).
