Año 19
Número 823
Septiembre 23
1998
ISSN 259-9864
Editorial Partidos políticos y sociedad civil
Política FMLN, un proyecto que naufraga
Economía Reacciones ante la Ley de Zonas Francas
Sociedad La salud del sector rural salvadoreño
Derechos Humanos Legal y legítima lucha contra la impunidad (I)
Partidos políticos y sociedad civil
Un régimen democrático gira en torno a dos ejes fundamentales: el Estado y la sociedad civil. Sin embargo, por sí mismos constituyen dos ámbitos separados uno del otro, regidos el primero por la lógica del orden y el control, y el segundo por la lógica de las demandas y la presencia disruptiva. Para dar vida a un orden democrático, cada uno de esos ámbitos de la realidad social tiene que fortalecerse en sus dimensiones más esenciales: el Estado tiene que hacerlo a nivel institucional; la sociedad civil tiene que hacerlo a nivel organizativo.
Un Estado fuerte es un Estado que ha institucionalizado a cabalidad sus funciones fundamentales, esto es, que se rige por una racionalidad normativa expresamente asumida y puesta en práctica por quienes integran sus instituciones. La ausencia de una racionalidad normativa o su no vigencia práctica debilita al Estado, en cuanto que abre las puertas a la discrecionalidad de sus funcionarios de alto rango, quienes ven en la ausencia de normas o en su inoperancia la posibilidad de decidir a su antojo, cual propietarios de un bien que les ha sido heredado, los destinos de las instituciones que les han sido confiadas.
Una sociedad civil fuerte es una sociedad civil dotada de las suficientes instancias organizativas que le permitan expresar los intereses de los individuos y grupos que la constituyen y hacer sentir públicamente sus demandas. Nada debilita más a la sociedad civil que la apatía de los ciudadanos para vincularse a grupos de interés específicos o la dispersión de esfuerzos que muchas veces se sigue de la excesiva individualización de las demandas. Si lo primero conduce al inmovilismo socio-político —que es en sí mismo peligroso porque acepta pasivamente las cosas tal como son—, lo segundo conduce a la dispersión de esfuerzos —lo cual también es peligroso en cuanto que demandas que podrían encauzarse colectivamente son planteadas, con una merma inevitable de fuerza, de forma individual.
De aquí que el fortalecimiento de la sociedad civil camine, ante todo, por la conformación de organizaciones intermedias —de barrios y colonias, profesionales, universitarias, religiosas, de jóvenes, de mujeres, de vendedoras de los mercados, de homosexuales, lesbianas y prostitutas, etc.—; y, en segundo lugar, por la coordinación de esfuerzos y el apoyo recíproco entre estas agrupaciones en vistas a lograr objetivos comunes, cuando los hubiera, o a fortalecer la posición de cada una de ellas a la hora de demandar un bien o servicio específico.
Un Estado y una sociedad civil fuertes, en el sentido señalado, son condición necesaria para dar vida a un régimen político democrático. Pero no basta con ello, pues se hace también necesaria la presencia de una instancia intermedia que, precisamente, haga de puente entre ambos. Esta instancia mediadora es el sistema político, el cual tiene como función fundamental servir de correa de transmisión de las demandas sociales hacia el Estado. Es decir, el sistema político y sus elementos constituyentes —los partidos— no sólo sirven de filtro de las demandas de la sociedad civil —siempre crecientes y cada vez más complejas—, sino que también las encauzan en la dirección más adecuada. ¿Adecuada para qué? Pues para la respuesta estatal, la cual tiene que apoyarse fuertemente en las señales que, sobre el sentir social, le llegan a través del sistema político y los partidos. Son éstos los que vinculan a esos dos mundos separados, con lógicas tan disímiles, que son el Estado y la sociedad civil.
En consecuencia, un orden político democrático se edifica sobre tres ejes fundamentales: un Estado fuerte (regido por una racionalidad institucional claramente definida), una sociedad civil fuerte (con suficientes niveles de organización e interrelación entre sus agrupaciones) y un sistema político capaz de hacer de intermediario entre ambos polos. Como dice Alain Touraine: "por tanto, es menester que los dos mundos —el Estado y la sociedad civil—, que deben permanecer separados, estén igualmente unidos el uno al otro por la representatividad de los dirigentes políticos". El sistema político —los partidos y sus dirigentes—, para desempeñar su función mediadora, ha de ser "representativo", esto es, expresar los intereses sociales en toda su diversidad y complejidad. Sin cumplir con este requisito, el sistema político estará lejos de poder llevar hacia las instancias del Estado correspondientes las demandas que dimanan de la sociedad.
Sin embargo, no basta con la representatividad para garantizar que el sistema político va a desempeñar su función a cabalidad. A la par de la misma, se deben cumplir otros requisitos mucho más básicos, pero no menos importantes. El primero hace relación con un nivel educativo mínimo que deben tener los cuadros políticos, especialmente los que ocupan puestos de dirección partidaria. La ignorancia (a veces extrema) o la incapacidad manifiesta para efectuar el más elemental análisis social, económico o político no contribuyen en nada, sino que más bien ponen serios límites, a la función de intermediación propia del sistema político.
El segundo tiene que ver con una probada honestidad pública y privada de quienes se embarcan en la actividad política. Figuras políticas con un trayectoria personal oscurecida por actividades fraudulentas o que nunca han ocultado su propensión al delito anticipan un descalabro de los partidos que les dan cobijo y, por extensión, una perversión de la práctica política.
Por último, un requisito que no puede ser obviado es el que apunta a la conformación de las estructuras de mando al interior de los partidos políticos; es decir, a los mecanismos de elección y revocación de los mandatos partidarios. Estos mecanismos, para fortalecer al sistema político, tienen que ser democráticos; esto es, deben estar regidos por unas normas y procedimientos que posibiliten a las bases de los partidos, a través de votaciones internas, renovar a las cúpulas. En otras palabras, tiene que erradicarse la concepción tan nefasta para la democracia de que las dirigencias son las propietarias de los partidos.
A estas alturas, a pocos les quedan dudas de que el Frente es un barco que zozobra, que hace agua escandalosamente. El idílico comienzo de su proceso de elección de la formula presidencial ha culminado en las últimas semanas en un agrio encontronazo entre las dos corrientes que lo componen, los "reformistas" y los "ortodoxos". A tal grado han llegado las cosas que incluso los líderes del FMLN han desistido de continuar insistiendo en que el proceso en el que están inmersos es algo más que una pugna de fuerzas entre las dos corrientes del partido.
Reformistas versus ortodoxos es, simple y llanamente, lo que por ahora define al partido que en algún momento llego a poseer buenas probabilidades de desbancar a ARENA de la silla presidencial. Sin embargo, el fracaso del Frente no residiría, como algunos analistas han querido hacer ver, en lo poco democrática que ha resultado la elección de la fórmula presidencial, sino más bien en el tipo de respuesta que se está buscando para darle solución al atasco en el que se ha caído. Ciertamente, los tremendos errores organizativos y los desaciertos que se han cometido y se siguen cometiendo en las Convenciones Nacionales y en las reuniones de Consejo Nacional dejan mal parado al Frente ante el electorado, pero el principal desacierto del partido es pretender sanear la dinámica interna con un craso error externo, el cual podría reducir aún más sus posibilidades electorales.
Con el objetivo de zanjar las disputas que llevaron a que Héctor Silva y Héctor Dada abandonaran de forma poco decorosa la carrera por uno de los puestos de la fórmula presidencial, la línea reformista ha sacado su última carta en el juego: nominar a Facundo Guardado, líder de la corriente, y a Marta Valladares como la fórmula que competirá contra Avilés-Arias, la pareja de los ortodoxos, el próximo domingo. Al ser los primeros, según el decir de los efemelenistas, cuadros "pura sangre" —en alusión a su histórica pertenencia a las filas del partido—, se estaría despejando el peligro de un rechazo frontal por parte de las bases del Frente, cimentándose así los pilares para finalmente alcanzar una fórmula de consenso que reunifique al FMLN.
Con el nuevo movimiento al interior del partido, la pugna entre las corrientes parece querer interpretarse ya no como una disputa por quién detentará el poder en el Frente, sino más bien como quién, por su raigambre histórica con el proyecto de la izquierda ex armada, puede representarlo mejor antes sus bases. Así pues, lo que parecen estar sugiriendo los líderes del partido es que lo que obstaculizó el camino para que Silva o Dada pudieran alcanzar un puesto en la fórmula no fue el polo desde el que se originaron sus postulaciones, sino más bien la poca vinculación de ambos a las líneas sanguíneas de la realeza izquierdista.
En este punto, pues, se ahonda la confusión del Frente. Sea como sea que el proceso eleccionario de la fórmula presidencial se pretenda presentar, los líderes del partido parecen haberse confundido en algo fundamental de cara a las elecciones del 99: el resultado del proceso —la escogitación final de la fórmula definitiva— no necesariamente por satisfacer a una bases profundamente divididas y confundidas tendrá el mismo éxito frente a un electorado que, cansado de la política tradicional, acoge con apatía cualquier candidato político de línea partidaria dura.
Tal como se están manejando las cosas, lo obvio —lo que es bueno para la dinámica interna del Frente, per se no tiene por que ser bueno para su dinámica externa— no es evidente para los dirigentes del FMLN. Ya sea a raíz de la embriaguez propia del poder o debido al alejamiento de la realidad política del país, tanto ortodoxos como reformistas se encuentran tan ofuscados como para intentar dirimir sus disputas mediante el suicidio electoral.
Uno de los elementos esenciales por los cuales el FMLN logró ganar la elección edilicia fue haber presentado un candidato que a los ojos del electorado no estaba directamente vinculado a la rancia tradición izquierdista y que estaba rodeado de un equipo integrado por profesionales aparentemente apolíticos. Capacidad, novedad, frescura, y no pureza, fueran las notas que compusieron el gane del actual alcalde. Esta experiencia, actualmente, está siendo tirada por la borda en aras de la elección de una fórmula presidencial que en cuanto purista será políticamente anacrónica e ineficaz.
Posiblemente, la participación directa de Facundo Guardado en el desparpajo del Frente podrá al final resolver su grave polémica interna, pero no aportará nada a la necesidad de crear una estrategia que logre penetrar la incredulidad ciudadana ante figuras ya quemadas en la política tradicional. El domingo probablemente el FMLN resuelva de una vez por todas sus rencillas y logre concertar un pacto entre sus corrientes. Ello, al menos, sentará las bases para que ante un negro futuro electoral los ortodoxos y los reformistas puedan consolarse mutuamente y lamentar en unidad sus errores.
Los efectos de la recién aprobada Ley de Zonas Francas han sido objeto de intenso debate durante las últimas semanas, principalmente por sus posibles repercusiones sobre el sector productivo nacional. La propuesta de la citada ley de permitir la venta de un 100% de la producción de las empresas de la maquila ha provocado reacciones encontradas entre diputados, representantes de la empresa privada, gobierno e, inclusive, entre los mismos funcionarios de gobierno.
Mientras unos afirman que la nueva ley será de beneficio para la economía del país, otros sostienen que únicamente vendrá a provocar el colapso de numerosas empresas de los sectores industrial y agropecuario. Lo cierto es que la nueva Ley de Zonas Francas marca un importante cambio en relación a sus precedentes, que únicamente contemplaban la producción de las empresas ubicadas en zonas francas para fines de exportación.
La intención de promover la venta local de la producción de empresas en zonas francas es un salto cualitativo que no puede aceptarse sin más, como se hizo con la introducción de las zonas francas a principios de la década de 1970. Existen dos razones fundamentales para ello: la venta local de la producción implicaría someter a competencia desleal a los productores nacionales; y, segundo, supondría llevar las concesiones para la inversión extranjera hasta el límite, sugiriendo con ello que la única forma de desarrollarse es eliminando completamente las barreras para el ingreso de productos y empresas foráneas.
No es de extrañar entonces que la ley haya causado contradicciones de apreciación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en torno a sus posibles efectos sobre las empresas nacionales. Así, el Ministro de Economía, Eduardo Zablah, sostiene que la citada ley "no afecta al productor nacional", pero al mismo tiempo se vio obligado a aceptar posibles efectos negativos sobre el sector azucarero y sobre la pequeña y mediana empresa.
Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Quiñónez, se pronunció públicamente por introducir reformas a la ley, pues tal como está provocaría efectos negativos sobre la pequeña y mediana empresa industrial, así como en el sector agropecuario. Los argumentos más llamativos del MAG son, empero, los relacionados con violaciones a las cláusulas del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT por sus siglas en inglés).
Al respecto, el MAG sostiene que el hecho de que la ley contemple que los productos de empresas en zonas francas contengan un 50% de materia prima regional contraviene el artículo 3 del GATT, el cual establece que "los impuestos...así como las leyes y prescripciones que afecten la venta, compra, transporte o uso de productos en proporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional". Curiosamente, lo que sucede es todo lo contrario, pues se imponen proporciones de materias primas precisamente para no desproteger totalmente a la producción nacional. De la observación del MAG, lo que se desprendería es que debe eliminarse la prescripción de 50% de materias primas, con lo cual se dejaría aún más desprotegida la producción nacional.
En otro orden, a juicio del MAG, la nueva ley propone otorgar incentivos fiscales para las empresas de maquila de forma que éstas se encontrarían en una clara ventaja en relación a empresas similares ubicadas en el país, pero fuera de las zonas francas. En concreto, los artículos 11, 14, 17 y 19 de la citada ley proponen incentivos fiscales que, según el MAG, contravienen nuevamente convenios internacionales que persiguen una eliminación progresiva de los subsidios para el año 2003.
Los argumentos del MAG, aunque en apariencia persigan la protección de los productores locales, más bien parecen reflejar una postura que busca la eliminación de cualquier tipo de protección para la producción nacional. No obstante, constituyen una crítica abierta para las formulaciones del Ministerio de Economía. Este último, por su parte, se limitó a expresar que los argumentos vertidos por el MAG no son válidos, pues ha interpretado los convenios fuera de contexto y porque las zonas francas son un régimen especial que aún no recibe un tratamiento específico dentro del GATT.
Lo más importante de esta ley no debería ser si viola o no convenios internacionales, sino cómo va a contribuir al desarrollo del país. A criterio de gremiales como la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, la Cámara Agropecuaria y la Asociación Azucarera, la citada ley podría provocar cierre de empresas dedicadas a la actividad textil (por ahora, la más difundida dentro de las zonas francas) e incluso afectar al sector azucarero, ya que podría dar lugar al surgimiento de empresas dentro de zonas francas dispuestas a comprar su azúcar en el exterior y de esa manera disminuir la demanda de insumos nacionales, con lo cual afectarían el ingreso de los sectores azucareros y cañeros.
De hecho, durante los últimos días, las especulaciones en este sentido provocaron que se frustrara la venta de un ingenio estatal debido a que la rentabilidad de su operación se vería claramente amenazada con la nueva ley. Así, algunas versiones señalan que si, con la nueva ley, los consumidores industriales del producto pueden importarlo (aunque sea en un 50%), las ventas de los ingenios locales bajarían conjuntamente su rentabilidad. Probablemente por ello, después de dos días de subasta, no se logró vender ni siquiera la cuarta parte de las acciones del ingenio, pese a que sólo unas semanas antes existía muy buenas expectativas de su venta total a cuatro grupos de inversionistas.
Otras críticas han provenido de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y Social (FUSADES), quien sostiene que el artículo 204 de la ley es inconstitucional, pues persigue otorgar exenciones fiscales sin consultar a los correspondientes Concejos Municipales. Además, afirma que la ley crea un posible agujero para que las empresas en zonas francas logren evadir el Impuesto sobre Transferencia de Bienes en sus compras de insumos.
Como puede notarse, existe un mosaico de críticas para la nueva Ley de Zonas Francas que justificadamente señalan su carácter nocivo. Aunque se argumentara que la ley podría atraer mayor inversión extranjera y generar más puestos de empleo, tampoco debe dejar de mencionarse que provocaría reducción de la inversión y del empleo en empresas nacionales.
Este tipo de ley sugiere que el gobierno ya ni siquiera sirve a los intereses de la clase empresarial local, como lo hacía en el pasado reciente con la promulgación de leyes que favorecían la actividad cafetalera, algodonera, industrial y financiera. Por el contrario, la ley ignora totalmente los efectos sobre la producción nacional en aras de promover la inversión extranjera. Esta política en realidad no es nueva y se encuentra plasmada en otros instrumentos jurídicos como la ley de protección de la propiedad intelectual y la ley que regula el transporte, almacenaje y distribución de los derivados del petróleo.
Aun así, los cuestionamientos a la ley deben llamar al gobierno a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas que centren las expectativas del desarrollo en los sectores productivos nacionales y no en inversiones especulativas que gustan de "vacaciones fiscales".
Cuando se habla de salud pública y de cómo ésta llega a los diferentes sectores del país, es evidente que hay áreas mejor atendidas que otras. El área metropolitana, por ejemplo, cuenta con diferentes tipos de atención a la salud, desde improvisados puestos de atención hasta lujosos hospitales privados. Los hay de todos los precios y para todos los niveles sociales. Por el contrario, el área rural de El Salvador se encuentra alarmantemente afectada por un servicio de salud deficiente y, en ocasiones, inexistente. La cobertura que el sector salud proporciona en las áreas urbanas se expande a un 80% de su población, mientras que los pobladores de las zonas rurales solamente cuentan con un 40% de cobertura. Ahora bien, aunque el sector salud en el área rural es incompleto y deficiente tanto para hombres como para mujeres, estas últimas se ven en franca desventaja respecto de los primeros. Las mujeres, debido a su ciclo de vida y a su función reproductora, necesitan constantemente de atención médica y, al no encontrarla, su estado de salud se deteriora con mayor rapidez.
En este sentido, la etapa reproductiva y la función materna ponen en riesgo la salud de las mujeres y, por ende, la de sus futuros hijos. El organismo de la mujer supone necesidades específicas y nuevas atenciones mientras se encuentra en sus etapas de embarazo, parto y puerperio. Por su salud y la de su bebé, la mujer necesita una serie de atenciones médicas relacionadas con el embarazo, las cuales en muchas zonas rurales del país no se prestan. De hecho, la gran mayoría de partos en el sector rural son atendidos por parteras empíricas. Esto contribuye a aumentar la tasa de mortalidad materna e infantil. Más grave es el caso de las adolescentes con embarazos prematuros.
El Salvador tiene uno de los índices más altos de embarazos de adolescentes en América Latina. Las madres precoces corren mayor riesgo que una mujer embarazada en su período fecundo normal (entre 15 y 49 años de edad). Lo mismo sucede con los bebes, pues los efectos sobre ellos pueden ser: partos prematuros, niños de bajo peso al nacer o afectados por algún tipo de "trauma obstétrico" que impedirá su desarrollo normal posterior. Un embarazo prematuro puede provocar sobre la madre desgaste fisiológico agudo, debido a que la adolescencia es un período en el que se presentan muchos cambios biológicos y fisiológicos, pero que aún no están consolidados.
Otro de los aspectos importantes que afectan en gran medida a la salud de las mujeres y hombre del sector rural, en especial a las mujeres que esperan hijos, es la desnutrición, casi siempre acompañada de anemia. Este es uno de los problemas más comunes en los países en desarrollo, cuya presencia en las zonas rurales es más aguda. La anemia en embarazadas requiere de una atención especial, la cual no está al alcance de la mayoría de mujeres rurales. Por otra parte, se presenta el hecho de que las mujeres del campo tienen que realizar diversas tareas productivas, como la siembra y recolección agrícolas. Esas tareas suelen ser peligrosas, pues las personas que las realizan tienen que entrar en contacto con plaguicidas que, ocasionalmente, pueden causar insuficiencia respiratoria y otros efectos sobre el organismo, inclusive la muerte.
Las condiciones de salud en el área rural se ven deterioradas por muchos factores, además de los antes mencionados. El tener o no acceso a agua potable es uno de los más importantes. Algunas viviendas del área rural cuentan con cañerías intradomiciliares, otras tienen que proveerse de agua de pozos, ríos y otras fuentes. Las familias con menos suerte tienen que recorrer kilómetros para encontrar agua, aunque ésta no sea apta para el consumo humano. En el caso de los que no cuentan con agua potable, es conocido que aplican métodos de potabilización para el agua. Los más frecuentes son el uso de lejía, cloro o la ebullición. No obstante, hay gente que no cuenta siempre con estos recursos o, simplemente, desconocen los tratamientos para el agua. Hasta hace poco tiempo, sólo el 53% de la población contaba con servicio de agua potable. Aunque la cobertura se ha ampliado en los últimos años, aún hay poblaciones que no gozan de este beneficio. En el área rural, menos del 30% de los hogares cuentan con el servicio.
No es menos importante el hecho de que esta área no siempre tiene conexiones de alcantarillado y otros servicios de distribución de excretas. Hay comunidades que están abastecidas de letrinas, algunas de aboneras, otras de fosa o, en limitadas ocasiones, inodoros comunes o privados. Sin embargo, no es cosa rara que la gente haga sus necesidades fisiológicas en ríos, basureros y otros lugares públicos, agravando así la insalubridad ambiental de sus lugares de vivienda o trabajo. Muy cercano a este se encuentra el problema de la recolección y distribución de la basura. Muchas comunidades, cantones y caseríos desconocen el servicio de recolección de basura y no tienen contenedores apropiados para depositarla. Esto no deja otra opción que dejarla al aire, dando lugar al nacimiento de criaderos de insectos y ratas, mal olor y tóxicos.
No se puede hablar sobre el problema de la salud en el área rural sin tomar en cuenta una de las causas principales: la pobreza. La población del área rural está calculada en un 45% del total de salvadoreños. De este porcentaje, según diversas fuentes, un 31.1% se encuentra en pobreza relativa y un 35% en pobreza extrema, calculándose una tasa de desocupación del 9.32%. En tal sentido, alrededor del 60% de las familias de estos sectores perciben ingresos inferiores al costo de la canasta básica de consumo y la canasta básica alimenticia. La pobreza afecta de manera particular a las mujeres campesinas, pues no tienen acceso a tierras y recursos de producción. Así las cosas, su situación económica no les permite vivir en condiciones más o menos salubres, acudir a centros de salud o abastecerse de medicamentos y tratamientos.
A principios de septiembre, un periódico matutino publicó un artículo denominado "Cuando la pobreza mata", el cual evidencia justamente lo que aquí se está tratando. El artículo explicaba la situación de las mujeres de un islote indígena llamado Cacaopera, en el departamento de Morazán. "Aquí las mujeres mueren de enfermedades previsibles", expresa la publicación, al referirse a mujeres enfermas de cáncer uterino y muchachas jóvenes que han estado embarazadas hasta cinco veces, sin que ninguno de sus hijos haya nacido vivo. "La ignorancia y la miseria llevan al hacinamiento, al sexo temprano sin protección, a la violencia", señala el rotativo. Cacaopera es una de las tantas comunidades que no tienen acceso a salud y que no cuentan con ningún medio para tratar las enfermedades.
En el país la demanda de atención de salud se cubre a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ISSS, instituciones gubernamentales autónomas, instituciones privadas y ONG’s. Existen 110 unidades y 201 puestos de salud. Además, desde 1990, se han puesto en práctica medidas como: formación de recursos humanos, capacitaciones del equipo de salud en cuestiones de género, autoestima, atención a la problemática de la violencia intrafamiliar y el embarazo en adolescentes, entre otros. Sin embargo, la mayor parte de servicios se prestan en San Salvador y otras pocas zonas fuera de la ciudad capital. Lo cierto es que tres cuartas partes del país carecen de atención médica. Es preciso que las instancias encargadas ahonden en el problema de salud que afrontan los pobladores del sector rural salvadoreño.
El martes 15 de septiembre, durante el acto oficial para conmemorar un aniversario más de la independencia centroamericana, el ministro de Seguridad Pública lanzó acusaciones —muy serias y en serie— contra el trabajo que realiza el Instituto de Derecho Humanos de la UCA. Días antes, en la entrevista que de lunes a viernes conduce el periodista Mauricio Funes, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) también hizo alguna referencia crítica a nuestra labor. Para aclarar esas y otra afirmaciones, se convocó a una conferencia de prensa que se realizó el jueves 17; en ella, la UCA dejó establecido ante la opinión pública y sus detractores que no está fraguando ningún "complot" contra la PNC y que no existe ningún "contubernio cochino" para desprestigiar a ningún funcionario, como se llegó a decir —atrevida e irresponsablemente— en algún momento.
En realidad y para tranquilidad de don Hugo Barrera y el ingeniero Rodrigo Ávila, lo único que se busca desde el IDHUCA es avanzar en el esclarecimiento de los hechos en aquellos casos donde se han cometido una o varias violaciones a los derechos humanos; ello, vigilando el respeto a las garantías del debido proceso y empujando para que funcionen las instituciones. Hacía ahí apunta su involucramiento en casos como los lamentables y condenables asesinatos de Manuel Adriano Vilanova Velver y Ramón Mauricio García Prieto Giralt, cuyos familiares han sido victimizados todavía más con la tergiversación de las investigaciones y la negación de justicia.
Lo anterior, sin embargo, no es compartido por las máximas autoridades encargadas de velar por la seguridad de la población, que se empeñan en hacerle creer a la gente que esta lucha —emprendida por estas personas para lograr el cumplimiento de sus demandas— es el resultado de una "manipulación" orquestada desde el Instituto de la UCA, en aras de "favorecer a determinado partido político". Tal actitud no es más que una manera errada de justificar la falta de voluntad o de capacidad para llevar a cabo investigaciones profundas en estos y otros casos.
Así las cosas, en el citado encuentro con los medios de difusión el rector de la UCA —padre José María Tojeira— se dirigió a éstos de la siguiente manera: "Yo quisiera afirmar el respaldo institucional de la Universidad a la labor del IDHUCA. La conferencia de prensa está convocada por el IDHUCA. Con él se referirán Ustedes, especialmente con Benjamín Cuéllar, que es su director. Pero yo quisiera insistir que la Universidad apoya la labor del Instituto de Derechos Humanos. Es una labor, a mi juicio, muy extensa y muy amplia dentro del país, y muy necesaria. Extensa en lo que es educación en derechos humanos, en lo que es formación de personas en derechos humanos; y muy amplia porque hemos dado cursos incluso a la PNC sobre el tema de los derechos humanos. El otro aspecto más concreto y educativo es el de la defensa, apoyo y asesoría a personas que han sido víctimas en sus derechos fundamentales. En este terreno, la labor del IDHUCA no se centra en la simple denuncia sino que trata fundamentalmente de conseguir, a través del acompañamiento de las víctimas, que las instituciones del país funcionen realmente".
Además, el padre Tojeira continuó diciendo: "Lo que queremos no es armar escándalo, ni desestabilizar, ni crear problemas a la gobernabilidad del país sino que creemos firmemente que éste sólo será estable y gobernable cuando las instituciones funcionen. Y tenemos pruebas más que abundantes de que hay fallos institucionales. Nuestro trabajo consiste más bien en apoyar la institucionalidad, la legalidad del país, de que funcionen realmente las instituciones y que sean éstas las que garanticen los derechos de las personas; no nos creemos garantes de los derechos de las personas, pero sí nos creemos parte de las ciudadanía responsable en el país, igual que Ustedes, que quiere que las instituciones funcionen eficazmente. Mientras no funcionen eficazmente, seguiremos discutiendo el tema a través de los derechos humanos y de otras instituciones de la UCA".
El rector de la Universidad finalizó su intervención así: "Creo que la labor del IDHUCA es realmente amplia, positiva. Por supuesto que en algún momento podemos tener alguna equivocación; pero si la tenemos, tampoco tenemos problemas en reconocerla. En estos casos, en particular, se ha atacado injustamente al IDHUCA y por esa razón quiero —con mi presencia— darle el respaldo institucional, especialmente en situaciones tan sensibles como la del acompañamiento a víctimas que han sufrido en carne propia violaciones a sus derechos humanos, víctimas que están en estos momentos presentes con nosotros".
Por su parte, Gloria Giralt de García Prieto —madre de Ramón Mauricio— dijo que su familia rechazaba las acusaciones hechas al IDHUCA. "Somos personas maduras, adultas —afirmó tajante— y si nos avocamos al IDHUCA es porque no podemos confiar en esas investigaciones de la Policía que sobradamente a nosotros nos arrojan datos distorsionados de lo que en verdad es. Nosotros le damos las gracias al IDHUCA, que está en este país justamente para ayudar a personas que como nosotros no encuentran a dónde acudir".
Interrogada por los periodistas sobre el anuncio del director general de la PNC —hecho ese mismo jueves 17 por televisión— en relación a su disposición para reunirse con las familias Vilanova y García Prieto, junto al IDHUCA, doña Gloria sostuvo: "A nosotros nos extraña un poco, porque esta invitación se da muchísimo después de ocurridos los hechos. Por otro lado, nosotros ya le habíamos girado a él una invitación para una entrevista televisiva en febrero de 1997; diecinueve meses más tarde viene él con la respuesta a esta invitación. Ignoramos por qué se ha demorado tanto. Sin embargo, nosotros sí estaríamos dispuestos y estaríamos esperanzados de que tenga seriedad y que no vaya a ser una simple manera de aplacar los ánimos de esta ciudadanía que ya tiene conciencia de lo que está pasando en el país. Nosotros esperamos y confiamos en la buena fe de estas personas, porque nuestra buena fe está a disposición de las autoridades correspondientes y de todos los salvadoreños, porque estamos interesados en erradicar la impunidad de este país".
En lo referente al asesinato de su hijo, esta valiente madre recordó la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual "no se hizo a la ligera"; para ella, la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés realizó "una investigación exhaustiva del caso y emitió esa resolución". Asimismo, señaló que hasta el momento se encontraba preso y condenado uno de los hechores materiales. "Los otros dos presuntos hechores —aseguró doña Gloria— también están presos. Pero nos siguen amenazando, nos siguen todavía hostigando y atacando; entonces, tiene que haber una estructura detrás de los hechores materiales, porque ellos están presos y todavía sigue el hostigamiento a la familia. Además, al primero de los detenidos le fueron a quebrar la mandíbula en la cárcel cuando él intentó expresar algunas cosas. Nos parece que eso va más allá de tres personas para efectuar un asalto, como se quiso hacer creer".
Por último, la señora de García Prieto apuntó: "Lamentablemente aquí estamos hablando de impunidad y la impunidad es cometer hechos, delitos, sin que tengan sanción. Y, lógicamente, si los responsables tienen poder y acceso al manejo de la investigación, difícilmente van a dejar una prueba muy a la vista; y si a eso le agregamos que no ha habido intención de investigar, es muy difícil..." En el mismo tono se pronunció Rosalía Velver de Vilanova, quien de entrada expresó lo siguiente: "Esperamos un cese a la impunidad y que salga la verdad real a la luz; esas son, en concreto, dos cosas importantísimas. Que va a ser muy difícil, sí lo creo; pero imposible no, porque Dios podrá darnos una «manita» para que esto sea una realidad. Esperamos, pues no hay que perder las esperanzas, de que esto vaya a servir para mejorar las cosas y que se dé un cambio; creo que todos los salvadoreños lo necesitan".
Para doña Rosalía, la forma en que se quiso desviar desde un primer momento las investigaciones en torno al asesinato de su hijo es "una infamia, una patraña inventada no sé por qué razones, para cubrir otras cosas. Lógicamente yo no podía esperar una verdad de esas personas". Refiriéndose a "Zacarías" —aquél oscuro personaje venezolano de nombre Víctor Rivera, que trabajó en las sombras de las estructuras oficiales de seguridad pública— la señora de Vilanova comentó que "quería información; él estaba seguro de que yo sabía todo. Él lo que quería era conocer mi verdad, porque al principio dijo que «sabía que la clave estaba en Panchimalco porque todo estaba tan claro como el agua». Posterior a eso hubo un cambio: empezó a coaccionar a la gente en el lugar de los hechos, donde apareció mi hijo muerto; empezó a coaccionar para que ellos cambiaran sus versiones, para que dijeran que no sabían que había un muerto cuando desde mucho antes ya lo habían detectado. Cuando yo me dí cuenta de eso, consideré que no era confiable para nada; entonces yo le dije por teléfono que era un mentiroso y de que no creía en sus patrañas. Entonces me dijo: «Bueno Ud. debe saber la verdad». Sí la sé, le dije, pero no se la voy a decir. Y él me insistió porque quería forzosamente sacarme qué tanto sabía yo de eso".
Con la certeza de que los policías actualmente detenidos son los autores materiales del horrendo crimen de su hijo, doña Rosalía habló también de su convicción acerca de una autoría intelectual. "Yo no lo acuso a él (al ministro Hugo Barrera). Lo que sí puedo aseverar es que aquí, en la muerte de mi hijo, hay un autor intelectual; alguien que mandó a hacerlo, de arriba, con poder. Yo no puedo decir que sea él (Barrera) porque pudo ser cualquier otro. De lo que sí estoy segura es de que hay alguien detrás y que es hábil". En la conferencia de prensa citada, también el IDHUCA hizo hincapié en la necesidad de romper el muro de la impunidad que —pese a la firma de los acuerdos de paz— no se ha logrado derribar en nuestro país.
Lástima grande que en estos y otros casos la actitud de algunas instituciones estatales —a diferencia de la actuación de la Fiscalía General de la República— sea la de colocarse en una posición sumamente defensiva, acusando a las víctimas y a los organismos que las acompañan de pretender aprovechar esta época, antesala de las próximas elecciones, para "desprestigiar" al gobierno del doctor Calderón Sol. Falacia más grande no puede haber, pues son las mismas instituciones que no operan como debería ser las que están forjando su propio desprestigio. A nosotros lo único que nos queda —si realmente pretendemos ser coherentes con nuestra misión y responsables con nuestro pueblo— es empujar para que éstas funcionen. Porque los crímenes que nos ocupan no son noticia en el país y en el extranjero desde hace una semana, sino que ya llevan varios años en la mira de la opinión pública; sin embargo, hasta ahora no se ha logrado llegar al fondo. En el caso García Prieto, ni siquiera las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han cumplido a cabalidad. Es más: en cuanto a la profundidad de la investigación para establecer la autoría intelectual que se reclama, no se ha avanzado nada.
Ahora, las autoridades de seguridad pública han ofrecido una reunión con los familiares de las víctimas y han dicho que pedirán ayuda al Buró Federal de Investigaciones —FBI, por sus siglas en inglés— para esclarecer estos casos y el de la locutora Lorena Saravia, asesinada en agosto del año pasado. Dicho sea de paso, en la próxima entrega aclararemos el rol que le correspondió jugar al IDHUCA en el caso Saravia. El primer ofrecimiento ha sido aceptado por los señores y señoras García Prieto y Vilanova; en cuanto a lo segundo, no están de acuerdo pues ello significaría reconocer que durante todos estos años, después del fin de la guerra, no existe ni siquiera el mínimo de una Policía eficiente en la investigación de los delitos. Y esto último no es cierto: dentro de la PNC hay gente buena que puede desarrollar una labor aceptable si cuenta con los recursos para ello y no se le ponen obstáculos.
A la clase política centroamericana
A los diputados al PARLACEN
A los políticos visionarios de Centroamérica
A los partidos políticos
En esta fecha memorable en que se cumple un aniversario más de la independencia de Centroamérica, no puedo dejar de recordar que también se cumple un año más de la muerte de Francisco Morazán, segundo y último presidente de la Federación Centroamericana y mi memoria me es fiel recordando a un perseguido por proclamar la unidad de nuestra nación, Salvador Mendieta.
En esta Conferencia que reúne en San Salvador a la clase política de la región, sin distinción de credos o ideologías políticas, he creído oportuno divulgar mi último aporte, en las postrimerías de este siglo, al ideal unionista que distinguieron a Morazán y Mendieta de quienes me considero heredero y seguidor de sus luchas y sacrificios por la reconstrucción de la Unidad perdida.
Los libros: Pensamiento y Acción y Unión Centroamericana recién escritos.
Son la conciencia integracionista escrita en estas obras, que de palabra la he proclamado con tenacidad por más de una década y que reafirmo nuevamente en esta Conferencia de partidos políticos, la octava a partir de la primera, convocada por la presidencia de este Organo Parlamentario Centroamericano, el PARLACEN cuya paternidad me enorgullece, en octubre de 1992.
En sus páginas se propone la transformación del SICA (Sistema de Integración Centro Americano) actualmente vigente, en un verdadero Sistema Comunitario como lo dispusieron los presidentes reunidos en Managua, hace un año en 1997, sin embargo, no basta reordenar o simplificar el actual sistema de cooperación horizontal que lo distingue, es indispensable darle al Parlacen y a la Corte Centroamericana de Justicia, el verdadero papel o rol que les corresponde desempeñar y considerar el concepto moderno de —Soberanía Compartida ejercida en común, cuyos beneficios así mismo sean recíprocos y compartidos por igual—, que dé substancia a un nuevo —Tratado Unico— en donde las resoluciones se tomen por mayoría, substituyendo el consenso paralizante que mantiene a la integración política en el congelador.
Los partidos políticos son las pilares de la democracia, del sistema representativo, de eso no hay duda, sin partidos políticos no hay democracia moderna al estilo occidental, son los intermediarios entre la sociedad civil y el estado, tanto quienes gobiernan como quienes representan la oposición. Por lo tanto es a los políticos responsables y dignos representantes del pueblo a quienes les pido hoy, estrechen y levanten sus manos y prometan con un acto de fe, activar su ingenio y voluntad para construir la Unidad Centroamérica sin dilación alguna, porque no puedo apreciar en el mundo globalizado del próximo milenio, un futuro venturoso para nuestras naciones desintegradas.
En la primera Conferencia de Partidos Políticos de la región convocada durante mi presidencia del PARLACEN, por la unidad, la democracia y la paz en Centroamérica en el mes de octubre de 1992 al inaugurarla expresé una serie de conceptos vigentes al final de este milenio. Que el diálogo pluripartidista es un ritual de la democracia en donde se manifiesta el espíritu de la tolerancia y la reflexión de los políticos para arrojar una luz de razón sobre las sombras en que se mueven los prejuicios que la población tiene sobre las instituciones y el quehacer político.
Los centroamericanos debemos tomar parte, no sólo en la construcción de nuestra sociedad, sino en la edificación del nuevo orden de la sociedad global, singularidad imposible de alcanzar sin antes forjar nuestra nacionalidad, sustentada en la unidad política de la región.
El costo de la no integración o el simple retardo de la misma es todavía incuantificable, se debe comprender que la velocidad, en el espacio y en el tiempo del mundo actual globalizado, nos obliga a marchar con la misma celeridad de los punteros; esa responsabilidad corresponde hoy en día a los políticos y a los más altos niveles de decisión.
La política y la economía deben marchar de la mano y a la par, produciendo una interacción que acelere el proceso integrador, si esto no marcha, lo social sufrirá condenando a nuestros pueblos a la frustrante realidad de miseria y abandono en que se encuentran sumergidos; entre nosotros los problemas están revestidos de un carácter de mayor urgencia y en innumerables veces de emergencia.
Toda idea necesita maduración, por muy deseada que esta sea, y no florece si su hora no ha llegado. Esta afirmación va seguida de otra no menos importante que, llegada la hora, uno tiene que tomarla y trabajar con toda dedicación para ponerla en práctica; nuestra responsabilidad por consiguiente se orienta a multiplicar nuestro esfuerzo regional en materia política y económico social, para el fortalecimiento de la paz, la democracia y la práctica de un nuevo desarrollo que se define hoy en día como sostenible, que satisfaga la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades.
Los retos que enfrentan los países de Centroamérica al inicio del tercer milenio son enormes, diversos y complejos, y pasan por un serio y profundo análisis sobre la Globalización, la Regionalización y la constitución de las Macronaciones y su estructura jurídico política que adoptan o adaptarán en el futuro.
La visión del mundo globalizado y la perspectiva de desarrollo sostenible que tenemos derechos los pueblos de Centroamérica en los albores del tercer milenio me anima a proponer que se adopten de manera conjunta decisiones trascendentales capaces de cambiar el curso de la historia de los pueblos de la región, al encaminarse por la vía de la integración total, al reencuentro de su propia identidad como nación democrática, pluralista y pluricultural, cuyo valor fundamental se concibe como la Unidad en la Diversidad.
Señores políticos centroamericanos reunidos en San Salvador, en donde al igual que la ciudad de Bruselas, su Alter Ego en la Unión Europea, se concentrarán las instituciones comunitarias del futuro, como en Guatemala el PARLACEN o en Nicaragua, la Corte Centroamericana de Justicia, el tiempo apremia, es necesario actuar de inmediato transformando el Sistema de la Integración que rige en la actualidad, en un verdadero "Sistema Comunitario Centroamericano" como paso previo a la constitución de una sola y gran nación: Los Estados Unidos del Centro de América.
Yo nací guatemalteco de lo cual me siento orgulloso. Pero quiero vivir y morir centroamericano.
San Salvador, septiembre 17, 1998.
Roberto Carpio Nicolle
ARENA. El director Departamental de ARENA en La Libertad, Mauricio Zablah, se negó, el 18.09, a obedecer a la petición de dejar el cargo, junto al resto de la directiva, argumentando que no hay explicaciones justas para su remoción. La petición fue hecha, el 19.08, por el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), a través de una carta suscrita por el presidente del partido, Alfredo Cristiani. En base a esto, el diputado Walter Araujo aseguró que "no se trata de quitar a nadie, sino por el contrario, de llegar a fortalecer con nuevos elementos el partido". Por su parte, Zablah expresó: "que nos digan porqué nos han pedido los puestos, porque no se nos ha informado…si van a juramentar en la sucursal de la sede que nosotros tenemos a otra directiva". Según él, "esto es falta de ética, es falta de respeto a los derechos humanos de las personas". Sin embargo, Cristiani aseguró, durante la juramentación del Consejo Directivo Departamental de San Salvador, que el COENA no se ha peleado con nadie, "mucho menos con una arenero…el buen arenero jamás debe hablar mal de otro arenero". Cristiani dijo que el partido agradece a los "directivos salientes", entre ellos Zablah, pero que, para las elecciones de 1999, la Asamblea Departamental de La libertad necesita personas que "hagan las cosas un poquito mejor" (LPG 18.09 p.6 y 19.09 p.8).
ZABLAH. Ante el conflicto de la destitución de la Directiva Departamental de ARENA en La Libertad, el Director de la misma, Mauricio Zablah, expresó su descontento y acusó al Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, de estar detrás de la remoción y de desunir al partido. Zablah aseguró que el fondo del problema es que el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) no ha enviado ninguna notificación sobre "mal trabajo" o sobre alguna anomalía. Según dijo, el COENA ha mencionado algunas encuestas negativas en su contra, pero que no hay ningún elemento concreto para la destitución. Asimismo, aseguró que detrás de Alfredo Cristiani, quien firmó la carta de petición de renuncia, existen otras personas que "le hablan al oído. Dicen cosas negativas, pero no las positivas". A su juicio, estas personas pertenecen al Consejo Departamental de Santa Tecla. "Hay intereses personales, intereses serios como los del Ministro Mario Acosta", continuó. La decisión del COENA es, para Zablah, "una línea autoritaria que está fuera de la institucionalidad del partido". "No quiero confrontar, por eso no quería mencionar nombres. No quería que lo sacaran…lo digo sinceramente, porque no quiero seguir entablando pleitos con el Ministro, porque así como tan violento es él, así lo soy yo. No voy a permitir que me pisotee", sentenció. (LPG 19.09 p.10).
AUMENTOS. Las tarifas telefónicas locales podrían sufrir un aumento con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar los servicios de la telefonía inalámbrica, según explicó el presidente de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE), Dominique Saint-Jean. "Para sobrevivir en un mercado competitivo y ser los preferidos de los usuarios, France Telecom debe ofrecer los mejores servicios…los usuarios tendrán que pagar la calidad del servicio que se les ofrece, pues todo en la vida tiene un costo", argumentó. Además, explicó que las llamadas internacionales tendrían que bajar de precio, aunque no especificó porcentajes ni fechas de las regulaciones y su implementación. En este sentido, el Ministro de Hacienda, Enrique Hinds, aseguró que el precio de las llamadas locales no podría aumentar, pues la competencia no lo permitiría. Por otro lado, funcionarios de la Superintendencia de Electricidad (SIGET) dijeron que las tarifas del servicio telefónico permanecerán congeladas hasta el año 2002, a la vez que aseguraron que sólo pueden ser modificadas con la autorización de este organismo. El artículo 8 de la Ley de Electricidad y Telecomunicaciones especifica que las tarifas están congeladas y que, de incrementarse, sería en el mismo porcentaje que lo haga el Indice de Precios al Consumidor (IPC) (DH 19.09 p.26).
DISTURBIOS. Los vendedores desalojados de la Plaza Morazán generaron disturbios, el 18.09, en los alrededores de la misma, mientras intentaban retomarla por la fuerza. Unas diez personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y las balas de hule lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC). Según voceros de la Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento, se reportaron unos nueve intoxicados. El incidente dio inicio cuando el Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores, Pequeños Comerciantes y Vendedores (ANTRAVEPECOS), Vicente Ramírez, manifestó que se reunirían en la Alcaldía de San Salvador para tratar la problemática de los vendedores con el alcalde Héctor Silva y otras autoridades municipales. Al no obtener respuestas favorables, los vendedores se dirigieron a la Plaza donde se encontraron con un cerco de agentes metropolitanos y de la PNC, iniciándose así el enfrentamiento. Ramírez aseguró que con el retiro obligado de las ventas, 84 familias han resultado perjudicadas, de las cuales 69 socios estaban dispuestos a retomar la plaza. En este sentido, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades municipales y a los dirigentes de los vendedores para que entablen un dialogo, para lo cual ofreció "sus buenos oficios" (LPG 19.09 p.16).
FMLN. Victoria Marina de Avilés y Salvador Arias fueron propuestos oficialmente para la candidatura presidencial del FMLN, el 20.09, por el sector capitalino de ese partido. La decisión fue definida durante la Convención Departamental, obteniendo 416 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. Ante esto, el directivo departamental Miguel Saénz manifestó su satisfacción, a la vez que explicó que la convención ordinaria se realizó siguiendo las instrucciones estipuladas por los organismos superiores del Frente en la convención del pasado 29.09. Las propuestas oficiales de cada departamento serán presentadas a la Comisión Política, la cual, a su vez, las hará llegar al Consejo Nacional (LPG 21.09 p.8).
PDC. En relación a la repentina candidatura de Rodolfo Parker en el PDC, el Secretario General pedecista, Ronal Umaña, afirmó que su elección se debió a que necesitaban de una persona "joven , académico, empresario exitoso, que tuviera un nombre en la sociedad". Parker, señaló Umaña, aceptó la candidatura, la cual fue presentada a la Comisión Política y luego al Directorio Nacional que la aprobó. La candidatura de Parker obedece, según Umaña, a que el PDC no quiere políticos. "El es una persona cristiana, democrática y acepta el modelo de economía social de mercado alemán", argumentó (LPG 21.09 p.14).
