Año 19
Número 824
Septiembre 30
1998
ISSN 0259-9864
Editorial El FMLN opta por lo tradicional
Economía Políticas públicas, beneficios privados
Sociedad La delincuencia y la ineficacia policial
Derechos Humanos Legal y legítima lucha contra la impunidad (II)
El FMLN opta por lo tradicional
El FMLN eligió al fin a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república. Los electos son dos ex comandantes, representantes de la llamada ala renovadora del partido. Los derrotados fueron dos profesionales que no militaban en sus filas, representantes de la llamada corriente ortodoxa —o dura. De esta manera, el FMLN optó por elegir a dos de sus más conocidos militantes con una larga trayectoria militar, en lugar de políticos de izquierda, ajenos a sus luchas internas y sobre todo no vinculados al conflicto militar. El que los dos candidatos electos se hagan llamar renovadores no anula sus antecedentes, los cuales, sin duda, surgirán al calor de la campaña electoral, poniéndolos a la defensiva y desviando su atención de los problemas reales del país.
La elección fue posible porque el FMLN flexibilizó las reglas. En esta ocasión se votó por fórmulas y no por personas, imposibilitando así la conformación de una fórmula integrada por candidatos de ambas corrientes, y la cantidad de votos necesaria para ganar se redujo a una mayoría simple. Asimismo, influyó la moderación de los ánimos en el seno de la Convención, en lo cual la dirección del partido tuvo mucho que ver. Cabe destacar que los dirigentes de la corriente ortodoxa reconocieron con gran elegancia el deseo de la mayoría.
Ahora bien, éste es sólo el primer paso, porque ahora sigue la negociación con el Partido Unión Social Cristiana, con el cual el FMLN está intentando conformar una coalición. En teoría, ambos partidos deberán negociar las candidaturas de dicha coalición, lo cual abre la puerta a cambios no discutidos abiertamente, pues los social cristianos cuentan con sus propios candidatos. Pero más importante aún, la unidad del FMLN es una tarea pendiente. Pensar que la simple elección de dos ex comandantes renovadores elimina, de manera automática, las diferencias internas, que durante meses han mantenido en jaque al partido, es una ilusión peligrosa. El resultado mismo de la votación es un dato que no puede ser pasado por alto. Los triunfadores apenas obtuvieron una ventaja de 33 votos sobre sus adversarios. Esto sin olvidar que el voto de los más de cien delegados que no asistieron a la convención pudo inclinar la decisión en sentido contrario.
La división del FMLN no está causada por las candidaturas presentadas, sino por la pugna por el control del partido. Las candidaturas fueron instrumentos de esa pugna que, como no ha sido solventada satisfactoriamente, continuará protagonizando nuevas luchas y, simultáneamente, seguirá debilitando al partido, reduciendo sus posibilidades electorales frente a ARENA. El grito de unidad contra ARENA no pasa de ser un mero grito. Las consignas animan, pero no crean realidades. Aun cuando la necesidad política de derrotar a un enemigo común lograra unir al FMLN —tal como suele suceder— y éste triunfara en las próximas elecciones, la pugna por el poder hará muy difícil la conformación de un gobierno consistente, que satisfaga las aspiraciones de las mayorías salvadoreñas.
En consecuencia, el meollo del asunto no radica en un ejercicio democrático con el cual el FMLN se ha querido distinguir, sentando un precedente importante, sino en la solución que intenta dar a la lucha por el poder que se desarrolla en su seno. El FMLN pretende resolver su problema interno de unidad con mecanismos orientados a la consecución del poder nacional por medio de elecciones. Los ex comandantes renovadores puede que satisfagan los deseos de una buena parte de las bases del partido, pero no los de un electorado nacional, que busca otras alternativas. En el ámbito electoral, el FMLN cuenta ya con una porción importante del electorado, su voto duro, más inclinado a preservar su pureza; pero éste no es suficiente para derrotar a ARENA. Para triunfar, el FMLN debe ampliar su electorado más allá de esta esfera y aquí es donde alternativas nuevas, capaces y frescas son determinantes. Más que confirmar ante la sociedad su vocación democrática, el FMLN ha mostrado su falta de sintonía con los tiempos y las realidades políticas del país.
El FMLN confunde la democracia con su convención nacional. Aquélla es un medio para ordenar la vida colectiva, a partir de normas establecidas, reconocidas y respetadas por todos, mientras que esta última es un instrumento para proclamar candidaturas seleccionadas por medio de mecanismos más o menos democráticos y programas de gobierno, consensuados de antemano por las instancias internas de los partidos. No es usual convocar una convención nacional para elegir candidatos y mucho menos para discutir y aprobar un plan de gobierno. La razón es sencilla, la estructura de la convención no permite que los delegados discutan, decidan y voten con madurez política. Para eso están las llamadas elecciones primarias, de las cuales hay modalidades diversas, pero todas coinciden en permitir —unas más que otras, claro está— que las bases de los partidos expresen su voluntad respecto a los aspirantes a las candidaturas. El triunfador de las primarias es proclamado en la Convención.
En su afán por encontrar formas democráticas internas, el FMLN forzó sus posibilidades. Con todo lo importante que pueda ser, la democracia tiene límites. Pareciera que a base de insistir en ella se ha llegado a creer que puede resolver todos los problemas nacionales. Algo parecido a lo que sucede con el mercado. A ninguno de los dos debe pedírsele lo que no pueden dar. Al desconocer estos límites, el FMLN necesitó tres intentos para elegir a sus candidatos, cambió las reglas antojadizamente, dio argumentos a los otros partidos políticos para no seguir su ejemplo y empañó su imagen al no entregar lo prometido, en el tiempo previsto.
La experiencia política del FMLN está mostrando cuán difícil es pasar de un régimen militar a otro civil, de un esquema militar a otro político, de unas prácticas autoritarias a otras democráticas. En el FMLN aún pesan mucho sus orígenes militares y los años de guerra. El tiempo transcurrido desde su legalización no parece haber sido suficiente para abandonar la vieja lógica militar, más preocupada de que lo que hace o deja de hacer no favorezca a su adversario, que de hacer lo que debe hacer, independientemente de si ello favorece o no a su contrincante. Paradójicamente, los renovadores acabaron optando por lo tradicional.
Las reformas económicas impulsadas por el Estado han ofrecido resultados poco alentadores para la mayoría de la población, especialmente si se consideran los elevados niveles de pobreza prevalecientes. Deliberada o accidentalmente, las políticas públicas han generado cambios en las actividades productivas que sólo han provocado sucesivos procesos de concentración del ingreso y la riqueza.
La privatización es la más reciente reforma económica y apunta en la misma dirección, aunque con la variante de que permite la participación de inversionistas internacionales además de los nacionales. La reforma del Estado está resultando un gran negocio para las empresas internacionales que han invertido en las compañías de distribución eléctrica, en la telefónica y hasta en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los grupos locales con poder económico tampoco se han quedado atrás, ya que adquirieron los bancos que fueron reprivatizados a principios de la década de 1990, tienen una importante participación en las AFP y han adquirido empresas agroindustriales como beneficios e ingenios.
El siguiente paso del proceso de privatización es la venta de las generadoras de energía eléctrica, lo cual incluiría las generadoras termoeléctricas y las unidades geotérmicas ubicadas en los ausoles del departamento de Ahuachapán. Asimismo, se proyecta concesionar la operación de los campos geotérmicos del departamento de Usulután. Unicamente se estaría dejando en manos del Estado la operación de las cuatro represas hidroeléctricas construidas en el cauce del río Lempa y administradas por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
Asociados al proceso de privatización, se han venido observando una serie de efectos nocivos que no deben ser ignorados al momento de evaluar las políticas públicas: concentración de la propiedad de las empresas privatizadas, incrementos en las tasas de interés, concentración del crédito en actividades terciarias y alzas inmoderadas en las tarifas eléctricas y telefónicas, entre otros.
No ha sido posible de determinar con claridad la concentración de la propiedad de las empresas privatizadas, pero tampoco puede negarse que se han detectado indicios de irregularidades en la privatización —a principios de la década de 1970— de la banca, mientras que la privatización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica y de la empresa telefónica ha implicado la participación mayoritaria de grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Cualquier participación de los sectores de ingresos medios y bajos es muy poco probable y, de existir, no es significativa.
Aunque se han definido marcos legales para la venta de las empresas públicas que establecieron porcentajes para los grandes inversionistas, los pequeños y los trabajadores de las empresas; lo cierto es que desde sus inicios la privatización ha dado muestras de irregularidades. Primero, la venta de los bancos estuvo permanentemente rodeada de rumores sobre la utilización de estrategias para evadir las prohibiciones legales en cuanto al limite de acciones que podían ser adquiridas por un solo inversionista. Inclusive fue necesario que la Asamblea Legislativa promulgara una ley específica para mitigar la concentración en la propiedad de la banca.
Por otra parte, la privatización de las empresas eléctricas y de telefonía han implicado la participación de empresas extranjeras con gran capacidad de inversión, las cuales han llegado a adquirir un 51% de las acciones de la telefónica y hasta un 75% de las acciones de las empresas de distribución eléctrica. Las acciones restantes de estas últimas empresas fueron distribuidas en un 20% para los trabajadores y un 5% para inversionistas nacionales.
Un efecto indirecto de la privatización de la banca ha estado relacionado con los criterios de asignación del crédito prevalecientes en la nueva banca privada. Si en el pasado el crédito era concentrado por un pequeño grupo de agroexportadores, en la actualidad es controlado por sectores surgidos de la agroexportación, pero ahora dedicados a las actividades terciarias, abarcando desde el comercio hasta los servicios financieros.
En los últimos tiempos las tasas de interés se han elevado considerablemente como resultado de la gestión privada de los bancos, llevándolas a niveles que han hecho protestar hasta a las mismas gremiales empresariales, especialmente la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y otras gremiales agropecuarias. Considérese que la diferencia entre tasas activas y pasivas —o "spread"— se encuentra a niveles cercanos al 19% en algunos de los principales bancos, mientras que la tasa de inflación declarada por el gobierno para 1997 no llega ni al 2%. Obviamente, buena parte del aporte estabilizador de una baja tasa de inflación se pierde si las tasas de interés no se comportan coherentemente.
El panorama se complica aún más al considerar que la asignación del crédito durante la última década ha favorecido principalmente a las actividades comerciales y de construcción, relegando a un segundo plano la asistencia crediticia para el sector agropecuario, donde se concentra la mitad de la población del país y el mayor número de pobres. No es extraño entonces que el sector agropecuario se encuentre actualmente enfrentando contracciones en su producción a precios constantes.
La fijación de las tarifas es otro elemento muy delicado al momento de privatizar las empresas de servicios básicos. En el caso de la energía, las alzas fueron anunciadas casi inmediatamente después de que fueron privatizadas las distribuidoras. De hecho, se registraron alzas en las facturaciones que incluso motivaron reacciones de la Asamblea Legislativa y de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la cual terminó sancionando a algunas distribuidoras por los cobros indebidos. Con todo, se contemplan incrementos en las tarifas de la energía eléctrica que, por el momento, han sido absorbidos por el subsidio que el Organo Ejecutivo ha otorgado para el consumo de electricidad.
El caso más reciente de alzas pronunciadas en las tarifas ha sido el del servicio telefónico. Tan sólo unos días después de que la telefónica pasó a manos de sus nuevos operarios privados, se conoció que se proyectaba incrementar las tarifas del servicio telefónico local, al tiempo que se disminuirían las tarifas del servicio internacional. Este ajuste, similar al realizado hace dos años por la telefónica estatal, se implementaría a partir de diciembre próximo y durante 1999.
Los resultados de la privatización ponen cada vez más en claro que los mayores ganadores de este proceso son los grandes inversionistas. Difícilmente puede argumentarse que la privatización es beneficiosa para la mayoría de la población. Primero, porque no puede acceder a la propiedad de las compañías privatizadas y, segundo, porque al incluir a los servicios básicos la pone a merced de la voracidad de empresarios privados nacionales y extranjeros.
La privatización pudo haber sido beneficiosa si se hubiera garantizado el acceso de los sectores trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas. Tal como ha sido realizada, no ha sido más que una nueva prueba de la relación entre las políticas públicas y la búsqueda del beneficio personal de un pequeño grupo de empresarios, generalmente muy cercanos al gobierno, o de inversionistas extranjeros que están sacando partido de los diferentes procesos de privatización que son implementados alrededor de todo el mundo.
Ante el problema del presunto aumento de la delincuencia, la población en general, guiada por los encargados del sistema de seguridad, culpa a las reformas de los códigos penal y procesal penal; las leyes en general y especialmente dichos códigos son catalogados por la ciudadanía como muy débiles y que favorecen al delincuente.
La viabilidad de la pena de muerte, como una forma de paliar el fenómeno delincuencial, se ha vuelto a poner en el tapete de discusión en todos los sectores de la sociedad salvadoreña. La gente pide leyes más rígidas, aumentar el número de agentes de la PNC y capacitarlos mejor, así como fortalecer dicha institución.
No obstante, la percepción de la población es que la PNC realiza un buen trabajo y que el problema de la delincuencia radica en que los jueces favorecen al delincuente otorgándoles la libertad.
En la encuesta de opinión sobre delincuencia que realizó recientemente el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, el 39 por ciento de la población consultada opina que los jueces tienen mayor responsabilidad en el problema de la delincuencia; el 18.6 por ciento, que es la policía la mayor responsable y el 40.5 por ciento opina que ambos.
Incluso el director de la PNC, Rodrigo Ávila, asegura que la institución que dirige se encuentra atada de manos por el sistema de justicia del país y ha pedido en reiteradas ocasiones modificar los códigos de tal manera que le proporcionen a la Policía cierta libertad para actuar.
Si bien es cierto que las reformas a los códigos penal y procesal penal tienen una cuota de responsabilidad en el hecho de que la delincuencia no disminuya, no se puede resumir este problema en un sólo aspecto; es necesario tomar en cuenta que las raíces de la existencia de dicho fenómeno son estructurales y complejas, por tanto su combate y disminución va a depender de medidas del mismo tipo.
La persistencia de la delincuencia también se debe a que la efectividad en la persecución del delito es muy poca. No se puede disminuir la delincuencia si los robos, asesinatos, violaciones, etc. no son investigados y si no se producen capturas. Según un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 1996 ocurrieron un total de 6,792 homicidios, mientras que por este delito sólo se capturó a 415 personas; es decir, un total de 6.1 por ciento de los presuntos homicidas. Por otra parte, un columnista de El Diario de Hoy asegura que el 90 por ciento de los robos de carros, estafa, secuestros, contrabando, narcotráfico, etc., nunca se esclarecen. Por exagerado que pueda parecer, es posible que el columnista no está tan lejos de la realidad, ya que según datos de La Prensa Gráfica, en los últimos tres años, cerca de 20 mil personas fueron víctimas de homicidio, pero sólo mil 500 personas fueron llevadas a juicio por estos crímenes, el resto de asesinatos seguramente permanece archivado en la Policía o en la Fiscalía.
La falta de efectividad de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana puede deberse a que no tienen capacidad para atender la cantidad de denuncias que se presentan a diario, o a que no cuentan con los mecanismos necesarios para que todos los casos sean resueltos (el área de investigación de delitos de la PNC no cuenta con suficiente personal, asegura reiteradamente su director). Para combatir la delincuencia, es necesario la creación de una estructura especializada en información y análisis con el fin de anticipar y contrarrestar los hechos delictivos.
Constitucionalmente, es obligación del Estado proporcionar seguridad a la ciudadanía; sin embargo, el 72.3 por ciento de la población que el IUDOP consultó en la encuesta sobre delincuencia opina que el gobierno no está resolviendo el problema de la delincuencia y las razones que más aducen es porque no hace nada (49.3 por ciento) o simplemente es incapaz de hacerlo (18.2 por ciento).
Pero muy poco puede hacer el gobierno o las instituciones como la PNC o la Fiscalía sin la colaboración de la ciudadanía; es necesario que las personas olviden el miedo y comprendan que para hacer justicia primero se tiene que denunciar el hecho. Las autoridades no pueden actuar si no existe denuncia. De 315 personas asaltadas, desde enero a abril de 1998, tan sólo el 29.2 por ciento denunció el hecho según datos del IUDOP. La población permanece callada e indiferente ante la violación de sus derechos o de los derechos de los demás.
Personas que denunciaron el hecho
Por otra parte, para que una persona sea encarcelada o castigada según la ley, la fiscalía y los jueces también necesitan de testigos que comprueben la comisión de un delito, pero muy pocas personas lo hacen, y quienes se atreven tienen que sufrir distintos tipos de intimidaciones o amenazas, ya que en el país no existe un mecanismo de seguridad para los testigos.
Probablemente las reformas a los códigos no se adaptan a las necesidades del país; sin embargo, en la medida en que la población colabore con el sistema de justicia y denuncie los hechos, se podrá lograr que la eficiencia de dichos códigos sea mayor. En el combate a la delincuencia tiene que ver toda la sociedad salvadoreña, no sólo las leyes o quienes las aplican, es necesario que tomemos nuestra cuota de responsabilidad y seamos también actores de la seguridad ciudadana.
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Colaboración de Leida Monterroza, Analista del IUDOP
En medio de la polémica desatada tras las desafortunadas declaraciones de los altos funcionarios de la Seguridad Pública contra el IDHUCA, éste dejó sentada de manera clara su posición con las palabras de su director en la conferencia de prensa del jueves 17 de septiembre. "De parte nuestra la primera respuesta que tenemos ante esos señalamientos —dijo Benjamín Cuéllar— es nuestro trabajo profesional, apegado a una labor humanitaria definida desde el inicio del Instituto, en agosto de 1985. Es esa la mejor prueba que tenemos para demostrar que todo lo dicho hasta ahora no es cierto. En segundo lugar, creo que hay otras cosas concretas que pueden ayudar a esclarecer todavía más nuestra postura". Esas "cosas concretas" se detallan a continuación.
Los casos García Prieto y Vilanova no están "sonando" en el país desde hace poco tiempo. Estos lamentables hechos —porque ocurrieron y se les ha negado justicia a las víctimas— han tenido destacada cobertura por parte de los medios en el país y el extranjero. Son noticia porque las familias afectadas no fueron escuchadas y se pretendió descalificarlas, dificultándoles mucho más la posibilidad de llegar hasta quienes ordenaron actuar contra los jóvenes fallecidos y la de repararles —siquiera parcialmente— el daño que les causaron. El caso Saravia, por su lado, fue noticia desde el inicio por la ocupación de la víctima; pero después lo fue mucho más por la "mala calidad" de las investigaciones y todas las versiones que alrededor del mismo se han lanzado.
Mauricio y Gloria, padres de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, junto a Carmen —su esposa— empezaron a ser noticia pocos meses después de la tragedia que trastornó y transformó sus vidas. Su calvario comenzaría a "sonar" y a ser conocido dentro y fuera del país a partir de la conciencia que esta familia fue adquiriendo sobre la falta de justicia en nuestro territorio y de su decisión inquebrantable de obtenerla a pesar de las dificultades.
Tanto el conocimiento de ese mal —que no es otra cosa que la impunidad— como la determinación de luchar por la reivindicación de su derechos pisoteados en aras de la transformación real de El Salvador, son el resultado de un proceso acumulativo gestado alrededor de su dura experiencia. Tras haber tocado las puertas de la institucionalidad estatal teóricamente competente sin lograr avances sustanciales, comprendieron que debían recurrir a organismos de la llamada "sociedad civil" y a otros pertenecientes a los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Por la franca incapacidad oficial para cumplir con su misión fundamental establecida en el primer artículo constitucional, el cual señala que se "reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común". Así, el caso ahora está en trámite dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fijó el martes 6 de octubre para recibir y escuchar —por segunda ocasión— los alegatos de las partes demandante y demandada.
Con relación al caso Vilanova, éste se conoció ampliamente desde que en septiembre de 1995 apareció —en estado de descomposición, al fondo de una barranca— el maltratado cadáver de Manuel Adriano. Pocos días después, al terrible hallazgo se sumó el esfuerzo de un medio escrito y, particularmente, la valiente y acuciosa investigación periodística de una de sus reporteras que —arriesgando mucho— reveló la participación de un grupo de policías. Esto último fue reconocido por el director del IDHUCA durante la antes citada conferencia de prensa, destacando que sin ese trabajo de indagación y seguimiento por parte de los medios en sus diversas expresiones, ni los reclamos de las víctimas de violación a sus derechos humanos ni la labor del IDHUCA tendrían suficiente eco en la sociedad salvadoreña. Mientras tanto, los responsables de la seguridad pública —algunos de los que siempre nos acusan de "politizar" los casos o de confabularnos contra ellos— se empeñaban en propagar versiones absolutamente absurdas sobre las causas que originaron la trágica muerte de Manuel Adriano: dijeron que era el resultado de un accidente de tránsito y hasta que se había suicidado. Dieron este tipo de versiones e incluso el Instituto de Medicina Legal fue utilizado para enmarañar aún más las investigaciones.
Aquí cabe aclarar el papel que le tocó jugar al IDHUCA en el caso Saravia. Cuando en septiembre del año pasado —recién asesinada la locutora de la Radio Corporación Salvadoreña— llegaron a nuestras oficinas cuatro elementos de la PNC identificándose como los integrantes del grupo encargado de investigar tal hecho, procedimos a realizar el trámite que regularmente se sigue con cualquier persona que acude a solicitar nuestros servicios: los escuchamos y tomamos su declaración ante notario. La firmaron, se fueron y no pasó a más pues en estas situaciones actuamos dependiendo de lo que quieran hacer y hasta donde quieran llegar las personas que se nos acercan. Por nuestra parte, el contenido de dicha acta no lo conoció la prensa ni fue utilizado para desprestigiar públicamente a ningún funcionario.
Pero las cosas cambiaron en febrero del año en curso, cuando uno de los miembros del grupo —específicamente el jefe del mismo— se presentó nuevamente al IDHUCA e informó sobre una serie de hechos que, de ser ciertos, constituirían delito. Así, este policía rindió su declaración sobre un presunto fraude procesal cometido por elementos de la División de Investigación Criminal de la PNC. Tras realizar nuestras propias indagaciones y ampliar la información al respecto, procedimos a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad oficial competente —la Fiscalía General de la República (FGR)— y fue ésta la que, en adelante, impulsó las acciones pertinentes en aras de dar cumplimiento a su misión constitucional: la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad. Procedimos, pues, como debería hacerlo cualquier persona o institución responsable y comprometida con la verdadera transformación de El Salvador. De esa manera, al no brindar nunca declaraciones públicas sobre este caso, nadie puede acusarnos de haberlo "politizado".
Dentro de esa lógica, también es válido traer a cuenta parte de las afirmaciones del director del IDHUCA ante los medios de prensa, el jueves 17 de septiembre. "Nosotros —aseveró Cuéllar— somos de esas instituciones que desde su propia competencia, desde su particular área de trabajo y no desde otra, también hemos cuestionado al FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ). Por eso no tiene razón quien dice que lo favorecemos con esto. Ustedes estarán de acuerdo si cubrieron la conferencia de prensa que ofrecimos el 15 de julio de este año, trece días después que el FMLN levantó todas sus manos en la Asamblea Legislativa —menos una— para apoyar el nombramiento de quien todavía se encuentra sentado en la silla del procurador para la defensa de los derechos humanos. En esa ocasión, el IDHUCA denunció públicamente al FMLN por estar, con esa acción, obstaculizando el camino para la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos de todas las personas". No hay más que hablar si a lo anterior se agregan las posiciones críticas de la UCA hacia ese partido, que aparecen —cuando ha hecho méritos para ello— tanto en este semanario como en la Revista Estudios Centroamericanos (ECA) y la Radio YSUCA.
Durante una entrevista por televisión en la mañana del mismo jueves 17 de septiembre, el ingeniero Ávila habló de su disposición a reunirse con las familias García Prieto y Vilanova, así como con personal de la FGR y del IDHUCA, para "aclarar todo". Interrogado por los representantes de los medios al respecto, Cuéllar dijo: "Si hemos estado dispuestos a presentar estos casos y conversar ante la Comisión Interamericana, ¿cómo no vamos a estar en la disposición de trabajar con las instituciones del país? Lo que queremos es que esta reunión no sea una más, como las que ya se han tenido. Porque no es la primera vez que nos vamos a reunir: después de la audiencia anterior ante la Comisión por el caso García Prieto, en octubre del año pasado, nos reunimos en sus oficinas con el director de la PNC y sus más altos funcionarios. En ese entonces pedimos el cumplimiento de las medidas solicitadas por la Comisión que —por una lado— iban en la línea de garantizar la seguridad de las víctimas, de los testigos y de sus asesores; por el otro, planteaban la necesidad de profundizar la investigación del caso".
De este lado —víctimas de la violencia y la injusticia, junto a las instituciones que las acompañamos— no existe ningún impedimento para reunirse y dialogar, pese a todo; la dificultad está cuando tales conversaciones no se traducen en avances concretos y sustanciales en estos y otros casos. Pero para sentarnos a hablar en función de lograr esos avances, también se deben evitar acusaciones ligeras e irresponsables que contaminan el ambiente. Porque además de todo lo señalado antes, también se llegó a decir —por ejemplo— que en el IDHUCA recibíamos a cualquier persona y que inmediatamente, sin más, le creíamos la "historia" que nos contaba; se dijo, además, que a quienes no dábamos crédito era a los altos jefes policiales. Cabe aclarar que lo anterior es cierto, pero sólo en parte: recibimos a toda la gente que desea platicar, principalmente aquella que ha sido víctima de una injusticia; también recibimos personas que nos quieren entregar información, porque les inspiramos alguna confianza; es muy probable que en algún momento hayamos recibido delincuentes; de igual forma, nos han visitado políticos de todo signo y altos funcionarios del actual gobierno. Y todas las personas han sido escuchadas. Pero sólo creemos en aquellas que nos hablan con sinceridad; en aquellas que nos presentan indicios sólidos y suficientes para sostener lo que dicen.
Como nuestro objetivo es el de lograr justicia para las víctimas y contribuir a que la población comience a percibir —con hechos concretos, no con discursos— que el país empieza a transformarse, estamos dispuestos a entablar un diálogo honesto que nos conduzca a obtener resultados positivos. En ese sentido, refiriéndose a las familias Vilanova y García Prieto, Cuéllar expresó en la conferencia lo siguiente: "Estas personas que están aquí, que no son militantes de ningún partido político ni pueden ser tachadas de delincuentes, que no forman parte de "complot" alguno, se están convirtiendo poco a poco en un ejemplo para que la población vaya perdiendo el miedo, deje de agachar la cabeza y comience a buscar respeto a sus derechos a través de medios racionales, evitando así que la gente se incline hacia las salidas ilegales y violentas como las de comprar la justicia o de ejercerla por mano propia".
Ahora, la prioridad de todas y todos debe ser la de lograr que la población use las instituciones y las haga funcionar bien, para garantizar la vigencia de sus derechos y libertades fundamentales. Porque, fuera de eso, no nos queda mayor cosa: la comunidad internacional, que nos acompañó durante años en este campo, ya no está tan interesada en la situación salvadoreña; entonces, nosotras y nosotros debemos avanzar con lo que tenemos. Por eso, en el boletín de prensa distribuido durante la conferencia de prensa, el IDHUCA invitó a las autoridades de Seguridad Pública para que junto a todas las instancias y personas involucradas —Ministerio Público, Órgano Judicial y víctimas de la violación a su derecho de acceder a la justicia— se hagan esfuerzos serios que contribuyan eficazmente a superar la impunidad en el país.
"La impunidad —sostuvo el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA— no se va a superar por decreto o sólo con los acuerdos entre las partes que hicieron la guerra y que ahora dicen estar construyendo la paz. Sí se superará en la medida que se obtengan y se vean resultados concretos que animen a la población a denunciar, a ocupar las instituciones y hacer que el sistema funcione. Si no se hace eso y si la actitud es la contraria —"enconcharse", defender lo indefendible y atacar a quienes están presentando pruebas ante las autoridades correspondientes— se continuarán poniendo en peligro los pocos logros alcanzados en El Salvador".
Presentamos a continuación el discurso ofrecido por el Presidente Armando Calderón Sol en el Quincuagésimo Tercer Período de Sesiones de la ONU
Señor Presidente:
Permítame iniciar, manifestando nuestro pesar por la pérdida de vidas humanas, destrucción y daños materiales causados por las inclemencias de la naturaleza en las naciones hermanas del Caribe, con las cuales nos solidarizamos y exhortamos a la comunidad internacional a que pronta y generosamente otorguen ayuda de emergencia para enfrentar la crisis.
Señor Presidente:
Expresamos a su excelencia nuestras sinceras felicitaciones por haber sido elegido para dirigir los trabajos de este período de sesiones, distinción que goza de nuestro personal beneplácito, en virtud de que con su país nos unen excelentes relaciones de amistad y cooperación. Agradecemos los esfuerzos de su antecesor, su excelencia Hennady Udovenko, por sus esfuerzos en la promoción de los objetivos de las Naciones Unidas, particularmente en los orientados a impulsar las reformas de esta organización. Al Señor Secretario General, le expresamos nuestro reconocimiento por su destacada actuación en el cumplimiento de su mandato, dentro de un entorno internacional sumamente complejo y con una diversidad de intereses. Por ser ésta mi última participación como Presidente de la República de El Salvador, deseo reiterar nuestro reconocimiento y gratitud a esta organización por haber sido un factor determinante en la suscripción y verificación de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador.
Desde el inicio de nuestra administración, declaramos la voluntad política y el compromiso de nuestro gobierno por cumplir con los Acuerdos de Paz plenamente, y nos satisface haberlo hecho, no obstante las dificultades y obstáculos que se presentaron en el camino.
Podemos afirmar que en El Salvador, se han producido profundas transformaciones, que han tenido como resultado la sustitución del autoritarismo, el abuso del poder y la impunidad, por un sistema fundamentado en el estricto respeto a ley y en los principios y valores de la democracia.
El establecimiento de la paz y la consolidación de la democracia, ha permitido fortalecer el estado de derecho en El Salvador, garantizando la total independencia de los órganos fundamentales del Gobierno de la República, así como los derechos de las personas. También nos ha permitido impulsar una estrategia del desarrollo económico en función del desarrollo social, con énfasis en la erradicación de las causas generadoras de la pobreza.
El Salvador tiene ahora una economía sólida y en progresivo crecimiento, que goza del reconocimiento y confianza internacional. Estamos realizando un exitoso plan de modernización del país, buscando la mayor eficiencia, productividad y competitividad, siendo un componente importante la eliminación de monopolios estatales mediante la privatización en competencia, de sectores tales como la energía, telecomunicaciones y previsión social. Estamos implementando una política económica de promoción de las exportaciones y de atracción de inversiones extranjeras, con el fin de estimular la producción, la creación de más oportunidades de trabajo y un mayor aprovechamiento de la apertura de los mercados internacionales.
Hemos privilegiado la ejecución de programas de promoción humana y progreso de las comunidades, especialmente en los sectores más necesitados y vulnerables de la sociedad, destinando para ello crecientes porcentajes del presupuesto nacional a la educación, la salud y la vivienda.
Como un complemento de la estrategia de combate a la pobreza, la Secretaría Nacional de la Familia realiza programas de apoyo a la mujer, a los niños y personas de la tercera edad. En razón de la importancia que le damos al tema ecológico, creamos el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y se promulgó una ley de carácter especial sobre la materia, con el propósito de buscar soluciones a los serios problemas ambientales que enfrenta nuestro país y el mundo. Nos complace informar que actualmente se están realizando, en todo el país, consultas sobre la concertación de un proyecto de acuerdos básicos para un plan de nación; mediante un acuerdo general de los distintos sectores representativos de la sociedad salvadoreña.
Nuestra mayor aspiración es que estas bases para el Plan de Nación propicien la participación de todos los salvadoreños en el proyecto común de nación, con visión de largo plazo, en el que se conjuguen los intereses de todos sin distinciones ni condiciones político-ideológicas, que constituirá el segundo gran acuerdo político, después de los Acuerdos de Paz.
Señor Presidente:
El Salvador es un fiel impulsor de la integración centroamericana, y juntamente con los demás gobiernos y sectores privados de la región, estamos avanzando en la actualización de los instrumentos jurídicos y en el fortalecimiento de las instituciones que constituyen el Sistema de la Integración Regional.
Desde una perspectiva multilateral, hemos participado y apoyado las declaraciones y planes de acción de las cumbres y conferencias internacionales, asumiendo con responsabilidad los compromisos en cuestiones ambientales, de derechos humanos, aspectos sociales, desarrollo de la mujer, derecho del niño, población y combate a la narcoactividad, entre otros.
Señor Presidente:
Los cambios profundos que se han producido en los últimos años, han tenido una fuerte incidencia en el sistema internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, creándose un consenso sobre la necesidad de su reestructuración, para que responda eficientemente a la solución de los problemas globales, particularmente de los países en proceso de desarrollo. Creemos, que los Estados miembros debemos aunar esfuerzos, tomar una actitud solidaria, asumir responsabilidades y lograr entendimientos para promover los cambios que requiere la Organización para el pleno cumplimiento de su mandato.
Apoyamos la ejecución de las propuestas del Sr. Secretario General para completar el proceso de reestructuración de la Secretaría General, y abogamos por un cambio de actitud para reformar sustancialmente el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios.
Señor Presidente:
Observamos satisfactoriamente los progresos alcanzados en la situación política mundial, pero no podemos dejar de expresar preocupación por la fragilidad de la paz y la estabilidad en algunas regiones del mundo, derivada de la persistencia de conflictos, incumplimientos de acuerdos, estancamiento y posibilidad de ruptura de procesos de paz, actos de terrorismo, hostilidad y desconfianza entre los Estados. Manifestamos nuestra preocupación por el estancamiento del proceso pacificador en el Medio Oriente, por lo que nos permitimos exhortar a las partes, a la búsqueda de una pronta solución, de conformidad con los acuerdos suscritos.
En el preámbulo de la carta se declara que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra y a unir esfuerzos para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Lamentablemente, no todos los Estados miembros están convencidos y dispuestos a poner en práctica esos postulados para alcanzar objetivos de interés global.
Los ensayos nucleares realizados recientemente, son contrarios a los esfuerzos que realizamos para lograr un mundo libre de armas nucleares. Hemos apoyado toda iniciativa para garantizar un mundo más seguro para nuestros pueblos y un espíritu de solidaridad internacional, me complace informar que El Salvador depositó, a principios de este mes el instrumento de ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares.
Señor Presidente:
Estamos convencidos que el terrorismo en cualquiera de sus formas, representa una afrenta a los principios civilizados de la humanidad, y constituye una conducta criminal que condenamos enérgicamente, y que no puede ser justificada por consideraciones políticas, ideológicas, filosóficas, étnicas o religiosas. Sobre esa base, condenamos los atentados terroristas en Kenia, Tanzania, Sudáfrica e Irlanda del Norte, que causaron la pérdida de vidas inocentes, miles de heridos y destrucción de bienes materiales.
Por ello, nos solidarizamos con la resolución 1189 (1998) del Consejo de Seguridad, por medio de la cual se hace un llamado a todos los Estados e instituciones internacionales para que cooperen, apoyen y den asistencia a las investigaciones para el debido juzgamiento de los autores intelectuales y materiales de esos condenables actos.
El Gobierno de El Salvador, reconoce y apoya los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir enérgicamente la narcoactividad, y reafirmamos el compromiso que asumimos en la declaración política sobre principios rectores y en las medidas de fomento de la cooperación internacional, que adoptamos durante la sesión especial de la Asamblea General en el mes de junio recién pasado.
El Quincuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Quinto Aniversario de la Declaración y Programas de Acción de Viena, son fechas importantes para reflexionar sobre los progresos alcanzados en el goce efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, representa también una oportunidad para que todos los Estados renovemos el compromiso de cumplir con las obligaciones contraidas, al ser parte de los instrumentos jurídicos internacionales que protegen y promueven esos derechos.
Señor Presidente:
El Salvador reafirma su apoyo al restablecimiento de los derechos de la República de China en Taiwan como Estado miembro de esta organización, porque creemos que es de justicia respetar la voluntad soberana y las aspiraciones de su población, de conformidad con el principio de universalidad que consagra la Carta Constitutiva de Naciones Unidas.
Señor Presidente:
Las transformaciones ocurridas en el escenario internacional después de la Guerra Fría, no han reducido la brecha entre los países desarrollados y los que se encuentran en proceso de desarrollo, más bien se ha profundizado.
La globalización, la liberalización e interdependencia que caracterizan al nuevo orden internacional, representan desafíos y oportunidades que muchos de nuestros países no pueden aprovechar adecuadamente por sus limitaciones.
La integración al mundo competitivo requiere recursos, tecnología y financiamiento que trasciende las capacidades nacionales de los países menos desarrollados, situación que sólo podrá superarse con la participación de los países de mayor desarrollo.
El Secretario General nuevamente ha expresado en su memoria sobre la labor de la organización, que el volumen de la ayuda externa a los países en desarrollo ha disminuido de manera constante durante el decenio actual, y que buena parte de ella no se ajusta ni se destina a las necesidades de los países receptores.
El Salvador hace una exhortación para que los países donantes se esfuercen por incrementar su cooperación para el desarrollo y en especial que las potencias industrializadas faciliten el acceso a sus mercados a los productos de los países de menor desarrollo.
Señor Presidente:
Los grandes progresos alcanzados en los últimos tiempos en todas las ramas del conocimiento humano, pero también notamos la necesidad de dedicar mayores esfuerzos para solucionar los problemas básicos de la mayor parte de la población mundial. Si queremos cumplir el anhelo de un mundo libre de pobreza, de guerras, drogas, criminalidad, terrorismo, degradación ambiental, debemos unificar esfuerzos para que conjuntamente encontremos nuevos mecanismos y cursos de acción, que nos conduzcan a una pronta solución a los problemas y preocupaciones que afectan a nuestros pueblos. Imploramos la sabiduría y ayuda del Dios de las Naciones, para que en todas las latitudes de la tierra reine la paz, la armonía, la solidaridad y el progreso.
Muchas gracias.
CODIGOS. La Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime, el 24.09, 27 reformas al Código Penal, las cuales pretenden favorecer el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate delincuencial. La única propuesta de reforma devuelta fue la de allanamiento sin orden judicial, pues algunos partidos opinaron que ésta podría contradecir la Constitución de la República. Una de las reformas consiste en la supresión del artículo 176 del Código vigente, la cual prohibe el allanamiento durante el transcurso de la noche. Con las reformas, la PNC podrá realizar estos operativos durante las 24 horas del día, previa orden judicial. Asimismo, se omite la existencia de dos testigos durante un registro o requisa, dejando como únicos requisitos la firma del policía y de un funcionario a cargo del registro en el acta de inspección. Walter Araujo, de ARENA, aseguró que las reformas demuestran que "tenemos un régimen constitucional que proteger y [tenemos] derechos y garantías que nos están haciendo un pueblo democrático y civilizado". Actualmente, sólo quedan pendientes de estudio dos artículos: el 48 del Código Penal, sobre la reducción de penas, y el 177 del Procesal Penal, que contiene los allanamientos sin orden judicial (LPG 25.09.p.5).
REFORMAS. La Cámara Agropecuaria e Industria de El Salvador (CAMAGRO) y la Coordinadora intergremial de la pequeña empresa introdujeron en la Asamblea Legislativa, el 24.09, dos piezas de correspondencia solicitando reformas a los artículos 3 y 6 de la nueva Ley de Zonas Francas. En las piezas de correspondencia, los pequeños empresarios proponen varias medidas y normas para proteger al productor nacional de la posible "inundación de productos extranjeros", que podrían venir subsidiados por el mercado internacional. Según los empresarios, las reformas permitirán una mayor participación de los productos agropecuarios nacionales en las materias primas para la producción en las zonas francas, al tiempo que expandirán la libre comercialización de azúcar, sus derivados y subproductos de origen nacional. El Presidente de CAMAGRO, Ernesto González, aclaró que el sector no está en contra de la Ley, pero sí denuncia el no haber consultado a la pequeña empresa para la aprobación de la misma; y el haber dejado en desventaja al sector agropecuario nacional frente a los productores extranjeros. Los diputados de ARENA, quienes recibieron las piezas de correspondencia, dijeron que el documento pasaría a estudio de la fracción del mismo partido, para que, el día 30.09, se discutan las reformas con la Cámara (LPG 25.09 p.40).
AGRICULTURA. El sector agropecuario del país manifestó, el 25.09, su preocupación por la reciente sanción de la Ley de Zonas Francas y Comercialización, pues, según explicaron fuentes allegadas al sector, ésta facilitará la multiplicación de zonas francas y, consecuentemente, se incrementará el contrabando. Por su parte, el Ministro de Agricultura, Ricardo Quiñonez Avila, y la Viceministra, Vilma Hernández de Calderón, explicaron que entre los impactos que ocasionará la nueva ley está el que, al instalarse más zonas francas en el país, por las facilidades que otorga la nueva Ley, se podrá "contrabandear legalmente". En este sentido, se teme que no se puedan emplear los mecanismos adecuados en las fronteras artificiales, como lo son las zonas francas, para evitar el contrabando. Además, explicaron que las distorsiones del mercado podrían agudizarse si no existe una combinación adecuada de la actual Ley con una clara política que frene dichas distorsiones que ponen en desventaja la competencia nacional. Los titulares de agricultura y economía están actualmente analizando la posibilidad de introducir nuevos conceptos a la Ley, pues, según ellos, "ahí pudiera estar la respuesta a las inquietudes del sector" (DH 26.09 p.32).
FORMULA. Finalmente, el FMLN eligió, durante una Convención realizada el 27.09, su fórmula presidencial para las elecciones de 1999. Facundo Guardado y María Marta Valladares superaron a Victoria de Avilés y Salvador Arias por 33 votos de los convencionistas —463 versus 430, respectivamente. El próximo paso es la fase de discusión de la candidatura de la coalición con la Unión Social Cristiana, cuyo candidato es Abraham Rodríguez. Mauricio Salazar, diputado de la USC, aseguró que su partido no pedirá la modificación de la fórmula del FMLN. "Nunca fue condicionante nuestra que se llevara a una candidato a la vicepresidencia o presidencia de la USC, de manera que nosotros vamos a dar todo nuestro apoyo para que mediante la concertación lleguemos a lograr un gobierno que haga a un lado la política neoliberal del partido ARENA", expresó Salazar. Por su parte, Guardado manifestó que él no compitió en la elección interior para derrotar a nadie. "El único adversario para nosotros y para el Frente en su conjunto es la derecha, que está reconcentrando el poder económico en pocas manos, y llevando a la pobreza y a la miseria a nuestro país", expresó Guardado, a la vez que aseguró que la victoria del Frente es la victoria del país (LPG 28.09 p.4).
AVILES. La ex precandidata presidencial del FMLN, Victoria de Avilés aseguró, el 27.09, luego de la Convención, que su derrota no la motivará a dejar la militancia en el partido. "Yo creo que hay que seguir aportando al Frente, tenemos que llegar a la figura de un partido único y pluralista", expresó. Asimismo, agregó: "no he sido vencida, la primera salí triunfadora, la segunda salí triunfadora y esta ocasión compitió una fórmula y hay que respetar la decisión soberana de los convencionistas". En cuanto a la elección, Avilés dijo que esperaba que el proceso haya sido transparente, "yo no conozco, yo no podría opinar más al respecto". Por su parte, Salvador Arias declaró, en relación a los resultados de la Convención: "estábamos por el proceso democrático del partido y dijimos que la decisión que se tomara es la que aceptaríamos como resultado... y si ese es el resultado de la democracia, es la voluntad que aceptamos". Agregó que, pese a los variados problemas que hubo a través de la elección, "ahora ha sido una votación bien llevada y la comisión electoral monitoreó el proceso, además, no he escuchado de ninguna anormalidad". Por otro lado, Shafik Hándal, dirigente de la línea ortodoxa del FMLN, dijo que ahora lo más importante es mantener unido al partido (LPG 28.09 p.5).
PARTIDOS. Según la última encuesta que realizó la CID-GALLUP en el último trimestre, ARENA aventaja al FMLN por cinco puntos porcentuales en las preferencias políticas de los salvadoreños. El estudio demuestra que de cada 100 salvadoreños mayores de edad, 26 aseguran que prefieren a ARENA, y 21 al FMLN. Sin embargo, ambos partidos han mostrado un aumento en el número de sus seguidores, al pasar ARENA del 23% al 26% y el FMLN del 19% al 21%. El restante 5% del apoyo político se distribuye entre partidos como la Democracia Cristiana, PCN y Líder. Por otra parte, existe una mayoría del 48% conformada por aquellos que dicen no tener preferencia por ninguno de los partidos políticos. En este sentido, el candidato presidencial por ARENA, Francisco Flores, dijo que las encuesta revela que "nuestro partido va en ascenso y se va distanciando de la paridad que tenía a principio de este año". Por su parte, el candidato del Frente, Facundo Guardado, opinó que la encuesta muestra una constante entre ambos partidos. "Creo que la diferencia es que ARENA definió su candidatura desde hace seis meses. La tendencia sigue siendo de un 50% de posibilidades para cada uno, de tener la eficiencia para encabezar las elecciones de 1999", expresó (DH 29.09 p.2).
