Año 19

número 825

octubre 7

1998

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial El aporte de Marx al estudio de la violencia

Política ¿Un nuevo PDC?

Economía La crisis del sector cafetalero

Sociedad Problemas sociales con rostro femenino

Derechos Humanos Muertes violentas entre enero y agosto

Documento

Noticias

 Si aceptamos que el esfuerzo teórico de Marx estaba dominado por un afán científico, debemos estar dispuestos a aceptar, también, a más de cien años de su muerte, la necesidad de revisar su legado sociológico, económico, histórico y político. Esta valoración debe estar encaminada a discernir sobre cuáles son aquellos aportes de Marx que aún tienen potencia explicativa de la realidad social y cuáles la han perdido o, al menos, deben ser reexaminados a la luz de los aportes de las ciencias sociales contemporáneas.

Lo anterior ha dado la pauta para revisar el corpus teórico marxista, con el objeto de reconsiderar algunos de sus supuestos básicos y dotarlo de nuevas herramientas analíticas (como lo hace, por ejemplo, el marxismo analítico), o buscar su confluencia con otros cuerpos teóricos (por ejemplo, el psicoanálisis), con el propósito de recuperar dimensiones de la realidad humana (la instintiva-emocional) tratadas insuficientemente por la tradición marxista. Es por estas vías que camina la revisión del legado marxista sobre el tema de la violencia.

¿Un nuevo PDC?

 El miércoles 7 de octubre fue publicado en el rotativo matutino El Diario de Hoy un análisis titulado "La ‘vieja guardia’. El pasado ‘verde oscuro’ del PDC". Evidenciar los innumerables yerros cometidos por ese grupo pedecista durante su gestión en el ejecutivo, entre 1984 y 1989 era, a todas luces, la intención de tal nota. Inestabilidad económica, agudización de la crisis social y franco deterioro de la institucionalidad del partido fueron, según palabras de los analistas del diario, el resultado de la equivocada política administrativa implantada por el PDC. Eso, sumado a los escandalosos grados de corrupción predominantes durante ese periodo, hicieron del gobierno demócrata cristiano una enfermedad que atacó gravemente al país y cuyos síntomas y repercusiones aún está sufriendo la población.

Los redactores del análisis afirman, además, que la "nueva clase política", con Ronal Umaña a la cabeza, ha dado un nuevo realce al partido, "rescatando" lo poco que de él quedaba. "Umaña está exento de culpa por los daños que ocasionó la gestión pedecista de la ‘Vieja Guardia’", asegura el rotativo; a lo cual añade elogios al actual secretario del PDC por la incorporación del candidato presidencial, Rodolfo Parker a las filas de ese instituto político. Con ello, Umaña habría "logrado abonar al prestigio de este [del partido Demócrata Cristiano]" y "renovar el interés de diversos sectores de la sociedad, por la Democracia Cristiana".

Se trataba, pues, de sostener —basándose en datos y exponiendo sin miramientos los nombres y apellidos que hicieran falta— la idea de que si bien el viejo PDC había traído la ruina, tanto al país como al partido mismo, la "nueva clase política", bajo el mandato de su comprometido, limpio y visionario líder, era la llamada a convertirse en la salvación de la Democracia Cristiana. En conclusión: Ronal Umaña y sus allegados son sinónimo de renovación y apertura; su incursión a las filas pedecistas constituye la única oportunidad de reconstrucción del partido y, por tanto, la llegada de estos a él, resulta poco menos que providencial. Si el reinado de la vieja guardia sólo trajo desastre y decadencia, Umaña es ahora la puerta de acceso del PDC a un nuevo futuro y a un prometedor horizonte.

Al día siguiente, el 8 de octubre, El Diario de Hoy dedicó una columna a disculparse con quienes el día anterior habían figurado en sus páginas como los políticos más corruptos de la década pasada. Argumentaron los redactores del diario que o bien los funcionarios pedecistas no habían sido juzgados por el manejo fraudulento de fondos, o bien que en los juicios que se habían llevado a cabo no se había llegado a un veredicto final. Se dijo, además, que los datos expuestos correspondían sólo a versiones de los detractores del PDC y a la documentación publicada en esa época. Emitir acusaciones contra los antiguos pedecistas había sido entonces inadecuado porque la información que sobre sus respectivas gestiones se habían hecho estaba sesgada o era incompleta. La nota termina ofreciendo —muy cortésmente— espacio en el matutino, para que los afectados hicieran pública su propia versión sobre los acontecimientos de aquel entonces.

Sospechoso modo de conducirse el de este rotativo. Primero dedica dos páginas completas a señalar los desaciertos de la democracia cristiana en el período de su mandato y arremete sin contemplación contra todos los involucrados en tal administración, y luego pretende hacer olvidar el asunto publicando una pequeña columna en la que brevemente explica su "error" e insta a los involucrados a proporcionar a la opinión pública su propia versión de los hechos.

"Más vale pedir perdón que pedir permiso" reza el dicho popular y de eso es justamente de lo que parece haberse valido El Diario de Hoy para llevar a cabo esta maniobra: se denigra al viejo PDC, se acusa a sus antiguos líderes y se desprestigia el pasado pedecista con el objeto de realzar a Umaña y aplaudir la candidatura de Rodolfo Parker; después se dan unas amables disculpas si es necesario. Todo calculado de antemano. Seguramente fueron más los lectores que se informaron del "oscuro" pasado del PDC que quienes leyeron la pequeña nota que se escribió en desagravio. En todo caso, lo que se había dicho contra la Democracia Cristiana ya no podía revertirse, y, lo más importante, la idea de que Ronal Umaña era la salvación del partido se mantenía intacta.

¿Cuál es el interés de El Diario de Hoy tras su abierto respaldo a Ronal Umaña? Es la pregunta que inmediatamente surge al observar con un poco de detenimiento las aseveraciones de sus analistas. Pues bien, se sabe que antiguos areneros, hoy aguerridos detractores del actual gobierno, pertenecen al consejo editorial del matutino. Varios de ellos fundaron la agrupación denominada "Amigos de la Libertad"; agrupación, por lo demás, de confusa naturaleza, pero de claros y manifiestos intereses políticos. Se sabe también que fueron justamente los integrantes de "Amigos de la Libertad" —Alfredo Mena Lagos y Orlando De Sola, entre ellos— quienes propusieron a Parker la candidatura del PDC.

No es difícil, pues, atar cabos. Todo parece indicar que los "Amigos...", muy interesados en participar activamente en la vida política del país, han encontrado en el PDC una herramienta partidaria muy conveniente. Umaña, el clásico oportunista en condición de hacer tratos con quien sea necesario con tal de obtener cuotas de poder, seguramente no tendrá problemas en seguir los dictámenes de esta nueva agrupación. Por su parte, estos allegados a la libertad, se dedicaran a lo suyo: ejercer influencia política en pro de sus intereses, socavar la fuerza de ARENA e iniciar una seria competencia en su contra.

Ahora bien, hay un elemento que no concuerda con esta hipótesis y es que el PDC ha sido especialmente incondicional con ARENA desde que Umaña ha estado al frente del partido. Es aquí en donde encaja bien la tesis de que Alfredo Cristiani y su grupo, inconformes con el predominio del ala de Calderón Sol y renuentes a aceptar la candidatura de Francisco Flores, han contribuido a impulsar la candidatura de Parker, con el objeto de contrarrestar a Flores y recuperar la hegemonía de ARENA.

Desde esta explicación se comprende el por qué de la repentina publicación de El Diario de Hoy: ciertos grupos intentan hacer frente a quienes en este momento predominan en ARENA y se valen tanto de la estructura partidaria del PDC como de la importancia del diario para conseguirlo. Sólo de este modo podría defenderse tan ciegamente, en una periódico que se pretende serio, a una persona tan oscura como Ronal Umaña. Porque si bien este último no es responsable de la gestión gubernamental de la vieja guardia, eximirlo de culpa con respecto a la situación actual de su partido no sería nada menos que un disparate.

Dos conclusiones pueden extraerse de todo esto. La primera es que, a pesar de los cantos unánimes en festejo de la libertad de prensa y la objetividad periodística, algunos de los más importantes medios de comunicación del país continúan estando al servicio de los más dudosos intereses políticos. Y la segunda es que si bien es cierto —y no hay razón para negarlo— que los pedecistas de antaño se ensuciaron las manos con los fondos del Estado y causaron estragos al país en los últimos años de la década pasada, también lo es que nada hay en el PDC de hoy en día que pruebe que algo ha cambiado en su interior ni que indique que sus líderes de ahora son distintos a los anteriores.

La crisis del sector cafetalero 

Desde su instauración como principal cultivo agropecuario, el café ha venido experimentando diferentes períodos de crisis y recuperaciones, determinados principalmente por los precios internacionales del café. Los casos emblemáticos son tres: la caída de los precios ocurrida en la década de 1930, resultante de la crisis económica mundial; la ocurrida a mediados de la década de 1970 y la más reciente, y más grave, ocurrida a partir de 1989 con la disolución de la Organización Internacional del Café (OIC).

Durante los últimos dos años, la crisis del sector cafetalero se ha agudizado, motivando las más diversas exigencias de prebendas y medidas sectoriales de parte de las gremiales cafetaleras hacia los gobiernos de turno. Aunque en apariencia el sector cafetalero se encuentra desatendido, lo cierto es que el actual partido de gobierno está integrado por la mayoría de los cafetaleros medianos y grandes del país, al grado que tanto el ex Presidente Alfredo Cristiani como el actual Presidente Armando Calderón Sol pertenecen a familias con fuertes intereses en el sector. Otros pueden encontrarse en puestos de relativa importancia política, tanto en el ramo ejecutivo como en el ramo legislativo. En el primero, destacan el Ministro del Interior, Mario Acosta, y el Ministro de Agricultura y Ganadería, Ricardo Quiñónez.

Las quejas más difundidas son las expresadas por la Asociación Cafetalera de El Salvador, la cual solicita las más variadas medidas: desde planes de protección policial para transporte de las cosechas hasta una política económica diseñada especialmente para estimular la producción cafetalera. En este contexto, resulta de utilidad revisar en qué consisten estas últimas, para luego reflexionar acerca de las causas de la crisis del sector cafetalero y sus implicaciones sobre la economía nacional.

Llama la atención el hecho de que, aunque miembros del sector cafetalero tienen una importante cuota de poder en el gobierno, no se haya podido viabilizar la adopción de medidas para su reactivación. Las interpretaciones de los productores son variadas y, en su mayoría, ven la problemática del café como de origen endógeno, ignorando el determinante contexto internacional, como se refleja en declaraciones recientes publicadas en la prensa escrita. Así, el Ministro del Interior sostiene que la crisis de la caficultura "tiene su origen precisamente en la reforma agraria, que hizo que el café, después de ser una producción extensiva, se convirtiera en intensiva". Además, el Ministro sostiene que la reforma agraria fue un fracaso porque "nos convertimos en un país minifundista que no tiene capacidad de producir cultivos que necesitan extensiones. Esto está vinculado con el absurdo constitucional de la tenencia de la tierra [el cual la limita]".

Por su parte, el Ministro de Agricultura afirma que "no hay decisión" de parte del gobierno y que "a nosotros [los cafetaleros] se nos niega y se nos inhibe de las políticas económicas del Estado", pese a que "las necesidades mayores están en ese sector, lo que nosotros hemos llamado ‘los más pobres de los pobres’ están ahí". En sintonía con tales enfoques, la Presidenta de la Asociación Cafetalera de El Salvador, Elena Bolaños de Arriaza, expresó que "al no tener los cafetaleros incentivos y ante la caída de los precios, no existe disposición [en ellos] a seguir arriesgando... Deben otorgarse créditos a largo plazo, para poder salir adelante, tal como se hizo en los años 1992 y 1993".

Con todo, la crisis del sector cafetalero no proviene en realidad de la reforma agraria, de los límites a la tenencia de la tierra o de la ausencia de políticas gubernamentales para estimularlo. El café está en crisis básicamente porque la oferta mundial ha rebasado la demanda y los precios internacionales se han desplomado.

La reforma agraria de 1980, por ejemplo, no puede mencionarse como causa de la debacle del sector, puesto que no afectó a las propiedades comprendidas entre las 150 y las 500 hectáreas, que es donde se concentra cerca de un 70% de las explotaciones cafetaleras. Por supuesto que sí afectó a algunas haciendas cafetaleras, pero éstas continúan produciendo café en manos de las cooperativas beneficiarias.

La idea de que hay una ausencia de políticas para el sector es sumamente discutible, sobre todo si se considera que los cafetaleros representan sólo una pequeña proporción de la población nacional y que se apropian de la mayor parte del valor agregado de la producción. Los cafetaleros han venido apoyándose en las políticas estatales desde que el café apareció como eje de la acumulación capitalista en el país, lo cual tuvo como condición indispensable la expropiación de las tierras comunales y ejidales ubicadas en las zona central del país. Más recientemente, destacan las políticas del gobierno de Alfredo Cristiani, el cual eliminó el impuesto a las exportaciones de café y creó líneas especiales de crédito para el sector, como se ha señalado antes.

Más cuestionable aún es el hecho de que este cultivo —aunque se señale como "salvación del medio ambiente", generador de empleo temporal y permanente, producción y exportaciones— ha tenido como resultado global el empobrecimiento generalizado de la población rural. Primero, porque la introducción del café la separó de sus tierras; y, segundo, porque el empleo e ingresos que generan son suficientes solamente para subsistir en condiciones de pobreza extrema. Efectivamente, los trabajadores de las fincas de café son los "más pobres de los pobres", pero no por la actual crisis del café, sino por razones estructurales.

El empleo en la recolección de café es sólo por cuatro meses y obliga a los trabajadores rurales a dedicarse la mayor parte del año a actividades típicas campesinas. Adicionalmente, las remuneraciones de los trabajadores en el sector café los han tenido confinados a la pobreza extrema desde que se inició ese cultivo hasta la actualidad. De acuerdo a datos oficiales, el valor de la canasta básica de alimentos que define la línea la pobreza extrema era, para el mes de septiembre de este año, de 2,223 colones, mientras que el salario mínimo del sector café ni siquiera llega a los 1,000 colones.

La razón que explica, en lo fundamental, la crisis actual del sector cafetalero es el desplome de los precios internacionales del grano que se produjo después de la desintegración de la OIC. Sólo en ese momento, los precios cayeron desde 123 a 85 dólares por quintal y desde entonces se mantienen oscilando cerca de los 100, y aunque experimentan recuperaciones esporádicas, hay una clara tendencia hacia la baja. En los primeros días del mes de octubre de 1998, después de una recuperación, los precios se mantenían cerca de los 110 dólares por quintal.

Las implicaciones de la no intervención del gobierno en favor del sector cafetalero pueden ser variadas y graves: caída de la producción y las exportaciones, menor generación de empleo temporal en el sector rural, pérdida de bosques artificiales en los cuales se albergan los cafetales, etc. Sin embargo, en el actual contexto internacional, se impone la necesidad de buscar alternativas de producción agrícola, cuyos beneficios puedan repartirse en forma más equitativa que la del café y que, a la vez, representen una alternativa viable desde la perspectiva ecológica. Lo anterior no implica que se abogue por la desaparición del cultivo del café, pero no puede dejar de señalarse que la crisis de la caficultura es una clara señal de que los cambios en el mercado mundial son de tal magnitud que obligan a pensar en cambios consecuentes en los productos que se ofrecen en el mismo.

Problemas sociales con rostro femenino 

A pesar de lo mucho que se dice y se sabe a cerca de las condiciones de vida de las mujeres en el mundo, es innegable que éstas han logrado importantes avances y cambios en muchos de los aspectos de sus vidas. Las condiciones y costumbres no son las mismas de hace 30 años, ni siquiera son las mismas de hace diez. El movimiento feminista y las organizaciones en pro de la mujer se están expandiendo, aunque lentamente, en todos los continentes. Esto va dejando marcas que se manifiestan en aspectos como el mayor ingreso de las mujeres en la política y en las decisiones gubernamentales. También se han visto cambios en aspectos como el reconocer que el desarrollo social y económico de los países depende, en gran parte, del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, entre otras cosas.

Pese a que esto era irrelevante en épocas pasadas, actualmente existe una visión de género cada vez más consolidada. Los gobiernos, unos más que otros, están trabajando para que esa visión arraigue en la sociedad. Baste con mencionar la celebración de Conferencias internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994; o la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, que tuvieron como propósito impulsar la igualdad y condiciones de desarrollo óptimas para el sexo femenino. No obstante, los problemas fundamentales de las mujeres —exclusión, dependencia, etc.— siguen vivos y lo seguirán estando durante algunas décadas más.

Cabe traer a cuenta que, en base a estos eventos y a algunos documentos emanados de los mismos, recientemente se hizo pública una hoja informativa de la Population Reference Bureau (PRB), titulada "Las mujeres de nuestro mundo". En la hoja informativa se puede leer lo siguiente: "a pesar del progreso realizado a nivel mundial, la mujer sigue sufriendo considerables desventajas económicas y sociales". Asimismo, se tratan y detallan, con datos actualizados, los desafíos que están siendo enfrentados y que se esperan superar en la vida de las mujeres.

En este sentido, son varios los asuntos que se explican en el documento, todos referentes a las actuales necesidades, condiciones y problemas que enfrentan las mujeres. Aquí se presentan algunos de los más relevantes, siendo el primero de ellos las "diferencias en la educación", en relación a los hombres. Aunque no es tan evidente y preocupante como hace algunos años, actualmente existen más hombres alfabetizados que mujeres en el mismo estado. A nivel mundial, esto en porcentajes se traduce a 80% de hombres alfabetizados contra un 64% de mujeres en la misma situación. Este desequilibrio es más grave en las zonas del planeta en vías de desarrollo —Africa, Asia, Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Ejemplificando: casi todos los niños y niñas habitantes de países desarrollados asisten a la escuela primaria y secundaria, pero en las regiones en vías de desarrollo casi siempre son los niños, mas no las niñas, los que tienen la posibilidad de estudiar (56% de niños inscritos en la escuela en relación al 47% de las niñas en igual condición).

Otro tema que cobra significación en el documento es el de los "Grupos especiales", conformados por mujeres jóvenes, de entre 10 y 19 años de edad; mujeres de la tercera edad y mujeres jefes de familia. El primero de ellos, las mujeres jóvenes, según explica la hoja, representa casi una quinta parte de la población mundial, de la cual la tercera parte se encuentra en los países subdesarrollados. Ellas son consideradas "grupo especial" debido a sus grandes necesidades de educación, empleo y salud, así como por sus específicas necesidades de atención a su salud reproductiva. Al carecer de estos servicios, se suman a las estadísticas de muertes por embarazo, parto y abortos provocados. Hay que tomar en cuenta que, como promedio, el 40% de mujeres que viven en países subdesarrollados tienen hijos antes de cumplir los 20 años; además, tienen el doble de posibilidades de sufrir complicaciones relacionadas con la reproducción.

El segundo grupo especial lo conforman mujeres de la tercera edad, que son la mayoría en relación a los hombres, pues estos últimos son 259 millones, mientras que ellas suman 319 millones. Lo grave de esto es que las mujeres de la tercera edad son más propensas a vivir en condiciones de pobreza que los hombres "y en muchos países sus oportunidades de obtener empleo, sus derechos a poseer propiedades, e incluso su conducta social están restringidos". Por último, el documento toma en cuenta, dentro de la categoría de grupos especiales, a aquellas mujeres que sostienen sus hogares por sí solas. Se sabe que más de una cuarta parte de los hogares en los países subdesarrollados están en esta condición. Su situación es desventajosa tanto a nivel social como a nivel económico. Por dicha razón, este grupo especial requiere de una acción especial por parte de los gobiernos, organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación superior.

Igualmente interesante es tratar el tema de las "diferencias laborales". Algunas de las estadísticas plantean que sólo el 54% de las mujeres en el mundo forman parte de la población activa, mientras que el 82% de los hombres forma parte del grupo laboral. A ello se suma el que las mujeres, generalmente, son contratadas en sectores agrícolas y de servicio, lo cual coarta muchos de sus derechos laborales. No obstante, las mujeres que trabajan en el sector informal conforman la tercera parte de la población activa del mismo sector.

Por último, se plantean importantes desafíos en el área de salud. De aquí se concluye que, por ejemplo, uno de los mayores logros ha sido el considerable aumento —del 10% al 54%— en el uso de los métodos anticonceptivos, entre la década de los años 60 hasta el momento actual. En vista de que son las mujeres las que se encargan principalmente de la planificación familiar, estas estadísticas reflejan un importante papel del sector femenino en las decisiones de reproducción. En cuanto a la salud materna, otro significativo rubro de la salud del sector femenino, la hoja informativa explica que anualmente mueren 600,000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y aborto. Dichas muertes suceden mayormente en los países en desarrollo. Sin embargo, existen algunos progresos en cuanto a la atención materna que han dado lugar a una pequeña reducción en el riesgo de muerte por estas causas.

En fin, la información que constantemente se publica acerca de la situación del sexo femenino, lejos de tratar de hacer ver a la mujer como "la pobre indefensa", tiene como propósito fundamental sacar a la luz pública problemas sociales de gran relevancia, como lo es la problemática social, laboral, educativa y de salud que atraviesan las mujeres en la actualidad. Poco a poco va quedando atrás la idea de que las mujeres constituyen una sector débil, indefenso y enfermizo. Informes como el comentado contribuyen a ponderar en su justa dimensión la difícil situación de las mujeres en el mundo actual.

Muertes violentas entre enero y agosto

 Todos sabemos que los niveles de temor e inseguridad que afectan a la población salvadoreña están llegando a límites intolerables; día a día, son numerosas las personas muertas de forma violenta e intencional. A través de los medios de difusión masiva, sólo nos damos cuenta de una pequeña parte de lo que está sucediendo en el país; sin embargo, lo que se recoge de ellos sirve para tener una idea de la gravedad del fenómeno y de sus preocupantes consecuencias que —sin lugar a dudas-- representan un enorme obstáculo en la construcción de una sociedad como la que anhelamos la mayoría: segura y tranquila, con justicia y en paz, respetuosa de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos. Sólo en los primeros días de octubre los principales rotativos a nivel nacional publicaron titulares como: "Desconocidos decapitan a anciano", "Muertos y heridos al enfrentarse PNC con delincuentes", "Mujer asesinada por desconocidos" y "La delincuencia azota a colonia Las Margaritas". Estas noticias hacen referencia a la violación de los derechos fundamentales como el de la vida y el de la integridad personal. Además, una de las características principales en estos casos es que los hechores materiales forman parte del accionar de la delincuencia común o son sujetos que se amparan en el anonimato para cometer los crímenes y que casi siempre quedan sin castigo.

Al respecto, en el informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA denominado "Los derechos humanos en El Salvador 1997" aparece una cita del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuando en su documento titulado "Diagnóstico de las instituciones del ramo de seguridad pública" —de febrero de 1998— sostuvo lo siguiente:

"Los indicadores delictivos reflejan (de acuerdo a los datos de los que se dispone por parte de la Fiscalía General de la República y de la PNC) un incremento porcentual del 20% entre 1995 y 1996, y de un 8% entre 1996 y 1997. En términos absolutos, se reporta un incremento en el total de causas ingresadas en diversos tipos de delitos; así, en 1995 se registraron cuarenta y siete mil doscientas noventa y tres, en 1996 cincuenta y nueve mil doscientas cincuenta y dos, y en 1997 sesenta y tres mil novecientas diecisiete. Genera una preocupación especial los altísimos niveles de homicidios dolosos, los cuales han mantenido una cifra promedio de siete mil doscientos once por año entre 1995 y 1997".

Considerando lo anterior y las 774 víctimas mortales de la violencia que arrojó el seguimiento de la prensa escrita durante 1997, en su citado informe el IDHUCA dijo: "Cualquiera podría imaginarse que los medios masivos de difusión exageran la «nota roja» para vender en un mercado caracterizado por una feroz competencia. Pero ese juicio no resulta lógico al observar la densa carga de violencia incluida en la información; y eso que sólo refleja, aproximadamente, un diez por ciento de lo que realmente está sucediendo según el CNSP, con base a la información proveniente de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República".

Es en ese marco que el IDHUCA ha visto la necesidad de sistematizar tales hechos, a fin de ofrecer a las personas e instituciones interesadas --dentro o fuera del gobierno-- herramientas más sólidas para el análisis de la situación actual de El Salvador y sus perspectivas, así como para la elaboración de propuestas que permitan avanzar en una verdadera democratización. A eso responde la iniciativa de dar a conocer el cuadro estadístico de muertes violentas y las reflexiones que surgen alrededor del mismo. Es necesario aclarar que las cantidades ahora ofrecidas deben asumirse con un carácter provisional, pues es posible se incrementen. Ello, partiendo de la experiencia acumulada a lo largo de varios años de desarrollar este seguimiento, la cual nos indica que el "cierre de las cuentas" siempre se debe realizar unas semanas después debido a que en los medios aparecen noticias que dan cuenta de víctimas correspondientes a períodos anteriores. Asimismo, se debe señalar que las fuentes utilizadas fueron: el Diario El Mundo, el Diario Co-Latino, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

DC: asesinados por delincuentes comunes; AD: asesinados por desconocidos; T: con señales de tortura; E: por explosión de granada o uso de otras armas de guerra; CNI: en circunstancias no identificadas; PF: asesinados por elementos militares; EM: asesinados con características de "escuadrones de la muerte.

La información con la que se pudo contar nos permitió clasificar los hechos en siete distintas categorías, según sus características. De esa manera, a partir del monitoreo realizado hasta el 5 de septiembre se ha logrado establecer un total de 640 homicidios dolosos. Al analizar las cifras, se detecta que los mayores porcentajes están distribuidos entre las muertes cometidas por individuos desconocidos (61.09%) y aquellas atribuidas a la delincuencia común (29.53%). Así, sumados los crímenes atribuidos a "hechores desconocidos" y "delincuentes", la cifra alcanzó el 90.62% de todas las muertes registradas por los cuatro periódicos nacionales durante el período. En tercer lugar, se ubican las personas sobre las cuales —con los datos a la mano— no pudieron determinarse las circunstancias de sus muertes (3.75%); a éstas les siguen aquellos hechos en los que se utilizó armamento restringido para el uso exclusivo de la Fuerzas Armadas (2.66%). Tras ellas se ubican las muertes ocasionadas por miembros de la Policía y la milicia (1.56%); por último, aparecen las víctimas cuyos cuerpos presentaban evidentes señales de tortura (1.41%). Hasta la fecha, no se han registrado víctimas que puedan incluirse dentro del accionar característico de los llamados "escuadrones de la muerte".

Durante los 12 meses del año pasado, este mismo seguimiento de la prensa escrita realizado por el IDHUCA sumó un total de 774 víctimas; así, se pudo establecer un promedio mensual de 65 personas muertas por mes en las circunstancias señaladas y más de 2.12 cada 24 horas a lo largo de 1997. Tomando las 640 de los ocho meses de 1998 incluidos en este análisis, tenemos que el promedio mensual de este año es de 80 víctimas y 2.63 por día. De seguir así la tendencia, al finalizar el año se podría alcanzar la cifra de 960 personas muertas en forma violenta e intencional, lo que representaría casi 200 más que el año anterior.

Ello podría tener diversas causas dentro de la cuales —desde nuestra perspectiva— sobresalen dos: por un lado, es posible que la violencia en el país se haya incrementado debido a la impunidad prevaleciente y a las reiteradas declaraciones públicas —muy generales y con poco fundamento— de ciertos funcionarios sosteniendo que ahora la Policía Nacional Civil (PNC) no puede actuar, lo que puede afectar la disposición para actuar por parte de los efectivos del cuerpo y alentar a los delincuentes; por otro lado, cabe la posibilidad de que los medios de comunicación escritos le estén dando una mayor importancia al fenómeno.

En este marco, llama la atención que en este período se hayan registrado una serie de asesinatos cuyas características son similares; tal es el caso de la ejecución de por lo menos 7 homosexuales en diferentes hechos a manos de sujetos desconocidos. Cabe destacar que en este tipo de hechos la Policía no ha investigado a profundidad, pues no ha llamado a declarar a los travestis que han sobrevivido a los atentados no obstante saber que éstos pueden proporcionar pistas valiosas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, él o los asesinos permanecen libres e impunes, y la comunidad homosexual vive en un permanente estado de zozobra. Así la intolerancia expresada de forma violenta se sigue manifestando en nuestro país con otros objetivos, ya no tanto políticos quizás porque en esta coyuntura no existe para el poder económico y político un "enemigo" que realmente ponga en peligro sus privilegios.

Para el IDHUCA estos y otros tipos de violaciones a los derechos humanos son sumamente alarmantes si se considera que ya transcurrieron casi 7 años desde que finalizó la guerra; no obstante, aún continúan produciéndose hechos que lesionan la dignidad y la integridad de las y los salvadoreños.

Nuestro deber como organismo de derechos humanos es denunciar estos atropellos y solicitar a las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad de todas las personas, que tomen cartas en el asunto e investiguen a los responsables materiales y —si los hubiera— a sus autores intelectuales.

En ese sentido, destaca el hecho de que —con la vigencia de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal el pasado 20 de abril— la Fiscalía General de la República pasó a ser una institución clave en la investigación de cualquier delito. Pero eso no basta; para combatir la violencia es necesario que las principales instituciones involucradas —Fiscalía, PNC y Órgano Justicia— trabajen de forma eficiente y armónica. Sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario, debido a que entre estos organismos estatales existen fricciones que impiden su buen funcionamiento.

Por todo esto, las instancias encargadas de velar por el bienestar de la población —en lugar de estar discutiendo entre sí y echándose la culpa mutuamente— deberían ver la problemática en su conjunto e impulsar medidas estructurales en el corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la violencia y la impunidad que no permiten el involucramiento de la población en la construcción real de un Estado democrático de Derecho en El Salvador.

Desconcentración: la alcaldía más cerca de usted

 El título del presente artículo nombra un proyecto para el que nos hemos preparado desde el inicio de nuestra gestión, y que vamos a implementarlo a partir del presente mes de octubre.

Vamos a materializar este programa que hasta ahora ha sido un proyecto a realizar, en el cual están contenidos los conceptos más modernos y participativos del quehacer municipal en aquellas ciudades consideradas modernas y desarrolladas del mundo.

Desconcentrar los servicios municipales significará llevar toda la labor de la alcaldía lo más cercano posible de los ciudadanos. Por un lado, para servirles mejor; pero también para que la gente tengan una participación más efectiva, constante y diaria en la gestión y el control de la municipalidad. Esto realmente se traduciría en el fortalecimiento de la democracia desde sus propias estructuras de base, a través del trato directo con la comunidad.

El proyecto contempla la creación de una oficina en cada uno de los cinco distritos en que está dividido el municipio de San Salvador. En oficinas o sucursales o agencias, que se llamarán Delegaciones Distritales, se atenderán a los pobladores de la zona, para solucionar problemas que antes tendían que gestionar en la Oficina Central de la Alcaldía; es decir, servicios de registros, pagos de impuestos, extensión de documentos y certificaciones, así como Catastro, entre otros.

El proyecto también implicará una mayor y más efectiva organización de participación ciudadana en la gestión municipal, a través de cabildos abiertos y en su relación diaria con la municipalidad. Las delegaciones funcionarán con los mismos recursos humanos y materiales con que cuenta la Oficina Central, que al final del proceso será una entidad para planificar las estrategias que las Delegaciones Distritales tendrán que implementar. Es decir, no habrá mayor incremento del gasto municipal.

Los funcionarios distritales tendrán decisiones a nivel operativo y de control de las funciones en su zona, pero no en lo que se refiere a política municipal, ya que ello sólo es atribución del Alcalde y de su Concejo.

Actualmente se estima que el municipio de San Salvador cuenta con una población aproximada de 500.000 habitantes, en un área de 72.3 kilómetros cuadrados. Este espacio se ha dividido en cinco zonas a fin de que la atención a la ciudadanía se haga más efectiva, más de calidad, en correspondencia con los intereses ciudadanos y al pago en impuestos y en tasas municipales que la población realiza.

A finales de octubre se llevará a cabo la inauguración de la Delegación del Distrito III, que limita con la Urbanización Cumbres de la Escalón; Quebrada Las Lajas; Arenal Tutunichapa, Bulevar Constitución, Alameda Manuel Enrique Araujo, límite con Antiguo Cuscatlán, Nueva San Salvador, Nejapa y Mejicanos. El distrito tiene un tamaño de 18 kilómetros cuadrados y una población de 49.000 habitantes.

Así, sucesivamente se estarán creando todas las Delegaciones Distritales, las que contarán con el personal necesario para atender los llamados de los ciudadanos, a quienes de manera personalizada también podrán atender los miembros del Concejo Municipal que estarán asignados a cada distrito. Un Delegado de Distrito será responsable de conducir el trabajo en cada zona.

"La Alcaldía más cerca de usted" es nuestro esfuerzo, nuestra meta. No deseamos que sea una consigna hueca. Al final de este proceso de desconcentración queremos entregarles a los capitalinos una organización municipal moderna y efectiva, que responda y satisfaga las necesidades de todos los que residimos en San Salvador.

Héctor Silva, Alcalde de San Salvador

INDEMNIZACIONES. El Ministro de Defensa, Jaime Guzmán Morales, informó, el 01.10, que sólo unos 5 mil ex patrulleros —de los 25 mil que dicen ser— serían beneficiados con el pago de una pensión de 300 colones mensuales. Sin embargo, los ex patrulleros de la Fuerza Armada reclaman 18 mil colones para cada uno, por lo que se negaron a aceptar esta oferta del Presidente de la República, Armando Calderón Sol. Según el decreto 550 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, emitido en 1980, se debe otorgar una pensión de 40 colones mensuales para los patrulleros y defensas civiles. No obstante, ésta fue incrementada, en 1989, a 300 colones por la Asamblea Legislativa. Para obtener esta remuneración, los patrulleros deben haber cumplido 20 años de servicio y tener, al menos, 45 años de edad. El decreto también beneficia a las esposas de los ex patrulleros que fallecieron en combate y también a los que quedaron lisiados en "actividades de servicio territorial", aseguró el Ministro. En cuanto a aquellos ex patrulleros que no serán beneficiados, Guzmán Morales explicó que "en este momento... no se puede hacer nada". Por su parte, el PCN pidió a la Asamblea la aprobación de un decreto para entregar pensiones e indemnizaciones que dependan del tiempo de servicio y de la peligrosidad de la zona donde los ex paramilitares combatieron (LPG 02.10. p.22).

VENDEDORAS. Más de un centenar de vendedoras, que fueron desalojadas del parqueo del Mercado Central el 02.10, lugar donde habían colocado sus ventas durante años, protestaron, horas más tarde, mientras intentaban tomar por la fuerza el recinto. Las vendedoras trataron de derribar a empujones el portón de acceso al estacionamiento, a la vez que insultaban a los policías y periodistas, a quienes acusaron de haberse "vendido" a las autoridades municipales. Las vendedoras fueron detenidas por una barrera de policías de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO); los agentes actuaron propinando puntapiés y gas pimienta a las manifestantes. Ante esta situación, el Gerente General del Mercado, Ismael Merlos, explicó que el desalojo de las ventas es el primer paso de un proyecto que busca erradicar el comercio informal de los alrededores del lugar. La expulsión ha sido una "decisión de la administración del mercado, la Alcaldía y una antigua petición de la gente [que vende en el interior] del mercado", dijo Merlos. Pese a que este último dijo que las vendedoras serían reubicadas en un predio cercano al lugar, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Vendedores, Pequeños Comerciantes y Similares (ANTRAVEPECOS), Vicente Ramírez, expresó que "las autoridades no tiene un lugar donde pasar a las vendedoras. Si quieren quitar a las vendedoras que generen fuentes de trabajo" (DH 03.10 p.2).

FUSADES. A través de un análisis, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) confirmó los problemas que la nueva Ley de Zonas Francas enfrenta con tratados internacionales de comercio. No obstante, FUSADES desestimó algunos de estos problemas y dijo que la nueva legislación sería beneficiosa para el país. Los puntos más problemáticos son las posibles violaciones a reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y tratados de integración centroamericana. Tal es el caso de las exenciones de impuestos a productos de importación y exenciones a exportaciones hacia Centroamérica, así como las exenciones a toda empresa dentro de zonas francas y la exigencia del 50% de insumo regional a textileros beneficiados que comercien su producto en el país. Sin embargo, todos estos argumentos, interpuestos hace unas semanas por el Ministro de Agricultura, la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO) y la Asociación Azucarera, fueron rebatidos por FUSADES, especialmente los referentes a las violaciones a tratados de integración centroamericana, al darle subsidios a exportaciones destinadas al Istmo. Pese a que la Fundación aún no ha pronunciado una opinión oficial al respecto, se espera que se haga pública luego de dos análisis: uno legal y otro económico (DH 03.10 p.36).

PDC. Los pedecistas opositores del secretario general del PDC, Ronal Umaña, convocaron, el 04.10, a una Convención Nacional, sin fecha determinada, para elegir y discutir sobre la posible nueva cúpula. Roque Feler Melgar, Secretario General Adjunto de Usulután, dijo que la gestión de Umaña y de la Comisión Política finaliza el próximo 30 de noviembre, por lo que, antes de dicha fecha, se debe tener definido el grupo de personas que los sustituirán. Según Melgar, los nuevos dirigentes deben tener la capacidad de trabajar para que el partido sobreviva en las elecciones de 1999. "Estamos preocupados por el rumbo del PDC. Las últimas encuestas revelan que el partido tiene los políticos con mayor descrédito. A nivel de preferencias [electorales] se estima que el PDC no llega ni al cinco por ciento", argumentó el Secretario Adjunto. De acuerdo con Melgar, cualquier pedecista puede ser candidato a secretario general o integrar la comisión política. "Pueden participar Ronal Umaña, ‘la vieja vanguardia’ y el Movimiento de Unificación. Si Ronal participa y gana, tendrá nuestro respeto y apoyo", aseguró. En este sentido, Umaña desaprobó las intenciones de renovar la cúpula del partido. "No tengo ningún comentario. Bueno... están locos", comentó al respecto, aunque reconoció que el cambio debe realizarse en noviembre (DH 05.10 p.6).

ARMAS. La aprobación de la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos continúa entrampada, luego de una semana de discusiones entre las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa. Una de las principales causas del entrampamiento es la que se refiere a los requisitos que debe cumplir la persona que tenga o porte un arma. Al respecto, el FMLN opinó que los ex delincuentes no están aptos para la tenencia de armas, tesis que fue refutada por los diputados del PCN, quienes consideran que una persona, luego de cumplir una sentencia, ha recuperado sus derechos. ARENA y el PDC, por su parte, reservaron su opinión al respecto, pues manifestaron que aún se encuentran estudiando la Ley. Aparentemente, el principal temor de los diputados es que la nueva legislación contradiga a la Constitución al negar la licencia a quienes hayan pagado sus penas o enmendado sus faltas. Con la nueva Ley, los legisladores buscan controlar la tenencia y portación de armas, así como establecer las regulaciones necesarias para su comercialización. La Comisión de Defensa solicitó la opinión de la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Justicia sobre este tema, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta (LPG 05.10 p.8).

ACUERDO. Representantes de la Alcaldía Municipal de San Salvador y de los pequeños comerciantes distribuidos en el centro de la ciudad acordaron, el 07.10, retrasar por 48 horas los planes de desalojo proyectados para discutir posibles soluciones al respecto. El acuerdo fue alcanzado luego de que las diferentes gremiales de vendedores realizaran una protesta en diferentes arterias de la capital, obstaculizando el tráfico durante toda la mañana. Una comisión de vendedores, conformada por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores, Pequeños Comerciantes y Similares (ANTRAVEPECOS), Vicente Ramírez; el coordinador de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes y Vendedores de Antojitos Ligeros (ANPECOVAL), Mauricio García, y otros dirigentes, conversó con varios concejales y miembros del Proyecto de Rescate del Centro Histórico para solicitar el cese de los desalojos de ventas. No obstante, para el secretario del Sindicato de Trabajadores Independientes del Comercio Informal (SENTIPECEAS), Ildefonso Castillo, las negociaciones no eran motivo de confianza, pues con ellas no se detendrían por completo los desalojos, lo cual forma parte de las demandas de los vendedores. Según informes no oficiales, en la marcha participaron algunos ex patrulleros y ex defensas civiles (LPG 08.10 p.4).