Año 19

número 826

 octubre 14

1998

ISSN 0259 9864

 

 

Editorial Ex patrulleros: una deuda social

Política Democracia y partidos políticos

Regional Elecciones y democracia en Centroamérica

Regional Balance económico de Nicaragua: "estamos mal y vamos mal"

Derechos Humanos El caso Vilanova

Noticias

Ex patrulleros: una deuda social 

El reclamo de los ex patrulleros puede llegar a poner en jaque al gobierno, amenazando la estabilidad social. La indiferencia con la cual las autoridades han recibido estos reclamos ha provocado protestas cada vez más desafiantes, las cuales podrían desembocar en un conflicto social de proporciones considerables, sobre todo si otros sectores descontentos hicieran causa común con los ex patrulleros. El gobierno no puede seguir respondiendo a sus demandas aduciendo que no tiene cómo cumplirlas o que hacerlo sería contrariar la ley. La determinación de los ex patrulleros y la incapacidad gubernamental para atender satisfactoriamente sus reclamos sólo puede terminar en represión, de lo cual la Policía Nacional Civil ya dio una muestra brutal.

El gobierno de Calderón Sol no debe equivocarse en sus cálculos. La represión no es una buena solución para un problema social de grandes proporciones; tampoco es conveniente en un año electoral. Los políticos que prometen empleo deben ser conscientes que enfrentan un desafío ingente, porque el capital salvadoreño no parece estar dispuesto a invertir en el país; porque inversiones en más maquila estimularían aún más la emigración del campo a la ciudad, agravando los problemas urbanos de infraestructura, servicios y seguridad existentes; y porque la inversión extranjera se repliega ante la crisis financiera mundial y, aunque llegase a venir, es muy inestable y, por lo tanto, poco confiable. Todo apunta, pues, a que la solución pasa por las reformas económicas y sociales que los dos gobiernos de ARENA han estado evitando, en los casi diez años que llevan en el poder.

Democracia y partidos políticos

"No hubo sorpresas", fue la frase predilecta de los principales rotativos del país para referirse a la ratificación del candidato arenero para la vicepresidencia, llevada a cabo el domingo 11 de octubre. Que Carlos Quintanilla Shmidt, sería a quien la Asamblea Nacional arenera designaría como compañero de fórmula de Francisco Flores era bien sabido ya, así que, superficialmente visto, no habría porqué extrañarse de la insistencia de los diarios en lo predecible del acontecimiento arenero del fin de semana recién pasado. Pero ¿acaso no ha sido siempre esta la forma en la que ARENA elige a sus candidatos? ¿Quién no sabe que los sucesores de las principales figuras del partido provienen de las cúpulas y no de las bases?

El hecho de que los medios de comunicación resaltaran lo predecible de la designación del candidato vicepresidencial del partido oficial no tendría nada de extraño si no fuera porque tras la afirmación "no hubo sorpresas" salta inmediatamente la pregunta ¿pero por qué habría de haberlas? Y tal pregunta encuentra una respuesta razonable apelando al largo proceso de elección interna de candidatos que ha protagonizado el FMLN. Es paradójico, pero resulta que, mientras por un lado la prensa escrita ha cubierto ampliamente las poco fructíferas convenciones efemelenistas, haciendo énfasis en sus reiterados fracasos, por el otro, después de ello no escatima queja al referirse a lo calculado de los procesos eleccionarios al interior de ARENA.

Curiosamente, la queja de los matutinos ante la tradicional actitud arenera, poco propensa a la democratización del partido, ha sonado como un reproche del tipo "ustedes, los areneros, no son como los efemelenistas, que, mal que bien, sí hicieron un intento por llevar a cabo una elección democrática". La confirmación unánime y sin sobresaltos del complemento de "Paquito" Flores parece haber producido extrañeza, como si en el fondo se hubiera esperado de parte del partido gobernante una elección que fuera verdaderamente tal, con el elemento azaroso y sorpresivo que la acción conlleva. Los partidos políticos de oposición se unieron, por su parte, a la voz "crítica" de los medios, señalando que los correligionarios del partido oficial son una suerte de "rebaño sin cabeza" u opinando sarcásticamente que no "entienden para qué [los areneros] gastan pisto", si es siempre tan obvio y predeterminado lo que sucederá en ese tipo de eventos.

Lo que importa resaltar de todo esto es el hecho de que la inexistencia de un orden mínimamente democrático en las estructuras areneras empieza a causar un escozor cada vez más generalizado en la opinión pública. Este escozor llama la atención sobre uno de los temas centrales a la hora de analizar el avance de la institucionalización democrática y de la evolución de los partidos políticos en El Salvador: el nivel de democratización en el que se encuentran las estructuras partidarias.

Se dice que democratizarse es una de las tareas con las que los partidos tienen que habérselas a la hora de buscar una consolidación cada vez mayor. Ahora bien ¿qué tipo de democratización hay que buscar? ¿Cuándo un partido puede considerarse realmente democrático? ¿Qué mecanismos hay que seguir para alcanzar un nivel de democratización representativo pero viable? Volviendo al caso de la contraposición ARENA-FMLN en la coyuntura específica de la elección de los candidatos, hay que reconocer, en primer lugar, que el FMLN hizo el intento de llegar a la definición de su fórmula por una vía democrática. Todo lo exiguo, rudimentario e imperfecto que se quiera, pero intento al fin y al cabo.

Una vez finalizado el arduo proceso por el que el Frente tuvo que atravesar para culminar la elección del dúo que lo representará en marzo del 99 surgió la pregunta —nada baladí— sobre qué tan conveniente y realista era la pretensión efemelenista de configurar sus procesos eleccionarios sobre la base de la democracia directa. Se señalaron entonces (Proceso, 821) los peros de esa modalidad y lo contraproducente que en efecto resultó el experimento. Las malogradas convenciones del partido de izquierda parecen corroborar tal apreciación.

En segundo lugar hay que considerar el caso de ARENA. Lejos de ser un secreto que las figuras públicas de ese partido se eligen "a dedo", todos saben, y parecen haber aceptado sin remilgos hasta ahora, que el partido oficial no se caracteriza por su interés en la democratización de sus estructuras. Y ¿qué pasa sin embargo? Que es igualmente manifiesto que ese es el partido que goza del más alto nivel de institucionalidad. Sería peligroso reducir las causas de la relativamente estable situación de ARENA a su escasa democratización interna, pero sin duda en algo tiene que ver el predominio de las cúpulas en tal fortaleza.

ARENA ha sido desde sus orígenes cuna de diferentes fracciones. Mucho se ha hablado ya de cuantas incomodidades para la "unidad granítica" de ese instituto político han surgido tras la firma de los Acuerdos de Paz. Insostenible sería afirmar que los forcejeos por el poder y las diferencias ideológicas son ajenas a su seno. No obstante, tampoco puede dejar de señalarse que en la historia política reciente del El Salvador, ARENA es el único partido que ha sabido sobreponerse a los roces entre los grupos que en él conviven.

El FMLN, por el contrario, tuvo que enfrentar una sensible fractura a pocos años de su inserción en la vida democrática y hoy en día las pugnas entre progresistas y conservadores lo han dejado debilitado. Marzo de 1997 fue el momento en el que la más grave crisis de ARENA se hizo manifiesta y la trayectoria política del FMLN dio muestras de un ascenso prometedor. Las grietas en la "férrea" unidad arenera se hicieron inocultables, al tiempo que la inoperancia de los gobernantes colmaba la paciencia de los electores. El sustancial aumento de las cuotas de poder efemelenistas dio pie a creer que por fin había llegado el momento de suceder a ARENA en el ejecutivo y que el FMLN podría ser el indicado para reemplazarlo.

Pero los acontecimientos acaecidos recientemente han dado un giro de 180 grados a tales expectativas. No sin dificultad, ARENA consiguió postular a un candidato hasta cierto punto renovador y alternativo. Las Asambleas Nacionales destinadas a "elegir" a la fórmula presidencial han sido más bien espacios preparados con el fin de exaltar el fervor ideológico, animar a los correligionarios y cultivar su preferencia, con el objeto de evitar el abstencionismo masivo que le propinara el sendo golpe a las urnas areneras en el 97. El FMLN por el contrario, lejos de haber aprovechado hábilmente la oportunidad de mantenerse como el único rival con posibilidades de vencer a ARENA, se hundió en el foso de sus propias rivalidades internas, involucró en ellas a las mismas bases y así su intento de llegar a los futuros comicios mediante un proceso eminentemente democrático se vio gravemente frustrado.

Parece, pues, que mantener su línea tradicional y no dar señal alguna de democratización le da buenos resultados a ARENA, mientras que para el FMLN el intento de llevar a cabo una elección de fórmula democrática le fue a todas luces perjudicial. No obstante, los resagos autoritarios de ARENA son indefectiblemente percibidos por el electorado. Si hay algo de positivo en todo cuanto ha sucedido en el terreno político en los últimos meses es que la opinión pública empieza a exigir la democratización interna de los partidos. Tanto para las principales fuerzas políticas del país como para todo instituto político, la búsqueda de una acertada estrategia de democratización interna continúa siendo una tarea pendiente.

Elecciones y democracia en Centroamérica 

Cualquier reflexión que pretenda abarcar los efectos de los sistemas electorales en la consecución de un estado democrático ha de apoyarse sobre la base de una debate permanente sobre el tema. Lo que algunos consideran una visión "reduccionista" de la democracia, para otros es la máxima expresión de un derecho y un deber sublime de todo ciudadano, sin la cual aquélla no sería en lo absoluto posible. De la misma forma, la evaluación del estado de los sistemas electorales y de los partidos políticos en la región centroamericana muy probablemente se verá dificultada por la confusión teórica que sobre ella pesa.

Sin perder de vista este riesgo, debemos, pues, partir de una realidad ineludible para las sociedades latinoamericanas en general: toda consideración positiva o negativa de los sistemas electorales y del papel de los partidos políticos debe estar libre, en la mayor medida posible, de la defensa de determinados intereses ideológicos. Definitivamente, este es un punto de partida harto complejo y que podría constituir por sí mismo el centro de una reflexión. Pero en esta ocasión, trataremos de establecer una evaluación desde la realidad que los últimos comicios electorales realizados entre 1996 y 1998 han revelado, y desde ahí determinar el tipo de aporte que los sistemas electorales hacen a las democracias de Centroamérica.

Para ello, debemos comenzar por reconocer que, en términos históricos, la práctica democrática basada en sistemas electorales más o menos transparentes e independientes de toda interferencia o manipulación política tiene pocas raíces en esta región. En el caso de nuestro país y de Guatemala, esta práctica recibió un importante impulso desde que se firmaron sendos Acuerdos de Paz, puesto que ello supuso el fin de un estado de confrontación generalizado que no hacía factible la inclusión de todas las propuestas políticas e ideológicas ante la población. Asimismo, en Nicaragua las repercusiones del sistema electoral en la situación política y social cambiaron notablemente desde que el sandinismo perdió el control del Estado en las elecciones generales de principios de la década.

Por su parte, Honduras comenzó su lenta marcha hacia la institucionalidad democrática desde que, en 1981, el tradicional dominio de los militares cedió frente a las llamadas "primeras elecciones democráticas". De todos los casos, el único que aparentemente escapa de tales consideraciones es Costa Rica, cuyo sistema electoral tiene ya varias décadas de aplicarse como vía para decidir qué fuerza política administrará el Estado en un período determinado. No obstante, si nos detenemos a considerar cada una de las situaciones con mayor profundidad, podremos concluir que persisten serias deficiencias no sólo en el ámbito de la técnica electoral, sino también en el sistema político y de partidos que ponen en entredicho la tan anunciada supremacía de la democracia representativa y pluralista en las sociedades del istmo.

A nivel general, los medios institucionales básicos para garantizar procesos electorales limpios se han desarrollado más o menos satisfactoriamente en los últimos años. Existen los organismos (los Tribunales o Consejos Electorales) expresamente dedicados a velar por la realización de los comicios, organizarlos y administrarlos. La legislación electoral ha sido discutida y modificada en al menos 3 países de la región (Guatemala, El Salvador y Honduras). Por otro lado, las condiciones en las que se han desarrollado las votaciones son bastante diferentes a las que habían cuando los conflictos armados eran parte de la vida diaria de nuestro país, Guatemala y Nicaragua. Es decir que, en un primer vistazo, todo estaría dispuesto para que el principio de representatividad democrática eche raíces en las sociedades del istmo.

No obstante, las elecciones por sí mismas no han terminado de demostrar que dicho principio goza del ambiente propicio para afianzarse. Altos índices de abstencionismo parecen ser los que se llevan los primeros lugares en cada elección. Más aún, el ausentismo que se deduce del número total de votantes aptos para ejercer el voto frente a aquellos que concretan tal derecho depositando una boleta en las urnas se ha mantenido constante, y en algunas ocasiones, ha aumentado. Por ejemplo, en Honduras, para las elecciones presidenciales y legislativas de 1997, se llegó a hablar de más de un 30% de ausentismo (los más optimistas se aferraban a menos del 25%). Iguales índices se registraron en Costa Rica, en los comicios generales de febrero de este año, donde el abstencionismo se mantuvo alrededor del mismo porcentaje.

Estos datos se han convertido en la base para poner en duda las "abrumadoras victorias" que suelen pregonar los partidos políticos ganadores en cada elección. El problema cobra especial importancia en Honduras y Costa Rica, puesto que en ellos el bipartidismo en manos del Partido Liberal y el Conservador, para el primero, y el Partido Unión Social Cristiana y el Partido Liberal Nacional, para el segundo, ya lleva varias décadas de arraigo. En los resultados de las elecciones generales de Costa Rica, el abstencionismo se elevó en aproximadamente un 30% de los votantes, y el partido social cristiano obtuvo la presidencia con un escaso margen de 2.3% de los votos válidos. Además, tanto los social cristianos como los liberales agruparon el 90% de los votos, frente a 35 partidos que participaron en la contienda. Este dato ilustra el descenso de la "tradición democrática" pregonada por los vecinos ticos, quienes, seguidos por Nicaragua, ocupaban el primer lugar en participación electoral en el istmo.

Mientras tanto, en Honduras, pese a que, según datos oficiales, el abstencionismo se redujo notablemente, ocupando un 26% de la población empadronada, los principales problemas se produjeron a la hora de entregar la Tarjeta Unica de Identificación con la que se debía ejercer el voto. El responsable de los problemas fue el grupo Bussines Machine (GBM), al retrasar la entrega del documento a un buen porcentaje de la población apta para votar. Nicaragua goza, luego de los resultados de las elecciones de Costa Rica, del primer lugar en participación ciudadana. Las elecciones presidenciales de noviembre de 1996 arrojaron datos positivos al respecto, pero el problema se ubica principalmente en relación a la representatividad de la Región Autónoma del Atlántico Norte y del Atlántico Sur (RAAN y RAAS, respectivamente). En ellas se concentra el 50% de la población del país, y la mayoría de sus pobladores son de origen indígena, cuyo ancestral estado de marginación se expresó penosamente en los resultados electorales: del 38% de población registrada en los padrones electorales, el 43% se abstuvo de emitir sufragio.

Asimismo, pese a que las regiones gozan de autonomía administrativa desde que el gobierno sandinista dispuso crear un Consejo Autónomo para que las gobernara, en los comicios de 1997 para elegir representantes para dicha instancia, el abstencionismo subió hasta casi el 60%. En este caso, el protagonismo que se esperaba de los representantes políticos de origen indígena (cuyo principal representante era el partido Yatama) cayó muy bajo al obtener menos de la tercera parte de las representaciones, frente al oficial Partido Liberal, que se llevó una victoria abrumadora. En Guatemala, el criterio de representatividad no se sostiene al evaluar los términos constitucionales sobre los que descansa el acto electoral. De entrada, el voto femenino es considerado "optativo", y no existe aún consenso para establecer un mínimo de participación en plataformas políticas de ese sector de la sociedad.

En junio de 1998 se realizaron los últimos comicios para elegir las autoridades de 33 de los 330 municipios del país, y en ellas, nuevamente, los resultados significaron un llamado de atención a los partidos políticos y a las autoridades encargadas del sistema electoral en general. Pese a las estimaciones positivas que se habían realizado, el ausentismo no se redujo significativamente: el 61% de los habitantes aptos para ejercer el voto se quedó en casa. Sin perder de vista que en Guatemala los procesos electorales no ha tenido suficiente tiempo para demostrar su peso en el sistema de poder, la diferencia obtenida entre los principales ganadores no sienta bases sólidas para el pluralismo: el frente Republicano Democrático perdió ante el Partido de Avanzada Nacional por sólo 2.5% de diferencia.

Como decíamos al principio del análisis, al acercarnos a la definición de la situación electoral y de sistemas de partidos políticos de las sociedades del istmo, el principal riesgo que se corre es el de abocarse hacia una interpretación ideologizada de la misma. El origen de este peligro se encuentra, a nuestro juicio, en la percepción que se tiene del mecanismo electoral dentro de la configuración del sistema político de las naciones. Dado que —con excepción de Costa Rica— el Estado ha sido el sitio desde el cual los grupos que concentran el poder han establecido el control de las sociedades centroamericanas, los comicios han reducido su papel al de mero instrumento para mantener dicho control. De hecho, una de las principales críticas que se hace a los Consejos o Tribunales electorales del istmo es su falta de iniciativa a la hora de producir una lógica electoral que tienda a distribuir el poder para todos los sectores de la sociedad y no sólo para los institutos políticos oficialmente inscritos.

El debate previo a la designación del sustituto del golpista presidente Jorge Serrano Elías, en el cual se tomó en cuenta a una buena porción de los representantes de la sociedad civil, ilustra la necesidad de plantear nuevas formas de representación dentro del sistema democrático. De la misma forma, la participación de las organizaciones sindicales, tanto obreras como profesionales, en la definición de procesos tan importantes como la privatización de los servicios públicos y las mejoras en las condiciones laborales también constituye una veta valiosa de donde fortalecer la representación ciudadana. Claro está que esto presupone el desarrollo de la sociedad civil como catalizador de las necesidades y exigencias de la población en general.

De ninguna manera se trata de plantear que una situación óptima para el pluralismo deba consistir en la existencia de múltiples instituciones dentro del abanico de partidos políticos, ni siquiera sobre el supuesto de que éstas provengan de la sociedad civil. Esta situación no garantiza que la variedad de ideas que existan represente a todos los sectores sociales. Por otro lado, no es real que el sistema de partidos sea la única vía de representación efectiva para dichos sectores. Lo que sí es necesario es que las mejoras a la mecánica (electoral) de representación ciudadana vayan de la mano con la apertura hacia nuevas expresiones organizadas de las demandas de la población, porque con ello se estaría dando un gran paso para la conformación de estados plenamente democráticos y pluralistas, donde la apatía ceda su lugar a la participación.

Balance económico de Nicaragua: "estamos mal y vamos mal" 

El contexto económico en Nicaragua no es bueno. Sin embargo, el Presidente del Banco Central (BCN), Noel Ramírez, al informar en septiembre sobre los principales indicadores económicos con los que se espera cerrar el año 1998, hizo, como siempre, un balance optimista. El gobierno prevé una tasa de inflación de un 10% y un crecimiento de la producción de un 6%, por los incrementos de distintas actividades, especialmente de la minería.

La nota más oscura del informe oficial se encuentra en el sector externo, donde se anuncia un descenso de las exportaciones y un crecimiento de las importaciones, con lo que el déficit de la balanza comercial, ya alto, se incrementará aún más. Esto es grave porque la viabilidad de mediano plazo de la economía nicaragüense depende de reducir esta brecha.

La consigna con la que el modelo económico neoliberal se implantó en Nicaragua fue, al igual que en otros países: "estamos mal, pero vamos bien". En el caso nuestro, lo "mal" que estábamos al final de una guerra de desgaste entre hermanos y de un modelo económico estatista y basado en el subsidio, era evidente, indiscutible. El modelo de ajuste estructural se presentó a la sociedad como brújula con la que caminar en la dirección correcta. Nadie —o casi nadie— ocultó que el camino estaría sembrado de espinas. Pero iríamos "bien" y, pagando el duro precio del ajuste, pronto "estaríamos bien". Así fue la propaganda oficial durante el gobierno Chamorro, y así continúa hablando el gobierno liberal de Alemán. Ninguna de las promesas se ha cumplido. Y en el difícil camino por el que vamos abundan las señales que nos indican que estamos mal, que vamos mal y que seguimos mal.

El programa de ajuste estructural que tutorean los organismos internacionales en países como Nicaragua tratan de rescatar a economías que son insostenibles por sus desajustes. Al ajustarla, buscan hacerla sostenible. Para lograrlo, atacan esencialmente dos déficits: el interno y el externo. El ajuste interno recorta el gasto público. El ajuste externo promueve el incremento de las exportaciones.

Para hacernos creer que vamos bien, el gobierno pone toda la luz sobre las cifras del ajuste interno. El déficit público, efectivamente, se está controlando. Aunque a un altísimo y obvio precio de empobrecimiento de las mayorías con más desempleo, menos salud y menos educación. Pero el déficit externo no sólo no se está controlando, sino que cada vez es mayor. Crece cada año. El ajuste, tal como se está aplicando, resulta un fracaso: hace cada vez más insostenible a la economía nicaragüense. La evidencia de que en la microeconomía familiar de la mayoría "estamos mal y vamos mal" no merece análisis. Lo que sí lo merece es la nueva evidencia de que también en las mimadas cifras macroeconómicas, "estamos mal y vamos mal".

El ajuste ha sido exitoso en controlar el déficit público. En 1990 era un 20% del PIB y en 1997 ya es sólo un 5%. Tan drástica reducción del déficit interno se logró por dos caminos. El primero, reducir en el gasto público la compra de bienes y servicios y el rubro de salarios. Es necesario precisar, sin embargo, que, aunque el empleo en el sector público se redujo en 1997 en un 3%, hubo incremento en los sueldos del Estado.

En estos años, el presupuesto para la defensa fue el que más ajuste sufrió, pasando de representar casi el 20% del PIB, en 1990, a ser hoy menos del 3%. El gasto en servicios sociales ha venido sufriendo una erosión paulatina desde 1994, cuando representaba un poco más del 12% del PIB, hasta que en 1997 bajó a un 10.8%. Aunque las partidas dedicadas a salud y educación son mayores en el presupuesto de 1998 de lo que fueron en 1997, estos aumentos no compensan el rápido crecimiento poblacional, que es el más elevado de toda América Latina. En esta situación de alta natalidad y bajo gasto público, cada vez el Estado dedica menos a educar y a cuidar la salud de sus ciudadanos. Y sigue dedicando cantidades excesivas al pago de la deuda externa: en 1998, el gobierno pagó 240 millones de dólares en intereses, lo que representa casi el 40% del valor total de las exportaciones nacionales, cantidad que está muy por encima del 20% recomendado por el propio Banco Mundial.

El segundo camino para reducir el déficit público fue el incremento de los ingresos tributarios. El principal cambio se dio en los impuestos al consumo de bienes y servicios, duplicados entre 1990 y 1997. Inicialmente, éste representaban un poco más del 7% del PIB y en 1997 equivalían ya al 14%. En contraste, el impuesto a la renta es casi un 3% y el impuesto a la propiedad resulta insignificante. Esto es un índice de quiénes están pagando el ajuste.

Si en el déficit interno existe control, aunque con consecuencias sociales devastadoras, en el déficit externo se está perdiendo el control y las variables macroeconómicas empiezan a ser preocupantes. Las exportaciones se reducirán en 1998, mientras que las importaciones no dejan de aumentar. El déficit comercial no sólo se mantiene alto, sino que crece año con año desde 1995, cuando representaba el 24% del PIB. En 1997 pasó a ser el 36% y, según las proyecciones del BCN, para 1998 la tendencia será la misma. En este terreno el ajuste no está funcionando.

Hay razones de fondo. Por una parte, una razón financiera: el precio del córdoba no es el real, la moneda nacional sigue sobrevaluada, lo que desestimula las exportaciones y estimula las importaciones. Algunos llegan a calcular que el córdoba está sobrevaluado en un 13-20%. Por otra parte, hay una razón institucional: el sistema financiero nacional privatizado padece de cortoplacismo y no está interesado en dar créditos para invertir en la producción, especialmente si se trata de pequeños y medianos productores. Sus créditos privilegian el consumo, el comercio y los servicios. Cualquiera puede conseguir un crédito de 25 mil dólares para comprarse una más de las lujosas camionetas que saturan las calles de Managua, pero no conseguirá esa cantidad —ni aun menor— para renovar las manzanas de café de su finca. El cortoplacismo del consumo suntuario está sobre toda consideración productiva de mediano o largo plazo.

La prevista reducción de las exportaciones en 1998 obedece en parte al cierre de industrias maquiladoras nacionales que se estaban beneficiando de los Certificados de Beneficio Tributario (CBTs). Al eliminarles este "subsidio", se redujeron sus ganancias y cerraron. Esta industria y algunas similares dependían en un alto porcentaje de componentes importados y añadían poco valor agregado en el país. Sin embargo, su cierre pesa en la economía.

Si el sector público redujo su déficit, el incremento de la brecha del sector externo sólo se puede deber a un déficit privado, provocado por incrementos en el consumo; particularmente, en el consumo que de productos de importación de lujo hace un sector de la sociedad. El incremento del consumo privado se origina, en parte, en la disponibilidad de crédito de largo plazo en moneda extranjera. El crédito al consumo tuvo un incremento sorprendente en los últimos años: de representar menos del 1% del PIB en 1995 pasó a ser más del 8% del PIB en 1997.

La disponibilidad del crédito para el consumo refleja otra cifra clave: los incrementos descomunales que han tenido los depósitos en moneda extranjera en los últimos años: han pasado de ser un 5% del PIB en 1991 a representar un 35%.

La pregunta es: ¿de dónde surgen tan abundantes depósitos en dólares si la fuente de divisas, que son las exportaciones, no los explica? Aunque ya existe en Nicaragua una relativamente voluminosa entrada de divisas por la vía de las remesas familiares, aunque aún no tan importante como en El Salvador, no puede pensarse que los dólares de las remesas vayan masivamente a engrosar cuentas de ahorro en el sistema bancario. A Nicaragua llegan remesas por un monto de unos 200 millones de dólares, pero la inmensa mayoría de este dinero, que llega en pequeñas cantidades, se gasta en sobrevivir y no en ahorrar.

¿Serán entonces esos volúmenes de cuentas en dólares fruto de la inversión especulativa? ¿Los capitales golondrina afluyen en tal cantidad al país? ¿Las tasas de interés ofrecidas por el sistema financiero nacional han atraído a tantos de estos volátiles capitales? Aunque parte de estas cuentas puede tener este origen, no pueden ser la única explicación, ya que hay en Nicaragua otras alternativas de inversión financiera mucho más rentables. En concreto, los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), emitidos por el gobierno, que ofrecen una tasa de interés atractiva con cero riesgo.

Algunos capitales internacionales, como Lehman Brothers, han aprovechado esta oportunidad y adquirieron CENIS por un valor de 75 millones de dólares, situación que es altamente riesgosa, pues la redención de esos bonos puede significarle al país la pérdida de una tercera parte de sus reservas internacionales, lo que añade nueva sombras sobre el frágil sector externo de la economía. El incremento del déficit externo, la redención de los CENIS y cualquier eco —que lo habrá— de la actual crisis financiera mundial podría amenazar la estabilidad del tipo de cambio y no sería extraño que, a finales del año, tengan que hacerse cambios en la política monetaria y haya que reducir aún más el gasto público.

Tal vez la pregunta pueda tener otra respuesta. ¿No será que el descomunal incremento de los depósitos en moneda extranjera proviene del lavado de dinero? Hay cualificados observadores nacionales que calculan que en el "dry cleaning" nicaragüense podrían estar circulando ya unos 300 millones de dólares o incluso más. Para un país pequeño y "haciéndose", una cantidad así es de gran magnitud y puede tener consecuencias importantes. Tan importantes como para "deshacer" el país que conocemos y hacer "otro" país. Tal vez en poco tiempo haya respuestas más claras a las muchas interrogantes que esta realidad le plantea a Nicaragua.

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Colaboración "Equipo Envío", Nicaragua

El caso Vilanova 

Con los ojos llenos de lágrimas, Rosalía Velver de Vilanova se enteró —en la madrugada del recién pasado domingo 11 de octubre— que el tribunal de conciencia había condenado a los cinco individuos acusados de dar muerte a su hijo Manuel Adriano. La reacción de esta madre no podía ser menor, después de más de tres años transcurridos desde que sucedió el lamentable y a todas luces condenable hecho que, sin lugar a dudas, significó un drástico cambio en su vida y la de su familia. Los detalles del mismo, tipificado por la justicia como un homicidio agravado, ya fueron suficientemente difundidos por los medios de prensa y no vale la pena volver a relatarlos; ahora únicamente vamos a consignar que la vida de este joven estudiante de medicina terminó de manera brutal el 2 de septiembre de 1995, producto de la golpiza que le propinó un grupo de elementos policiales asignados al puesto de Panchimalco, departamento de San Salvador.

Tres días pasaron hasta que fue localizado el cadáver en el fondo de un barranco. De ahí en adelante, no se hicieron esperar las dificultades que tuvieron que enfrentar los padres de Manuel Adriano para esclarecer los hechos y comenzar a obtener justicia. Desde el momento que estaban velando el maltrecho cuerpo de su hijo, los abordó un investigador venezolano de nombre Víctor Rivera; más conocido públicamente como el inspector Zacarías, este personaje se presentó ante ellos como un enviado especial del señor ministro de Seguridad Pública, don Hugo Barrera, y les solicitó toda la información que poseían. Según el relato del doctor Vilanova, el señor Barrera —con quien tuvo cierto grado de amistad en algún tiempo— le mandó a decir que Zacarías era su "hombre de confianza".

Lo sucedido en adelante —desde que apareció el citado investigador hasta la recién finalizada vista pública en la que se definió la culpabilidad de los cinco reos presentes— es la otra parte del caso que, independientemente de algunas resistencias, todavía espera ser investigada y esclarecida. Esa es, pues, una historia no revelada que trasciende la identificación y el castigo de los autores materiales, ya que plantea muchas interrogantes en torno a una serie de actos ilegales encaminados a entorpecer la impartición de justicia. Dentro de ellos, cabe destacar los siguientes: usurpación de funciones, manipulación de información y encubrimiento de una posible autoría intelectual en la realización del crimen. De la respuesta seria y responsable a esos cuestionamientos que flotan en el ambiente dependen, en mucho, la credibilidad y la confianza —hasta ahora bastante mermadas— que la población salvadoreña pueda depositar en la institucionalidad del Estado encargada de garantizar el respeto a sus garantías constitucionales, sobre todo aquellas relacionadas con la justicia.

Así las cosas, hasta la madrugada del domingo 11 de octubre del año en curso solamente se avanzó en lo relativo a los hechores materiales. Costó mucho obtener ese triunfo parcial, pero se logró mediante los enormes esfuerzos realizados a fin de superar, poco a poco, los obstáculos antes mencionados; además, el desarrollo de la vista pública requirió una dedicación especial para prepararla, así como un trabajo responsable y de calidad durante la misma que permitió enfrentar exitosamente los alegatos de una defensa numéricamente grande que, en todo momento, intentó saturar y confundir a las personas que integraron el tribunal de conciencia. Por todo ello, se deben rescatar algunas cosas concretas de ese evento que acaparó —antes, durante y después del mismo— la atención de la sociedad salvadoreña.

Fue una largísima jornada que con todo y sus recesos duró más de cuarenta y tres horas. Por el hecho de realizarse con la normativa procesal antigua, durante buena parte del primer día se dio lectura al abundante material escrito incluido en las varias piezas del expediente judicial; posteriormente, tras la proyección de un testimonio presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) mediante un vídeo, se rindieron nuevas declaraciones y se ampliaron otras ya hechas con anterioridad; después se escucharon las respectivas intervenciones de las partes en torno a la culpabilidad o inocencia de los acusados. Una vez finalizadas éstas y tras el rechazo del tribunal de conciencia a conceder una "segunda vuelta" de alegatos, se encerraron los cinco miembros del mismo para tomar una decisión.

De esa manera, transcurridas cerca de dos horas, el juez de la causa llamó al público y a los medios de prensa para dar lectura al veredicto. De forma unánime, el fallo fue condenatorio para los cinco acusados; dicho en otras palabras: el jurado encontró méritos suficientes para determinar que la muerte del joven estudiante de medicina se debió a una fuerte golpiza y no a un suicidio o un accidente de tránsito, como las autoridades de seguridad pública quisieron hacer creer desde el principio a las personas ofendidas y a la población en general.

Pieza clave en el juicio fue una agente de policía, cuyo testimonio rendido en la madrugada del sábado 10 ante el tribunal de conciencia no dejó ninguna duda sobre la autoría material. Ella, el día de los hechos, anduvo acompañando a este grupo y presenció la detención de Manuel Adriano; asimismo, vio cuando lo comenzaron a golpear. Además de lo anterior, a lo largo de su declaración y durante el interrogatorio posterior al cual la sometieron las partes, relató en forma detallada todo lo ocurrido antes y después del fatídico suceso; en su intervención, no omitió el hecho de que —mientras la víctima era pateada y apaleada— ella y otros elementos fueron enviados a un sitio distante en el cual permanecieron alrededor de cuarenta y cinco minutos. De esa forma, no fue testigo presencial del fatal desenlace.

Otro de los hechos destacados que deben rescatarse de esta vista pública es el importante papel desempeñado por los agentes de la FGR, tanto el de los dos fiscales específicos designados para el caso como el del fiscal adscrito al tribunal. Este equipo de trabajo logró dar cumplimiento a dos de las principales obligaciones que la Constitución de la República, en los numerales primero y tercero del artículo 193, le plantean a esta institución del Ministerio Público: defender los intereses del Estado y de la sociedad, por un lado, y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, por el otro. No obstante los escollos que debieron superar en las diferentes etapas de este largo proceso, estos tres funcionarios salieron adelante y —con ello— demostraron que, cuando existe voluntad y cuentan con apoyo para realizar su labor, las instituciones oficiales pueden contribuir a alcanzar justicia y generar confianza entre la población.

Sin lugar a dudas, el trabajo del juez primero de instrucción —licenciado Levis Italmir Orellana Campos— también merece un reconocimiento. Durante el desarrollo de esta larga y tediosa vista pública, el funcionario judicial dio muestras evidentes de un especial interés por cada incidente de la misma y una absoluta imparcialidad para conducirla hasta el final.

De igual manera, se debe subrayar el extraordinario trabajo de las personas que permanecieron aisladas de los acusados y el público, formando parte del jurado. A ellas les corresponde el mérito de haber roto con la tradicional actuación de otros tribunales de conciencia que, debido a manipulaciones de diverso tipo, han defraudado a la sociedad y propiciado el descrédito de esta institución. A diferencia de otras muchas experiencias, la mujer y los cuatro hombres —que escucharon pacientemente la lectura de la minuta, las declaraciones de los testigos, los interrogatorios de las partes y sus alegatos finales— no fueron simples comparsas en un espectáculo montado para cumplir con formalismos vacíos que nada tienen que ver con una sana impartición de justicia. Por el contrario, asumieron con responsabilidad sus atribuciones y participaron activamente en el desarrollo del evento, poniendo en su lugar a las partes cuando así correspondía y tomando atinadas decisiones para cumplir responsablemente con su misión.

Tras el veredicto condenatorio, ahora falta definir la pena que se les impondrá a los cinco condenados por el delito de homicidio agravado en perjuicio del joven Vilanova Velver. Pero estos individuos no son más que "peones" para la realización de este tipo de actos, al igual que los efectivos militares que hace casi nueve años ingresaron a la UCA para asesinar a seis sacerdotes y dos mujeres. De no haber sido ellos, habrían sido otros. Así, pues, tras de este primer paso exitoso en la búsqueda de una justicia plena para la familia de la víctima, falta investigar y determinar otras responsabilidades: tanto en torno a una posible autoría intelectual, como en lo relativo a las acciones mediante las cuales se obstaculizó la investigación durante los tres años transcurridos desde la noche del 2 de septiembre de 1995.

En este punto, cabe traer a cuenta la reacción del obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador. Interrogado por el Diario Co-Latino sobre la decisión del tribunal de conciencia, monseñor Gregorio Rosa Chávez declaró lo siguiente: "Si no se llega al fondo del problema, se pone en duda el trabajo de justicia en el país. Es incompleto cuando sólo se conocen los ejecutores de una orden y no se llega más arriba... Nunca queda definido quién dio las órdenes y este es un mal endémico entre nosotros; por eso es que la justicia no inspira respeto".

Es notorio que en este caso todavía quedan muchos cabos sueltos como, por ejemplo, el del papel que le tocó jugar al inspector Zacarías; sin duda, con una indagación profunda en esta dirección se podrían abrir las posibilidades para identificar a quienes pudieron haber decidido y ordenado la golpiza de Manuel Adriano. De no trabajar en ese sentido, los principales responsables de tan horrendo homicidio y sus encubridores —piezas insustituibles en este criminal "tablero de ajedrez"— continuarán sin castigo y se habrá desperdiciado una buena oportunidad para comenzar a superar realmente, de una vez por todas, la impunidad en El Salvador.

Como alentadoras deben tomarse, entonces, las recientes declaraciones del primer mandatario a un vespertino nacional; en ellas, el doctor Armando Calderón Sol aseguró que se debe investigar si existen autores intelectuales. Además, el presidente agregó ante el reportero del Diario El Mundo lo siguiente: "El caso no se cierra ahí; siempre existen las posibilidades de investigación. Son dudas claras y palpables que pueda tener cualquier persona y tendrá que seguirse investigando". Al igual que la anterior, también resulta importante la posición del fiscal general, quien ante reporteros del mismo rotativo afirmó que el caso no estaba cerrado y que se podía continuar investigando. "Tenemos que sentarnos —afirmó el doctor Manuel Córdova—, ver qué tenemos y empezar a llamar a los que tengamos que llamar".

El caso de la familia Vilanova es sólo uno de los tantos que a diario ocurren en nuestro país y que, lamentablemente, quedan en la impunidad que protege a los delincuentes con algún poder. Pero el logro obtenido le ofrece a la sociedad entera una esperanza: es posible que las cosas cambien. Para ello, se necesita hacer funcionar las instituciones del Estado encargadas de impartir justicia; pero, además, es requisito indispensable que las víctimas de cualquier tipo de violación a sus derechos se involucren activamente en la denuncia de sus agresores.

Los padres de Manuel Adriano Vilanova Velver saben muy bien que nunca más podrán tener a su hijo junto a ellos; sin embargo, con la condena de los autores materiales de su muerte están seguros que otras familias ya no serán víctimas de estos sicarios, los cuales actuaron pensando que siempre gozarían de alguna protección. Pero no fue así, tanto por el esfuerzo de doña Rosalía y su esposo como por la actuación de los fiscales del caso, el juez y el tribunal de conciencia. Ya finalizó una primera fase y vamos a tratar de llegar hasta el fondo; no obstante, cabe decir que —si bien nos falta mucho camino por andar— el fallo dictado en la madrugada del domingo 11 de octubre de 1998 es, sin duda, un pequeño pero significativo paso en la construcción de un verdadero Estado de Derecho, cuyos principales soportes sean la verdad y la justicia para todas las personas.

USC. El candidato presidencial de la Unión Social Cristiana (USC), Abraham Rodríguez, anunció, el 07.10, su renuncia a la postulación como candidato para una fórmula de coalición con el FMLN. A la vez, el Consejo Nacional de la USC apoyó el proceso de alianza y coalición con el Frente. "He declinado y queremos solicitar al Consejo Nacional del FMLN la apertura para discutir candidaturas de consenso", dijo Rodríguez. Asimismo, argumentó que su retiro obedece a que su persona no es "obstáculo para la coalición y el proyecto, y es que se manejó que yo estaba empecinado en una candidatura, entonces para que no quede duda, declino". Según la USC, el Frente debería incluir en la fórmula presidencial conjunta a un candidato que no pertenezca a ninguno de los dos partidos. La dirigencia de la USC se ha dado un plazo de 15 días para convencer al Frente y llegar a un acuerdo sobre las candidaturas. El Consejo Nacional del partido está por ahora dividido entre quienes no saben si aceptar la fórmula efemelenista y aquellos que la apoyan abiertamente. El diputado de la USC, Mauricio Salazar, sostuvo lo siguiente: "vamos a hacer el intento, para ver si la fórmula del Frente se hace más potable, pero esto no significa que los vamos a presionar. De ninguna manera, si no aceptan, seguiríamos al FMLN, aceptaríamos la fórmula" (LPG 08.10 p.6).

PARTIDOS. El FMLN, PDC, PCN y LIDER expusieron, el 08.10, sus planes económicos, dentro de los cuales se propone, coincidentemente, combatir la pobreza, la corrupción en el gobierno, la evasión de los impuestos, promover la producción nacional y la inversión en el país, y mantener la estabilidad macroeconómica. Los representantes de cada partido plantearon sus planes económicos en el seminario llamado "Desafíos para la adopción de políticas económicas en el actual contexto nacional e internacional", promovido por el PNUD. Los asistentes fueron Rodolfo Parker, candidato presidencial por el PDC; Nidia Díaz, candidata a la vice presidencia por el FMLN; Mauricio Meyer, secretario de LIDER; y Julio Menjívar, gerente de campaña del PCN. El plan económico del PDC contempla, además, la generación de empleos y el fomento a la producción con menos regulaciones a las empresas. En cuanto al plan económico del FMLN, éste incluye, entre otras cosas, la ejecución de una política fiscal que combata la evasión impositiva, así como la decisión de fomentar la independencia del Banco Central de Reserva. El PCN, por su parte, propone crear las condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible, basado en una economía social de mercado; también facilitaría seguridad jurídica al sector privado, para fomentar la inversión extranjera (DH 09.10 p.30).

VILANOVA. Los cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados de la muerte del joven Adriano Vilanova Vervel, fueron encontrados culpables, el 11.10, por un Tribunal de Conciencia. El Juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana, en presencia de los familiares de la víctima y los acusados, leyó el veredicto del Tribunal de Conciencia. Los policías fueron acusados por delito agravado, el cual es penado, según la nueva normativa, con prisión de 20 a 25 años. La condena deberá ser impuesta por el Juzgado de Instrucción de San Marcos, lugar donde dieron inicio las investigaciones en 1995, año en que ocurrió el asesinato. El juez Víctor Zelaya, responsable de dictar sentencia, cuenta con 30 días para ello, mientras los culpables guardan prisión en el Centro Penal de Apanteos. Por su parte, los defensores de los cinco policías aseguraron que solicitarán la nulidad del veredicto, pues, según sostuvieron, en el proceso hubo irregularidades. "Es una sorpresa, no había ninguna prueba. En la vista pública no se aportó nada por parte de la Fiscalía", argumentó Humberto Recinos, abogado defensor del caso. Asimismo, Rafael Chávez, otro de los defensores, dijo que el fallo del jurado era "injusto", a la vez que desestimó a los testigos de cargo que fueron presentados por el Ministerio Público (LPG 12.10 p.4).