Año 19

Número 827

Octubre 21

1998

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Augusto Pinochet en manos de la justicia internacional

Política Preámbulos electorales

Economía El anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación

Sociedad ¿Alimentos para todos?

Regional Segunda autopsia al cuerpo de Gerardi

Derechos Humanos El caso García Prieto (I)

 El general Augusto Pinochet ha sido detenido por las autoridades británicas, a petición del juez español Baltazar Garzón, bajo el cargo de haber cometido crímenes contra la humanidad. Hay suficientes razones para someter a Pinochet a un proceso judicial: él, en última instancia, fue el responsable de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de miles de ciudadanos chilenos. Su dictadura fue sangrienta; las libertades fundamentales de los chilenos fueron abolidas por la brutalidad militar; el oscurantismo y el temor se apoderaron de la vida pública y privada, impidiendo la más elemental disidencia o crítica a un régimen que se asentaba en el poder autocrático de un hombre —Pinochet— para quien todo debía regirse por su voluntad. Incluso fue su voluntad la que se impuso —ya en el marco de la transición democrática— cuando decidió nombrarse senador vitalicio. Esta decisión fue la culminación de su poderío sobre la sociedad chilena; con ella quiso demostrar a todos —críticos y simpatizantes— que el único poder absoluto en Chile, desde 1973 hasta la fecha, era él.

Preámbulos electorales

 La campaña electoral se encuentra a punto de comenzar oficialmente. El próximo 7 de noviembre, el país empezará a presenciar la competencia publicitaria que constituye la etapa final y definitiva de un proceso electoral que dio inicio varios meses atrás. Cabe pues hipotetizar a cerca de lo que se avisora para este nuevo período preelectoral, en relación con la experiencia de marzo de 1997. ¿Qué habrá de novedoso y qué será más de lo mismo en esta campaña electoral que se aproxima? ¿Qué cosas nos anticipan los preparativos que los partidos políticos están llevando a cabo para la contienda?

Pues bien, desde un principio fue obvio que una de las notas características de las pasadas elecciones se mantendrá prácticamente intacta en ésta: la polarización. Los partidos pequeños no lograron configurar ninguna de las alianzas que habían proyectado para hacerle frente, de un modo significativo, a los dos partidos mayoritarios. Esto era fácil de prever. Lo que sí hubiera podido convertirse en una novedad era que el FMLN fortaleciera su posibilidad de convertirse en una opción real de cambio, que fue una de las expectativas que se abrió con el triunfo efemelenista de 1997. Pero lo acontecido en los últimos meses más bien parece haber significado un retroceso que un avance para el Frente en su carrera por ocupar la silla presidencial.

Si en un primer momento se pensó que el FMLN podía pasar de ser el más fuerte contrincante de ARENA a su sustituto en el ejecutivo, ahora esa posibilidad parece remota. Al partido oficial parece estarle funcionando bien su estrategia del candidato joven, intelectual, moderado y renovador, que no busca la confrontación, sino más bien soluciones a la problemática nacional. Con mucha cautela, ARENA ha ido sorteando las dificultades que le han ido saliendo al paso tras la designación de Francisco Flores. Todo eso, sumado a la falta de destreza de los dirigentes efemelenistas, ha proporcionado al instituto político gobernante una apariencia de estabilidad con la que su adversario, sin duda, tendrá que habérselas a lo largo de la campaña.

El optimismo que inicialmente se produjo tras la elección de alcaldes y diputados parece haber dado al FMLN más confianza de la que cabía, tomando en cuenta que el partido en el gobierno no era un contrincante cualquiera. Se había mencionado ya en anteriores oportunidades que ARENA haría todo lo que estuviera a su alcance para mantenerse en el poder. Así ha sucedido. Pero, además y paradójicamente, el FMLN le ha facilitado la labor de manera extraordinaria a su rival. Si después de 1997 se pensó que la desventaja entre ARENA y el FMLN había disminuido, ahora resulta que el reto al que el FMLN se enfrenta es igual o quizá mayor al que enfrentaba en aquellos comicios.

Se había mencionado también que la mejor estrategia que el FMLN podía seguir para convertirse en un rival verdaderamente peligroso para ARENA era realizar un desempeño sobresaliente, o al menos notable, en los nuevos cargos obtenidos en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos municipales. Pero eso no se ha dado. En el Organo Legislativo no ha habido un esfuerzo sistemático de parte del Frente por solidificar su ventajosa posición opositora. Lejos de eso, su participación se ha caracterizado por ser ambigua y pobre. En las alcaldías —especialmente en la decisiva alcaldía de San Salvador— el instituto político de izquierda ha tenido que enfrentarse con el hecho de que una buena administración edilicia no se construye simplemente sustituyendo a otra —por muy anacrónica y conservadora que haya sido la anterior y por mucho que se cuente incluso con la mejor de las intenciones para superarla.

Así pues, si se tratara de calificar su desempeño gubernamental o su talento estratégico, con seguridad el FMLN no saldría muy bien librado. El principal partido de izquierda, lejos de fortalecerse, se ha debilitado y con ello su posición frente a ARENA ha vuelto a ser casi tan incierta como lo fue en 1997. En esta situación, la inestabilidad de la alianza con la Unión Social Cristiana (USC) resulta poco más que inconveniente. Se sabe que la USC está inconforme con la fórmula presidencial por la que finalmente se decidió el Frente. Y aunque, en apariencia, el FMLN no ha dado mucha importancia a las dificultades de la formalización de la alianza y haya decidido empezar la campaña con o sin ésta —¿qué más le queda al fin y al cabo?—, es claro que en este momento la incertidumbre con respecto a la coalición es otro punto en contra de los efemelenistas.

Se podría pensar que, no obstante, el caudal de votos que aportaría la USC a la alianza no amerita mayor preocupación en relación a si ésta se lleva o no a cabo. Pero no se puede dejar de advertir que las ventajas que para el Frente puede tener aliarse con el partido de centro-izquierda no tienen que ver con número de votos, sino con posibilidades de anotar puntos a una posición moderada. Recordemos que el mayor desafío al que se enfrenta la campaña electoral es al grupo mayoritario de indecisos que han perdido —o nunca llegaron a alcanzar— la confianza en los partidos políticos.

En definitiva, el clima político a la víspera del inicio de la campaña electoral se vislumbra así: como en marzo de 1997, habrá polarización y ARENA empezará en una posición ventajosa con respecto al FMLN; la presencia de los partidos minoritarios será escueta y poco decisiva; existen pocas probabilidades de que alguna de las dos principales fuerzas políticas del país obtenga el triunfo en la primera vuelta, lo cual significa que la competencia será reñida, especialmente si el FMLN lleva a cabo una buena campaña y si logra consolidar su alianza con la USC. Lo novedoso que parece prometer la campaña que se avecina es que esta vez no primarán la confrontación y beligerancia sobre las propuestas serias y pertinentes.

En algo en que sí coincidirá ésta campaña con la que pasó hace casi dos años es en la similitud de las ofertas de los partidos mayoritarios. Si en la pasada campaña el FMLN y ARENA coincidieron en el slogan —lo panfletaria y superficial que aquélla fue así lo permitió— en esta coincidirán en la oferta programática. Al menos algo se ganó con el escarmiento que recibió el partido oficial en las elecciones pasadas y algo ha conseguido la crítica contra las campañas carentes de ofertas y ajenas a las preocupaciones reales de la población. Parece que al fin la propaganda dejará de ser mera estrategia publicitaria y dará más espacio a los candidatos presidenciales para exponer sus puntos de vista con respecto a la manera en la que piensan abordar los problemas del país.

Porque —claro está— en señalarlos, todos coinciden. Tanto el principal instituto político de derecha como su principal rival izquierdista han mencionado la necesidad de reactivar el agro como eje prioritario de su potencial gobierno. Facundo Guardado, secretario general y candidato presidencial del Frente, al ser cuestionado sobre tales puntos en común con la propuesta de ARENA, ha afirmado que la diferencia estriba "en la voluntad de llevarlas a cabo", pues el partido gobernante "ha tenido ocho años para intentarlo". Y no lo ha hecho, eso es evidente.

Así pues, lo más prudente será observar el desenvolvimiento de la campaña y esperar el resultado de los comicios, pues, aunque el Frente parezca ahora estar en desventaja respecto de ARENA, aunque este último haya enmendado de una u otra manera sus fracturas y aunque su fórmula presidencial parezca convincente, la inconformidad general con su desempeño en el ejecutivo sigue latente y sorpresas como las que se dieron en los pasados comicios no están exentas de producirse en la elección de marzo del próximo año.

El anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 

En la presente década se ha vuelto cada vez más frecuente e intenso el debate en torno a la distribución del Presupuesto General de la Nación. Lamentablemente, esta discusión no se traduce aún en cambios significativos en su composición que favorezcan una mayor inversión en las áreas sociales. Durante las tres últimas décadas, el Presupuesto General de la Nación se ha inclinado de forma deliberada hacia las áreas de combate de la violencia y atención de sus efectos secundarios.

Durante un primer período (1975 a 1992), la intensificación del conflicto político-militar provocó una marcada tendencia hacia el incremento del gasto en defensa y seguridad pública; en un segundo período (1992 a la fecha), el gasto en defensa, aunque ha disminuido, permanece como un importante componente del presupuesto, mientras que la seguridad pública y la administración de la justicia han incrementado notablemente sus asignaciones presupuestarias.

En cambio, los ramos del gasto social permanecen con una participación porcentual más baja que la prevaleciente para principios de la década de 1960. Esto pese a que el mismo gobierno reconoce la necesidad de desarrollar la compensación social de forma alterna a la implementación de políticas de desmantelamiento del Estado y de apertura económica.

El anteproyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para 1999 contempla un incremento de 875 millones de colones en relación al presupuesto aprobado para 1998 y revela que, dentro del conglomerado de instituciones, el área de seguridad pública, administración de justicia y salud recibirán los mayores incrementos porcentuales y absolutos. Otros ramos recibirían incrementos porcentuales significativos, pero que traducidos a cifras absolutas revelan no ser tan importantes, como por ejemplo la Procuraduría General de la República, vivienda y desarrollo urbano, y transporte.

Así, el ramo de seguridad pública se incrementará en un 13.9% (180 millones de colones), mientras que la administración de justicia recibirá un aumento de 27.2% (313.2 millones de colones). En conjunto, la seguridad pública y administración de justicia, con todos sus componentes, alcanzarán un 24.6% del presupuesto destinado al financiamiento de las instituciones y un 16.8% del presupuesto total. Si se añade el ramo de defensa, el porcentaje podría alcanzar hasta un 22.4% del presupuesto total.

Por otra parte, el gasto social, compuesto por los rubros de educación, salud, vivienda, trabajo y previsión social, experimentaría los siguientes movimientos: el ramo de educación se incrementaría 7.6% (207.6 millones de colones), salud un 21% (278.8 millones de colones), vivienda un 39% (12.7 millones de colones) y trabajo y previsión social un 19.6% (10 millones de colones).

El gasto social representaría entonces un 26.6% del total del presupuesto, lo cual, aunque representa una mejoría en relación al 24.5% asignado en 1998, pone de manifiesto que aún se dista considerablemente de las metas planteadas en el plan de desarrollo social, que proponían que en 1999 el gasto en el rubro social alcanzaría el 50% del presupuesto total.

Otros cambios en el presupuesto que merecen especial atención son los experimentados por el Tribunal Supremo Electoral y por el ramo de obras públicas. En el primer caso, se reporta un fuerte incremento equivalente al 161.3% del presupuesto de 1998 (107.6 millones de colones), debido a la próxima realización de elecciones presidenciales en marzo de 1999.

En cambio, en el caso de obras públicas la tendencia ha sido diferente, pues este rubro experimentó una reducción de 31.1% (543 millones colones), que resultó ser el cambio más significativo dentro de la composición del presupuesto. Evidentemente, esta reducción presupuestaria necesariamente se traducirá en menores niveles de generación de empleo en la ejecución de obras públicas.

Además del rubro de las instituciones estatales, es importante revisar también el comportamiento de otras erogaciones, como las obligaciones generales del Estado, el servicio de la deuda pública y el financiamiento a los gobiernos municipales. De estos tres rubros, solamente el último experimentará un aumento de importancia, pues se incrementará en un 73.3% (330 millones de colones). En cambio, el rubro obligaciones generales del Estado se contraerá en un 5.3% (114.2 millones de colones) y la deuda pública en 3.8% (107.1 millones de colones).

Debe destacarse aquí que el incremento en el financiamiento a los gobiernos municipales puede ser de utilidad para los fines sociales, siempre y cuando los gobiernos municipales orienten estos recursos hacia obras que favorezcan la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más necesitados. Sin lugar a dudas, en este punto sí se han logrado avances significativos en la formulación del presupuesto, a diferencia de los fondos destinados al gasto social.

En realidad, no debería extrañar que en los últimos años la mayor participación y discusión política al interior de la Asamblea Legislativa no se haya traducido en cambios de importancia en el gasto social y, en general, en la forma de hacer políticas públicas. La formulación del presupuesto responde más a las prioridades del gobierno en turno o de los partidos políticos y no tanto a los requerimientos del desarrollo social. Esto no implica, sin embargo, que no existan también limitantes de carácter eminentemente económico.

No es viable incrementar el gasto social sin pensar en un incremento significativo de los ingresos tributarios (75 ó 100 por ciento). Una forma de contribuir a este objetivo es la reducción de la evasión fiscal, la cual se estima pueda estar por un orden no menor al 50% de los ingresos totales. Sin embargo, se impone la necesidad de incrementar aún más los ingresos tributarios, pero a través de impuestos que no graven directamente a los sectores de menores ingresos. Necesariamente, esto implicaría ir contracorriente de la reforma tributaria implementada por los dos últimos gobiernos, que ha hecho recaer la mayor carga tributaria sobre la población asalariada.

También existen otras vías posibles, relacionadas con una reestructuración del presupuesto que no necesariamente impliquen mayores requerimientos de financiamiento, como, por ejemplo, dedicar menos recursos para la defensa nacional. El caso de Costa Rica es ejemplar, pues en este país los elevados niveles de gasto social han mejorado notablemente la satisfacción de las necesidades básicas, la convivencia social y han reducido las necesidades de presupuesto para seguridad pública y administración de justicia. A su vez, los elevados gastos sociales fueron posibles en la medida que, con la disolución del ejército en la década de 1950, se liberaron recursos financieros.

Tal como se plantea la situación actual, será necesario profundizar en el estudio de estas u otras opciones de financiamiento para el gasto social, el cual se justifica no solamente por sus efectos inmediatos de satisfacer necesidades básicas, sino también por sus efectos de mediano plazo en la reducción de la violencia y del presupuesto asignado para combatirla, lo cual, a su vez, vendría a liberar recursos financieros que podrían invertirse en el área social.

¿Alimentos para todos? 

Una de las más duras paradojas en el mundo es aquella que permite a muchos disfrutar de los mayores lujos, mientras que otros —la mayoría— están condenados a la miseria. Para los primeros, el consumo gastronómico, por ejemplo, es de lo más exuberante. Se trata de un grupo social que disfruta de los mejores restaurantes, de los más espléndidos platillos y de todo tipo de bebidas. Mientras tanto, muchos otros pocas veces tienen un plato justo de comida para alimentar a sus hijos o se ven obligados a servirse de los desperdicios de la basura para saciar su hambre. Algunos, con un poco más de suerte, tienen lo mínimo para abastecer de comida a los más pequeños de la familia, aunque eso implique que los adultos se queden sin comer. Estos son ejemplos extremos, pero veraces en países como El Salvador. La falta de empleo y de recursos económicos son unas de las principales causas de la escasa y deficiente alimentación de las distintas comunidades pobres.

Con lo anterior, no se pretende hacer una reflexión moralista de la desigual distribución económica en la sociedad. Tampoco se intenta criticar la forma de vida de algunos ni lamentar la vida de otros; simplemente, se trata de hacer notar que las dificultades alimentarias de la población hacen posible uno de los grandes males de nuestro tiempo: la desnutrición infantil. La pobreza que viven muchas comunidades, sociedades y pueblos, no sólo en El Salvador sino en el mundo, es parte del origen de la carestía de alimentos sanos, nutritivos y básicos; carestía de la cual padecen millones de familias. Aunque también existen otras razones que provocan la desnutrición, como el poco compromiso de los gobiernos y grupos sociales ante el problema, los prejuicios que someten a la mujer y a los niños a la pobreza alimentaria, las guerras y la falta de protección social, entre otros. Lo cierto es que en nuestro país, la pobreza es la mayor culpable de que el 50% de los niños de 0 a 5 años de edad padezcan de distintos grados de desnutrición y de que ésta sea una de las 10 causas de mortalidad infantil.

Ahora bien, la gravedad de la desnutrición infantil radica en muchos puntos. En principio, es preciso aclarar que este problema no se reduce, como muchos piensan, al hecho de tener o no que comer, o que los niños carezcan de un peso acorde a su tamaño y edad. De hecho, una persona puede comer tanto como para saciar su hambre y estar severamente desnutrida, si los alimentos que consume no le aportan los nutrientes necesarios. El problema es que, en muchas ocasiones, los déficits alimentarios tienen efectos irreversibles sobre la salud física y mental. Y es que la desnutrición no afecta únicamente a nivel físico y exterior, sino que puede dañar el sistema psicobiológico de los afectados, lo cual habrá de influir de forma negativa en la conducta, las relaciones sociales y el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Asimismo, preocupa el hecho de que la desnutrición es propicia para que los menores mueran de enfermedades "normales" de su edad, ya que una persona que no recibe una nutrición adecuada difícilmente tendrá un sistema inmunológico bien desarrollado.

Según explica un documento del Fondo de las Naciones Unidad para la infancia (UNICEF), denominado Estado mundial de la infancia 1998, uno de cada tres niños en el mundo sufre de desnutrición. Esta dolencia tiene distintas manifestaciones. Cada tipo de desnutrición surge de variados factores que son aledaños a aspectos como la pobreza, la falta de agua potable, la ausencia de servicios sanitarios básicos y de saneamiento ambiental. Por otro lado, el factor propiamente alimenticio es básico cuando se habla de nutrición. La deficiente ingestión de yodo, de vitamina A y hierro, sustancias que el cuerpo no produce por sí mismo, así como la falta de alimentos energéticos y ricos en proteínas y la interrupción temprana del amamantamiento, pueden causar un grave efecto en el crecimiento de los niños y desmejorar otras funciones fisiológicas esenciales en el ser humano. En este sentido, la manifestación de la desnutrición no es solamente bajo peso y baja estatura. Por supuesto que los menores que se encuentran en el peor estado alimentario pueden llegar a una condición "marasmática"; es decir, que su aspecto es sólo piel y huesos. Otros pueden verse con la piel hinchada, manchada, escamosa y músculos flácidos. En el caso de las mujeres embarazadas que presentan algún nivel de desnutrición, éste influirá sobre el crecimiento del feto.

La desnutrición puede combatirse con una "alimentación recuperadora" que incluya una dieta con suficientes proteínas y otros nutrientes como carbohidratos, grasas, etc. No obstante, tal y como lo expresa el documento de la UNICEF, es igualmente fundamental "facilitar el acceso de la mujer a la educación, enriquecer los alimentos básicos con nutrientes fundamentales, perfeccionar la distribución de materiales informativos prácticos y aumentar el gasto de los gobiernos en los sectores sociales". Asimismo, habrá que enfatizar la importancia de la lactancia materna. La educación a cerca de los valores nutritivos de los alimentos es clave para que las personas conozcan la importancia de ingerir todo tipo de alimentos nutritivos, varios de los cuales son relativamente accesibles económicamente. Es por ello que al hacer hincapié en lo que es más recomendable ingerir se puede lograr un gran avance en la solución de los problemas alimentarios-nutricionales.

En El Salvador, existen algunas entidades que, con ayuda de organizaciones extranjeras como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la organización Mundial de la Salud (OMS), llevan a cabo programas de nutrición y atención a los necesitados, especialmente a los niños. Adicionalmente, operan otras instituciones con proyectos preventivos como la alimentación a niños en edades escolares. Un ejemplo de ellas es la Secretaría Nacional de la Familia, que trabaja aproximadamente con 500 comunidades rurales implementando 3 programas: el de nutrición a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de 5 años; el programa de refrigerio escolar y el de medio ambiente y conservación de suelos. El Ministerio de Salud, por su parte, lleva a cabo programas de distribución de alimentos fortificados con micronutrientes; en esto es apoyado por el PMA. Este suministro es más amplio en las áreas rurales del país donde la desnutrición es dos veces más aguda que en las áreas urbanas. La importancia del tema de la nutrición y alimentación se hace evidente una vez al año. En efecto, cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Incluir este importante asunto en las agendas diarias del gobierno y de los sectores involucrados es una necesidad y un deber que exige el presente y el futuro del país.

Segunda autopsia al cuerpo de Gerardi

 El 17 y 18 de septiembre se realizó una segunda autopsia al cuerpo del Obispo asesinado Juan José Gerardi. El objetivo fundamental de la diligencia era probar o descartar la tesis sustentada por el fiscal Otto Ardón, en el sentido de que Gerardi fue atacado y mordido por un perro pastor alemán al momento de ser asesinado. Esta presunción precipitó, el 22 de julio, la captura del sacerdote Mario Orantes, quien vivía con Gerardi y posee un perro pastor alemán llamado Baloó.

En la exhumación participaron, por parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), cinco especialistas, tres de ellos norteamericanos (Jack Palladino, Norman Sperbert y Robert Box) y dos guatemaltecos (Mario Iraeta y Mario Guerra). Por su parte, la Fiscalía presentó únicamente al médico forense español José Manuel Reverte Coma, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, España, quien hace cinco meses sustentó la tesis de la mordedura del perro basándose en una foto tomada a Gerardi. Al cadáver de Gerardi se le practicó una tomografía, exámenes de "rayos X" y una segunda necropsia por parte de todos los profesionales.

El 18 por la tarde ambas partes dieron a conocer los resultados preliminares de los estudios. El propio Fiscal General de Guatemala, Adolfo González Rodas, sostuvo en conferencia de prensa que los resultados apuntaban a que Gerardi fue golpeado por detrás y atacado por un perro por delante. A su lado se encontraba el forense Reverte Coma para avalar sus conclusiones; Reverte, sin embargo, tuvo que admitir que nunca examinó personalmente al perro Baloó. Al regresar a Madrid, luego de concluidas las diligencias, Reverte Coma insistió en una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE que "la clave en este caso es la de la mascota del sacerdote Mario Orantes Nájera, un alemán de nombre Baloó, quien mordió primero a Gerardi en la nuca y, al defenderse éste, le mordió también las manos"; y ofreció su propia versión de los hechos: "El obispo entra a su casa por el garaje y sorprende al cura (Orantes) en alguna cuestión anómala de las suyas, por lo que le reprende y éste, enfurecido, le lanza el perro". Reverte se aventuró incluso a especular sobre el móvil del crimen —plegándose totalmente a la versión de la fiscalía—, insistiendo en que era "doméstico y no político", y concluyó que el esfuerzo por vincular a los militares con el crimen responde a "intereses bastardos" de grupos que quieren "continuar la guerra, porque tienen negocios".

La conclusión preliminar de los cinco especialistas propuestos por la ODHA fue unánime: no hay rastros de mordeduras de perro. El odontólogo Norman Sperbert, con más de 35 años de experiencia en toda clase de mordeduras, adelantó que una herida de perro debe dejar señales de los dientes maxilares superiores e inferiores, y que los dientes incisivos debieron atravesar la piel y el cráneo de la víctima, evidencias ambas que no pudieron encontrarse en el cuerpo de Gerardi. Agregó que previamente habían tomado una muestra de la dentadura de Baloó para confirmar sus conclusiones. Posteriormente, expertos veterinarios y entrenadores de perros practicaron varios exámenes y pruebas al can —con la presencia de funcionarios de la fiscalía— y confirmaron que Baloó no puede saltar ni pararse sobre sus 2 patas a causa de sus múltiples enfermedades y vejez: el perro padece de la columna, de la próstata y de los oídos.

Finalmente, el 29 de septiembre, Jack Palladino, uno de los expertos norteamericanos que participó en la autopsia por la ODHA, presentó ante el juez del caso, Isaías Figueroa, el informe final de los tres forenses norteamericanos. En él se descarta definitivamente la hipótesis de la mordedura del perro: no hay rastros de dientes caninos que, de darse una mordedura, hubieran penetrado ineludiblemente el cráneo y el cerebro del obispo, ni tampoco signos de la arcada inferior del animal. El informe vuelve a concluir lo que desde un principio se sabía: dos personas —utilizando una piedra y un objeto cilíndrico no encontrado en el lugar del crimen— fueron los responsables de la muerte de Gerardi.

Días después de concluida la segunda autopsia, el propio director de ODHA, el Obispo Mario Ríos Montt, además de ratificar que los resultados obtenidos apuntan a que no hay rastros de mordeduras, acusó a la fiscalía de no hacer bien su trabajo y de dedicarse a manipular la información obtenida, a menoscabar el rigor científico de los exámenes realizados y a ridiculizar el profesionalismo de los expertos propuestos por la ODHA. No obstante, la controversia continúa, pues la fiscalía se niega a aceptar el dictamen de los expertos de la ODHA, aferrándose tenazmente a la opinión de Reverte Coma, e insiste en llevar a juicio a Orantes; por otro lado, el juez del caso se niega a decidir sobre los resultados de la autopsia. Un verdadero callejón sin salida; al que, sin embargo, habrá que abrirle por la fuerza una puerta que lleve a la verdad.

Toda esta controversia ha llevado naturalmente a preguntarse ¿qué tanto peso puede tener la opinión del forense Reverte como para que la fiscalía se niegue a tomar en cuenta los resultados de los otros especialistas?, y también ¿qué tan objetiva es la actuación del fiscal Otto Ardón? La figura de Reverte Coma se convirtió muy pronto en el centro de la investigación y la información periodística. Los resultados han puesto en duda su credibilidad y la objetividad de sus opiniones. Ya durante la conferencia de prensa que ofreciera la ODHA luego de la autopsia, Ronalth Ochaeta denunció sus extravagancias durante el proceso mismo. Sostuvo que el forense español pretendía cortarle la cabeza a Gerardi y hervirla para practicarle otras pruebas, pero encontró fuerte oposición por parte de los demás expertos. Al día siguiente, la ODHA anunció que presentaría una denuncia ante el Colegio Médico de España en contra de Reverte, pues éste faltó a la ética y a los códigos del proceso legal al "haber exteriorizado [durante la conferencia de prensa ofrecida por la fiscalía] criterios sobre la conducta del presunto asesino de monseñor Gerardi, sin ser investigador..., por haber declarado sobre lo que ocurrió en la escena del crimen, el 26 de abril, sin que le conste los hechos, y haber querido cortar un dedo al cadáver, para llevárselo como recuerdo y para enseñárselo a sus alumnos universitarios en España".

El 25 de septiembre, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Julio Arango Escobar, dio a conocer que Reverte había sido expulsado de El Salvador, en 1993, cuando colaboraba con la Comisión de la Verdad. Según Arango, Reverte chocó con el equipo de antropólogas argentinas propuestas por las Naciones Unidas que trabajaban en la exhumación de las víctimas de la masacre del Mozote, ocurrida en el departamento de Morazán, donde murieron más de 300 personas a manos de militares salvadoreños. Al parecer, Reverte, luego de visitar el lugar en dos ocasiones, pretendía descalificar el dictamen de las antropólogas y quiso imponer su criterio a quienes llevaban a cabo la investigación. Belisario Betancourt, ex presidente de Colombia y Presidente de la Comisión de la Verdad, quien se encontraba casualmente en Guatemala, confirmó al diario "Prensa Libre" la versión ofrecida por Arango y añadió que él personalmente pidió al gobierno español el retiro de Reverte.

La ODHA también se ha quejado repetidas veces del papel que ha jugado el actual fiscal del caso, Otto Ardón, quien públicamente ha admitido que tiene parientes militares y que fue miembro activo del ejército, además de haber devengado salarios provenientes de esa institución recientemente. ODHA le ha criticado su falta de objetividad y, sobre todo, su resistencia a considerar otras hipótesis, especialmente si éstas apuntan hacia los militares.

Sólo faltaba establecer los lazos de unión entre Ardón y Reverte. El contacto habría sido Pablo Coello, guardia civil español y miembro de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), quien durante un tiempo asesoró a la fiscalía en las investigaciones del asesinato, pero que fue retirado a petición de la misma Iglesia. Según la ODHA, Coello habría ayudado a Ardón a elaborar la hipótesis que involucra a Orantes y Reverte confirmaría la versión basada en unas fotografías retocadas que le fueron enviadas a España. El resto es historia.

La ODHA ha estado estudiando la posibilidad de impugnar la actuación de Ardón ante la Corte Suprema de Justicia y de retirarse como "querellante adhesiva" si el fiscal insiste en presentar acusación formal contra Orantes. Por su parte, los abogados de Orantes se preparan para pedir su libertad sobre la base de los resultados de la autopsia.

Todo parece indicar que el segundo acto de esta mascarada montada por la fiscalía está llegando a su fin. El primer acto concluyó cuando el 29 de julio el Ministerio Público se vio obligado a dejar en libertad al primer sospechoso, Carlos Enrique Vielman, por falta de pruebas contundentes en su contra. De igual manera, la liberación de Orantes parece ahora cercana. No parece quedarle otra opción al "brillante" fiscal Ardón ni a quienes con él están escribiendo, desde las sombras, esta obra de muerte, impunidad y burla.

Es de esperar entonces que las hipótesis que apuntan hacia la participación de los militares vuelvan a cobrar de nuevo fuerza al acabar de una vez por todas con este intento burdo de incriminar a Orantes. De hecho, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica informó, el 6 de octubre en Costa Rica, que existen "pruebas irrefutables" de que Gerardi fue asesinado por cinco miembros del Estado Mayor Presidencial. La ODHA, por su parte, ha dicho también que presentará en breve un testigo clave que el día de los hechos vio dos vehículos con placas oficiales estacionados frente a la casa parroquial donde fue asesinado Gerardi y salir de ella a una persona sin camisa. A medida, pues, que se cierra el telón, ya se anuncia el tema del tercer acto, ojalá el definitivo.

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Colaboración de Roberto Valdés, "Equipo Envío", Nicaragua

El caso García Prieto (I) 

El difícil trayecto de esta familia en busca de justicia ya ha sido comentado en este espacio. Hoy volvemos a la carga pues hace unos días, exactamente el martes 6 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia a los peticionarios y a la parte demandada. Como representantes de esta última —que no es más que el Estado salvadoreño— estuvieron presentes: el señor embajador ante la Organización de Estados Americanos, doctor Mauricio Granillo, junto a los licenciados Mauricio Rodríguez, jefe de la División de Investigación Criminal (DIC), y Mauricio Chiquillo, de la Fiscalía General de la República; además, integró la delegación gubernamental un representante del Ministerio de Seguridad Pública, de apellido Laínez.

Del lado de los peticionarios asistieron la esposa, la madre y el padre de Ramón Mauricio García Prieto Giralt —asesinado el 10 de junio de 1994— y delegados del IDHUCA, junto a una abogada del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). Tras las intervenciones de una y otra parte, el doctor Carlos Ayala Corao puso fin al encuentro interviniendo en su calidad de presidente de la CIDH y a nombre de sus otros dos colegas presentes: doctores Álvaro Tirado Mejía y Helio P. Bicudo. La decisión fue la de dar un plazo de quince días, a partir de esa fecha, para que la delegación oficial entregue lo que considere conveniente a fin de probar la veracidad de los argumentos que expuso en esa ocasión; de igual forma y durante el mismo plazo, la parte peticionaria deberá hacer llegar a la CIDH una evaluación del estado en que —a su criterio— se encuentra el cumplimiento de las medidas que solicitó al gobierno en junio de 1997.

Con base a lo anterior, la familia García Prieto y el IDHUCA cumplimos. No vamos a narrar aquí lo que dijo la parte gubernamental en la audiencia pues, sin lugar a dudas, desperdiciaríamos lamentablemente el poco espacio que tenemos. Más nos interesa dar a conocer la partes centrales de nuestra argumentación ante los miembros de la Comisión, la que arrojó la tan atinada decisión adoptada.

En primera instancia consideramos importante informar a la CIDH que la familia García Prieto —después de la primera audiencia ante esa Honorable Comisión, en octubre de 1997— se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para solicitarle, mediante dos comunicaciones de fechas 3 y 18 de diciembre de 1997, la designación de enlaces oficiales de alto nivel para discutir y coordinar con ellos todo lo referente al caso. Sin embargo, dichas solicitudes aún no han sido respondidas por la Cancillería salvadoreña.

Posteriormente, hicimos referencia a la investigación de los hechos intimidatorios mediante los cuales se ha intentado frenar en El Salvador a los peticionarios. Tales actos han sido casi permanentes; sobre todo, han estado dirigidos contra el padre y la esposa de la víctima. De eso dan fe los informes entregados por los integrantes del equipo de seguridad; además, esta situación se refleja en la evaluación del caso que hizo la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC), en mayo del año en curso. El IDHUCA, por su parte, también ha registrado hechos de ese tipo en declaraciones juradas ante notario que, oportunamente, se han enviado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Departamento de Investigación del Crimen Organizado (DICO) de la PNC, para su conocimiento e investigación.

Lo anterior ha requerido de los fiscales específicos una especial preocupación y diligencia. Como se sabe, la Fiscalía debe garantizar la constatación extrajudicial de los hechos intimidatorios para su posterior judicialización; sin embargo, el trabajo de los agentes del Ministerio Público en el presente caso se ha vuelto más difícil y complejo, en la medida que la PNC no ha realizado a cabalidad su labor. De los hechos ocurridos desde la audiencia anterior ante la CIDH hasta la más reciente —es decir, de octubre de 1997 a octubre de 1998— destacan dos; de ellos, no ha habido mayor avance en las indagaciones por parte de la Policía para el establecimiento preciso de las respectivas responsabilidades y la conexión que pueda establecerse con una posible autoría intelectual en el crimen.

En lo que toca a la investigación de otros responsables del asesinato, se destacó la falta de celeridad del gobierno para atender la petición de la CIDH; ésta se comprueba al observar la fecha en la cual se reiniciaron las investigaciones en torno a los hechos. Dichas diligencias se abrieron de nuevo hasta el 28 de agosto de 1997; es decir, más de dos meses después de que esa Honorable Comisión solicitó "la adopción de las Medidas Cautelares necesarias para salvaguardar la vida, libertad e integridad personal de los señores Mauricio García Prieto Hirlermann, Gloria Giralt de García Prieto y Carmen de García Prieto, así como también de los abogados y testigos vinculados con la investigación y juzgamiento de las personas responsables de la muerte de Ramón Mauricio García Prieto Giralt".

El balance global que se puede hacer de esta "reactivación" en la investigación del caso es negativo. A la fecha sólo se ha logrado la detención de un individuo, a quien se le imputa ser otro de los autores materiales: Julio Ismael Ortiz Díaz. La prueba que hasta ahora sustenta la detención provisional de éste, descansa prácticamente en la declaración rendida por la testigo presencial y en el reconocimiento en rueda de reos que ella hizo de Ortiz Díaz. Pese a la abundante cantidad de personas que se encontraban en la escena del crimen al momento en que fue realizado, a plena luz del día, no se ha obtenido información alguna para el mayor esclarecimiento de los hechos.

Al analizar lo que a estas alturas aparece en el proceso que se ventila en el Juzgado 3º de Instrucción de San Salvador, incluidas diligencias extrajudiciales y las judiciales, llaman la atención dos cosas que a continuación se sintetizan. En primer lugar: la reiterada insistencia de los fiscales específicos del caso durante la fase extrajudicial, requiriendo de la institución policial la práctica de ciertas diligencias solicitadas con bastante anticipación. La lentitud en la atención a estas solicitudes provocó un serio atraso en las investigaciones y evidenció problemas prácticos en lo que toca a la dirección funcional que —por mandato constitucional— debe ejercer la FGR en la investigación de los delitos. En segundo término: la falta de iniciativa por parte del tribunal correspondiente para ordenar diligencias encaminadas a avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de sus responsables. A la fecha y desde el inicio de la instrucción, es notorio que prácticamente el papel del Órgano Judicial se ha limitado a resolver —no siempre con rapidez— sobre las peticiones de las partes.

En relación a las medidas de seguridad, la familia de Ramón Mauricio García Prieto Giralt expuso la situación a la CIDH. En síntesis, se dijo que la PNC —a través del DICO— inició en septiembre de 1997 algunas diligencias extrajudiciales tendientes a retomar las investigaciones sobre la participación de otros autores materiales en el asesinato de su esposo e hijo. Eso sucedió, gracias a la antes mencionada resolución que dictó la CIDH el 20 junio de 1997. Así, el 16 de septiembre declaró en las instalaciones de dicho Departamento policial el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann; un día después, el 17 de septiembre, comparecieron también las señoras Gloria Giralt y Carmen Alicia Estrada, ambas de García Prieto.

Debido a que en dichas declaraciones se aportaron importantes indicios, la familia ofendida conversó con los instructores policiales —el mismo 18 de septiembre— sobre las medidas de seguridad solicitadas por la CIDH. Los elementos del DICO dijeron que el 19 de septiembre se realizaría una reunión con altas autoridades del cuerpo, para acelerar la puesta en marcha de las mismas. La mencionada reunión no se llevó a cabo y, por ello, se envió una carta al señor director general de la PNC el 23 de septiembre, insistiendo en la necesidad de su realización. Como no se obtuvo respuesta a la anterior, después de la primera audiencia ante la CIDH se envió otra misiva al mismo funcionario con fecha 6 de noviembre de 1997, reiterando la petición.

El 13 de noviembre de 1997 se realizó la primera reunión entre miembros de la familia ofendida, representantes del IDHUCA, un abogado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las más altas autoridades de la PNC, incluidos el director general y el subdirector general de operaciones. En esa ocasión se acordó, entre otras cosas, que la familia y sus abogados presentarían un propuesta de plan de seguridad y que, además, informarían a la CIDH sobre la celebración de esta reunión. Asimismo, se decidió que las gestiones relacionadas con el plan de seguridad se harían a través del jefe del PPI.

Cabe mencionar que en la citada reunión se planteó la posibilidad de integrar el equipo de seguridad con miembros de la PNC o con elementos ajenos a ella; la familia podía, entonces, elegir "personal capaz y de su completa confianza" que —en caso de no pertenecer al cuerpo policial— serían "carnetizados e incorporados a las planillas de salarios de la Institución, quienes quedarán en calidad de Agentes Supernumerarios". Así, pues, la familia ofendida presentó una propuesta bajo la modalidad de contratación de personas particulares de su confianza que, en principio, fue aceptada. Sin embargo, el 8 de enero de 1998 —argumentando que no se contrataría personal de fuera de la institución y contraviniendo así lo acordado el 13 de noviembre de 1997— fue revocada dicha decisión. De esa forma, nuevamente hubo que realizar conversaciones y organizar reuniones para buscar, sugerir, conocer, y aprobar el personal con el cual se impulsaría el plan de seguridad.

El 23 de enero de 1998 se decretó la detención administrativa del ya mencionado Julio Ismael Ortiz Díaz; la detención judicial se decretó tres días después. Para entonces no había arrancado el plan de seguridad, por las razones antes señaladas; dadas las declaraciones rendidas por el nuevo imputado, los fiscales del caso solicitaron por escrito al Juzgado 13º de Paz de San Salvador que librara oficio al PPI para brindarle protección a los miembros de la familia García Prieto y sus asesores. Cuando declaró el imputado Ortiz Díaz también amenazó a los fiscales específicos del caso, lo que hacía necesario incluirlos dentro del plan global de seguridad; sin embargo, en ningún momento se consideró este punto.

Se debe mencionar, además, que el miércoles 22 de enero —un día después de la detención administrativa del imputado Ortiz Díaz— fue asesinado Leonel David Menjívar Castañeda, en un hecho violento realizado con toda las características del accionar de los "escuadrones de la muerte". Menjívar Castañeda fue una de los sujetos que la PNC mencionó como "amigo" y miembro de la banda de José Raúl Argueta Rivas, el único sentenciado por el asesinato de Ramón Mauricio; asimismo, fue quien —junto a otro individuo— llegó a amenazar a los testigos oculares de la muerte de Ramón Mauricio, quienes presenciaron los hechos desde una construcción en la cual se encontraban trabajando. Todo esto consta en acta policial incluida en las diligencias extrajudiciales instruidas contra el imputado Argueta Rivas, agregadas al expediente en el Juzgado 5º de instrucción.

Esta ejecución coincidió, además, con el reconocimiento de Ortiz Díaz que hizo la principal testigo. Como entonces aún no había iniciado el plan de seguridad para la familia ofendida, pudo ser interpretado en aquella época como un acto intimidatorio en su contra. Se desconocen las investigaciones que la PNC haya efectuado sobre este crimen que, de ninguna forma, parece aislado.