Año 19

número 828

octubre 28

1998

ISSN 0259-9861

 

Editorial Una batalla equivocada

Política Ortodoxia y heterodoxia en el FMLN

Economía Desarrollo, pobreza y deterioro ambiental

Sociedad El problema de ordenar San Salvador

Derechos Humanos Una lluvia de justicia en el desierto de la democracia

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Una batalla equivocada 

La delincuencia es uno de los dos problemas más graves que agobian a la población salvadoreña y, para combatirlo, la participación de esta última es importante. En este contexto, el compromiso de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) puede ser determinante, así como lo es en otros aspectos de la realidad nacional. Sin embargo, el medio propuesto por ésta es equivocado. La delincuencia no se combate lanzando cruzadas ni exigiendo la reforma de los códigos penales. Aparte de que las cruzadas nunca han sido buenas por su alto contenido emotivo y con frecuencia irracional, ni las leyes reemplazan la acción eficaz.

La visión que la ANEP tiene del delito y la violencia es demasiado estrecha y simplista. No ha sabido independizarse del discurso con el cual el gobierno de ARENA intenta justificar su fracaso en materia de seguridad pública. En lugar de repetir los argumentos gubernamentales, debiera haber analizado el problema con mayor objetividad y así hubiera podido proponer medidas eficaces. Bien haría la ANEP en utilizar su poder y sus medios para cuestionar al gobierno de Calderón Sol, forzándolo a presentar una política de seguridad coherente e integral. Emplear ese potencial en una cruzada es dar la batalla equivocada.

Ortodoxia y heterodoxia en el FMLN 

El mes de mayo del año en curso fue el período en el que la discusión sobre las pugnas al interior del FMLN dio inicio. "Ortodoxos" y "renovadores" fueron los términos con los que la prensa señaló a las fracciones que en el seno del partido debatían a cerca del futuro y orientación del mismo. Ya en la Convención Nacional llevada a cabo en septiembre de 1997 la existencia de tal pugna había salido a flote. Pero la discusión en torno a ello se agudizó tras el conocimiento público de un documento anónimo —evidentemente proveniente de la tendencia ortodoxa— denominado Sobre el rumbo actual del FMLN.

Las cabezas de cada tendencia quedaron, desde entonces, estipuladas así: Shafick Hándal y Salvador Sánchez Cerén como lideres de la línea ortodoxa y Facundo Guardado como figura principal del grupo de los renovadores. Según la versión de los medios, la pugna emanaba de las FPL, la organización de la cual provienen Cerén y Guardado. Otras tendencias al interior del partido habrían manifestado su apoyo a una u otra de esas personalidades. Así, Shafick Hándal habría optado por la opción ortodoxa de Sánchez Cerén, mientras que efemelenistas como Raúl Mijango y Dagoberto Gutiérrez se habrían adherido a la propuesta modernizadora de Facundo Guardado.

La polémica sobre las tendencias al interior del principal instituto político de izquierda fue apaciguándose a la espera de que al FMLN le llegara la hora de elegir su fórmula presidencial. Y, en efecto, fue ese el momento en el que las pugnas vieron un nuevo resurgimiento. Esta vez con la participación de las bases, lo cual, sumado al hecho de que en esta ocasión el partido se jugaba uno de los factores determinantes de los comicios de 1999, otorgaron a la disputa mayores niveles de fuerza y complejidad. La primera y fallida Convención Nacional del principal partido opositor puso de manifiesto que las bases habían hecho suyo el conflicto entre ortodoxos y renovadores. Las consignas emanadas de los convencionistas o la agresividad e irrespeto de los cuales Héctor Silva fue objeto, evidencian la virulencia con la que los correligionarios efemelenistas, en especial los del ala conservadora, asumieron la discusión intrapartidaria.

Pues bien, tras todos estos avatares del Frente y más allá de los análisis correspondientes a cada una de las coyunturas señaladas, cabe intentar explorar un poco más de cerca la pugna intestina por la que actualmente atraviesa el FMLN. ¿Qué se quiere decir exactamente cuando se habla de ortodoxos y renovadores? ¿Se trata de categorías carentes de fundamento, adoptadas por la prensa de manera arbitraria? ¿O son conceptos que reflejan con claridad los problemas internos del Frente? ¿Existe una discusión ideológica y doctrinal de fondo o no se trata de nada más que de una lucha de poder por el control de partido?

Para intentar dar respuesta a estas interrogantes conviene aclarar el sentido en el que la opinión pública ha entendido las palabras ortodoxia y renovación en el caso concreto de esta polémica. Por ortodoxos se han tomado a aquellos miembros del FMLN que cuestionan la labor de Facundo Guardado al frente de la Secretaría General del partido acusándolo de propender a la "derechización", de olvidar el verdadero horizonte —el horizonte socialista— a seguir y de aceptar algunos de los preceptos del neoliberalismo. De renovadores son tildados quienes defienden la necesidad de un cambio intrapartidario que de lugar a la revisión de sus ejes tradicionales de acción y potencie el diálogo con los distintos sectores de la sociedad.

Ortodoxia se ha denominado, pues, al ala "nostálgica", aferrada a los antiguos lineamientos del marxismo-leninismo, renuente a aceptar las exigencias de la transformación del país y estancada en la ideología que imperó en la izquierda durante la guerra. La corriente renovadora ha sido, en cambio, identificada con las ideas moderadas, pragmáticas y progresistas, apegadas a la nueva realidad nacional, proclives a los cambios y tolerantes al diálogo.

El documento Sobre el rumbo actual del FMLN suscribe muy bien la plataforma ideológica de lo que se dio en llamar tendencia conservadora del Frente. No deja de ser llamativo el hecho de que, pese a que nadie quiso hacerse cargo de la redacción del documento, Sánchez Cerén haya manifestado su acuerdo con lo allí expresado. Más llamativo aún es que, poco después, Dagoberto Gutiérrez publicara en un diario vespertino lo que parecía ser la respuesta al texto en mención pero que, sin embargo, no guardaba diferencias sustantivas con las ideas que intentaba cuestionar. En esta publicación sostenía Gutiérrez que su partido continuaba siendo un partido revolucionario y que su objetivo fundamental seguía siendo llegar al poder con el fin de instaurar un Estado socialista. Claro, agregaba el autor, que esto no podía ser mencionado frente a los correligionarios, debido al cansancio que estos experimentaban frente a todo lo que tuviera que ver con sistemas sociales y propuestas encaminadas en esa dirección. En todo caso, lo importante era hacer caso omiso de los pesimistas que rechazaban la Secretaría de Guardado porque, pese a su negatividad, el Frente continuaría su lucha, esta vez inserto en el marco democrático, y llegaría al ejecutivo en marzo de 1999.

En franco contrastaste con las palabras del "renovador" Gutiérrez, se sitúan las del "conservador" Hándal en algunos de sus más recientes discursos. Resulta que, contrariando las apariencias, las ideas de Shafick Hándal enuncian una postura mucho más novedosa y apegada a la etapa de transición democrática que las manifestadas por su contrincante ideológico. Lejos de hacer alusión a un Estado socialista o a un partido revolucionario, la apuesta discursiva de Hándal va dirigida ante todo a la institucionalización de la democracia. Más aún, viejas banderas del discurso de derecha —como la insistencia en la modernización del Estado— encuentran acogida en los planteamientos del jefe de fracción del FMLN.

Que esta moderación discursiva obedece a una postura pragmática por parte de la legendaria figura efemelenista es un argumento que podría esgrimirse para poner en duda la sinceridad de su compromiso con la democracia. Pues bien, este es uno de los puntos en los que precisamente radica la confusión que sin duda persiste en el debate en torno a las corrientes al interior del Frente. Erróneamente, se suelen identificar las medidas pragmáticas con las posturas revisionistas o moderadas, sin advertir que el pragmatismo muy poco tiene que ver con las convicciones ideológicas de los cuadros o de las tendencias. Así, una de las personalidades del partido puede caracterizarse por su habilidad para dialogar, llegar a arreglos o conseguir determinadas cosas a su favor —lo cual lo convertiría en pragmático— sin que ello signifique en lo absoluto que pretenda abandonar sus ideas tradicionales, por más retrogradas y cuestionables que estas sean.

En definitiva, no es posible hasta ahora determinar con exactitud quienes ameritan en el Frente ser llamados ortodoxos y quienes renovadores. Guardado y los suyos dicen pertenecer a la izquierda moderada, pero, a excepción de la publicación de Gutiérrez —que más pareciera favorecer a la ortodoxia— no ha habido manifestaciones oficiales al respecto. Paradójicamente, los discursos de los conservadores están cargados de contenidos que propenden a la renovación de las ideas y defienden la democratización del país. Pese a ello, Sánchez Cerén acuerpa un documento, por lo demás panfletario y anacrónico, del cual nadie se hizo responsable en última instancia. La única conclusión que puede extraerse de todo esto es que la polémica alrededor de la ortodoxia y la heterodoxia al interior del principal instituto político de izquierda es bastante confusa y que viene a sumarse a todos aquellos aspectos oscuros de ese partido que los dirigentes del FMLN se niegan a enfrentar hasta las últimas consecuencias.

Desarrollo, pobreza y deterioro ambiental 

Al revisar comparativamente la historia de países desarrollados y subdesarrollados salta a la vista que muchos países ricos en recursos pueden llegar a subdesarrollarse, mientras que otros menos dotados obtienen mejores niveles de desarrollo. Esto obedece, principalmente, a la influencia de las políticas públicas sobre el ámbito económico y social, ya sea a través de subsidios, regulaciones o inversiones.

En El Salvador, al igual que en la mayoría de países subdesarrollados, los resultados de los modelos de crecimiento económico han evidenciado una aparente contradicción entre crecimiento económico, reducción de la pobreza y conservación ambiental. Tanto los modelos de agroexportación y de industrialización por sustitución de importaciones, como los de corte neoliberal, han impulsado el crecimiento económico sin considerar sus posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la población y que el crecimiento no se hiciera a costa de la pérdida irreversible de los recursos naturales.

Estos problemas han sido asumidos desde hace más de veinticinco años por los países desarrollados; sin embargo, aún no se cuenta con un esquema efectivo para contrarrestar los efectos negativos del crecimiento. Esta situación compromete la viabilidad de los modelos tradicionales de desarrollo económico, debido a los límites que impone no sólo el agotamiento de los recursos naturales, sino también la insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.

Esta problemática requiere reformas institucionales de fondo. Ello resulta claro al examinar la evidencia histórica sobre los manejos institucionales del Estado, los cuales ponen de manifiesto cómo una política que inicialmente se considera necesaria para el desarrollo puede volverse totalmente contraproducente para el mismo. Resulta notable cómo, aun en la actualidad, y pese a la evidencia sobre la importancia de las políticas públicas para la búsqueda del desarrollo, no se tomen medidas firmes para atacar los resultados históricos del desarrollo tal como éste ha sido concebido tradicionalmente.

La ausencia del criterio de sostenibilidad en la utilización de los recursos naturales se ejemplifica con claridad meridiana al examinar casos específicos, como las operaciones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Por otra parte, la ineficiencia en la conducción institucional se refleja en el comportamiento de algunas entidades relacionadas con la protección de los recursos naturales y la planificación del desarrollo, tales como: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el ya extinto Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social (MIPLAN).

Así, puede señalarse que, a partir de la década de 1950, la CEL se encargó de desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Lempa y, posteriormente, de la generación eléctrica por medios térmicos y geotérmicos. Existe evidencia de que la construcción de grandes represas en el río Lempa generó efectos negativos en la medida que provocó migraciones masivas de población, inmersión de tierras productivas y bosques, migración de fauna e, incluso, pérdida de infraestructura valiosa como puentes y carreteras. La situación se agrava si se considera que la vida útil de las represas ha disminuido drásticamente por efecto del azolvamiento resultante de su mal manejo.

Asimismo, puede señalarse que la construcción de estas grandes obras de infraestructura no cumplió con la mayoría de los objetivos que se perseguían con su construcción, al menos en el caso de la represa Cerrón Grande, pues, aunque esta obra llenó los objetivos de incrementar la generación eléctrica, no satisfizo otros de sus objetivos: prevención de inundaciones en la parte baja del río Lempa y electrificación rural masiva.

Paradójicamente, los elevados costos sociales y ambientales de la construcción de represas fueron vanos, pues no evitaron que, desde la década de 1980, la CEL se dedicara a implementar nuevos proyectos, relacionados con la generación eléctrica mediante medios térmicos. Más sorprendente aún es el hecho de que en la actualidad se encuentran en estudio nuevos proyectos de construcción de represas hidroeléctricas en el cauce del río Lempa.

Otra debilidad importante de la política gubernamental es la desatención de problemas fundamentales del desarrollo que deben ser atendidos por el Estado, aun cuando existen instituciones creadas con esos fines. El MAG, por ejemplo, cuenta con entidades encargadas de velar por la protección de los recursos naturales, aglutinadas en la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR) y sustentadas en un cuerpo de leyes creadas para apoyar su trabajo. Existen cuando menos cinco dependencias que están relacionadas con la preservación ambiental, pero que en la práctica se han visto totalmente rebasadas por las exigencias reales.

La situación empeora al considerar que, en la década de 1990, y como resultado del proceso de reducción del Estado, las actividades de estas instancias han disminuido. Principalmente, debido a la drástica contracción del presupuesto de la DGRNR, la fuga de personal profesional y la carencia de recursos para desarrollar sus funciones. Aún para el año 1999, el gobierno propone en el presupuesto de la nación una nueva reducción para el ramo del MAG.

La reducción de personal en la DGRNR no implica, empero, que el personal total asignado para la preservación ambiental haya disminuido, pues, desde 1992, se crearon instituciones paralelas a la DGRNR, con fines similares, tales como el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA) y, más recientemente, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Sin embargo, este último también enfrenta el ingente desafío de obtener un presupuesto más elevado que le permita desarrollar acciones efectivas para modificar las pautas de utilización de los recursos naturales. Para 1998, el presupuesto del MARN fue de sólo 25 millones de colones, lo cual representó un 0.2% del Presupuesto General de la Nación y se espera que la situación se mantenga prácticamente sin alteraciones para 1999.

La supresión del MIPLAN es, probablemente, la muestra más clara del horizonte cortoplacista de la política gubernamental. Este Ministerio estuvo encargado de la formulación de propuestas de política económica, social y ambiental para alcanzar grandes objetivos de desarrollo. Sin embargo, con la llegada de gobiernos de corte neoliberal, MIPLAN fue finalmente suprimido y la política económica y social se ha condicionado a los objetivos de mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y fomento del crecimiento. Esta postura supone, erróneamente, que no es necesario planificar las medidas de la política gubernamental.

El sombrío panorama de la degradación ambiental y la inequidad en los modelos de desarrollo tradicional sugieren que se requieren de medidas radicales para revertir la situación, las cuales difícilmente pueden ser aplicadas en un contexto político donde se pregona una doctrina económica de corte neoliberal. Sin embargo, cuando menos puede pedirse que el Estado asuma con mayor seriedad su rol de facilitador del desarrollo, fortaleciendo las instituciones relacionadas con las áreas sociales y ambientales.

El problema de ordenar San Salvador 

San Salvador —perfecto reflejo del país al que pertenece— es una ciudad que por mucho tiempo ha navegado erráticamente, a ciegas y tropezones. Una ciudad en la que ideales como orden y racionalidad cívica han sido palabras muertas en la praxis cotidiana de sus ciudadanos. Los resultados de ello son evidentes para todos, aunque al parecer no lo suficiente como para que se intentara vislumbrar un nuevo horizonte y diseñar una estrategia viable para llegar a él. Sin embargo, este año han comenzado a emanar de las esferas gubernamentales y de la sociedad civil signos esperanzadores que permiten suponer que existe al menos la voluntad para que la situación actual se transforme en beneficio de todos.

Hechos como el lanzamiento y discusión de las Bases para el Plan de Nación —por muy polémicos y criticables que sean algunos de los elementos del proceso—, la firma de un tratado de colaboración entre la empresa privada y la Alcaldía de San Salvador, y la decisión —nunca antes vista— con la que el Viceministerio de Transporte y la PNC se han lanzado a ordenar el caos vehicular capitalino, permiten afirmar que ya se están dando los primeros pasos para superar el estado lamentable en el que hemos convivido hasta ahora.

Más importante aún, paralelamente a esta dinámica, la población ha empezado a comprender que su participación en el ordenamiento y la racionalidad es necesaria para alcanzar una convivencia armoniosa. Un ejemplo de ello es el apoyo y simpatía con que ha acogido el Plan de Rescate del Centro Histórico, incluso cuando él ha implicado la reubicación —en ocasiones por medio de la fuerza— de un gran número de pequeños vendedores. Que la gente de a pie, por tradición opuesta a las políticas gubernamentales, haya comprendido que no todo lo que procede del Estado es malo para sus intereses y haya censurado con dureza a los comerciantes que se negaban a abandonar voluntariamente sus puestos, es esperanzador, pues sienta los cimientes para un cambio de gran envergadura. No obstante, la tarea a emprender es aún larga y tortuosa, ya que los vicios que configuran la situación actual están profundamente arraigados en gran parte de la sociedad salvadoreña.

Hoy por hoy, el centro de San Salvador se ha convertido en el lugar de encuentro entre estos añejos problemas y la nueva mentalidad que se pretende hacer imperar, siendo así como ha pasado a representar un espacio privilegiado para determinar las posibilidades reales de transformar el resto de la ciudad, no se diga el resto del país. Así pues, el proceso de ordenamiento del centro —en tanto corazón simbólico e histórico de la ciudad, y en tanto que en él se manifiestan con particular intensidad la mayoría de taras de la sociedad salvadoreña— se convierte en un buen indicador de lo que cabrá esperar a futuro de un proceso de racionalización de los espacios públicos nacionales.

Por lo anterior, no deja de ser interesante y útil analizar el conflicto de la última semana entre las autoridades de transporte y los empresarios de la ruta 42 y 42B, a raíz del súbito cambio del recorrido de esta última por una de las principales arterias del centro capitalino. Hay que partir diciendo, en primer lugar, que el gremio de transportistas —como cualquier salvadoreño lo sabe— no se distingue por su afición al diálogo y la negociación ni por su consideración para con las necesidades de la población que utiliza sus servicios ni, mucho menos, por su disposición a acatar lar ordenanzas emanadas de las autoridades de transporte.

Por otro lado, la anarquía del gremio ha encontrado terreno fértil en la arbitrariedad, desatino y poca visión que aún caracterizan al Viceministerio de Transporte. El compadrazgo en la asignación de las "líneas" de transporte, la poca continuidad de las políticas implementadas y la variabilidad extrema de los criterios de ordenamiento del tráfico vehicular han impedido que el Viceministerio disponga de la autoridad requerida para llamar al orden a los transportistas, los cuales, en este mar de confusión, han terminado por hacer imperar en buen grado sus puntos de vista.

En el conflicto, que inició el 22 de este mes y concluyó con el decomiso de más de 40 microbuses y una batalla campal entre microbuseros y agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), se conjugaron ambos factores. Por una parte, arbitrariedad gubernamental: el Director General de Transporte, José Cienfuegos, revocó sin previo aviso el permiso que, tan sólo un mes antes, había otorgado a la ruta 42B para circular por la 1ª calle poniente de la capital. Por la otra, extremismo y anarquía de los empresarios transportistas: como primera medida éstos optaron por obstaculizar con sus unidades la arteria mencionada e impidieron que éstas fueran removidas pacíficamente por las autoridades de transporte, por lo que la UMO se vio obligada a dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno y balas de hule.

Es difícil establecer con certeza qué fue lo que motivo a las autoridades de transporte a revocar un permiso que hacía pocos días había otorgado. Menos entendible aún es el hecho que, sin haber prevenido a los transportistas afectados por la medida, las autoridades los estuvieran esperando en la arteria para imponer multas y decomisar unidades. Sin duda alguna, el germen de lo que al final se llegó lo plantó el mismo Viceministerio de Transporte, independientemente de que la medida, por mucho que pretendiera abonar al ordenamiento del centro, fuera acertada o no. Es en este punto donde interesa detenerse. Ciertamente, los motoristas, sean de la ruta 42 o 42B o de cualquier otra, se caracterizan por su matonería y desprecio a la autoridad, pero ¿es válido recurrir a la justificación de hacer imperar el orden a cualquier precio cuando las autoridades encargadas de hacerlo actúan con criterios fuera de toda lógica y razón? ¿Es razonable mandar al orden cuando se carece de alternativas viables y a su vez ordenadas para sustituir un estado de caos y arbitrariedad? En definitiva, ¿fue el orden lo que al final prevaleció?

Este caso y el de la reubicación de los vendedores ambulantes del centro de San Salvador muestran dos maneras completamente distintas de proceder en la racionalización de los espacios públicos citadinos. En el segundo, al contrario del primero, se está siguiendo un plan previamente diseñado en el que se han establecido alternativas viables para los afectados; además, la alcaldía, a diferencia del Viceministerio de Transporte, entabló —y mantiene— un proceso de diálogo y negociación en el que los vendedores han podido exponer sus puntos de vistas y hacer observaciones al proyecto edilicio. Lo que es común a ambos casos es la inflexibilidad con la que se ha procedido, pero, naturalmente, las consecuencias que de ello se siguen son completamente diferentes. No es que el plan de Héctor Silva no pueda provocar —de hecho ya lo hizo— choques violentos entre la autoridad y los comerciantes, sino más bien que en su caso el orden es un objetivo y no simple justificación en la aplicación de la medida.

Cuando el Alcalde de San Salvador manda que la PNC o la UMO remuevan a los comerciantes de sus puestos, ordena un espacio público. En contraste, cuando el Viceministerio de Transporte gira una disposición semejante, lo único que logra es solucionar un desorden coyuntural, aportando poco o nada a un ordenamiento general y de más amplio espectro. Como es evidente, la racionalización de San Salvador pasa por la primera vía y no por la segunda, la cual al fin y al cabo termina siendo sólo una manifestación más del estado de desorden que se pretende superar.

Una lluvia de justicia en el desierto de la democracia

El arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, se convierte para el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-CHILE) en un momento —más que para declarar— propicio para reflexionar desde la ciudadanía, a la luz de la ética y cultura de la paz y de los derechos humanos.

Ha sido necesario una intervención desde el derecho internacional —a la luz de la creciente evolución de la doctrina universal de derechos humanos— para revelar el grado de profundas e incomprensibles contradicciones existentes en el camino de transición hacia una auténtica democracia en Chile.

Este hecho viene a desnudar la verdad de lo que sucede con nuestra democracia, la que no ha sido fundada en el respeto pleno e integral de los derechos humanos. Se revela la imposibilidad e incapacidad de efectivos poderes así llamados democráticos, para lograr la realización de justicia y superar la herencia de poderes militaristas y mecanismos legales de autoritarismo que pretenden perpetuar una situación de amnistía autoconcedida y el amparo de la impunidad.

Sale a relucir la contradicción entre la visión de la comunidad internacional que, a diferencia de enconados sectores de la comunidad nacional, hace prevalecer como fundamental el derecho de la humanidad por sobre todo derecho de territorialidad. Esto ha sido un logro de una evolución de la conciencia moral de la humanidad para avanzar en la superación de prácticas aberrantes y crímenes atroces de lesa humanidad: genocidio, tortura, terrorismo de Estado, desaparición forzada.

También aflora una discrepancia imposible de conciliar entre quienes internamente apelan a una figura cuasi-mesiánica revestida de honores, orgullos y privilegios, mientras que la comunidad internacional no reconoce aquellos títulos desprovistos de un origen democrático e insiste en las condiciones de criminalidad, que no pueden ser desconocidas por la justicia.

En definitiva, como país, debemos aceptar que el mundo nos está mostrando que es preciso reconocer la validez fundamental y superior de la doctrina universal de derechos humanos y normativas internacionales, que la débil y limitada democracia chilena no ha sido capaz de poner en plena vigencia. Por el contrario, se ha querido hacer una transición donde la justicia se aplica en "la medida de lo posible", estrategia comprensible ante el cerco de poderes ajenos a la democracia, pero que en definitiva nos ha llevado a confundir reconciliación con impunidad. Por ello, difícilmente puede defenderse con argumentos de privilegios e inmunidades que siempre serán válidos sólo cuando tienen un auténtico origen y procedimiento democrático, y no como instrumentos de amparo a la impunidad.

Los hechos acaecidos en escenarios de Europa han provocado el desarrollo de acontecimientos nacionales que no pueden pasar inadvertidos. "Algo huele mal en el alma de Chile".

Es una realidad lamentable que partidarios de quien hoy es sometido a un juicio internacional, se nieguen a reconocer la competencia del derecho internacional y el valor fundamental, en definitiva, de los derechos humanos. Pero, más lamentablemente aún son los gestos y actitudes que revelan que nunca creyeron en la democracia y que no están dispuestos a aceptar que la democracia ineludiblemente debe confrontarse con la justicia y el derecho, más allá de sus intereses y privilegios.

Las actitudes de soberbia y descontrol revelan una peligrosa y amenazante conducta autoritaria, como si fueran dueños de la democracia, del Estado de Derecho, de manejar a su comodidad los poderes democráticos constituidos y designados como únicos depositarios de la soberanía nacional. Es necesario preguntarse hacia donde conducen actitudes y amenazas que pretenden generar ingobernalidad y que llegan hasta el inaceptable acto de paralizar el funcionamiento del Congreso.

Este ilegítimo boicot a la democracia demuestra que su reconocimiento de ella llega sólo hasta donde les sirve para proteger sus intereses. Esta nostálgica y descontrolada soberbia de autoritarismo antidemocrático, amerita un juicio democrático y exige al gobierno una actitud de firmeza y clarificación ante quienes atentan contra la democracia, así como a despertar en la sociedad civil toda su capacidad de participación y recuperación de protagonismo democrático.

Esta es una hora en que no podemos seguir ocultando los inamovibles obstáculos y límites a una real democracia en Chile. Es hora para que todos los chilenos, sin distinción alguna, aceptemos que sin derechos humanos no hay reconciliación. Más allá del desenlace político-jurídico del hecho de la detención del dictador chileno en Inglaterra, donde es posible anticipar falsas soluciones por la predominancia de poderes políticos y de fuerza, todos los chilenos estamos llamados a sacar lecciones.

Primero, que la democracia y los derechos humanos son principios que contienen una verdad ineludible, insoportable para algunos, y que constituyen el desafío principal para el fortalecimiento ético de nuestra convivencia democrática.

Y, segundo, que más allá del éxito o no de los mecanismos jurídicos que intentan el logro de la justicia, se alza el valor de la conciencia. Sin embargo, este desafío no es reconocido por quienes —cegados— no quieren escuchar el clamor de la conciencia de la humanidad. Los soberbios y déspotas, los orgullosos y despiadados, dictadores y poderosos, podrán ampararse en falsedades democráticas y tener impunidad, pero no podrán escapar al juicio de la conciencia. Ante la conciencia no existe impunidad.

El Caso García Prieto (II)

Para intentar cumplir la solicitud de la CIDH, el 6 de febrero de este año la familia García Prieto envió al sub-director de operaciones de la PNC una nueva lista de elementos, todos ellos pertenecientes al cuerpo policial. El 6 de marzo se realizó una nueva reunión en las instalaciones de PPI; entre otras cosas, se recordó la necesidad de brindar protección a los fiscales del caso, pero no hubo respuesta al respecto. Asimismo, se trajo a cuenta la propuesta de plan hecha por la víctimas; frente a ello, se dijo que no tenían recursos materiales para satisfacer las demandas planteadas. A partir de esa fecha se inició el servicio con sólo seis elementos. Entre marzo y abril se insistió en solicitar por escrito los recursos humanos y materiales adecuados, pero continuaron las respuestas negativas.

El 18 de mayo hubo una reunión entre la familia ofendida, sus asesores y el jefe del PPI. En esa ocasión, éste manifestó que el caso era prioritario y que —por sus características— los seguimientos parecían provenir de agentes estatales. El funcionario policial tenía, pues, información precisa a través de los reportes del personal de seguridad asignado a la familia; por ello, dijo que estaba consciente de lo delicado de la situación y que iba a poner en marcha un plan para identificar a los responsables de tales hechos intimidatorios. Luego de esa reunión no ha habido otra más con la jefatura del PPI. Se tiene conocimiento que el jefe del PPI informó al sub-director de operaciones de la PNC, mediante memorándum de fecha 22 de mayo de 1998, sobre su preocupación alrededor del caso; en esa comunicación se calificó como "inminente" el nivel de riesgo para la familia. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances en este sentido.

Hasta septiembre se logró formar un equipo de doce elementos, con el cual se cubre la seguridad de seis personas; esto se logró después tras más de catorce meses desde que la CIDH le solicitó al gobierno salvadoreño —el 20 de junio de 1997— que adoptara las medidas de seguridad necesarias "para salvaguardar la vida, libertad e integridad personal" de la esposa, la madre y el padre de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, y de todas las demás personas relacionadas con la investigación y juzgamiento de los responsables de su muerte. Cabe destacar que no se cuenta con un jefe o coordinador exclusivo de dicho equipo y que —hasta el momento— los fiscales del caso continúan sin protección.

Por todo lo anteriormente expuesto, la familia ofendida y sus asesores —tanto del IDHUCA como de CEJIL— valoran que hasta la fecha ha sido deficiente el cumplimiento de las medidas solicitadas al gobierno salvadoreño para garantizar su seguridad y, así, posibilitar la investigación a fondo en el caso del asesinato de Ramón Mauricio. En tal sentido, vale la pena recordar la jurisprudencia del sistema regional. Las consideraciones del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a las medidas provisionales para el caso "Serech y Saquic", son claras al señalar: "Que es responsabilidad del Gobierno adoptar medidas de seguridad para todos los ciudadanos, compromiso que debe extremarse aún más con relación a quienes están involucrados en procesos judiciales tramitados ante órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos destinados a determinar o no la violación de derechos humanos contemplados en la Convención Americana".

La razón de ser de las medidas cautelares solicitadas para la familia García Prieto, testigos, asesores y demás involucrados en el caso apunta hacia el esclarecimiento pleno de los hechos y las responsabilidades, la sanción a los culpables y la reparación del daño a las víctimas. Eso también se desprende de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual —en la sentencia del caso Velásquez-Rodríguez— expresa que: "Si el aparato del Estado actúa de modo tal que la violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción".

A lo anterior, se suma lo resuelto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el presente caso; en ella, la institución nacional le recuerda a las autoridades policiales y judiciales "que la responsabilidad de investigar por parte del Estado debe asumirse en cualquier caso con eficiencia, como un deber jurídico propio".

Con todos los argumentos expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el presente caso —al hacer un balance del estado en que se encuentra el cumplimiento de las medidas solicitadas al gobierno— vemos que nos encontramos ante un saldo negativo. Y la situación se vuelve más difícil y vulnerable cuando la familia ofendida y sus asesores, junto a los fiscales específicos, intentan profundizar en las investigaciones. No obstante, sin importar el tiempo y los riesgos —como en la experiencia chilena— se sabe de qué lado está la justicia y eso anima a seguir en el combate contra la impunidad.

El compromiso de la Corte Suprema de Justicia contra la delincuencia (I)

Agradezco a la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES), y en particular a su apreciado Director Presidente, Richard Awad, la gentil invitación formulada a un servidor para exponer en mi calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia el tema mencionado. Quiero advertirles que me siento honrado de estar con ustedes, que mis vínculos afectivos y laborales con UDES hacen de esta ocasión una oportunidad magnífica para expresar inquietudes referentes al combate contra la delincuencia que nuestro país debe librar y a otros temas no menos importantes, con el compromiso de resumir al máximo los conceptos que debo expresarles y con la salvedad de que oportunamente vamos a responder a las interrogantes e inquietudes que los distinguidos asistentes deseen plantear.

Es un hecho histórico indiscutible, que El Salvador descuidó siempre su Sistema de Administración de Justicia, al grado de mantenerlo en estado o situación artesanal, empírico, retrasado y, aun hoy, sin los medios mínimos para desarrollarse. El Poder Judicial no fue (ni es) prioridad, lo cual resulta completamente ilógico y absurdo si se pretende alcanzar o construir un auténtico Estado de Derecho, una sociedad pacífica, moderna, en la cual el hombre pueda convivir, realizarse, "tener futuro".

En el presente, confrontando los retos del compromiso histórico adquirido con la suscripción de los "Acuerdos de Paz", El Salvador, que no ha superado en medida razonable las causas que provocaron el conflicto fratricida, agudizados algunos, sino todos, nuestros males sociales, enfrenta la urgencia de revertir una escalada delincuencial que nos desangra a todos, que nos golpea y aflige a todos y que bloquea las esperanzas mínimas de un desarrollo con equidad.

Queremos curar, sin recursos, enfermedades sociales que se han desarrollado, ante nuestra indiferencia, hasta alcanzar niveles de suma gravedad. Lo queremos lograr de muy diversas formas, desde las posiciones conformistas que declaran incurable el fenómeno delincuencial que padecemos y que tácitamente recomiendan o prescriben no hacer nada, hasta las posiciones primitivas que aconsejan el uso irracional de la fuerza. Ambas concepciones quieren olvidar que se trata de un fenómeno muy complejo, que requiere políticas de Estado bien estructuradas y mejor ejecutadas para enfrentarlo satisfactoriamente.

Sin perjuicio de lo dicho, hay esfuerzos de modernización en la Justicia salvadoreña, hay logros, hay una lenta pero eficaz persuasión en el uso del instrumento judicial para dirimir conflictos, hay en suma, una serie de hechos, circunstancias y realidades que nos mantienen dentro del umbral de la esperanza.

Voy a tomar unos momentos para insistir en algo que estimo importante y decisivo: el fenómeno delincuencial salvadoreño no surge ni se agrava exclusivamente a causa de leyes, autoridades, supuestamente ineficientes, ausencia de acciones preventivas y/o represivas de las conductas antisociales, etc. Se origina de múltiples factores de diversa índole. Una grotesca tradición de machismo, un pésimo e ineficiente sistema de educación, una estructura social injusta y marginadora, una población que crece exponencialmente, un patrón de irresponsabilidad social y familiar, un Estado que surge o se origina basado en la fuerza irracional, que vive manteniendo por ésta y que no logra aún mínimos de consenso, unos "valores" que o no existieron o que se pierden en el devenir histórico, etc.

Podríamos extendernos sobre las causas de diversa índole, pero no se trata de hacer un prolijo catálogo de nuestras tristezas ante el crecimiento del "monstruo delincuencial" que pretende devorarnos.

Aceptado, así lo esperamos, que el delito es más un efecto que una causa, es pragmático asumir que debemos atacar ambos. Curar las causas configura un proyecto cuando menos de mediano plazo, atacar y minimizar los efectos, controlar la delincuencia, minimizarla, es una urgencia nacional ineludible e inescapable, antes de que esa delincuencia frustre y aniquile los esfuerzos que los salvadoreños de buena voluntad hacemos para que El Salvador crezca en lo económico, se desarrolle en lo social y alcance en general la situación de convivencia, de Estado de Derecho, de hábitat adecuado para la realización de nuestros habitantes, que todos los presentes y la inmensa mayoría deseamos para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.

El Estado salvadoreño, reza la Constitución en su artículo uno inciso primero, "está organizado para la consecución de la Justicia, de la Seguridad Jurídica y del Bien Común". Nótese cómo está expresa y prioritariamente mencionada la Justicia. No podría ser de otro manera, sin Justicia ni hay Estado de Derecho, ni hay Seguridad Jurídica, ni hay civilización, ni hay clima adecuado para la inversión, en suma no hay reales posibilidades de desarrollo.

Consecuentemente con lo anterior, el constituyente asigna para el Organo Judicial, a título de presupuesto, una suma no inferior al seis por ciento de los ingresos anuales corrientes del Estado.

En este momento, con muchas exigencias de diversa índole, el Organo Judicial está empeñado en llevar adelante un Programa de Modernización y Fortalecimiento que potencia su INDEPENDENCIA, conditio sine qua non para que haya credibilidad, confianza, fe en el sistema judicial, que mejore razonablemente la eficiencia y la eficacia de la Justicia como servicio, que también lo es, y que permita condiciones mínimas de dignidad, de actuar con libertad y de no ver el futuro con ojos de terror e incertidumbre, al Juez y al resto del personal del Sistema Judicial.

La Justicia no es un problema de finanzas públicas, no es un problema de uno o varios institutos políticos, de uno o varios sectores de la sociedad, es un problema de Estado, requiere visión de Estado y demanda excluir posiciones egoístas e inmediatistas. Es necesario comprender que todo colón destinado al Sistema, desde luego bien utilizado, es un inevitable pero esperanzador pago, para mejorar el presente y construir el futuro que todos queremos.

ANEP. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó, el 20.10, la propuesta de 27 reformas al Código Penal y Procesal Penal. Según explicó la ANEP, desde que las nuevas normativas penales entraron en vigencia, se ha incrementado la delincuencia. Felipe Umaña, asesor jurídico de la ANEP, aseguró que las reformas tienen el propósito de "eliminar la posibilidad de que, por un ‘tecnicismo’, los delincuentes puedan obtener su libertad". Debido a ello, una de las reformas plantea la exclusión de la libertad provisional como una medida sustitutiva. Por otra parte, Umaña explicó que la gremial cree pertinente reducir la edad de los menores infractores, de 18 a 16, para que estos puedan ser juzgados como adultos (con ello se reformaría el artículo 17 del Código Penal); que la estafa, el hurto, accidentes de tránsito cuando el motorista conduce en estado de ebriedad y los disparos al aire sean considerados como delitos, entre otras cosas. Asimismo, la ANEP pidió que se investiguen las cuentas bancarias de quienes se sospeche estén involucrados en secuestros. Sobre el tema de los menores, Marta Valladares, del FMLN, afirmó que cambiar el límite de edad para los menores infractores viola la constitución. Sin embargo, todas las fracciones legislativas coincidieron en que se estudiarán a fondo las propuestas (DH 21.10 p.6 y LPG 22.10 p.5).

ALIANZA. Los partidos del autodenominado "Centro Democrático": Convergencia Democrática, Popular Laborista (PPL), Demócrata (PD), el partido de Organización Fuerza y Esperanza (FE) y el Movimiento de Unificación Demócrata Cristiano (MUDC), informaron, el 23.10, acerca de la posibilidad de una coalición para las elecciones de 1999. Por el momento, únicamente tienen firmado un documento de entendimiento. Asimismo, han acordado formar una sola bandera que no contenga ningún distintivo partidario. "Estamos abriendo el protagonismo de salvadoreños sin definición política partidista e ideológica", expresó Horacio Trujillo, dirigente del MUDC. El Centro Democrático, al parecer, sigue el proyecto emprendido por la extinta Unión Nacional Opositora (UNO), en la que participaba Ronal Umaña, del PDC. Pese a que la Unión Social Cristiana (USC) y el PDC están fuera de la alianza, Ernesto Vilanova, secretario general del PPL, dijo aspirar a que la alianza partidaria "se convierta en una segunda o tercera fuerza electoral en los próximos comicios". Por su parte, Trujillo dijo no dudar de que la coalición contará con el apoyo de varios movimientos cívicos. Por otra parte, según se informó, el Centro Democrático ha ofrecido la candidatura presidencial a Roberto Vilanova, ex presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) (DH 23.10 p.8).

VILANOVA. Los defensores de los cinco policías acusados del asesinato del joven Adriano Vilanova presentaron, el 22.10, al Juzgado de Instrucción de San Marcos, una solicitud para anular el juicio. Según argumentan los abogados defensores Boanerges Chávez, Alejandro Cruz y Julio César Mojica, uno de los miembros del jurado era procesado judicialmente cuando se llevó a cabo la vista pública. Explicaron que el mismo enfrentó cargos por el delito de cheques sin fondos en perjuicio de CREDOMATIC. El juez Víctor Zelaya explicó que "lo que se ha hecho es pedir al Juzgado Quinto de Instrucción [encargado del proceso judicial contra el jurado] la certificación de dicho proceso". Si se demuestra que el miembro del jurado era efectivamente procesado mientras se efectuó la vista pública, la solicitud de nulidad será admisible. El secretario del Juzgado de Instrucción, Oscar Quinteros, afirmó que "posiblemente al jurado se le haya girado la orden de captura, el juez valorará si procede o no". Habrá que determinar, además, si el jurado en cuestión tenía defensor o no, para comprobar si éste tenía conocimiento del proceso en su contra, y conocer si mintió bajo juramento, cuando afirmó que no tenía procesos pendientes (esto es básico para ser parte del Tribunal de Conciencia). Pese a todo lo anterior, el proceso de sentencia de los policías continúa ininterrumpidamente (DH 24.10 p.12 y LPG 24.10 p.8).

COALICION. El Secretario General de la USC, Abraham Rodríguez, y la candidata a la vicepresidencia por el FMLN, Marta Valladares, aseguraron, el 24.10, que el proyecto de coalición entre los dos partidos sigue adelante. "A través de una elección libre y sin ninguna presión, los militantes decidirán... si se cristaliza la coalición con el FMLN", declaró Rodríguez. Por su parte, para Valladares "existen elementos favorables para mantener una coalición de carácter estratégico con la USC". El 25.10, la USC accedió a las condiciones impuestas por el FMLN, durante el Congreso Socialcristiano. Se estableció, pues, la decisión de acompañar al Frente, aceptando, además, a los candidatos efemelenistas, Facundo Guardado y Marta Valladares. Al respecto, esta última manifestó: "ahora vamos a participar en coalición, como un solo político erguido, para derrotar a la derecha". En consecuencia, Rodríguez quedó fuera de la fórmula presidencial conjunta. Otro de los acuerdos fue la participación con una sola bandera, la cual tendrá el logotipo de los dos partidos. Por otra parte, la deuda política estará repartida en un 80% por el FMLN y un 20% por la USC. Rodríguez explicó que parte del pacto concretado plantea que el FMLN propondrá la terna para elegir al próximo magistrado propietario ante el Tribunal Supremo Electoral. La USC, por su parte, propondrá al suplente (LPG 25.10 P.8 y 26.10 p.5).

ALCALDIA. La reorganización de vendedores de la calle continúa su proceso. En ese marco, el 26.10, representantes de la Alcaldía se reunieron con los vendedores instalados en el Pasaje Cañas y 3ª avenida sur para negociar la recuperación de sus espacios públicos. En este lugar existen cerca de 500 puestos estacionarios. "La reubicación de las ventas estacionarias del Pasaje las Cañas ha quedado suspendida hasta encontrar soluciones que beneficien a la comunidad y a los comerciantes", expresó el gerente de mercados municipales, Ismael Merlos. "Es vital que logremos acuerdos en armonía con los comerciantes y logremos recuperar áreas mínimas para la circulación peatonal y vehicular", insistió Merlos. Según expresaron representantes de la Alcaldía, la etapa de readecuación de las instalaciones provisionales de los vendedores reubicados podría finalizar para el mes de noviembre de este año. El reordenamiento de las ventas "callejeras" es parte del "Plan de Recuperación de Espacios Públicos y Rescate del Centro Histórico de San Salvador", que lleva a cabo la administración de Héctor Silva. El mismo contempla el ordenamiento del transporte público, la creación de plazas techadas para los comerciantes reubicados y la recuperaración de edificios históricos, entre otras cosas (LPG 26.10 p.12).

CSJ. Luego de cuatro meses, desde que la Asamblea Legislativa acusó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de haber violado dos artículos constitucionales, se dictó, el 27.10, el "veredicto condenatorio" contra dicha institución. El caso dio inicio cuando la Corte decidió modificar el cuestionario que sería enviado a Joaquín Villalobos, con el cual se pretendía establecer la posible responsabilidad de Shafik Hándal en algunos casos de secuestro; la CSJ ordenó eliminar toda pregunta referente a Hándal. En este marco, la Corte fue acusada de "manosear" el suplicatorio de Alvaro de Soto, debido a que el documento fue enviado con 6 meses de retardo. En base a esto, el Fiscal General de la República, Manuel Córdova, argumentó que la institución de Justicia se extralimitó en sus funciones al reformar el cuestionario. Según la Fiscalía General de la República, la CSJ violó el inciso 3º del artículo 172 y el inciso 4º del 186, los cuales pretenden garantizar la independencia de los jueces "en lo referente al ejercicio de la fundación jurisdiccional". En este sentido, los representantes o el presidente de la institución, Eduardo Tenorio, serían responsables de interferir en la investigación de los secuestros. Por ahora, el veredicto los condena. Sin embargo, los diputados han expresado que antes de emitirlo concederán a la CSJ el derecho de audiencia (o defensa) (LPG 28.10 p.5).