Año 19
número 829
noviembre 4
1999
ISSN 0259-9864
Editorial El Salvador ante la tormenta tropical "Mitch"
Economía Impacto económico de la tormenta tropical "Mitch"
Sociedad Lo previsible de la tormenta "Mitch"
Regional "Mitch" en Centroamérica
Derechos Humanos Sociedad civil y derechos humanos (I)
El Salvador ante la tormenta tropical "Mitch"
En las últimas dos semanas se han hecho sentir sobre el territorio nacional los efectos de la tormenta tropical "Mitch". Fuertes y continuas lluvias, inundaciones, deslaves y derrumbes han sido, visto el fenómeno desde su impacto físico, las notas más características. El impacto económico, aunque imposible de cuantificar totalmente en este momento, asciende a varios millones de colones: infraestructura destruida, plantaciones inundadas, ganado y aves de corral ahogados, y viviendas arrastradas por el agua. Desde el punto de vista de su impacto humano, el fenómeno climatológico ha dejado hasta el momento no menos de 225 muertos, sin contar a quienes corren el riesgo de morir por falta de medicamentos o atención médica oportuna, varios miles de damnificados (no menos de 50 mil) —con familiares cercanos desaparecidos o muertos— e incontables menores de edad huérfanos o abandonados, en el marco de la tragedia, por sus padres.
No todo el país ha sido afectado con igual gravedad, ni todos los salvadoreños de igual forma. La tormenta tropical ha golpeado con mayor fuerza las zonas rurales del país, y dentro de éstas a la ubicadas en el oriente del territorio nacional: La Paz, Usulután, San Miguel y la Unión. En el occidente —La Libertad, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán y Metapán—, aunque las lluvias han sido copiosas, los derrumbes han estado a la orden del día y las inundaciones han afectado a las poblaciones de la costa, la situación no ha alcanzado los niveles de alarma que se han generado desde el "Bajo Lempa" hasta La Unión. En la zona central, las cosas han estado relativamente tranquilas, salvo para las familias que habitan en los bordes del Río Acelhuate o en las cercanías de paredones de tierra, cuya seguridad se vuelve aflictiva cada invierno. Entre todos los afectados, los que más lo han sido son los pobres rurales. Familias campesinas que vivían en el marco de una extrema precariedad perdieron irremediablemente lo poco que tenían. Sus escasos bienes —camas de pita, hamacas, aves de corral, siembra— fueron barridos por el agua.
¿Qué les queda a estos salvadoreños? Prácticamente nada; tendrán que empezar a reconstruir su vida desde el principio. Es justamente aquí que se hace necesaria y urgente la solidaridad de todos los que no hemos sido afectados brutalmente por la tormenta "Mitch". Destellos importantes de esa solidaridad se han vislumbrado en estos días en San Salvador; víveres, ropas y medicinas han sido recolectados en diferentes colonias y barrios y han sido trasladados hacia los lugares donde más se necesitan. Mucha gente —jóvenes, adultos, mujeres, religiosos y religiosas, periodistas, locutores de radio y televisión— se ha movilizado motivada por el puro afán de ayudar a quienes están viviendo momentos difíciles. Ciertamente, en situaciones de crisis como la provocada por el fenómeno climatológico que ha afectado a nuestro país —y al resto de Centroamérica— la ayuda que se pueda dar siempre es poca, y si bien inmediatamente se suplen una serie de necesidades vitales de vestuario, alimentación y medicina, la tarea de reconstrucción de hogares destruidos requiere de una ayuda mucho más sostenida.
Aquí es donde, más allá de la ayuda de ciudadanos bondadosos, se requiere de una política de ayuda de carácter estatal hacia los sectores afectados por la tormenta tropical. Es decir, las iniciativas ciudadanas no deben ni pueden suplir —en recursos y autoridad— el papel y la responsabilidad del Estado en la atención y recuperación de las zonas devastadas por las inundaciones y los derrumbes. Esta es una buena oportunidad para poner a prueba el compromiso del gobierno con la recuperación del agro, cuyo deterioro, anterior al reciente desastre natural, contribuyó a crear una serie de condiciones —erosión del suelo, inexistencia de áreas boscosas, etc.— para que su impacto fuera más destructivo. "Micht" azotó, pues, a un agro con agudos desequilibrios medioambientales; los ha agravado y ha aumentado las dificultades de sobrevivencia de la población rural. Los problemas del campo tienen que ubicarse, entonces, en un marco más amplio, al interior del cual los efectos del actual fenómeno climatológico son sólo parte de una crisis agrícola más compleja.
A la luz de la tragedia, como la acaecida en El Salvador en las últimas semanas, siempre queda la duda acerca de qué pudo hacerse para evitar sus peores consecuencias. Hay quienes no han dudado en calificar de "asesina" a la tormenta tropical "Micht", como si la misma hubiese estado poseída por una voluntad de aniquilación propia de los humanos. Una tormenta tropical es un fenómeno natural, sin voluntad ni buenos o malos sentimientos, que se genera allí donde se dan determinadas condiciones climatológicas. Una vez que el fenómeno se gesta, no hay forma de controlarlo, hasta que su ciclo de desarrollo y expansión llega a su término. Azota y barre lo que encuentra a su paso; en sus fases de mayor intensidad, potentes construcciones de hierro y concreto son arrastradas por su fuerza. En estas condiciones, forzoso es reconocerlo, de poco valen todas las medidas de seguridad que puedan tomarse, siendo la única alternativa el resguardo en sitios alejados del paso de la tormenta.
En la capacidad que tienen de abandonar sus bienes y de reconstruir su vida —o continuarla en otra parte— es que se diferencian las víctimas de desastres naturales como la tormenta tropical "Micht". Quienes tienen los recursos suficientes —hacendados y finqueros— pueden abandonar las zonas de peligro con relativa facilidad. La mayor parte de víctimas son familias pobres, que no tuvieron más alternativa que quedarse con sus escasos bienes —pues si los perdían, perdían todo— o no tenían medios para movilizarse de las zonas de desastre ni tenían donde llegar. Y es aquí donde la intervención gubernamental sí pudo haber hecho mucho para disminuir el impacto sobre la población rural de la tormenta "Micht": movilizando con la suficiente anticipación a las familias más desprotegidas hacia lugares más seguros, donde pudiesen reconstruir sus vidas. En lugar de eso, se ha hacinado a miles de familias en sitios improvisados, desde donde, una vez pasada la emergencia, se les devolverá a los lugares donde mal viven, hasta que un nuevo desastre nos recuerde nuevamente su existencia.
A pesar de su nombre, los desastres naturales no son el exclusivo resultado de un fenómeno natural en particular, sino que de una combinación de este último con un contexto social vulnerable. Incluso en los casos de desastre más extremos y aparentemente totalmente impredecibles, existe un componente social que ha creado el escenario para su impacto. La ubicación y características de los asentamientos humanos y el deterioro de los recursos naturales son dos de las fuentes de vulnerabilidad más importantes.
Esto ha quedado claramente evidenciado recientemente con los efectos de la tormenta tropical "Mitch" sobre la mayoría de los países centroamericanos. En El Salvador, la intensificación del desastre se ha debido a diferentes prácticas, dentro de las cuales pueden mencionarse: eliminación de manglares, los cuales normalmente sirven de barrera en casos de tormentas huracanadas; deforestación masiva de todo el litoral costero con la intensificación del cultivo del algodón durante la década de 1950; surgimiento de asentamientos de posguerra creados por la Secretaría Nacional de la Familia en la zona del Bajo Lempa; y mal manejo de las riberas de embalses de represas hidroeléctricas, lo que ha provocado azolvamiento y necesidades crecientes de efectuar descargas masivas de agua durante la época lluviosa.
El Salvador ha sido uno de los países centroamericanos menos afectados por el desastre, pero aun así los efectos han sido de gran envergadura. De acuerdo a datos oficiales, la magnitud del desastre es de unos 225 muertos, 106 desaparecidos y 54,141 damnificados; mientras que los costos económicos aún son difíciles de cuantificar, pero ciertamente rebasarán cualquier antecedente previo de desastres por inundaciones.
Los costos económicos de los desastres en América Latina han ido en aumento durante los últimos años y frente a ello diferentes instancias regionales, tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han señalado la importancia de incorporar la prevención de los desastres en los planes de desarrollo. Esto resulta especialmente cierto si consideramos la reducción de pérdidas humanas que una política de prevención supone, así como que los costos económicos de esta última son mucho menores que las pérdidas económicas generadas durante un desastre. La Organización de las Naciones Unidas incluso llegó a declarar la década de 1990 como el "Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales".
Esta preocupación por los desastres surgió, principalmente, de la experiencia vivida a partir de grandes catástrofes, como el terremoto de Managua, en 1972; los efectos del huracán "Fifi", en 1974; el terremoto de Guatemala, en 1976; los graves deslizamientos y derrumbes de El Salvador, en 1982; el terremoto de 1985, en México D.F; y el terremoto de El Salvador, en 1986. Sin embargo, poco se ha aprendido de la experiencia y los gobiernos han ignorado los llamados para adoptar políticas de reducción de los desastres.
Después de las pérdidas humanas, los costos económicos son uno de los aspectos más importantes que deben considerarse, pues tendrán un efecto sensible sobre diferentes variables tales como: producción, empleo, ingresos, precios, exportaciones, importaciones, gasto público e ingresos fiscales.
Los costos de este desastre aún no han sido cuantificados en su totalidad, pero cifras preliminares estiman que, cuando menos, las pérdidas por reducción en la producción de cultivos de exportación podrían llegar a alcanzar los 1,500 millones de colones, lo cual equivale a cerca de un 1.5% del PIB proyectado para 1998 y un 12% del PIB del sector agropecuario en 1997.
A esta cifra habría que agregar diferentes costos directos e indirectos. Los primeros incluyen las pérdidas de infraestructura de servicios básicos y de apoyo a la producción, la reducción de la producción de los sectores formal e informal, la paralización temporal de la actividad productiva y la reducción de la oferta exportable. A juzgar por los primeros datos, los costos directos del desastre superarán con mucho los 1,500 millones de colones, pues además de las relacionadas con los cultivos de exportación habría que considerar y poner un valor a las siguientes pérdidas: destrucción de al menos cinco puentes; destrucción de diferentes tramos de carreteras; destrucción de viviendas y edificios públicos; pérdida de bienes del hogar; reducción de la producción de granos básicos, de la producción ganadera y de la producción agropecuaria en general; y paralización de las actividades productivas.
Por otra parte, los costos indirectos están más relacionados con las implicaciones del desastre en su fase posterior. Así, puede mencionarse que en la etapa de posdesastre se registran efectos tales como incrementos en el gasto público; reducción de la recolección de impuestos por la disminución de la producción y la eliminación de impuestos a las importaciones de alimentos y/o materiales de construcción; incremento de las importaciones de estos últimos; reducción de las exportaciones e incrementos en los precios de los productos básicos. Los primeros datos indican que el gobierno dedicará 60 millones a la atención de la emergencia, las exportaciones se reducirían en 1,500 millones de colones y los precios de los alimentos se incrementarían en más de un 50%.
Sin lugar a dudas, el panorama que se dibuja tras el reciente desastre es sombrío y viene a añadirse a toda una década de desastres en El Salvador, en donde se han alternado diferentes situaciones críticas de origen hidrometeorológico. En los años 1991, 1994 y 1997 se han reportado casos de sequía severa, mientras que en los años 1992, 1995, 1996 y 1998 se han reportado casos de inundaciones, siendo la más grave la ocurrida recientemente.
La amarga experiencia de 1998 debería marcar el punto de inflexión para la adopción de una política de reducción de los desastres, tanto al nivel estatal como al nivel de las comunidades vulnerables. Para ello, la medida más factible es la creación de un marco legal e institucional diseñado especialmente y el fortalecimiento presupuestario de las instituciones relacionadas con el control de riesgos ambientales, las cuales incluyen no solamente al denominado Comité de Emergencia Nacional (COEN), sino también al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
La creación de un marco legal que regule el uso de los recursos naturales y de instancias encargadas de aplicarlo son dos medidas que necesariamente deben ser tomadas para la prevención de desastres, especialmente de cara al evidente incremento de su frecuencia e intensidad.
Hasta 1996, el COEN recibía apenas 500,000 colones como presupuesto para su funcionamiento, el Ministerio del Ambiente recibe cerca de 25 millones de colones y el presupuesto del MAG experimenta constantes reducciones año con año. Con sólo haber dedicado los 60 millones de colones para el fortalecimiento de la fase de prevención y no para la atención de emergencia, el contexto social con el cual habría interactuado la tormenta tropical hubiese sido menos vulnerable y los efectos menos intensos. De igual manera, la incorporación de previsiones frente a fenómenos naturales en la construcción de infraestructura habría reducido los costos del desastre.
Comparativamente, en relación al número de víctimas mortales, desaparecidos y damnificados en los otros países de Centro América, El Salvador puede considerarse afortunado. Las cifras del desastre nacional palidecen ante la magnitud de la catástrofe que abatió a Nicaragua y Honduras. Ambos países arrojan un total combinado de 10300 muertos, un aproximado de 7850 desaparecidos y más de un millón y medio de damnificados (un poco menos del 5% de la población total del istmo).
Sin embargo, si para analizar las consecuencias del paso de "Mitch" por Centro América dejamos al margen las cifras y nos concentramos en lo que realmente hace que una tragedia sea tal: la suma de las circunstancias fatales de un hecho, puede con facilidad afirmarse que lo único que hizo diferente la situación de El Salvador con respecto a la de Nicaragua y Honduras fue la suerte, pues los tres países comparten las características que componen el entarimado para la presentación de una tragedia: absoluta falta de previsión ante situaciones de desastre, un gran sector de la población en agudas condiciones de vulnerabilidad frente a los embates de la naturaleza y un gobierno sin mayor preocupación por el bienestar y la seguridad de la población.
Así pues, lo que compone la tragedia no es el número de muertos —por muy dolorosa e irreparable que en sí misma sea la muerte—, sino más bien el conjunto de circunstancias que conducen a un desenlace fatal. La relación de cuántas personas murieron por el fenómeno natural y cuántas de ellas pudieron haberse salvado si se hubieran adoptado las medidas apropiadas es lo que realmente muestra la tragedia centroamericana. De esta manera, por ejemplo, lo trágico del deslave del volcán Casitas, en Nicaragua, no ha sido el abrumador saldo de víctimas mortales, sino el que en estas muertes la acción humana sólo haya mediado por omisión; lo trágico fue que el gobierno no identificara con antelación a los poblados en las faldas del volcán como áreas de peligro y adoptara las medidas adecuadas, como evacuar a la población —poco antes de la llegada del huracán— o realizar obras de ingeniería para la contención de deslaves —mucho antes de que se presentara la situación de emergencia.
En El Salvador, particularmente en la capital, un adelanto de lo que pudo haber pasado si "Mitch" hubiera golpeado su suelo con la misma intensidad que en Nicaragua y Honduras se presentó unas cuantas semanas antes, cuando una breve pero intensa tormenta dominical levantó el asfalto, inundó casas y multifamiliares, y derribó árboles y postes del alumbrado eléctrico en la zona de Mejicanos y Ayutuxtepeque. El suceso mostraba que las condiciones para una tragedia estaban ya dispuestas: pese a anteriores llamados al gobierno central y municipal, los multifamiliares no contaban con un muro de detención que evitara que, en caso de inundación de las calles o de rebalse de las quebradas cercanas, el agua entrara a los edificios; además, el asfalto de las calles, reparado en múltiples ocasiones, pero nunca de manera segura y permanente, se encontraba agrietado y su espesor era superficial.
Luego del paso de la tormenta tropical, el gobierno salvadoreño —al igual que el hondureño y el nicaragüense— ha querido entender algunas de las causas del desastre como efectos. Así, por ejemplo, para el Ministerio de Obras Públicas el deterioro de las calles es un efecto directo del paso de "Mitch", cuando en realidad aquél se ha debido a la falta de normas de calidad en la construcción de las redes viales del país, lo que permite que cierto tipo de fenómenos meteorológicos —no necesariamente de fuerza devastadora— pueda deteriorar las principales arterias de San Salvador sin ningún problema.
En lo que parece ser una mentalidad compartida, la mayoría de los gobiernos del área centroamericana entienden que los gastos para el bienestar de la población en casos de emergencia nacional sólo son necesarios cuándo el desastre se ha presentado y no cuándo pueden ponerse en marcha los mecanismos institucionales para evitarlo o menguar sus efectos. En el caso salvadoreño —no sin intención de aprovechar políticamente los daños causados por la tormenta— el Presidente Calderón Sol y la Asamblea Legislativa no han dudado en destinar una fuerte cantidad de efectivo para ayudar a los damnificados, cuando lo más razonable hubiera sido dedicar la misma cantidad para poner a salvo a la población en las áreas de peligro, antes de la llegada de "Mitch". La diferencia entre una y otra medida sólo puede calcularse en número de muertos y cientos de miles de colones en pérdidas.
Ciertamente, Centro América vive ahora una verdadera tragedia, pero una que es resultado de la conjunción de una serie de circunstancias de por sí trágicas. En este sentido, lo que "Mitch" le ha legado a la región no es una lección de lo que habrá que hacer a futuro para evitar nuevas desgracias, sino más bien un retrato —fiel y detallado— de las miserias humanas que permiten y magnifican los desastres naturales.
Para la región centroamericana, el paso del, primero huracán y luego tormenta tropical, "Mitch" por cuatro de las cinco naciones que la componen no ha dejado más que desastre y muerte. Se ha dicho que las secuelas que habrá que sortear a causa del fenómeno natural implican un retroceso de 20 años en la economía del istmo, razón por la cual se le ha calificado como el peor desastre en los últimos treinta años. Inclusive en economías que recién daban signos de recuperación, como la salvadoreña —atendiendo al menos a los indicadores macroeconómicos—, los daños registrados hasta la fecha representan un grave desequilibrio en las finanzas públicas. El comportamiento y trayectoria de "Mitch" no dejan de atemorizar a la zona, más aún con el anuncio de que éste cobra nueva fuerza y empieza a dirigirse hacia la tantas veces abatida región de la Florida (EEUU).
Por estas y muchas más razones, evaluar la situación de los países más afectados es una tarea que no se puede pasar por alto. La tempestad provocada por "Mitch" apenas empieza, si tomamos en cuenta los conflictos sociales, étnicos, políticos y económicos que ya hacían mella en la estabilidad de cada país por separado. Lo que se pretendería al hacer esta rápida evaluación de la tragedia es motivar un análisis posterior acerca de la precaria condición de las economías centroamericanas y de cómo tal precariedad constituye el detonador de cualquier tipo de eventualidades.
Honduras
La catástrofe que azota a la población hondureña tras el paso devastador de "Mitch" ha superado con creces la que en 1974 ocasionara otro fenómeno climatológico de igual envergadura: el huracán "Fifi", cuyo saldo ascendió a los 10.000 muertos. Durante ocho días consecutivos Honduras sufrió vientos huracanados y lluvias continuas que arrasaron comunidades enteras, devastaron totalmente el tejido industrial y agrícola e hicieron del país uno de los más perjudicado por el mortífero paso del huracán. Las cifras oficiales más recientes hacen un estimado de 6,420 muertos, 10,114 heridos, 5,807 desaparecidos, 590,863 damnificados y 812,719 evacuados. El informe, suministrado el 4 de noviembre por la Comisión Nacional de Contingencias, registra, además, que un millón 411 mil 462 personas quedaron sin vivienda.
"Mitch" afectó el 70% de la superficie hondureña. La producción agrícola, que representa cerca del 25% del total de la economía del país, se vio notablemente perjudicada. El 70%, o más, de los alimentos que produce Honduras en el campo —tanto para consumo nacional como para exportación— se perdió a raíz del desastre. Según declaraciones del Presidente hondureño, Carlos Flores, plantaciones enteras de banano, café, melón, sandía, palma africana, tomate, granos básicos y demás cereales desaparecieron. Las cosechas de café y banano, que son las principales fuentes de ingresos en Honduras representando un 50% del total de ganancias por exportación, se han visto casi irreparablemente afectadas.
Carlos Lanta, asistente del Ministerio de Agricultura, manifestó que Honduras necesita importar grandes cantidades de maíz y frijol, ya que miles de hectáreas de tierra agrícola quedaron destruidas. "La situación es horrible, hay daños por todas partes, casi todos los sectores se han visto afectados en todo el país: caminos, cosechas, infraestructura", señaló Lanta. Expertos agrícolas extranjeros colaboran con el Ministerio de Agricultura en la recopilación de detalles específicos de las zonas de cultivo, con el fin de obtener cifras exactas de las pérdidas. Dicha cartera de Estado comunicó, el 2 de noviembre, que la cosecha de café sufrió "pérdidas enormes", pero no pudo adelantar cifras.
Lanta precisó que las carreteras fueron destruidas junto con los cafetales y que la comunicación con las regiones cafetaleras es muy difícil, lo cual imposibilita el transporte de las zonas afectadas hacia los puertos. Las principales zonas productoras de café han sido perjudicadas, inclusive la región central de Libertad, en donde se produce el 30% del café de Honduras. El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) aseguró, la semana pasada, que las pérdidas en la cosecha de 1998/99 podrían resultar "increíbles" a menos que se realizaran esfuerzos inmediatos para reparar los caminos y la infraestructura dañada en las zonas de cultivo de todo el país.
Fernando Sánchez, vicepresidente de la Tela Railroad Company —una de las transnacionales bananeras norteamericanas que opera en el país— informó que, por primera vez en su historia, Honduras no exportará banano el próximo año ya que perdió toda la cosecha. Un primer balance sobre el efecto destructor de "Mitch", publicado el día 2, estableció que 8,270 viviendas fueron totalmente destrozadas, otras 3,084 dañadas y 16,330 inundadas. Agregó que 78 puentes fueron destruidos por las crecidas de los ríos y otros 71 parcialmente dañados en carreteras de distintas regiones del país.
Además, 7 importantes carreteras se destruyeron y otras 37, de menor envergadura, resultaron afectadas. Diversos analistas aseguran que "el país ha perdido el producto de 30 años de esfuerzos para construir su infraestructura productiva y de carreteras". Según el vicepresidente hondureño, Bill Hendal, los costos económicos de la catástrofe ascienden a los 850 millones de dólares, sólo en la costa atlántica. La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, calculó que el país necesitará al menos 2.000 millones de dólares, monto equivalente a la mitad de la actual deuda externa, para recuperarse.
Los servicios de socorro continúan intentando rescatar centenares de personas que aún permanecen subidas en los techos de las casas o amarradas a las ramas de los árboles. Los cuerpos de rescate han tenido que enfrentar innumerables obstáculos, entre ellos la escasez de medios de salvamento y las dificultades para llegar hasta donde se encuentran las víctimas. De acuerdo a informes del rotativo costarricense La Nación, "en las regiones bananeras inundadas, algunos padres sacan fuerzas de flaqueza y se lanzan a las fétidas aguas en busca de bananos verdes con los cuales alimentar a sus hijos, mientras otros, simplemente, comen hojas de los árboles".
El día 3, Carlos Flores lanzó una desesperada llamada de socorro a la comunidad internacional para poder iniciar la reconstrucción del país, la cual, según manifestó, no podrá llevarse a cabo ni en lo que queda de este año ni a principios del próximo. "Son muchísimas cabeceras municipales que comienzan a agotar la existencia de alimentos y agua potable, la propia capital de la República está en situación de desastre y calamidad", sostuvo Flores. "Las inundaciones de los ríos, derrumbes de cerros y montañas, han hecho que algunas aldeas y caseríos desaparezcan del mapa, y que barrios enteros de las ciudades ya no existan del todo", agregó. "Por los datos que hasta ahora hemos podido recabar —insistió— tenemos un panorama de muerte, desolación y ruina en todo el territorio nacional. Casi no hay territorio de Honduras que no haya sido tocado por la desgracia, el patetismo de estos datos seguramente aumentará en la medida que podamos tener acceso a sitios todavía aislados".
La amenaza de hambre se cierne sobre gran parte de la población de Honduras. Informes de los 18 departamentos del país indicaron que los alimentos escasean y que muchas tiendas de abarrotes cerraron por no poder reabastecerse. En el área rural el desabastecimiento es más grave que en las zonas urbanas. El suministro de agua ha quedado interrumpido y la electricidad se hace presente sólo de manera esporádica. El Gobierno ha ordenado el racionamiento de combustible, agua potable y víveres. Se teme el advenimiento de graves problemas sociales en respuesta a la crisis alimentaria. Un 80% de los 6.1 millones de personas que conforman la población hondureña vive en condiciones de pobreza. La prolongación de la escasez de alimentos podría generar descomposición social, especialmente entre el sector pobre que no puede acceder a la compra de víveres para almacenar. Kalvin Wedle, vicepresidente del congreso hondureño, expresó "ni hay palabras para decir lo que nos sucede, cualquier cosa que se diga para describirla es poca".
Nicaragua
El desastre tras el fenómeno climatológico "Mitch" ha encontrado su principal expresión en la tragedia humana experimentada por los sectores poblacionales más desprotegidos y marginados de la región. En Nicaragua —el segundo país más pobre de Latinoamérica— la situación fue particularmente dramática, puesto que cinco comunidades (Tolojar, Ojoche, Versalles, Los Zanjones y el Porvenir), ubicadas en las laderas del volcán Casitas, en el departamento de Chinandega, fueron virtualmente borradas del mapa cuando un alud de lodo y piedras, que se desprendió del cráter del volcán, las soterró en cuestión de minutos. Según el Vicepresidente de la República, Enrique Bolaños, en las comunidades habitaban unas 4,500 personas, de las cuales, hasta el momento, menos de 200 han sido encontradas con vida. Aproximadamente 80 Km2 de terreno quedaron cubiertos de lodo. Esa misma noche, un segundo derrumbe se produjo al otro lado del mismo volcán, aunque en esa ocasión ya todas las poblaciones del lugar habían sido evacuadas.
Dos días después, un macabro escenario rememoraba la tragedia: cerca de 200 cuerpos aparecieron flotando en un río cercano al lugar, presumiblemente llevados hasta ahí por la fuerza del alud. Un clima de incertidumbre domina al país y a la comunidad internacional debido a que las autoridades se enfrentan con el problema de establecer una cifra de fallecidos por el paso de "Mitch" más o menos exacta. Dicha dificultad no sólo se debe a la lentitud con que los organismos de socorro responden a la situación, sino también a la falta de censos confiables desde los que se pueda presumir un aproximado. En este sentido es curioso que, confirmados los datos de la catástrofe de las Casitas, las cifras oficiales no excedan los 2,500 muertos. Asimismo, se calcula que unos 500,000 hogares fueron afectados por "Mitch", aunque otros reportes indican que esta cifra se podría elevar a más del millón.
Otro de los daños impresionantes que se han registrado, y cuyos estragos ya se observan por las calles de Nicaragua, es la destrucción de buena parte de los cultivos. Sin tener todavía datos certeros, la Comisión Nicaragüense del Café (CONICAFE) reconocía que entre un 20 y un 25% de la cosecha de este grano se perdería totalmente, indicando que se trataba de un dato "conservador". Matagalpa y Jinotega, dos de los departamentos más golpeados por el fenómeno meteorológico, producen el 80% de café de Nicaragua. Los daños sobre los sembradíos de hortalizas y granos básicos (frijol, maíz, sorgo, soya, ajonjolí, entre otros), reportados por la Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos no Tradicionales, revelaron pérdidas totales que incluso afectarían la producción futura. Al igual que el café, casi toda la cosecha de estos productos estaba concentrada en la zona más afectada por el desastre. La carestía ya se hace patente en los mercados del país.
Por su parte, el gobierno de Arnoldo Alemán se ha desenvuelto de modo muy cuestionable frente a la catástrofe nacional. Según lo reflejan los diferentes informativos, tanto locales como internacionales, la población expresa un generalizado sentimiento de abandono y desesperación a causa de la actitud del mandatario. En la comunidad de Ciudad Darío, a 100 Km. de Managua, los pobladores lanzaron piedras a Alemán como muestra de rechazo por el abandono al que los había sometido en los momentos más difíciles de la crisis. Además, cuando el mandatario anunció tajante su rechazo a que los médicos de Cuba arribaran al país para atender a la población, todo indicó que, lejos de asumir una actitud comprometida y coherente con el sufrimiento de la nación, Alemán seguía atado a sus prejuicios ideológicos y a los beneficios políticos que cree poder obtener de la situación.
A esto se suma el hecho de que Nicaragua fue el país que más tardó en decretar estado de emergencia ante la inminente llegada de "Mitch", para que no se dieran malos manejos de la ayuda internacional, según expresó Alemán. Varias organizaciones no gubernamentales que operaban en los lugares donde se esperaba mayores daños por el huracán, reiteraban el llamado al presidente para que decretara estado de emergencia y agilizar con ello el trabajo de los cuerpos de socorro y la cooperación internacional.
A juicio del Cardenal Miguel Obando y Bravo, la resistencia del mandatario a declarar la emergencia nacional tenía fundamento en el matrimonio del gobierno liberal con la banca privada del país. Reconocida oficialmente la crisis, muchos créditos y préstamos se verían desviados hacia la reconstrucción del país, perjudicando los intereses de los banqueros. Las posibilidades de que la inversión extranjera creciera se verían, además, truncadas al aceptar que el país estaba lindando la ruina económica.
Guatemala
En Guatemala los estragos de "Mitch" no alcanzaron la magnitud que en Honduras y en Nicaragua. El número de muertes reportadas oficialmente hasta el 2 de noviembre eran 157, y 250 el número de desaparecidos. No obstante, la capital guatemalteca sí resultó bastante perjudicada, quedando varias zonas de la misma con peligrosos niveles de inundación. En sus alrededores, 330 asentamientos de personas fueron escenario de varios derrumbes, los cuales dejaron como saldo 44 muertes. En daños a la infraestructura el país se encuentra en una situación precaria. El Ministerio de Comunicaciones informó que 30 tramos de carreteras y 22 puentes estaban en mal estado, lo cual mantenía aislados varios puntos de la capital y otras zonas del país. En suma, la reconstrucción de estos tramos ascendería a los 100 millones de quetzales.
Los cultivos del país tampoco lograron escapar de los embates de "Mitch", siendo el café —al igual que en Nicaragua y Honduras— uno de los productos que más preocupación despertó entre el sector agricultor. Las pérdidas rozan los 450 millones de quetzales, según datos de la Asociación Nacional del Café, es decir, cerca del 25% de la producción para el próxima año; mientras que otros productos no tradicionales (relacionados principalmente con el cultivo de mariscos) registrarán perdidas de hasta 40 millones de quetzales. La mayoría de lugares donde se siembra caña de azúcar están inundados parcialmente, por lo que se anunció que la cosecha de dicho producto se retrasaría unas dos semanas, o hasta que las fuertes lluvias mermen lo suficiente. La situación obligó a que el Presidente Alvaro Arzú declarara estado de calamidad en todo el país, para facilitar las labores de los grupos de rescate y para incentivar a la ciudadanía a participar junto con los mismos.
Cuando lo peor había pasado, el gobierno anuncio, el 4, que ejecutaría un llamado "Plan de Reconstrucción Nacional", para el que se necesitaría invertir un estimado de US $75 millones. Algunos ministerios destinaron parte de su presupuesto como ayuda. Sin embargo, ni el mismo Arzú, ni los titulares del Fondo Nacional para la Paz (quienes coordinarán el Plan) pudieron dar datos concretos de las áreas que abarcarían o de qué manera beneficiarían a las 80 mil personas que resultaron afectadas por la tormenta. Por el momento, todavía se evalúa la magnitud de los daños, lo cual tuvo que preceder al anuncio del mencionado Plan, por lo que la comunidad internacional deberá mantenerse a la expectativa de la administración que se haga del mismo.
Costa Rica
De los países de la región centroamericana, Costa Rica fue el menos afectado por el paso devastador de "Mitch". De acuerdo a cifras no oficiales, se produjeron 4 muertes en México y otras 3 en Costa Rica, Panamá y Jamaica. Belice se suma a estos como una de las naciones menos perjudicadas. Las mayores pérdidas que ha dejado el huracán en el territorio costarricense se cuentan en el agro y en la red vial. Según estimaciones preliminares, emitidas el día 2 por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y autoridades del sector agropecuario, los daños se calculan en $3.5 millones.
El principal efecto en el agro se presentó en los cultivos de café, arroz y caña de azúcar. El monto total de las pérdidas en las siembras supera los $2 millones. A esta cifra hay que añadir algunos productos aún no contabilizados, como es el caso del café en el sur del país y la producción láctea en otras zonas del territorio costarricense. Jorge Fallas, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó que un dato preliminar de pérdidas en plantaciones de café de maduración temprana en esa zona puede calcularse en $1.7 millones. El impacto en los cafetales se debe principalmente a que las plantas se vieron perjudicadas, a la falta de infraestructura para sacar el grano o a la proliferación de enfermedades.
Los daños en infraestructura vial fueron calculados por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) en $1.2 millones, aproximadamente. Tal es la suma que habrá que invertir en 52 rutas, entre nacionales y rurales, que fueron afectadas. Varias comunidades al sur del país se vieron incomunicadas y, en otras, la población tuvo problemas para trasladarse porque las carreteras se mantenían cerradas debido a los derrumbes. En lo que respecta a la vivienda, José Antonio Lobo, Ministro del ramo, manifestó que aún no poseen un conteo definitivo de las casas afectadas, pero reportó un estimado de 96 en la zona sur.
Consideraciones finales
Datos obtenidos el 4 de noviembre revelaron que en la región centroamericana los muertos ascendían a unos 10,700, contabilizando las cifras de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador en conjunto. Asimismo, el número de desaparecidos llegaba a poco más de 8,000 y los damnificados sumaban la alarmante cifra de 2 millones 463 mil. Se presume que la décima parte de la población total del istmo, 33 millones de habitantes, se ha visto perjudicada. Los daños materiales alcanzan millones de dólares en vista de que gran parte de las principales fuentes de ingresos y de la infraestructura vial de los países de la región ha quedado seriamente dañada.
En vista de tan delicada situación, las líneas fundamentales ha seguir por los gobiernos de la región deberán apuntar a la priorización de los gastos destinados a la reconstrucción de los países. El problema es que en situaciones de emergencia como las que atravesamos ahora, existen grandes probabilidades de que los recursos que servirían para paliar la crisis caigan en manos de quienes desean sacarles el mayor beneficio personal. En este sentido, sin una adecuada labor de los organismos fiscalizadores y contralores de las finanzas públicas, difícilmente podremos ver que los frutos de la "reconstrucción" alcancen a aquellos que más los necesitan.
Con esto no pretendemos arrojar toda la responsabilidad de tan delicada tarea a los gobiernos, puesto que ni aún con el mejor esfuerzo de su parte se podría cubrir los montos del desastre con los recursos con que cuenta la región. La colaboración internacional es fundamental para salir adelante de manera satisfactoria. El Presidente de México, Ernesto Zedillo, al hacer un llamado urgente a su homólogo estadounidense, Bill Clinton, resumía las perspectivas de la situación en el istmo de la siguiente manera: "solo una operación multinacional de gran envergadura puede evitar una tragedia humana y social sin precedentes en la historia de Centroamérica".
Hace unos días —del 26 al 30 de octubre— se llevó a cabo en San José, Costa Rica, la primera edición del "Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos", convocado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). El Instituto es una entidad regional autónoma, de carácter académico, creado en 1980 en virtud de un convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica; sus ámbitos de trabajo son la promoción, educación, capacitación e investigación en derechos humanos.
El evento en cuestión estuvo dirigido a representantes de organizaciones de la llamada "sociedad civil" latinoamericana involucradas en el tema, que realizan trabajo de defensa, protección y/o promoción de derechos humanos. Los objetivos del mismo fueron los siguientes: contribuir a la profesionalización y actualización técnica del personal que integra dichas organizaciones; poner a disposición de éstas los espacios para el debate de temas y problemas actuales de la región, sus repercusiones para la vigencia de los derechos humanos y las posibilidades de enfrentarlos desde una perspectiva integral; promover relaciones de coordinación entre ellas.
Las dinámica de las jornadas académicas y de intercambio fue sumamente diversa; en ellas se desarrollaron conferencias, paneles y talleres que sirvieron de marco para discutir una gran variedad de temas, que a continuación detallamos: "El papel de la sociedad civil en el fortalecimiento democrático: desafíos"; "Desarrollo humano e inclusión social: la situación latinoamericana", "Indígenas y migrantes: normativa y mecanismos específicos para su protección", "Sistema universal de protección de los derechos humanos: posibilidades y perspectivas", "El ordenamiento jurídico interno y la protección de los derechos humanos", "Género y derechos humanos", "Como operativizar la perspectiva de género en nuestro trabajo institucional", "Presente y futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos" y "Mecanismos para la resolución pacífica de conflictos".
Siguiendo con la enumeración de los temas, cabe mencionar que también se abordaron los siguientes: "Visitas carcelarias, documentación forense y toma de testimonios de violaciones a los derechos humanos", "Avances en la protección de la persona humana: el Tribunal Penal Internacional", "Alternativas para la generación de recursos económicos para el trabajo de derechos humanos", "Los derechos económicos, sociales y culturales", "Hacia la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: aportes de las ONG de derechos humanos", "Seguridad ciudadana, derechos humanos y sociedad civil", y "Definición de desafíos y estrategias para el trabajo en derechos humanos, y propuestas para la coordinación y racionalización de recursos".
Como puede observarse, durante esa semana se propició un inmejorable marco para una provechosa discusión; nos atrevemos a decir eso por dos razones fundamentales: por un lado, la amplia gama de aspectos de enorme actualidad e importancia que se abordaron durante el evento; por el otro, la oportunidad de encontrarse y compartir con gente comprometida y llena de experiencias enriquecedoras en las diferentes especificidades.
Por la renovada importancia del tema —sobre todo debido al trascendental encuentro realizado en julio y más aún tras la polémica detención de Augusto Pinochet en Londres— en esta entrega decidimos desarrollar las ideas más importantes de la ponencia relativa al tema del Tribunal Penal Internacional. La misma fue desarrollada por el doctor Juan Méndez, director ejecutivo del IIDH, quien se refirió a la competencia y los alcances de dicha instancia.
La idea del Tribunal Penal Internacional se comenzó a gestar desde hace casi 90 años, pero fue precisamente hasta el 17 de julio de este año que, en la Conferencia Diplomática convocada por la Organización de las Naciones Unidas, se logró concretar en Italia un acontecimiento realmente histórico: la aprobación del Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional. A esta Convención asistieron 160 representaciones de gobiernos, decenas de organismos internacionales y casi 300 organizaciones sociales.
Tal como lo manifestó el expositor, con la creación del citado Tribunal se pretende contribuir a romper el círculo de impunidad que —hasta la fecha— ha protegido a tanto responsable de los atropellos más graves y aberrantes contra la dignidad de la persona humana, como son: el genocidio, los crímenes de guerra, las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La competencia de este tribunal es de carácter subsidiaria frente a las de los nacionales. Ha de entenderse que el Tribunal no va a inhabilitar otros juzgamientos de tipo penal, pues se rige por el principio de complementariedad; de esa forma, dicha instancia podrá evaluar si determinado proceso desarrollado en un determinado país es o no eficaz.
Otra novedad a introducir con la creación del Tribunal tiene que ver con quienes deberán ser sometidos a su jurisdicción: se juzgarán individuos y no Estados. No existe, entonces, la necesidad de establecer primacía de éste frente a otras instancias internacionales universales o regionales que ya existen, como es el caso —por ejemplo— de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia —la Corte de La Haya— ya que estas dos últimas se ocupan los Estados y no de los individuos en particular. De la posibilidad que sí se puede hablar es de que una misma violación sea sometida al conocimiento de una de las mencionadas Cortes para efecto de establecer la responsabilidad estatal y que, a la vez, la misma violación pueda ser conocida por el Tribunal Penal Internacional para efecto de establecer las respectivas responsabilidades individuales.
En cuanto a la modalidad del proceso —aunque a la fecha aún no han sido definidos los detalles— se sabe que éste será mixto: con elementos del sistema acusatorio y con elementos del inquisitivo, aunque con mayor énfasis en las características del primero. Otro dato importante es que la acción podrá ser ejercida por cualquier persona; ello significa que cualquier víctima de los delitos antes mencionados estará en capacidad de presentar su denuncia al Tribunal Penal Internacional, lo que lo convierte en un instrumento más accesible y útil en el combate a la impunidad. El fiscal de tan importante y novedosa instancia será el encargado de realizar la instrucción y los Estados estarán en la obligación de cooperar con su labor.
Un punto fundamental para el análisis es el de la aplicación del principio de imprescriptibilidad en este tipo de crímenes frente a los principios de legalidad y de juez natural. La discusión de estos aspectos es preponderante, porque inicialmente se afirma que la competencia del Tribunal Penal Internacional regirá para aquellos delitos cometidos con posterioridad a su creación; de ser así, entraría en contradicción con el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. En cuanto a las sanciones a imponer a quien pueda resultar culpable de uno o varios delitos, desde ya ha quedado definida la prohibición de la pena de muerte; sin embargo, ha quedado establecido un régimen de sanciones que deberá desarrollarse en otra asamblea.
Para que el Tribunal Penal Internacional comience a funcionar se necesitan 60 ratificaciones; éstas son necesarias para que el Tratado Multilateral entre en vigor. Y aunque durante la Conferencia Diplomática de Roma se lograron conseguir 120 votos afirmativos contra 7 negativos y 21 abstenciones, lo cierto es que muchas de las delegaciones que votaron a favor los hicieron con escasas instrucciones por parte de sus gobiernos.
Como en toda Centro América y en otras regiones del mundo, en El Salvador la mayoría de la población vive humanamente insegura en el marco del "orden establecido", que no tiene nada que ver con un verdadero "orden público". A la personal o ciudadana —que de sobra es conocido su gravedad— deben agregarse otro tipo de inseguridades. De ellas, el "Mitch" ha mostrado el estado crítico en que se encuentran dos: una es la económica y social; la otra es la ambiental.
Ambas afectan la calidad de vida en nuestro país y son fruto de un modelo —paradójicamente llamado de "desarrollo"— cada vez más alejado de la solidaridad. Así lo muestran las miles de personas fallecidas en la región y su millón de habitantes totalmente damnificados. El "Mitch" —primero huracán y después tormenta— en la práctica arrasó pueblos y cultivos; pero además, se llevó consigo casi toda la poca esperanza de una población golpeada estructuralmente por un poder muy mal utilizado, por ser egoísta y depredador. Porque el "Mitch" podrá ser un fenómeno natural, pero no la pobreza y la extrema pobreza de las personas y comunidades que acaban de sufrir su trágico impacto. Esa realidad revelada nuevamente durante estos fatídicos días, contradice a quienes sostienen que en la región prevalece el "orden público". ¿Por qué? Pues porque, tal como lo señala Andrés Domínguez, éste "tiene por contenido central la seguridad en el ejercicio de los derechos humanos por parte de todas las personas". Para este profesor del Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile, el "sentido y orientación de una política de orden público" surgen "desde el mandamiento de servicio, que organiza y da sentido a toda política de Estado". "Se trata —sostiene don Andrés— de un orden público que crean las personas, apoyándose en un Estado y las instituciones que, lejos de justificarse en sí mismas, exigen la creación de condiciones para la realización de las mismas personas. Es, por tanto, un orden público que no se orienta en la razón de Estado sino en la razón de las personas".
Y la mayor parte de las personas en Centro América no se están realizando, seguras del respeto a sus derechos y libertades fundamentales: Porque dentro de ellos se encuentran los contemplados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre sus artículos 22 y 28. Para quienes no los conozcan, les recomendamos leerlos y entenderlos —sobre todo el 25— antes de asistir a las pomposas actividades a desarrollar durante el cercano 50º aniversario de su adopción y proclamación; más aún, si les toca pronunciar algún discurso oficial.
COSECHAS. Los cultivos de café, caña de azúcar y frijol han sido los más afectados en El Salvador por la tormenta tropical "Mitch", cuyas pérdidas podrían oscilar entre los 238 millones de colones, según afirmaron algunos cafetaleros. Asimismo, explicaron que las lluvias han provocado un descenso en la producción de café de aproximadamente 200 mil quintales, equivalentes a unos 175 millones de colones. Productores de granos básicos expresaron que la cosecha —estimada en un millón de quintales— podría verse disminuida hasta en un 10 ó 15 por ciento. Según dijeron los productores, lo anterior podría causar aumentos en los precios. No obstante, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) descartó esta posibilidad. El MAG argumentó que "las constantes lluvias hacen que los comerciantes saquen sus reservas, para evitar que las mismas se arruinen por la humedad", por lo que se espera que, durante las primeras semanas, el frijol se venda más barato. Sin embargo, los productores explicaron que las lluvias causan el congelamiento de las "vainas" de frijol, al punto que la producción decrecería. Respecto al azúcar, Juan José Acevedo, representante del sector cañicultor, estimó que la reducción de la producción para la zafra de 1998-99 sería de unas 200 mil toneladas de caña; es decir, unos 10 millones de colones (LPG 17.10 p.26 y DH 17.10 p.32).
NICARAGUA. Tres días de luto nacional declaró, el 01.11, el Presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, a la vez que anunció un plan de respuesta ante la tragedia causada por el huracán "Mitch". Dicho plan contempla un paquete de medidas económicas, sociales, financieras y de asistencia técnica para reconstruir el país. La cifras del desastre, según explicó el Ministro de Defensa del país vecino, Pedro Joaquín Chamorro, revelan que "han muerto entre 1,000 y 1,500 personas", tras un deslizamiento de tierra en el norte del país; este número podría aumentar a 2,000. La Cruz Roja nicaragüense informó que hay unos 1,900 desaparecidos, mientras que el gobierno estima que las pérdidas en daños materiales suman unos 25 millones de dólares. El gobierno nicaragüense solicitó a Estados Unidos helicópteros especiales para situaciones de desastre. Asimismo, se pidió ayuda a organismos internacionales para enfrentar los daños ocasionados por el huracán. "Dada la carencia de medicamentos y alimentos indispensables para enfrentar esta emergencia estamos solicitando la ayuda internacional", expresó Alemán. Según explicaron fuentes oficiales, una de las zonas de Nicaragua más afectadas fueron las comunidades El porvenir y Rolando Rodríguez, ubicadas en las cercanías del volcán Casitas, el cual sufrió un descomunal deslave (DH 02.11 p. 35).
HONDURAS. El huracán "Mitch" dejó en Honduras un saldo de 317 muertes, más de 600,000 damnificados y el 30% de las casas destruidas. Asimismo, la economía hondureña se encuentra paralizada, las vías de comunicación destruidas o bloqueadas y la amenaza de epidemias por la falta de alimentos, medicamentos y agua se hace cada vez más grande. El desastre abarcó todo el país, incluso su capital, Tegucigalpa, donde los ríos y quebradas destruyeron un 30% de las viviendas y un 20% de los servicios públicos. El alcalde de dicha ciudad, Cesar Castellanos, murió al estrellarse el helicóptero militar en el que sobrevolaba la capital. Por otro lado, unos 40 puentes quedaron derribados en el país y todos los puertos del Atlántico fueron cerrados durante toda la semana. Un miembro del Comisionado Permanente de Contingencias (Copeco), Anael Pérez, ante la situación expresó: "la economía ha sido tremendamente golpeada, hay un nivel de daño gigantesco, daños a miles viviendas y miles de miles de compatriotas". Datos de Copeco muestran que unas 6,000 viviendas, en su mayoría de familias de escasos recursos de la costa Atlántica, fueron destruidas. Por su parte, la Ministra de Finanzas, Gabriela Nuñes, dijo que existe un "plan de reconstrucción de la producción y la infraestructura, la salud y la educación", que tendrá el apoyo de la comunidad internacional (DH 30.10 p.29 y 02.11 p.38).
DESASTRE. El Comité de Emergencia Nacional (COEN) informó, el 04.11, que las evacuaciones en el Oriente y Occidente del país aún continúan. Las nuevas reubicaciones implican el aumento del número de damnificados, cuya última cifra es de 57,777 personas. Sin embargo, el departamento con mayor número de damnificados es Usulután; la cifra subió de 22,143 a 29,389 personas. Según el último informe del COEN, el número de muertes a causa de "Mitch" es de 239, registrándose un aumento de 14 personas, respecto a la anterior cifra que era de 225. Asimismo, se sabe que el número de personas sin hogar es de 12,777. Por otra parte, la Ministra de Educación, Abigaíl Castro Pérez, aseguró que el daño causado por la tormenta en escuelas públicas e institutos nacionales podría superar los 40 millones de colones. Estimó que cada escuela perdió unos 50 mil colones sólo en mobiliario, material didáctico y equipo. Según el balance preliminar, elaborado el 02.11 por Educación, son aproximadamente 818 centros educativos los afectados. En este sentido, las titulares del Ministerio de Educación han solicitado la aprobación del préstamo del BID por 70 millones de dólares, para reparar los daños. Por el momento, las escuelas públicas en buen estado están siendo utilizadas como albergues para unos 13,300 damnificados (LPG 05.11 p.5 y 16).
AYUDA. Ante la situación en que se encuentra El Salvador luego del paso de "Mitch", el 04.11, varios países comenzaron a enviar ayuda técnica, alimenticia y económica. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y los Gobiernos de Francia y China han sido los primeros en proporcionar su donativo. El PMA anunció que "están en camino" entregas de alimentos para 15 mil personas. Un equipo de técnicos franceses llegó al país para apoyar la reconstrucción en las zonas más afectadas, como en el oriente del país. Por otro lado, varios camiones con víveres y ropa fueron despachados desde el Comité de Emergencia Nacional (COEN). Empresas privadas donaron diez mil bolsas de agua potable y 40 toneladas de harina de maíz. Por su parte, la embajada de China dio medio millón de dólares a la Cancillería salvadoreña. En cuanto a la distribución de los donativos, el canciller, Ramón González Giner, explicó que el COEN, el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de la Familia son los encargados de repartir la ayuda de acuerdo a la clasificación de los mismos. A la vez, dijo que la empresa privada está manejando y fiscalizando toda la cooperación económica que se está recibiendo. Según fuentes diplomáticas, la ayuda podría ser despachada el 05.11, pero aún no ha sido confirmado (DH 05.11 p.5 y LPG 05.11 p.2).
