Año 19
Número 831
Noviembre 18
1998
ISSN 0259-9864
Editorial La salida del ejército a las ciudades
Regional "Mitch" en Nicaragua (I): falta de previsión y arrogancia para enfrentar la tragedia
Opinión Pública Los salvadoreños ante el proceso electoral de 1999
Derechos Humanos Sociedad civil y derechos humanos (II)
La salida del ejército a las ciudades
Hace varios meses, cobró auge la discusión acerca de la conveniencia de la salida del ejército a las calles. Se escucharon, obviamente, las voces de quienes estaban a favor de la medida. Desde figuras del gobierno —en primera fila se situó el Presidente Armando Calderón Sol— hasta ciudadanos comunes y corrientes, el clamor por la solución manu militari de la problemática delincuencial ganó espacio público. Si la Policía Nacional Civil era impotente para hacer frente a la criminalidad común y organizada —se decía—, el ejército tenía que salir de los cuarteles para hacerle frente al problema; nada mejor que soldados patrullando las calles y establecidos en puestos de mando en los barrios y colonias para controlar los brotes de criminalidad.
Las voces críticas no se hicieron esperar; no faltaron instituciones y personas que, aun en contra de la vox populi, llamaron la atención acerca de los peligros que podía traer la presencia del ejército en las calles. Amén de los desmanes a los que son propensos los militares —la década pasada está llena de ejemplos al respecto—, la principal preocupación tenía que ver con los riesgos asociados a la militarización de la sociedad. En cierto modo, la cordura se impuso en aquel momento, pues a lo más que se llegó fue a los patrullajes rurales de tropas del ejército bajo el mando de la Policía Nacional Civil. De esta manera, se ampliaba la cobertura policial en el territorio nacional, pero se ponían controles operativos y de disciplina para evitar que esa ayuda se desvirtuara.
La solución —por lo demás adecuada, dados los antecedentes del accionar del ejército en las zonas rurales, las limitaciones de la policía para cubrir extensas áreas en el campo y el auge delincuencial— no fue del agrado de diversos sectores sociales y políticos, los cuales clamaban por la presencia de efectivos militares tanto en las zonas rurales como en las urbanas. En la Presidencia de la República, la decisión de llevar al ejército a la las zonas urbanas seguía en pie, aunque resguardada con bastante prudencia, pues el fracaso de la primera iniciativa todavía seguía fresco. Se trataba, eso sí, de estar atentos a la primera oportunidad que se presentara; y ésta llegó con la tormenta tropical "Mitch".
En efecto, el desastre ocasionado por el fenómeno climatológico permitió al Presidente Armando Calderón Sol declarar un "estado de emergencia nacional", e inmediatamente, pese a que la situación de emergencia se vivía en las zonas rurales y en la costa, comenzaron los patrullajes en las ciudades del país. Lo que llevó en el pasado a un interminable debate, en ese momento se resolvió sin mayor discusión. Amparado en el estado de emergencia, el Presidente Calderón Sol se salió con la suya, y ordenó la salida del ejército a las zonas urbanas. En San Salvador, donde el impacto del "Mitch" fue mínimo —por no decir inexistente—, ahora se ven, como en los peores años de la guerra civil, grupos de soldados, sin compañía de agentes de la Policía Nacional Civil, apostados en las esquinas o patrullando por calles y avenidas. Al fin se cumplió el sueño de quienes creen que no hay más institución que la Fuerza Armada para resolver los problemas nacionales; ahora que el ejército está en las calles, piensan los amantes de las medidas de fuerza, todos podremos vivir en paz y tranquilidad.
El peligro de la militarización de la sociedad vuelve a aparecer, esta vez como una posibilidad real. El peligro de que los militares se vuelvan a creer los "salvadores" del país acecha a lo conseguido hasta ahora en materia de democratización política y de respeto a los derechos humanos. No hay que cruzarse de brazos ante la salida del ejército a las calles; hay que impedir que los militares vuelvan a ocupar el espacio civil y político que ocuparon por la fuerza en el pasado reciente. El Presidente Calderón Sol debe sentir la presión de todos los sectores comprometidos con la democratización del país para hacer que los militares abandonen los lugares en los cuales su presencia no es imprescindible. El rechazo a la presencia del ejército en las ciudades y en el campo —una vez que la Policía Nacional Civil alcance mayor capacidad de despliegue— debe ser tajante y sin compromiso alguno. Aquí sí, se trata de un asunto de principios: la militarización de la sociedad es absolutamente contraria a la democracia y pocas serán siempre las precauciones que se tomen para prevenirla. La experiencia africana y latinoamericana demuestra que de los militares lo mejor es desconfiar siempre y en todo lugar.
Por otra parte, más allá de las posiciones de principio, están las consideraciones prácticas; aquellas que tienen que ver con la preparación del ejército para el combate de la criminalidad. Para ponerlo con un ejemplo: ante un asalto bancario con toma de rehenes frente al cual los soldados tengan que responder, ¿qué harán? ¿Van a negociar con los asaltantes? ¿Van a esperar refuerzos policiales? ¿O van a arremeter con sus fusiles y granadas contra los delincuentes?
Las interrogantes no son gratuitas, tampoco lo es la preocupación que está tras ellas. Los agentes de la policía son entrenados para el combate eficaz del crimen en el marco del respeto a los derechos humanos, los soldados no; éstos últimos son entrenados para el combate armado frontal y aniquilador del "enemigo". De aquí que —al margen de los desmanes que puedan cometer los soldados por su propia cuenta— sea un riesgo para los ciudadanos el que efectivos militares se encarguen de la seguridad pública. Ante atracos, secuestros, accidentes de tránsito u homicidios queda la duda acerca de cómo se van a comportar los soldados y cómo van a responder los jueces a las acciones militares; esa duda se suma a la incertidumbre que ya se vive ante el auge de la criminalidad.
El Presidente Calderón Sol y sus asesores debieron haber pensado con seriedad el tema de la salida del ejército a las ciudades. Quizás su decisión obedezca a una sincera preocupación por la seguridad ciudadana, pero ello no resta importancia a los peligros que pueden derivarse de una medida de esa naturaleza. Es urgente, entonces, que tomen las decisiones encaminadas a dar marcha atrás antes que se den situaciones irremediables.
Desde que los medios de comunicación —primero que las autoridades del gobierno— dimensionaron la magnitud del desastre, supimos que "Mitch" había sido peor que el terremoto que destruyó Managua en diciembre de 1972, a pesar de sus 10 mil muertos. Peor porque la geografía devastada es más extensa. Peor porque el país quedó desmembrado en amplias zonas y esto complica en extremo la reconstrucción. Y peor porque el país devastado en 1998 carga sobre sus espaldas con más problemas que entonces: los daños aún no superados de una guerra de una década y los daños causados por más de diez años de un modelo económico que ha ido ahondando hasta el extremo todas las desigualdades entre los nicaragüenses. En 1972 Nicaragua era un país con cierta bonanza económica. Veintiséis años después, Nicaragua es, después de Haití, el país más empobrecido de América Latina.
Al 10 de noviembre, las cifras de los daños ocasionados por el fenómeno seguían siendo bastante diferentes, dependiendo de su procedencia: las del Presidente Arnoldo Alemán hablando a medios nacionales o internacionales, las del Vicepresidente Enrique Bolaños —quien dirige el Comité de Emergencia—, las de los gremios de productores, las de las autoridades o líderes locales... En números redondos, los costos humanos del desastre parecen ser 5 mil muertos y 800 mil damnificados. No resulta alarmista afirmar que jamás tendremos un número exacto de los muertos, porque los censos en muchas zonas de desastre —recónditas, aisladas— han tenido siempre vacíos históricos. El número de damnificados representa casi una quinta parte de la población nacional; y como corresponde a un país de infantes, más de la mitad de los damnificados son niños y niñas.
En la primera semana de la tragedia fue notoria la peligrosa mezcla de lentitud y autosuficiencia de la que se revistieron el Presidente y el Vicepresidente y algunos de sus ministros. Arrogancia y falta de previsión acompañaron también las vísperas de la tragedia. El huracán "Mitch" avanzó tan lento y se sabía que era tan poderoso —uno de los cuatro más potentes del siglo XX en el Mar Caribe— que podían haberse tomado algunas previsiones elementales. Pero no fue así. La tendencia del Presidente a minimizar el peligro y los efectos de las lluvias, todavía el sábado 31 de octubre, puede haber contribuido a agravar las desgracias.
La irresponsabilidad de quienes sean responsables —en Nicaragua o en Centroamérica— la comparten con otros, más difíciles de identificar, en todo el mundo. "Mitch" fue un engendro mortífero de la peligrosa corriente de La Niña, que siguió los pasos a la corriente de El Niño. ¿Qué relación tienen estos destructivos fenómenos de grandes sequías seguidas de grandes diluvios con el cambio climático global? Lo que sí está claro es que los terribles efectos de estos fenómenos tienen mucho o casi todo que ver con un modelo de crecimiento económico cada vez más irracional e inhumano que está dominando el planeta; un modelo que imponen unos pocos a la mayoría en todo el mundo y en cada uno de los países.
Hubo, especialmente en la primera semana, muestra tras muestra de improvisación e ineficacia sostenidas con altivez. Una de las primeras y más notables fue el rechazo público del gobierno nicaragüense al ofrecimiento que de inmediato hizo el gobierno de Cuba de enviar a Nicaragua a una brigada especializada en desastres de 12-15 médicos, que llegaría al país con toneladas de medicinas. La Ministra de Salud, por orden presidencial, aceptó los medicamentos, pero declaró que los médicos no eran necesarios, porque Nicaragua contaba con suficientes profesionales para enfrentar cualquier problema. Varias brigadas médicas cubanas llegaron a prestar sus valiosos servicios a Honduras y Guatemala.
El gobierno liberal de Alemán ha tenido entre sus rasgos más característicos el culto a las apariencias. Desde el primer día de su gestión, en 1997, una de sus prioridades ha sido tratar de imponer la apariencia sobre la realidad. Apariencia de desarrollo con una "economía de espuma" volcada sobre Managua, donde la inauguración del primer McDonald’s, en julio de 1998, hizo exclamar pomposamente al Vicepresidente Bolaños que con la apertura de la hamburguesería transnacional "Nicaragua se quitaba por fin el taparrabo". Apariencia de gobernabilidad sobre una creciente descomposición social. Apariencia de reconciliación sobre una ideología anticomunista provinciana y una política de exclusión de profesionales capaces en todos los cargos públicos por la única razón de no ser afines al liberalismo.
"Mitch" derrumbó no sólo más de 70 puentes e innumerables torres de tendido eléctrico. Derrumbó, tal vez para un buen tiempo, la posibilidad de seguir viviendo engañados y de engañar con las apariencias. Ha quedado al desnudo ante nosotros mismos y ante el mundo la fragilidad de nuestro "desarrollo" y lo efímero o falso de nuestras cifras de "progreso". Y no sólo porque la Naturaleza fue fiera con el país, sino porque no es difícil descubrir que decenas de los miles de damnificados de hoy ya lo eran antes del huracán por la marginación sin salida que les impuso una minoría de sus compatriotas.
Otro tenso debate —que nunca se resolvió— acompañó también los primeros días del desastre. El Presidente Alemán se resistió a decretar el "estado de emergencia", tratando de aparentar normalidad y de dar confianza. Diversos sectores sociales y políticos reclamaron inútilmente la declaración de la emergencia. El tema, como casi todos, se politizó. Por fin, el Presidente declaró "estado de desastre natural parcial", sólo en determinadas áreas de algunos departamentos, argumentando con una falacia jurídica: la emergencia exigiría suspenderle a los ciudadanos una larga serie de derechos civiles y "una democracia" no podía permitirse tal cosa. La contradicción mayor se produjo cuando el Presidente, sin decretar emergencia nacional, creó al Comité Nacional de Emergencia, al frente del cual puso al Vicepresidente Bolaños. También decretó Alemán tres días de "duelo nacional" con la bandera a media asta. Unos días antes había llamado "loca" a la alcaldesa de Posoltega, cuando desesperada clamaba por ayuda para los sobrevivientes de su municipio arrasado por el alud del volcán Casitas.
¿Razones de la resistencia a declarar la emergencia? Varias. Temor de un gobierno, donde muchos altos funcionarios son banqueros, a que la banca privada se vea obligada a condonar deudas de forma masiva. Aunque los bancos privados no han colocado muchos créditos en el agro, se calcula que el 28% de toda la cartera de la banca privada sí lo estaba y este dinero se perdió. También tenía temor un gobierno centralizador a verse forzado a trasladar poder, recursos y funciones a los municipios. Y un gobierno que ha tratado por todos los medios de arrinconar, debilitar y deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil temía perder el control o la hegemonía sobre las donaciones que atrae siempre una emergencia.
A medida que en la primera semana de noviembre empezaron a bajar las aguas y comenzaron a aparecer los cadáveres que yacían sepultados bajo toneladas de lodo, empezó a hacerse manifiesto el acumulado de errores sociales, políticos y éticos de la actual sociedad nicaragüense. Apareció también el irrefrenable afán de protagonismo y de "robar cámara" de un buen grupo de dirigentes políticos de todos los colores; aparecieron los altos costos que ahora hay que pagar por años de desorganización de los pobres; aparecieron los vacíos provocados por la actitud del poder central frente a los poderes locales.
Pero todas las crisis son también oportunidades. Y a la par del afloramiento de tantas actitudes negativas, también empezó a surgir una nueva conciencia de responsabilidad y solidaridad, una conciencia de nación en nuevos y aún desconocidos dirigentes locales, y una espontánea organización en municipios y comunidades que —aunque insuficiente para afrontar tanta tragedia— ha creado vínculos forjados en el dolor y puede hacer brotar experiencias nuevas en el seno de los poderes locales. Tal vez esta tragedia signifique la hora del municipalismo, la hora de reforzar a los alcaldes y de potenciar sus espacios de acción y de decisión.
Pero no será sin tensiones que se fortalezcan los gobiernos municipales. La atención a la emergencia puso de manifiesto las rivalidades políticas y los altos grados de polarización partidaria en los que vive inmerso un sector de la clase dirigente del país y también algunos sectores de la sociedad. La manipulación partidaria se hizo evidente en el proceder de altos cargos gubernamentales. Las discrepancias políticas impidieron la coordinación en la entrega inmediata de ayuda en varios puntos del país y añadieron más negligencia a las actividades de socorro y atención de los damnificados y a la recepción de donaciones. Las discrepancias pueden dificultar las tareas de reconstrucción. El Presidente de un gobierno que se proclama a diario "facilitador" no facilitó la despolarización ni dejó de dar muestras de intolerancia y exclusión, no incorporando al Comité de Emergencia Nacional ni a sectores organizados de la sociedad civil ni a la organización de alcaldes del país ni a los sectores evangélicos.
El 4 de noviembre, algo menos seguro en sus gestos y palabras, Alemán encomendó a los obispos católicos de las diócesis más afectadas por el huracán la dirección de los Comités de Emergencia departamentales, para que canalizaran las ayudas a través de parroquias y de grupos religiosos, mientras ya para ese momento muchos alcaldes habían decretado "emergencia municipal" haciendo uso de la autonomía que les concede la Ley. La decisión de entregar la dirección de la emergencia a los obispos fue cuestionada como un atentado a la institucionalidad, porque significa desconocer a las autoridades municipales. La cuestionaron también dirigentes evangélicos de un país donde más del 30% de la población pertenece a denominaciones evangélicas.
Es difícil evaluar los costos políticos del desastre, tanto para el gobierno como para el principal partido de oposición, el FSLN. La conducción institucional del FSLN también ha tendido a ignorar a los poderes locales durante mucho tiempo. A la hora de la desgracia, mientras el gobierno central violaba la autonomía municipal, cierta dirigencia del FSLN se volvió oportunistamente hacia el poder local, tratando de manipular partidistamente el heroísmo de algunos alcaldes, especialmente el de la ejemplar alcaldesa de Posoltega, Felícitas Zeledón.
No hay que olvidar que antes de la desgracia, dirigentes liberales en el gobierno y dirigentes del FSLN, en un clima dominado por el "huracán de la corrupción", estaban a punto de concluir un cuestionado pacto económico y político-institucional que representa un importante golpe a la ya frágil institucionalidad del país. Y por eso, un serio desafío al también frágil movimiento social...
En 1973, Ernesto Cardenal escribió un histórico poema, "Oráculo sobre Managua". Sobre la Managua destruida por el terremoto del 22 de diciembre de 1972. Sobre los escombros de la muerte, Cardenal escribió: "Ahora desde el seminario se mira otra Managua / unos segundos y todo el orgullo se fue a la mierda / cascarones de casas como huevos podridos y quemados / paredes ahumadas / ventanas como cuencas sin ojos..." Y concluía su trágica descripción del desastre avizorando la resurrección, el principio del fin de una era de injusticias, la era del somocismo: "Sólo los muertos resucitan / otra vez hay otras huellas / no ha terminado la peregrinación." Y así fue. ¿De qué será principio esta catástrofe? No termina nunca la peregrinación del pueblo de Nicaragua.
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Colaboración, "Equipo Envío", Nicaragua
Más de la mitad de los ciudadanos salvadoreños, el 58.7 por ciento, piensa que las elecciones son una pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian en el país, según revela la última encuesta de opinión realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo, realizado con el objetivo de recoger las opiniones y actitudes de los salvadoreños frente al proceso electoral del próximo año, fue realizado entre el 10 y el 18 de octubre del año en curso, con una muestra nacional de 1,247 personas en edad de votar que habitan las zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la República. La investigación reveló, además, que el 37.5 por ciento de los encuestados opina lo contrario, esto es, que las elecciones no son una pérdida de tiempo; un 3.8 por ciento no supo responder a la pregunta.
En esta misma línea, la encuesta encontró que seis de cada diez salvadoreños estuvieron de acuerdo con la idea de que, independientemente de quien gane las elecciones, las cosas en el país van a seguir igual.
A los salvadoreños se les preguntó si consideraban que las próximas elecciones contribuirán a la solución de los principales problemas del país: algo menos de la mitad de los ciudadanos salvadoreños, el 43.2 por ciento, contestó afirmativamente, es decir, piensa que las próximas elecciones presidenciales contribuirán a solucionar las problemáticas fundamentales del país; en tanto que un 38 por ciento cree que no contribuirán en nada a la resolución de los problemas y un 18.8 por ciento dijo que no sabía si las elecciones servirían o no para enfrentar adecuadamente las dificultades nacionales.
El 35.7 por ciento de los consultados, es decir, un poco más de la tercera parte de la población, piensa que la situación del país seguirá igual después de las próximas elecciones presidenciales; mientras que un 24.2 por ciento considera que la situación nacional va a mejorar y un 12 por ciento cree que va a empeorar. Sin embargo, no se puede pasar por alto que un 28.1 por ciento de los entrevistados dijeron no saber cómo estará la situación del país después de los comicios del año próximo. La misma encuesta reveló que en la actualidad dos de cada tres salvadoreños, el 63.3 por ciento, se siente insatisfecho con la situación política y social del país.
Opiniones sobre el proceso electoral
Cerca de una cuarta parte de los salvadoreños se mostró muy interesada en el proceso electoral para la Presidencia de la República, en tanto que otra cuarta parte señaló sentirse algo interesada. El 31.1 por ciento de los ciudadanos dijo que estaba poco interesado y un 17.3 por ciento afirmó estar nada interesado por las elecciones.
En términos de confianza, los salvadoreños contestaron de forma más reservada: el 19.9 por ciento declaró tener mucha confianza en los comicios del 99, mientras que el 30.5 por ciento sostuvo que tiene algo de confianza; el 34.6 por ciento dijo que tenía poca confianza y el 15 por ciento dijo tener ninguna confianza en el proceso.
Por otro lado, preguntados directamente si tienen interés en asistir a votar, el 29.5 por ciento dijo que estaba muy interesado, en tanto que el 22.7 por ciento dijo que tenía algo de interés; el resto de ciudadanos, el 47.8 por ciento, se mostró con poco o ningún interés por asistir a votar en marzo del próximo año.
Cuando se preguntó a los ciudadanos sobre la limpieza del proceso, cerca de la mitad de la población, el 47.2 por ciento, dijo que habría fraude; en tanto que un 36.7 por ciento sostuvo que las elecciones serán limpias y un 16.1 por ciento no supo ofrecer una respuesta al dilema de la transparencia de los comicios.
La encuesta reveló que los mayores niveles de interés y de confianza en el proceso electoral se encuentran entre las personas que tienen un partido político de preferencia, en cambio aquéllos que no eligen partido suelen acusar elevados niveles de desconfianza e indiferencia hacia las elecciones.
Algunas opiniones políticas
El 59.3 por ciento de los ciudadanos piensa que las bases de los partidos deberían elegir a sus candidatos para las elecciones; por el contrario, el 20.4 por ciento piensa que la dirigencia debería elegir a dichos candidatos. El resto de consultados no respondió a la pregunta.
Sin embargo, preguntados directamente sobre la imagen del FMLN luego de su convención nacional para elegir candidatos, el 46.4 por ciento considera que la opinión que tenía sobre ese partido no mejoró ni empeoró; el 34 por ciento señaló que su imagen del Frente empeoró y sólo un 15.4 por ciento considera que la imagen que tenía del mismo mejoró.
Por otro lado, la encuesta de la UCA consultó a los ciudadanos sobre lo que deberían hacer los partidos pequeños del espectro político nacional. El 31.6 por ciento de los encuestados respondió que tales partidos deberían unirse entre ellos, el 23.3 por ciento dijo que deberían quedarse como están, el 18 por ciento sostuvo que tales partidos deberían desaparecer; el 9.9 por ciento sugirió que se unieran a ARENA, en tanto que un 5.8 por ciento dijo que se unieran al FMLN. La opinión de que los partidos deberían unirse es más frecuente en aquellos ciudadanos que apoyan al PDC y al PCN.
Los candidatos
El tema de las preferencias por ciertas personas como candidatos a presidente del país fue abordado por el sondeo de la UCA de varias formas. En primer lugar y de forma abierta, se pidió a los consultados que identificaran a la persona que podría ser el mejor candidato a la presidencia del país. El 26.2 por ciento mencionó a Francisco Flores, mientras que el 7.2 por ciento se refirió a Facundo Guardado, el 3.2 por ciento señaló a Victoria de Avilés y otras personas mencionaron a Héctor Dada, Alfredo Cristiani y Héctor Silva, entre otros. Sin embargo, el 42.3 por ciento de los consultados no supo identificar a un personaje concreto.
Ahora bien, cuando se pidió a los ciudadanos que eligieran a su personaje favorito para presidente del país entre cuatro candidatos solamente —Hernán Contreras, Francisco Flores, Facundo Guardado y Rodolfo Parker—buena parte de los consultados, el 41.5 por ciento, escogió a Francisco Flores; el 22.9 por ciento optó por Facundo Guardado; el 5.3 por ciento eligió a Rodolfo Parker y sólo el 2.1 por ciento se decantó por el candidato del PCN. El resto de personas no escogió entre los propuestos. Esta misma tendencia se encontró a la hora de evaluar las personalidades políticas involucradas en la carrera electoral.
Preferencias político-partidistas
Preguntados sobre su tendencia ideológica, el 28.9 por ciento de los ciudadanos se definió como de derecha o centroderecha; el 29.4 por ciento se alineó al centro y el 14.9 por ciento se definió como de izquierda. El resto de ciudadanos dijo no tener tendencia ideológica alguna o no supo contestar a la pregunta.
A los salvadoreños se les preguntó por el partido que puede ser más capaz de lidiar con distintas acciones como gobierno. ARENA es el partido más mencionado cuando se trata de la capacidad para gobernar (36.6 por ciento) y de crear fuentes de trabajo (27.6 por ciento). En cambio, el FMLN es más mencionado cuando se trata de combatir la corrupción (24.5 por ciento) y de bajar los precios de las cosas (23.8 por ciento). En las áreas de combatir el problema de la delincuencia y combatir la pobreza en el país, ambos partidos reciben porcentajes parecidos de adhesiones.
Finalmente, a los salvadoreños se les preguntó por el partido por el cual votarían si las elecciones se realizaran en los días en que fue hecha la encuesta. El 32.5 por ciento de los consultados afirmó que votaría por ARENA; el 21 por ciento dijo que votaría por el FMLN; el 2.6 por ciento mencionó al PDC y el 1.1 por ciento señaló al PCN. El resto de partidos fueron mencionados por el 1.5 por ciento de los ciudadanos, en tanto que el 41.3 por ciento señaló que no votaría por ninguno, que el voto es secreto o que aún no saben por quien votar.
A pesar de esas respuestas, el 41 por ciento de los consultados dijo que podía cambiar su opción de voto más adelante.
En resumen, a unos días de comenzar la campaña, la encuesta de la UCA muestra a una población que no parece estar muy convencida de la utilidad de las elecciones.
Los salvadoreños parecen estar divididos casi por la mitad en sus actitudes hacia el proceso político: mientras que una parte de los ciudadanos tiende a expresar ciertos niveles de confianza e interés en el proceso, la otra parte —sobre todo la que se caracteriza por ser más pobre— tiende a mostrar muy poca confianza e interés en el mismo.
El sondeo de la UCA revela además que ARENA y su candidato han ampliado su ventaja sobre sus oponentes fundamentales, el FMLN y Facundo Guardado. Estos resultados sugieren que la principal disputa por ocupar la presidencia se encuentra, como ha sido la tendencia en los últimos años, entre ARENA y el FMLN. A pesar de las afinidades ideológicas con cierta parte de la población, el resto de partidos y sus candidatos no parecen estar ganando espacios entre los salvadoreños.
La ventaja de ARENA sobre el FMLN podría ser el producto del trabajo de campaña que ha venido haciendo el candidato Flores desde hace algunos meses y del impacto en la opinión pública de la convención efemelenista que tomó lugar antes de la encuesta.
Estos resultados reflejan el estado de la opinión justo antes de comenzar la campaña electoral. Sucesos por venir pueden modificar significativamente las decisiones ciudadanas en los próximos meses.
San Salvador, 10 de noviembre de 1998
Comentado antes el tema relativo al Tribunal Penal Internacional, ahora debemos abordar los más importantes del resto de la actividad. Dentro de ellos destaca el de la conferencia inicial del curso: "El papel de la sociedad civil en el fortalecimiento democrático: Desafíos". Esta charla fue impartida por nuestra conocida y querida Patricia Valdez; para quienes no la conocen o recuerdan, esta argentina fue la secretaria ejecutiva de la Comisión de la Verdad. En su intervención, Patricia desarrolló algunas elementos fundamentales para que la acción de esa llamada "sociedad civil" sea realmente provechosa: debe ser diversa y generar participación; desarrollar procesos asociativos —vivos y ricos— entre las personas; detectar, formar y alentar el involucramiento de nuevos líderes políticos, así como resistir la dominación de regímenes autoritarios.
La ex funcionaria de la Comisión de la Verdad en El Salvador también se refirió a lo que considera son algunas de sus principales actividades, a lo que debe caracterizar la estructura interna de sus formas organizativas —principalmente en lo que toca a la acumulación y aprovechamiento de su capital social— y a sus vínculos externos con instancias nacionales e internacionales, gubernamentales e intergubernamentales, agencias donantes e incluso otras instituciones sociales. Todo eso con el fin de establecer redes y alianzas, pero sin dejar de tener presente que se debe evitar cualquier identificación con actividades y políticas partidaristas, aunque como parte de la "sociedad civil" se defiendan intereses específicos de determinados sectores para obtener un determinado fin que —en muchos casos— tiene que ver con actuaciones de las autoridades estatales.
Otra de las conferencias más destacadas fue la dictada por Edelberto Torres Rivas, conocido sociólogo guatemalteco. En ella se hizo un interesante enfoque sobre la relación entre desarrollo humano, inclusión social y pobreza. El punto de partida fue algo incuestionable, al menos para quienes están sufriendo las consecuencias de un modelo económico injusto y para quienes se encuentran a su lado: mientras la pobreza siga creciendo, no podrá haber desarrollo. Según el Banco Mundial, la pobreza es la inhabilidad de obtener un estándar mínimo de vida. Y es cierto: es la privación de ciertas condiciones de vida; sin embargo, ello no tiene que ver únicamente con los artículos básicos para poder subsistir, sino también de las oportunidades para el desarrollo de una existencia edificantemente digna.
En una situación de pobreza se está negando lo elemental y necesario para hablar de un verdadero desarrollo humano, dando paso así a la tensión social y el conflicto violento; por ende, se están atropellando los derechos humanos de las personas. Existe, pues, un contraste entre desarrollo humano —que no es lo mismo que crecimiento económico— y pobreza. Al pretender determinar con sinceridad una primera y fundamental estrategia para combatir la pobreza, irremediablemente llegamos a un punto: encarar y superar las desigualdades. Porque —como ya se señaló antes— las causas de esta situación, que afecta a la gran mayoría de la población en el mundo, indudablemente tienen que ver con las estructuras sociales existentes que no ofrecen a todas las personas los mismos recursos y oportunidades.
Una de las maneras para determinar la pobreza es mediante el análisis de la exclusión social; ésta —entre otras cosas— es sinónimo de desafiliación, desventaja, indigencia y precariedad. Dicha exclusión se encuentra íntimamente relacionada con la negación de los derechos económicos y sociales, se opone a la integración y está vinculada a las dificultades de grandes sectores de población que impiden su participación en procesos de desarrollo. Tres de los principales mecanismos de exclusión existentes son los siguientes: de la información, de los procesos decisionales que afectan la propia vida, de acceso a los servicios y de la riqueza.
A partir de ese marco general, Jorge Dandler se refirió a una importante parte de la población, cuya exclusión es más que evidente en muchos lugares: los pueblos indígenas; Alejandro Valencia, por su parte, se refirió a las y los migrantes. El primer expositor desarrolló cinco temas centrales, refiriéndose de entrada a los derechos colectivos de estos pueblos, asentados en su profundo sentido de identidad. Seguidamente habló de su derecho a ser consultados cuando se pretende impulsar una legislación o determinada política nacional. Después pasó al derecho que tienen de reconocer su auto conciencia o auto calificación como poblaciones indígenas, que incluye hasta la posibilidad de no considerarse indígenas. En cuarto lugar, abordó lo relativo al derecho a determinar las prioridades de su propio desarrollo y sus propuestas frente la realidad nacional. Finalmente, abordó algo muy importante: el derecho que les asiste en cuanto a la conservación de sus territorios, incluidos los recursos naturales que han manejado por milenios. Como instrumento actualizado en esta materia, se señaló el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El segundo expositor, Alejandro Valencia, desarrolló el tema sobre los grupos de personas refugiadas, desplazados y de trabajadores migratorios; son éstas las tres clases de migrantes. También se refirió a los instrumentos de las Naciones Unidas relacionados a este tema, como lo son la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Ahora que está de moda el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vale la pena mencionar también la conferencia denominada "El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos: posibilidades y perspectivas", la cual fue impartida por Adrien-Claude Zoller. Integrada actualmente por 185 países, durante su existencia de más de medio siglo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha promulgado —en el ámbito de los derechos humanos— 56 declaraciones de carácter internacional. Su Carta ha sido ratificada por todos sus Estados miembros y constituye una especie de "super tratado", de tal manera que el resto de instrumentos internacionales deben guardar armonía con ella.
Sus principios fundamentales son la soberanía, la integridad, la no interferencia, la cooperación internacional y la responsabilidad del Estado; entre sus mayores objetivos se encuentran: la seguridad, el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos. De manera más explícita, en el artículo 1(3) de la Carta se establece que pretende "realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".
Respecto de las obligaciones de los Estados para darle cumplimiento a esos propósitos, el artículo 55 del documento señala que se promoverán —entre otras cosas— "niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social". El siguiente artículo es más explícito, en el sentido de afirmar que todos los Estados miembros "se comprometen a tomar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización", para alcanzar las aspiraciones antes consignadas.
La charla sobre "Género y derechos humanos" fue presentada por Gilma Andrade y Laura Guzmán. La primera se refirió a las ventajas que se plantean en nuestro ámbito de trabajo al tener una perspectiva de género; entre ellas, destacan que: propicia las condiciones para una equidad de género; posibilita responder diferencialmente a las distintas necesidades, intereses y problemas específicos de mujeres y hombres derivados de esa situación; y permite comprender el impacto diferencial. Al transformar las relaciones se debe cuestionar o redefinir poderes de la vida cotidiana y otras esferas. También mencionó algunas de las distorsiones que se producen en torno al concepto de género.
La segunda de las ponentes, por su parte, abordó principalmente lo relativo a los avances progresivos en la normativa relacionada con la mujer: de como los pactos de las Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, y sobre derechos civiles y políticos hacen énfasis en la situación de la mujer, aunque únicamente en el ámbito laboral; de la Convención de 1979 sobre todas las formas de discriminación contra la mujer; de la Convención de Viena de 1993; de la Conferencia Mundial en Derechos Humanos, en donde por primera vez se estableció que la violencia contra mujeres y niñas es una violación a los derechos humanos; y de la Convención de Belén Do Pará, un año después y en seguimiento a la Convención de Viena, la cual permite la producción de documentos que pueden coadyuvar a superar el gran retraso que existía al respecto.
También estuvo presente, dictando una conferencia, Jorge Taina. Por ser el actual secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), obviamente se le pidió que hablara sobre el ahora y el mañana del sistema dentro del cual surge y se desarrolla dicha Comisión. Taina explicó que la Comisión tiene un mandato que se concreta en seis actividades: visitas in loco, peticiones individuales, casos ante la Corte, relatorías temáticas (actualmente: indígenas, migrantes, mujer, niño y población desplazada), consulta a los Estados y elaboración de instrumentos o borradores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su lado, tiene una doble competencia: la consultiva y la contenciosa.
El secretario ejecutivo de la CIDH concluyó su ponencia haciendo una reflexión sobre la continuidad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Taina hizo hincapié en que éste continuará mientras se sigan produciendo violaciones a los derechos humanos; más aún: con la globalización de la economía mundial, el tema de los derechos humanos no debe perder interés sino, por el contrario, aumentar.
Quizás una de las conferencias que más impactaron a las y los asistentes —por su actualidad, contenido y forma— fue la que dictó Rafael Nieto: "Seguridad ciudadana, derechos humanos y sociedad civil". De manera muy razonable y con suficientes argumentos, Nieto planteó principios como los que a continuación se exponen de forma resumida. Al hablar de un Estado, debemos referirnos a sus tres elementos fundamentales: gobierno, territorio y población. Es a partir de ahí que debemos abordar el tema de la seguridad y sus problemas. La seguridad del gobierno está dada por su estabilidad y permanencia; la seguridad del territorio, por su integridad: y, finalmente, la seguridad de la población se mide por la inviolabilidad de los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Por lo anterior, no hemos de perder de vista que es el Estado el que existe para los individuos y no los individuos para el Estado; ello significa que se debe descartar cualquier teoría que trate de hacer descansar la seguridad del Estado sobre la inseguridad de las personas.
Nieto se refirió, además, a la función policial: la de prevenir el delito y no la de perseguir delincuentes. Asimismo, el ponente afirmó que cuando se hace del cuerpo policial un instrumento represor, se está creando inseguridad ciudadana; debido a eso, es necesario tener siempre presente que la función represiva de la Policía no es autónoma, ya que se encuentra supeditada al sistema de administración de justicia del Estado.
A este importante evento, asistieron dos abogadas del IDHUCA. Tanto su presencia en el mismo como los conocimientos adquiridos y las experiencias compartidas con el resto de participantes, les abren nuevas perspectivas para el desarrollo de su trabajo en el campo de los derechos humanos. Además, las comprometen a contribuir en el desarrollo eficaz de las tareas institucionales, encaminadas a enfrentar los actuales retos que se nos presentan: formar e informar a la población en derechos humanos para transformar El Salvador.
Transcribimos a continuación la segunda parte del discurso pronunciado por el Dr. Jorge Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el Desayuno Conferencia organizado por la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas (UDES).
5. La justicia en una sociedad en transición
Los períodos de transición siempre presentan graves dificultades: el pasado que se resiste a morir y el nuevo modelo o esquema que los patrocinadores del cambio pretenden imponer.
No hay cambios fáciles y muchas veces sus enemigos, si bien no logran conservar los viejos moldes, sí obtienen detener los resultados de la evolución. A veces se producen verdaderas involuciones.
Lo anterior es válido y cierto como constante histórica para todas las actividades humanas. Contra el inmovilismo, con o sin violencia, los que creen en la perfectibilidad del género humano buscan por todos los medios imponer las nuevas y generalmente mejores concepciones. Esto es lo que buscan todos los procesos de modernización: cambiar el rumbo, buscar la eficiencia, servir mejor.
En el caso del Estado de Derecho, las tradiciones —no siempre buenas— buscan enervar, detener, paralizar el proceso. El miedo a lo nuevo, a lo desconocido, produce desconfianza. Pero ¿qué es la lucha de la humanidad si no tratar de "avanzar", de buscar cambiar lo que es para mejorarlo?
Una tradición que pesa sobre las espaldas de Latinoamérica es el individualismo a ultranza, el egoísmo y la envidia, la insolidaridad, el buscar el bien propio por no importa cuales medios. Esto genera un ambiente despiadado, no propicio para que nuestros países alcancen mejores estadios de desarrollo. El separatismo que tanto angustió al gran Libertador y que lo hizo presagiar el futuro, este futuro tercermundista, caótico y miserable, se reproduce en muchas de nuestras actitudes; para el caso, en el combate contra la delincuencia no hemos logrado articular, ni siquiera entre las entidades del sector público, una lucha unida y coherente. Esto dispersa, multiplica, encarece esfuerzos y además incide en los resultados. Perdemos mucho tiempo-calidad tratando de convertirnos recíprocamente en responsables de los pobres resultados, invadimos abusivamente atribuciones ajenas, no ejercemos las propias y no logramos actuar coordinadamente, cooperar en lo que debemos cooperar, unificar esfuerzos.
Es importante tomar conciencia de lo dicho, no para abandonar en todo el individualismo que también tiene sus bondades, sino para unirnos y celebrar desde ya un pacto con la esperanza que se traduzca en realidades y que nos permita dominar el "monstruo de la delincuencia".
6. Compromisos, responsabilidades y esperanzas
La justicia no es, en principio, la responsable de combatir la delincuencia; su compromiso fundamental es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sin embargo, como servicio que es, la Administración de Justicia puede, en la aplicación del Código Penal, y debe jugar un rol de primer orden. Aclaro: la Justicia Penal no es ni policía, ni fiscalía, ni defensoría, es la que sentencia. Pero no puede la justicia divorciarse de la realidad y encerrarse en una torre de marfil; debe coadyuvar para que los fines, todos los fines del Estado, se logren en buena medida. Debe ofrecer Justicia pronta, proba, eficaz, imparcial, debe actuar en relación con las demás entidades del Estado y aplicar, cuando sea el caso, con toda severidad las leyes; con sentido de la realidad, con lógica, como respuestas al anhelo de una sociedad que tiene sed de justicia y que clama por ella. Si no lo hace está ayudando a que no tengamos el futuro que nos merecemos los salvadoreños.
Ahora bien, la delincuencia es un problema que nos afecta a todos, que es de todos. Por parte nuestra, debemos apoyar e impulsar toda iniciativa que tienda a erradicarla, incluidas reformas legales.
A pesar del tono de mis palabras, quiero reiterar mi profunda fe en las potencialidades humanas, en nuestra creatividad y compromiso para llevar adelante a nuestro país. Puntos en los que, ciertamente, compartimos todos sentimientos y convicciones, sin dejar de ser realistas.
Concluyo citando a un gran pensador americano ya fallecido, que en una de sus mejores obras expuso: "el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse tareas. En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo".
Que Dios nos permita a todos cambiar para bien a El Salvador.
Muchas gracias
Transcribimos a continuación el discurso del Presidente Armando Calderón Sol, fechado el 15 de noviembre de 1998, a propósito de la tormenta tropical "Mitch".
Salvadoreñas y salvadoreños:
Hace algunos días, fortalecidos por la fe en el Divino Salvador del Mundo, enfrentamos el destructivo huracán Mitch, y una vez más nuestro pueblo demostró su solidaridad en la tragedia y su unidad en el esfuerzo para superar esa dura prueba.
Unidos en la tragedia y en el esfuerzo, estuvimos y seguimos todos: El Gobierno de El Salvador coordinando por medio del Comité de Emergencia Nacional, las instituciones de servicio, el sector privado, la Secretaría Nacional de la Familia, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, las Iglesias y miles de voluntarios que formamos una gran alianza solidaria para apoyar a nuestros hermanos necesitados.
Durante la etapa de emergencia, atendimos en refugios más de ochenta y cuatro mil damnificados, bajo la coordinación del COEN y el apoyo de todas las instituciones involucradas en las distintas tareas planteadas por la emergencia.
De la etapa de emergencia pasamos a la evaluación, para cuantificar los daños en vidas y bienes, con total apego a la realidad de los hechos para evitar distorsiones que pongan en duda la alta credibilidad que tiene nuestro país.
Ahora, damos por concluida la evaluación y pasamos a la etapa de rehabilitación. Vamos a proceder de inmediato al suministro de un paquete de ayuda solidaria, para que las familias debidamente censadas levanten viviendas provisionales, y también se intensifique la rehabilitación de la red vial y otras obras sociales, que proporcionarán trabajo a los damnificados.
Es importante señalar que el esfuerzo de la rehabilitación, así como el de la reconstrucción, lo hemos planificado con mentalidad de previsión hacia el futuro, lo cual demandará grandes cantidades de recursos.
Consideramos necesario actuar con prudencia, porque los recursos son escasos y las acciones impulsivas sólo nos pueden conducir a crear desequilibrios económicos que mañana podrían impactar más fuerte que el mismo huracán Mitch.
Por eso, nuestro gobierno solicitará la ayuda para complementar lo que nosotros con sacrificio debemos poner. Una parte provendrá de reasignaciones dentro del presupuesto general y de donaciones de la Comunidad Internacional; el resto provendrá de créditos a largo plazo. Esto no incluye expectativas de condonaciones, ya que debemos considerar que El Salvador tiene la mayor parte de su deuda con organismos multilaterales, la cual no califica para ese tipo de acciones.
Hechas estas aclaraciones, pasamos a concentrarnos en la etapa de la rehabilitación, la cual constituye el desafío inmediato que estamos enfrentando, con el objetivo de devolver las condiciones básicas para rehacer la vida normal de las comunidades afectadas y restablecer el trabajo, fuente de ingreso y sostén de nuestro pueblo.
Con dicha finalidad, procederemos a implementar las acciones siguientes:
1) Distribución del paquete solidario, que beneficiará aproximadamente a diez mil familias con materiales básicos para rehacer sus viviendas, dotación de alimentos, así como enseres del hogar para que normalicen sus actividades a la mayor brevedad posible.
2) Entregaremos semillas, fertilizantes, aperos y daremos asistencia técnica para el cultivo de las tierras que quedaron impregnadas de humedad, con lo que será posible cosechar granos básicos y otros productos agrícolas.
3) Se estructurará un Fondo Económico para el desarrollo agrícola, con el objeto de proporcionar a la brevedad recursos financieros para la rehabilitación de la infraestructura productiva que fue dañada por el huracán. Con este fin, el Gobierno diseñará un mecanismo para que las instituciones financieras extiendan los créditos necesarios, para beneficiar a los agricultores, ganaderos y pescadores que necesiten reponer sus equipos, instalaciones y aperos, a fin de reiniciar sus actividades productivas.
4) Redoblaremos nuestros esfuerzos para rehabilitar con prontitud los caminos rurales, vecinales y las carreteras que están severamente dañadas, por ser esto necesario para la movilización de las cosechas y el acceso a los mercados. Esto también generará miles de empleos locales, mediante la integración de los batallones de trabajo, que tendrán la misión de rehabilitar la infraestructura dañada. Esta etapa se financiará primordialmente con recursos reasignados del presupuesto y donaciones.
Cuando hayamos concluido la rehabilitación, iniciaremos la etapa de la reconstrucción, mirando hacia el futuro con previsión, para minimizar el riesgo de pérdidas ante otros posibles fenómenos naturales, como el que hemos sufrido. Por eso, vamos a desarrollar un plan de reubicación poblacional, para proteger la vida y bienes de las personas, y garantizarles un mejoramiento en su calidad de vida, especialmente en las cuencas del bajo Lempa, Río Grande de San Miguel, Jiboa y Río Paz.
La reconstrucción atenderá los problemas más urgentes de la vida de las familias y la generación de empleos, para lo cual se pondrán en marcha programas que tomarán un tiempo más largo para su ejecución. Entre estos podemos mencionar:
-El programa de viviendas populares, con la reorientación de recursos naturales y su fortalecimiento con créditos externos a largo plazo. Este programa incluirá la reubicación de familias en áreas cercanas a sus actuales lugares de trabajo, pero alejadas de las zonas de peligro.
-El programa de reparación y reconstrucción de todas las escuelas y puestos de salud dañados, incluye también la rehabilitación de caminos de acceso. Esto tendrá prioridad porque las escuelas deben de estar en condiciones de operar antes del inicio del año escolar y es necesario que cuanto antes posible funcionen los puestos de salud.
-El programa de reconstrucción de infraestructura productiva es la respuesta a la mayor preocupación de nuestros trabajadores rurales y campesinos. Esto constituirá un primer paso para iniciar un verdadero proceso de rehabilitación y tecnificación del sector agropecuario salvadoreño. Para financiar este proyecto, el Gobierno gestionará recursos externos a fin de extender créditos a largo plazo, con tasas de interés de fomento, que estén acompañados con un componente de asistencia técnica para incorporación de nuevas tecnologías.
Aprovecharemos esta coyuntura para iniciar un proceso de cambio de métodos y sistemas productivos del campo, para ganar competitividad, generar más empleos y lograr mayor riqueza en las zonas rurales, a fin de reducir los niveles de pobreza.
Consideramos que el Sistema Financiero salvadoreño debe desempeñar un papel protagónico, con una visión de largo plazo para apoyar decididamente la reconstrucción productiva, algunas instituciones ya han tomado el liderazgo en este sentido y exhortamos a las demás para que sigan este camino.
Los programas de largo plazo requieren la preparación de complejos proyectos, cuyo financiamiento toma, generalmente, entre quince y dieciocho meses en ser aprobados y desembolsados. Debemos aprovechar el impulso y apostar a una total transformación y modernización productiva del sector agropecuario. Esto demandará de proyectos complementarios y de apoyo al sector y un enfoque dinámico, orientado particularmente hacia la agricultura, la ganadería y la pesca.
Antes de terminar nuestro mandato, prepararemos y readecuaremos los proyectos que sean necesarios para cumplir el objetivo de la modernización productiva del sector agropecuario y fomentar la agricultura, así como eliminar al máximo las poblaciones que viven en zonas de alto riesgo.
Daremos prioridad a los siguientes programas: implementación de sistemas de riego; protección ambiental mediante el ordenamiento y protección de cuencas y obras de conservación de suelos; rehabilitación y mejora de carreteras secundarias y primarias, puentes y áreas pesqueras; reubicación de población y desarrollo local sostenible. Tendrá máxima prioridad la cuenca del bajo Lempa y Grande de San Miguel.
Hermanas y hermanos salvadoreños:
A lo largo de nuestra historia Patria, nos hemos enfrentado a grandes desafíos y con la ayuda de Dios, y nuestro esfuerzo, hemos salido adelante.
Así como hemos permanecido solidarios en la tragedia, seguiremos unidos en el esfuerzo de la rehabilitación y la reconstrucción de los daños causados por el fenómeno natural que nos afectó a todos los salvadoreños y hermanos centroamericanos.
Somos un pueblo con un espíritu estoico y una férrea voluntad de trabajo. Seguimos fortalecidos por esa confianza en Dios Todopoderoso que nunca nos ha abandonado y siempre nos ha dado fuerzas, sabiduría y voluntad para levantarnos. Continuaremos unidos avanzando en la construcción de este nuevo El Salvador, que con orgullo vamos a heredar a nuestros hijos.
Que El Salvador del Mundo nos fortalezca y bendiga a todos.
Muchas gracias.
San Salvador, 15 de noviembre de 1998.
