Año 19

Número 832

 Noviembre 25

1998

ISSN 0259-9864

 

  

Editorial La oferta electoral

Regional Aproximación crítica a los movimientos indígenas

Regional "Mitch" en Nicaragua (II): el mapa del desastre

Derecho Ante el inicio de campaña

Derecho De la igualdad jurídica (I)

Derechos Humanos Agua para su molino...

Noticias

No obstante sus repetidas promesas de hacer una campaña de altura, en correspondencia con los nuevos aires que soplarían en su interior, ARENA no pudo resistir su inveterada inclinación visceral hacia el anticomunismo. Lanzó su campaña en el lugar donde decenas de miles de campesinos fueron masacrados en 1932, acusados de ser comunistas, cuando en realidad lo que tenían era hambre. Con los puños en alto y los pulgares hacia abajo, los areneros pidieron la muerte de los rojos, se compararon con una tanqueta en un campo de batalla y se prometieron derrotar al comunismo en las urnas, convencidos de que la presidencia de la república es propiedad suya. Mientras tanto, la población de Izalco miraba desde la periferia el espectáculo arenero.

Los grandes medios de comunicación social ya comenzaron a ser inundados por la propaganda electoral. ARENA busca consolidar su ventaja. El FMLN trabaja por cerrar la brecha que lo separa de aquél. La Democracia Cristiana pretende restarle votos a ARENA. Y el Centro Democrático Unido aspira a ser el fiel que decida entre las extremas. Desatada la dinámica electoral, las candidaturas y el triunfo son lo más importante. Los problemas nacionales quedan postergados para cuando llegue el momento de conformar el nuevo gobierno.

Aproximación crítica a los movimientos indígenas

Alrededor de la situación de los grupos indígenas que aún sobreviven en el mundo se ha levantado un polémico debate, cuyo eje central tiene que ver con la necesidad de que los gobiernos reconozcan la autonomía de la que, en virtud de su presencia previa a todo tipo de colonización, deberían gozar los descendientes de pueblos nativos. Como consecuencia de esto, se hace necesario establecer los límites no sólo geográficos, sino también jurídicos, económicos y políticos que definan y diferencien —o que acojan— dicho estado de autonomía dentro de la estructura social predominante. Centroamérica no ha estado al margen de esta discusión. En efecto, ciertos acontecimientos recientes revelan que la comunidad indígena, en medio de la crisis de identidad que enfrenta, aún es capaz de organizarse y presionar para realizar cambios que la favorezcan.

A la base de cualquier propuesta o consideración en relación con la situación de los indígenas en el Istmo está el hecho ineludible de que éstos viven y han vivido en precarias condiciones de vida, desamparados frente a un sistema social que, en la mayoría de los casos, se ha mostrado incapaz de ofrecerles igualdad de oportunidades. Sumado a esto, en Centroamérica la comunidad indígena ha tenido que soportar el sometimiento —que en muchas ocasiones adopta la forma de represión violenta— frente a los intereses de las oligarquías locales en alianza con los gobiernos de turno. La costumbre de ignorar el valor de áreas que para pobladores ancestrales son "sagradas" y que llegan a ser consideradas piezas históricas para cualquier retrospección fructífera de la identidad cultural mesoamericana suele ser el preludio de devastaciones por parte de autoridades de gobierno o propietarios rurales.

Sin embargo, es muy difícil encontrar evaluaciones más o menos objetivas acerca de la viabilidad de los proyectos ofrecidos por la población indígena organizada, o al menos acerca de la naturaleza de los discursos que suelen ocupar para mantener cohesionada a su "base social" en torno a intereses "comunes". Sin ningún afán de desvirtuar el trabajo y los logros que a la fecha existan al respecto, esta aproximación crítica busca abrir el camino para que otros especialistas se detengan a evaluar el futuro de las reivindicaciones indígenas en función de las herramientas y de las propuestas que se han establecido para su consecución.

En principio, enfoquemos la reflexión en torno a la necesidad de que el Estado otorgue autonomía a los pueblos indígenas para facilitar la vida y la supervivencia de esquemas culturales casi extintos. Esta discusión se resume en la petición de reconocer el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas —el avance más reciente en esta materia se desarrolla actualmente en Guatemala, gracias al impulso recibido de la firma de los Acuerdos de Paz. Se trataría, pues, de que el Estado delimite un área en la que los pueblos indígenas puedan administrar los recursos que en ella se encuentren, definir y regirse bajo sus propios cuerpos legales y realizar acciones que mejoren su calidad de vida, debiéndose manterner esta posibilidad dentro de lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En este sentido, cualquier Estado autónomo tendría que asegurarle a los pueblos indígenas el suministro de los servicios básicos para la subsistencia, entre otras cosas, con el objeto de disminuir la marginación–aislacionismo. Ante esto, es oportuno realizar algunas reflexiones. En primer lugar, habría que preguntarse si establecer nuevas fronteras dentro de las naciones es una verdadera solución al problema de la marginación indígena. En segundo lugar, se debe evaluar en qué medida se puede facilitar la supervivencia de culturas "autóctonas" otorgándoles a las familias indígenas una extensión de terreno para la mera subsistencia. No hay que perder de vista que lo que define a la identidad cultural de los pueblos indígenas puede más bien corresponder a una forma de concebir la realidad que a un estilo de vida determinado, por demás condenado al mestizaje en el supuesto de colocarlo en un entorno social con igualdad de oportunidades.

Por otro lado, al discurso del rescate y conservación de las costumbres de los pueblos indígenas se le adhiere el de la lucha ambientalista. Pareciera que se asume como "natural" que la condición de indígena conlleve no sólo una actitud de respeto y protección de los recursos naturales, sino también de uso y explotación racional de ellos. Si ante la aspiración de mantener intactas las costumbres nativas mesoamericanas existen dudas, la idea arriba expuesta resulta cuestionable desde cualquier perspectiva. No hay que olvidar que la pobreza característica de las comunidades indígenas generalmente ha desembocado en la explotación constante de recursos como la madera y el agua —aunque en menor medida que la que está en manos de las grandes empresas. Definitivamente, la propuesta de confiar en manos de los pueblos indígenas la administración racional del medio ambiente debe fundamentarse, primero, en la solución de su condición de pobreza y, segundo, en llevar a la práctica su concepción particular de la naturaleza.

No obstante, no se debe perder de vista el hecho de que estar adscrito a un esquema de pensamiento no implica su realización efectiva. La diferenciación ampliamente aceptada entre religiosos "practicantes" y "no practicantes" es un ejemplo de esta idea. Finalmente, otro elemento presente en este discurso es el referido a la supuesta unidad de la que goza el movimiento indígena, al menos en los países del Istmo. Prominentes líderes de dicho movimiento recurren al ideal de alcanzar una sola nación centroamericana en virtud de la historia común que posee la región, y cuyo origen se hallaría en la existencia misma de la comunidad de descendientes directos de las etnias precolombinas. Desde esta perspectiva, los agentes sociales que mejor colaborarían a alcanzar este ideal serían los mismos pueblos indígenas, y ellos deberían servir como ejemplo para derribar las barreras que dividen las naciones. Antes de apoyar esta noción, habría que determinar la veracidad de esa supuesta unidad.

El ideal de una Centroamérica sin fronteras no debe tomarse a la ligera, porque no significa homogenizar costumbres o concepciones de mundo, sino gozar de niveles de vida y de espacios de participación igualitarios. Es distinto apoyar un planteamiento político que favorece a un grupo al menos en aspecto básicos, que pensar en una sempiterna y granítica unidad cultural. Estos y otros argumentos más bien pueden servir para mantener viva la esperanza de un mañana mejor para un sector de la población del Istmo que difícilmente puede ver resueltas sus demandas. No es en ellos en los que debiera fundamentarse el trabajo del movimiento indígena. Como ya hemos dicho arriba, la idea es que, por medio de la lucha reivindicativa de los descendientes de las etnias precolombinas, se procuren mejores condiciones de vida e igualdad de oportunidades de subsistencia, desarrollo y participación para quienes han vivido históricamente marginados, de manera que, de la mano con todos los miembros de la sociedad —sea a nivel nacional, regional, continental o mundial— se pongan las bases para la construcción verdadera de ese mañana mejor.

"Mitch" en Nicaragua (II): el mapa del desastre 

Nicaragua ha quedado gravemente herida en una amplia zona de su geografía tras las devastadoras lluvias que acompañaron el paso por territorio de Honduras del huracán "Mitch". Aunque "Mitch" nunca entró en el territorio nicaragüense, sus efectos indirectos fueron más dañinos que los efectos directos causados por los 40 huracanes que han afectado a Nicaragua a lo largo del siglo XX. Las lluvias batieron todos los registros históricos. En Jinotega fueron mil por ciento superiores a las del promedio histórico en todo el siglo. En Chinandega, un ochocientos por ciento superiores. Y así en gran parte del país. Diluvios, crecida de ríos y lagos y deslaves de tierras causaron la tragedia. Peor que el terremoto de 1972.

Managua se salvó. El país devastado es un amplio sector de la Nicaragua rural del Occidente (León, Chinandega) y del Norte (Matagalpa, Jinotega, Las Segovias): el sector campesino que produce alimentos para subsistir, para el consumo interno y para la exportación. Hubo destrozos significativos en varias ciudades de la zona devastada: Estelí, Matagalpa, Ocotal, Jalapa, Ciudad Darío; destrozos en zonas de Granada y Rivas... Los destrozos en la red vial de toda esa extensa zona fragmentaron el territorio nacional, dejando a Managua incomunicada. Las zonas castigadas en Managua fueron el municipio de San Francisco Libre, el cercano municipio de Tipitapa y los miserables barrios asentados en las orillas del lago Xolotlán, que creció más de cuatro metros, superando su marca histórica de altura sobre el nivel del mar para casi unir sus aguas con las del lago Cocibolca.

El desastre mayor a corto, mediano y largo plazo se encuentra en zonas de producción campesina ya muy empobrecidas, algunas de ellas escenarios de la guerra de los años 80 como Wiwilí, Quilalí, Bocay, Raití... De ellas no queda casi nada en pie. "Mitch" añadió dolor a heridas aún no sanadas entre la población y los desmovilizados de estos heroicos puntos de la geografía, que consideran que el huracán fue más destructivo que la guerra. Las aguas del río Coco —el mayor de Nicaragua— crecieron más de 4 metros, sobrepasando los techos y, río arriba, llegaron a cubrir casi del todo los altos cocoteros, arrastrando todo el mundo conocido en las zonas remotas de Jinotega y del Atlántico Norte. La destrucción de los caminos rurales de esta geografía hace aún mayor el desafío en comarcas aisladas en las que sólo existe producción de subsistencia y que no producen ningún cultivo estratégico.

Comparando cualquiera de las cifras de pérdidas materiales que han ido apareciendo con los miles de millones de dólares que perdieron las bolsas asiáticas o con el valor de los activos de las corporaciones transnacionales, la devastación que produjo el "Mitch" en Nicaragua es insignificante. Se calculan 1,500 millones de dólares como total de las pérdidas materiales. La verdadera magnitud de cualquier número sólo alcanza relieve cuando leemos los datos en la dimensión nicaragüense.

En una primera valoración, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) dio por perdidas 215 mil manzanas de los más diversos cultivos, algunos de ellos ya a punto de cosechar —maíz, frijol, sorgo, arroz, soya, ajonjolí, maní—, lo que representa el 52% de toda el área de siembra de postrera y el 35% de toda la producción del ciclo 97-98. Así pues, la UNAG estimó las pérdidas en el agro en por lo menos 52 millones de dólares. Esta cantidad es sólo un par de millones más de lo que se gastó Kenneth Starr en investigar las aventuras sexuales de Clinton...

Sin saber la cuantía exacta de lo perdido, rubro por rubro, en la zona afectada —donde vive un 44% del hato ganadero— se da ya por perdido el 42% de la producción de leche. El fértil valle de Sébaco se convirtió en un gigantesco lago. El arroz allí cultivado tuvo grandes pérdidas y las estratégicas cosechas de hortalizas de esta zona se arruinaron en su totalidad. Zanahorias, cebollas, repollo y otras verduras tendrán que ser importadas de Costa Rica. Esta escasez —que se empezó a sentir de inmediato—, unida a la devastación en tantas áreas dedicadas a granos básicos, atenta contra la ya precaria seguridad alimentaria de la población nicaragüense y muestra la fragilidad de una economía que depende fundamentalmente del sector agrícola, pero que tiene los mayores porcentajes de su población en ciudades.

El cultivo que menos sufrió en las zonas castigadas por los embates de "Mitch" fue el café. Sin embargo, primeros estimados de productores de Jinotega y Matagalpa —la principal zona cafetalera del país— hablaron de que el 30% de la cosecha se había perdido y que el resto, a punto ya de corte, amenazaba con perderse debido a lo intransitables que quedaron más de mil kilómetros de caminos de penetración a las haciendas cafetaleras. En cuatro mil se calculan los kilómetros de carreteras dañadas en la zona del desastre.

Más difícil de calcular es el número de gallinas, cerdos, cabras y todo el ganado menor que se perdió y que juega un papel clave en la economía de los campesinos más pobres. Una vivienda se levanta relativamente rápido, pero la reactivación de la unidad de producción campesina es un proceso cuya velocidad es proporcional al capital disponible. Algunas zonas del campo han quedado totalmente descapitalizadas con las inesperadas avalanchas de lluvia y lodo.

Después de años de exclusión y olvido, los productores rurales de este pedazo de Nicaragua surgen, de entre el agua y el lodo, ante los ojos de Managua, como los adoloridos protagonistas de la tragedia. Para ellos "llovió sobre mojado": los que ya tenían poco, los que tenían cada vez menos, ahora, de repente, ya no tienen nada. Sólo la ropa enlodada que llevaban puesta cuando huyeron de sus casas o fueron rescatados de techos, árboles o cerros. Lo que ha ocurrido es que ahora ya no están tan dispersos ni podrán ser tan fácilmente "escondidos" o disimulados tras las cifras de crecimiento económico o estabilidad.

El mundo, atónito ante la catástrofe centroamericana, mira, quizá por primera vez, estos rostros. Pero ellos y ellas no empezaron a sufrir con el "Mitch". Cargan en sus cuerpos una desnutrición y un olvido de muchos años. El dolor de estas zonas rurales va a cuestionar de hoy en adelante y a gritos los obscenos niveles de despilfarro en los que la Managua neoliberal ha vivido satisfecha en los últimos tiempos. ¿Provocará esta tragedia un giro en dirección hacia una mayor solidaridad y responsabilidad social?

Durante años muchas de las zonas del desastre —abandonadas por la política oficial— fueron sembradas, paciente y esperanzadamente, con proyectos alternativos de desarrollo. Proyectos productivos muy variados. Un número aún no cuantificado de estos proyectos han quedado arruinados. Y habrá que empezar de cero o de menos de cero. Un ejemplo de ello es la tragedia de San Francisco Libre, en las orillas del lago Xolotlán, una comunidad pobrísima que estaba en franca recuperación humana y económica con una serie de proyectos alternativos. La crecida del lago de Managua anegó el municipio y arrasó con los nuevos cultivos de pitahaya, con las crías de cerdos, con los árboles frutales, con el ganado vacuno, con los criaderos de tilapia... Con todo.

Más de siete plagas amenazan, además, extensos territorios del país. Porque el exceso de agua caída del cielo —causante, entre otros desastres, de la destrucción de decenas de miles de letrinas— es colosal caldo de cultivo para varias epidemias: malaria, dengue, parasitosis, hongos de todas clases, enfermedades respiratorias de todo tipo, y ahora la temible leptospirosis. A su vez, la falta de agua potable originará otras enfermedades: cólera, conjuntivitis, hepatitis, tifus, infecciones... Antes del "Mitch" empezaban ya a estar fuera de control muchas de estas enfermedades por la crisis existente en el sistema de salud pública, en proceso de privatización. A lo largo de 1998 se multiplicaron los casos de dengue en todo el país y entre todas las clases sociales.

En una situación tan crítica como la actual, Nicaragua podría empezar a experimentar mayor descomposición social que la que ya había; podría asistir a brotes de desorden social desconocidos en los últimos años, si el gobierno y la sociedad no responden con unidad y solidaridad ante la emergencia. Es mucha la gente que ha quedado sin nada cuando ya tenía casi nada y muy pocas oportunidades de tenerlo.

En los primeros días de la tragedia, una masa de pobladores hambrientos de Telica, Chinandega, saquearon dos furgones cargados con miles de libras de carne, que quedaron estacionados en la Carretera Panamericana sin posibilidad de circular por los destrozos que sufrió la columna vertebral vial de Centroamérica. En el saqueo murieron aplastados dos niños pequeños. Diez días después, centenares de pobladores de Estelí reclamaban comida frente a la alcaldía, armados de machetes. Dos días después, los habitantes de Ciudad Darío mantuvieron secuestrado a su alcalde durante unas horas pidiéndole como rescate sacos de frijoles para poder comer... La emergencia del hambre y de un previsible aumento del desempleo entre miles de personas que quedaron sin vivienda, durará meses. ¿Cómo evolucionará la conciencia de los hambrientos en una clara crisis de liderazgo político como la que padecíamos desde mucho antes de las lluvias y el lodo?

Es previsible que se aceleren los procesos de urbanización, las migraciones del campo a las ciudades, ya plagadas de desempleados venidos de zonas rurales desde mucho antes del "Mitch". El gobierno liberal ha mantenido un discurso de permanente apuesta al sector rural —hacer de Nicaragua el "granero de Centroamérica", la hora de "la revolución rural", etc.—, pero sin proporcionar los servicios básicos que hagan atractivo el vivir y el trabajar en el sector rural. ¿Lo hará ahora? ¿Cómo retener en estas zonas a una población rural en un estado tan crítico? Son previsibles también migraciones masivas —más masivas que nunca— hacia los "paraísos" de Costa Rica y de Estados Unidos. Incluso, a los de México y Guatemala.

Lo que resulta más difícil de medir, de cuantificar, son las huellas que el trauma de esta inesperada tragedia puede dejar en la conciencia del pueblo de Nicaragua y los estragos que causará el estrés post-traumático de tantos miles de hombres, mujeres, niñas y niños que vieron morir a familiares, amigos y vecinos y lo perdieron todo en una avalancha a la que no le encuentran sentido. En vísperas del huracán, Nicaragua era una sociedad de desempleados, con altísimos grados de violencia contra mujeres, niñas y niños en los hogares, una sociedad asaltada por la desesperanza en la que cada 24 horas se suicidaba un nicaragüense en algún lugar del país.

El modelo neoliberal ha impuesto en países como Nicaragua un Estado que reduce o abandona sus responsabilidades sociales, que recorta cada vez más el gasto público, el gasto social, y que abandera las bondades de privatizar la salud y la educación. ¿Qué cruel significado puede tener esta teoría "modernizante" en un país como éste y ante una tragedia como ésta? ¿Será posible que la élite política y empresarial de Nicaragua continúe siendo la misma que era en las vísperas de la tragedia? Pareciera que, si no éticamente, técnicamente es imposible.

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Colaboración "Equipo Envío", Nicaragua

Ante el inicio de campaña 

Estamos cercanos a las elecciones presidenciales y nuevamente nos veremos bombardeados inmisericordemente por la propaganda política de los distintos partidos que entrarán en la contienda. Otra vez comenzaremos a buscar otras opciones de entretenimiento diferentes a la televisión y la radio, pues estos son los instrumentos de tortura que preferencialmente ocupan los distintos institutos políticos para someternos a la publicitación de lo que ellos consideran la mejor opción presidencial.

El problema no solamente radica en que esta propaganda es masiva y que ocupa todos los medios de difusión existentes en nuestro pequeño país, sino también en el bajo nivel de las campañas que hasta la fecha nos han presentado los distintos candidatos.

La falta de credibilidad política, de candidatos con verdadero compromiso con el pueblo y no con los partidos que los promueven, y mucho más con los sectores de la sociedad que los impulsan, son algunos de los factores que permiten vislumbrar el abstencionismo político con que se verán empañadas las próximas elecciones. Las encuestas realizadas hasta la fecha demuestran que las elecciones no son de mayor interés para la población, y ello es una muestra de repudio en contra de nuestros representantes políticos.

Muchos recordamos que todo proceso de promoción política electoral se llena de difamación, injurias, señalamientos, y lo que menos se hace es presentar el plan de gobierno que ejecutarían si llegasen al poder. En la actualidad existe un intento de crear un Plan de Nación, proyecto en el cual se ven involucrados actores propios de nuestra realidad. Este plan debería servir de apoyo para las distintas opciones políticas, indudablemente con el matiz propio de su ideología; no tenemos certeza de que ello se dé, pero si sucediera tal vez serviría para captar nuestra atención y verificar el cumplimiento de lo prometido.

Lo anterior es básico, ya que muchas veces queda todo en promesas y a la hora de la verdad, del cumplimiento de lo prometido, los simpatizantes que votaron por determinado partido se quedan vacíos, sin nada, sólo con palabras que se lleva el viento. Y en otras ocasiones, como no hay propuesta política sustentable, sólo abunda la demagogia, no hay nada que cumplir y el salvadoreño sigue esperanzado.

La seriedad, el respeto, la verdad y el patriotismo deben ser los estandartes de la campaña política de todo instituto con pretensiones de forjarse una buena imagen. Seriedad al presentar un verdadero plan de gobierno y políticas de estado factibles y realizables. Respeto para su contrincante político, haciendo los señalamientos correspondientes a su propuesta política y no a su imagen, pasada, presente o futura. La campaña debe fundamentarse en la verdad, señalando compromisos que sí se pueden cumplir y no prometiendo la luna y el sol sin haber pisado siquiera la tierra. Y patriotismo, es decir, cumplir con un auténtico rol de compromiso y responsabilidad con la población y la nación entera, y no respondiendo a grupúsculos sociales ni a intereses foráneos.

Son otros muchos los parámetros para una campaña de altura, pero estos deben ser los primeros pasos que deben dar los partidos para recuperar la credibilidad, el respaldo y el respeto del pueblo salvadoreño. Es un arduo camino de cara a las próximas elecciones, no largo por su longitud, sino más bien difícil porque implica romper esquemas, estructuras y costumbres de nuestros partidos políticos y de nuestros candidatos. Que se puede hacer se puede, pero que se quiera hacer lo veremos en marzo del próximo año.

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Colaboración de Ernesto Villalobos, Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA

De la igualdad jurídica (I) 

En algunos tribunales de la República se ha debatido sobre la igualdad técnica acreditada en el proceso de los fiscales y defensores. En otras palabras, si la ley exige que los defensores sean abogados, ¿por qué no exigirles igual condición a los señores fiscales que buscan intervenir en los procesos judiciales como contrapartes de la contienda jurídica? Así se difunde un pretendido equilibrio entre el fiscal, quien desempeña fundamentalmente tareas de defensa de los intereses de la sociedad, y el defensor, quien busca desacreditar la persecución estatal o particular para su cliente; en otras palabras, contradecir los hechos acusatorios o incriminatorios. En definitiva, ¿puede exigirse que sean abogados los fiscales y defensores? ¿o sólo es una exigencia para defensores, creando así una aparente desigualdad, al no pedirse la calidad de abogados para los fiscales? ¿Significa una puesta en ejercicio para aquellos y no para estos para éstos una discriminación injustificada, al no haber razones obvias, que convenzan, y sean irrebatibles? ¿Podemos encontrarnos con una competencia que vulnera la ley y afecta la libertad de ejercer la profesión de abogado? Para encontrar respuestas propias a este fenómeno jurídico suscitado en el oriente del país, hemos de dar cabida a las versiones del tribunal de San Vicente y a algunas que imperan en el ambiente jurídico. El no hacerlo de esta forma obscurecería metodológicamente el encuentro hacia una respuesta razonable.

Escondidos en toda esta polémica son identificables algunos argumentos políticos, en tanto las directrices de la Asamblea Legislativa no han presupuesto tácitamente la calidad de abogado para la Fiscalía. Al mismo tiempo, se dan razones económicas: por un lado, que las finanzas del Estado no alcanzan para pagar lo que tendría que sacarse de los fondos públicos en concepto salarial al exigir que el fiscal sea abogado. Se asume indefectiblemente que un profesional tenderá a tener expectativas de sueldo más altas que aquellos que no hayan obtenido grado académico alguno. Subyace entonces que menores exigencias salariales serán exigibles por fiscales que no tienen título jurídico formal.

El otro punto de vista es que los no titulados se constituyen en aprendices a fiscal o novatos en las funciones y atribuciones que competen a la Fiscalía. La no exigencia de que sean necesariamente abogados puede reportar a los fiscales diversas ventajas que pueden verse reflejadas en el recibimiento de enseñanza gratuita al desempeñar el puesto, lo cual simbólicamente es un pago extra en las funciones fiscales. Otros, un poco menos entrampados en lo político y económico, ven en la permanencia de los fiscales no abogados que sus puestos son utilizados como trampolines instrumentales, pro-mejoramiento para sus carreras jurídicas, ya que no hay mejor forma para llegar a posiciones de bienestar en los puestos públicos que utilizando el protagonismo fiscal.

A pesar de todo lo dicho, los argumentos jurídicos emitidos por un tribunal de San Vicente, traen los motivos para que en adelante acudamos a presentar las principales tesis que se han esgrimido. En esa senda utilizamos las sentencias de dicho tribunal, una del 6 de julio, otra del 4 de septiembre y la última del 1º de octubre de los corrientes.

El Tribunal de San Vicente insiste que la procuración, como facultad de comparecer en el juicio y actuar a nombre de otro, debe recaer en un jurisperito. En consecuencia, las acreditaciones de representación procesal de los fiscales que actúan a nombre del Fiscal General, deben hacer constar su autorizaciones para ejercer la abogacía en todas sus ramas. En otras palabras, significa que al momento de identificarse en el juicio debe comprobar que la actuación que realiza a nombre del Fiscal General la está haciendo en calidad de abogado. El Tribunal de San Vicente llega a esta conclusión luego de identificar que no hay expresión clara en el Código Procesal Penal. Entonces se hace evidente la existencia de una laguna o de un vacío de ley codificado. Frente a esta situación y según la obligación de resolver, el tribunal sostiene que para dictar solución conforme a derecho ha de hacerse una interpretación hermenéutica, integrando diversas normas jurídicas.

En el Tribunal de San Vicente se entiende que debe aplicarse la regla que permite que, frente a la falta de reglas en la ley especial para solucionar adecuadamente la controversia, debe aplicarse las reglas establecidas en la legislación común. En este caso la ausencia de supuestos para solventar una correcta decisión en el Código Procesal Penal (CPP) debe ser completada por las normas generales del derecho común, previstas en el Código de Procedimientos civiles (CPC).El tribunal concluye con la identificación del Art.99 del CPC, el cual prohibe ejercer la procuración a los que no estuvieren autorizados como abogados. Norma aplicable al ordenamiento penal por constar en este un vacío normativo. Es decir, si la norma especial, que en este caso es el Código Procesal Penal, no regula la situación jurídica objeto del juzgamiento, cabe operar según el principio general de las normas civiles. En este caso es necesario acudir al ordenamiento civil en donde la exigencia de estar autorizado como abogado para ambas partes, debe entenderse que no abarca excepción para los fiscales.

Razones adicionales que inciden en la exigencia que los fiscales sean abogados, de la misma manera que los defensores, han sido sustentadas conforme el criterio de igualdad de las partes —los sujetos que intervienen en el proceso controvirtiendo sus alegatos. La igualdad que se descubre en esta interacción de sujetos procesales se sustenta en la negación de que la pretendida igualdad sea reducida a las formas del proceso. El tribunal asume que al permitir que personas no letradas —no instruidas en la técnica jurídica— intervengan en el proceso como sujetos principales que dirigen la acusaciones origina un desequilibrio en la protección jurisdiccional de los intereses en litigio. En este sentido la sociedad entera podría recibir un perjuicio manifiesto por la posible incompetencia profesional de los no autorizados. Una razón más que se esgrime es la garantía de defender los intereses de la sociedad y del Estado. Y por último se encuentra la mella de los intereses de la sociedad, respecto del principio de la inviolabilidad de la defensa, que no corresponde sólo a una parte sino a todas las que intervienen en el proceso penal.

El tribunal reniega de que se pueda obviar el requisito para los fiscales, de estar autorizado como abogado; se alude como fundamento la naturaleza histórica de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En primer lugar por su carácter preconstitucional; en segundo lugar, por el hecho de ser una ley orgánica no puede regular las actuaciones procesales dentro del proceso penal, ya que su contenido le remite a la estructura organizativa y funcional del Ministerio Público. Es decir, su finalidad histórica es organizar la funciones de la Fiscalía, y no regular sus intervenciones en un proceso penal, máxime si se trata de un nuevo proceso penal.

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Salvador Héctor Soriano Rodríguez, Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA

Agua para su molino... 

A su paso por el territorio centroamericano, la tormenta "Mitch" con su enorme caudal generó y sigue generando numerosas reflexiones —a veces serias, a veces no tanto— sobre algunos aspectos importantes para la población que vive en él. En esta oportunidad centraremos nuestra atención en un tema que ya está despertando polémica, por trascender el ámbito de un desastre que sin lugar a dudas lavó el "maquillaje" que le aplicaron a la región —sobre todo durante la actual década— los organismos intergubernamentales junto a las partes beligerantes y negociantes de la paz; de esa forma, terminó de revelarse su verdadero e inquietante rostro: el de las enormes desigualdades e injusticias que, a pesar de todo, siguen existiendo en ella. Así pues, desde nuestra perspectiva institucional, ahora únicamente trataremos de contribuir a la discusión sobre la pertinencia o no del patrullaje militar que actualmente, dentro de nuestro país, se está impulsando en las ciudades y el campo .

No cabe duda que merece un claro reconocimiento la labor desarrollada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en el marco de la situación provocada por esa tempestad. Sin lugar a dudas, una intervención de menor nivel o la ausencia total de ésta se habrían traducido en una catástrofe de mayores dimensiones; sin temor a equivocarnos, las consecuencias más graves de eso habrían sido pagadas por la población salvadoreña más pobre, que es la mayoritaria. Por esas razones, se debe evaluar positivamente el involucramiento de la milicia en el auxilio a las víctimas, el rescate de sus pertenencias y la reducción —en lo posible— de otros costos.

Pero si es digno y justo reconocer el esfuerzo realizado, también debe decirse que no podíamos esperar menos; porque, debe quedar bien claro, lo actuado es parte sustancial de su mandato constitucional: "La Fuerza Armada colaborará en las obras de beneficio público que le encomiende el Órgano Ejecutivo y auxiliará a la población en casos de desastre nacional", reza el tercer párrafo del artículo 212 de nuestra Ley Fundamental. Eso quiere decir que la institución, simple y sencillamente, de manera bastante eficiente —según parece— cumplió con realizar lo que le corresponde por ser algo propio de sus responsabilidades.

Hizo pues, lo que le correspondía hacer dentro del marco de la legalidad establecida. Dicho en tres palabras: realizó su trabajo. Extremadamente preocupante hubiera sido que no jugara ese papel, teniendo todo para ello: personal suficiente, preparación adecuada y equipo habilitado. Para sintetizar lo anterior, nada mejor que las palabras del señor ministro de la Defensa Nacional cuando —al calor de los numerosos elogios recibidos— sostuvo que la Fuerza Armada únicamente puso a disposición de la población sus recursos humanos y logísticos.

El problema que nosotros advertimos se empieza a gestar cuando, en medio de tantas alabanzas que quizás resultan bastante exageradas, se comienzan a confundir las cosas. Con o sin intención, ¿quién sabe?; el caso es que ahora hay quienes presentan nuevamente y pretenden que aceptemos a la institución castrense como la única herramienta, el último recurso o la tabla de salvación para que el país salga del caos en que se encuentra sumergido. Por ejemplo, hace dos semanas en el editorial de un vespertino nacional titulado "La meritoria actuación de la Fuerza Armada", se dijo lo siguiente: "Los trágicos acontecimientos que días recientes causaron dolor y destrucción en gran parte del país, han dejado incuestionable testimonio de que la Fuerza Armada de El Salvador, es un recurso importante al servicio de la población". Hasta ahí, probablemente no hay mayor cosa que señalar.

Pero, seguidamente, el periódico destacó de la FAES su "alta capacidad técnica y profesionalismo, para actuar en cualquier situación que sobrepase los recursos de otras instancias gubernamentales, y que además, amenace el cumplimiento de los objetivos de su misión constitucional, como son la tranquilidad y bienestar de un pueblo que ama la paz, la democracia y la libertad". Es obvio que todas las cursivas son nuestras, con el claro interés de destacar lo peligroso de tales afirmaciones.

Empezando por la última de ellas, cabe mencionar que la FAES no tiene otra misión constitucional básica que defender "la soberanía del Estado y la integridad del territorio"; eso se comprueba al leer el primer párrafo del ya citado artículo 212. A quien por Constitución le toca garantizar "el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos" es a la Policía Nacional Civil (PNC). Fuera de las otras funciones excepcionales establecidas dentro del mismo artículo 212 —mantenimiento de la paz interna, colaboración en obras de beneficio público y auxilio a la población en los casos de desastre nacional—, la milicia no tiene nada más que hacer.

De ahí nuestra preocupación por lo que, de manera ligera y seguramente hasta irresponsable, se diga o se deje de decir a través de un medio de difusión con incidencia en la opinión y el ánimo de la gente. Porque de esa forma se pueden dejar abiertas las puertas para que desde la llamada "sociedad civil" se escuchen voces exigiendo y tolerando la realización de cualquier arbitrariedad; ello, con el pretexto de "garantizar" aspectos tan amplios como la "tranquilidad" y el "bienestar" de la población, bajo el argumento de que éstos son parte de una supuesta "misión constitucional" de la Fuerza Armada.

Si lo anterior se combina con el hecho de presentar a la FAES como el recurso más útil cuando han sido rebasadas las demás instancias estatales, la cosa se complica aún más. ¿O no? Conscientes de que corremos el riesgo de ser tildados de pesimistas o demasiado negativos —como sucedió hace unos años, cuando casi únicamente desde la UCA se advertía sobre el mal rumbo que llevaba el llamado "proceso de paz salvadoreño"— bastaría hacer un pequeño ejercicio mental pensando en las próximas elecciones presidenciales, sabiendo que nos encontramos inmersos dentro de un sistema político tan deslegitimado y una Asamblea Legislativa tan partidarizada.

Si uno de los dos partidos con más opciones de triunfo perdiese en segunda vuelta por un muy estrecho margen de diferencia y denunciara —con o sin razón— la existencia de anomalías graves como causa de su derrota, ¿qué sucedería en medio de un ambiente polarizado, con tantas armas de guerra regadas en el territorio nacional y con tantas razones previas para usarlas? ¿Habría que esperar una actuación imparcial del Tribunal Supremo Electoral o se animarían más los partidarios de utilizar la Fuerza Armada para imponer orden? La única esperanza para evitar caer en esa peligrosa tentación estaría depositada en los acuerdos de paz. Pero, ¿le han importado dichos acuerdos a los sectores que claman por la "mano dura" de los militares para "salvar al país"? Definitivamente, no; sobre todo cuando para tales sectores esa "salvación" no es otra cosa más que la implantación —sin oposición alguna— del modelo económico neoliberal.

Así las cosas, se debe examinar con mucho cuidado lo que está sucediendo en estos días. Después de tanto "palo de ciego" que ha dado el actual gobierno en materia de seguridad pública —planes "guardianes" y "caminantes", ley de emergencia, propuestas de endurecimiento o regresión en las normas, construcción de más prisiones y otras medidas— es válido aclarar lo limitado de la disposición adoptada actualmente, ubicando además los peligros que pueden derivarse de ésta.

En relación al primero de esos dos aspectos, no vamos a expresar una posición con nuestras palabras sino que utilizaremos las de alguien con quien coincidimos en esa parte de su análisis: el general Humberto Corado Figueroa, ex ministro de la Defensa Nacional. En mayo de 1995 se realizó un evento denominado "Crisis de la seguridad pública: causas, efectos y soluciones"; la organización del mismo corrió a cargo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-El Salvador), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (ISEPES) y el IDHUCA.

En ese marco de discusión seria y responsable, siendo todavía ministro, el ahora militar en situación de retiro sostuvo posiciones directas y claras como la siguiente: "Cualquier esfuerzo sectorial sobre esta materia será inútil e inefectivo". Además, manifestó que la salvadoreña "es una sociedad expuesta al delito por su estructura debilitada a través de la pobreza, el desempleo, la insalubridad, la insuficiente educación y en general el bajo nivel socioeconómico".

Y agregó: "Considerando lo anterior creemos necesario establecer como premisa básica que, antes de emprender las posibles vías de solución de este problema, es fundamental considerar que las necesidades básicas del hombre relativas al bienestar, el progreso y la moralidad son los faros que deben iluminar el análisis global de este problema, para encontrar los mecanismos apropiados que enfrenten esta emergencia nacional". Fuera de la mención explícita de "alternativas para cumplir el Servicio Militar patriótico, especialmente por jóvenes de ambos sexos de las grandes ciudades", el general nunca mencionó a la institución castrense y mucho menos su intervención directa entre las líneas generales de acción que propuso para enfrentar el fenómeno delincuencial.

Si ahora se pretende ofrecerle de nuevo a la población el patrullaje de la Fuerza Armada en las ciudades y el campo como el eje fundamental de una posible solución, otra vez la están engañando. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con los planteamientos del ex ministro y con la experiencia práctica: ya transcurrieron varios años desde que esa medida se empezó a impulsar en las zonas rurales de El Salvador con los Grupos de Tarea Conjunta, integrados por elementos de la FAES y la PNC, sin que se haya logrado reducir el impacto de la violencia y la delincuencia. Más aún: ni con la actual salida de la FAES, sin acompañamiento de la Policía, se ha logrado un mínimo de resultados positivos.

El peligro más grueso de los que a simple vista se advierten, de continuar en esta línea, tienen que ver —además de una posible militarización de la sociedad— con posibles violaciones a los derechos humanos. Al menos por tres causas, pensamos que éstas pueden ocurrir. La primera: al estar patrullando sola la Fuerza Armada y sin contar con la preparación adecuada en lo que a procedimientos policiales se refiere, fácilmente sus elementos pueden incurrir en una serie de atropellos a todo nivel contra las personas; sobre todo, en el marco de una situación de tensión y nerviosismo casi generalizado, que altera las mentes y hace reaccionar mal los cuerpos. La segunda de las causas: si va acompañada de PNC, también se enfrenta el riesgo de que —pese a saber cómo proceder— se impongan las desviaciones que ahora tienen colocado al cuerpo policial como la entidad estatal más señalada por violaciones a los derechos humanos. Y, por último, la tercera: la tentación que pueda existir de usar la institución castrense a favor de determinado partido, en medio de una campaña electoral que —pese a las promesas— puede caldearse.

Las aguas de la tormenta "Mitch" ya bajaron, pero no cabe duda que éstas fueron y seguirán siendo aprovechadas —de diferentes maneras— para favorecer a los dueños de ciertos "molinos". Una forma es la que ahora comentamos, sobre todo cuando se sabe que la temporada navideña incrementa el índice de delitos debido a la propaganda irracional y el consumismo. El partido gobernante necesita neutralizar los efectos negativos que pueda tener en el electorado ese aumento de los hechos delictivos durante esta época, pues la factura se la puede cobrar en marzo de 1999; en ese marco, lógicamente, cualquiera que se oponga a la medida será criticado y se dirá que está en contra de la "tranquilidad" y el "bienestar" del pueblo. Pero como nosotros no tenemos intereses electoreros y nuestro único "molino" es el del respeto a los derechos humanos de todas las personas, podemos y debemos decir la verdad.

MENORES. Según revela un estudio efectuado recientemente por la Defensa Internacional de los Niños (DNI) junto a otras entidades encargadas de velar por la niñez, la prostitución de menores ha llegado a niveles preocupantes en San Salvador. Dicha investigación detalla que 1,300 mujeres se prostituyen en unos 150 locales de San Salvador, 50% de las mismas tiene edades de entre 16 y 18 años de edad. Problemas sociales como la desintegración familiar, la pobreza extrema o el abuso sexual han sido algunas de las causas por las que estas mujeres han recurrido a este trabajo, explica el estudio. En este sentido, el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor informó que, entre enero y septiembre de 1998, se atendieron 83 casos de abuso infantil. Son también abundantes las denuncias por acoso sexual a menores. La representante de la DNI, Carmen Virginia Martínez, aseguró que se han detectado redes de sujetos que se dedican a traficar menores hacia Guatemala y otros países del área, para involucrarlos en la prostitución. "Hay redes, pero si los que investigan se acercan mucho, los amenazan. Hay redes y tráfico grandes y pequeñas", explicó. Por otro lado, el estudio indica que muchas de las menores que se prostituyen en San Salvador expresaron el deseo de dejar esa práctica y "establecer una familia en la que haya afectividad emocional permanente" (DH 19.11 p.18).

AGRICULTURA. La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) solicitó al gobierno, el 19.11, la reparación de los caminos rurales y vías de acceso del campo, para poder extraer las cosechas ya maduras. Según dijeron, de no proceder con rapidez, existe el peligro de que los cultivos que se salvaron de la tormenta "Mitch" se pierdan al no ser recuperados. Por ello, representantes de CAMAGRO manifestaron la necesidad de un plan inmediato de rescate de las cosechas que están a punto de perderse tras haber quedado aisladas por los daños causados por la tormenta. Y es que, debido a ésta, los caminos y puentes que conducen a las zonas de producción han quedado cerrados, obstaculizando así al acceso a las mismas. "No debemos perder más tiempo, pedimos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que envíe motoniveladoras para que abran los caminos cerrados", expresó Mercedes Llort, Directora Ejecutiva de CAMAGRO. Por su parte, el MOP estima que "Mitch" dañó tres mil 972km de la red vial. Un mil 308km de estos pertenecen a vías pavimentadas y dos mil 664km corresponden a caminos vecinales y rurales. Según dijo el MOP, la infraestructura de caminos será reparada en, aproximadamente, cuatro meses, lo cual es considerado por el sector agropecuario como mucho tiempo dadas las necesidades actuales (LPG 19.11 p.28).

CAMPAÑA. La campaña electoral del partido ARENA dio inicio, el 19.11, con su lema "tu progreso es mi compromiso", según reveló el equipo de promoción del instituto político. La campaña proselitista pretende llevar a los futuros votantes la promesa de que los candidatos trabajarán para solucionar los problemas de todos los sectores sociales. Asimismo, dijeron que los mensajes televisivos tienen gran énfasis en los méritos académicos de los candidatos, Francisco Flores y Carlos Quintanilla Schmidt, evitando los insultos contra los oponentes. "El licenciado Flores ha recorrido todo el país y ha visto las necesidades de la población. Con este lema, él adquiere el compromiso para trabajar por ello", expresó Rolando Alvarenga, director ejecutivo de la campaña arenera. Según dijo, la intención de esta personalización es que la gente sienta que el candidato se dirige a ellos en forma particular. El monto financiero para la campaña es desconocido, pues Alvarenga no quiso precisar exactamente la cantidad; no obstante, aseguró que los fondos provienen de "donaciones, emisión de bonos y actividades con fines lucrativos". El Plan de Gobierno de Flores se irá conociendo a medida avance la campaña proselitista. Finalmente, el director de la campaña dijo que, aunque no se entregará ningún documento escrito, los planes de gobierno ya están listos (DH 20.11 p.10).

FMLN. La coalición FMLN-USC inició, el 22.11, su campaña política con una misa en la iglesia San Ignacio del departamento de Chalatenango. Luego, en la plaza central del pueblo, Miguel Espinal de la USC dijo que la alianza política se vio impulsada con el propósito de "incluir a los que siempre han estado excluidos". La candidata Marta Valladares (Nidia Díaz), por su parte, aseguró que algunos de los más importantes retos para los candidatos son la educación y la alimentación para todos. Por eso, dijo, los objetivos de la coalición se enfocan a que ningún salvadoreño sea analfabeto y a que el servicio de salud sea gratuito. Se comprometió, además, a que el sector femenino esté incluido dentro de las instituciones gubernamentales. Por otra parte, el candidato presidencial, Facundo Guardado, recordó que hace 24 años, en ese mismo lugar, se integró como dirigente de la Unión de Trabajadores del Campo. "Soy, a toda honra, chalateco nacido en Arcatao, esta es la gente con la que crecí y luché", dijo. A criterio de Guardado, el primer compromiso es el de generar empleo, sobre todo para la juventud, en la ciudad y el campo. En este sentido, explicó que tienen "un diseño en el que [se le da] prioridad a la pequeña y micro empresa, al desarrollo de la industria nacional y a la construcción a través de los programas de vivienda popular" (DH 23.11 p.2).

PDC. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) llevó a cabo, el 22.11, un congreso para proclamar a Rodolfo Parker y a Ricardo Calderón Lam como su fórmula presidencial. El evento se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional y logró la participación de 10 mil personas. Ronal Umaña, Secretario General del partido, aseguró: "teníamos años de no tener una fiesta así los demócratas cristianos", a la vez que expresó que el eslogan de la campaña política pedecista es "El Salvador para todos". Algunos de los puntos del Plan de Gobierno del PDC son, según dijo Parker, seguridad jurídica y leyes no confiscatorias, esto con el fin de generar empleo. Promete atacar la impunidad, eliminar las garantías a los delincuentes, identificar a los funcionarios corruptos para aplicarles un castigo y fortalecer la enseñanza de valores morales. Por otro lado, aquellos que dicen llamarse "los verdaderos y auténticos" democristianos acordaron apoyar la coalición del FMLN-USC y renovar la dirigencia del partido. Fue así que, durante una Convención Nacional Extraordinaria, realizada el mismo día, 152 convencionistas eligieron a José Carlos Parada como sustituto de Ronal Umaña en el cargo de Secretario General del partido. Nombraron, además, nuevos miembros de la Comisión Política Nacional y del Comité Electoral Nacional (LPG 23.11 p.4 y DH 23.11.p.2).

PUENTES. Más de 43 millones de colones costarán los tres puentes bailey que El Salvador comprará a Inglaterra. Esta cantidad cubre únicamente el valor y el traslado al país, ya que la mano de obra para la instalación será un gasto adicional. Los puentes llegarán dentro de un mes (finales de diciembre) y, según dijo el Ministro de Obras Públicas, Roberto Bará, estarán habilitados en enero próximo. Dos de los tres puentes sustituirán las dos vías del Cuscatlán y el otro se colocará en el paso provisional sobre San Marcos Lempa, más conocido como "Puente de Oro". Algunas de las piezas que se pondrán en los puentes serán las que se rescataron luego de la tormenta "Mitch" (LPG 25.11 p.8).

ALIMENTOS. El Ministerio de Salud ha implantado un mecanismo de control sanitario para impedir la entrada de alimentos contaminados, informó, el 24.11, el jefe de epidemiología del Ministerio, Santiago Aldemeida. Y es que, de no llevarse a cabo este control, fácilmente pueden ingresar enfermedades al país a través de las fronteras con Guatemala y Honduras, pues aquéllas se están propagando con más facilidad luego del desastre natural "Mitch". Según dijo el funcionario, los alimentos más propensos a estar contaminados son los lácteos, los mariscos, las hortalizas y aquellos elaborados artesanalmente (LPG 25.11 p.9).