Año 19

número 835

diciembre 16

1998

ISSN 0259-9864

 

Editorial La problemática neoliberal

Sociedad La tormenta tropical "Mitch" y sus efectos en El Salvador

Regional Deuda externa y reconstrucción de Nicaragua: realidad, mitos y oportunismo

Opinión Pública El desafío del Plan de Nación

Derechos Humanos La Declaración Universal de Derechos Humanos

Noticias

La problemática neoliberal 

Para entender la "problemática" neoliberal es necesario prestar atención a lo que es y significa el Estado de bienestar (Welfare state). En efecto, desde la década de 1920 hasta la década de 1980 se impuso en las economías capitalistas un modelo económico en el cual la intervención estatal era clave. El otro modelo económico dominante —el que predominó primero en la ex URSS y, a partir de 1945, en el Este Europeo— hacía del Estado el gestor exclusivo de la economía. De este modo, a partir de los años 20, las ideas económicas de procedencia liberal —y las realidades que las sostenían— desaparecieron del escenario socio-económico: por un lado, estaban las sociedades insertas en el sistema capitalista con economías de mercado reguladas (o intervenidas) por el Estado; por el otro, estaban los "socialismos reales", cuyas economías giraban en torno al Estado.

En resumen, el neoliberalismo, como programa de reforma económica, no tiene en su punto de mira una problemática metafísica, antropológica o cultural: lo que se propone es liberar al mercado de elementos perturbadores, entre los que destacan el control estatal. Es un programa cuyo propósito es traducirse en un conjunto de políticas económicas a ser adoptadas por los equipos de gestión públicos y privados.

La tormenta tropical "Mitch" y sus efectos en El Salvador 

Las inundaciones de cultivos y viviendas han sido un problema recurrente en El Salvador en los últimos cien años, especialmente en la zona del bajo Lempa en donde se han conocido seis de ellas en ese período. El Comité de Emergencia Nacional (COEN) ha elaborado un mapa de áreas críticas, destacando los lugares que han sufrido inundaciones en los últimos años.

Después de cada catástrofe, ha quedado como propósito evitar mayores desgracias en el futuro, no más construcciones a la orilla de ríos y quebradas, etc. Sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con un plan de desarrollo y protección integral del territorio nacional.

Esta falta de prevención hace que miles de familias pobres continúen expuestas a riesgos innecesarios y que al momento de los desastres sean quienes resultan mayormente afectadas.

Hasta el momento, las pérdidas ocasionadas por la tormenta ascienden a 1,088 millones de colones en infraestructura básica y social dañada, así como cosechas perdidas por las inundaciones.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región centroamericana ha retrocedido 20 años en su desarrollo a raíz de los destrozos en vidas humanas, viviendas, infraestructura, bienes materiales, recursos naturales, cultivos y recursos productivos, ocasionados por el paso de la tormenta tropical "Mitch".

En El Salvador, el Comité de Emergencia Nacional (COEN), en su "Informe Consolidado de Costos de Daños por la Tormenta Mitch", del 13 de noviembre de 1998, ha reportado un total de 240 muertos, 65 desaparecidos y 84,005 personas damnificadas que fueron alojadas en 107 refugios en el interior del país. En la zona oriental, de cada cinco damnificados, que lo perdieron todo por la lluvia, 3 eran niños.

Las zonas costeras de El Salvador fueron las más afectadas, especialmente el oriental departamento de San Miguel en donde se ha registrado el mayor número de muertos y de personas desaparecidas. El Departamento de Usulután es la zona geográfica donde se ha contabilizado la mayor cantidad de damnificados. El COEN informa que cantones como El Cuco, Chilanguera, Puerto El Triunfo han sido casi borrados del mapa. En la zona occidental de nuestro país, el agua arrasó con los cantones de Bola de Monte, Garita Palmera y San Marcos.

Los damnificados fueron agrupados en 107 refugios localizados en los departamentos de Ahuachapán (Cara Sucia y San Francisco Menéndez); La Libertad (Sacacoyo, Villa Colón, Tamanique, Chiltuipán, Jayaque, Opico, Sitio del Niño y Zaragoza); La Paz (Zacatacoluca, La Herradura, San Luis Talpa); Sonso-nate (Sonsonate, Sonzacate y Acajutla); San Vicente (10 locales en la cabecera departamental); Chalatenango (La Palma, Citalá y Cancasque), Usulután (Puerto El Triunfo, Jiquilisco, Tierra Blanca, San Marcos Lempa, Tecapán, Jucuarán, Puerto Parada, San Agustín, Concepción Batres, Mercedes Umaña, Alegría, Estanzuelas, Berlín y Santa María); San Miguel (hay 8 centros, la zona más afectada es el municipio costero de El Cuco).

Al momento del desastre, los damnificados necesitaron atención para solucionar necesidades básicas de comida y vestido, abrigo, colchones, agua potable, medicinas. Esa fase de impacto fue atendida por el COEN, la empresa privada, el gobierno y ONGs a partir de la ayuda humanitaria recibida de países amigos.

Pasada la emergencia, el país debe embarcarse en la etapa de reconstrucción nacional, para lo cual el Gobierno de El Salvador, a través del Comité de Emergencia Nacional, realizó en los días subsiguientes un censo para conocer la cantidad exacta de personas damnificadas y evaluar los daños causados por el fenómeno en viviendas, infraestructura y en el sector agropecuario. Dicho censo se realizó tan pronto como las aguas bajaron a sus niveles normales y la gente fue retornando a sus lugares.

La tormenta tropical ha dañado miles de manzanas de tierras con cultivos de caña de azúcar, sembradíos de granos básicos, arroz, hortalizas, cultivos de café, etc. Miles de cabezas de ganado bovino, porcino, así como aves de corral, desaparecieron por la correntada.

Los efectos en el sistema ecológico pueden ser inmensos, debido a que, con la tormenta, hay cientos de kilómetros de terrenos inundados, manglares anegados y tierras erosionadas.

Algunas instituciones, como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), estiman que, en términos relativos, la cantidad de tierras erosionadas en El Salvador es mayor que en los otros países del área. El Salvador ha perdido una enorme cantidad de tierras cultivables. Según los ecologistas, las desgracias que provocó "Mitch" podrían haberse evitado si las cuencas hidrográficas estuvieran protegidas y si hubiera suficientes árboles.

Uno de los más graves daños causados por las inundaciones en el sector del Bajo Lempa, en Usulután y La Paz, es la inminente contaminación de los mantos acuíferos, ya que en época de invierno los mantos que se encuentran en las islas del sector de la Bahía de Jiquilisco se localizan a menos de medio metro debajo del subsuelo, lo que eleva la posibilidad de una contaminación irreversible.

Se han dañado 1,308 kilómetros de carretera pavimentada y 2,664 en vías no pavimentada, 10 puentes fueron arrastrados por la inundación, especialmente los dos más importantes sobre el río Lempa, que comunican al país con la zona oriental y con los países del sur de la Región Centroamericana.

El Ministerio de Educación reportó que un total de 818 escuelas públicas resultaron perjudicadas, de las cuales 326 sufrieron daños, 229 están en alto riesgo y 263 quedaron sin accesos. También se reportan 15 unidades de salud perjudicadas.

La tormenta arrasó con un 15 o 20% de la producción agrícola salvadoreña, especialmente los cultivos de granos básicos. Se perdieron 2.5 millones de quintales de maíz (¢194 millones), 350,000 quintales de frijol (¢93 millones) y 98,000 quintales de arroz (¢6.5 millones); con los cuales se habría alimentado la población por un período de dos meses. También hubo cuantiosas pérdidas en cultivos de exportación como café (¢57 millones) y caña de azúcar (¢56 millones), hortalizas (¢16 millones). Se prevén problemas de escasez para el año próximo.

El cómputo total de los daños en el sector agropecuario sobrepasa los 472 millones de colones, ya que además de los cultivos se perdieron 1.697 cabezas de ganado bovino, 1,161 de ganado porcino y 20 mil aves de corral.

El impacto de la tormenta en el hábitat y especialmente en la vivienda ha sido cuantioso. Se informa un total de 10,372 unidades habitacionales dañadas, especialmente en el Departamento de Usulután, donde se reportan 2,868 unidades perjudicadas, equivalentes a un 28% del total dañado; en Ahuachapán, especialmente en la zona de Cara Sucia, salieron perjudicadas un total de 1915 viviendas (18.5%) y San Miguel con 1,295 (12,9%).

Se requerirán 97.0 millones de colones para reponer los daños causados en las viviendas, ya sea para construcción de viviendas nuevas, reparación de daños de menor o mayor cuantía.

Los alcaldes del FMLN están sistematizando los daños en sus municipios, especialmente en Usulután, San Vicente, La Paz, Sonsonate, y La Libertad. En dicha información se destacan las cifras del Municipio de Jiquilisco en donde han sido perjudicadas 1,500 viviendas y tres escuelas.

Afortunadamente, en los proyectos que han sido ejecutados por la institución no se reportan daños significativos causados por la tormenta, aun cuando algunos de ellos, como La Presita I y II, se ubican en zonas muy afectadas, como es el Departamento de San Miguel.

Son quince las comunidades que han sufrido daño, particularmente las que se encuentran ubicadas cerca de la represa del Cerrón Grande, en las riberas del bajo Lempa y el Río Grande de San Miguel. No ha habido muertos, desaparecidos ni heridos graves, aunque varias comunidades debieron ser evacuadas. Algunas quedaron incomunicadas, debido a que se deterioraron los accesos, entre ellas: Moropala, Agua Fría, Santa Marta, La Canoa, El Carmen y El Jícaro.

En Obsidiana se contabilizaron 1,081 familias que han perdido entre el 80% y el 100% de sus cultivos, algunas de ellas también perdieron animales y pertenencias del hogar.

Las viviendas del Obsidiana no presentan daños en sus estructuras, únicamente los techos de las viviendas en Moropala y la Ceiba de los Muertos han perdido algunas tejas.

Se constataron daños en el sistema de agua potable y pozos de ocho asentamientos. Asimismo, se inundaron las letrinas aboneras de seis comunidades.

En el proceso de retorno, algunas familias enfrentaron dificultades debido a que la topografía del terreno no facilitaba el drenaje, por lo que el nivel de las aguas no había bajado lo suficiente. Problema serio para el retorno es la escasez de alimentos y la contaminación del agua potable, por la contaminación de los mantos acuíferos. Las familias corren el riesgo de epidemias provocadas por la descomposición de animales. Se manifiestan ya enfermedades de hongos, conjuntivitis, otitis, paludismo y gastroenteritis.

Después de sucedida la tragedia se discute en el país sobre el motivo por el cual la tormenta afectó en forma tan devastadora la Región Centroamericana. Para el caso de El Salvador, se especula que el impacto pudo haberse mitigado. Se manejan diferentes explicaciones, desde aquellas relacionadas a que en el país no se dispone de un buen servicio de meteorología, hasta la escasa capacidad preventiva y de reacción del COEN, que no posee planes de prevención efectivos. Se observa cierta descoordinación entre los organismos públicos a la hora de decidirse a prevenir el desastre. Por otro lado, la empresa de energía eléctrica evacuó el agua de las esclusas de las presas hidroeléctricas una vez la tormenta ya había producido inundaciones, por lo que las familias que viven en los alrededores de dichas represas fueron mucho más perjudicadas. Se maneja que si las aguas de las represas hubieran sido evacuadas en forma gradual no hubieran arrastrado los puentes sobre el río Lempa.

En general, los organismos ecologistas sostienen que la grave crisis ambiental en la que se mantiene El Salvador es una de las principales explicaciones. La pobreza y la falta de ordenamiento territorial impiden a miles de personas del campo y de áreas urbanas habitar lugares seguros, con aceptables niveles de calidad de vida, por lo que durante los desastres el mayor número de muertos y damnificados se encuentra entre los más pobres.

Además, hay una preocupación grande por parte de personas e instituciones nacionales, en el sentido de que la ayuda internacional que se está recibiendo sea entregada a las personas que verdaderamente lo necesitan y no sea utilizada con fines políticos, en vista de que la campaña para elección de presidente de la república comienza dentro de algunos días.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima se origina a raíz de un desastre natural, cuando el fundador identifica la urgencia de prestar atención a un grupo de personas damnificadas por una inundación. Desde ese 1º de septiembre de 1968, nuestra institución ha estado identificada con el dolor de las familias pobres perjudicadas por la naturaleza durante inundaciones, terremotos, así como durante la guerra que por doce años vivió El Salvador.

En el curso de sus treinta años, varias comunidades urbanas y rurales fueron atendidas por la Fundación, después de haber sufrido pérdidas de personas y bienes materiales a raíz de inundaciones, especialmente en las zonas occidental y oriental del país. Como caso concreto podemos mencionar la "Comunidad 27 de Agosto", en Puerto Parada, Usulután, a raíz de una inundación similar a la provocada por la tormenta "Mitch". En la zona occidental, a raíz del desbordamiento del Río Paz, se desarrollaron los proyectos de las comunidades El Milagro y Nueva Esperanza en Ahuachapán.

Posteriormente, la primera experiencia en atención a damnificados por la guerra se dio en la ciudad de Tenancingo. Aquí, FUNDASAL, en coordinación con un grupo de organizaciones, especialmente la Iglesia Católica, la Fundación Promotora de Cooperativas, Asociación Salvadoreña de Salud Mental, Alcaldía y organizaciones civiles de la zona, trabajaron para llevar a cabo la primera experiencia de repoblación en El Salvador. En Tenancingo se apoyó a la comunidad para efectuar el repoblamiento, en la reparación, reconstrucción y construcción de viviendas, accesos, servicios, reactivación económica, especialmente la agricultura, apoyo a proyectos artesanales, y la organización social. A la experiencia de Tenancingo siguieron, casi al final de la guerra, los repoblamientos de Santa Marta, El Sitio y San José Las Flores.

El terremoto del 10 de octubre de 1986 fue otro momento en el que la Fundación estuvo presente apoyando a los damnificados. En la emergencia se atendieron miles de familias para instalación de albergues provisionales, alimentos, etc. Posteriormente, en la reconstrucción, se ejecutó un Programa de Crédito en Materiales, en apoyo a las familias que debían reconstruir sus viviendas. Un proyecto derivado del terremoto fue Santa Teresa, que ha proporcionado vivienda, servicios básicos e infraestructura educativa para 2,334 familias salvadoreñas.

Durante la Ofensiva de 1989, en donde miles de familias fueron damnificadas por los bombardeos y enfrentamientos, principalmente en las zonas más populosas del Area Metropolitana de San Salvador, la Fundación ofreció, a través del Proyecto de Emergencia, una Canasta Básica de Materiales con suministros para techos de emergencia, vivienda provisional y, posteriormente, reparaciones definitivas de las viviendas a cada una de las familias damnificadas.

Pero quizás el proyecto de mayor envergadura relacionado con la guerra y sus secuelas fue el Proyecto Obsidiana, por medio del cual se construyeron viviendas y servicios para 1935 excombatientes del FMLN en 74 sitios distribuidos en 12 de los 14 departamentos del país.

_____________________________

Colaboración de FUNDASAL

Deuda externa y reconstrucción de Nicaragua: realidad, mitos y oportunismo

El proyecto más acariciado por el gobierno antes del "Mitch" era la entrada de Nicaragua en la iniciativa HIPC. Ahora, con el "Mitch", este sueño puede lograrse en 1999, un año antes de lo que estaba previsto. Hay que estar claro, sin embargo, que el sueño oficial no da lugar a demasiado optimismo. La iniciativa HIPC significa, en su esencia, que los acreedores de Nicaragua adaptarán la deuda externa del país a su capacidad de pago. La iniciativa no busca, en lo fundamental, perdonar; lo que busca es que podamos pagar.

Esta iniciativa tampoco busca directamente el desarrollo ni lo garantiza. No aporta un beneficio neto que repercutirá en una liberación de recursos para invertirlos en el desarrollo. Y ya aun dentro de la iniciativa, el peso de nuestras obligaciones financieras será siempre considerable para el tamaño de nuestra economía. A esto hay que añadir el ciclo mismo del sistema: si pagamos es, en realidad, porque tenemos ingresos externos que nos permiten pagar. Pero nada garantiza que la reducción de la deuda vaya aparejada a un aumento de nuestros ingresos externos. Podrían éstos disminuir.

La deuda externa de Nicaragua ascendía a 12,987 millones de dólares cuando el FSLN perdió el poder en 1990. Esta cantidad representaba aproximadamente 6.8 veces lo que produce el país en todo un año. Desde 1990 hasta 1997, el gobierno Chamorro logró condonaciones importantes de la deuda, reduciéndola a más de la mitad. En ese período, los países que más se destacaron en aliviar la deuda nicaragüense fueron Rusia, que condonó 3,099 millones de dólares, y México, que perdonó 1,065.7 millones. Estos dos países condonaron una cantidad mayor de deuda que la que perdonaron todos los países miembros del Club de París juntos en ese mismo período. Estos países —los más ricos del planeta— condonaron en conjunto 1,027.2 millones de dólares.

A partir de 1997, Nicaragua empezó a buscar la entrada en la iniciativa HIPC, surgida en el seno del Club de París. La iniciativa propone reducir la deuda externa que tiene Nicaragua con esos países en un 80%, pero con dos condiciones: que Nicaragua cumpla con ciertas metas establecidas previamente en el acuerdo de ajuste estructural (el ESAF) y que Nicaragua logre que el resto de sus acreedores le condonen también sus deudas, al menos en el mismo porcentaje, 80%.

El "Mitch" hace imposible que el gobierno liberal cumpla con las metas que se había propuesto dentro del ESAF. Saben nuestros acreedores que, aun sin huracán, hubiera sido difícil su cumplimiento, especialmente en lo referente al nivel de reservas internacionales exigido por el FMI. Esto debido al gran desequilibrio que existe en la balanza comercial nicaragüense, donde las importaciones representan más del doble de las exportaciones.

En relación a la segunda condición que se impone para ingresar a la iniciativa HIPC, ahí están algunos números. Antes del huracán, la deuda de Nicaragua era de 6,076.3 millones de dólares, y estaba distribuida así: 28% era deuda con los organismos multilaterales, 25% deuda con los países del Club de París, 17% con los países de Centroamérica, 12% con los ex-países socialistas, 8% con el resto de países latinoamericanos, 5% con otros países, 4% era deuda con la banca comercial y un 1% era deuda con diversos proveedores.

Lo adeudado a los países del Club de París representa sólo la cuarta parte de toda la deuda externa de Nicaragua. Así que, si Nicaragua entrara ahora mismo en la HIPC, todavía le quedaría pendiente una deuda de 4,778.2 millones de dólares. Este es el primer mito que hay que romper: la condonación del 80% de la deuda con el Club de París no significa que se nos estaría cancelando el 80% de toda la deuda externa.

Aun cuando Nicaragua lograra negociar con el resto de sus acreedores —para alcanzar la condición que le permita entrar a la HIPC—, su deuda se reduciría a 1,215.3 millones de dólares, que representa dos años del total de las exportaciones nacionales. Por esa suma serían pagados intereses anuales que, por estar dentro de la iniciativa, se ajustarían para que no representaran más del 20% del total de esas exportaciones. Aunque es un logro, esa cantidad sería aún muy onerosa para nuestra pequeña economía.

Nicaragua no ha negociado aún con el resto de los países a los que les debe y que no pertenecen al Club de París. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque la deuda que negocie pasaría a ser "deuda priorizada" y esto significaría que el pago de sus intereses sería obligatorio. Por otro lado, es errado pensar que Nicaragua le haya estado pagando durante todos estos años a todos sus acreedores. Como todo deudor en problemas, prioriza a aquellos países u organismos que le van a seguir prestando, y no tiene prisa en pagarle a los que no le van a dar más dinero. A finales de 1997, Nicaragua tenía acumulados 774.7 millones en intereses moratorios.

Por todo esto, en el caso de Nicaragua —y probablemente en el caso del resto de países que buscan entrar a la HIPC—, con niveles de importaciones que casi duplican a las exportaciones, es difícil ser realmente solvente con la condonación del 80% de una cuarta parte de la deuda.

Otro mito que hay que destruir es el de pensar que Nicaragua está pagando su deuda con recursos propios. El gobierno ha tenido bastante éxito en el equilibrio interno, controlando el déficit fiscal y destinando casi el 20% del presupuesto nacional al pago de la deuda externa. Todo para cumplir con las condiciones impuestas en el programa de ajuste estructural. Pero este éxito no hubiera sido posible si Nicaragua no hubiera recibido en estos últimos años donaciones para cancelar casi la mitad de lo que paga en concepto de deuda externa.

En 1998, el gobierno pensaba pagar 208.8 millones de dólares en concepto de servicio de deuda externa: 121.5 millones en amortización de capital y 87.9 millones en intereses. Paralelamente, se tenía programado recibir, en este año que nos tocó el "Mitch", 106.9 millones de dólares en forma de donaciones de la comunidad internacional. De ellos, 30 millones eran recursos líquidos para pagar la deuda y para cubrir el déficit de la balanza de pagos. Los otros 76.9 millones los recibiría en recursos atados a proyectos específicos, y aunque este tipo de donación no va dirigido al pago de deuda, sí permite liberar recursos propios para pagar intereses. Adicionalmente, el gobierno gestionó préstamos concesionales por 351.1 millones de dólares, de los cuales se esperaban recibir 168.9 millones en recursos líquidos y 183.1 millones en recursos atados. Sumando los recursos líquidos recibidos de la comunidad internacional, descubrimos que con éstos Nicaragua cubre el 95% del pago del servicio de su deuda externa.

El ingreso en la iniciativa HIPC y la condonación de la deuda por esta vía podría significar incluso una pérdida de los recursos donados o de los préstamos concesionales que recibe Nicaragua, lo que significaría que empezaría a hacer frente al mismo nivel de pagos de servicios de la deuda, pero teniendo que usar para ello más recursos propios. Obtener una condonación de la deuda por parte del Club de París sin obtener nuevos préstamos concesionales y donaciones podría poner a Nicaragua en una situación muy desventajosa.

Todo es como un círculo, donde el final es un nuevo comienzo. Se perdona para que se pueda seguir pagando. Se paga con lo que nos prestan y nos prestan para que sigamos pagando. Hay que entender que la deuda externa no es un problema de cantidades de dinero, sino que es, esencialmente, un mecanismo que tiene el Norte para mantener bajo control a las economías del Sur.

La condonación de la deuda es necesaria y muy importante, pero no es suficiente. En este momento, es más importante para Nicaragua conseguir nuevos recursos a bajo costo para reconstruir y reactivar la economía, especialmente la de la Nicaragua rural devastada por el huracán. Es para obtener esos fondos para lo que el gobierno de Nicaragua, junto al resto de gobiernos centroamericanos, acudió a Washington a encontrarse con el Grupo Consultivo.

Pero la oportunidad de obtener nuevos recursos para el país ha revelado también flagrantes oportunismos. El programa de reconstrucción que el gobierno de Nicaragua presentó en Washington, por un costo total de 1 mil 520 millones de dólares —que representa casi un año de actividad económica del país—, tiene como componente central la modernización de la infraestructura vial y energética del país. El costo de la inversión para modernizar estos dos sectores —que fueron severamente dañados por el huracán— es de más de 1 mil millones de dólares y representa más de dos tercios del costo total del programa.

Es evidente que el gobierno trata de aprovechar la nueva coyuntura que abre el desastre del "Mitch" para que la inversión privada, nacional y extranjera, disponga de una infraestructura más moderna y eficiente. Una muestra clara de este "oportunismo" oficial: entre los proyectos "de reconstrucción" se incluye la ampliación a cuatro carriles de la carretera entre Managua y Masaya, principal arteria comercial del país y que no fue dañada ni en una pulgada por el "Mitch".

Las magnitudes del programa de modernización de la infraestructura vial indican que el gobierno administrará una cantidad sin precedentes de recursos extraordinarios y que las empresas constructoras nacionales —unas son propiedad de altos funcionarios del gobierno liberal y grandes empresarios allegados al Presidente, y otras de grandes empresarios sandinistas— tendrán la posibilidad de obtener cuantiosos beneficios, jamás imaginados antes de que pasara el "Mitch".

El prometedor paquete para la industria de la construcción es aún mayor, considerando que el gobierno ha incluido en su programa la construcción de 41 mil viviendas, por un valor de 204 millones de dólares, y la construcción de casi 100 puestos de salud y de más de 300 escuelas, por un monto de 100 millones de dólares. La repartición de los beneficios de este boom de la reconstrucción-construcción es crucial y subyace en la negociación política entre el FSLN y el gobierno. No está de más recordar que a raíz del terremoto que destruyó Managua en 1972 se desarrollaron poderosas empresas nacionales de construcción, vinculadas muy estrechamente a los principales funcionarios de la dictadura somocista.

El contraste entre los daños causados por el huracán a la economía campesina de las zonas más pobres del país y el proyecto de modernización empresarial presentado por el gobierno como programa "de reconstrucción nacional" revela uno de los más crueles y claros signos del oportunismo de esta hora. El gobierno no tiene —¿no quiere tener?— un programa para rehabilitar la economía campesina y utiliza la tragedia humana y ecológica del "Mitch" para consolidar un proyecto de país que siga excluyendo a los campesinos.

Todo esto indica claramente que ni la reconstrucción propuesta en Washington es la que Nicaragua demanda, ni la concertación que necesita en estos momentos es el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, dos dirigentes que no representan ni los intereses ni las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses.

_____________________________

Colaboración "Equipo Envío", Nicaragua.

El desafío del Plan de Nación 

La consulta ciudadana sobre las Bases para el Plan de Nación se encuentra en una etapa muy avanzada. El desarrollo de las diecinueve mesas especializadas y el proceso de consulta por medio de talleres en los catorce departamentos de la república prácticamente han llegado a su fin. La Comisión Nacional de Desarrollo y el Grupo Gestor se preparan —sobre todo la primera, porque del segundo no se ha sabido mucho— para presentar, a inicios del próximo año, los resultados preliminares de este novedoso y considerable esfuerzo realizado a nivel nacional.

Sin embargo, de este proceso ya han trascendido informaciones que muestran que el trabajo no ha sido fácil. En el caso del proceso de consulta con las mesas especializadas, no han faltado situaciones en las cuales el tema de la mesa ha tenido que dividirse por las dificultades de encontrar un rumbo común en las discusiones; tampoco han faltado los casos en los cuales algunas personas se han mostrado molestas por no haber sido invitadas al proceso, al tiempo que otras que han comprometido su asistencia y participación brillaron por su ausencia. Inclusive es pública la dificultad de los encargados del proceso para poder volver legibles y concretas todas las conclusiones y recomendaciones generadas por las mesas. No obstante, los resultados de la mismas, con un carácter especializado, todavía no han sido develados al gran público.

Los que sí han sido publicados con respecto a esta fase de consulta son los resultados de los talleres y asambleas departamentales, correspondientes al nivel de Participación Ciudadana dentro del plan de consultas llevado a cabo por la Comisión Nacional de Desarrollo y los grupos gestores. Estos resultados merecen un comentario particular. Este proceso de consultas ha arrojado unos productos interesantes: la definición de las principales problemáticas que afectan a los salvadoreños en cada uno de los departamentos. Los encargados del proceso han definido doce problemas en total, los cuales son, de alguna manera, recurrentes en la mayor parte de regiones del país, y de los cuales —a juicio de los encargados— sobresalen seis: desempleo, delincuencia, educación, el problema del agro, pobreza y la escasez de los recursos naturales.

Sin embargo, la mayor parte de esos problemas que aparecen en los talleres de trabajo no son nuevos ni su alusión es una novedad en la opinión pública de los salvadoreños. De hecho, varios de esos problemas fundamentales (el desempleo, la delincuencia, la pobreza, la educación y los recursos naturales) han estado presentes en los resultados de las encuestas de opinión pública del IUDOP desde la década pasada, sobre todo los tres primeros. A pesar de los cambios políticos experimentados en el país desde inicios de la década, los salvadoreños no han modificado en los substancial su percepción sobre las situaciones que más les preocupan y agobian. El desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida son los ejes de la preocupación sobre la economía nacional y doméstica. En el pasado, la violencia política; en el presente, la delincuencia y las maras, como los referentes de una violencia que no parece cesar nunca. La manifestación de estos mismos problemas en el proceso de consultas departamentales sólo reitera la vigencia de los mismos y pone en evidencia la necesidad de discutir más pronto que tarde las posibles alternativas de solución.

La clara coincidencia entre lo obtenido a través de las consultas ciudadanas sobre las Bases para el Plan de Nación y los resultados de las encuestas de opinión pública no sólo muestra la importancia de estos mecanismos de apertura hacia la ciudadanía para que ésta señale sus problemas y para que se haga evidente la necesidad de solución de los mismos, sino que además revela la consistencia de estas preocupaciones ciudadanas que aparecen en cualquier espacio de discusión. Hay, con todo, un valor adicional en este esfuerzo de consultas llevadas a cabo desde la iniciativa de las Bases para el Plan de Nación que es también cumplido por las encuestas, pero que por el carácter más formal e institucional del proceso ha cobrado una importancia singular: el hecho de escuchar a la población, o dicho más adecuadamente, el hecho de que la población se sienta escuchada.

Una de las respuestas que más frecuentemente se suele encontrar en las encuestas de opinión pública sobre lo que necesita el país para el futuro no es la necesidad de un plan de nación o de una concertación entre las principales fuerzas políticas (estas opiniones son sostenidas por más del 15 por ciento en cada caso), es algo más básico, más fundamental: la necesidad de escuchar a la población. De acuerdo a la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, más del 55 por ciento de los consultados afirmaron que lo más importante para resolver los problemas del país era escuchar a los ciudadanos. En el fondo y a pesar de las posibles dificultades locales, el recibimiento positivo que parecen haber tenido los talleres departamentales llevados a cabo en los meses anteriores muestra las expectativas que genera una metodología que involucra a los mismos ciudadanos en el debate sobre los problemas que les afectan. Como se ha señalado más arriba y sin menospreciar el producto de los talleres, quizás el valor fundamental de este esfuerzo no ha sido definir los problemas que afectan a la población de cada uno de los departamentos —de alguna manera la mayor parte de estos ya habían sido definidos por las encuestas—, el valor fundamental ha sido el ejercicio de participación de la ciudadanía en la definición de los mismos; el hecho de que un ente institucional se ocupe de consultarlos constituye el mérito primordial.

Buena parte de las expectativas que ha generado y mantiene la iniciativa del Plan de Nación radica en ese ejercicio, no en el descubrimiento de los problemas. Luego del trabajo en las mesas y en los talleres la sensación de muchos ciudadanos que históricamente no habían sido tomados en cuenta es que han sido finalmente escuchados y que ello podría ser el principio de los cambios tan esperados para solucionar los problemas del país. Estas expectativas, sobre todo en lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones emanadas de las discusiones, representan ahora el mayor reto para quienes llevan adelante el proceso y para la sociedad salvadoreña en su conjunto. Detrás de la posibilidad de resolver los problemas se encuentra el compromiso de aquellos que tienen la capacidad de cambiar las cosas.

Hay sin embargo, noticias preocupantes respecto a la posibilidad de enfrentar y franquear exitosamente este reto. Uno de los integrantes de la Comisión señalaba recientemente en una entrevista que las elites de poder en el país se resisten al cambio y que no hay garantías de que las mismas se comprometan con los resultados del proceso. De ser esto un hecho, el avance logrado con la participación ciudadana en el esbozo de una nación en el futuro próximo podría ser inútil. Muy poco se sabe del avance del trabajo de la Comisión en el nivel político, y a juzgar por el bajo perfil del llamado Grupo Gestor, esto podría ser un indicador de las grandes dificultades para lograr que las elites del país se mezclen en este esfuerzo. Ciertamente, la presión ciudadana puede ser un factor importante para obligar a los sectores más reacios a comprometerse, pero no se debe sobrestimar la capacidad de una sociedad civil que no está suficientemente organizada frente a sectores que suelen actuar con probada consistencia cuando perciben que sus privilegios están amenazados.

Los encargados del proceso del Plan de Nación no deberían desestimar la falta de compromisos de los políticos y de las elites; este país —especialmente las mayorías— no se puede dar el lujo de una renovada frustración y de aumentar su desencanto hacia lo institucional. Las expectativas generadas por el Plan de Nación deben ser el eje del compromiso de todos los salvadoreños, especialmente de las elites. De otra manera este nuevo esfuerzo será en vano.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Miles de familias, particularmente en los países del llamado "Tercer Mundo", han sido y siguen siendo víctimas de la represión estatal. Abandonadas por aquellos amigos que no comprenden su situación, las autoridades las califican como enemigos y les cuesta enormemente encontrar apoyo y solidaridad en las instituciones políticas, religiosas o sociales porque consideran peligroso brindárselo. Estas familias afectadas sólo encuentran fuerza y esperanza en los derechos humanos. Al compartir con otras víctimas la convicción profunda de que tienen la justicia de su lado se han agrupado para afrontar la tiranía constituyéndose en organizaciones de derechos humanos. Esta centella de esperanza en la humanidad ha crecido junto con el movimiento democrático hasta el punto de acabar con regímenes intolerables en Haití, Sudáfrica, Filipinas y Chile. entre otros.

En el corazón de este movimiento hay un documento producido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace 50 años: la Declaración Universal de Derechos Humanos. Calificada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) como "la herencia" que recibimos todos los seres humanos al nacer, también es vista como "el secreto mejor guardado del mundo" si tenemos en cuenta que apenas se conoce su contenido. En algunos países, hasta en bibliotecas públicas resulta difícil hallar una copia y se la ignora también en numerosos programas de estudios universitarios. No obstante, en los países especialmente que han sufrido dictaduras hemos aprendido a apreciar su utilidad y en algunos forma hoy parte del currículum de las escuelas primarias. Sin embargo, abundan los gobiernos no deseosos de difundirla, ya que fortalece la conciencia de los ciudadanos sobre sus libertades y derechos.

Como guardiana oficial de la Declaración Universal, Mary Robinson —Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU— ha repetido en numerosas conferencias a lo largo de este año, como hizo en Oxford al principio de 1998, que la Declaración "tiene el rango de uno de los grandes documentos de la humanidad. En ella toman cuerpo las esperanzas y los sueños de personas que aún mostraban las secuelas de las dos Guerras Mundiales ... Es un documento viviente".

Paradójicamente, hace cincuenta años fue casi un milagro su aprobación por la ONU. Cuando se fundó la organización mundial en 1945, la opinión pública estaba profundamente conmovida por el conocimiento del horror de los campos de concentración nazis. Indignada y decidida a que nunca más el mundo sufriera tales crímenes, la ONU estableció una Comisión de Derechos Humanos para producir un documento que fuera vinculante para todos los pueblos y naciones.

Destacadas personalidades participaron en el Comité de Redacción de la Declaración: Charles Malik (Líbano), Hernán Santa Cruz (Chile), Pen Chun Chang (China), William Hodgson (Australia), Lord Dukeston (Reino Unido), John Humphrey (Canadá) y Alexandre Bogomolov (Unión Soviética). Hubo, además, dos personas que dirigieron esa Comisión: Eleanor Roosevelt la presidió; sin embargo, el padre de la Declaración fue el vice presidente de la Comisión, René Samuel Cassin, abogado sobreviviente a múltiples heridas infligidas durante la Primera Guerra Mundial y dedicado a rehabilitar víctimas de guerra.

En 1946, junto con expertos de todos los países miembros de la ONU, la Comisión se abocó a la tarea gigantesca de producir una declaración sobre la dignidad humana que les resultara aceptable a personas de todas las culturas, religiones e ideologías, y que pudiera aplicarse a sistemas legales y políticos bien diferentes. Para 1948, ya habían logrado una serie de documentos para presentar ante la Asamblea General de la organización, que sesionó ese otoño en el Palais du Challiot, París. Tras dos meses de intenso trabajo —97 encuentros y 1,200 votos sobre enmiendas— se proclamó ante el mundo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre —un día antes del final de la sesión— de 1948. En la resolución correspondiente los gobiernos simplemente expresaron su acuerdo sin comprometerse con su contenido; aún así, ocho países se abstuvieron en la votación final: seis de ellos del bloque soviético, junto con Sudáfrica y Arabia Saudita. Sin embargo, los 48 países restantes votaron afirmativamente y no hubo votos negativos.

La idea predominante en la Comisión fue que este breve texto de 30 artículos fuera seguido muy pronto por otros documentos de vinculación legal que obligarían realmente a los Estados a respetar los derechos humanos. Pero el profesor Cassin tuvo que seguir batallando por 18 años contra la oposición sostenida de los países más importantes de la ONU, hasta que finalmente fueron aprobados en 1966 los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos: el de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ante esta larga ausencia de cualquier otra iniciativa, la Declaración Universal creció en fuerza vital y en estatura a lo largo de los años. El 10 de diciembre fue declarado el Día Internacional de los Derechos Humanos; al cumplirse el 20 aniversario se celebró el Año Internacional de los Derechos Humanos; en 1978, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Teherán la consagró como un documento obligatorio para los estados miembros de la comunidad internacional. Goza hoy de un estatus mundial único: está considerada como la sinopsis de la condición humana más autorizada y universalmente aceptada, como la Carta Magna de la humanidad.

Se divide en tres partes: el preámbulo, la declaración misma y los treinta artículos del contenido. El preámbulo y la declaración fueron redactados al final de las sesiones de trabajo del Comité de Redacción en 1948, cuando se había acordado ya el contenido. Aquél describe los factores y motivos que llevaron a la ONU a redactar la Declaración Universal, además de dejar claramente sentado su propósito; es la llave para entenderla. Nos da la óptica desde donde mirar para comprender e interpretar el texto.

El proyecto elaborado por la Secretaría (ONU) señalaba que el preámbulo debía referirse a las cuatro libertades proclamadas por el presidente Roosevelt —vivir libres del terror, de la miseria, con libertad de palabra y de creencias— y a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas (1945), que mencionan el compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos. Concretamente la Secretaría detalló estos principios:

1. No puede haber paz en el mundo si no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales del ser humano.

2. La persona humana no sólo tiene derechos en la sociedad, sino también tiene obligaciones.

3. Cada persona es a la vez tanto ciudadano de su país, como del mundo.

4. No se puede hablar de dignidad o libertad para los seres humanos si no se eliminan las guerras o las amenazas de conflicto.

El profesor Cassin presentó un proyecto de preámbulo basado en estas indicaciones y la comisión de redacción lo aprobó con pocas modificaciones. Una de ellas consistió en incluir una referencia al derecho de rebelión como último recurso contra la tiranía; la otra: dejar constancia de la importancia de una visión sobre derechos humanos compartida por la comunidad internacional para hacer efectiva su vigencia. Sugestivamente, en este proceso de redacción se "perdió" toda mención de eliminar la guerra. Para 1948 se había terminado la breve convivencia pacífica de posguerra y con la guerra fría se avecinaban otra vez las nubes bélicas.

El desarrollo conceptual del preámbulo va desde lo global hasta lo específico: de la preocupación general a la toma de posición y el compromiso concreto. De sus siete considerandos, destaca el que se refiere al desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos como origen de "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad". Este segundo considerando es el "Nunca más" de la humanidad, que recuerda los crímenes cometidos contra ésta a lo largo de la historia. Deliberadamente los autores quitaron toda referencia explícita al holocausto nazi, aunque diariamente escuchaban y leían los sobrecogedores testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración. Quisieron abarcar los genocidios de todos los tiempos y expresar el decidido rechazo de la humanidad a esas barbaridades con la aspiración de un mundo en libertad, calificando estos crímenes como "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad".

La comisión de redacción también trabajó para incluir en el contenido el "supremo recurso" a la rebelión como un derecho, asignándole un artículo especial. Si se considera que muchos expertos presentes habían sido miembros de la resistencia contra el nazismo en los países "ocupados", podemos ver que esta postura les parecía natural. Además, la opinión publica estaba sensibilizada a los argumentos de la resistencia que justificaba su postura de rebelión contra la tiranía de la ocupación. Sin embargo, hubo voces discordantes —particularmente del "bloque socialista"— y se pasó el contenido de este derecho a un considerando.

Un concepto que fue objeto de mucha discusión es "régimen de Derecho". Quedó clarificado como lo contrario de regímenes donde el Derecho no existe y no hay ley en el sentido elemental de la palabra. Al destacar un régimen de Derecho como esencial para la protección de los derechos humanos, podemos ver al tercer considerando también como la reivindicación y hasta un homenaje a todos aquellos que se han rebelado contra la tiranía y la opresión con el objetivo de establecer un sistema en que los principios del Derecho sean prioritarios. Es tan importante la construcción de una sociedad donde la gente pueda disfrutar sus derechos, que legítimamente se puede utilizar el "supremo recurso de la rebelión" si hay una situación extrema que exige esta respuesta.

El último considerando habla de que "una concepción común" de los derechos es muy importante para avanzar. La Declaración Universal es la Carta Magna de los derechos humanos que acordó entre posiciones filosóficas y religiosas distintas —la occidental judeocristiana, la marxista, la taoísta oriental y, en menor grado, la visión islámica (que no estaba tan presente en el escenario mundial hace cincuenta años)— las principales definiciones de la existencia humana en cuanto a derechos y libertades fundamentales.

Los autores aquí tuvieron sus dudas para expresarse porque eran conscientes de las diferentes visiones que sostenían entre ellos. Habían hablado de la necesidad de buscar una concepción común como fundamental para implementar los derechos humanos en el mundo contemporáneo. Pero cambiaron de opinión para decir que es importante. En definitiva, el texto afirma que es necesario un consenso básico, pero deja como entendido que no hay una sola concepción de los derechos humanos. Así se rescata la tarea de buscar los acuerdos en derechos humanos.

La vigencia de los derechos humanos es universal; tienen expresiones culturales y jurídicas diferentes, pero cada derecho es universalmente aplicable. Son universales más allá de la condición social, la edad o el sexo de la persona. Últimamente algunos gobiernos islámicos y también China han cuestionado la universalidad de los derechos y sostienen que son particulares a cada nación. Este planteo tuvo su auge durante la Conferencia de Viena, pero las Naciones Unidas siguen afirmando la universalidad de todos los derechos humanos. Se ha llegado hasta presionar para una revisión de la Declaración, alegando que debe contemplar diferentes culturas y aspectos antropológicos. Pero bajo esta propuesta se teme que los gobiernos de estos países quieran continuar sus prácticas de discriminación de género o de represión política bajo la máscara de la cultura. Y podrían encontrar algunos aliados occidentales que siempre han sentido que la Declaración brindaba un énfasis indebido a los derechos sociales, económicos y culturales.

AYUDA. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó, el 11.12, un incremento de mil millones de dólares en créditos concesionales para la región centroamericana. Con ello se eleva a cuatro mil 200 millones de dólares el total de ayuda ofrecida por los países y organismos que participaron en el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de Centroamérica, luego de la destrucción provocada por el huracán "Mitch". Al respecto, el presidente del BID, Enrique Iglesias, dijo que "la comunidad internacional está apoyando solidariamente sus esfuerzos para edificar una nueva y mejor América Central". Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció la aprobación de una ayuda global de 137 millones de dólares que se repartirá en 17 millones para ayuda alimentaria y 120 que la AID dirigirá para labores de reconstrucción. Asimismo, Clinton ofreció su apoyo a la gestión de los presidentes centroamericanos que busca eliminar los obstáculos comerciales a los productos centroamericanos y aseguró que su gobierno tomaría medidas urgentes para el problema de la deportación de centroamericanos indocumentados. El presidente salvadoreño, Armando Calderón Sol, en representación de los mandatarios centroamericanos, dijo que se esperan acciones del ejecutivo y del congreso a corto plazo en favor de la región (LPG 12.12 p.4).

IMPUESTOS. Con el propósito de aplicar por fin una tasa de impuestos municipales, el alcalde capitalino, Héctor Silva, y la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) sostuvieron una reunión, el 11.12, para discutir asuntos sobre el tema. La ANEP dice tener una propuesta en la que aún están trabajando. "Es una propuesta a corto plazo. Aún no está completamente actualizada su viabilidad; la estamos analizando", expresó el directivo de la Asociación, Arnoldo Jiménez. Lo único que se sabe acerca de esta propuesta es que contiene planteamientos divulgados por el consultor de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), Mark Gallagher, contratado para analizar el sistema de impuestos municipales. Se sabe que la ANEP ha declarado que los planes del alcalde son "confiscatorios". Los empresarios aseguran que los impuestos se trasladan en un efecto de cascada y, en caso de aprobarse la tarifa propuesta por la alcaldía, las empresas incrementarían los precios al consumidor. Silva, por su parte, dijo que está dispuesto a flexibilizar la tasa de impuestos —de 0.35%— que pretende aplicar a los activos de las diferentes empresas; no obstante, afirmó que lo único inaceptable es "la regresividad de las tablas actuales". Una nueva reunión ha quedado programada para la penúltima semana de diciembre entre la ANEP y el edil capitalino (DH 12.12 p. 8).

PARTIDOS. Según la más reciente encuesta realizada por La Prensa Gráfica-UNIMER, el apoyo con el que cuenta ARENA para las próximas elecciones duplica al del FMLN. El estudio de opinión, realizado entre el 17 y el 25 de noviembre, revela que ARENA aventaja con 23.5 puntos al partido de izquierda; es decir, 39.6% de los votantes apoyan a ARENA y 16.1% le apuestan al FMLN. Al parecer, los encuestados piensan que ARENA cuenta con "mejor equipo humano para gobernar", por lo que consideran conveniente que dicho partido continúe en el gobierno. Los areneros tienen su fuerte en el segmento más joven de la población votante, ya que el 55.9% de las personas entre 18 y 24 años piensa que este partido tiene gente más apta para el gobierno. Para el FMLN destaca el apoyo del 80% de los ahuachapanecos, mientras que ARENA cuenta con el respaldo del 53.9% de los chalatecos y el 59.9% de los cabañenses. El tercer lugar en preferencia lo ocupan, nuevamente, el PDC y el PCN. El 1.2% de los entrevistados es partidario del PDC y el 0.5 cree que son los pecenistas los más aptos para gobernar. La encuesta también reveló que los ciudadanos están mostrando mayor disposición para votar. El 41.6% está totalmente seguro de que votará; el 29% dijo que está seguro; el 16.8% tiene dudas sobre si asistir a la votación, mientras que 7.6% dijo que no votará (LPG 14.12. p.4 y 5).