Año 19
número 837
enero 7
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Heraldos de la dignidad humana
Derecho Rutinas de ilegalidad
Regional Nicaragua: tras el "Mitch", el pacto FSLN-Gobieno va
Derechos Humanos Nuestro adiós a Don Emilio
Heraldos de la dignidad humana
Al terminar la guerra y firmar la paz, no pocos pensaron que los derechos humanos habían perdido relevancia en El Salvador, bien por ser un instrumento que la izquierda manipulaba a su antojo o bien porque su respeto era una realidad. En cualquier caso, en El Salvador, los derechos humanos han sido y siguen siendo considerados como una ideología de izquierda, ajena a la democracia. En el mejor de los casos, los derechos humanos son tolerados como un mal necesario de los tiempos actuales. En su mensaje para la jornada mundial por la paz de este año, Juan Pablo II recuerda a la humanidad que tales derechos son intrínsecos a la persona y, por lo tanto, no sólo debieran ser tolerados, sino que, además, debieran ser aceptados de forma plena, y no sólo debieran ser asociados con la izquierda, sino que debieran ser asumidos por todos y en especial por aquellos que detentan el poder. Es este un recordatorio muy oportuno para una sociedad como la nuestra que no aprecia en la forma debida estos derechos y que, además, se confiesa profundamente cristiana.
Nadie estaría en desacuerdo con Juan Pablo II cuando éste declara que "la promoción de la dignidad de la persona es el principio conductor" que debiera inspirar nuestras acciones(1), pero no se podría decir que lo que esa dignidad implica obtenga el mismo acuerdo unánime. Es muy fácil suscribir declaraciones de principios, pero es otra cosa muy distinta sacar las consecuencias prácticas de los mismos. Promover la dignidad de la persona implica hacer de la búsqueda del bien común la prioridad en oposición directa a los intereses particulares, cuya prevalescencia sobre aquél es un caldo de cultivo para "los gérmenes de la inestabilidad, la rebelión y la violencia"(2).
El mensaje recuerda el saldo trágico de víctimas dejado por las ideologías del siglo XX, que hoy ya son cosa del pasado, pero señala, aunque sin mencionarlo por su nombre, pero describiéndolo de tal manera que no cabe ninguna duda a qué se refiere, al capitalismo actual. La exaltación del individuo y la satisfacción egocéntrica de las aspiraciones personales no pueden convertirse en el objetivo último de la vida(2). La rápida globalización de los sistemas económicos y financieros y los efectos devastadores que sus crisis están teniendo en muchísimas personas, reducidas a la extrema pobreza, "hace más clara la urgencia de establecer quién debe garantizar el bien común y global, y la realización de los derechos económicos y sociales. El libre mercado de por sí no puede hacerlo"(9). El "problema acuciante" de la deuda internacional debe ser resuelto de forma satisfactoria y definitiva en breve(9). "Es necesario y urgente que todos, especialmente los que tienen en sus manos los hilos del poder político y económico, hagan todo lo posible para poner remedio a una situación tan penosa" como la de los desempleados(8). La discusión de los problemas económicos no puede limitarse a círculos restringidos, aduciendo su carácter técnico, porque "la búsqueda del bien común nacional e internacional exige poner en práctica, también en el campo económico, el derecho de todos a participar en las decisiones que les conciernen"(6). Las medidas jurídicas no son suficientes para preservar el medio ambiente, sino que es necesario "un cambio profundo en el estilo de vida típico de la moderna sociedad de consumo"(10).
La advertencia de Juan Pablo II a las naciones y a los grupos armados dentro de ellas sobre el fracaso de la violencia como medio para resolver los problemas políticos y sociales, debiera ser tomada muy en cuenta por todos aquellos que recurren a ella en el ámbito de las relaciones personales, familiares y grupales, lo cual se aplica de manera directa a El Salvador. Las "relaciones de fuerza" deben ser sustituidas por "relaciones de colaboración con vistas al bien común"(11).
En consecuencia, el derecho a la vida sea inviolable "desde su concepción hasta su término natural"(4). Lo mismo hay que proteger el derecho a la vida de los no nacidos aún, que el de los recién nacidos, en particular las niñas; asegurar a los minusválidos el desarrollo de sus posibilidades y prestar la debida atención a los enfermos y ancianos(4). La cultura de la vida no excluye a nadie, rechaza toda forma de violencia y afirma el derecho a la vida plena en todas sus fases. "Ninguna ofensa a la dignidad humana puede ser ignorada, cualquiera que sea su origen, su modalidad o el lugar en que sucede"(2). Optar por la vida comporta el rechazo de toda forma de violencia, es decir, "la violencia de la pobreza y del hambre", los conflictos armados, las drogas, el tráfico de armas, el medio ambiente, etc.
Ni siquiera la religión puede ser impuesta por la fuerza. La persona goza de libertad para cambiar de religión, de acuerdo a su conciencia. Nadie puede ser obligado a aceptar una determinada religión y otorgar un estatuto especial a una determinada religión por parte del Estado no puede hacerse en detrimento de otras religiones. El recurso a la violencia en nombre de propio credo religioso es una deformación de las enseñanzas de las religiones principales. El mensaje reitera, sin duda pensando en las guerras de religión, protagonizadas por el fundamentalismo, que "el uso de la violencia no puede tener nunca una fundada justificación religiosa"(5).
La experiencia histórica de la muerte —por hambre, enfermedad, miseria y por las distintas formas de la violencia— muestra la enorme necesidad y el valor insustituible de la vida material como don primario y fundamental, sobre el cual han de radicarse todos los demás derechos. Estos deben ser un desarrollo de ese don primario de la vida. Una vida que debe explayarse y plenificarse, buscando siempre más vida y una vida mejor. No es evidente en qué consista esa plenitud de la vida y menos aún cómo deba lograrse, pero es evidente en qué no consiste y cómo no se llega a ella. Y esto no tanto por deducciones lógicas, a partir de principios universales, sino por constatación histórica.
La indiferencia o el desentendimiento de la violación a cualquiera de estos derechos contribuye a la deshumanización de la sociedad y de quien se mantiene al margen. Desde el evangelio, Juan Pablo II invita a todos los cristianos a volvernos "heraldos" de la dignidad humana y a tomar partido por los más pobres y marginados(13), aunque nadie ni ningún derecho deben ser pasados por alto. La razón de esta toma de partido es sencilla y conocida, Dios mismo está de su lado.
La tangentópolis
Tomando a préstamo la frase de Ferrajoli, es menester ubicarnos en las situaciones que han marcado estos últimos períodos de la dinámica jurídica de la realidad salvadoreña. La tangentópolis, entendida como un Estado en el que predominan rutinas de ilegalidad, pueden servirnos para nuestro análisis. Los Estados que permanecen en relación inversa a las pretensiones originadas en la constitucionalidad y en el derecho, han creado en algunas organizaciones jurídicas y sociales un sentido anárquico, que desvincula a los ciudadanos de finalidades que fundan y sostienen un ordenamiento jurídico. En nuestro caso, el uso permanente de lo ilícito conlleva, además del irrespeto de la ley, la permanente persecución de los valores últimos de la comunidad: "la Justicia, Seguridad Jurídica y el Bien Común, agrupados en la dirección que alcance la autorrealización de la Dignidad en la Persona Humana" (Art.1. Cn.). Asistimos ahora a situaciones que hacen pensar sobre la ilegalidad en que permanecen algunos Organos Fundamentales; más grave aún, éstos luchan por conservar su realidad dentro de la ilicitud.
La Sala de lo Constitucional versus Asamblea Legislativa y Organo Ejecutivo : los conflictos interorgánicos
Aunque no repetir innecesariamente sobre doctrinas harto conocidas por el conglomerado, el Estado de Derecho en El Salvador ha sido puesto a prueba por las contiendas jurídicas en que los órganos fundamentales del Estado se han visto envueltos. Las tensiones del Organo Ejecutivo —Presidente— y la Asamblea Legislativa con el Organo Judicial —Sala de lo Constitucional— demuestran la interacción del poder entre los diversos Organos Fundamentales del Estado. En este sentido, la teoría del equilibrio del poder adquiere virtualidad práctica en El Salvador. La muestra articula lo que la pedagogía constitucional llama: control interorgánico. Es decir, los frenos y contrapesos que evitan que el poder sea monopolizado por un único Organo del Estado.
El mantenimiento de las condiciones esenciales para que sobreviva la Constitución y la Comunidad social, representativa, democrática y republicana que se organiza para su perfeccionamiento, obliga a actuaciones en que los Organos principales de nuestra comunidad deben inclinarse por socializar con los derechos y obligaciones esenciales fundados en el respeto de la juridicidad y legalidad, aunque ello se traduzca en una tensionante medición de fuerzas entre los Organos fundamentales del Estado.
El saldo positivo de la problemática que enfrenta a los Organos fundamentales adquiere entereza por las pretensiones y decisiones que se manifiestan con valentía en la sede de la constitucionalidad —entiéndase la Sala de la Corte Suprema de Justicia que conoce esta materia, en este caso la Sala de lo Constitucional. Los vestigios de este fenómeno pueden ser desenterrados en los casos en que se ha tenido que resolver a fin de buscar la verdadera independencia del Organo Judicial, bajo los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional.
Uno de los protagonismos más debatidos es el que le ha exigido mostrar la fuerza jurídica que puede dimanar de la institución encargada de la protección de la constitucionalidad en sus diversas facetas: tutela abstracta de la Constitución, conseguida en las competencias que se atribuyen para resolver y sentenciar sobre la inconstitucionalidad de las normas producidas por el legislador y sobre afectaciones inconstitucionales de los derechos reconocidos por la norma primaria.
Las destituciones de altos funcionarios
Entre las situaciones jurídicas analizadas por la Sala de lo Constitucional puede dedicarse mucha atención a las destituciones de altos funcionarios del Estado en las que se han observado infracciones al derecho de audiencia y debido proceso. En este marco aún faltan algunas decisiones de fondo de parte de la Sala de lo Constitucional, pero, aunque estén por dictarse algunas sentencias, se ha demostrado la fuerza del control jurídico-judical protagonizado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las sentencias de ésta hicieron posible que retomaran sus cargos el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Orlando de Sola, y Eduardo Colindres, Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, cuando los fallos constitucionales dirimieron el conflicto estimando la existencia de violaciones constitucionales.
Se debe tener en cuenta que a pesar de que estos funcionarios no están en la actualidad en sus cargos, faltan todavía algunos procesos de protección que deben fallar sobre nuevas situaciones, que justificaron supuestamente posteriores destituciones, seguidas luego de los precedentes reinstalos ordenados por la Sala de lo Constitucional, de la cual obtuvieron fallos favorables.
Las investigaciones legislativas de las sentencias constitucionales
Por otra parte, también aparece la Asamblea Legislativa que, al tenor de investigar los fallos de la Sala de lo Constitucional por supuesta corrupción, conformó una comisión especial liderada por el diputado Kirio Salgado Mina, para averiguar y decidir legislativamente sobre los hechos contra ley que se atribuyen a los Magistrados Constitucionales. La polémica se agudizó cuando la Comisión requirió la presencia en el seno de la Comisión del Presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio. Cuando el titular negó su asistencia surgieron, de parte de la Comisión, amenazas de apremio, a fin de que Tenorio cumpliera con el requerimiento personal. En esto, la Sala de lo Constitucional se apresura para resolver a favor de una demanda que supone la inconstitucionalidad de la Comisión. En respuesta, los diputados amenazan con destituciones y con volcar sus reclamos ante la Corte de Justicia Centroamericana.
En el caso anterior se evidencian las preguntas sobre la objetividad de los técnicos jurídicos de la constitucionalidad, y se abre al debate la idea de la pretendida superioridad del legislador ordinario sobre el máximo contralor de la constitucionalidad. Es indiscutible que estamos en un pasadizo del que no se ve salida, pero en el cual los protagonistas de la Sala de lo Constitucional avanzan con cierta timidez la mayor parte de la veces, pero en las situaciones mencionadas es indudable que lo hacen con firmeza. El rechazo del legislador histórico, que obligó a la sumisión del ordenamiento jurídico y de muchas de las Cortes pasadas, no gusta y aflictivamente origina los "pataleos malcriados" del legislador, en vista de la afectación de su estatus.
Aunque frente a los jueces superiores la Asamblea Legislativa no ha querido mostrar ni aceptar sus ilicitudes constitucionales, ante algunos jueces ordinarios ha terminado aceptando sus actuaciones contrarias a la ley al promover reformar legislativas.
La desigualdad jurídica en la procuración: fiscales y defensores
Con la adición del 453–A al Código Procesal Penal (CPP), según publicación en el Diario Oficial del 23 de octubre de 1998, la Asamblea Legislativa acepta implícitamente sus omisiones jurídicas. Ante las situaciones judiciales que negaban la intervención procesal de los Fiscales no abogados, resuelve legislativamente con previsión general comprensiva el contenido del 453-A CPP, el cual establece :
"Los auxiliares del Fiscal General de la República y los Defensores Públicos de la Procuraduría General de la República, que no sean abogados, podrán ejercer las funciones que le establece este Código, durante un período de dos años a partir de la vigencia de este decreto".
Luego de algunas polémicas en varios tribunales de la República, y en especial en el de San Vicente, sobre la violación al principio de igualdad jurídica, en tanto que existe un vacío normativo a raíz de la no exigencia de estar autorizados como abogados los Fiscales, se salva, al parecer, de manera genérica el atascamiento.
Identificando la anomalía jurídica, por medio del decreto en cuestión, el legislador habilita transitoriamente a los miembros del Ministerio Publico para que puedan procurar a nombre y representación de otro, además de autorizarles para el resto de atribuciones genéricas que puedan desempeñar.
Frente a esta nueva configuración jurídica, cabe mencionar la interpretación que se hace por el Tribunal de San Vicente, quien fue el más protagónico en los sucesos que imposibilitaron procurar a los fiscales no abogados. En la sentencia el 20 de noviembre de 1998, el Tribunal de Sentencia de San Vicente efectúa las siguientes consideraciones: 1. Que la función de procurar es propia de los abogados, por lo que únicamente es el legislador quien puede autorizar excepciones a la regla. 2. Que la adición debe interpretarse como habilitación para procurar a los miembros del Ministerio Público. 3. Que el espíritu legislativo intenta evitar la inoperancia y participar más bien de un sentido garantista para del Ministerio Público. 4. Las habilitaciones son transitorias, sujetas a plazos razonables, que penden de las futuras autorizaciones por la Corte Suprema de Justicia.
Se preguntará el lector, ¿en dónde está la justificación que se titula en este comentario como rutina de ilegalidad? Pues bien, las intromisiones de la Sala de lo Constitucional, jurídicamente aceptables, han corregido desviaciones del legislador que podrían dañar y hasta cierto punto socavar las buenas pretensiones y obligaciones del sistema básico del ordenamiento jurídico nacional, en nuestro caso el cúmulo de normas constitucionales. En los demás casos, aun en desacuerdo con la Sala de lo Constitucional, los Organos fundamentales encargados de legislar y administrar han tenido que corregir sus actuaciones. Sin embargo, estas correrías de balance aún siguen, hay que esperar que resulta luego del trastocamiento de posiciones.
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Colaboración de Salvador Héctor Soriano Rodríguez, Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA
Superada la primera emergencia ocasionada por el paso del huracán "Mitch", el gobierno de Arnoldo Alemán busca ahora una concertación. Proclama que es "hora de patria" y propone reconstruir el país "juntos". Todos unidos.
Pero lo cierto es que la loable justificación de la "unidad nacional para la reconstrucción" podría servir de excusa para consolidar, entre otras cosas, el pacto gobierno-FSLN, destituir al Contralor, debilitar a la Contraloría, seguir atentando contra la institucionalidad, alterar el calendario electoral, y postergar, hasta liquidar por cansancio, a quienes se decidieron a luchas éticas contra la impunidad. Los oportunistas de siempre —y algunos más— parecen estar dispuestos a hacer de este dolor "su" oportunidad.
Después de que un sector de los liberales en el gobierno y un sector del FSLN pasaran las primeras tres semanas de la emergencia haciéndose mutuas acusaciones por estar utilizando el desastre causado por el huracán para obtener ventajas políticas, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega reanudaron aceleradamente el diálogo bilateral en el que venían configurando, antes del "Mitch", el pacto bipartidista. El 20 de noviembre se entrevistaron largamente y el 23 Ortega anunció que el FSLN respaldaría al gobierno en sus gestiones ante la comunidad internacional para obtener fondos extraordinarios con los que apoyar la reconstrucción del país y para acelerar la entrada de Nicaragua en la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), donde Nicaragua vería condonada parte de su deuda externa.
Fue la misma comunidad internacional, y muy en especial los más altos representantes de los organismos financieros multilaterales —Michel Camdessus, del FMI, y Enrique Iglesias, del BID, que visitaron el país tras el desastre— quienes ejercieron una intensa presión sobre ambos líderes políticos para lograr que Nicaragua garantice "gobernabilidad" —objetivo prioritario para estas instituciones— al presentar sus planes, en Washington en diciembre y en Estocolmo en abril, ante el Grupo Consultivo para Centroamérica.
Las presiones internacionales forzaron también al gobierno a crear comisiones de carácter consultivo para la formulación de este plan, y a incluir en estas comisiones al sector empresarial y a representantes de la sociedad civil. El gobierno —como ya ha hecho en otras ocasiones— incorporó a estos sectores, pero de forma sesgada y muy poco representativa. Llamó especialmente a los grandes empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y a ciertas personalidades vinculadas a ONGs, pero sólo a título personal. Además, los llamó a todos para presentarles un plan ya elaborado y prácticamente cerrado a nuevas propuestas.
El "Mitch" obligó a Arnoldo Alemán y a Daniel Ortega a dar un nuevo giro en su permanente espectáculo de confrontación-conciliación. Obedece también el nuevo giro a la necesidad que tienen ambos caudillos de frenar el deterioro de su popularidad. Las últimas encuestas de opinión pública, realizadas después del "Mitch", muestran que ha ido creciendo el rechazo o la indiferencia de la población hacia ambos y que es mayoritaria la opinión que no les reconoce liderazgo.
La inesperada situación de emergencia les ofrece ahora a Alemán y a Ortega una dolorosa y "lodosa" ocasión para justificar con la unidad los acuerdos políticos bipartidistas en los que venían trabajando y que les hubieran sido, si no imposibles, más difíciles o, al menos, más controversiales, antes de la tragedia.
El pacto gobierno-FSLN ha ido variando de contenidos según los vaivenes partidistas o personales de quienes controlan este acuerdo, que se hizo público en el mes de agosto. Reformas constitucionales más o menos extensas, más o menos polémicas; reformas electorales; delimitación de antiguos y nuevos espacios económicos; leyes y reformas de leyes; cargos en los Poderes del Estado; impunidades toleradas; nombramientos y destituciones: todo esto es parte del pacto.
El "Mitch", y el cambio de escenario que ha provocado, ha contribuido a variar o a alterar el calendario de algunos de estos contenidos. Pero, en su esencia, el pacto se mantiene, y su esencia es la misma que antes del "Mitch". Se trata de un acuerdo que busca consolidar el bipartidismo, reordenando para ello la institucionalidad del país en función de los intereses de las cúpulas de estos dos partidos. El pacto restará a las aún frágiles instituciones ya existentes en el país profesionalismo, autonomía y funcionalidad. Y ahondará la cultura caudillista entre la población, ya que busca consolidar sólo dos liderazgos.
El "Mitch" parece haber complicado temporalmente —o tal vez definitivamente— el calendario para introducir en esta legislatura las reformas constitucionales previstas entre el PLC y el FSLN. Pero ofrece una oportunidad única para una modificación electoral que interesaba tanto al PLC como al sector que controla el FSLN. Noel Vidaurre, dirigente del Partido Conservador, denunció, a comienzos de diciembre, que ambos partidos pretenden posponer las elecciones municipales que deben celebrarse en el año 2000, para juntarlas —como sucedió en 1996— con las elecciones presidenciales del año 2001.
Las dificultades del "voto cruzado" y las facilidades tanto por el procedimiento del voto como por el peso que tiene la ideología pro-caudillista que se encierran en el "voto en cascada" o "voto chorreado" —donde se marca igual en todas las boletas—, favorecerían al PLC y al FSLN. Los votantes, polarizados bipartidistamente por las elecciones presidenciales y por los poderosos ecos de las campañas nacionales, apenas razonarían su voto en la boleta de las elecciones municipales, marginando así necesidades e intereses locales y cerrando también el paso a nuevos liderazgos.
El pacto Alemán-Ortega no está exento de contradicciones. Un considerable sector de la base sandinista sigue sin respaldar este acuerdo y esto ha obligado a Ortega, desde el mes de agosto, a mantener un discurso cada vez más confuso, donde se ve forzado a mezclar expresiones conciliadoras, en relación al gobierno y al propio Presidente, con una retórica agitativa y amenazante. Para un liderazgo ya desgastado éticamente, es este un ejercicio difícil y cada vez más insostenible, por sus costos políticos.
Pocos días después de que Ortega ofreciera un abierto respaldo al gobierno para sus gestiones ante la comunidad internacional, la izquierda del FSLN lo forzó a encabezar una manifestación en contra de la política económica del gobierno y contra los despidos que después del huracán el gobierno empezó a hacer efectivos en docenas de empleados —algunos de ellos sindicalistas— de las empresas de servicio público. La manifestación convocó a no más de 2 mil personas y tuvo lugar el 3 de diciembre. Por unas horas, el discurso conciliador de Ortega cuando apareció en la TV anunciando la participación del FSLN, junto a Alemán, en la reunión de Washington, cedió el paso a ácidas amenazas de llenar Managua de barricadas si el gobierno no cambia el rumbo de su política económica.
Tratando de neutralizar algo la ambigüedad de sus declaraciones y actitudes, esta vez Daniel Ortega hizo un gesto tan inesperado como cargado de nuevas confusiones: invitó al Cardenal Obando a participar a su lado en la manifestación callejera que convocaba el FSLN...
La mayoría de la población nicaragüense rechaza la actual política económica, aunque esto no significa que levantará ninguna barricada, que respalda a Daniel Ortega o que entiende y apoya los contenidos institucionales o legales que están en juego en el pacto Ortega-Alemán. Predomina una confusión, que el creciente empobrecimiento ahonda.
El deterioro de los ingresos de la mayoría de la población por los efectos de la aplicación del programa de ajuste estructural se ha visto agudizado por el alza de los precios de los productos básicos a raíz del huracán. Las cifras oficiales muestran que la inflación acumulada llegó ya al 15%. La meta del gobierno era terminar 1998 con una inflación acumulada del 8% anual. Una investigación hecha antes del huracán por el FIDEG (Fundación Internacional para el Desafío Económico Global) señala que, entre 1993 y este amargo fin de año, la población que solamente alcanza a cubrir media canasta básica ha pasado del 40.8% al 63.5% en las principales ciudades del país, donde se ha dado un fuerte incremento del subempleo.
La amplia oposición con que un sector del sandinismo recibirá el pacto Ortega-Alemán es justificada: el acuerdo se lee como una aprobación tácita del sandinismo a la actual política económica, que no ha dejado de empobrecer a las mayorías, en especial a los sectores de mayor tradición sandinista: los empleados del sector público y los pobladores urbanos.
La tragedia causada por el "Mitch" contiene potencialidades para convertirse en una oportunidad única —¿la última?— para transformar a Nicaragua y hacerla viable, introduciendo en su tejido social, en su clase política, en su modelo económico, componentes de mayor solidaridad, de realismo, de honestidad, creativas formas de austeridad y de responsabilidad compartida.
Está claro que fue con los más pobres de la Nicaragua rural con los que el "Mitch" se ensañó. Y que sus necesidades en relación al crédito, a la asistencia técnica, a la tierra y al protagonismo en la conducción de su desarrollo son hoy más imperiosas de lo que lo eran antes del huracán. Los inesperados flujos de ayuda externa pueden ser una oportunidad para satisfacer estas necesidades. Pero para convertir tan graves problemas en oportunidades son necesarias en Nicaragua muchas concertaciones no sesgadas por intereses políticos y que representen realmente los intereses de los afectados.
La clave para evaluar cualquier proyecto de reconstrucción —ya sea grande, mediano o pequeño— estará en calibrar hasta qué punto el pueblo, las organizaciones populares, las comunidades afectadas, están protagonizando su propia reconstrucción. Y en evaluar hasta qué punto la mediación de los recursos externos —de las ONGs, de grupos religiosos, del mismo Estado— fomenta o no, incentiva o no la organización de la gente. Será esta la mejor vara para medir, dentro de unos meses, quizás años, si "Mitch", además de ser una tragedia y de abrirle espacios a tantos oportunistas, fue también para muchos y muchas nicaragüenses una oportunidad.
El "Mitch" puede, entonces, dar lugar a un renglón torcido en el que muchos se decidan a empezar a escribir derecho. Sin embargo, como ya se ha visto, en las esferas del poder real nada indica que vaya a ser así. Peor aún, las señales que han ido apareciendo a esos altos niveles, tras la primera emergencia y el primer estupor, muestran que las montañas de lodo que nos dejó el huracán podrían ser usadas para sepultar todas las justas luchas que ante temas polémicos estaban ya planteadas en la escena pre-"Mitch".
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Colaboración "Equipo-Envío", Nicaragua
Hace unos días, físicamente se separó de nosotras y nosotros --quienes integramos la comunidad latinoamericana de derechos humanos-- don Emilio Mignone. Con su partida, se fue una buena parte de todas y todos. Pero su lucha inclaudicable y terca, valiente y necia, generosa e intransigente, creativa y novedosa por la defensa y la promoción de los derechos humanos nos queda más viva: porque así era su trabajo de comprometido, ejemplo invaluable y presente siempre en cada una de las cosas que de ahora en adelante hagamos. El IDHUCA tuvo la feliz oportunidad de haber estado cerca de él en múltiples ocasiones: varias veces en el espacio común del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y sobre todo en el trabajo conjunto desarrollado en el Consejo Directivo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Cuando le tocó enfrentar la impunidad en su país, Argentina, lo hizo de frente y de forma clara. En un documento que elaboró sobre los indultos que favorecieron a los militares responsables de la represión, don Emilio dejó establecido bien su criterio en cuanto a la "legalidad de la decisión" frente a "su admisibilidad ética y política". "El perdón concedido por Menem --sostuvo entonces-- no convocó a la reconciliación, como se pretende. Negar la justicia conduce a la venganza privada y a la violencia. Opus justitiae pax --la paz es obra de la justicia--, decía la sabiduría antigua. Sin justicia no habrá paz. Ya en libertad los ex comandantes no pueden aparecer en público porque son abucheados e insultados. Viajan rodeados de guardias. Como ninguno de los indultados se manifiesta arrepentido y algunos, por el contrario, glorifican sus acciones, como lo hizo el ex-general Videla en una carta, es de temer la repetición de los hechos incriminados. Lo ocurrido el 3 de diciembre de 1990, según antes lo señalé, lo pone de manifiesto".
Asimismo, señaló que: "El 75% de los argentinos, de acuerdo con las encuestas, se oponían los indultos. Dados a conocer los últimos un sábado en vísperas del Año Nuevo y de un fin de semana largo y al comienzo de las vacaciones, esa precaución no impidió que provocaran una concentración en la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, el domingo 30 de diciembre, por la cual 100.000 ciudadanos, convocados por las organizaciones de derechos humanos, protestaron por la medida. La reacción internacional adversa es igualmente conocida. Varios obispos católicos y protestantes la condenaron aunque el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino manifestó alegría... Las Fuerzas Armadas, por cierto, manifestaron su complacencia aunque no consideran terminada con esta decisión la rehabilitación que pretenden."
Y terminó diciendo: "No cabe duda, finalmente, que este episodio constituye un deterioro para la frágil democracia argentina y un mal ejemplo para América Latina. Creo, sin embargo, que será superado." Así era el viejo . Claro y directo, pero lleno de esperanza. Una de las mejores descripciones de su persona, su causa y su humanidad apareció publicada el 22 de diciembre del año que acaba de finalizar en "El Clarín", periódico de Buenos Aires. El titular: "UN MILITANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS. Murió Mignone, presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)." Y su contenido, el siguiente:
"Ya no buscaba a su hija Mónica, secuestrada el 14 de mayo de 1976 y hasta hoy desaparecida. Emilio Fermín Mignone, un militante de los derechos humanos, murió ayer en Buenos Aires a los 76 años. Era el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo que fundó en 1978, durante la época más dura de la represión ilegal. Tenía cáncer, falleció en el Hospital Británico de esta capital.
En 1977, Mignone fue uno de los primeros en denunciar al régimen militar por la aplicación de torturas, en fotocopias que él mismo distribuía. Su hija hacía trabajos sociales en una villa de emergencia del Bajo Flores. Tenía 24 años y era psicopedagoga. En esa época de silencios, Mignone distribuyó un memorándum en su consorcio para contar lo que le había pasado a Mónica. Diversos testigos aseguraron que fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó uno de los mayores centros ilegales de detención.
‘Soñaba que la encontraba. Lo soñé varias veces, pero ya no’, confesó el dirigente en 1996.
Mignone integró también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y en 1986 publicó el libro "Iglesia y Dictadura", sobre el papel de la jerarquía católica durante el último período de facto. De joven, había integrado grupos juveniles de Acción Católica.
Nació en Luján el 22 de julio de 1922, se recibió de abogado y se especializó en ciencias políticas y educación. Fue profesor de colegios secundarios en diversas materias y profesor universitario. Como periodista, dirigió el periódico "La Voz de Luján" y fue director general de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires entre 1948 y 1952. El gobernador era entonces Domingo Mercante. Entre 1962 y 1967 residió en Washington, como especialista en educación de la Secretaría General de la OEA. En 1968 fue nombrado subsecretario de Educación de la Nación y estuvo en el cargo hasta 1971.En junio de 1973 fue designado rector interventor de la Universidad de Luján. Entonces militaba en el PJ (Partido Justicialista).
En julio de 1985, durante el juicio a las juntas militares, Mignone se sentó ante los miembros de la Cámara Federal y dijo: "Las juntas militares aplicaron un plan concebido en la represión clandestina, mediante el secuestro, la tortura y el asesinato". Casi las mismas palabras del informe "Nunca Más" de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Acompañado siempre por su mujer, Chela, Mignone pasó por épocas de amenazas telefónicas diarias.
En uno de sus últimos pronunciamientos públicos, se quejó por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que impedía a Carmen Aguilar Lapacó reclamar la verdad sobre el destino de su hija Alejandra, también desaparecida. Fue en agosto pasado en una columna junto a Martín Abregú, director ejecutivo del CELS, publicada en Clarín. El fallo despertó polémica y luego fue modificado.
Mignone será velado hoy desde las 11 en la Cooperativa Eléctrica de Luján, Humberto I y 25 de Mayo, de esa ciudad."
El consejo directivo de CEJIL, su presidenta Ligia Bolívar y sus integrantes --Mariclaire Acosta, Benjamín Cuéllar, Gustavo Gallón, Alejandro Garro, Hellen Mack, Mike McCormack, Paulo Sergio Pinherio y José Miguel Vivanco-- así como su directora ejecutiva, Viviana Kristicevic, Ariel Dulitzky --su consejero legal-- y el equipo de trabajo del Centro, lamentaron "profundamente el fallecimiento de su miembro fundador y vice presidente del consejo directivo", extendiendo "sus sinceras condolencias a su esposa Chela, sus hijos, familiares y amigos". Así recordó CEJIL a uno de sus principales pilares: "En la lucha de los derechos humanos Emilio nos iluminó con su buen corazón, inteligencia y sentido del humor. Emilio ha sido un ejemplo de vida para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo."
Por su parte, el CELS comunicó "con profundo pesar, el fallecimiento de su fundador y presidente Dr. Emilio Mignone, víctima de una dolorosa enfermedad. Para esta institución, así como indudablemente para las instituciones hermanas su deceso implica una sensible pérdida. Nos deja un hombre hondamente comprometido con el ideario de verdad, de justicia. Un ser humano inmenso en sabiduría, humildad y solidaridad. Sin duda, la tarea cotidiana será, de ahora en adelante, mucho más difícil. Sin embargo, su recuerdo, sus certeras orientaciones, sus análisis políticos justos, oportunos, propios de su inmenso caudal de conocimientos, de su apasionamiento de la historia y por el hombre, se constituirán en nuestra guía permanente."
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El presente es un comentario de don Eduardo Molina Olivares, reconocido dirigente del Centro Cívico Democrático y uno de los miembros de la Comisión ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada de El Salvador. Su contenido tiene que ver con un tema que durante casi todo 1998 ocupo nuestra atención: el rescate de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por tratarse de una lucha que debe continuar hasta lograr su culminación exitosa, consideramos importante incluirlo en este espacio. |
Cuando la Asamblea Legislativa designó como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos al Lic. Eduardo Antonio Peñate Polanco, el diputado y "secretario general" del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ronald Umaña, ante críticas de personas y de instituciones por esa designación afirmó: "No se preocupen, yo lo controlo".
Efectivamente, esa afirmación está totalmente confirmada. Varios de los miembros de la Comisión Política del PDC forman parte de la Procuraduría, en cargos importantes, lo que ha significado la partidización de esa institución y la pérdida de su cometido.
Preguntamos a los candidatos Rodolfo Parker y Donald Calderón Lam si les parece ética esta conducta de su secretario general. Preguntamos también a los "Amigos de la Libertad" que respaldan las candidaturas del cuestionado PDC, si este proceder concuerda con la postura anticorrupción y de denuncia antimercantilista que ellos han propugnado.
Nos preguntamos qué pensaría don Napoleón Viera Altamirano, de que un hijo suyo esté apadrinando indirectamente a una gavilla de voraces oportunistas liderados por Umaña, apartándose así de los cauces honestos que él utilizó como periodista, como pensador, como un defensor de sus ideas.
La defensa de los derechos humanos es una garantía de paz. La creación de una institución estatal para la defensa de esos derechos, constituyó un hito histórico en la vida nacional. La misión de proteger los derechos humanos de la población y controlar la legalidad de los actos de la administración pública, está en peligro. La institucionalidad de la actual procuraduría está muy cuestionada. La sociedad en general pierde credibilidad y ve con justa preocupación que esta instancia nacida de los acuerdos de paz, está siendo afectada por la ambiciones de unos cuantos.
Los diputados que irresponsablemente votaron a favor de Peñate Polanco, deberían rectificar su error y buscar una forma de cambiar al procurador o, cuando menos, de parar los abusos que comete gracias a su total sumisión al señor Umaña, quien inexplicablemente goza de extraordinarios poderes y se ha vuelto intocable, no importando las violaciones a la Constitución, las ilegalidades, los despidos injustos y sus prepotencias.
El señor Umaña debe saber que sí nos preocupamos por que él controle a su compañero de infancia. Ese control ha significado acciones en contra del bien común, de la justicia y de la dignidad de las personas. Ha aumentado la zozobra en la sociedad y está afectando la consolidación del proceso de paz iniciado con tantos esfuerzos y esperanzas.
Transcribimos a continuación el texto del mensaje de año nuevo del Presidente Armando Calderón Sol, publicado en la prensa nacional el día 4 de enero de 1999.
Sean las primeras palabras de este mensaje, para expresar mis sentimientos de solidaridad y apoyo a las señoras y señores comerciantes que sufrieron la pérdida de sus negocios, a consecuencia del incendio que en las últimas horas del año pasado, destruyó parcialmente el Mercado Central de San Salvador.
Es doloroso ver como las llamas consumieron, no sólo las mercaderías sino también los esfuerzos de muchos años de trabajo, pero confiamos en que con la ayuda de Dios y el apoyo de todas las instituciones, vamos a recuperar la capacidad productiva de las numerosas personas afectadas.
He ordenado abrir líneas de crédito especiales, a través del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), de la Federación de Cajas de Crédito y de los Bancos de los Trabajadores, para atender las solicitudes de préstamo de las señoras y señores comerciantes afectados. También he considerado necesario integrar una comisión del Gobierno Central, para trabajar conjuntamente con los alcaldes de los municipios que conforman el Gran San Salvador, a fin de buscar una solución integral a la problemática de los mercados municipales, teniendo básicamente en consideración el aspecto humano y la importancia de la micro y pequeña empresa en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Salvadoreñas y salvadoreños, ustedes me otorgaron el privilegio de gobernar como el primer Presidente electo después del establecimiento de la paz, lo cual ha representado un gran desafío. La nueva sociedad que emergió al finalizar la guerra, pudo haberse desviado a esquemas del pasado si no hubiésemos tomado las decisiones adecuadas para marcar el rumbo correcto de este nuevo El Salvador, moderno, democrático y participativo, donde las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades para lograr una mejor calidad de vida.
Nuestro compromiso fue construir las bases del progreso y abrir el camino que nos conduciría al desarrollo sostenible de nuestro país. Como gobierno proyectamos programas más allá de los cinco años del período presidencial, porque nuestra visión de desarrollo está orientada para que nuestro país pueda enfrentar exitosamente los desafíos del siglo veintiuno.
El más grande compromiso que tuvimos que enfrentar fue el cumplimiento de los Acuerdos de Paz que suscribimos y que costaron miles de millones de colones. En la etapa final de mi mandato, me satisface expresar que, a pesar de las dificultades encontradas en el camino, nuestro país ha tenido grandes logros políticos, económicos y sociales.
El Salvador de hoy, es distinto al que recibí para gobernar y conducir en el proceso de transición de la guerra a la paz. Durante cuatro años y medio, hemos trabajado intensamente en crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la paz y la democracia, así como para alcanzar niveles de desarrollo económico que se reflejen especialmente en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más necesitados.
Nuestra visión es la de una sociedad siempre en progreso, para convertir a El Salvador en un país de oportunidades para todos, con movilidad social. No aceptamos una sociedad en la que sólo unos progresan, mientras que los demás permanecen estancados.
Siempre hemos rechazado el concepto de una sociedad en la que el gobierno de manera autoritaria decida los destinos de los ciudadanos. Es por ello que, nuestro Gobierno ha dedicado la máxima atención al fortalecimiento de las instituciones democráticas y garantizado el derecho constitucional de la libertad de expresión, a fin de que se manifieste la pluralidad ideológica y mediante el ejercicio del sufragio la ciudadanía elija a sus gobernantes.
Ahora existe una verdadera independencia de los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y estamos avanzando en la práctica de una cultura basada en el respeto a los derechos fundamentales que tiene toda persona.
Nuestros esfuerzos se han concentrado en promover una sociedad libre, donde cada persona pueda tomar decisiones sin temor a sufrir represalias. Esto es parte importante del nuevo El Salvador que estamos construyendo todos en paz y libertad.
Nos satisface señalar, que junto con los sectores laborales y empresariales, hemos creado las bases del progreso económico y social de nuestro país. El establecimiento de reglas claras basadas en un marco de seguridad jurídica, ha permitido que nuestro país gane credibilidad internacional y goce de altas calificaciones como un destino atractivo para la inversión.
Consideramos que el desarrollo económico y social, son dos caras de una misma moneda. Los indicadores confirman que nuestro país está avanzando en el rumbo correcto y en camino de alcanzar metas de mayor desarrollo.
Hemos logrado grandes avances. Sin embargo, esto no significa que hayamos solucionado todos los problemas del país, pues su magnitud requiere de un esfuerzo permanente.
La delincuencia es el principal problema que afecta el normal desarrollo de la vida nacional. Por eso nuestro Gobierno se está esforzando en mejorar los niveles de seguridad ciudadana, fortaleciendo técnica y financieramente a la Policía Nacional Civil, y a su interior se está realizando un proceso de depuración. También hemos presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa, proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y a los Códigos Penal y Procesal Penal, con el propósito de cerrar espacios a la delincuencia y garantizar una más efectiva administración de justicia. Reitero por eso mi iniciativa para que estos proyectos sean aprobados por la Asamblea Legislativa a la mayor brevedad posible.
Ciertamente hace falta mucho que hacer en el campo de la seguridad, y vamos a redoblar nuestros esfuerzos en el combate contra la delincuencia, a fin de proteger la vida y bienes de los habitantes de las áreas urbanas y rurales.
Merece destacarse como un hecho relevante, la unidad solidaria del pueblo salvadoreño frente a la emergencia que planteó el Huracán "Mitch". Una vez más se comprobó la capacidad que tenemos para superar las situaciones adversas. Así como estuvimos unidos en la tragedia, continuamos unidos en la reconstrucción.
Salvadoreños todos, en esta etapa histórica, todas las personas y todos los sectores, los medios de comunicación y las instituciones jurídicas, debemos redoblar los esfuerzos para seguir avanzando por el camino seguro de la democracia y del desarrollo económico y social. Recordemos que el progreso de nuestro pueblo, es un sueño grandioso que día a día con nuestro trabajo vamos haciendo realidad.
Es propicia la oportunidad para hacer un llamado a todos los partidos políticos para que con altura y madurez cívica desarrollen una campaña electoral ejemplar, y a la ciudadanía a que participe activamente con el ejercicio del sufragio para elegir libremente a nuestros gobernantes y fortalecer la democracia.
Invocamos la protección del Salvador del Mundo, para que mil novecientos noventa y nueve sea un año de grandes bendiciones y realizaciones para cada familia salvadoreña.
Secretaría de Comunicaciones. Presidencia de la República
Construyendo un nuevo El Salvador.
Transcribimos a continuación el documento titulado "Propuesta Ciudadana" dado a conocer el 25 de diciembre de 1998.
La participación ciudadana es un factor determinante y esencial para el desarrollo de la democracia en sus dos sentidos fundamentales: el primero, en su relación con el ejercicio de las libertades individuales; el segundo, con la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social.
El autoritarismo del pasado y la exclusión de grandes sectores de la sociedad aún no ha sido superado; siendo ésta la razón por la cual muchos se sienten o están marginados al no poder influir ni sentirse representados ante quienes toman las decisiones que les afectan.
Esta situación ha generado un ambiente de frustración e incertidumbre en gran parte de la ciudadanía, al grado de restarle credibilidad a las instituciones políticas especialmente y a los liderazgos que no han podido o no han sabido responder a la demanda social de la nación.
Frente a este planteamiento surge "Propuesta Ciudadana"; integrada por un amplio grupo de personas, de los más diversos pensamientos y sectores sociales, quienes, durante la mayor parte de sus vidas, se han preocupado por encontrar solución a los problemas nacionales.
"Propuesta Ciudadana" se ha estructurado como un movimiento representativo de la sociedad civil para la reflexión, discusión y formulación de propuestas a los principales problemas nacionales; que le permita ser el portavoz de los grandes sectores que no pueden expresarse o que no son escuchados.
En ese sentido, nuestra principal preocupación será la de estar presentes en todas aquellas actividades que afecten a la sociedad salvadoreña en general con una actitud de crítica constructiva y propositiva donde se privilegie lo positivo de las propuestas que se hagan, sin importar de donde provengan, con el mismo énfasis con el que señalaremos las cuestiones negativas.
"Propuesta Ciudadana" está abierta a toda la sociedad, especialmente a los que en la actualidad no se sienten debidamente representados, para concertar actividades con grupos similares hasta conseguir influir con la fuerza necesaria, en la opinión pública así como en los centros de toma de decisiones.
Nuestro compromiso está encaminado fundamentalmente a:
1) Recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho y el sistema democrático, sus instituciones, los partidos políticos y la búsqueda de nuevos medios de participación electoral para que la sociedad civil pueda tener acceso al poder.
2) Darle seguimiento al comportamiento de la economía y de las políticas económicas que influyen en el crecimiento de la producción y generación de empleo con el fin de hacer propuestas oportunas para beneficio de aquellos sectores que, de acuerdo a los indicadores económicos, se encuentren en desventaja.
3) Realizar foros de estudio y análisis sobre el problema del desempleo para encontrar alternativas que reduzcan el impacto que éste tiene en el desarrollo económico y social del país.
4) A promover la recuperación y protección del Medio Ambiente sobre bases éticas para mejorar la calidad de vida, la protección de los bienes culturales y el desarrollo sostenible.
5) Formular recomendaciones viables a fin de que la Administración de Justicia se imparta dentro del marco de equidad, prontitud y eficacia necesarias para garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el combate efectivo a la delincuencia.
6) Estudiar, con sentido propositivo, los problemas de la Seguridad Pública en sus aspectos policiales, judiciales, de política criminal y particularmente los educativos, así como la participación ciudadana que se requiere para que ésta funcione adecuadamente.
7) Otros aspectos importantes, a que dedicaremos nuestra actividad son: apoyar a las organizaciones sociales de trabajadores que ven limitadas sus posibilidades de acción y de mejoramiento social y económico; la Reforma Penal y Procesal Penal, la Soberanía Nacional —en su concepción moderna— en relación con nuestra política exterior, la emigración, el papel de la Fuerza Armada y la aspiración histórica de hacer de Centroamérica una sola nación.
San Salvador, 25 de noviembre de 1998.
Suscriben este documento:
Carlos Humberto Leal V., Roberto Tobías, Adonay Castillo, Magdaleno Antonio Guzmán, Ramón R. Mendoza, José Napoleón Bonilla h., José René Pérez C., Julio Adolfo Rey Prendes, Eduardo Vásquez B., Vicente Ventura, Guillermo Castillo, René E. Rodríguez, Ivo Príamo Alvarenga, Modesto A. Rebello, Alejando Leal
