Año 19

número 838

enero 14

1999

ISSN 0259-9864

 

 

Editorial Crisis en la Fuerza Armada

Economía Tasas de cotización y de comisiones en las AFPs

Sociedad Los desafíos de la PNC

Derecho Independencia judicial

Opinión Pública Evaluación del país a finales de 1998

Noticias

Crisis en la Fuerza Armada 

En los últimos días de diciembre de 1998 se suscitaron una serie de problemas en el seno de la Fuerza Armada, los cuales giraron en torno a las promociones y cambios de mando que tradicionalmente son anunciados cada fin de año. Los medios de comunicación no tardaron en caer en la cuenta de la situación por la que había pasado la institución armada y, tras haber efectuado las pesquisas correspondientes, revelaron datos que, en el contexto del proceso de democratización del país, no dejan de ser preocupantes. En síntesis, el problema se habría suscitado cuando el Presidente Armando Calderón Sol, tras rechazar los asensos de dos coroneles a generales —ascensos propuestos por la Comisión Evaluadora de la Fuerza Armada— impuso, apelando a su condición de Comandante General de la Fuerza Armada, a otros dos candidatos, con los cuales, presuntamente, lo unen lazos de afecto y amistad.

Como quiera que sea, el que ha salido peor parado es el primer mandatario. Los calificativos de soberbio, altivo y arrogante que le ha espetado el coronel Mariano Castro Morán se han visto confirmados en las declaraciones que aquél ha dado a los medios de comunicación en las que, sin tapujos, ha dicho que mientras sea presidente hará lo que se le antoje.

Tasas de cotización y de comisiones en las AFPs 

Desde su implementación, el sistema de ahorro para pensiones despertó un amplio debate sobre su conveniencia o inconveniencia, centrándose la discusión principalmente en las limitaciones del nuevo sistema para solucionar problemas tradicionales del manejo estatal de las pensiones, como por ejemplo: bajo nivel de las pensiones, bajo nivel de afiliación y altos costos administrativos. Reflejo de este debate es la presencia de cerca de 150 recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia contra el sistema en vigencia, todos los cuales fueron rechazados por aquélla.

Tal como había sido planteado en su ley de creación, a partir de 1999 el Sistema de Ahorro de Pensiones incrementó las tasas de cotización tanto del empleador como del trabajador y, simultáneamente, aplicó una disminución en las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Esto es parte de un programa de incrementos de las cotizaciones que pretende elevarlas cerca de un 39% entre los años 1998 y 2002. Estos incrementos obedecen, principalmente, a un incremento de la cuota de ahorro de los trabajadores, la cual pasaría desde apenas un 1%, con la cual inició el sistema, hasta 3.25% en el año 2002. Por la otra parte, las comisiones de las AFPs bajarían de 3.5% a 3.0% en ese mismo período.

Debido a este programa, a partir de 1999 los afiliados al sistema de ahorro de pensiones deberán pagar intereses adicionales que oscilaran entre un 0.75% y un 1% de su salario, dependiendo de la AFP a la cual se encuentren afiliados; mientras que los empleadores deberán pagar cerca de un 1% adicional de los salarios de cada uno de sus empleados. En total, el incremento en los aportes laboral y patronal será de un 2% del total de la masa salarial y se abonaría a las cuentas de ahorro de los trabajadores.

En este contexto, interesa revisar cuál será el cambio en las nuevas tasas de cotización y de comisiones de las AFPs vigentes a partir del 1 de enero, así como el comportamiento previsto para los próximos 3 años; especialmente considerando que el sistema de pensiones ha absorbido por completo a los empleados del sector formal.

De acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, se espera que el aporte de los trabajadores pase de un máximo de 4.5%, vigente en 1998, a un máximo de 6.25% para el año 2002. Paralelamente, el aporte del empleador pasaría de un 5% a un 6.75%, un nivel inclusive inferior al que pagaban antes de la introducción del sistema de ahorro de pensiones. Cabe destacar que el aporte del trabajador se desglosa entre pago de comisión y cuota de ahorro (Ver cuadro 1).

Como puede apreciarse, la razón de los incrementos es el alza de la cuota de ahorro, la cual pasará desde 1% a 3.25%, pues las comisiones máximas se reducirán desde 3.5% a 3% y mitigarán el incremento de la cuota de ahorro, en el caso de aquellos trabajadores que se encuentren afiliados a las AFPs que cobran tasas máximas de comisión: Confía, Máxima, Previsión y Profuturo, las cuales representan un 76.9% del total de afiliados. En el caso de los trabajadores afiliados a la AFP Porvenir, estimados en cerca de un 23.1% del total, no habrá ninguna mitigación, pues ésta cobra tasas por debajo del máximo proyectado (3%), tal como se explica más adelante.

Para 1999, de acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la cotización del trabajador se incrementará en un 0.75% de su salario, siempre y cuando esté afiliado a una de las AFPs que cobran las comisiones máximas —que se fijaron en 3.5% para 1998 y 3.25% para 1999. En caso de encontrarse afiliado a la AFP Porvenir, la cual cobra comisiones debajo del máximo legal (2.7%), el incremento para el trabajador sería mayor, pues esta AFP no se ve afectada por la reducción de comisiones y puede mantenerse en el mismo nivel de 1998. Ello implica que los afiliados a esta AFP experimentarían el mayor incremento en sus descuentos, el cual equivaldría a un 1% de sus salarios.

En concreto, el trabajador pasaría de una tasa total de 3.7% a otra de 4.7%, mientras que los afiliados a las AFP de tasas máximas pasarían de cotizar un 4.5% a cotizar un 5.25%; es decir, experimentarían un menor incremento, pero invariablemente pagarán más que los afiliados a AFP Porvenir. La situación anterior supone que no habrán ajustes en las comisiones de esta última, aunque lo más probable es que éstas lleguen finalmente a igualarse a la tasa máxima proyectada de 3%.

Cabe mencionar que, a este momento, las AFPs habrían logrado captar cerca de 576,000 cotizantes, lo cual, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, implica que se lograron afiliar cerca de 100,000 trabajadores más de los esperado. Estos se ubicarían dentro de los grupos de edad entre 36 y 55 años, los cuales contaban con la opción de mantenerse en el sistema estatal de pensiones. Este dato no resulta en realidad demasiado impresionante si se considera que se creó una trampa legal para que los cotizantes se trasladaran masivamente a las AFPs.

Al mismo tiempo que se introdujo el nuevo sistema de pensiones, se equiparó la cotización del antiguo sistema al nuevo, lo cual implicó un incremento desde 1% a 4.5% para aquellos afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Frente a esta realidad, el nuevo sistema presentaba la ventaja de que, aunque se regía por la misma tasa de 4.5%, otorgaba un 1% para la cuenta de ahorros de retiro, tal como muestra el cuadro 1 en la fila de 1998.

Aunque puede argumentarse que el incremento de las cotizaciones para 1999 vendrá a engrosar la cuentas de ahorro de los trabajadores, persiste la interrogante de los efectos de estos incrementos en su consumo inmediato. En los próximos años el ingreso disponible de los trabajadores se reducirá en aproximadamente un 1.75% de su monto total por efecto del incremento del ahorro para pensiones. En cambio, los empleadores siempre quedarían en situación ventajosa en relación a 1997, pues entonces pagaban 7% de aporte y en el 2002 estarían pagando 6.75%.

En este escenario, es importante considerar cuál será el rendimiento que los trabajadores recibirán por los mayores aportes que, en concepto de ahorro, harán a las AFPs y por la reducción en el consumo que ello implica. Debido a las bajas tasas de interés obtenidas en 1997 y 1998, 3.8% y 1.9% respectivamente, podría esperarse que los rendimientos de los ahorros sean así mismo bajos y cercanos a esos datos.

Aunque los trabajadores no experimentarán incrementos en las tasas máximas de cotizaciones de las AFPs y ahorrarán cada vez más, no puede dejar de señalarse que el diseño del sistema de ahorro de pensiones responde, más que a un interés genuino por el bienestar social, a las necesidades de oxigenar las economías de los países en que se practica, a través de la reducción de las cotizaciones patronales y la obtención de fondos para inversión por medio del ahorro forzado y la reducción en el consumo de los trabajadores.

Fuente: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones

Los desafíos de PNC 

En la Evaluación del país a finales de 1998 (Boletín de Prensa, Año XIV, Nº 1, enero de 1999), del IUDOP, se señala que la delincuencia sigue siendo el problema que preocupa más a los salvadoreños: un 43.7% de los consultados lo menciona como tal. Además, un segmento considerable de la población (66%) estima que el accionar de los delincuentes aumentó en 1998 en comparación con 1997; mientras que solamente un 9.4% de la muestra opina que la delincuencia disminuyó.

Por otra parte, la encuesta evidencia en qué medida la población considera que la aplicación de la nueva normativa penal-procesal no ha sido un instrumento eficaz para frenar el embate delincuencial. Así, un 84.1% de los ciudadanos opinó que los códigos fueron ineficaces a lo largo de 1998 y sólo un 13.2% sostuvo lo contrario. En lo que respecta a las instituciones relacionadas con la seguridad pública, consultada particularmente sobre la PNC, un 55.4% de la población manifestó que su nivel de confianza en el cuerpo policial se mantuvo igual que en 1997, un 18.1% señaló que había aumentado y un 24.9% afirmó que su confianza había disminuido.

Es interesante observar que en una encuesta anterior, Los salvadoreños opinan sobre el problema de la delincuencia (Boletín de Prensa, Año XIII, Nº 3, agosto de 1998), la PNC obtenía la evaluación más alta entre las instituciones relacionada con el combate de la delincuencia, seguida del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía, la Presidencia y los Juzgados, los cuales obtuvieron la calificación más baja. Adicionalmente, la encuesta de agosto reveló que 44.5% de la población piensa que, comparativamente, la actuación de la PNC es mejor que la de la extinta Policía Nacional, que un 19.9% opina que es igual y que un 30% sostiene que es peor.

De estos datos es posible extraer algunas conclusiones: en primer lugar, la PNC, aunque resulta mejor evaluada que otras instituciones, no muestra avances significativos en su capacidad operativa y en el grado de simpatías que despierta entre la población. En segundo lugar, el hecho de que los Juzgados y la normativa penal-procesal sean percibidos de manera tan negativa, da pie a afirmar que son vistos por la población como obstáculos en el combate de la delincuencia (sólo ante ante competidores tan débiles una PNC que no logra consolidarse obtiene una nota positiva de un poco más de la mitad de la población). Finalmente, se estima que, en conjunto, las instituciones relacionadas con la lucha contra el crimen están desempeñándose regular o negativamente.

Una de las cosas más desalentadoras de este sombrío panorama es, sin duda, la forma en la que la PNC es percibida por la población. Una percepción a partir de la cual no es descabellado afirmar que el cuerpo policial atraviesa una grave crisis de confianza y de imagen frente a la ciudadanía. Es significativo que, en un año en que la población percibe que el asedio de la delincuencia ha aumentado, la institución con la que aquélla debería sentirse más cercana no logra despertarle mayores niveles confianza. Además, no deja de ser preocupante que cerca de la mitad de los salvadoreños considere que el accionar de la PNC es igual o peor que el de la ex Policía Nacional, la cual en su momento se caracterizo por su arbitrariedad, abuso y corrupción.

Las razones para esta situación son variadas y ya han sido expuestas en anteriores ocasiones. Por un lado, hasta la fecha, la PNC no ha encontrado los mecanismos necesarios para asegurar su impermeabilidad frente a la influencia o penetración del crimen organizado al interior de sus filas. No sólo se trata de que agentes policiales de bajo nivel se hayan visto envueltos en actos delincuenciales de distinta naturaleza, sino que no hay certeza de que miembros de la cúpula directiva de la PNC no participen directamente en ellos. Casos como el de Lorena Saravia o el de Adriano Vilanova han proporcionado pruebas o indicios de que la actuación delictiva de simples policías fue avalada, o al menos encubierta, por individuos de alta jerarquía en la PNC.

Por otro lado, la institución, a casi siete años de su fundación, no ha logrado insuflar en sus agentes dos de los elementos indispensables en una policía de alto nivel: conocimiento y respeto de los derechos ciudadanos, y estricto apego a las normas procedimentales establecidas. Muestra de ello es que, sólo en el segundo semestre de 1998, la Inspectoría General de la PNC recibió 534 denuncias contra agentes, 31% de ellas por abuso de autoridad y prepotencia, y 33% por mal procedimiento policial y administrativo.

Sin embargo, dejando de lado las repercusiones de esta crisis en el bienestar y tranquilidad de la población, es importante analizar brevemente la otra cara de la moneda: el efecto de la actual situación de la PNC en los agentes que la componen, siendo una de sus manifestaciones más importantes el incremento de los asesinatos de los efectivos policiales. A simple vista no resulta obvia la relación entre el creciente número de asesinatos de miembros de la PNC y la dinámica por la que está atravesando la institución. Evidentemente, el riesgo de morir en el cumplimiento del deber es permanente para un policía. Lo que llama la atención es el aumento en el número de agentes que son asesinados fuera de turno, pues ello podría implicar que la institución está perdiendo paulatinamente la atención sobre la seguridad y protección de sus mismos agentes.

Es obvio que ahora como nunca la policía enfrenta una gran presión por parte de la población para que cumpla con su labor. Fruto de ello los horarios de trabajo se han ampliado y los permisos han sido drásticamente reducidos. Como se había advertido (ver Proceso, 812) estas medidas, además de que tendrían poco efecto en el combate contra la delincuencia, terminarían redundando en un agotamiento físico y psicológico de los agentes, lo cual iría en desmedro de su desempeño. Así, los agentes, extenuados por jornadas intensas, no estarían en la capacidad de evitar o salir bien librados de las posibles celadas tendidas por los delincuentes, los que en buena parte de los casos son habitantes de sus comunidades. La relación de estos dos factores, descuido personal y escasez de recursos institucionales —materiales e investigativos— para cubrir una necesidad que quizá está siendo soslayada, debe ser estudiada cuidadosamente por las máximas autoridades de la PNC.

Además de estos dos factores, puede estar siendo aliciente para que los delincuentes atenten contra la vida de los policías el que la PNC carezca de una política de solidaridad —públicamente conocida— ante el deceso de uno de sus efectivos. En otras ciudades del mundo con problemas delincuenciales de similar magnitud, se ha demostrado que el compromiso de los policías con perseguir hasta atrapar al individuo que ha asesinado a uno de los suyos y el aumento en la severidad de las penas a los mata-policías, han sido suficientes como para que los atentados mortales contra los primeros disminuyan drásticamente.

Hasta hace poco, los asesinatos de policías fuera de servicio habían afectado a elementos de bajo nivel jerárquico, pero el reciente homicidio de la subcomisionada Ana Inés Segovia muestra que posiblemente el crimen organizado está montando su respuesta a la lucha contra la delincuencia realizada por la PNC. Si los anteriores decesos se relacionaban con la delincuencia común, quizás con el asesinato de la subcomisionada se esté arribando a una nueva escala, en la cual el acto criminal se da en el marco de una paciente labor de seguimiento y vigilancia por parte de los delincuentes.

La PNC enfrenta una doble tarea para 1999: por un lado, poner en marcha los engranes necesarios para apuntalar su fortalecimiento interno —a nivel operativo y de recursos materiales— y, por otro, vigilar que en ello la salud y seguridad de sus miembros no resulte afectada. Lograr lo primero sin lo segundo implicará tener una policía débil y extremadamente vulnerable.

Independencia judicial 

En las últimas semanas, se ha vuelto frecuente escuchar entre los funcionarios gubernamentales el alegato sobre la Independencia de los Organos del Estado. Políticamente, se entiende como soberanía y autodeterminación. Desde el punto de vista de la función de cada Organo, implica no intromisión, so pena de que se desnaturalice su actividad. En la estructura orgánica del Estado ha sido entendida como no injerencia de un Organo en los demás.

Sin embargo, las manifestaciones extremas o desmesuradas a favor de la independencia han llevado a que algunos funcionarios la utilicen equívocamente, cuando en realidad justifican la plena liberalidad. Desde este laberinto de pasiones, la independencia se entiende como una no sujeción a control. En este sentido, analizaremos algunas situaciones jurídicas que, sin la perspicacia de defender una posición de pertenencia orgánica, han entrampado algunas decisiones y funciones del Estado.

Se ha querido ver la independencia desde lo que se conoce como razones intraorgánicas. En este aspecto, la independencia, se piensa, ha sido negada, por el hecho de que un superior manifiesta inconformidad con la solución de un subalterno.

El punto que con mayor claridad refleja dicha situación es la discusión sobre la independencia de los jueces hacia el interior del Organo judicial. La creencia que domina es que los funcionarios de alto rango no pueden controlarlos. Las Cámaras, vistas como juzgados superiores; la Corte Suprema de Justicia, vista como el Tribunal Supremo; la Sala de lo Constitucional, observada con reticencia en la superioridad de la estructura orgánica del Estado, son instituciones observadas negativamente, para lo cual se argumenta que se conflictúa la obediencia de los ciudadanos sujetos al Estado de Derecho y a la legalidad.

En este marco de ideas, nos parece que cabe distinguir que independencia no equivale a ausencia de control. Por ello existe una organización jerárquicamente estructurada al interior del Organo Judicial: la primera instancia, la segunda, y el tercer nivel de conocimiento. En cada nivel se da oportunidad para deslegitimar la decisión del antecesor. Nos da la impresión de que esta es la principal justificación que impide extremar la independencia. Ella no es absoluta, puesto que adoptar tal premisa destruiría la propia configuración orgánica de la estructura judicial. También debe admitirse que tampoco la estructura jerárquica debe radicalizarse, puesto que, por razones de ley, existe la posible intervención en el juzgador inferior.

Pasando al punto de los enfrentamientos que se dan entre cada Organo del Estado, debemos considerar que:

1. Los Organos Fundamentales del Estado no son superiores el uno del otro.

2. Que entre los mismos se da la independencia.

3. Que están sujetos al control de otros Organos del Estado.

4. Que el reconocimiento de la independencia de cada Organo y el hecho de poder ser controlado, crea la figura de los "frenos y contrapesos"; ello impide que el poder de cada Organo se vuelva absoluto e incontrolable y termine anulando el sistema político reconocido por la Constitución.

Un asunto que interesa en las interacciones orgánicas es el de la desobediencia de la Comisión formada en el seno de la Asamblea Legislativa, que ha decidido, según la información difundida en los periódicos de mayor circulación, continuar con la investigación de las actuaciones judiciales en las sentencias vinculadas a las decisiones jurisdiccionales de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Haciendo caso omiso al mandato de la sala de lo constitucional —que ordena la disolución de la Comisión legislativa por interferir ilegalmente en la independencia judicial—, la Comisión formada para investigar los fallos de la CSJ ha decidido continuar con su accionar.

Al tenor de las primeras impresiones, la Comisión no ha visto las implicaciones de no acatar los mandatos de la Sala de lo Constitucional. En este sentido, se enfrenta, defendida, según su entender, por la inviolabilidad parlamentaria, a una sentencia que ha fallado en contra de ella. La Asamblea juega con la paradoja. Si bien es cierto puede configurar el delito de desacato, es a ella a quien le correspondería el previo juzgamiento del antejuicio para procesar a los indicados en la violación penal.

Claro está que saldría de toda lógica que la Asamblea Legislativa juzgara a sus propios diputados, con quienes ha estado de acuerdo en formar la Comisión de Investigación. De nuevo, la paradoja del juzgador juzgado se vuelve a formular. ¿Cómo va a dar rienda suelta la propia Asamblea para formar antejuicio —como requisito previo para que ocurra el juzgamiento por el Juez competente— respecto de los diputados que han desobedecido una sentencia judicial del máximo tribunal de la República en materia de constitucionalidad? En esta ocasión no es de parte de la Sala de lo Constitucional, sino de la Asamblea Legislativa a quien corresponde formular el antejuicio correspondiente.

Por otra parte, adoptando un criterio mesurado de la independencia orgánica, la desobediencia de la Asamblea Legislativa ocurre de manera desproporcionada. Primero, en una situación en que hace peligrar sobremanera el Estado de Derecho. Podemos ver las actuaciones de la Asamblea Legislativa de la siguiente manera: legisladores que se apropian de sus competencias de manera absoluta; legisladores que creen estar sobre la Constitución y sobre las instituciones que la defienden; legisladores a quienes no les importan los ataques a la institucionalidad de un Organo fundamental; legisladores que, con tal de ganar votos en la campaña política, atacan indiscriminadamente y fuera de toda lógica a otros Organos del Estado; legisladores que ciegamente defienden la arbitrariedad y socavan las bases que representan el mantenimiento del Estado en que la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales deben predominar; legisladores que, sin ser técnicos en la justiciabilidad, tratan de ejercer funciones jurisdiccionales que no les corresponden; legisladores que creen en los dictados de la política, más que en la justicia que debe ser perseguida con el derecho.

Podríamos seguir con más consideraciones respecto del legislador; sin embargo, tan sólo téngase en cuenta de la multitud de situaciones que ocurren y frenan la independencia de los jueces. Para terminar, sólo queda preguntar al legislador si quiere ser legislador o ser juez, si quiere al mismo tiempo ser Asamblea Legislativa y Organo Judicial; si esto fuera así, la democracia y el sistema político estaría en peligro.

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Colaboración de Héctor Soriano, Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA

Evaluación del país a finales de 1998 

El 46.7 por ciento de los salvadoreños señala aspectos de índole económica como los principales problemas del país al finalizar 1998, según revela la última encuesta de opinión llevada a cabo por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con el objetivo de que los salvadoreños evaluaran la situación del país a finales de 1998, fue realizado entre el 12 y el 15 de diciembre de 1998, con una muestra nacional representativa de 1,239 adultos que habitan en las zonas urbanas y rurales de los catorce departamentos de la república. De acuerdo a los resultados de la pesquisa conducida por el IUDOP, la pobreza, el desempleo, la economía y la inflación son los problemas más graves que tiene el país en la actualidad. Sin embargo, a la par de estos problemas, más del 40 por ciento de los ciudadanos señaló a la delincuencia y/o la violencia como las problemáticas fundamentales del país. De hecho, la criminalidad violenta constituye el problema singular más frecuente en la opinión pública de fin de año.

La encuesta muestra que en general los ciudadanos siguen preocupándose por los mismos problemas que en el pasado. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el principal problema económico señalado no es la inflación sino la pobreza y el desempleo.

De hecho, el sondeo mostró que el 65.6 por ciento de los ciudadanos salvadoreños piensa que la pobreza aumentó durante 1998, en tanto que el 28 por ciento considera que la pobreza se ha mantenido igual y sólo el 6.3 por ciento sostuvo que el problema en cuestión ha disminuido.

Sin embargo, haciendo una evaluación general sobre el estado económico del país, el 51.7 por ciento considera que se mantuvo igual durante 1998, el 34.5 por ciento sostiene que la economía nacional empeoró y un 12.7 por ciento opina que la situación económica nacional mejoró en el año que recién termina. En términos de economía familiar, las opiniones son menos pesimistas: el 61.2 por ciento sostuvo que su situación económica particular se mantuvo igual durante 1998, mientras que el 24.4 por ciento manifestó que empeoró y un 14.4 por ciento dijo que había mejorado.

De acuerdo a la encuesta de la UCA, el 21.2 por ciento de los ciudadanos salvadoreños fue víctima de algún hecho delincuencial durante el año 1998. La opinión pública fue dominada por una percepción de aumento en los niveles de criminalidad: el 66 por ciento de los consultados afirmó que la criminalidad creció durante el año que recién finaliza en tanto que el resto —alrededor del 33 por ciento— sostuvo que la delincuencia siguió en los mismos niveles o disminuyó.

Preguntamos sobre la aplicación de los nuevos códigos penal y procesal penal: el 84.1 por ciento de los ciudadanos afirmó que los mismos no han ayudado a controlar el problema del crimen, en tanto que sólo el 13.2 por ciento sostuvo que sí han contribuido al combate de la delincuencia.

Con respecto a la PNC, un poco más de la mitad de los ciudadanos dijo sentir la misma confianza en la institución que en el pasado; mientras que el 24.9 por ciento dijo que durante el año su confianza en el cuerpo policial había disminuido y un 18.1 por ciento sostuvo que su confianza en la institución había aumentado.

La encuesta de la UCA pidió a los residentes del Area Metropolitana de San Salvador que dieran su opinión sobre algunas de las iniciativas que comenzó a desarrollar la alcaldía de San Salvador durante 1998.

Sobre el plan de reordenamiento del centro capitalino, la mayoría de residentes del gran San Salvador, el 88.6 por ciento, respaldó la iniciativa; mientras que sólo un 9.1 por ciento mostró una opinión desfavorable.

Sobre la propuesta de la nueva tarifa a las actividades del comercio industria y finanzas, los capitalinos que están enterados de la misma se mostraron divididos: el 51 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la nueva tarifa, en tanto que el 43 por ciento la apoyó.

La encuesta de evaluación de 1998 realizada en diciembre, dedicó un espacio a compulsar el curso de la opinión pública sobre las elecciones. En primer lugar, los datos muestran que no ha habido un cambio sustancial en las actitudes de los ciudadanos con respecto al evento electoral. El 37.6 por ciento de los salvadoreños sostiene que los comicios no contribuirán a resolver los problemas fundamentales del país, en tanto que un porcentaje similar piensa que sí lo harán. Por otra parte, el 26.5 por ciento de los consultados mostró incertidumbre sobre el tema y no supo dar una respuesta.

De hecho, cuando a los consultados se les preguntó si su partido político ha explicado en la campaña cómo va a resolver los problemas fundamentales del país, el 55.6 por ciento respondió que no, en tanto que el 26.5 por ciento dijo que sí y el resto se abstuvo de opinar.

Buena parte de los salvadoreños siguen dando muestras de no interesarse mucho por la campaña electoral, por lo menos hasta mediados de diciembre. El 62 por ciento de los consultados dijo tener poco o ningún interés en la campaña electoral; mientras que el 49.2 por ciento sostuvo que tiene poco o ningún interés por asistir a votar.

Pero el dato más revelador de la apatía de los ciudadanos respecto a las elecciones es la opinión del 75.1 por ciento que dijo que muchos de sus compatriotas se van a abstener de votar en el evento electoral, argumentando entre otras razones que la gente no confía en los partidos políticos, que los políticos no han hecho nada, que a la gente no le gusta votar y que ningún partido les llama la atención.

En el campo de las preferencias políticas, el IUDOP de la UCA pidió a los ciudadanos que nombraran a la persona que escogerían como presidente entre los candidatos postulados. Los resultados muestran que Francisco Flores del partido ARENA recibió el 41.4 por ciento de las respuestas, en tanto que Rubén Zamora del CDU se colocó con el 11.5 por ciento de las respuestas; Facundo Guardado fue nombrado por el 11.3 por ciento y Rodolfo Parker se quedó con el 3.1 por ciento de las preferencias; el resto de los candidatos sólo reunieron el 2 por ciento. Cerca del 30 por ciento no escogió a candidato alguno.

Por su parte, en lo que respecta a la intención de voto, los resultados mostraron a ARENA conservando el 33.8 por ciento de las preferencias, seguido del FMLN con un 13.8 por ciento. A cierta distancia y en un tercer lugar se situó el CDU con un 3.3 por ciento, mientras que el PDC obtuvo el 2.6 por ciento de las preferencias; el resto de partidos acumularon porcentajes menores. Sin embargo, alrededor del 45 por ciento de las personas no señalaron su intención de voto, ya sea porque no tienen partido, porque no saben por quién votar o porque no quisieron expresarlo.

La encuesta pidió a los ciudadanos que explicaran las razones por las cuales pensaban votar por el partido elegido. En el caso de ARENA, las dos razones esgrimidas con más frecuencia entre varias fueron: porque podría hacer algo por el pueblo (24.6 por ciento) y porque le gusta el candidato (21.2 por ciento). En el caso del FMLN, los argumentos más comunes fueron: por un cambio en el gobierno (36.3 por ciento) y porque podría hacer algo por el pueblo (27.5 por ciento). En el caso del CDU, la razón más citada fue "el candidato" (65.9 por ciento). En el resto de partidos prevalecían las razones de simpatía por el partido.

En resumen, la última encuesta realizada por el IUDOP en 1998 mostró que los salvadoreños no han dejado de preocuparse por sus problemas fundamentales como la delincuencia y la economía. En lo que se refiere a la economía, las inquietudes por el alto costo de la vida fueron sustituidas por las preocupaciones por el aumento de la pobreza y el desempleo. En el caso de la violencia delincuencial, prevaleció la convicción de que la magnitud de la problemática se ha incrementado a pesar de que las mismas encuestas muestras una disminución en la victimización de las personas con respecto a los años anteriores.

La encuesta de la UCA exploró muchos más aspectos de los que han sido presentados en este boletín. Sin embargo, la investigación sobre los temas político-electorales han merecido un espacio adicional en virtud del momento en que fue hecha la encuesta.

El sondeo reveló que el desarrollo de la campaña hasta mediados de diciembre no parece haber motivado la confianza y el interés de los ciudadanos por participar en las elecciones. Es más, los niveles de interés y confianza en los comicios no son más altos que los mostrados en la encuesta de octubre de 1998 y no hay indicios de que la gente que estaba indecisa en octubre se haya decidido a participar.

Lo que sí ha registrado la encuesta realizada en diciembre es un distanciamiento entre los dos partidos más grandes. Tal separación se debe más a una disminución notoria en las intenciones de voto por el FMLN que a un aumento de las preferencias por ARENA. Por otro lado, la encuesta ha consignado la aparición del candidato respaldado por el Centro Democrático Unido. Los resultados del sondeo sugieren que el aparente posicionamiento del CDU en el tercer lugar no se debe tanto al partido en sí mismo —que es aún muy poco conocido— sino al candidato, el cual estaría atrayendo ciertas simpatías desde la izquierda.

San Salvador, 11 de enero de 1999.

PDC. El Partido Demócrata Cristiano reveló, el 05.01, los ejes de su Plan de Gobierno, denominado "Esperanza 99". Aunque no se especificó la forma en que se realizará la propuesta, los candidatos de la fórmula presidencial, Rodolfo Parker y Donald Calderón Lam, mencionaron como parte de sus políticas la reactivación del agro, el apoyo a las mujeres y otros temas relacionados con la estructura vial. Según el PDC, las medidas serán orientadas al eje fundamental de la campaña: la felicidad de la familia. "No nos hemos limitado a conceptos, sino a realizaciones", añadió Parker. El plan de gobierno pedecista se sustenta en tres propuestas. La primera da prioridad a los derechos del niño sobre los de los adultos. Según dijeron, pretenden detener la delincuencia al frenar el abandono a la niñez. En segundo lugar, se pretende dar más apoyo gubernamental a las mujeres jefas de familia. "Desde hoy, vamos a empezar a poner donde le toca [a las mujeres], o sea delante de los hombres", expresó Parker. Finalmente, los pedecistas mencionaron un fortalecimiento de la familia, buscando soluciones a los problemas de incumbencia general. Los demócratas cristianos prometieron entregar un documento en las próximas semanas, donde se expondrán los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las promesas del Plan de Gobierno (DH 06. 01 p.10).

SOBORNOS. El diputado del PCN Dagoberto Marroquín aseguró, el 05,01, que "sectores interesados" ofrecen dinero a los diputados de la Asamblea Legislativa a cambio de votos en el pleno. Aclaró que no es el Gobierno el que ofrece dinero, como declaró Roberto Serrano de la USC el pasado diciembre, sino algunos sectores que se verían beneficiados o perjudicados por los decretos. Al día siguiente de estas declaraciones, otros diputados revelaron más intentos de soborno dentro de la Asamblea. Algunos de ellos aseguraron que, en 1995, una persona ofreció un millón de colones a cada uno de los 8 diputados del PRSC para que apoyaran la iniciativa del alza del IVA. Las distintas fracciones políticas coincidieron en que la solvencia moral de la institución legislativa se encuentra en tela de juicio. En este sentido, consideran que, de ser necesario, los diputados deben despojarse del fuero constitucional que les da inmunidad para dar paso a las investigaciones pertinentes. Los diputados han defendido a sus respectivos partidos, asegurando que están libres de culpa. La ex presidente de la Asamblea legislativa, Gloria Salguero Gross, aseguró que "el primer Órgano del Estado está limpio del mal de los sobornos". Según ella, son otras carteras de Estado las que padecen de este mal. Hasta el momento, los diputados expresan estar dispuestos a que se les investigue (LPG 06.01 p.6 y 07.01 p.4).

ASCENSOS. Ante los procedimientos utilizados por el Presidente de la República, Armando Calderón Sol, en la última evaluación de la Fuerza Armada, el PCN exigió a la Asamblea Legislativa, el 06.01, mediante una pieza de correspondencia, una investigación sobre los mismos. Dicho partido considera que se irrespetó la evaluación del Tribunal Seleccionador del Ejército al evitar el ascenso de dos militares; opinión que fue compartida por el FMLN. Manuel Melgar, del Frente, sostuvo que la obstrucción de los ascensos pone en peligro los Acuerdos de Paz. No obstante, un día después, el nuevo Ministro de Defensa, Juan Antonio Martínez, rechazó que se hayan violado las normativas militares que regulan los ascensos en la Fuerza Armada. Por su parte, el jefe de la bancada de ARENA, Walter Araujo, calificó de "chambres" los argumentos del PCN. El ex militar y arenero Sigifredo Ochoa Pérez acusó al PCN y al FMLN de querer involucrar a la Fuerza Armada en la contienda política, a la vez que afirmó que "estos oficiales tienen la oportunidad de ser ascendidos el próximo año". Esta situación de inconformidad ha sido calificada por muchos como una "crisis"; no obstante, Ochoa Pérez descartó categóricamente que se tratara de eso. Estas declaraciones fueron calificadas por José Almendáriz, del PCN, como un intento de congraciarse con ARENA (DH 07.01 p.12 y 08.01 p.4).

MILITARES. Una comisión de oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se reunió, el 09.01, con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES, Adolfo Blandón, para exponerle la crisis enfrentada por la institución ante las últimas decisiones del Presidente la República, Armando Calderón Sol. Blandón recomendó que los militares que se sintieran afectados recurrieran a instancias legales, en lugar de intentar un golpe de Estado. Según expresó el militar retirado, la decisión de Calderón Sol obedeció a factores emotivos, sentimentales o de amistad. Por su parte, ante la situación de descontento en la Asamblea Legislativa y la FAES, Calderón Sol argumentó que su intervención en el proceso de ascensos se vio facultada por la Constitución de la República, pues ésta lo capacita como Comandante de las Fuerzas Armadas. Asimismo, descartó que se trate de una "crisis", pero no descartó la posibilidad de investigar si hubo un intento de golpe de Estado o si existió dentro de la institución algún movimiento rebelde. No obstante, aseguró que la noticia sobre el supuesto intento de golpe de Estado "es totalmente falsa", se trata, según dijo, del "sensacionalismo de las noticias". El mandatario opina que son rumores, pues "no hay nombres de personas o de oficiales que habrían participado en el movimiento". Finalmente, solicitó a los políticos no instrumentalizar a la FAES (LPG 11.01 p.5).

SECUESTROS. El pasado diciembre fueron liberados, por un Tribunal de Instrucción, 15 sospechosos en el caso de los secuestros de Andrés Suster, Alberto Hill, Guillermo Sol Bang, Kerim Salume y Nelson Machuca. El 07.01, los abogados particulares, patrocinados por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), pidieron juicio contra 6 de estos 15 sospechosos. Según argumentaron los abogados, existen suficientes pruebas como para juzgarlos. Para los acusadores, hay delitos, como el del secuestro, que dada su complejidad es difícil que hayan sido cometidos por unas pocas personas. "Es difícil que una sola persona se encargue de la vigilancia de la víctima, de su aprehensión; posteriormente el traslado y tener el lugar adecuado para mantener al secuestrado", aseguró el abogado Juan Jerónimo Castillo, por lo que considera imprescindible la declaración de los acusados. "Tienen tanta culpabilidad el que custodia al plagiado, como el que lo alimenta, como el que se encarga de la captura, de acuerdo con la doctrina del derecho penal", agregó el abogado. Con respecto a no apelar en los 8 casos restantes, ANEP confirmó que no lo ameritaba, pues los elementos probatorios tenían algunas deficiencias que los obligan a no tomarlos en cuenta (DH 08.01 p.14 y LPG 08.01 p.6).

PDDH. El pasado diciembre fueron despedidos 11 empleados de la Procuraduría de Derechos Humanos. Tres de estos empleados fueron acusados, el 08.01, por el Procurador Eduardo Peñate de bloquear el sistema de información de la institución y de destruir y sustraer expedientes vigentes. Como evidencias, la Procuraduría presentó fotocopias rotas del caso Vilanova y un vídeo de uno de los acusados rompiéndolas. Peñate Polanco aseguró que estos tres empleados eran culpables del retraso en la resolución de más de 500 expedientes. "Los del departamento de informática bloquearon y dejaron arruinado el sistema para que no pudiéramos hacer otro tipo de verificaciones y para que no pudiéramos seguir trabajando en las resoluciones", aseguró el funcionario. Sin embargo, la Procuradora Adjunta de la Mujer, Aracely Zamora Rivas, negó todas las acusaciones hechas contra los ex empleados y señaló que en la Procuraduría "se está irrespetando la dignidad de los trabajadores". "Los procedimientos se han alterado, se han tomado decisiones arbitrarias como la suspención del contrato", continuó. Respecto a las pruebas presentadas por el Procurador, dijo que el caso Vilanova es público y explicó que mucha gente tiene fotocopias del mismo (LPG 09.01 p.4).

MOP. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) deberá pagar una indemnización de 8 millones de colones a la empresa Edificadora Salvadoreña (EDISAL), según detalla una resolución de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador. Dicho Tribunal condenó al MOP por haber realizado cambios en el diseño del proyecto de reconstrucción de 26 kilómetros del tramo de la carretera Comalapa-Zacatecoluca, el cual estaba a cargo de EDISAL. Esta empresa tuvo que recurrir a gastos que no se habían previsto, debido a dichas modificaciones, por lo que interpuso la demanda contra el MOP. El Ministerio respondió a la demanda recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. El Ministro de Obras Públicas, Roberto Bará, informó ante la Corte que intentó llegar a un acuerdo verbal con la empresa demandante, pero no lo logró. Dijo además estar en desacuerdo con el fallo de la Cámara de lo Civil, por lo que pretende poner un recurso de amparo ante la Corte Suprema. Asimismo, Bará reconoció los cambios efectuados en el proyecto; sin embargo, no acepta que haya habido algún error por parte de los profesionales que los hicieron. Añadió que en el desarrollo de los trabajos se detectaron algunas deficiencias en el suelo que requerían de un estudio más "serio y profundo" (LPG 10.01 p.5 y 11.01 p.4).

ENCUESTA. El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA anunció, el 12.01, los resultados de su más reciente encuesta sobre preferencias políticas, a nivel de candidatos. En ella se reveló que Rubén Zamora, candidato presidencial por el CDU, ha alcanzado el segundo lugar en las preferencias, dejando en tercer lugar a Facundo Guardado, del FMLN. La encuesta fue hecha entre el 12 y el 15 de diciembre y, según ésta, Francisco Flores, de ARENA, se mantiene en el primer lugar con 41.1% de las preferencias. Zamora, por su parte, aparece con el 11.5% y Guardado con el 11.3%. No obstante, a nivel de partidos, es el FMLN el que tiene el segundo lugar, con el 13.8% de preferencias; el CDU el tercero, con el 3.3%, y el primer lugar es para ARENA con el 33.8%. Las respuestas a estos resultados no se hicieron esperar. Al siguiente día, los diputados de la Asamblea Legislativa opinaron que la encuesta de la UCA fue manipulada por las preferencias políticas de quienes dirigieron la consulta. "Es una encuesta sesgada", dijo el diputado del FMLN Raúl Mijango, además de asegurar que los resultados no son congruentes con los sondeos. Asimismo, expresó que la UCA pretende potenciar otra opción de fórmula efemelenista. Por su parte, el diputado Julio Samayoa, del CDU, dijo que los resultados de la encuesta ya eran esperados por la coalición de su partido (LPG 12.01 p.12 y DH 13.01 p.6).

CNJ. Los diputados de la Asamblea Legislativa, según se confirmó el 11.01, se preparan para emitir un tercer decreto que permita a los consejeros (consejales) del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) permanecer en sus cargos unos tres meses más. Los abogados y jueces dijeron sentirse burlados por tal decisión y exigen un nuevo proceso de elección. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador envió una carta al presidente del congreso, Juan Duch, donde le reclaman la sustitución de los consejeros por una nueva terna, de las cinco que las gremiales ya habían propuesto al parlamento. Al parecer, la decisión de prórroga para los consejales es una violación a la Ley del CNJ, la cual demanda que dichos funcionarios no sean reelegidos por períodos consecutivos, pero los diputados ya lo han hecho en dos ocasiones y se aprestan a una tercera. Según informaron las gremiales de abogados, de prorrogarse por tercera vez el mandato de los miembros del Consejo, presentarán un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que los diputados están violando la Constitución de la República. "La Asamblea hace llamamientos constantes al cumplimiento de la Ley... y no se preocupa por vigilar sus propias actuaciones", expresó José Luis Lovo, del Círculo de Abogados Salvadoreños (DH 12.01 p.14 y 13.01 p.15).