Año 19

número 839

enero 20

1999

ISSN 0259-9864

Editorial Les falta altura

Política La campaña de ARENA, ¿algo diferente?

Economía Los Acuerdos de Paz, siete años después

Sociedad Las encuestas sobre el tapete

Regional Como vio Managua el paso del huracán "Mitch"

Derechos Humanos Errar es de humanos, pero...

Noticias

Les falta altura 

Los partidos políticos se comprometieron consigo mismos a desarrollar una campaña electoral de altura y hasta ahora han cumplido este compromiso bastante bien, exceptuando algunos incidentes, cada vez más frecuentes a medida que se aproxima la fecha de las elecciones, protagonizados por activistas de ARENA y del FMLN, quienes han terminado liados a golpes. Los partidos políticos han tomado tan en serio el compromiso de no insultarse que ni siquiera cuestionan o desafían los discursos de sus competidores. Cada uno anuncia sus promesas de gobierno desde su propia tribuna sin que nadie las ponga en duda. Los medios de comunicación se limitan a reproducir lo que los candidatos afirman. Pareciera que los políticos confunden el respeto con la discusión, como si no se pudiera discutir o rebatir lo que otro afirma guardando las formas. De esta manera, los políticos se han elevado tanto que han perdido el principio de la realidad del país.

Al coro se ha sumado El Diario de Hoy, periódico con pretensiones de objetividad y modernidad. Paradójicamente, no cubrió la conferencia de prensa ni recogió los datos de la encuesta, pero eso no le ha impedido dedicarse a atacar con saña y de manera solapada, tanto al instrumento de medición como a la universidad. Esta conducta periodística no es nueva en El Diario de Hoy, es la misma que utilizó en la década de los setenta y los ochenta para tratar los problemas nacionales y, en particular, a la UCA y a sus autoridades de aquel entonces, ahora mártires. Sin duda, la dirección de ese periódico también encuentra que sus expectativas electorales se están quedando cortas.

Si los resultados de las encuestas de la UCA obedecen a conspiraciones o están manipuladas o responden a las preferencias de sus autoridades, ¿por qué se molestan tanto los políticos? Si son tan irrelevantes para el desarrollo de la campaña electoral, ¿a qué viene tanta cólera? Si los políticos están tan preparados para asumir la Presidencia de la República, ¿por qué reaccionan con el insulto al cuestionamiento que les hace la opinión pública? En realidad, los partidos políticos saben perfectamente bien que en los resultados de la encuesta de la UCA hay más verdad que la que ellos están dispuestos a reconocer. Los que no están a la altura de las necesidades y las aspiraciones del pueblo salvadoreño son ellos y, por lo tanto, tampoco están a la altura del cargo al que aspiran.

La campaña de ARENA, ¿algo diferente? 

Si algo ha caracterizado a ARENA durante los diez años consecutivos en que se ha mantenido en el poder, además de su falta de voluntad para dar respuesta a los problemas más acuciantes del país, es la prepotencia con la que líderes y correligionarios conciben al partido. No parece haber arenero que no considere a su instituto político como el mejor, el más indicado para todo y el único capaz de conducir los destinos de El Salvador. En consecuencia, la gestación al interior del partido oficial de una mínima dosis de capacidad autocrítica ha sido imposible.

Sólo la derrota de la que fue objeto en las elecciones de 1997 hizo posible que ARENA cayera en la cuenta de la necesidad de reformular sus posturas y replantear su actitud frente a la opinión pública. Sin embargo, la lección de aquellos comicios no caló lo suficientemente hondo en las mentes de los lideres areneros. Si bien en aquel entonces reconocieron que ARENA necesitaba cambiar internamente, los únicos cambios que estuvieron dispuestos a llevar a cabo fueron la recomposición del Comité Ejecutivo Nacional (COENA) y la designación de Alfredo Cristiani en la presidencia del partido.

No se puede dejar de reconocer que el triunfo del FMLN en la contienda pasada fue asumido por ARENA con relativa humildad. Incluso algunas de las figuras más representativas del partido gobernante llegaron a mencionar en alguna ocasión la importancia de ser humildes. Pero hasta la fecha nada de eso se ha visto en ARENA; el cambio de actitud, que era lo que verdaderamente se esperaba después de tal acontecimiento, nunca se dio.

Muy equivocada se encontraba la dirigencia arenera si creía que modificar la institución de la que tanto se enorgullece significaba únicamente llenar de caras nuevas la cúpula, poner al cada vez más debilitado Cristiani al mando y designar a un candidato presidencial con apariencia de moderado. Nada de eso ha hecho que ARENA deje de ser lo que siempre ha sido: un partido interesado en gobernar para satisfacer los intereses económicos de quienes lo integran y dispuesto a todo con tal de cumplir con sus objetivos —por lo demás, en nada coincidentes con las necesidades de la nación.

Muestras palmarias de ello se han encontrado a la orden del día en la actual campaña electoral. En primer lugar, puede citarse el caso del trunco proyecto de alambrado eléctrico de la carretera a Comalapa. Al respecto, una investigación periodística realizada por El Diario de Hoy dejó claro que la suma que planeaba destinar el gobierno de Calderón Sol a iluminar la autopista hacia el aeropuerto era estrafalaria; de hecho, no correspondía con el costo real de la obra. No es difícil deducir hacia dónde se hubieran desviado los fondos restantes del proyecto, especialmente si se tiene en cuenta la habilidad que ha demostrado la administración arenera para usufructuar los recursos del Estado en beneficio de su partido.

En ese sentido, conviene recordar: primero, la millonaria campaña contra el FMLN financiada, debido a una orden directa del ejecutivo, por el Ministerio de Educación y llevada a cabo justo en el preelectoral año pasado; segundo, la incesante propaganda que, ante la mínima oportunidad, el actual Presidente de la República ha venido realizando de sí mismo —la instalación de un acueducto o la inauguración de un parque ameritan, de acuerdo al criterio de este gobierno, innumerables campos pagados en los diferentes medios de comunicación—; y, tercero, la burda manipulación política que hicieron Calderón Sol y su esposa de la entrega de los donativos internacionales para los damnificados a causa del "Mitch".

En segundo lugar, cabe mencionar la participación de los empleados del Centro Nacional de Registros (CNR), durante horas laborales, en el primer mitin de ARENA en San Salvador. El hecho no hubiera revestido mayor gravedad de no haber sido funcionarios públicos quienes, con el completo aval de sus superiores en el Ministerio de Justicia, se tomaron la tarde libre para participar en el evento proselitista. En recientes declaraciones al respecto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Félix Ulloa expresó que las leyes electorales contemplan incluso la cancelación de un partido si se comprueba que éste ha utilizado para su propaganda cualquier medio de difusión que esté bajo la administración del Estado.

Sin embargo, lo más probable es que la vergüenza que Francisco Flores, candidato presidencial de ARENA, manifestó sentir por lo ocurrido baste para que los magistrados del TSE decidan olvidar el asunto. Así lo hicieron con la demanda interpuesta por el FMLN en contra del partido oficial por estar utilizando en sus folletines la bandera del principal instituto político izquierdista. Como era de esperarse, el TSE falló a favor de ARENA en ese caso, declarando que el folleto no constituía propaganda y que, por tanto, no violaba la ley electoral. Como ya se vio claro en el proceso electoral del 97 —y en el respaldo incondicional que en los últimos años se le ha dado al PDC—, en el TSE todo tiende a inclinar la balanza a favor de ARENA.

En tercer y último lugar, no se puede dejar de señalar la renuencia que sistemáticamente ha mostrado "Paco" Flores a participar en debates con sus contendientes políticos. Lo más cuestionable de su negativa son los motivos con los cuales dicho candidato pretende justificarla: que todavía no ve claro cual es la segunda fuerza política del país, que ninguno de los demás partidos ha presentado aún su plataforma gubernamental, que él tiene que terminar de presentar la suya antes de aceptar debatir, que los debates son una pérdida de tiempo...

Después de tantos y tan dispares argumentos no es posible precisar cuáles son los verdaderos motivos de Flores para resistirse tan obstinadamente al debate. Lo que sí se logra ver con mucha nitidez es que la actitud del candidato arenero lo descubre como uno más entre el grupo de prepotentes que conducen a su partido. Antes de iniciarse la campaña, ARENA empezó a vender a Flores como el más conciliador y letrado de todos los candidatos posibles. Era de esperarse, pues, que en el transcurso de ella el ahora popular "Paquito" diera muestras de sus afamadas virtudes. Empero, para sorpresa de muchos, éste ha rechazado cualquier propuesta a debatir —incluso las provenientes de importantes universidades y asociaciones empresariales.

¿Cómo corroborar que Francisco Flores es tan afecto al diálogo y la concertación como aparenta, si no está dispuesto a intercambiar sus ideas con los demás candidatos? ¿Por qué se rehusa tan tajantemente a debatir si es cierto que posee el talante intelectual con el que se le reviste en la campaña arenera? ¿O será justamente en virtud de ese talante que se da el lujo de menospreciar a sus contrincantes y dar a entender que ninguno de ellos le da la talla? Son algunas de las preguntas que cabría hacerle a "Paco".

Así las cosas, difícil resultaría asegurar que ARENA ha efectuado hacia su interior modificaciones sustanciales. Valga repetir lo que se ha mencionado ya en oportunidades anteriores: el éxito actual del partido oficial en la contienda no se debe a que esa institución haya mejorado significativamente y ahora esté comprometida con la realidad del país; se debe, sin más, a la falta de adversarios políticos capaces de vencer la apatía ciudadana hacia la política y de presentarse como alternativas confiables frente a ella, por un lado, y a la monstruosa maquinaria publicitaria que ARENA ha construido a costa de las arcas nacionales, del respeto a la legalidad y del mínimo decoro frente a la población salvadoreña, por otro.

Los Acuerdos de Paz, siete años después 

Las temáticas económicas y sociales fueron uno de los componentes más importantes y esperanzadores del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el FMLN. Se consideraron en aquel entonces aspectos diversos que abarcaban diferentes temas como: la distribución de tierras, el alivio a las medidas de ajuste, la democratización del crédito, el foro de concertación económica y social, y el plan de reconstrucción nacional. A más de 7 años de haberse suscrito el Acuerdo de Paz, una revisión de su cumplimiento en materia económica y social refleja un severo déficit, a excepción del caso del plan de reconstrucción nacional.

Aunque de parte del gobierno y de la comunidad internacional se tomaron las medidas necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos sobre el tema agrario y el plan de reconstrucción nacional, se descuidaron temas relacionados con las políticas económica y social, inclusive que atañían al mismo sector agropecuario. Más aún, en el tema agrario todavía persisten importantes cuestionamientos sobre la posibilidad de que no hayan sido distribuidas todas las tierras excedentes de las 245 hectáreas que fueron establecidas como límite a la propiedad en los Acuerdos.

En el actual contexto de creciente reducción de las tasas de crecimiento y del aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto, profundización de la pobreza rural y de las privatizaciones, se vuelve oportuno retomar el tema de los Acuerdos de Paz en materia socioeconómica, pues éstos contemplan medidas que podrían mitigar los efectos de la contracción económica del agro y sentar las bases para un crecimiento robusto y sostenido de dicho sector, en el que se ubica el mayor número de pobres del país.

El tema agrario se abordó en el Acuerdo de Paz desde la perspectiva de la necesidad de redistribuir las tierras que excedieran las 245 hectáreas y las tierras estatales que no fueran reservas forestales entre los beneficiarios de la reforma agraria. Incluso el gobierno se comprometió también "a vigilar por que no se evada la aplicación del mandato constitucional, por parte de los propietarios de tierras rústicas excedentes".

En la práctica, el tema de la transferencia de tierras fue tortuoso y obligó a que las Naciones Unidas intervinieran con una propuesta que conciliara las divergencias entre el gobierno y el FMLN (Proceso, 519, 530, 536, 571, 583, 609). Esto no impidió, empero, que se registraran retrasos en los inventarios y en la transferencia de las tierras, y que en la actualidad persistan dudas razonables sobre la verdadera disposición del gobierno de transferir las propiedades excedentes .

Según un informe presentado recientemente a las Naciones Unidas por la organización internacional de derechos humanos FIAN, existe evidencia de que "el gobierno de El Salvador, por medio del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ha sido el mayor obstáculo para la implementación del primer párrafo del capítulo agrario de los Acuerdos de Paz". Este último atañe a la transferencia de tierras. De acuerdo a la misma fuente, "en numerosas ocasiones, el ISTA trató de frenar o impedir el proceso de investigación y adjudicación de tierras excedentarias" (La Prensa Gráfica, 18 de enero 1998, p.14).

Siempre en relación al tema agrario, los Acuerdos también contemplaban la asignación de créditos que satisficieran la demanda del "sector agropecuario en general, y en especial para la micro y pequeña empresa, la pequeña producción campesina, incluyendo las cooperativas del sector reformado y no reformado". Además, se contemplaba que el gobierno diseñara y ejecutara nuevos programas de asistencia técnica para el sector campesino. En la práctica, lo que se ha observado es precisamente todo lo contrario: el sector agropecuario se encuentra cada vez más marginado de la asignación del crédito y está creciendo a tasas claramente inferiores al promedio de todos los sectores (Proceso, 743, 757, 790, 805 y 822).

Las medidas para aliviar el "costo de los programas de ajuste estructural" consistían en medidas como: la adopción de una ley de protección al consumidor, la creación de una "Procuraduría General de Defensa del Consumidor", el fomento de la participación social en las propiedades a privatizar y la adopción de programas de compensación social para el alivio de la extrema pobreza.

Los aspectos legales e institucionales de la protección al consumidor han sido cumplidos casi en su totalidad, pues se cuenta con una Ley de Protección al Consumidor y, aunque aún no existe una procuraduría, si se dispone de la Dirección General de Protección al Consumidor. Lamentablemente, en la práctica, la protección al consumidor aún se encuentra muy lejos de ser una realidad, pues se siguen registrando las mismas anomalías históricas: manipulación de pesos y medidas, circulación de medicamentos nocivos para la salud, especulación de precios, deficiencia de información sobre el contenido de los productos, etc.

La participación social en las empresas privatizadas, por otra parte, no es significativa ni en el caso del sistema financiero ni en la distribución de energía eléctrica ni en las telecomunicaciones ni en el sistema de pensiones. A lo sumo, se ha permitido que los trabajadores de las antiguas distribuidoras estatales de energía eléctrica participen con un 20% de las acciones; en cambio, en el caso de la banca, incluso se desconoce si se respetó la asignación original del 20% para pequeños inversionistas, ya que, al nivel de la Asamblea Legislativa, se conocieron anomalías en el proceso de compra-venta de acciones. La compensación social tampoco ha sido practicada por el gobierno en la forma requerida, pues los presupuestos de las áreas de salud pública y educación han venido experimentado altibajos, lo cual no les permite pasar, en su conjunto, del 18% del total del presupuesto de la nación.

El foro de concertación económica y social es la muestra palmaria del fracaso de los acuerdos que buscaban alterar el curso de la política económica y social. Este fue inicialmente instalado sólo con la participación de representantes del gobierno y trabajadores, pues la empresa privada rehuyó incorporarse durante los primeros cuatro meses. En la realidad de este foro no surgió ningún acuerdo mínimo tendiente a concertar la formulación de las políticas públicas y fue finalmente desmantelado por condicionamientos impuestos por los representantes de la empresa privada y del gobierno (Proceso, 514, 530, 543, 558, 588, 621 y 628). Así, temas de mayor trascendencia, como el cumplimiento de los Acuerdos, quedaron casi completamente fuera de discusión.

Aspectos como la profundización de las privatizaciones, la crisis del sector agropecuario y el estancamiento del gasto social sugieren la necesidad de retomar los Acuerdos de Paz y exigir su cumplimiento por parte del gobierno, de quien depende, principalmente, la culminación de todos sus contenidos, al menos en lo que a políticas públicas se refiere. En este contexto, algunas tareas de importancia son la verificación y distribución de las propiedades excedentes de las 245 hectáreas, el diseño de programas crediticios y de asistencia técnica para el sector agropecuario en general, el fortalecimiento de las instituciones de protección al consumidor, la democratización de la propiedad de las empresas que aún restan por privatizar y el incremento del gasto social en salud, educación y programas de compensación social.

Las encuestas sobre el tapete 

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental en la investigación de aspectos que afectan a determinada sociedad. La UCA, a través del IUDOP, utiliza este tipo de instrumento para medir la opinión que la ciudadanía tiene acerca de la realidad nacional y de esta manera poder explicar y comprender, sobre bases sólidas, algunos fenómenos que acontecen en determinado momento.

En el caso del último sondeo, el IUDOP exploró diversos aspectos sucedidos en 1998 y dedicó un espacio para conocer las actitudes y opiniones de la población hacia la política y sus actores. El resultado de la encuesta refleja, por tanto, lo que la población piensa y siente no sólo acerca del ambiente político, sino también acerca de sucesos que afectaron de alguna forma su vida durante el año que finalizó.

Lo que el IUDOP persigue al desarrollar este tipo de actividades es no sólo darle la oportunidad a las personas de que expresen libremente sus opiniones, sino también promover el debate en la política salvadoreña. Los datos que se han obtenido con la encuesta, así como los de otras investigaciones realizadas anteriormente, nos demuestran que la ciudadanía está viendo y juzgando de manera mucho más crítica a la política y a sus actores de lo que éstos se ven a sí mismos.

En las disputas electorales las encuestas deben ser utilizadas como una herramienta para afinar estrategias y para que los políticos orienten su trabajo en base a las expectativas del pueblo. De esta forma se podrá garantizar una campaña con contenido, que esté dirigida a debatir los mayores problemas de la nación y la forma de solucionarlos. Lamentablemente esta no ha sido la norma en las reacciones de los políticos.

Los resultados del sondeo de la UCA deben servir como indicadores para que los políticos vean la necesidad de desarrollar una nueva forma de hacer política, en donde se le dé prioridad al debate público de las distintas propuestas. En este país se necesita que los problemas se estudien, se discutan racionalmente y que se llegue a acuerdos mínimos que los solucionen. El propósito del IUDOP es, por tanto, proporcionar herramientas para que la población salvadoreña y los políticos adopten el debate como la mejor forma de expresar sus ideas, creando espacios que se extiendan a todos los ámbitos del país y se genere la discusión como punto central para afrontar los problemas fundamentales que aquejan a la nación.

El debate como forma de presentar y validar ideas debe llegar a ser parte fundamental de la manera de hacer política en el país, no sólo durante las elecciones, sino también para dar a conocer las decisiones que se toman en las distintas instancias del Estado y para permitir que la población juzgue, sobre la base del conocimiento, si esas decisiones son las adecuadas. De esta forma se logrará añadir un toque de transparencia a los distintos procesos que se dan en la política nacional; transparencia necesaria para el desarrollo de la democracia.

Pero el debate debe ser utilizado como una forma de presentar soluciones que estén acordes a las expectativas de la mayoría y en este sentido es donde adquiere importancia el fenómeno de las encuestas, ya que con ellas se conoce cuál es la perspectiva de la población con respecto a los distintos problemas que la aquejan.

Un alto porcentaje de la población no está interesada en votar tal vez porque nadie puede asegurar que las cosas cambiarán para bien, pues los candidatos a la presidencia y vicepresidencia se han limitado a un pequeño discurso y no han profundizado en las raíces de los problemas ni en sus soluciones. Muestra de esto es el creciente desinterés de los ciudadanos en aspectos que tienen que ver con la política nacional. El hecho de que el 71.1% de la población opine que muchos salvadoreños se abstendrán de votar en las elecciones significa que la política y la misma campaña, tal y como se está manejando en estos momentos, han dejado de tener efectividad, si es que alguna vez la han tenido.

El sondeo del IUDOP demuestra el estado de ánimo de la población de cara a la campaña electoral, que ya lleva más de dos meses. Si se es un poco observador se verá que este ánimo va decayendo a medida que avanza la contienda política y que los personajes políticos se alejan cada vez más de la mayoría. Ante esta evidencia, éstos deberían plantearse cuál es la mejor manera de lograr un acercamiento con la población, para poder hacer un verdadero ejercicio que se acerque a la realidad de lo que la población necesita. Para lograr esto es necesario observar objetivamente los datos de la encuesta.

En el fondo, la opinión ciudadana plasmada en las encuestas es el producto del trabajo que los políticos han venido desarrollando. En este sentido, las personas que critican los sondeos de opinión deberían analizar los resultados de éstos de una manera racional, para encaminar su trabajo en función de lo que la población desea, y no simplemente atacar y desvirtuar una investigación, cuando ésta no les favorece.

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Colaboración de Leida Monterroza, analista del IUDOP

Como vio Managua el paso del huracán "Mitch" 

¿Cómo vive y percibe la gente en Managua la catástrofe que dejó el "Mitch"? ¿El gobierno y otros sectores han actuado en correspondencia con lo que exige un acontecimiento tan inesperado y tan grave? Para buscar respuesta a estas y a otras interrogantes relacionadas con la situación de emergencia y sus consecuencias, el Instituto de Encuestas y Sondeos de Opinión (IDESO), de la revista Envío de Nicaragua, entrevistó, los días 28 y 29 de noviembre, a ciudadanos y ciudadanas de Managua. Se eligió una muestra representativa de 950 personas de la población urbana de la capital. Managua representa el 41.8% de la población urbana del país y el 21% del total de la población nacional, tanto urbana como rural.

Una de las grandes polémicas en los primeros momentos de la tragedia tuvo que ver con la capacidad de previsión del gobierno. Una notable mayoría (76.4%) de los encuestados respondió que el gobierno no previno oportunamente a la población sobre el "Mitch" y sólo un 12.6% cree que sí hubo previsión. El mensaje es contundente: la ciudadanía considera que faltó previsión, cuidado, responsabilidad. El 19.7% de quienes creen que el gobierno no fue previsor son afines al partido de gobierno, el Liberal Constitucionalista (PLC). El 76% de quienes simpatizan con el FSLN también lo cree.

El Comité de Emergencia Nacional desarrolló, a lo largo de casi todo el mes de noviembre, variadas tareas: evacuación, distribución de alimentos, identificación de necesidades, atención a visitantes internacionales... Un 10.8% cataloga el trabajo del Comité como "muy bueno" y un 26% opina que fue "bueno". El 32% cree que la gestión fue "regular" y para el 19.2% fue "mala". Un 9.7% se reserva su opinión o no responde. Agrupando resultados, el 58% de los encuestados tiene una opinión favorable de la gestión del Comité Nacional de Emergencia.

Cruzando las opiniones favorables con la simpatía o no simpatía de los entrevistados con algún partido político, son los pobladores con simpatía hacia el partido de gobierno quienes tienen opiniones más favorables a la gestión del Comité (un 65%), mientras que una proporción minoritaria, pero significativa (22.7%), de simpatizantes del FSLN afirma que el trabajo del Comité fue "muy bueno" o "bueno".

¿Quiénes recibieron la ayuda que llegó? ¿Cómo se establecieron las prioridades? ¿Hubo una escala de prioridades? Algunos medios de comunicación informaron sobre formas de parcialización o sectarización de la ayuda; denunciando, además, que partidos, organizaciones y hasta grupos religiosos estarían aprovechando la oportunidad para multiplicar sus clientelas. Una buen segmento de los encuestados (40.5%) que conoce de la distribución, sobre todo a través de los medios, ya que la capital casi no fue afectada, afirmó que ha habido discriminación política a la hora de entregar la ayuda humanitaria. Y un número significativo (31.4%) afirma que ha sido equitativa "en todos los lugares". El 20% afirma que hay un poco de todo: unas experiencias con distribución equitativa y otras con distribución sectarizada. Responden con mayor inclinación a afirmar que no ha sido equitativa quienes no simpatizan con ningún partido político (44.8% lo cree así). Una cifra algo menor (38%) de quienes simpatizan con algún partido también lo cree así.

Entrando en el terreno de las simpatías concretas, las diferencias son aún más claras. El 84% de los entrevistados que opina que la distribución no ha sido equitativa son simpatizantes del FSLN y solo el 11.1% de los que opinan de forma similar simpatizan con el PLC en el gobierno. Un 57.2% de los simpatizantes del partido de gobierno afirma que la distribución de la ayuda ha sido equitativa en todas partes. En el caso de los simpatizantes del FSLN, una minoría significativa (38.7%) afirma que la distribución ha sido equitativa

Por otra parte, el 42.5% de los encuestados cree que la ayuda está siendo distribuida de manera equitativa, sin importar los credos religiosos. Pero una minoría significativa (32%) afirma lo contrario. Un 17.7% se ubica en una posición intermedia, reconociendo que hay casos de discriminación y casos donde prima la equidad. La opinión positiva o negativa acerca de los prejuicios religiosos en la distribución de la ayuda humanitaria está relacionada de forma bastante clara con el credo de los encuestados. Un 54% de los católicos afirma que no ha habido discriminación en la distribución de la ayuda. Esta opinión es compartida sólo por un 15.9% de los evangélicos y por el 15.3% de los que dicen tener otras religiones, representando la opinión de ambos grupos el 31.2%.

Es probable que la presencia de los obispos católicos al frente de los Comités de Emergencia Departamentales —por decisión del Presidente de la República, que justificó la medida afirmando que la Iglesia católica tiene "dos mil años de experiencia"— haya contribuido a las percepciones que detectamos. Un 45.2% de los no creyentes opinó que existe discriminación por motivos religiosos en la distribución de la ayuda.

Por otra parte, el Ejército Nacional participó activamente en las operaciones de rescate de la población damnificada y en la distribución de la ayuda en zonas inaccesibles. Un 62.5% de los entrevistados respondió que su actuación fue "muy buena" y un 26.1% que fue "buena". Sólo un 7.7% afirma que el desempeño de la institución castrense fue "regular" y apenas el 1.2% cataloga su acción como "mala". Agrupando las opiniones favorables, resulta una opinión positiva masiva: 88.6%. Bajo la calificación de "muy buena", un 66.3% son simpatizantes del FSLN y un 29.8% lo son del liberalismo. Entre quienes respondieron con el adjetivo "buena" y tienen simpatía por algún partido, el 26.2% son simpatizantes sandinistas y un 32.3% lo son del PLC. Entre quienes dicen que el desempeño fue "regular", un 4.4% simpatiza con el FSLN y un 12% con los liberales.

Un punto muy sensible relacionado con la llegada, manejo y distribución de la ayuda humanitaria fue el de los canales por los que ésta circuló. ¿Quién era la contra parte más idónea?, ¿Había capacidad en el gobierno para distribuir tanta ayuda? Aproximadamente la mitad de la ayuda humanitaria llegó en los primeros momentos y ha seguido llegando a través de ONGs nacionales. ¿Qué piensa la gente de esto? El 76.3% de los encuestados, una clara mayoría, dice estar de acuerdo con que los donantes hayan preferido entregar la ayuda a organismos no gubernamentales en vez de al gobierno, mientras que sólo un 17.5% manifiesta desacuerdo. Entre los que respaldan lo primero, el 72.7% son simpatizantes del FSLN y el 22.4% simpatizan con el partido de gobierno.

Es curiosa esta minoría significativa de los simpatizantes liberales que apoya esa política. Sugiere la hipótesis de que existe entre ellos un reconocimiento al papel positivo de los ONGs. También es probable que en estas respuestas los pobladores expresen el reconocimiento a las limitaciones que tiene el gobierno para manejar un caudal tan grande de ayuda como el que está llegando al país.

Otro tema sensible ha sido la pregunta por la honestidad y transparencia en el manejo de la ayuda internacional llegada al país. Para la comunidad internacional, se trata de un aspecto trascendental. Después de lo ocurrido con los volúmenes de ayuda recibida y mal empleada cuando ocurrió el terremoto de 1972, Nicaragua tiene un antecedente negativo ante los ojos de la comunidad internacional. Familiares, amigos, funcionarios de gobiernos extranjeros y de ONGs internacionales y todos los que se han involucrado en la recogida de ayuda para Nicaragua han manifestado, de una u otra forma, su inquietud porque ésta llegue a "los que la necesitan de verdad y no se quede en el camino". Dentro de Nicaragua, el tema también preocupa. Un 39.1% de los entrevistados opinó que son las ONGs quienes manejan la ayuda con mayor transparencia y un 24.7% opinó que son los obispos católicos quienes así lo hacen. Sólo el 15% afirmó que es el gobierno el más transparente en esta tarea.

Tomando como referencia el nivel de escolaridad de los encuestados, la población analfabeta se inclina relativamente a favor del gobierno (31.8%), aunque también participa en la opinión favorable hacia los ONGs (29.5%) y hacia los obispos (13.6%). A medida que los niveles de escolaridad suben, mayor es la proporción de opiniones que pone a las ONGs en un primer lugar de honestidad y a los obispos católicos en segundo lugar.

Entre los simpatizantes del PLC, un 10.8% cree que las ONGs manejan la ayuda con mayor transparencia. En este grupo, el 61.6% opina que el gobierno es el más transparente en el manejo de la ayuda. El 37.5% le reconoce esta garantía a los obispos católicos. Los simpatizantes con el FSLN se inclinan en mayor proporción (83.2%) a otorgar la mayor credibilidad a las ONGs. Tomando como referente el credo religioso de los entrevistados, entre los católicos hay un apoyo significativo que coloca en primer lugar a las ONGs (36.8%), poniendo a continuación a los obispos (31%). La opinión favorable hacia los obispos la componen un 73% de católicos y un 19% de evangélicos.

Con la condonación de una parte significativa de la deuda externa de Nicaragua, se podría abrir un escenario con nuevas posibilidades económicas. Otro escenario sería que los recursos liberados no se inviertan ni en beneficios sociales ni en desarrollo económico. La mayoría de los entrevistados (58.7%) manifestó creer que si la deuda es perdonada el gobierno no va a reinvertir todo ese dinero en obras de progreso económico y beneficio social. Una minoría (26.1%) cree que el gobierno hará este tipo de inversiones, aprovechando el perdón de la deuda. Los simpatizantes del FSLN opinan "no" en un 82.6%. Una minoría de ellos (14.7%) cree que el gobierno sí va a hacer obras de progreso con esos recursos. Entre los simpatizantes del partido de gobierno, un 63% cree que el gobierno reinvertirá en beneficio del pueblo esos fondos y un 12.6% no lo cree. Los simpatizantes del PLC tuvieron un importante margen (38.7%) de "no sabe, no responde" ante esta pregunta.

El huracán "Mitch" ha puesto al descubierto un nuevo rostro de la vulnerabilidad de nuestro país. Las respuestas, medidas y disposiciones que cada institución estatal u organismo de la sociedad civil tomó en los primeros momentos o seguirá tomando para contribuir a superar la crisis contribuye a mejorar o a empeorar su imagen ante la sociedad. Algunas instituciones han ganado reconocimiento y otras han profundizado su desgaste.

El gobierno ha mostrado limitadas capacidades para responder a situaciones de emergencia y a desastres como el que vivimos. No tiene capacidad para centralizar con eficacia las decisiones o para convertirse en un canal único, pero activo y ágil, de los recursos de ayuda a los afectados. Pero el "Mitch" puso al descubierto que existen otros sectores con capacidad para enfrentar con mayor éxito situaciones de este tipo, sectores que gozan de credibilidad y se han ganado una imagen de honestidad y transparencia ante la opinión pública, entre ellos destacan el Ejército Nacional y las ONGs.

El público de Managua —como el del resto de Nicaragua— reclama compromiso, responsabilidad, transparencia y honestidad. Lo que no se logró durante el "Mitch" debe ser logrado, al menos, en la ardua y de seguro prolongada reconstrucción del país.

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Colaboración Equipo "Envío", Nicaragua

Errar es de humanos, pero... 

Más de seis meses pasaron ya desde que la Asamblea Legislativa nombró, de forma ilegal a todas luces, a Eduardo Peñate Polanco como procurador para la defensa de los derechos humanos. Durante tan corto período este señor, lejos de proteger y velar por la defensa de la dignidad humana y garantizar el fortalecimiento de la institución, ha incurrido en una serie de cuestionables actos que van desde los despidos sin justificación hasta el incumplimiento de su mandato constitucional. Por eso, el martes 19 de enero un numeroso grupo de organizaciones sociales y personas a título individual presentaron una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Mediante ella se solicitó una investigación exhaustiva de estas anomalías para proceder a la destitución de Peñate Polanco como procurador de derechos humanos.

Esta petición de la sociedad organizada está sustentada en los incisos cuarto y quinto del artículo nueve de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Dichos apartados establecen el cese del cargo de procurador por el incumplimiento manifiesto de sus obligaciones constitucionales y legales, así como por negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

Y es que la actividad de la Procuraduría se basa fundamentalmente en emitir resoluciones y recomendaciones para los funcionarios responsables de violar los derechos humanos, sobre la base de su fuerza moral. En este sentido, la realidad ha demostrado que Peñate Polanco no está cumpliendo con su mandato constitucional. Los datos son reveladores en ese sentido.

La situación se agrava aún más, pues con todo lo sucedido alrededor de la PDDH —desde el ilegal nombramiento de Peñate Polanco a la fecha— se está acelerando la pérdida de confianza y credibilidad ciudadana en la institución. Prueba de ello es el sensible decrecimiento de las denuncias de presuntas violaciones recibidas en la sede central de la Procuraduría.

Al principio, casi todos las y los políticos metidos a diputados grupos políticos —incluidos los ex guerrilleros— dijeron que no existían argumentos contra Peñate Polanco para impedir su nombramiento como procurador. Sin embargo, a seis meses de la desatinada gestión del mismo, se ha demostrado algo muy claro: no está apto para ejercer este cargo. Es lamentable observar que a siete años de la firma de los acuerdos de paz, la PDDH —lejos de fortalecerse y crecer institucionalmente— se está deteriorando de manera acelerada con la presente administración y se está generando entre la gente, con ello, un mayor sentimiento de impotencia y desinterés.

Con esta pieza de correspondencia se están brindando elementos que revelan claramente la incapacidad de Peñate Polanco para ocupar el despacho de procurador. Si la Asamblea Legislativa no rectifica su error, estaría contribuyendo aún más a la pérdida de un pilar fundamental para la construcción de un Estado democrático de Derecho en nuestro país. A continuación, se ofrecen algunos de los elementos más importantes contenidos en esta iniciativa ciudadana.

Los abajo firmantes, en nuestra calidad de ciudadanos, ciudadanas, y Organizaciones de la sociedad civil, preocupados por el rumbo que a partir del 2 de julio de 1998 ha tomado la PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (en adelante "la Procuraduría") institución que tiene por mandato velar por el respeto a los Derechos Humanos de los habitantes de nuestro territorio nacional; en vista del creciente deterioro institucional ocasionado a partir de la gestión del actual Procurador, Lic. Eduardo Antonio Peñate Polanco, cuyo deficiente desempeño impide la consecución de los nobles fines que la Constitución de la República atribuye a la institución; EXPONEMOS AL HONORABLE PLENO LEGISLATIVO LO SIGUIENTE:

La figura del Ombudsman o Procurador como una alta magistratura garante de los derechos humanos, es el resultado de una evolución constitucional sin precedentes para El Salvador.

La teoría clásica de que, en el Estado de Derecho, la garantía del respeto a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos residía únicamente en el principio de la división de Poderes, contrastó con dolorosas realidades en toda América Latina sin ser nuestro país la excepción. La división de poderes muy fácilmente se convirtió en una formalidad de los gobiernos, donde ostentaban su real poder la injusticia, la socavación de la independencia, la corrupción y la conducción de la administración en desapego a la legalidad. La actividad del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en la evolución constitucional, representa así un correctivo y una oportunidad histórica para superar esos graves males.

El Procurador posee como mandato principal el vigilar la actuación de los funcionarios o agentes del Estado, de cara a la protección de los derechos de los ciudadanos; en ese sentido, es una figura trascendental para el cumplimiento de la finalidad última de la administración estatal, que es la persona humana.

El adecuado desempeño del cargo de Procurador es manifestación de la integración social y nacional a que aspira nuestra Carta Magna y expresión directa de la limitación al ejercicio abusivo del poder. El desempeño negligente o evasivo es, por el contrario, afectación del proceso democrático, por cuanto supone la desprotección de la población en orden a la conservación y defensa de sus derechos fundamentales.

La naturaleza jurídica que define la figura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos encuentra su cimiento en la autoridad moral del Procurador, expresada en la fuerza de su razonamiento jurídico y en la naturaleza justa que emana de su juicio de conciencia. El carácter no jurisdiccional de la protección que brinda un Procurador no conlleva efectos jurídicos vinculantes ni punitivos, pues la misma es estrictamente recomendatoria, orientadora y preventiva.

Actualmente, el incumplimiento de funciones, la negligencia grave, la incapacidad técnica, el deterioro de la credibilidad, los actos arbitrarios y los procedimientos administrativos oscuros e irregulares, son manifestaciones cotidianas que rodean la actuación del Lic. Peñate Polanco en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta grave situación no es ya un secreto para los salvadoreños; los problemas del deterioro institucional trascienden constantemente a la opinión pública, y del ámbito nacional al internacional. Las consecuencias que esta situación acarrea al funcionamiento democrático del Estado. En razón de ello, es sobre la fuerza de su autoridad moral que el Procurador obtiene capacidad para exigir el cese de violaciones a derechos humanos, prevenir las mismas o promover el resarcimiento del daño causado a las víctimas; sobre la fuerza de su autoridad moral, también, el Procurador desarrolla una Magistratura de credibilidad hacia la población y de persuasión hacia el estado. La objetividad, imparcialidad y apoliticidad de sus actos deben regir durante el desempeño de su cargo.

El articulo 9, numerales 4º y 5 º de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, establece que el Procurador electo cesará en su cargo por incumplimiento manifiesto de sus obligaciones constitucionales y legales, así como por negligencia grave en el desempeño de sus funciones.

En razón de ello, acudimos a la instancia legislativa que tuvo bajo su responsabilidad la elaboración del dictamen que dio como resultado final la elección por el Pleno Legislativo del Lic. Peñate Polanco como Procurador de los Derechos Humanos a fin de que se corrija esta grave afectación de la constitucionalidad.

La Constitución y la Ley de la Procuraduría permiten definir un sistema de tutela o protección a los derechos humanos, él mismo se encuentra reglamentado. La relación sobre el incumplimiento de funciones y negligencia en el cargo para el cual eligió el Pleno legislativo al Lic. Eduardo Antonio Peñate Polanco que hoy les presentamos partirá de la exposición de su irrespeto a las disposiciones, fueren constitucionales, legales o reglamentarias que conforman el sistema de protección.

El sistema organiza las amplias facultades que posee el Procurador para recibir información (denuncias), investigar y resolver sobre lo investigado. La secuencia de tramitación de una denuncia debe necesariamente concluir en una resolución, mediante la cual el Procurador, en caso de existir responsabilidad, promueve el cese de la violación, interpone los recursos judiciales o administrativos pertinentes, ejerce su facultad recomendatoria para erradicar las causas de la violación, solicita la aplicación del debido proceso, la indemnización a la víctima y adopta cualquier medida que estime conveniente para la garantía de los derechos humanos en general (Art. 30 Ley de la Procuraduría). Siendo la naturaleza de su protección estrictamente recomendatoria, la resolución constituirá para el Procurador la expresión fundamental del cumplimiento de su mandato.

Según la naturaleza del hecho violatorio, el proceso de conocer y resolver se efectuará mediante diferentes mecanismos de protección: la investigación no jurisdiccional, la verificación y observación preventiva, la activación de la justicia constitucional y administrativa y el servicio de orientación y asistencia (Art. 10 Reglamento de Procedimientos).

San Salvador, a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve.

MINISTERIOS. Los diputados de la Comisión de Hacienda se reunieron, el 14.01, con el Vicepresidente de la República, Enrique Borgo Bustamante, para discutir el presupuesto de 391 millones de colones destinado al Ministerio de la Presidencia. Borgo Bustamante asegura que este saldo es la cantidad mínima con la que se puede funcionar adecuadamente este año, "porque aquí se da el caso de que las chivas no alcanzan para cubrir los pies y la cabeza, o uno u otro". Por su parte, el FMLN se opone al monto de dicho presupuesto, pues considera que instancias como el Organismo de Inteligencia de Estado (OIE) no deberían tener el mismo grado de apoyo que el de las instituciones de índole social. Gerson Martínez, de ese partido, opinó que se requiere de una redistribución presupuestaria, pues, según él, se necesita un apoyo financiero más grande para organizaciones como el Instituto de Protección al Menor. No obstante, el Vicepresidente insistió en que no se debe recortar nada de la partida asignada. Asimismo, los diputados discutieron ese día la posibilidad de recortar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de 311 millones de colones a 300 millones aproximadamente. Dicha propuesta no es compartida por el FMLN. "El sector agrícola merece mayor atención, ya que ha permanecido relegado en los últimos años y merece ser apoyado", argumentó Martínez (LPG 15.01 p.10).

CNJ. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, pidió, el 17.01, a los diputados de la Comisión de Legislación, agilizar las reformar a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), porque, según él, "hay malestar entre los abogados". La nueva Ley se encuentra detenida en la Comisión de Legislación de la Asamblea, mientras el Consejo está integrado por personas cuyo mandato original expiró tres meses atrás. "Me imagino que deben tener un cúmulo enorme de trabajo [los diputados], pero creo que debemos pedirles que le den a ese proyecto la prioridad que merece, porque es urgente para el país renovar el Consejo", expresó Tenorio. El 18.01, la Comisión de Legislación reaccionó a esta petición con la primera de cinco reuniones que se efectuarán para considerar las enmiendas de la Ley. Los diputados acordaron, en principio, que el Consejo de la Judicatura ya no se limitará a recomendar sanciones o destituciones de jueces a la Corte Suprema de Justicia, sus fallos serán ahora "vinculantes". El argumento para impulsar las enmiendas es la "independencia de los evaluadores respecto a la cúpula de Órgano Judicial". Asimismo, la Comisión de Legislación redujo de 11 a 7 el número de consejales, endureciendo a la vez los requisitos para quienes integren el CNJ (LPG 18.01 p.6 y 19.01 p.4).