Año 19
número 841
febrero 3
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Debilidad ante la banca
Política El regreso de "El Maneque" a ARENA
Economía La banca de nuevo en cuestión: el caso CREDISA
Sociedad Armas para la violencia
Derechos Humanos Respondiendo a las deportaciones...
Debilidad ante la banca
Hace tan sólo unas semanas, el Presidente Calderón Sol se mostró al país como el Comandante General de la Fuerza Armada con una determinación pocas veces vista, pero no hace el mismo alarde de firmeza ante la banca. El Presidente Calderón Sol se mostró fuerte ante el ejército, pero es débil ante el gran capital. No lo trata con la misma dureza con la que trata a otros sectores nacionales e, incluso, no le exige cumplir con la ley de la misma manera, cosa a la cual está obligado como funcionario público.
Las dificultades financieras de CREDISA no eran cosa nueva para los entendidos, pues eran conocidas desde hacía ya algunos años. No hace mucho, la Superintendencia del Sistema Financiero descubrió que dicho banco había efectuado operaciones indebidas e impuso una multa millonaria a sus directivos; pero éstos presionaron de tal manera que el superintendente de entonces abandonó el cargo y la multa fue anulada. Si en ese entonces, el gobierno de Calderón Sol hubiese respaldado la actuación del superintendente y la multa hubiese sido mantenida, quizá la historia del banco hubiese sido diferente.
Más recientemente, el mandatario, informado de las actividades ilegales de FINSEPRO e INSEPRO, recibió en su despacho a su propietario y le advirtió que tenía un mes para poner en orden sus asuntos. También en este caso la Superintendencia del Sistema Financiero, por órdenes superiores, pospuso su intervención y no detuvo las operaciones de las dos financieras antes de que las pérdidas fueran irrecuperables. Calderón Sol justificó su actuación afirmando que como Presidente de la República podía reunirse con quien le viniese en gana. Es el mismo argumento autoritario que utilizó frente a la Fuerza Armada.
Desde hace algún tiempo era ya conocido que los balances de CREDISA no reflejaban su realidad financiera, no obstante estar auditados y haber sido aprobados por la misma Superintendencia del Sistema Financiero. Pero esta práctica no es exclusiva de este banco. Es voz común que, por lo general, los balances de los bancos, publicados religiosamente en los periódicos, no suelen reflejar su estado financiero real sin que el superintendente intervenga. En la Superintendencia de Pensiones está sucediendo algo similar. Los informes financieros de las administradoras de los fondos de pensiones son "ajustados" de común acuerdo con la dirección de dicha superintendencia. Al parecer, esta instancia no supervisa, sino que colabora estrechamente con sus supervisados.
El papel de la Superintendencia del Sistema Financiero y del Banco Central de Reserva está cuestionado. En 1994, este último contrató a una empresa de consultores chilenos para elaborar un informe destinado a los inversionistas de CREDISA. En él se aseguraba que la institución había sido saneada, lo cual resultó ser falso. Cuatro años después, se contrató a la misma empresa para analizar el estado financiero de CREDISA, pero en esta oportunidad su informe sirvió para respaldar la decisión de quienes querían liquidarla. Sus balances de los últimos cuatro años fueron revisados y aprobados por la Superintendencia del Sistema Financiero, la cual no encontró ninguna irregularidad hasta finales de 1997, cuando advirtió la existencia de "importantes riesgos crediticios y de administración". Existen, además, dudas razonables sobre los criterios utilizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para exigir reservas de saneamiento a CREDISA. Algunos consideran que esta medida fue más severa que la aplicada a otros bancos en situaciones similares. De hecho, su aplicación fue una de las causas de la insolvencia que precipitó la transferencia de los activos y pasivos a otros bancos.
En pocas palabras, la Superintendencia del Sistema Financiero habría abusado de sus facultades discrecionales. Pero, al parecer, no las usa de la misma manera con todos los bancos. No es difícil adivinar que es más severa e inflexible con los bancos pequeños que con los grandes. Es probable que alegue que éstos son más sólidos que aquéllos y, por lo tanto, más confiables como para adoptar una actitud más condescendiente. Tampoco se necesita mucha imaginación para caer en la cuenta de que los bancos grandes están buscando la desaparición de los pequeños. El doble rasero de la Superintendencia del Sistema Financiero resulta así un medio adecuado para conseguir estos propósitos sin interferencia y con apariencia de legalidad. La debilidad del gobierno ante el gran capital es contraria a su discurso sobre la libertad de mercado y la competencia, y significa impunidad.
En la práctica, no se deducen responsabilidades. Los fraudes y las bancarrotas parecen ocurrir por una fatalidad inevitable y, por lo tanto, los responsables desaparecen como por arte de magia. CREDISA otorgó préstamos relacionados sin garantías reales y más allá de lo permitido, perdonó intereses, administró sus créditos de forma inadecuada y muy arriesgada, prestó a corto plazo para pagar deudas de largo plazo, administró mal, prestó a sus empleados para adquirir acciones, etc. Muchas de estas operaciones eran conocidas, pero ninguna de las instancias encargadas de supervisarlas parece haberlas advertido. El año pasado, una valiente mujer avisó que CREDISA enfrentaba dificultades financieras graves y fue llevada ante los tribunales por difamación. Ahora es evidente que otros son los que debieran ir a los tribunales por defraudación de la economía pública.
Esta nueva quiebra viene a confirmar lo ya sabido: los bancos salvadoreños no son confiables. El fraude y la mala administración han dejado ya cuatro quiebras sucesivas y hay otra en camino, según asegura la voz común. A diferencia de las primeras quiebras, en el caso de CREDISA al menos los depósitos fueron salvados, no así la inversión de los accionistas. Pese a que los banqueros sostienen que la confianza es la base de su negocio, sus prácticas no se esfuerzan por generarla. Al contrario, la banca es percibida cada vez más como un negocio que se caracteriza por una ambición desmedida y unos métodos despiadados. Sin embargo, no hay alternativa y hay que tratar con ella, sabiendo que, en cualquier momento, el usuario se puede llevar la sorpresa de su vida. El gobierno, que debiera velar por una honradez mínima y el apego a la ley, es muy débil ante el inmenso poder de la banca.
A finales de 1996, una fuga masiva de miembros aquejaba a ARENA, contribuyendo ello a profundizar la crisis por la cual atravesaba el partido oficial en aquel entonces. "Los Maneques" se llamó al grupo de disidentes que poco después entraría a engrosar las filas de otro instituto político de derecha: el PCN. Malos augurios para ARENA parecía provocar tal coyuntura. Se pensó que al fin, después de largos años de prepotencia y hegemonía, llegaba el turno al partido en el gobierno de agachar la cabeza y reconocer que el poder no le estaba dado de una vez y para siempre, como un designio divino.
Ahora, tras dos años de aquellos acontecimientos, los inconformes retornan al redil arenero y el partido oficial resurge con nuevos bríos. ¿Qué tanto afectó a ARENA la maniobra de "Los Maneques"? Pues bien, hay que recordar que fue en parte gracias a la llegada de ese grupo de disidentes que el PCN logró, en las elecciones de 1997, aumentar significativamente su número de curules en la Asamblea Legislativa y la cantidad de municipios que administraba. Esto quiere decir que, al salir del partido oficial, "Los Maneques" no se llevaron consigo sólo su inconformidad, sino, además, un caudal considerable de votos —votos que evidentemente le hicieron falta a ARENA en aquellos comicios.
Así pues, el quiebre de la hegemonía arenera no se debió únicamente al triunfo de su principal rival, el FMLN —que fue sin duda el más decisivo—, sino también, y esto no hay que soslayarlo, a la adquisición de mayores cuotas de poder por parte del renovado PCN. No se equivoca del todo Antonio Cornejo Arango, líder de "Los Maneques" y fundador de ARENA, cuando al ser interrogado sobre si cree que ARENA aprendió la lección que él y los suyos le dieron al partido, responde que sí. Está claro que la dirigencia arenera no decidió efectuar ciertas modificaciones al interior del partido (ver Proceso, 839) solamente en virtud de lo que Cornejo Arango y quienes se fueron con él lograron en marzo de 1997; pero no cabe duda que tal hecho influyó en las posteriores determinaciones que tomaría ARENA.
Algunos meses después de sucedido todo esto, los inconformes ex areneros empezaron a tener problemas en el PCN. Resultó que diputados recién llegados al partido empezaron a respaldar iniciativas provenientes de la oposición izquierdista con el objeto de demostrarle a ARENA no sólo que el PCN, con sus nuevos miembros a la cabeza, empezaría a adquirir real autonomía, sino también que la nueva cuota de poder por él adquirida le permitiría posicionarse como una fuerza política opositora importante. Pero la vieja cúpula pecenista no estaba dispuesta a divorciarse totalmente de ARENA. Una cosa era haber capitalizado el escándalo de la disidencia y otra muy distinta que la dirigencia del PCN estuviera dispuesta a plegarse a las necesidades de "Los Maneques" (ver Proceso, 785).
Así fue como el grupo de inconformes empezó a abandonar también las filas del PCN. Quizá algunos de ellos entendieron que sin una plataforma partidaria no tenían futuro en el mundo de la política y, como "buenos hijos", regresaron a ARENA. Tal es el caso de Sigfredo Ochoa Pérez. Otros, al parecer, se dieron cuenta de que la vieja dirigencia pecenista nunca estuvo realmente interesada en independizarse de ARENA, porque a lo único que sus miembros apuntaban era a la satisfacción de sus necesidades personales, para lo cual lo más conveniente y fácil era permanecer aliado al partido gobernante. Tal es el caso del mismo Cornejo Arango, quien, sin previo aviso ni protocolo, decidió también regresar al partido al que, junto con D’Aubuisson, dio vida.
En una entrevista realizada por La prensa gráfica a "El Maneque", en relación a su retorno a ARENA, éste hace afirmaciones que, sin duda, en un ámbito político distinto al salvadoreño, darían la impresión de ser una broma de mal gusto. Por ejemplo, ante la pregunta "¿es cierto o falso que usted sólo aparece en los momentos en que existe la posibilidad de acceder a una cuota de poder?", responde, con la mayor naturalidad: "puedo decir que sí"; o ante una interrogante relacionada con si cree reunir todas las cualidades necesarias para ocupar un cargo en la dirigencia de ARENA, opina: "la verdad es que a mí me sobran". Esto después de haber sido interrogado sobre si cree que su voto salvó al PCN, ante lo cual señala: "sí, pero no me lo pongas así, porque me gusta la humildad".
Por si eso fuera poco, Cornejo Arango aseguró que sería "la conciencia del partido", que no permitirá "que se hagan cosas que no van con el bien común" y se presentó, además, como el "padre" de los miembros de ARENA, a quienes tiene el derecho de "reprender" cuando estén "haciendo algo malo". La primera pregunta obligada que surge tras las aseveraciones de "El Maneque" es: ¿cómo es que una persona cuyo pasado ha sido cuestionado por su participación en los escuadrones de la muerte y por sus posibles vínculos con secuestros, esté ahora declarándose la "conciencia" de un partido? Es difícil entender el porqué Cornejo Arango no se da cuenta que no posee ni siquiera un mínimo de autoridad moral ni para "reprender" ni para determinar cuándo los políticos están actuando conforme al "bien común".
La verdad es que es insultante que "El Maneque" vuelva con tal prepotencia a la primera plana de la palestra política. Pero ¿acaso es útil denunciar lo cínico de su comportamiento en un país donde la impunidad reina sobre los poderes y sobre las conciencias de la población? Y es que su caso dista de ser único. Al igual que el de Arango, el pasado de Rodolfo Parker es oscuro, pero ni el hecho de que su nombre apareciera en la lista de denunciados por la Comisión de la Verdad impidió que éste último se convirtiera en el candidato presidencial del PDC. Como el de Parker, una interminable cantidad de nombres que hoy en día ocupan los primeros lugares en la vida pública del país podrían continuar citándose. Todo parece indicar que los salvadoreños estamos destinados a ser gobernados por quienes, en el pasado reciente, cometieron acciones al margen de la legalidad, sin que exista la posibilidad de ejercer sobre ellos algún castigo. Al parecer, implícita en la realidad actual yace la idea de que ese es el precio que hay que pagar por la paz y por el avance del proceso de democratización.
Lo anterior no sólo es un problema político, sino también ético, y hay mucha tela que cortar en torno a él todavía. Lo grave de la presente coyuntura es que el comportamiento de los políticos continúa siendo inmoral y antidemocrático y que la impunidad continúa estando a la orden del día. Estos se acusan de corrupción públicamente y nada legal se puede hacer al respecto. Se cambian de partido cada vez que algo obstaculiza sus pretensiones o les impide adquirir mayores cuotas de poder —algo similar a lo que pasa en el PCN sucede en el PDC, cuyos disidentes han establecido convenios con el FMLN o se encuentran tramitando su traslado a la USC— y nadie parece inmutarse. Así las cosas, ¿cómo adquirir confianza y credibilidad en los políticos?
Desde su creación, el sistema financiero ha experimentado diferentes fraudes, cuestionamientos y reformas de su marco jurídico-institucional. Muestra de ello son los fraudes por la descentralización en la emisión de la moneda de finales de siglo pasado, la creación del BCR y luego de la Junta Monetaria, la nacionalización y reprivatización de la banca, los recientes fraudes financieros y, más recientemente, la quiebra del banco Crédito Inmobiliario Sociedad Anónima (CREDISA).
La banca surgió como resultado de la introducción del café en la segunda mitad del siglo XIX, y durante su existencia siempre ha estado sometida a los intereses del sector empresarial. En el año de 1934 fue creado el BCR, con la intención de controlar el movimiento del crédito y la demanda de medio circulante; sin embargo, durante los primeros 30 años de existencia de la entidad, sus dirigentes fueron representantes de los sectores cafetalero, bancario y comercial. Debido a ello, sus decisiones estuvieron claramente ligadas a intereses sectoriales, lo cual ni la creación de la Junta Monetaria, ni la nacionalización, ni la privatización han logrado cambiar.
La nacionalización se propuso, expresamente, convertir a la banca en un instrumento para el desarrollo, pero, al final de la década de 1980, sus críticos señalaban que la banca se encontraba técnicamente quebrada, con indicadores de eficiencia micro y macroeconómica desfavorables, y con el agravante de no haber logrado su objetivo de eliminar la discriminación en la asignación del crédito. Algunos problemas que se señalaron en la banca estatizada fueron altos índices de mora, problemas de liquidez, baja rentabilidad, insolvencia e incapacidad de reorientar el crecimiento económico.
La privatización de la banca se presentó como la panacea para estos problemas, pero, lejos de ello, desde su implementación en la década de 1990, se han registrado importantes defraudaciones financieras nunca vistas en el país, como lo son los casos de CREDICLUB y FINSEPRO-INSEPRO, registrados en 1997. Ahora, además de los fraudes, se ha presentado un caso de crisis provocada por manejos ineficientes —en teoría algo inusual en la empresa privada— en CREDISA. De ser cierto que este no ha sido un nuevo caso de fraude financiero, la quiebra de CREDISA sería una muestra de que la eficiencia no es una cualidad "natural" y exclusiva del sector privado, pues al parecer el citado banco llegó a la ruina debido a manejos antojadizos del crédito y de los costos administrativos de la institución.
Como sea, no puede dejar de mencionarse que la quiebra de CREDISA refleja que las políticas que se utilizan para el manejo de las instituciones financieras no son las más atinadas ni para la nación ni para las finanzas de ellas mismas. Prueba de ello es el sesgo antiproductivo de la asignación del crédito, los diferentes desfalcos y la quiebra de CREDISA.
Es importante señalar que el agro y la industria no han recibido el mismo apoyo crediticio que otros sectores de parte de las instituciones financieras privadas. Al examinar el comportamiento del crédito en la década de 1990 se observa que, entre 1990 y 1997, el sector agropecuario pasó de recibir 13.3% del crédito a recibir un 10.1%, mientras que la industria pasó de 16.9% a 17.1%. En cambio, la construcción pasó de 2.3% a 13.1% en los mismos años, a la vez que los servicios pasaron de recibir un 1.8% a recibir un 4.6%. Esto sugiere que el manejo del sistema financiero no contribuye a lograr los objetivos del desarrollo, los cuales necesariamente pasan por estimular el crecimiento de los sectores productivos. Precisamente, CREDISA se dedicó a financiar proyectos de construcción que rápidamente han demostrado no ser la mejor opción.
El caso de CREDISA muestra, además, que privatización no es sinónimo de eficiencia, pues, de acuerdo al análisis de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), en la institución bancaria se cometieron diferentes errores en el manejo de la cartera crediticia y de las tasas de interés. Adicionalmente, habría sufrido un problema coyuntural relacionado con la contracción del sector construcción, la cual se remonta a 1994. Según esta misma fuente, los problemas más importantes de CREDISA se resumirían en cinco: una fuerte concentración del crédito en los sectores vivienda y construcción, elevados costos administrativos, bajos márgenes relativos de intermediación financiera, inadecuada estructura de créditos y, en su fase terminal, fuga de depósitos por la pérdida de confianza de los depositantes.
CREDISA surgió en la década de 1970 con el auge de la construcción de viviendas y, desde entonces, se caracterizó por dedicarse al financiamiento de proyectos de construcción. La recesión económica que comenzó en 1994 impactó fuertemente sobre el sector construcción y, consecuentemente, también sobre los balances de CREDISA, en la medida que las empresas constructoras incurrieron en mora. De acuerdo a datos de la SSF, del total de la cartera de préstamos concedidos por CREDISA, un 43.7% se encontraba colocado en el sector vivienda y un 22.2% en el sector construcción, lo cual implica que ambos acaparaban un 65.9% del total de créditos otorgados.
Los costos administrativos, por su parte, llegaron a afectar los balances con la adquisición de un nuevo edificio para el funcionamiento del banco y la ampliación de la red de sucursales, pese a que algunas agencias funcionaban ya con déficit. Además, los márgenes de intermediación financiera fueron inferiores —en 2.3 puntos— a los que obtenían el resto de bancos del sistema financiero. Mientras CREDISA obtenía un 4.1%, los demás bancos del sistema llegaban a obtener hasta un 6.4% de margen financiero. Esto se debía a que cobraba tasas activas más bajas (1 punto menos que los demás bancos) y pagaba tasas pasivas más elevadas (2.3 puntos más que los demás bancos).
La estructura de créditos representó un problema adicional en la medida en que se financiaron créditos de largo plazo con una cartera de depósitos de corto plazo. Esto implicó que no se contaba con los recursos necesarios para mantener niveles de liquidez adecuados al monto de los depósitos que se le habían confiado. La situación se volvió totalmente insostenible a partir de octubre pasado, cuando la SSF hizo pública la precaria situación financiera de CREDISA y dio un plazo de 60 días para que la institución incrementara su capital en 50 millones de colones. A partir de ese momento se inició una fuga masiva de depósitos que duró dos meses y equivalió a cerca de 500 millones de colones.
El caso de CREDISA es una desmitificación de la pretensión de que el sector privado es un buen administrador por excelencia y que la privatización es la solución a todos los problemas de ineficiencia en el sector estatal. Al mismo tiempo, muestra que los propietarios de los bancos fácilmente pueden utilizar los recursos del público para otorgar créditos preferenciales a discreción o, inclusive, a empresas relacionadas con ellos mismos, tal como la SSF ha sugerido. Esta realidad obliga a que el Estado incremente la fiscalización de las instituciones financieras y a que se considere la necesidad de articular los intereses sectoriales de la banca con los intereses nacionales, a través del fomento de las actividades productivas mediante una oportuna y suficiente asistencia crediticia.
Hace un par de semanas, los medios de información reportaron la intención de la Asamblea Legislativa, específicamente de la Comisión de Defensa y Seguridad Pública, de introducir una propuesta adicional al proyecto de reforma de la Ley de Armas, la cual consiste en permitir que civiles o ciudadanos que no pertenecen a los cuerpos policiales y de defensa puedan adquirir y portar armas largas y de grueso calibre —las que hasta ahora han estado restringidas al uso exclusivo de las corporaciones estatales por ser consideradas armas de guerra—, léase fusiles M-16, AK-47 y otros de la misma especie.
El argumento más citado por los diputados que encabezan tal iniciativa es que los ciudadanos "honrados" necesitan de más recursos para defenderse de los delincuentes, quienes suelen estar mejor armados que los guardias de las compañías de seguridad o que los mismos policías. De acuerdo a las noticias, esta iniciativa surgió de algún sector del empresariado y sería apoyada por todos los partidos que conforman la Asamblea Legislativa, con excepción del FMLN que es el único instituto político que se ha opuesto públicamente a tal proyecto. En el fondo, este tipo de propuestas no hará sino incrementar los niveles de armamentización de la sociedad salvadoreña —los cuales son considerablemente altos desde hace algunos años—, al tiempo que revelan, por un lado, la clase de reacciones que prevalecen a la hora de combatir la delincuencia y, por otro, la incapacidad de las autoridades del país para articular una política criminal coherente y efectiva.
Para nadie es un secreto que la magnitud de la violencia y la delincuencia en El Salvador excede por mucho cualquier condición de normalidad. Tales niveles de violencia no sólo hacen ilusoria la convivencia pacífica entre los ciudadanos —la cual debió haberse alcanzado con la firma de los Acuerdos de paz—, sino que, además, representan uno de los mayores desafíos para el proceso de transición política que vive el país. Uno de los factores situacionales que más ha contribuido a las cotas de violencia salvadoreña es la cantidad de armamento que circula —con muy pocas restricciones— en manos de los civiles. Esta cantidad de pertrechos para matar son, en parte, la cuantiosa herencia de doce años de guerra civil, pero, además, es el producto de una política de liberalización comercial de armas cortas, o semi-largas, que ha permitido que cualquier persona pueda adquirir una pistola o escopeta como quien compra enseres eléctricos.
En otras palabras, el problema de las armas en el país no sólo tiene que ver con las que quedaron de la guerra —muchas de las cuales probablemente estén ya deterioradas y sin repuestos—, sino que también es producto de una industria sin control que ha procurado actualizar las armas que están en manos de los salvadoreños, proveyéndoles de municiones y de aditamentos para su uso. La falta de una política eficiente de control en la comercialización del armamento ha provocado que los esfuerzos de una organización civil por cambiar las armas por bienes de consumo al final sólo consigan un efecto reciclador del armamento que ya está en manos de los civiles.
Diversos estudios han mostrado la conexión entre los niveles de violencia de una sociedad y la disponibilidad y facilidad para conseguir armas que tienen sus ciudadanos. Argumentar, como hacen algunos diputados, que los responsables de las muertes y la violencia en el país son los sujetos y no las armas, para justificar la introducción de armas largas en el mercado local, constituye una falacia que puede tener terribles consecuencias en la realidad salvadoreña. Aunque es cierto que los responsables fundamentales de la violencia son las personas, esto no puede obviar el hecho de que un sujeto armado está más propenso a utilizar la fuerza que aquel que no lo está. Y no sólo eso: un individuo con un arma de fuego —sobre todo si ésta es de alto calibre— es mucho más peligroso que una persona armada con un machete o un garrote, porque el arma de fuego es más letal o efectiva en el cometido de matar. La investigación ACTIVA realizada por el IUDOP y coordinada por la OPS demostró que las personas que tienen armas o las que quisieran tenerlas poseen un sistema normativo que suele justificar el uso de la violencia con más frecuencia que aquellos que no poseen armas y no desean tenerlas.
Al despenalizar la portación de armas de grueso calibre sólo se incrementaría el potencial de hacer daño por parte de aquellos que están dispuestos a usar la violencia. El argumento de que éstas serán para defenderse de los delincuentes puede ser cierto, pero al ponerlas a circular libremente también se ponen a disposición de los criminales y, además, se obliga a éstos a aumentar su "poder de fuego".
Detrás de la iniciativa de comercializar armas de grueso calibre está sin duda el sentimiento de inseguridad de muchos, provocado por la percepción de que las instituciones no han sido capaces de proveer la seguridad pública básica. La opción por las armas, sin embargo, no puede ser garantía de seguridad para nadie, sobre todo cuando se ha probado la inoperancia de los mecanismos de control sobre la portación de armas menos letales. En otras palabras, no existe garantía alguna de que las armas más peligrosas no terminarán en manos de quienes quieren usarlas para cometer actos delictivos. No existe caución en absoluto de que la PNC y las autoridades dispondrán de mecanismos para que sólo los ciudadanos "honrados" puedan acceder al armamento, considerando que muchos de tales ciudadanos son tanto o más peligrosos que los mismos delincuentes.
En el fondo, la intención de liberalizar el comercio de las armas de alto poder muestra también la incapacidad de las autoridades y del gobierno de articular medidas coherentes para hacer frente de manera efectiva a la delincuencia y a la violencia. Muestra, sobre todo, la sensible ausencia de una política criminal integral y consistente. Permitir la entrada al mercado legal de instrumentos más letales, como los son los fusiles y los rifles de alto poder, es una medida que a todas luces va en la dirección contraria de lo que deberían ser los pasos para disminuir la violencia en El Salvador. Existen suficientes experiencias en otros países que muestran que una restricción en la disponibilidad y portación de armas contribuye a una reducción notable en las tasas de criminalidad. Un reportaje publicado por Newsweek hace dos semanas revela que en Estados Unidos los estados que han adoptado medidas más restrictivas con respecto a las armas han logrado reducir en un 26 % los niveles del crimen. En el caso salvadoreño, la iniciativa a favor de los fusiles es uno más de los "palos de ciego" que han dado las autoridades en torno al problema de la delincuencia; problema que han sido incapaces de solucionar y al cual probablemente han contribuido con medidas de semejante índole.
Para reducir los niveles de violencia y delincuencia que imperan en el territorio salvadoreño se debe desarmar a la población —sean o no "honrados"—, se deben establecer controles extremadamente rígidos respecto a la adquisición y portación de armas y se deben gravar sensiblemente todos aquellos pertrechos y aditamentos que sirven para que las armas funcionen (por ejemplo, las municiones). Los únicos autorizados para poseer armas deberían ser los cuerpos de seguridad o de vigilancia, manteniendo un estricto control sobre el uso de ellas por parte de los miembros que están en períodos fuera de servicio.
La persistencia del crimen violento en El Salvador es el resultado de este tipo de medidas propuestas desde la Asamblea Legislativa. Proyectos de ley como estos son sólo un ejemplo de cómo el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad, cuando el mismo es prescrito por la ignorancia.
Según datos del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos —dados a conocer por los medios de difusión— durante 1998 se deportó un total de 5,179 salvadoreños, de los cuales 1,683 son considerados criminales. Estas cifras reportan un incremento respecto a 1997 cuando se contabilizó un total de 3,878 deportaciones.
Son varios los artículos ya que al tema migratorio hemos dedicado en este semanario en los últimos dos años, en uno de ellos, cuando en abril acababa de llevarse a cabo un Seminario sobre Migración y Derechos Humanos, dando cumplimiento a una de las actividades que los Estados de Centro y Norteamérica se habían propuesto realizar en el marco del Proceso Puebla, nosotros evaluamos los esfuerzos que las ONG’s en El Salvador llevábamos a cabo y algo dijimos además sobre las dificultades de lograr tareas en conjunto que pudieran beneficiar a nuestros hermanos en otros países, principalmente en Estados Unidos. Se consideraba estratégica una buena relación entre ONG’s y autoridades gubernamentales y una adecuación real entre los acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno de El Salvador en el marco del proceso Puebla y las medidas concretas a asumir en El Salvador.
En los últimos meses afortunadamente creemos que han sido superados algunos aspectos relacionados con la coordinación en el trabajo de organizaciones sociales interesadas en el tema, avances importantes se han dado en las relaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales llamadas por mandato a dar respuestas a nuestros compatriotas, en el extranjero y desde luego, a los migrantes en tránsito por nuestro país; se ha establecido además una relación estrecha entre los dos autores antes mencionados y organismos internacionales, como en el caso de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Inclusive, no podemos dejar de lado la importante participación que la embajada de Estados Unidos en nuestro país ha tenido en la definición de políticas y programas a implementar. Muestra de lo anterior vamos a presentar brevemente a continuación.
Las organizaciones e instituciones que en marzo de 1997 fuimos convocadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a conformar la Mesa Permanente de Migrantes y personas desarraigadas, y otras que en el camino se han incorporado, celebramos en agosto del año recién pasado una asamblea en la que se tomaron importantes decisiones, por un lado en cuanto a la organización interna, y por otro, en cuanto a la incidencia que la Mesa —entonces transformada en Foro— quería lograr en El Salvador, en relación, prioritariamente, a la problemática de salvadoreños en Estados Unidos. Por parte de todos los asistentes hubo consenso desde luego en que el trabajo valía la pena si le apostaba a objetivos ambiciosos como el anteriormente enunciado, y en esa línea, se han realizado importantes actividades durante el último semestre de 1998.
No podemos sin embargo dejar de decir que, con la finalización del mandato de la doctora de Avilés al frente de la institución, la PDDH disminuyó considerablemente su perfil en esta instancia, situación que significó para el Foro la pérdida de un valioso apoyo, no sólo por la posición de la institución ante los demás entes estatales, sino además por la posibilidad de obtener información sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos en población migrante, salvadoreños en tránsito hacia Estados Unidos y extranjeros en tránsito por El Salvador, así como acceso a datos estadísticos.
Ya con la nueva agenda, en el mes de noviembre se recibió la visita de una delegación de la Asociación de Salvadoreños de los Angeles, quienes viajaron para recabar información sobre la situación actual del país para luego presentar a las autoridades estadounidenses una radiografía de nuestro país para que se comprendiera que el retorno de salvadoreños tanto por las razones que los llevaron a trasladarse hacia aquél país como por la situación actual de la gran mayoría de salvadoreños, configuraría sin lugar a dudas lo que ellos llaman en el texto de la Ley Nacara, "Extreme Hardship", esto es, sufrimiento extremo. Una reunión desde luego se llevó a cabo entre ellos y las instituciones miembros del Foro de Migrantes y el establecimiento de contactos para intercambio de información se concretiza.
Iniciada la campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales en nuestro país, el Foro contemplo la posibilidad de realización de un evento público en el que participaran los candidatos de cada instituto político y presentaran la política que su gobierno, en caso de llegar ellos al poder, adoptaría en torno al tema, y en efecto esta actividad se realizó en un hotel capitalino el día 09 de diciembre, lográndose la participación de todos los candidatos excepto el candidato por el partido ARENA. El foro presentó por su parte una Plataforma que luego de describir la situación actual en cuanto al tema, daba paso a la formulación de demandas para contribuir a mejorar la realidad de los inmigrantes.
En el referido documento se hacía ver la necesidad de la toma de acciones que permitan afrontar el problema y velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos ante el resto de Estados que participan en el proceso Puebla. Algunas de las demandas puntuales de la plataforma fueron: que se dé trámite al proceso de formulación, discusión y aprobación de una ley de Migraciones que responda a los tiempo actuales y a las obligaciones que impone el respeto a los derechos humanos de las personas; potenciar oportunidades de trabajo para aquellas personas que son deportadas, a fin de facilitar su reinserción a la vida productiva del país, aprovechando las destrezas y habilidades que hayan adquirido durante su estancia en el exterior. Facilitar además a la población deportada acceso al sistema educativo del país. Promover políticas de asistencia técnica y capacitación para personas que estén retornando al país a fin de posibilitar la generación de ingresos por medio de la creación de micro y pequeñas empresas, entre otras.
Siendo El Salvador Estado participante en el proceso Puebla, le tocó el turno de ser el anfitrión de la IV Conferencia Regional sobre Migración, y una comisión conformada por diferentes carteras de Estado, principalmente involucrando funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior prepararon el encuentro, con la debida anticipación y contando con la participación de algunas organizaciones no gubernamentales para definir la temática de la Conferencia y la agenda de trabajo durante el tiempo en que esta tuviera lugar.
El grupo de trabajo Puebla es un proceso que representa un marco regional de diálogo y cooperación iniciado por Canadá, Belice, México, Estados Unidos y Centroamérica, con miras a consolidar la cooperación regional y la coordinación de políticas y procedimientos migratorios. Estos países se comprometieron a adoptar un plan de acción proponiendo organizar una reunión regional para examinar las políticas migratorias y sus efectos en los derechos de los migrantes.
Durante los días de la Conferencia en nuestro país, gobiernos y ONG’s, aunque por separado abordaron desde diferentes ángulos el tema e hicieron una revisión y evaluación de los acuerdos y compromisos asumidos en anteriores reuniones de trabajo y formularon nuevas peticiones y recomendaciones. Funcionarios del más alto nivel de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones OIM compartieron con las ONG’s información y sus expectativas frente al proceso. Luego de dos día de trabajo por separado, gobiernos y organizaciones sociales coincidieron para dar paso a la presentación para todos los participantes de la IV Conferencia, de la Declaración de la Red no Gubernamental para las Migraciones, un documento que contempla una serie de demandas a los gobiernos pero que denota tres condiciones que le dan peso: un real conocimiento de la situación actual de los migrantes, (porque estamos ahí donde los migrantes llegan, transitan, se albergan temporalmente y permanecen detenidos); una fuerte convicción de sus capacidades para contribuir al problema pasando por la coordinación efectiva con las correspondientes contrapartes gubernamentales, y la tercera pero no menos importante condición, una participación y seguimiento consciente del proceso Puebla. Parte del contenido de la Declaración se presenta a continuación:
Se analiza que la política migratoria de algunos países han sido formuladas desde una perspectiva de "seguridad nacional" o "pública", justificando así que es necesaria la persecución, detención y deportación de los migrantes no autorizados, por prejuiciar que son delincuentes activos o en potencia, violando los derechos fundamentales y la dignidad de las personas; se conoce que un número significativo y creciente de migrantes se encuentra detenido en los centros de detención y cárceles comunes, en donde no cuentan con las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos. Cuando llega el tiempo de que sean deportados, son tratados como criminales peligrosos.
En base a lo anterior, las instituciones firmantes proponen: exhortar a todos los gobiernos miembros de la Conferencia a firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990, asimismo, proponen que las detenciones y deportaciones sean ordenadas, dignas y seguras, que los gobiernos diseñen y apliquen políticas que garanticen la seguridad y el respeto de la integridad física y moral de la población migrante, principalmente de los sectores vulnerables como lo son las mujeres, jóvenes, niños y personas de la tercera edad.
A todo lo arriba apuntado, se debe añadir el más reciente esfuerzo que juntos: la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, así como otras dependencias gubernamentales, y Catholic Relieve Service de El Salvador (CRS), logran concretar con la conformación de un comité técnico y con ello la implementación de un proyecto piloto o de emergencia para atender a las y los salvadoreños deportados por Estados Unidos. Con este programa se pretende suavizar los efectos de las deportaciones para nuestros hermanos y las dificultades que seguramente se les presentaran para su reincorporación en la sociedad salvadoreña, carente de tantos servicios básicos y sumida en una pobreza que parece agudizarse cada vez más.
Así, el día lunes 01 de febrero se llevó a cabo la inauguración de la Oficina de Recepción del programa "Bienvenido a casa" cuyo objetivo principal es atender a las y los salvadoreños que regresan al país y que, por su misma condición, no conozcan lo que deben hacer y las instancias a las que deben acudir para reinsertarse.
La oficina ofrecerá orientación sobre los otros servicios a que podrán tener acceso nuestros compatriotas en el marco de este proyecto, ya que el programa también contempla servicio de albergue hasta por tres días, atención médica y orientación psicosocial; además de asesoría legal y ayuda para la inserción en el sistema educativo del país y la obtención de documentos de identidad.
Con todo, se está claro que este esfuerzo constituye sólo un paso, debido a que los desafíos que se presentarán en el futuro van más allá de la atención inmediata, por ello y aunque el proyecto "Bienvenido a casa" culmina en octubre de este año, actualmente se discuten nuevas acciones a fin de proporcionar soluciones duraderas. Como pueden verlo nuestros lectores, hay procesos que supervisar, relaciones que establecer y fortalecer, compromisos que cumplir y seguramente problemas a los que habrá que darles solución, pero en la medida que más y distintos sectores nos involucremos, mejores serán los resultados y los beneficios para nuestros compatriotas que se han visto sin más alternativa que regresar...
CREDISA. Los accionistas del banco CREDISA decidieron, el 26.01, durante una Asamblea General Extraordinaria, liquidar dicha institución financiera debido al deterioro económico en que se encontraba. Según se dijo, los socios no tenían otra alternativa, pues de no acordarse la liquidación voluntaria las autoridades financieras declararían la liquidación forzosa de la institución, privándoles de la oportunidad de supervisar el proceso de disolución. Víctor Silhy, presidente de CREDISA, explicó que algunas de las razones que llevaron a la quiebra del banco fueron la privatización del mismo, en 1994; los préstamos de grandes sumas de dinero a empresas constructoras que nunca cancelaron su deuda; el préstamo "excesivo de créditos a largo plazo con fondos de corto plazo" y los grandes gastos administrativos, operativos y financieros, entre otras cosas. No obstante, Marco Tulio Guandique, interventor nombrado en CREDISA por la Superintendencia del Sistema Financiero, opinó que la quiebra del banco se debió a malos manejos financieros y administrativos que habrían provocado una pérdida de 422 millones de colones. "Esta es un pérdida acumulada desde los inicios del banco", sostuvo. Por su parte, el superintendente del Sistema Financiero, Francisco Bertrand Galindo, aseguró que los accionistas del banco tendrían pérdidas por 250 millones de colones (LPG 27.01 p.4 y 6).
NEGLIGENCIA. El superintendente del Sistema Financiero, Francisco Bertrand Galindo, expresó, el 26.01, que la liquidación del banco CREDISA pudo deberse a un manejo deficiente de los recursos por parte de la administración de la institución. Aseguró que la Superintendencia procederá a investigar las razones de la liquidación con mayor profundidad, hasta establecer o descartar la posibilidad de que se haya cometido delito contra la economía nacional. Asimismo, Bertrand Galindo corroboró que las pérdidas alcanzan cifras cercanas a los 700 millones de colones. Sin embargo, el superintendente dudó de que se esté frente a una quiebra y habló más bien de "un problema de inexperiencia muy grave, de decisiones riesgosas muy graves que, a la larga, llevaron a las condiciones actuales". Asimismo, manifestó su sospecha de que existieran violaciones bastante serias a la Ley. "Lo que pasa es que no hemos querido actuar hasta no tener una adecuada relación entre el hecho y la responsabilidad vinculada contra ese hecho", explicó el superintendente. Según él, tiene dos opciones: reportar a la Fiscalía el caso —aunque el fiscal no cuenta con las herramientas para discernir quién es el responsable y quién no lo es— o profundizar en las investigaciones y tratar de determinar qué conductas y quiénes están vinculados con este hecho, para que el fiscal tenga elementos para actuar (LPG 27.01 p.4).
CONTRADICCIONES. Luego de que el ex comandante Joaquín Villalobos acusara, el 12.01, al ex comandante Shafik Handal de planear el secuestro de Kerim Salume, se han dado un serie de contradicciones entre las declaraciones de otros ex comandantes. Villalobos aseguró que en la reunión de la comandancia del FMLN, en 1991, Handal aceptó que el Partido Comunista mantenía secuestrado a Salume porque necesitaba dinero. Ahora bien, otros dos ex comandantes del FMLN, Salvador Sánchez Cerén y Francisco Jovel, declararon judicialmente que nunca se llevó a cabo tal reunión y que nunca se discutió el tema de los secuestros durante reuniones previas a los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el representante de la ONU en el proceso de paz, Alvaro de Soto, explicó que transmitió a los comandantes la inquietud del ex presidente Alfredo Cristiani sobre la presunta participación del FMLN en el secuestro de Salume. En este contexto, Shafik Handal ha negado públicamente su participación en el secuestro; no obstante, no ha declarado ante un juez por gozar de fuero constitucional. Ante las declaraciones de Villalobos, representantes del gobierno, legisladores, representantes del ramo de Seguridad Pública y miembros del partido ARENA solicitaron "justicia y una mayor responsabilidad a la hora de examinar los hechos que rodean el caso" (LPG 29.01 p.5 y DH 29.01 p.2).
HANDAL. El ex comandante Shafik Handal dijo, el 29.01, que está dispuesto a testificar ante los tribunales por el caso de los secuestros, a la vez que negó que su fuero constitucional haya sido un obstáculo para ello. Según explicó, no ha declarado porque no se le ha convocado para ello. "A mí nunca me han citado... nadie ha intentado que yo declare, porque quienes están interesados en montar todo este proceso quieren a toda costa configurarme como imputado, no como testigo", aseguró. El diputado afirmó que detrás de la declaración de Joaquín Villalobos se encuentra la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el ex presidente Alfredo Cristiani, quienes mantienen una campaña en su contra. Según Handal, "la ANEP ha prestando su nombre" a un grupo que estaría en contra suya. Asimismo, argumentó que el hecho de que los medios de comunicación conocieran las declaraciones de Villalobos antes que las autoridades judiciales, demuestra que el caso tiene un "manejo electorero". Handal sostiene que el Partido Comunista no secuestró a Kerim Salume ni a otras cuatro personas, como aseguró Villalobos, el pasado 12 de enero. Por su parte, el presidente de la ANEP, Ricardo Simán, aseguró que la "ANEP no se va a someter a prestar su nombre o a comprometer su institucionalidad por...conveniencia política o de grupos de poder" (LPG 30.01 p.14).
TSE. Los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrataron por cuotas a unos 300 empleados que laborarán temporalmente en el proyecto electoral. La metodología para la asignación de cuotas a cada magistrado es conocida como "sistema de claves", el cual consiste en el reparto proporcional de las plazas que se abren en cada elección. Estos trabajadores responderán a los partidos que tienen representación en el TSE. Según explicó el magistrado suplente, Agustín Díaz Saravia, asignado por el PDC, los tres magistrados que representan a los cuatro partidos mayoritarios tienen asignado 20% del total cada uno. Los dos magistrados propuestos por la Corte Suprema de Justicia poseen 15% cada uno. El 10% restante no tiene dueño aún. Empero, el esquema de las claves fue denunciado por el Consorcio de Organizaciones No gubernamentales de Educación Cívica. Tony Torres, miembro del Consorcio, denunció que las claves persisten y los cargos no se entregan por capacidad o idoneidad, sino con criterios políticos. Algunos diputados de la Asamblea Legislativa también manifestaron su descontento. Para ellos, existe una desigualdad evidente, pues los institutos políticos que ahora dominan las magistraturas del TSE emplean a sus simpatizantes, quedando en desventaja aquellos partidos que no pueden elegir (LPG 01.02 p.4 y 5).
ABORTO. El Comité para la Defensa de la Dignidad y la Vida presentó, el 01.02, ante la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la que solicitan la ratificación de la enmienda al artículo 1 de la Constitución de la República, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de la despenalización del aborto. Dicha enmienda fue parte de un paquete de 28 que ARENA introdujo en una sesión plenaria el 30 de abril de 1997. El artículo 1 expresa: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado...en consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social". La enmienda aprobada propone agregarle: "El Salvador reconoce a la persona humana desde su concepción, como el origen de la actividad del Estado...". Las posibilidades para su ratificación son bastantes grandes, pues la mayoría de las fracciones legislativas reaccionaron a favor, excepto el FMLN. Eugenio Chicas, del partido de izquierda, manifestó que "la ratificación no ayuda. No está adecuada a las ciencias". Chicas considera que se debe promover una amplia discusión sobre el tema, para permitir el aborto en algunos casos concretos. Por su parte, el PCN es el único partido que aún no ha decidido su postura al respecto (DH 02.02 p.8 y LPG 02.02 p.17).
PNC. Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) anunciaron, el 29.01, el cambio de 44 jefaturas en las divisiones especializadas y delegaciones. Los cambios entrarán en vigencia a partir del 1º de febrero. Uno de los más importantes fue el nombramiento del subcomisionado Gabriel Antonio Mayorga como nuevo jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC). Este sustituye a Mauricio Rodríguez, quien pasó a ser el asesor jurídico del director de la institución, Rodrigo Avila. Aunque varios subcomisionados se mostraron en desacuerdo con el ascenso de Mayorga por su corta experiencia, Avila defendió la decisión argumentando que la designación del jefe de la DIC es cuestión de capacidad y resultados, más que de antigüedad. Mayorga, por su parte, dijo que al tomar su nuevo cargo tiene previsto reestructurar la División y darle continuidad al trabajo dejado por Rodríguez. Además, indicó que tiene planificado realizar cambios en las jefaturas de los departamentos de la DIC. Por otra parte, se comprometió a apoyar el trabajo de los medios de comunicación para que haya transparencia en el trabajo que desempeña la DIC (LPG 30.01 p.5 y DH 02.02 p.17).
RENUNCIA. La Procuradora Adjunta de los Derechos de la Niñez, Ruth Anabella Henríquez, renunció a su cargo, el 01.02, argumentando la falta de una política definida de trabajo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Al parecer, Henríquez consideró su retiro desde el pasado 23 de diciembre, poniendo su cargo a disposición luego de que el Procurador Eduardo Peñate se lo solicitara. La ex procuradora fundamentó su renuncia en el hecho de que, en ocho meses de función del nuevo Procurador, solamente se ha impulsado una "política de expulsión" dirigida a los funcionarios que acompañaban las gestiones anteriores. "Esto no fortalece para nada el trabajo de la Procuraduría Adjunta", opinó. Agregó que la institución necesita del apoyo total del titular para seguir impulsando el trabajo a favor de la niñez, y ello implica que la persona que asuma su puesto tenga los conocimientos idóneos sobre las temáticas de infancia y adolescencia. Henríquez pidió al Procurador Peñate que realizara una liquidación de los proyectos adquiridos por la Procuraduría Adjunta de los Derechos del Niño. Esto, según explicó, con el propósito de poseer un finiquito que demuestre la transparencia de su gestión. La ex procuradora aseguró que la PDDH no está cumpliendo con el papel que le corresponde dentro del proceso democratizador del país (LPG 02.02 p.5).
DECLARACIONES. La Fiscalía General de la República requirió la declaración de Juan José Domenech sobre el caso del asesinato de Siegfried Guth Zapata, hecho sucedido en 1996. Aparentemente, Domenech extrajo un portafolios del vehículo en el que fue asesinado Zapata, pues éste era su sobrino. El Juzgado Sexto de Instrucción busca determinar si hubo intención de contaminar la escena del crimen. Según el juez Roberto Arévalo, "si se comprueba que la contaminación fue intencional, entonces fue fraude procesal". Domenech, por haber tenido una estrecha relación con Zapata, aportaría elementos importantes a la investigación. Las principales tesis que se manejan sobre el móvil del asesinato son una supuesta estafa millonaria en LAFISE, casa de cambios presidida por Zapata, y lavado de dinero. El 29.01, durante su declaración, Domenech negó categóricamente haber sustraído documentos del vehículo. "En ningún momento su servidor ha sacado ningún documento o ‘ataché’ del vehículo", afirmó. Sobre la teoría del lavado de dólares se limitó a decir que "es una cortina de humo que han lanzado". Domenech opina que el crimen es producto de la estafa millonaria cometida en LAFISE. El juez del caso afirmó que las declaraciones de Domenech habían contribuido poco a la investigación, por lo que "casi se cierra la posibilidad de contaminación [de la escena] del crimen" (LPG 29.01 p.12 Y 30 .01 p.6).
