Año 19
número 843
febrero 17
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Preocupante escenario político
Regional Las tierras del Presidente Alemán
Opinión Pública Los salvadoreños frente a las elecciones presidenciales 99
Derechos Humanos De regreso a la prehistoria (I)
Preocupante escenario político
Las últimas elecciones presidenciales del siglo XX en El Salvador están cada vez más cerca. El nuevo gobierno, si en verdad quiere responder a los problemas del país, deberá enfrentar ingentes desafíos en la lucha por el desarrollo económico y social, la disminución de la pobreza, el desempleo y la recuperación del agro. En el plano social, el nuevo gobierno tendrá que resolver en el corto plazo lacras como la inseguridad ciudadana, la violencia en sus más graves manifestaciones —homicidios, robos, violaciones, secuestros, etc.— y el deterioro ecológico creciente que —como lo puso de manifiesto la reciente tragedia provocada por la depresión tropical "Mitch"— hace aún más vulnerables a los sectores desprotegidos del país.
No cabe duda de que, aun con todos los condicionamientos a los que está sometido, el aparato de gobierno es una instancia que puede hacer mucho para resolver los problemas sociales y económicos más acuciantes de la mayor parte de la población. Sin embargo, para que ello sea así, su trabajo debe orientarse en una dirección distinta a la seguida en la última década del siglo XX. En efecto, el quehacer gubernamental de las dos administraciones de ARENA ha privilegiado los intereses de los sectores más ricos del país, en detrimento de los intereses de la mayor parte de salvadoreños.
En consecuencia, un cambio de rumbo gubernamental debe hacerse cargo del bien común, pues, de lo contrario, seguirán prevaleciendo las dinámicas de exclusión social y económica. Con un cambio de gobierno, una nueva oportunidad de reorientar la marcha del país aparece en el horizonte; pero para que ese cambio se materialice va a ser necesario, más allá de las buenas intenciones, contar con los mejores talentos y capacidades. Por las ofertas políticas que se han presentado y por quienes las abanderan, no es previsible que esos talentos y capacidades puedan tener la oportunidad de ponerse a trabajar por el bien de El Salvador.
De las elecciones de marzo de 1999 saldrá electo un nuevo Presidente de la República. Al margen de si es o no en una primera vuelta, no deja ser preocupante la posibilidad de que ARENA controle el ejecutivo en un tercer periodo, pues no sería extraño que las inercias del segundo mandato arenero pervivan en una tercera administración llevada adelante por el mismo partido. De ser así, en el horizonte no se vislumbra si no un ejercicio gubernamental caracterizado por ser "más de lo mismo". Por supuesto que, asumiendo que Francisco Flores gane las elecciones, cabe considerar la posibilidad de un cambio de marcha en el desempeño del ejecutivo. Pero, en lo anunciado hasta ahora por el candidato de ARENA, no aparece la voluntad de romper con el esquema de poder político-empresarial seguido por las dos administraciones previas.
Por otra parte, el desempeño político en nuestro país carga con pesados lastres que tienen que ser tomados en cuenta para no hacerse falsas expectativas acerca de lo que se puede lograr en el futuro. En una coyuntura electoral como la actual, la reflexión sobre esos males se vuelve una necesidad imperiosa, pues desde ella se pueden anticipar situaciones más graves y también avizorar alternativas para hacerles frente.
En este momento, a la práctica política se asocian características no precisamente honrosas. Entre las más preocupantes están las siguientes: a) corrupción y deshonestidad; b) incompetencia profesional, que muchas veces raya en la ignorancia más palmaria; c) predominio de los intereses particulares sobre la búsqueda del bien común; d) elitismo antidemocrático; y e) existencia de una clase política resistente a la renovación interna. Estos aspectos han contribuido al desprestigio de la política, pues los valores éticos más profundos de ella —búsqueda del bien común, honestidad pública y privada, apertura a las mejores soluciones para garantizar el imperio de la justicia— han sido dejados de lado. En El Salvador, la política ha roto los vínculos con los criterios ético-normativos que son, precisamente, los que desde siempre han hecho de aquélla una actividad socialmente necesaria y prestigiosa.
Lo anterior ha tenido un efecto nocivo sobre el conjunto de la sociedad: ha fomentado la apatía, la desconfianza, el irrespeto a las leyes y la irresponsabilidad social. Desde el ejercicio político han proliferado valores contrarios al afianzamiento de la democracia y sus instituciones. De este modo, resabios de la cultura política autoritaria que prevaleció en el pasado reciente —caracterizada por el predominio del más fuerte, la discrecionalidad de los funcionarios públicos, las amenazas y el chantaje— han encontrado un clima propicio para reproducirse en El Salvador de la postguerra.
Son los partidos políticos y sus líderes los principales responsables de ello, pues no han sabido, no han podido o no han querido volverse creíbles y confiables. Es como si los partidos y sus líderes estuvieran en contra de la participación crítica de los ciudadanos en los asuntos de interés nacional; es como si los partidos y sus líderes encontraran en la apatía ciudadana un resguardo para su mediocridad y deshonestidad. Esta apreciación se ve confirmada por la actitud asumida por Francisco Flores ante un posible debate presidencial con su principal contendiente político, Facundo Guardado. Flores ha preferido la actividad proselitista unidireccional —siendo él y sus asesores los que deciden qué decir y cómo, mientras el público sólo escucha— a la discusión seria y crítica de sus planteamientos. Así, el candidato presidencial de ARENA ha privado a los ciudadanos de contar con elementos de análisis básicos que les permitan emitir un voto maduro.
En definitiva, los políticos salvadoreños cargan con un sin fin de vicios y limitaciones, de los cuales tienen que deshacerse si quieren convertirse en factores potenciadores de la democratización del país. No está claro cómo lo van a hacer; lo que sí está claro es que, sin una drástica transformación en el ejercicio político, la desconfianza ciudadana hacia la política —y los políticos— continuará profundizándose. Un nuevo gobierno representa una nueva oportunidad para enfrentar los graves problemas del país; es deseable que esa oportunidad sea aprovechada por quienquiera que asuma las riendas del ejecutivo.
La gestión gubernamental del Presidente Arnoldo Alemán es cada vez más opaca, menos transparente. Es difícil discernir si el "Mitch" ha acentuado o no esta tendencia. Lo que sí está claro es que después del "Mitch" han ido en aumento las denuncias de irregularidades que ubican al Presidente de la República, a su familia y a sus allegados, a la cabeza de una serie de negocios de los que sacan clara ventaja personal por los cargos que ocupan en el Estado. La más clamorosa de las denuncias tiene que ver con miles de manzanas de tierra que el Presidente ha venido adquiriendo en los últimos meses en varios puntos del país tras velocísimas operaciones y transacciones en las que participan funcionarios públicos y en las que se pagan de inmediato y al contado precios voluminosos o irrisorios, según los casos de quienes le vendan al mandatario.
Algunas de estas tierras están "casualmente" situadas cerca de importantes proyectos turísticos. Otras cerca de la reserva ecológica de Chacocente, ubicada en el departamento de Rivas —el último reducto de bosque tropical seco que queda en el pacífico nicaragüense—, a la cual se le causaron daños irreparables para construir una carretera por orden de Alemán. Algunas de las carreteras que conducen a estas propiedades fueron hechas por empresas de amigos y parientes del Presidente, quienes se valieron de la "emergencia" provocada por el "Mitch" para eludir la licitación. Todas estas tierras, al pasar a manos del Presidente, se han revalorizado de inmediato con nuevas carreteras y caminos, instalación de energía eléctrica, apertura de pozos y otras mejoras, brindadas al nuevo propietario por las instituciones de servicio público... Por todos los lados, un escándalo mayúsculo.
El Presidente admitió que estaba comprando tierras, aunque no esclareció la procedencia del dinero que corre en estas operaciones. Calificó de "obras de progreso" las mejoras con las que estaba rodeando sus nuevas propiedades, quedando claro quién es el que "progresa" con estas obras. Descalificó con burlas a los medios de comunicación por hablar del tema. "Somos —dijo— un gobierno que sabe llevar el progreso, que sabe hacer de sus obras una fuente para disminuir la brecha entre ricos y pobres, que sin caer en el populismo sabe combatir los resabios oligárquicos tan anidados en sectores que no fueron, no son, ni serán capaces de usar el poder para construir un país más justo, más fuerte, más estable, como lo estamos haciendo nosotros. Ese es el fondo de lo que pasa detrás de esas noticias que tan frecuentemente aparecen en contra del gobierno". Cuando el Contralor Agustín Jarquín le solicitó al Presidente información detallada sobre su patrimonio en relación con estas compras, la respuesta de su secretario personal fue sarcástica: mandó al Contralor a revisar los registros de propiedad que existen en todo el país y calificó de "niñería" el intento de investigar los hechos.
¿Cómo detener esta vuelta del latifundio que, entre otras causas, es propiciada por la ambición-corrupción gubernamental? Entre sus múltiples consecuencias, el "Mitch" también abrió de nuevo al escrutinio internacional a una Nicaragua cada vez más olvidada del mundo en estos últimos años. Pero estas nuevas ventanas abiertas sobre el país no parecen detener al Presidente en su irregular accionar. Tal vez porque él y sus allegados saben que disponen de un gran margen de maniobra y, por tanto, de impunidad.
Cualquier proyecto de reconstrucción de Nicaragua que impulse la comunidad internacional debe tener en cuenta el grado de corrupción que hoy existe en el país y las complicidades de inmunidad-impunidad que atraviesan todo el sistema político. Si esto se soslaya, se podría estar colaborando en la "reconstrucción" de fortunas personales. ¿Puede la presión de la cooperación externa hacer algo en este sentido? Puede hacer algo, pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Frenar la corrupción en los de arriba y reaccionar contra la corrupción en los de abajo es un desafío eminentemente "nacional".
Entre otras razones, por cómo funcionan las cosas en la globalizada economía internacional. Cuando el gobierno llega a un acuerdo con el FMI, éste desembolsa inmediatamente el préstamo acordado y la única condición consiste básicamente en que el gobierno mantenga férreamente la política económica pactada. La llamada cooperación externa desembolsa sus préstamos para proyectos dependiendo de que el FMI y el Banco Mundial avalen o no el desempeño económico del gobierno en cuestión. Los criterios de la comunidad internacional para evaluar ese desempeño se centran generalmente en los indicadores macroeconómicos. Si el gobierno incumple la meta fijada para el déficit fiscal, si en lugar de tener un déficit del 5% lo deja subir al 6%, el FMI califica mal al gobierno. Según sea el grado de incumplimiento, puede incluso suspender todo desembolso. Cuando esto sucede, cuando los organismos internacionales evalúan mal a un país y le suspenden fondos, la cooperación externa hace lo mismo. Se produce un efecto en cadena.
Pero si el gobierno abusa o hace un uso ineficiente de los fondos que recibe de los organismos internacionales o de los fondos que recibe de la cooperación externa, nunca existen sanciones idénticas. Prácticamente, no hay sanciones. Si en el actual contexto de reconstrucción el gobierno del Presidente Alemán incumple acuerdos con el FMI corre un gran riesgo, pero si desvía fondos, manipula proyectos, juega a favor de allegados en los contratos o trata por todos los medios de deprestigiar o de destituir al Contralor —con el fin de quitarse de encima la fiscalización de esta institución— serán pocos en la cooperación externa los que señalarán esas actitudes como un retroceso económico o evaluarán negativamente la gestión económica del gobierno.
Quizá sea por ello, como ya se insinuó, que el gobierno parece dispuesto a persistir en la falta de transparencia. De hecho, Alemán aprovechó la ocasión de la reunión en Washington del Grupo Consultivo para dar un nuevo paso de tanteo o de avance en un propósito al que no renuncia desde que tomó el poder: deslegitimar a la Contraloría General de la República (CGR) y destituir a su titular, el Contralor Agustín Jarquín. Alemán solicitó formalmente al Presidente Clinton apoyo para crear un organismo "independiente" que supervisara y controlara la transparencia en el proceso de reconstrucción post-"Mitch". Este organismo complementaría a la CGR y estaría integrado por nicaragüenses y por representantes de los países que cooperan con Nicaragua. Para la realización de este trabajo, el gobierno contrataría a una empresa internacional de auditores. También el 10 de enero de 1999, al presentar en la Asamblea Nacional el informe de su segundo año de gestión, Alemán insistió en la creación de "otra" Contraloría.
Jarquín reaccionó al anuncio presidencial con la cautela que le caracteriza, recordando lo que todos saben: que, según la Constitución, la CGR es el máximo ente fiscalizador del Estado y goza de autonomía. Señaló que lo fundamental en Nicaragua es respetar el marco jurídico que establecen las leyes y fortalecer las instituciones que ya existen y solicitó al Presidente una copia del proyecto de la nueva institución, pero no recibió nada. Semanas después se conoció que Jarquín —hoy al frente de la organización de entes fiscalizadores de Centroamérica y el Caribe— promoverá una propuesta de fiscalización de la ayuda post-"Mitch" a nivel centroamericano, en la que participaría una empresa internacional de auditoría coordinada con los órganos fiscalizadores de la región y respetando la institucionalidad de cada uno de los países. Este proyecto será presentado al Grupo Consultivo que se reunirá en mayo en Estocolmo.
Pierre Schori, actual Ministro de Cooperación y ex-Primer Ministro de Suecia, sostuvo en Washington, durante la reunión del Grupo Consultivo, y repitió después en Managua, que la reconstrucción de Centroamérica requiere, sobre todo, de "un cambio de actitud". En este momento es este cambio lo más necesario. Pero, lamentablemente, los hechos del día a día siguen demostrando que, en las alturas, parece lo más difícil.
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Colaboración, "Equipo Envío", Nicaragua
El 35.3 por ciento de los salvadoreños tiene mucho interés por asistir a votar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de marzo, según revela la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. La pesquisa, realizada con el propósito de conocer cómo se sienten los salvadoreños y cómo se definen políticamente de cara al proceso electoral, fue realizada entre el 6 y el 11 de febrero del año en curso, con una muestra nacional de 1,542 adultos de zonas urbanas y rurales a lo largo y ancho de los catorce departamentos de la república. El sondeo reveló que un 22.6 por ciento tiene "algo" de interés por asistir a votar; mientras que un 41.8 por ciento tiene poco o ningún interés por asistir a las urnas para elegir al Presidente de la República.
Según los resultados del sondeo realizado por la UCA, en esta campaña electoral los salvadoreños no parecen estar muy motivados. Las encuestas muestran que los ciudadanos no tienen más interés y confianza por el proceso del que tenían en elecciones pasadas.
Dos de cada tres salvadoreños dijo tener poco o nada de interés en la campaña electoral iniciada en noviembre pasado, mientras que uno de cada tres salvadoreños afirmó tener algo o mucho interés en la misma. Una comparación de estos resultados con los obtenidos en los sondeos anteriores de la UCA señala que el nivel de interés por el proceso electoral habría bajado desde el año pasado.
En cuanto a la confianza en el proceso electoral, los resultados muestran que los salvadoreños se encuentran divididos. El 49.9 por ciento sostuvo que tenía mucha o alguna confianza en el proceso eleccionario; en cambio, el 49.1 por ciento dijo tener poca o ninguna confianza. Preguntados directamente sobre la transparencia de las elecciones, el 34.4 por ciento afirmó que las elecciones serán limpias, mientras que el 37.8 por ciento cree que habrá fraude. El resto respondió que no sabía si las elecciones serían limpias.
Cuando a los encuestados se les preguntó si los salvadoreños "tienen ganas de ir a votar", las respuestas se dividieron prácticamente por la mitad. El 47.1 por ciento afirmó que los salvadoreños tienen ganas de asistir a votar, mientras que un porcentaje similar, el 46.6 por ciento, afirmó lo contrario.
Además, a los salvadoreños se les preguntó si va a haber o no abstencionismo. El 69.6 por ciento piensa que va a haber un elevado abstencionismo. Las razones son muy elocuentes. El 36.3 por ciento dijo que no hay confianza en los políticos; el 19.1 por ciento sostuvo que no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo; el 11.1 por ciento dijo que los candidatos o los partidos no gustan y el 11 por ciento dijo que a la gente simplemente no le interesa la política, entre otras respuestas. Por el otro lado, las personas que creen que no habrá abstencionismo (22.2 por ciento), argumentan que la gente quiere un cambio (39.1 por ciento), porque hay entusiasmo (28.5 por ciento) y que la asistencia a votar es una obligación (25.4 por ciento), entre otras razones.
El sondeo reveló que una de las opiniones que sigue prevaleciendo en buena parte de la población salvadoreña es que las elecciones no sirven para cambiar la situación del país: el 53 por ciento dijo que "gane quien gane las elecciones, las cosas van a seguir igual". Cuando se les preguntó a los ciudadanos si las elecciones contribuirán a solucionar los problemas del país, el 47 por ciento dijo que los problemas seguirán igual, el 29.7 por ciento sostuvo que los mismos se solucionarán y sólo un 9.3 por ciento afirmó que los problemas nacionales van a empeorar. El resto de ciudadanos no supo contestar a la pregunta.
Por otra parte, la encuesta del IUDOP pidió a los ciudadanos que señalaran lo que puede ayudar a que el país mejore en el futuro. Las respuestas se dividieron de la siguiente forma: el 27 por ciento dijo que ARENA gane las elecciones, el 25.2 por ciento dijo que lo que ayudaría es que aparezca un líder fuerte de otro partido, el 19 por ciento afirmó que otro partido gane las elecciones y un 10 por ciento sostuvo que el FMLN gane las elecciones. Un 14.2 por ciento tuvo una opinión distinta: sólo Dios puede ayudar a que mejore el país. El resto de ciudadanos optó por no responder.
Las opiniones políticas
A los encuestados se les pidió que expresaran su posición ante la siguiente frase: "Lo que más le conviene al país es que gobierne otro partido". El 46.1 por ciento estuvo muy de acuerdo o algo de acuerdo con esa opinión; en cambio, el 37.2 por ciento se mostró en desacuerdo con la misma.
El sondeo de la UCA introdujo el tema de las preferencias electorales preguntando por ARENA y por el FMLN de forma separada. En el caso de ARENA, el 54.3 por ciento señaló que debería dársele otra oportunidad a este partido político porque su candidato representa una nueva imagen del mismo; en cambio, el 37.5 por ciento sostuvo que ARENA no debería gobernar más. En el caso del FMLN, el 56.5 por ciento de los consultados cree que el partido de izquierda no está preparado para gobernar, en tanto que un 35 por ciento considera que se le debe dar una oportunidad para gobernar y cambiar al país.
Sobre los partidos pequeños, la encuesta de la UCA mostró que existen opiniones divididas. El 30.5 por ciento consideró que los partidos pequeños deberían unirse entre ellos, el 27.8 por ciento sostuvo que deberían quedarse tal y como están, el 19.8 por ciento señaló que deberían desaparecer y un 16 por ciento señaló que deberían aliarse con ARENA o con el FMLN. El resto no contestó.
Los candidatos
Sobre los candidatos, el sondeo de la UCA indagó dos cosas. Uno, el nivel de conocimiento —o reconocimiento— que tienen los ciudadanos de cada uno de los candidatos a presidente; y dos, el nivel de simpatía por cada uno de ellos, medido a través de una nota de 0 a 10.
El candidato más conocido por los ciudadanos es Francisco Flores con un 89.2 por ciento, le sigue Rubén Zamora con un 82.4 por ciento. Facundo Guardado es conocido por el 81.6 por ciento de los salvadoreños, en tanto que Rodolfo Parker es conocido por el 64.1 por ciento. El resto de candidatos es conocido por menos del 50 por ciento de la población cada uno.
En términos de imagen o valoración, el candidato de ARENA es el que recibió el promedio más alto de calificaciones (6.84), seguido por Rubén Zamora (5.57), Facundo Guardado (5.22) y Rodofo Parker (5.13), el resto de candidatos recibieron promedios por debajo del 5.
Además, se pidió a los consultados que escogieran a su candidato de preferencia de entre los postulados. El 45.4 por ciento escogió a Francisco Flores, el 12.5 por ciento lo hizo por Facundo Guardado, el 11.9 por ciento escogió a Rubén Zamora y el 4.8 por ciento se decantó por Rodolfo Parker. El resto de candidatos no reúnen más allá del 2.5 por ciento.
Las simpatías por partido
La UCA midió las simpatías de los ciudadanos hacia los partidos de tres formas distintas. Los tres métodos usados arrojaron resultados similares. En primer lugar, se pidió a los encuestados que participaran en un simulacro de votación, usando una boleta de votación similar a la que será usada el 7 de marzo y guardando la confidencialidad. En segundo lugar, se pidió a los encuestados que identificaran al partido de su preferencia. Y en tercer lugar, se pidió a los encuestados que dijeran por qué partido votarían si las elecciones hubiesen sido el domingo siguiente a la encuesta.
Sobre las preferencias de partido, el 32.7 por ciento dijo que no tenía partido de preferencia, el 36.2 por ciento señaló a ARENA y el 12.2 por ciento lo hizo por el FMLN. El 4 por ciento escogió al PDC y el 3.4 por ciento prefirió al CDU. El resto se dividió en señalar otros partidos o prefirió mantenerlos en secreto. En las intenciones de voto expresas, los porcentajes aumentan en la mayoría de partidos. ARENA llega al 40.7 por ciento y el FMLN obtiene el 14.9 por ciento, pero en este caso el CDU obtiene el 5.4 por ciento y el PDC el 4.2 por ciento. El resto de partidos no aumenta. Finalmente, en el voto simulado, ARENA se mantiene alrededor del 40 por ciento, el FMLN llega al 16.9 por ciento y los partidos PDC y CDU se encuentran empatados con el 5.6 por ciento cada uno. En resumen, los resultados indican que el primer lugar lo mantiene ARENA entre el 36 y el 40 por ciento de las intenciones, seguido del FMLN con porcentajes entre el 12 y el 17 por ciento. El PDC y el CDU protagonizan una cerrada pugna por el tercer lugar alrededor del 5 por ciento; mientras que LIDER estaría disputando con el PCN la siguiente posición.
En síntesis
El último sondeo pre-electoral realizado por el IUDOP de la UCA revela que la población no está especialmente animada por la campaña electoral. Muchos ciudadanos no están seguros si asistirán a votar y perciben que los demás tampoco lo están. A la base de esto sigue estando la inveterada desconfianza en el sistema político y en la percepción de la poca utilidad de los comicios para modificar las condiciones de vida y las del país en general.
Aunque buena parte de la población no parece estar de acuerdo con que ARENA continúe en el poder, existe otra porción de los salvadoreños que está dispuesta a ofrecerle la oportunidad de seguir gobernando, ello porque no encuentra otra opción política que le resulte atractiva. La ventaja de ARENA se explicaría, además, por la imagen que proyecta su candidato más que por una simpatía fundamental con el partido. El FMLN, por su parte, parece estar sosteniéndose con su voto duro y parece haber perdido algunos segmentos de población que le apoyaban en el pasado.
Los partidos pequeños, sobre todo CDU, PDC y LIDER, parecen estar ganando ciertos espacios en las preferencias ciudadanas, en algunos casos impulsados por sus fórmulas presidenciales y en otros simplemente por el desafecto de algunos ciudadanos por los partidos grandes.
San Salvador, 16 de febrero de 1999
¿Es Usted de las personas que tienen algún familiar en los Estados Unidos y que dependen económicamente de sus remesas? Imagínese que un día cualquiera se da cuenta que su pariente forma parte de la lista de deportados, ¿cómo reaccionaría ante esta situación? Seguramente se sentiría bien por un lado, pues lo volvería a ver; pero mal, por el otro, pues los ingresos económicos de su grupo familiar se verían seriamente afectados. Pues eso le ha pasado a más de un centenar de familias salvadoreñas durante las últimos fechas. Desde el pasado 4 de febrero, las instalaciones migratorias en el Aeropuerto Internacional de Comalapa han registrado alrededor de 130 compatriotas provenientes del territorio estadounidense. Las cámaras, tanto de televisión como fotográficas, capturaban sus rostros cabizbajos que reflejaban más pena que gloria. Las autoridades de aquel país consideran que estas personas cometieron algún tipo de delito que ameritó la aplicación de tal medida.
Pero, ¿en qué graves actos habrán incurrido que les costó la expulsión del "paraíso"? Uno de los afectados, quien trabajó catorce años en la llamada "Unión Americana", comenta que su error fue conducir en estado de ebriedad; así, además de ir a la cárcel, ahora se encuentra de nuevo en El Salvador. Él, como muchas de las personas que lo acompañaron en su retorno forzado, sólo traía una caja de cartón con muy pocas pertenencias que en nada reflejan tantos años de difícil trabajo y penurias.
El presidente Armando Calderón Sol —en su ya clásica forma de opinar— sostiene que la situación antes descrita "pone en riesgo a la ciudadanía, al recibir gente que tiene conducta antisocial, lo cual pone en peligro a las familias salvadoreñas". Frente a juicios como éste, injustamente global, vale la pena señalar que las y los salvadoreños estamos en peligro desde hace mucho tiempo y no desde que tocaron nuestro suelo estos grupos, pues la inseguridad se ha convertido en lo más común de la realidad nacional y el gobierno no ha hecho nada por encontrar una solución sólida y duradera. Lo que más bien se observa es que el tema de las deportaciones está siendo utilizado para que la actual administración proponga, a la Asamblea Legislativa, agilizar la aprobación de la llamada Ley de Defensa Social cuyo anteproyecto lo presentó el ministro de Justicia, Rubén Mejía Peña, en marzo de 1996.
En un principio se sostuvo que —ante una situación generalizada de inseguridad personal y social, junto a la necesidad de enfrentar el problema de la delincuencia organizada— se tenían que enfilar las baterías contra grupos de población "delictual" y "predelictual" que requerían de un "tratamiento especial". Así, el principal propósito de dicha ley sería "proteger la tranquilidad de la sociedad y prevenir las conductas dañosas, peligrosas e intimidatorias que algunos individuos o grupos generan en detrimento de la comunidad salvadoreña". Es claro que con este tipo de disposiciones no se estarían definiendo a las personas en cuanto violadoras de una ley específica, sino como potenciales agresoras.
La aprobación de la misma, obviamente, está siendo promovida por la fracción legislativa de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). En un medio televisivo, Walter Araujo —jefe de la fracción parlamentaria de ese partido— aseguró que una normativa de este tipo es necesaria para prevenir el incremento de delincuentes en el país. "Nosotros lo que queremos es que las personas delincuentes deportadas sean retenidas, investigadas, interrogadas y hasta procesadas en esta Nación", dijo.
Las pretendidas justificaciones esgrimidas por la bancada "arenera" para dar este paso, se producen en medio de una campaña política anodina donde la indefinición de una buena parte del electorado no les permite aún cantar victoria y los obliga a ofrecer acciones demagógicas que en la práctica no van solucionar nada. Si se dejan de lado los frágiles "argumentos" que escuchamos, nos damos cuenta que el contenido de dicha legislación es anacrónico, inconstitucional y contrario a los derechos humanos. Su cuarto artículo es un claro ejemplo de ello; en él se delimita y define lo que entienden por conducta y grupos "antisociales". Ahí aparecen las personas repatriadas procesadas en Estados Unidos o que vienen de cumplir alguna pena; a ellas se suman las que sin pertenecer a esas dos categorías son expulsadas como "indeseables" y no como simples indocumentadas. Existe otro subgrupo que es el de las contagiadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); según la propuesta de ARENA, aunque no son delincuentes ni han manifestado "mala conducta", esas personas "son un peligro" y es necesario tenerlas "bajo control".
También se incluyen aquellas "sospechosas" que no justifiquen su permanencia en los alrededores o dentro de establecimientos comerciales, bancarios, educativos, industriales, paradas de buses, salidas de oficinas públicas y privadas o cualquier otro lugar de reunión pública, así como el encontrarse en horas de la noche dentro de alguna zona residencial. Otro grupo considerado antisocial es el de las personas que, careciendo de medios lícitos de subsistencia y siendo aptos para el trabajo, no realicen actividades productivas o educacionales y "promuevan en forma individual o colectiva la inseguridad social y el peligro para la comunidad". Por último, otras personas propensas a delinquir —según la propuesta "arenera"— son las que mantienen "resentimientos históricos" surgidos durante el conflicto armado y que constituyen grupos armados que deambulan por el territorio nacional, así como aquellas que se agrupan para producir desorden e inseguridad en la sociedad civil.
Tomando en cuenta lo anterior, la mayoría de la población salvadoreña se puede ubicar en la categoría de "sospechosa" pues —según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)— el 48% de las familias en el país viven en condición de pobreza. Así la gran cantidad de personas económicamente activas que se encuentran desempleadas o "subempleadas", generalmente "andan de arriba para abajo" por las plazas, calles y caminos del país buscando empleo u ofreciendo cualquier cosa para que se las compren. ¿Quién definirá si son o no sospechosas estas víctimas de un modelo social cada vez más excluyente?
En el caso específico de las y los repatriados, esta injusta legislación sería un homenaje a la "doble moral" que caracteriza a ciertas especies de la llamada "clase política" y del aparato gubernamental porque algunas de esas personas —quienes en algún momento generaron parte de las divisas que ayudaron al crecimiento macroeconómico del que tanto presume la gestión "arenera"— ya cumplieron sus condenas, en muchos casos impuestas por faltas leves o delitos menores. También sería una aberración y un atropello contra las víctimas del SIDA, quienes —más que el incremento de los niveles de discriminación y castigo— necesitan ayuda médica, apoyo sicológico y respaldo moral.
En cuanto los grupos de personas propensos a delinquir por "resentimientos históricos" o que tienen por finalidad la producción del desorden, cabe preguntarse: ¿se refieren a las personas pobres, a las siempre sobrantes y excluidas, a las víctimas de la represión política y de la violencia bélica, a las que padecieron reiteradas violaciones a sus derechos humanos, a las que podrían salir o salen a las calles demandando seguridad, justicia y trabajo? Vergüenza le debería dar al partido oficial que —lejos de propiciar un ambiente para la reconciliación nacional— aprobó en marzo de 1993 una amnistía que dejó en libertad a tantos y tantos verdaderos criminales cuya participación en la tragedia nacional de los años setenta y ochenta —acá, dentro del país y no en el extranjero— era más que evidente.
Cuando observamos el contenido de esta reiterada y demagógica iniciativa, no podemos menos que recordar la Ley de Vagos y Maleantes que, en 1997, fue derogada por la Corte suprema de Justicia venezolana tras declararla inconstitucional. Con esa "herramienta" en la mano, el poder en que el país incurrió en numerosas arbitrariedades sobre todo entre los sectores populares. ¿Quién es un sujeto peligroso?, fue la principal interrogante que se colocó sobre el tapete de la discusión a la hora de establecer el objeto de una norma que sancionaba actitudes y no delitos.
"Definir una conducta peligrosa se ha convertido en una dificultad. Porque el problema está en cómo sancionar a aquellas personas que no han delinquido pero de las cuales se presume su peligrosidad", advirtió Gustavo Tarre, presidente de la Comisión de Política Interior de Diputados del Parlamento en Venezuela. Asimismo, este legislador sugirió que —en lugar de proceder a elaborar otra normativa— había que revisar disposiciones ya existentes que podían ser utilizadas, por áreas específicas, para enfrentar los hechos que antes eran "resueltos" por la vía de la Ley de Vagos y Maleantes. En el otro sentido, ciertas voces gubernamentales y políticas —al igual que en nuestro país— "pusieron el grito en el cielo" intentando que la población temerosa creyera que al derogar esa ley el país entero se sumiría en el caos.
Con experiencias como esas y a partir de la nuestra, resulta ilógico que a estas alturas se desempolve la Ley de Defensa Social a sabiendas de que sus resultados terminarían siendo nefastos e ineficaces. Para no ir muy lejos, recordemos la famosa e inútil Ley de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, aprobada por la Asamblea Legislativa el 19 de marzo de 1996. Los mismos que ahora claman por la Ley de Defensa Social nos quisieron vender esa Ley de Emergencia como la solución y la aprobaron allá en el "Salón Azul"; así, durante la administración que está por finalizar nos ofrecieron que Calderón haría brillar el "Sol"; sin embargo la delincuencia —común en parte, pero sobre todo la organizada— continuó atemorizando e inmovilizando a la población. Tras el fracaso de la Ley de Emergencia, sus promotores no dijeron nada; pero hoy vuelven con más de lo mismo para "enfrentar" —ahora sí, de una vez por todas— la delincuencia e instalar por fin la una "paz social" llena de "Flores".
En este marco, el arzobispo de San Salvador señaló que se requiere incrementar las medidas para controlar la delincuencia; así, monseñor Fernando Sáenz Lacalle dejó entrever como alternativa de solución la aprobación de la Ley de Defensa Social. El prelado afirmó que desconocía su contenido pero señaló, refiriéndose al narcotráfico y a otros hechos punibles, que "debe haber una medida para controlar estas acciones delictivas". "El cómo balancear la libertad del individuo y sus actuaciones, como el derecho que tienen a la privacidad de sus transacciones bancarias y la seguridad del Estado y también de la sociedad, es algo que los diputados tienen que sopesar; de todas formas si un sólo partido es el que lo propone, hay otros que pueden equilibrar esta posición unipartidista", dijo monseñor.
Como ya es costumbre frente a temas tan importantes y en los que de alguna forma se observa la desatinada actuación de los partidos políticos que lo nombraron para ocupar el lugar del procurador para la defensa de los derechos humanos, el señor Eduaro Peñate Polanco no ha dicho "esta boca es mía". Ello, pese a que el diputado Araujo ya dijo que —de aprobarse este regresivo y represivo instrumento— la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos tendría que realizar un papel de vigilancia y control por medio de sus delegados para su "correcta" aplicación. Ante la ausencia de una palabra atinada u orientadora, su Santidad Juan Pablo II vuelve a ofrecernos luz cuando en su reciente Exhortación Postsinodal en México hizo suyo el siguiente planteamiento: "la Iglesia en América debe ser abogada vigilante que proteja, contra todas las restricciones injustas, el derecho natural de cada persona a moverse libremente dentro de su propia Nación y de una Nación a otra. Hay que estar atentos a los derechos de los emigrantes y sus familias, y al respeto a su dignidad humana, también en los casos de inmigraciones no legales".
Transcribimos a continuación la segunda parte del documento "Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial", el cual es el resultado del proceso de consulta ciudadana de Bases para el Plan de Nación
V. PROPUESTAS ESPECIFICAS
Además de los ejes de acción, hubo aportes adicionales para la solución de los problemas priorizados. Se presenta un resumen pero en los Informes Departamentales se ofrece información que desarrolla las sugerencias específicas de los participantes.
1. Desempleo
El combate de este problema implica el establecimiento de una política nacional de empleo que incluya la atracción de las inversiones extranjeras permanentes y la creación de zonas francas. Además, la acción concertada entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales, que dé cuenta, por ejemplo, del apoyo a los micro y pequeño empresarios, artesanos y sector informal; el enfrentamiento y control de la delincuencia común y organizada; la práctica de una política de población que procure su crecimiento adecuado; y, la generación de alianzas municipales para impulsar la producción.
2. Pobreza, marginación e incomunicación departamental
Proponen que el Presupuesto Nacional sea aprobado por departamentos. Ello ampliaría las posibilidades de incrementar la producción local y por tanto, aumentar la importancia regional para atraer inversiones. Estiman necesaria la creación de comités intersectoriales e interinstitucionales y la acción unificada de las ONGs, para lograr perspectivas coherentes y un trabajo eficaz. De esta manera, sería más fácil fomentar la participación ciudadana y la promoción de procedimientos de concertación.
3. Delincuencia/inseguridad ciudadana
Los participantes orientan sus propuestas en varios niveles de acción. Uno se refiere al desarrollo de la prevención permanente, incluyendo la coordinación de la ciudadanía organizada con la Policía Nacional Civil; el mismo sentido tiene la creación de fuentes de trabajo. Otro, combina la urgencia de reformar el Sistema Judicial con la depuración y fortalecimiento de la PNC, hasta volver eficaz la acción policial en función de la seguridad ciudadana.
4. Inadecuado sistema educativo
Las propuestas vinculan diversos ámbitos, por ejemplo, demandan una acción política al requerir que el Presupuesto Nacional priorice la esfera educativa y se propicie el involucramiento de los gobiernos locales. Por otra parte, estiman necesario trabajar en el terreno técnico y pedagógico y por eso proponen modernizar el sistema educativo, mejorar el desempeño profesional de los docentes y coordinar el diseño y ejecución de planes interinstitucionales con la ciudadanía.
5. Estancamiento de la producción agropecuaria
Una condición para superar el estancamiento es la promoción de cambios económicos y políticos en el país que propicien y faciliten la modernización y diversificación de la agricultura, incluyendo la creación y acceso a nuevos mercados. Así, se ampliarán las oportunidades y perspectivas de invertir en nuevas áreas productivas.
6. Concentración de poder y recursos
Para superar este problema los participante proponen la construcción de un nuevo modelo económico y reformar y modernizar el sistema político. Además, plantean como requisito la democratización de la producción de información por parte de los medios de comunicación, con la finalidad de que la población sea actor con voz. Consideran una prioridad el establecimiento del Referéndum como una de las formas de la consulta popular.
7. Pérdida de recursos naturales
Una de las propuestas para frenar y superar este problema se refiere a la necesidad de aplicar la legislación nacional y municipal. Otra, educativa, se orienta hacia el estímulo de la población para el uso adecuado de los suelos. Los participantes demandan la presencia activa del Ministerio del Medio ambiente en todo el país.
VI. APORTES A LAS BASES PARA EL PLAN DE NACION
Durante el desarrollo de los talleres los participantes comentaron las propuestas de la Comisión Nacional de Desarrollo y destacaron los compromisos que, según su juicio, son estratégicos para el desarrollo del país. También señalaron puntos ausentes en el texto de las Bases o temas que ameritan profundizarse. A continuación se presenta la síntesis de los aportes y comentarios surgidos en las consultas territorial e intersectorial.
1. Compromisos Políticos
Dentro de esta área de compromisos, la CND propone tres objetivos fundamentales: Consolidar la Democracia, Descentralizar el Poder y la Administración Pública y, Redefinir el Rol del Estado. Para conseguirlos sugieren diversas acciones. Sobre estas los participantes emitieron sus juicios.
Para Consolidar la Democracia , las personas consultadas relevaron el establecimiento del Referéndum como mecanismo idóneo para la participación ciudadana en las decisiones nacionales. De igual manera, respaldan la propuesta de institucionalizar las candidaturas independientes de alcaldes y diputados. La mayoría visualiza positivamente el pluralismo de los Consejos Municipales con la advertencia de que las cúpulas partidarias formen e instruyan adecuadamente a sus cuadros para evitar distorsiones ideológicas que entorpezcan el desarrollo de los municipios.
La Descentralización del Poder y la Modernización Pública es considerada fundamental. Reflexionaron que el traslado de poder y recursos a los municipios tiene como condición la capacitación sistemática tanto de concejales como de funcionarios de las alcaldías, para garantizar el uso adecuado de los recursos.
Sobre los Fines del Estado, enfatizaron la necesidad de que efectivamente sea garante de la moralidad pública y por lo tanto respaldan acciones como la creación de la Contraloría General de la Nación, la emisión de la Ley de Probidad, la elección del Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte de Cuentas, por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.
2. Compromisos Socioeconómicos
Los objetivos que plantea la CND en esta área se refieren a estimular un Nuevo Compromiso Productivo Nacional y Preservar el Medio Ambiente. Los juicios y comentarios de los participantes resaltaron los siguientes aspectos.
En todos los talleres plantearon que la reactivación de la economía pasa por la necesaria adecuación del sistema crediticio a las necesidades de la producción nacional y particularmente respecto de los pequeños productores agrícolas, micro y pequeños empresarios y del sector informal.
Sugieren que la Reforma Fiscal sea equitativa y tienda hacia la progresividad y que contemple severidad en la aplicación legal respecto del contrabando, la evasión y el comercio ilícito de bienes del Estado.
Para lograr una nueva cultura empresarial y laboral, los participantes enfatizaron en la necesidad de contar con un marco legal adecuado para normar las relaciones entre empleadores y trabajadores, de tal manera que no haya desventajas para ninguno de los sectores.
Consideran que la satisfacción de las necesidades básicas implica priorizar la inversión social en las áreas de salud, vivienda y seguridad alimentaria.
Expresaron acuerdo con los planteamientos sobre el ordenamiento territorial, el uso y distribución de recursos hídricos y la preservación de zonas y recursos naturales. Enfatizaron en la necesidad de la reestructuración y reforzamiento institucional que haga efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental y abra el espacio para la fiscalización de la sociedad civil.
3. Compromisos Institucionales
El objetivo propuesto por la CND pretende Modernizar la administración pública para acercar los servicios al ciudadano. En esta perspectiva los comentarios de los participantes toman en cuenta principalmente los siguientes puntos.
Es imprescindible lograr una adecuada coordinación interinstitucional para evitar la multiplicidad de esfuerzos y desperdicio de recursos. Por eso apoyan la sugerencia de evaluar todas las instituciones estatales. En este ámbito surgió la propuesta de revisar y redefinir el papel de la Fuerza Armada y de las Gobernaciones Políticas Departamentales. Asimismo, efectivizar los objetivos y el funcionamiento de ANDA, MOP, ISSS, MAG, Ministerio de Justicia, entre otros. Como parte del cambio institucional proponen que no se utilicen fondos públicos para campañas publicitarias de los entes gubernamentales.
4. Compromisos Educativos y Culturales
Dos objetivos plantea la CND en este ámbito: Crear Nuevas Bases Culturales y Transformar el Sistema Educativo. Sobre estos aspectos los participantes tienen apreciaciones concretas.
Las nuevas bases culturales deben asentarse sobre una visión de equidad entre hombres y mujeres. Asimismo, integrar en la ciudadanía la perspectiva de integración real de las personas con discapacidad.
En la formación, práctica y transmisión de valores, los participantes consideran estratégico e imprescindible que los medios de comunicación asuman el compromiso explícito de actuar de manera coherente y concordante con la visión de un nuevo salvadoreño.
Están plenamente de acuerdo en la profundización de la Reforma Educativa, dentro de la cual ponderan el papel protagónico del magisterio nacional, por lo que consideran esencial el establecimiento de una política nacional de estímulo y formación permanente de los docentes.
5. Compromisos sobre Participación Ciudadana
El objetivo propuesto por la CND hace referencia a la necesidad de fortalecer la democracia a través del estímulo de la responsabilidad y el compromiso ciudadano.
Los participantes afirman que dicho objetivo es un eje transversal del Proyecto de Nación. Por esta razón consideran que la organización ciudadana no debe matizarse ideológica o partidariamente; es decir, se espera que se trasciendan los intereses sectoriales. Insistieron en la necesidad de establecer el Referéndum como instrumento de participación ciudadana.
6. Otras Propuestas
Además de comentar las propuestas de la CND, los participantes propusieron temas y perspectivas que deben agregarse al contenido de las Bases para el Plan de Nación.
Debe ser un desafío lograr y mantener un adecuado crecimiento de la población, compatible con los esfuerzos del desarrollo económico. En igual sentido, el analfebetismo es una condición social que debe erradicarse para construir nuevas épocas en la vida del país.
Consideran que el texto de la CND no ha enfatizado algunos aspectos de la vida nacional y por ello sugieren la incorporación de los mismos dentro del rango de los compromisos nacionales. En este ámbito se inscriben los siguientes temas:
a) Atención de la infancia e integración social de la juventud; b) Sistema educativo integral que posibilite en las personas el desarrollo de diversas disciplinas; c) Integración social, laboral y educativa de las personas con discapacidad; d) Sistema nacional de salud; e) Defensa nacional; f) Identidad cultural e histórica nacional; g) Participación de las iglesias; h) Perspectivas de las universidades; i) Desarrollar la concepción de género en el documento.
VII. PERSPECTIVAS
La Consulta realizada a través de procedimientos que propiciaron la activa participación de los asistentes, mostró su eficacia al recoger de manera sistemática los aportes brindados de manera natural y espontánea por mujeres y hombres interesados en el desarrollo nacional.
La ciudadanía consultada ha definido las prioridades nacionales que deben guiar la acción gubernamental, política, sectorial y social y ha señalado, desde la sabiduría popular, caminos viables para iniciar o profundizar soluciones a los problemas claramente identificados. En este sentido la solución del desempleo es visualizada como el pivote alrededor del cual podrían organizarse acciones urgentes y de mediano plazo.
Como aporte de los procesos de consulta, los distintos Actores Nacionales tienen a su disposición propuestas concertadas sobre la visión del país, la priorización de problemas y los ejes que se consideran estratégicos y viables para el desarrollo. Con elementos producidos por la población los Actores e Instituciones tienen disponible información para procurar una labor de acercamiento, hasta lograr acuerdos que impulsen los cambios que requiere la nación y construir El Salvador como todos lo queremos.
