Año 19
número 844
febrero 24
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Sin ganas de ir a votar
Política Políticas sociales en las plataformas de ARENA y FMLN-USC
Política El componente de género en las plataformas de ARENA y FMLN-USC
Regional Sobre la próxima gira de Clinton por Centroamérica
Derechos Humanos De regreso a la prehistoria (II)
Sin ganas de ir a votar
La votación del 7 de marzo no es una encuesta, tal como los políticos quisieran, por más que le agreguen el calificativo de "verdadera". El 7 de marzo tendrá lugar la votación. La encuesta es otra cosa. Es un instrumento que ayuda a conocer la decisión de la población y su por qué. Si la encuesta está bien hecha, sus resultados suelen ser confirmados por los hechos —en este caso, la votación. Lo demás son juegos de palabras de los políticos o confusión en el concepto. Sea lo que sea, es un argumento para no enfrentar la realidad tal cual es.
Es indudable que la mayoría de la población desea el cambio, pero ninguno de los dos partidos grandes se presenta como opción real para ello. El FMLN, al ser el partido más grande de la oposición, debiera estar más preparado para enarbolar esta bandera, pero no ha sabido explicar al electorado en qué consiste el cambio. La mayoría de la población quisiera que ARENA ya no siguiera gobernando el país, pero al mismo tiempo presume que, gane quien gane, éste seguirá igual. Los problemas seguirán siendo los mismos. Por eso, una buena parte de quienes así piensan no votará el 7 de marzo.
La mayoría de quienes van a votar lo hará por ARENA, porque no encuentran otra opción. Los dos partidos han prometido casi los mismos cambios. ARENA a través de alianzas y el FMLN a través de una concertación nacional. ARENA ha difundido una larga lista de cosas que hará. El FMLN tampoco se ha quedado atrás, pero sus promesas son más generales. Las dos listas coinciden en no estar articuladas, no establecer prioridades, no señalar estrategias, no indicar fuentes de financiamiento ni plazos. Ante dos programas más o menos parecidos, la mayor parte de la población que va a votar prefiere lo seguro y opta por darle otra oportunidad a ARENA. Muchos argumentan que el FMLN aún no está preparado para gobernar. Quienes niegan su voto a ARENA, piensan lo contrario, que hay que darle una oportunidad al FMLN, pero son una minoría.
El debate de las propuestas electorales pudo haber hecho la diferencia, pero Flores no sólo se negó a confrontar sus promesas, sino que, además impuso, sus reglas a sus adversarios: les exigió la plataforma electoral y la definición de la segunda fuerza. Es así como Guardado, asumiendo ser la segunda fuerza, según todas las encuestas, le llevó a Flores su plataforma electoral, esperando en vano que éste aceptara el debate. Pero Flores recibió el plan con sorna. Felicitó a Guardado por haber sacado el documento unas pocas semanas antes de la elección y agregó que le enviaría sus observaciones.
El encuentro fue recogido en una imagen reproducida en todos los medios audiovisuales: Guardado y una parte de la dirigencia del FMLN entrega su documento desde la parte baja de una escalinata, mientras Flores lo recibe desde lo alto. Los representantes de los intereses populares se presentaron de traje y corbata, mientras que el representante del partido de los ricos apareció vestido de manera informal. Flores ni siquiera se dignó corresponder a Guardado, entregándole la plataforma de ARENA. Así, al menos, habrían intercambiado documentos y habrían quedado en enviarse las observaciones.
Parker, quien desde un tercer lugar bastante distante piensa que ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales, tampoco se quedó atrás y también dio a conocer su plataforma electoral. Con más dignidad que Guardado y con muchísimo orgullo escribió una carta a Flores, en la cual, con un lenguaje machista, le reclama haber cumplido con la condición impuesta y, en consecuencia, lo reta —como si de un duelo del siglo pasado se tratara— a debatir. Estas actitudes de los políticos han hecho las delicias de los caricaturistas y son el hazmerreír de muchos.
Con gran astucia, Flores se aprovechó de la ingenuidad de sus adversarios. Cuando éstos pensaban que todo estaba listo, Flores les respondió con el desprecio. Con gran prepotencia dijo tener cosas más importantes que hacer que debatir con sus contrincantes y que la segunda fuerza la definirá la votación del 7 de marzo. Por ahora, Flores ha hecho lo que ha querido, en gran medida por la credulidad de sus adversarios. Desde el momento en que les impuso las condiciones, era evidente que no tenía disposición para debatir. No lo necesitaba y podía costarle caro. Sin embargo, la jugada puede salirle mal a mediano plazo. No honrar la palabra dada significa pérdida de credibilidad. Flores ha socavado las posibilidades de su gobierno de alianzas, pues no es razonable aliarse con quien no tiene palabra.
El debate, por otro lado, ya no tiene ninguna importancia. Un debate regido por las condiciones que Flores impusiera no tendría sentido. El debate no cambiará las preferencias electorales, sólo ayudaría a conocer un poco más a los candidatos y sus ideas. Pero para ello hace falta libertad para cuestionar y discutir, cosas que Flores no tolera. El debate que pudo haber tenido lugar durante la campaña, cuestionando las ideas del adversario, contrastándolas con las propias y mostrando al electorado quién garantiza más la solución de los problemas nacionales, ya no tiene cabida.
Cuando se pregunta a la población quién podría cambiar el país, las primeras respuestas son ARENA y un dirigente fuerte, posibilidad que ha estado apareciendo en las encuestas desde hace algún tiempo, pero que no tiene lugar en estas elecciones. Después señala otro partido y sólo en cuarto lugar aparece el FMLN. Un grupo representativo coloca la esperanza de cambio en las manos de Dios, ya sea porque responde desde su fe o porque se ve tan desesperado que piensa que sólo aquél puede responder por él.
Desde esta perspectiva hay que interpretar la abstención. Es probable que ésta ronde el 50 ó 55 por ciento. Esto significaría que el próximo Presidente de la República será elegido por la mitad o menos del cuerpo electoral; es decir, su representatividad será muy reducida y carecerá de la legitimidad necesaria para hacer los cambios prometidos. Una abstención tan elevada es dañina para la democratización. Conviene, pues, que la población concurra a las urnas de forma masiva, pero para eso también hay que ofrecerle opciones reales. Esto es justamente lo que ha faltado. Así se explica, entonces, el poco interés en la campaña. En consecuencia, la mitad de la población sigue pensando que las elecciones no son confiables ni transparentes y no tiene ganas de ir a votar.
Es a todas luces evidente que uno de los puntos más débiles de la institucionalización democrática en El Salvador tiene que ver con el desarrollo social. Si bien es innegable que pasos importantes se han dado en el fortalecimiento de la democracia política, también lo es que demasiado poco se ha hecho para avanzar en la consolidación de la democracia social. En los últimos años, la erradicación de la pobreza se ha convertido en un lugar común en los discursos de los políticos. No obstante, ni el partido oficial ni los partidos de oposición han sabido dar respuesta a las necesidades básicas que la población demanda. Dado que las políticas sociales son uno de los aspectos determinantes a la hora de hablar de superación de la pobreza, exponemos a continuación algunas de las propuestas que los dos partidos políticos con más oportunidad de alcanzar la Presidencia de la República hacen en este nivel.
"Alianza solidaria"
Es en la tercera parte de su plataforma de gobierno donde Francisco Flores expone las políticas sociales que impulsará desde la Presidencia de la República para promover el desarrollo social. Así, en la "Alianza solidaria" las tres principales áreas de compromiso son: 1) Participación social y descentralización; 2) Generación de oportunidades para progresar; y 3) Acceso a servicios sociales básicos. Aunque en el punto 1 se plantean como objetivos la "consolidación de la democracia" y el "éxito de la descentralización", la "Participación social y la descentralización" se entienden más bien como un paulatino traspaso de la propiedad y administración de algunos de los servicios básicos del Estado hacia el sector privado.
Con ello, según el documento, se garantizarían "servicios de mayor calidad" y más accesibles a la ciudadanía. Teniendo en cuenta estos objetivos, las acciones que se ejecutarían son: a) establecer mecanismos de comunicación y coordinación del gobierno central con los gobiernos locales para garantizar una efectiva ejecución de la inversión pública; b) asegurar recursos financieros del gobierno central para transferir a las municipalidades, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de servicios y productivos de competencia municipal; c) promover la participación social en la prestación de servicios básicos por medio de modalidades contractuales de gestión; y d) institucionalizar mecanismos de supervisión y auditoría social en la provisión de servicios públicos.
En el punto 2, "Generación de oportunidades para progresar", se plantean las políticas encaminadas a robustecer el sistema de educación nacional, partiendo del supuesto de que "a mayores niveles educativos mayor es el bienestar y las oportunidades de desarrollo". Los objetivos de esta área de compromiso son: a) elevar la cobertura calidad y pertinencia de la educación parvularia, básica, media y superior; b) aumentar la eficiencia, eficacia y equidad del sistema educativo; c) hacer de la educación un medio efectivo para formar en los niños y jóvenes la conciencia de valores; y d) vincular el proceso educativo al desarrollo de la tecnología y la productividad.
Fundamentalmente, esta área se orienta a la "Profundización de la Reforma Educativa", por medio de: a) ampliar la cobertura de la educación a partir del tercer ciclo en áreas rurales y suburbanas, establecer fondos de becas para estudiantes destacados y rehabilitar la infraestructura escolar básica y media; b) mejorar la calidad educativa, lo que implica introducir herramientas tecnológicas (computadoras, internet, televisión, vídeo), la enseñanza del idioma inglés, nuevos estándares curriculares y apuntalar los sistemas de evaluación y supervisión de la educación, entre otros; c) establecer un sistema de incentivos a la excelencia docente y promover la capacitación de los maestros; y d) descentralizar la educación a través de la participación del sector privado en la administración de los institutos tecnológicos, la reorientación del financiamiento educativo y su administración, y una mayor autonomía de los Consejos Directivos Escolares.
Entendiendo que los servicios sociales básicos "son el soporte material para los esfuerzos productivos de las comunidades y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", el tercer apartado de la "Alianza solidaria" ("Acceso a servicios sociales básicos") se plantea como objetivo general: "mejorar la calidad de vida de las comunidades y las familias", y más específicamente: a) facilitar el acceso de la población a una vivienda digna; b) asegurar un suministro continuo de agua a precios competitivos; c) aumentar la calidad y cobertura de los servicios públicos de salud, priorizando los programas preventivos, de saneamiento básico y de promoción de la salud; y d) contar con un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) fortalecido para ejercer su función de regulación y vigilancia de la calidad de los servicios de salud.
Las acciones a ejecutar para dar cumplimiento a estos objetivos se agrupan en tres campos: acceso a vivienda, modernización del subsector agua y saneamiento, y reforma del sector salud. Las políticas relacionadas con el acceso a la vivienda son: a) garantizar la agilización del proceso de titulación de tierras, impulsar la promulgación de la ley de ordenamiento territorial y, en coordinación con los sectores pertinentes, una Política Nacional de Vivienda; b) facilitar los mecanismos para el financiamiento de viviendas y aumentar los recursos estatales orientados a la vivienda popular; y c) fortalecer la participación municipal y comunitaria para facilitar el acceso a servicios básicos en los programas de FONAVIPO.
En relación al segundo campo, las políticas más importantes son: a) reasignación institucional de los roles de rectoría y concesión de derechos de agua, regulación, supervisión y operación de sistemas; b) impulsar la promulgación de la Ley de Aguas y la creación de un ente rector que coordine la política hídrica y administre la asignación y concesión de derechos de uso de agua; c) mediante contratos de administración o concesión, descentralizar la producción y distribución de sistema de agua potable de ANDA; y d) liberalizar la producción de agua potable para propiciar la participación privada y mejorar el acceso a este recurso.
Finalmente, las políticas relacionadas con la reforma del sector salud son: a) promover el establecimiento del Consejo Asesor de Salud para fortalecer la coordinación y propiciar la reforma del sector; b) reorganizar y modernizar las funciones del MSPAS; c) aplicar estrategias para la organización, financiamiento y prestación de servicios de salud en forma descentralizada y con participación de las organizaciones no lucrativas, comunitarias y empresas privadas; d) promover la aprobación del nuevo Código de Salud y fortalecer las instancias del MSPAS responsables de su aplicación; e) crear el sistema de información de salud pública; y f) modernizar y fortalecer la capacidad de monitoreo y vigilancia del MSPAS sobre los establecimientos y servicios de salud públicos y privados.
"Invertir en la gente"
Invertir en la gente es el primer apartado de la plataforma gubernamental de la coalición FMLN-USC. En él se desarrollan las distintas políticas que dicha coalición plantea en materia social. Tales políticas están encaminadas a las áreas: educación, salud, sistema previsional, vivienda, niñez y adolescencia, deporte, servicios públicos esenciales y transporte. Por razones de espacio, sólo detallaremos aquí los que consideramos más relevantes.
El plan de gobierno del FMLN-USC reconoce los esfuerzos realizados hasta ahora en materia educativa. Señala, sin embargo, que esa rama continúa siendo deficitaria en términos de infraestructura, formación docente y recursos didácticos básicos. Con el fin de responder a esta problemática, la plataforma en cuestión establece los objetivos siguientes: a) ampliar la cobertura de la educación tanto en áreas rurales como urbanas; b) incrementar el desarrollo de la calidad de la educación nacional potenciando el desarrollo científico-técnico; c) crear una visión de nación salvadoreña en los educandos que fortalezca la práctica de valores apropiados para una nueva sociedad; y d) fortalecer la identidad cultural nacional mediante el fomento de los valores culturales y artísticos.
Para lograr tales objetivos las estrategias y medidas a seguir serían: a) retomar la investigación pedagógica y la formación de maestros mediante Escuelas Normales Regionales; b) propiciar la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales y comunidades en el diseño y administración de las políticas educativas; c) garantizar la gratuidad en la educación básica; d) facilitar el acceso de un número mayor de mujeres a la educación; e) promover sistemas de becas y créditos que posibiliten la formación media y superior de estudiantes de escasos recursos; f) potenciar la formación técnica formal y no formal con el fin de mejorar la inserción laboral de acuerdo a las necesidades productivas; g) incorporar en los planes curriculares ejes transversales, tales como Derechos Humanos, equidad de género, Medio Ambiente y cultura de paz; h) impulsar, en coordinación con las instituciones que fomentan los valores culturales y artísticos, programas que promuevan el rescate de la identidad nacional; i) crear un fondo nacional para la promisión y divulgación de la cultural y el patrimonio histórico; y j) promover las artes en la educación superior.
En materia de salud, el plan de gobierno del FMLN-USC señala que importantes sectores de la población carecen de atención, hay una débil promoción de la salud y prevención a la enfermedad y, además, el sistema de salud se encuentra fragmentado y sin liderazgo por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Por esa razón, se considera urgente desarrollar una "profunda reforma" del sector salud, propiciando una participación amplia para configurar un "Pacto Social por la Salud". El objetivo a lograr sería: "elevar el nivel de salud de la población a través de": a) la construcción de un sistema nacional de salud integral rectorizado por el MSPAS, que sea equitativo, accesible, eficiente, participativo y solidario; y b) la integración de las acciones de salud con el resto de sectores que están directamente involucrados con el desarrollo de las necesidades humanas fundamentales.
Para la concreción de dicho objetivo se proponen estrategias y medidas como: a) readecuar el financiamiento a las necesidades de salud de la población; b) enfatizar en la prevención, la promoción y la calidad; c) descentralizar eficientemente; d) apoyar la investigación en salud; e) fortalecer los mecanismos de información y supervisión del sistema; f) concertar permanentemente con el sector privado; g) reformar el seguro social permitiendo la ampliación de la cobertura y la desburocratización; h) crear un Consejo Nacional de Salud; i) formular una política de incentivos económicos y cualificación del personal en todos los niveles del sistema; j) desarrollar la investigación de prácticas de salud comunitarias y alternativas a las tradicionales; k) regular con estándares de calidad los servicios de salud, práctica médica y suministro de medicamentos; y l) dar prioridad a programas relacionados con; prevención y asistencia de enfermedades producto de la violencia, salud ocupacional, salud integral de la mujer y la niñez, salud mental, rehabilitación, política de medicamentos (calidad, uso racional, accesibilidad) y salud-Medio Ambiente.
En cuanto a la política habitacional, la plataforma del principal partido de oposición cuestiona la ausencia de un sistema nacional de planificación territorial y de facilidades en la adquisición de vivienda. Dado tal diagnóstico, se formula el siguiente objetivo: superar el déficit habitacional que vive el país en el ámbito rural y urbano, así como avanzar en el establecimiento de un sistema de planificación territorial que reglamente el uso del suelo en beneficio del hábitat. Para alcanzarlo se propone: a) reestructurar la institucionalidad del Estado vinculada al hábitat (Viceministerio de Vivienda, FONAFIPO, etc.), en concordancia con las exigencias actuales de vivienda; b) descentralizar los programas de vivienda de manera que sean los municipios y la población parte activa en la ejecución de los proyectos, de modo que se garantice vivienda digna en las zonas rurales; c) crear o fortalecer el ente rector estatal responsable del diseño y supervisión de la política habitacional y de subsidios a los sectores económico sociales más desprotegidos; d) favorecer la participación privada en la política habitacional; e) promover líneas de crédito a largo plazo con tazas de interés accesibles que permitan a las familias más pobres adquirir vivienda, remodelarla o construirla; f) impulsar la planificación del crecimiento urbano, asegurando un mejor ordenamiento territorial; g) impulsar modelos de vivienda en armonía con la naturaleza; y h) desarrollar una política de control de costos del alquiler de vivienda.
No se puede dejar de señalar, aunque brevemente, la propuesta de la izquierda en materia de servicios básicos y previsión social. Con respecto al primero, la coalición FMLN-USC se propone como objetivo: "garantizar mayor cobertura, calidad y transparencia en la prestación de los servicios básicos esenciales". Para lo cual propone: a) establecer deberes y derechos del usuario, así como facultades y obligaciones de los prestadores de servicios públicos y privados; b) fortalecer la capacidad de arbitraje de la SIGET y crear entes reguladores de los demás servicios; c) incrementar la eficiencia en la generación de energía e impulsar un proceso de descentralización progresiva del servicio de agua; y d) fortalecer el fondo del la FINET con el fin de asegurar la ampliación de cobertura y el subsidio de las tarifas a sectores de bajos ingresos.
En relación al sistema de pensiones, el plan de gobierno en cuestión busca readecuarlo "hacia un régimen mixto complementario que asegure una vejez digna para la población". Para este fin se propone: a) rescatar el rol constitucional de Estado en el régimen previsional incorporando la participación de las AFPs de manera complementaria a las prestaciones del sistema público; b) extender la cobertura hacia los sectores sociales desprotegidos; c) hacer un estudio técnico del costo fiscal de la actual reforma, insostenible a juicio de la coalición; d) reformar la ley actual de pensiones con el fin de proteger los derechos laborales y respetar el derecho constitucional de libre elección en la afiliación; y e) reorganizar la Superintendencia de Pensiones para garantizar su transparencia e imparcialidad.
Consideraciones
Al igual que en lo relacionado con el tema de la Seguridad Pública (ver Proceso, 842), las políticas sociales propuestas por los candidatos de ARENA y el FMLN-USC coinciden en muchos puntos, algunos de ellos fundamentales. Tanto el partido oficial como la coalición proponen una reforma del sector salud, una política para extender la cobertura y facilitar el acceso a la vivienda, y sobre la educación coinciden en la necesidad de extenderla, profundizarla y relacionarla más estrechamente con la ciencia y la tecnología. Así, en propuestas tan similares, los errores y debilidades son los mismos: en primer lugar, ninguno de los dos principales contendientes establece una jerarquía de prioridades ni un calendarización para aplicar las políticas sociales que se proponen: todo es igualmente importante e intemporal.
En segundo lugar, las políticas sociales de ambos partidos sobrepasan los límites de las posibilidades económicas del país: proponer una reconstrucción integral de la infraestructura educativa o el acceso, a nivel urbano y rural, a la vivienda son pretensiones desaforadas, irrealizables en un contexto tan pobre y con tantas necesidades como el nuestro. En tercer lugar, tanto Francisco Flores como Facundo Guardado pasan por alto que la participación de la empresa privada en la prestación de los servicios básicos —en especial por la rapacidad que caracteriza a la primera y por la debilidad de los mecanismos para controlarla—, no necesariamente se traducirá en mayor eficiencia y cobertura, menos aún cuando la elevación de las tarifas sustituiría a la ausencia de infraestructura física como barrera para el acceso a los servicios.
Es interesante ver cómo actualmente los partidos mayoritarios tienen dentro de sus adeptos un "sector femenino" que los respalda. Mujeres que, como posibles votantes, se reúnen en diferentes ocasiones para trabajar o, simplemente, expresar su lealtad hacia un determinado instituto político. Nada menos hace unos días, unas 12 mil mujeres se concentraron en la Feria Internacional para manifestar su incondicional apoyo a los candidatos de ARENA. Este "carnaval político", como lo nombró un periódico matutino, se realizó con el objeto de que los candidatos plantearan a las presentes el trabajo que, de ganar la presidencia, ARENA realizaría en pro de las mujeres del país. Los candidatos prometieron al sector femenino más participación en su gobierno. Además, no dudaron en afirmar que en las dos gestiones de ARENA se ha dado prioridad al desarrollo femenino y que "en el próximo gobierno" la mujer será tomada en cuenta al momento de tomar decisiones que afecten al país. El FMLN-USC, por su parte, realizó, no hace mucho, una "caravana de mujeres efemelenistas". Desfilando por algunos mercados de la capital, Nidia Díaz ofreció a las mujeres "las soluciones a sus problemas"; "Nosotros somos el cambio", les decía.
Puede asegurarse que el "sector femenino" ha pasado a ser un componente bastante significativo en este período pre electoral. Esta apelación a las mujeres pone de manifiesto, de una forma simbólica, el espacio que se les está abriendo en el marco de la elección presidencial. Es decir, lo que antes era totalmente negado a las mujeres es, en la actualidad y por diferentes motivos, altamente fomentado. La promoción del derecho al sufragio ya no se limita a una invitación general. Los directores de campaña y los políticos en contienda saben cómo dirigirse y atraer al sector femenino, como un grupo particular de la sociedad.
Por constituir las mujeres una significativa cantidad de votantes y probables seguidoras, algunas de las ofertas electorales son dirigidas a ellas especialmente, pues, aunque todos los problemas del país les conciernen tanto a hombres como a mujeres, estas últimas tienen problemas específicos y, por ende, necesitan un gobierno dispuesto a resolvérselos o, al menos, a prestarles la atención debida. Es entonces cuando se sirven a la carta las tentadoras promesas de mejorar todos los aspectos de la vida del sector femenino.
Ahora bien, dichas promesas van, enhorabuena, más allá de un mero gancho político. Los partidos políticos mayoritarios, por conveniencia o verdadera convicción, han tenido que plasmarlas y desarrollarlas dentro de las plataformas o programas políticos. De hecho, han elaborado, cada cual a su manera, un apartado dedicado especialmente a propuestas que favorecen a la mujer. "Promoción de la Mujer", se denomina el del FMLN-USC; y "Apoyo a la Mujer jefa de hogar", reza, más particularmente, el de ARENA. Aun con la desconfianza debida, es de celebrar la existencia de la visión de género dentro de ambas plataformas, pues ello significa un avance.
En este sentido, y con el objeto de conocer más claramente de lo que aquí se habla, se describirá, a grandes rasgos, lo que los programas gubernamentales proponen a las mujeres. Ante todo, hay una diferencia sustancial entre ambos proyectos. El componente de género es amplio y abarca muchos sectores dentro de la plataforma del FMLN-USC, mientras que ARENA es más superficial en el desarrollo del tema. Y es que, además del apartado "Promoción de la Mujer" que la coalición ha presentado, se plantean a lo largo del documento diferentes medidas orientadas al desarrollo y apoyo a las mujeres, incluidas dentro de temas generales como el sistema educativo, el sistema de salud, política habitacional, empleo, sector rural, micro, pequeña y mediana empresa... En cada una de estas áreas hay medidas particulares referentes al apoyo hacia el sector femenino del país.
Por otra parte, "Promoción de la Mujer" plantea objetivos, estrategias y medidas encaminadas a fortalecer a aquellas instituciones encargadas de trabajar en los problemas del sector femenino. Asimismo, aborda aspectos tales como: participación de la mujer en cargos públicos, autonomía económica, acceso a crédito y tecnología, reducción de riesgos ambientales, erradicación del maltrato infantil de las niñas, entre otros. Según se explica, el programa de gobierno del Frente da "una gran importancia a la promoción de las mujeres como un requisito básico de democracia y equidad".
En el programa de gobierno de ARENA se advierte, desde un principio, la ausencia de aspectos referentes a la mujer en los temas más generales. No es sino hasta el capítulo II, denominado "Alianza Solidaria", en el que se vislumbran algunos objetivos gubernamentales dedicados al tema de género. Este capitulo tiene 4 áreas de compromiso, una de las cuales es el "Desarrollo personal e integración familiar". Dentro de éste, se propone lo siguiente: "redefinir el rol del Estado en la atención a la mujer"; "aumentar y promover la transparencia de recursos a entidades y organizaciones que atienden a grupos vulnerables"; y "descentralizar la atención de la mujer". Se menciona, además, que uno de los objetivos de esta área es "crear condiciones que faciliten el desarrollo y bienestar de la mujer".
Finalmente, se plantea lo antes mencionado: el apartado de "Apoyo a la mujer jefa de Hogar". Este se desglosa en 6 propuestas referentes a modernización, coordinación y fortalecimiento de instituciones involucradas en la protección de la mujer; fortalecimiento de sistemas estadísticos; búsqueda de mecanismos para ampliar la Escuela Saludable, guarderías, etc.; y prioridad a los hijos de mujeres jefas de hogar en el otorgamiento de becas de estudio. Es importante recalcar que este programa de gobierno clasifica a las mujeres como "grupo vulnerable", y en todos los puntos donde el sector femenino es mencionado, esta caracterización es recurrente.
Por lo demás, todo aquello referente a sector rural, micro y pequeña empresa, productividad, empleo, participación político-social, se aborda separado de las necesidades de las mujeres. Se puede afirmar, pues, que en la plataforma de ARENA se comete el error de encasillar al sector femenino en un estereotipo de personas frágiles, lo cual no permite ver más allá de una mujer madre de familia que debe estar clasificada dentro de un "grupo vulnerable". En fin, la visión de género que se transparenta en el documento de ARENA es aún muy raquítica comparada con la complejidad de la problemática que hoy en día aqueja a las mujeres salvadoreñas.
Sin querer caer en favoritismos políticos y poniendo como argumento lo descrito anteriormente, la plataforma del FMLN-USC es bastante más propositiva y tiene más conciencia de la realidad actual de las mujeres que la de ARENA. Pero, como quiera que sea, es alentador para la sociedad en general que dentro de los planes de gobierno propuestos para los próximos cinco años de gestión, los problemas de las mujeres sean puntos prioritarios a resolver como parte de los objetivos del futuro gobierno.
En mayo del año pasado, el presidente de EEUU, Bill Clinton, sostuvo una cumbre con los mandatarios de Centroamérica en medio de una difícil coyuntura para las relaciones entre estos países. Las constantes modificaciones a la política de inmigración de la nación norteamericana mantenían en vilo a los millones de indocumentados centroamericanos que radican en ella y las frágiles economías de la región se estremecían frente a la imposibilidad de asimilar esa pesada carga laboral. Este año, la historia se repite con leves particularidades: en la nueva gira de Clinton por el área, los mismos temas han sido puestos en la mesa de las conversaciones, aunque esta vez estén mínimamente inclinados a favor de Centroamérica gracias al enorme peso que tuvieron sobre la opinión pública internacional los daños causados por la tormenta tropical "Mitch".
Hace pocos días, los mandatarios de la región definieron conjuntamente los temas que abordarán en la cumbre presidencial, que se realizará el 11 de marzo y cuya sede le corresponde, en esta ocasión, a Guatemala. Viejas preocupaciones han vuelto a ocupar un espacio dentro de la agenda; la política migratoria y la necesidad de concesiones en los lineamientos económicos que rigen las relaciones comerciales entre Centroamérica y EEUU son los más sobresalientes. La usual solicitud de inversión hacia la potencia mundial, como garantía para la estabilidad económica del área, también ha sido tomada en cuenta. La inclusión de otros tópicos relacionados con la transformación y reconstrucción de las naciones más afectadas por "Mitch" y el perdón de una parte de la deuda externa de la región con EEUU aparecen, igualmente, como puntos prioritarios.
La ineludible necesidad de que Centroamérica recomponga su economía casi de manera integral no deja de ser fundamental para entender la situación actual de la región. De ahí la importancia de que la reunión con Clinton se realice en este preciso momento. En virtud de esto, es necesario determinar dónde se encuentra el punto desde el cual se puede mesurar un verdadero avance con respecto a otras cumbres que ya se han sostenido; qué actitud habría que esperar para que los compromisos que se adquieran en esta oportunidad puedan marcar un hito en el desarrollo de la región, en concordancia con los nuevos y viejos retos que a ésta se le presentan.
En principio, es un error considerar la pretensión de los presidentes centroamericanos de apegarse a una agenda común para plantear medidas concretas al gobierno de Clinton —suponiendo una ilusoria unidad regional— como un avance de dimensiones suficientes para hablar de una nueva era en las relaciones con EEUU. De hecho, los objetivos acordados no han logrado superar la tendencia de algunos países de focalizar la atención en determinados puntos de la discusión, por el provecho que, en particular, les suponen. Por ejemplo, Costa Rica sigue estando a la cabeza de los esfuerzos por conseguir mayores beneficios económicos para Centroamérica, mientras que del pastel del perdón de la deuda, Nicaragua y Honduras se llevarían el pedazo más grande. Por su parte, a El Salvador le conviene mucho más abogar por los indocumentados residentes en EEUU.
Pero aún más importante es observar que no se ha partido de una evaluación crítica de la política estadounidense de la última década hacia la región para fundamentar dichos objetivos. Si bien es cierto que la reconstrucción del área es un interés de dimensiones históricas, la "super agenda" de los presidentes no incluye ningún punto que presione a los EEUU a reorientar su política de apertura de mercados. Varios analistas coinciden en señalar que el empeño mostrado por Clinton en impulsar una política de comercio expansionista responde más al interés de las empresas transnacionales estadounidenses —quienes desde Wall Street financiaron buena parte de las campañas del mandatario— que al desarrollo y bienestar de las economías de la región. Basta con apreciar la prioridad que los acuerdos en materia económica han tenido sobre los esfuerzos en materia política y social para confirmar esta tendencia.
Clinton ha protagonizado los más importantes esfuerzos de este siglo por consolidar acuerdos comerciales con países o bloques en toda América Latina; pero la cooperación en términos de pacificación, fortalecimiento de las instituciones estatales y modernización de los sistemas políticos de los países subdesarrollados ha quedado en manos de dependencias menores dentro del aparataje estatal estadounidense. Y no es que los esfuerzos que dichas instituciones han realizado no tengan valor. La participación de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en el proceso de pacificación de Guatemala y en el desarrollo de programas de participación comunitaria en El Salvador y Nicaragua, por ejemplo, representan un aporte positivo para ciertos sectores de la región.
Sin embargo, la atención que se ha puesto a este tipo de esfuerzos no ha sido capitalizada lo suficiente como para generar verdaderas transformaciones en la calidad de vida de la población, mucho menos en la forma como los gobiernos conducen a los países del área. Si todavía son discutibles los alcances de los beneficios que la apertura de mercados pueda tener en Centroamérica, lo que salta a la vista por sí sólo es que, al plegarse sin mayor planificación a dichas estrategias, se corre el riesgo de acentuar viejos problemas (como la tendencia a fundar economías de especulación apoyadas en sectores financieros inexpertos, el debilitamiento de la industria y la agricultura) o, en el peor de los casos, engendrar nuevos males.
En el discurso "The State of the Union" de 1998, Clinton insistía en la responsabilidad de su país frente a la seguridad y estabilidad del mundo entero frente al nuevo milenio. Pero, ¿qué seguridad ofrece a Centroamérica cuando no se observa en su administración un interés sincero por apoyar sectores políticos o económicos que en verdad servirían de base para el "desarrollo sostenible" que dice ofrecer? ¿Cómo identificar una postura definida ante la xenofobia de los conservadores republicanos en el congreso, o frente al indetectable paso de drogas a través de la costa atlántica de la región, si lo que ha caracterizado la administración de Clinton es la capacidad de amoldarse a las intempestivas crisis que aparecen en el camino? ¿Dónde quedan sus propuestas sobre ecología, apoyo a la educación o control de la delincuencia y de la galopante violencia que afecta a la región?
No se trata de pensar en EEUU como la panacea de todos los males de la región centroamericana, pero no cabe duda de que ese país tiene el poder suficiente para influir en la puesta en marcha de soluciones radicales y efectivas contra esos males. Claro está que la realización de un ideal de verdadera cooperación mutua supone abandonar todo tipo de estrategias para mantener un dominio hegemónico sobre las economías de los países del istmo. Sin embargo, el gobierno de Clinton parece estar lejos de prescindir de tales objetivos. Los presidentes de la región deberían tomar nota de esto para, finalmente, marcar la diferencia con respecto a otras reuniones y ofrecer verdaderas oportunidades a sus pueblos para el nuevo siglo.
El contenido de esta propuesta de ley constituye una clara violación a los derechos humanos que contradice el marco jurídico interno y diversos tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado salvadoreño. El antes citado artículo 4 de este proyecto, por mencionar tan solo un ejemplo, viola derechos tales como los siguientes: a la libertad personal, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia, a la libertad de asociación, a la libertad de circulación y residencia así como a la protección contra la detención ilegal y arbitraria. Todas estas garantías están contempladas en la Constitución de la República, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Para ilustrar a quienes paradójicamente dicen ser los "Padres de la Patria", a fin de evitar que sigan cometiendo en más desaciertos, a continuación ofrecemos un resumen de la opinión consultiva emitida el 9 de diciembre de 1994 —bajo el registro OC-14/94— por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se pedía el parecer del organismo sobre la responsabilidad internacional de los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando aprueban y aplican leyes que violan dicho instrumento regional. Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de noviembre de 1993, esta opinión consultiva inicia haciendo referencia a las interrogantes planteadas en el escrito:
1. Cuando un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta una ley que viola manifiestamente las obligaciones que el Estado ha contraído al ratificar la Convención, ¿cuáles serían en ese caso los efectos jurídicos de esa ley en vista de las obligaciones internacionales de ese Estado?
2. Cuando un Estado parte en la Convención dicta una ley cuyo cumplimiento por parte de los agentes o funcionarios de ese Estado se traduce en una violación manifiesta de la Convención, ¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades de dichos agentes o funcionarios?
Al responder la primera pregunta, la Corte entendió la palabra "ley" en su sentido material y no formal. Implícitamente, esta pregunta viene a referirse a la interpretación de los artículos 1 y 2 de la Convención que establecen el compromiso de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y a adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Naturalmente, si se ha contraído la obligación de adoptar las medidas aludidas, con mayor razón lo está la de no adoptar aquellas que contradigan el objeto y fin de la Convención. Estas últimas serían las "leyes" a que se refiere la pregunta planteada por la Comisión.
La pregunta se refiere únicamente a los efectos jurídicos de la ley desde el punto de vista del derecho internacional, ya que no le corresponde a la Corte pronunciarse sobre los mismos en el orden interno del Estado interesado. Esa determinación compete de manera exclusiva a los tribunales nacionales y debe ser resuelta conforme a su propio derecho. Una cosa diferente ocurre respecto a las obligaciones internacionales y a las responsabilidades que se derivan de su incumplimiento. Según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Asimismo estas reglas han sido codificadas en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
Es indudable que, como se dijo, la obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención, comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades. Ya en una ocasión anterior la Corte ha dicho: "Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y, específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Para el caso de que un Estado emitiere una ley contraria a la Convención, la Corte ha dicho "que la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella..." Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento, haya sido o no aplicada en un caso concreto. Esta calificación y recomendación pueden ser hechas por la Comisión directamente al Estado (art. 41.b) o en los informes a que se refieren los artículos 49 y 50 de la Convención.
Otro es el tratamiento que el mismo problema tendría ante la Corte. En efecto, en ejercicio de su competencia consultiva y en aplicación del artículo 64.2, la Corte puede referirse a la eventual violación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos por una norma interna o meramente a la compatibilidad entre esos instrumentos. Pero, en cambio, si se trata de su jurisdicción contenciosa, el análisis hay que hacerlo de otra manera.
Es conveniente señalar, en primer lugar, que una ley que entra en vigor no necesariamente afecta la esfera jurídica de personas determinadas. Puede suceder que esté sujeta a actos normativos posteriores, al cumplimiento de ciertas condiciones o, llanamente, a su aplicación por funcionarios del Estado, antes de afectar esa esfera. O puede ser que, en cambio, las personas sujetas a jurisdicción de la norma se afecten por la sola vigencia de la misma. A estas últimas normas y a falta de mejor denominación, la Corte las llamará leyes de aplicación inmediata en el curso de esta opinión.
En el caso de que la ley no sea de aplicación inmediata y no haya sido aún aplicada a un caso concreto, la Comisión no puede comparecer ante la Corte para someter un caso contra el Estado con base en la sola emisión de la ley. La ley que no es de aplicación inmediata es mera facultad dada a las autoridades para tomar medidas de acuerdo con ella. No representa, per se, violación de los derechos humanos. En el caso de las leyes de aplicación inmediata, tal como han sido definidas anteriormente, la violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el solo hecho de su expedición. Así una norma que despojara de algunos de sus derechos a una parte de la población, en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza.
Cuando se trate de aquellas normas que solamente violan los derechos humanos cuando se aplican, para evitar que tales violaciones se consumen la Convención contempla los mecanismos de las medidas provisionales. La razón de que la Comisión no pueda someter a la Corte casos de leyes que no sean de aplicación inmediata y que aún no hayan sido aplicadas, es que, conforme al artículo 61.2 de la Convención, para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50, y para que esos procedimientos puedan ser iniciados es indispensable que la Comisión reciba una comunicación o petición que contenga una denuncia o queja de una violación concreta de derechos humanos respecto de individuos determinados.
La exigencia de que se trate de individuos determinados se desprende del artículo 46.1.b que exige que la petición o comunicación "sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva" y del artículo 46.2.b que no requiere el agotamiento de los recursos internos y exime de la exigencia del plazo mencionado cuando "no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos..."
Si el caso llegare a la Corte después de seguido el procedimiento indicado en los artículos pertinentes, ella tendría que considerar y resolver si el acto que se imputa al Estado constituye una violación de los derechos y libertades protegidos por la Convención, independientemente de que esté o no de acuerdo con la legislación interna del Estado y, en caso afirmativo, que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados y, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias del acto violatorio y se pague una indemnización.
La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos. No existe en la Convención disposición alguna que permita a la Corte decidir, en el ejercicio de su competencia contenciosa, si una ley que no ha afectado aún los derechos y libertades protegidos de individuos determinados es contraria a la Convención. Como antes se dijo, la Comisión sí podría hacerlo y en esa forma daría cumplimiento a su función principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos. También podría hacerlo la Corte en ejercicio de su función consultiva en aplicación del artículo 64.2 de la Convención.
La Corte concluye que la promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye una violación de ésta y que, en el evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.
La segunda pregunta de la Comisión se refiere a las obligaciones y responsabilidades de los agentes o funcionarios del Estado que den cumplimiento a una ley violatoria de la Convención. Respecto a esto, la Corte concluye que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya un crimen internacional, genera también la responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que lo ejecutaron.
Tomando en consideración la anterior jurisprudencia de la Corte Interamericana, no cabe duda que con la aprobación y aplicación de la Ley de Defensa Social al futuro gobierno se le heredaría un serio problema. Si la fracción "arenera" y sus "compañeros de viaje" se atreven a dar ese paso, el país entero estaría caminando hacia atrás: pues ello significaría un grave retroceso en el esfuerzo por construir un Estado democrático de Derecho en El Salvador.
Es cierto que la población ya está cansada de tanta violencia e inseguridad; también es cierto que esas situaciones negativas se deben enfrentar y superar. Pero para ello se requiere diseñar políticas de Estado realmente atinadas que incorporen en su filosofía y acción la participación de la población, que tengan como fundamento el respeto a la dignidad de las personas y que —además de las medidas urgentes y de corto plazo— ataquen la raíz de los problemas mediante acciones de mediano y largo alcance. Todo ello, en el marco de una racionalidad que nos permita superar los ánimos exacerbados y los actos desesperados o demagógicos, a fin de garantizar el éxito en una batalla que necesariamente debe emprenderse.
ENCUESTA. Un simulacro de votación realizado entre el 6 y el 11 de febrero por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), reveló que ARENA triunfaría en la primera ronda electoral, al obtener 40.1% del total de votos, equivalente a casi un 54% del total de los votos válidos. El resto de los partidos solamente llegó al 34.5% del total de sufragios. Específicamente, el FMLN obtuvo 16.9% de votos y el CDU y PDC empataron con 5.6%. Los resultados demuestran que la brecha entre ARENA y el FMLN continúa siendo de 20 puntos. Asimismo, en la investigación realizada uno de cada cuatro salvadoreños se abstuvo de votar, mientras que la tasa de indecisos constituyó el 16% de los entrevistados. Según la encuesta del IUDOP, el 40.7% de los consultados afirmó que votaría por ARENA, el 14.9% se inclinó por el FMLN, y por el CDU votarían 5.4%, quedando este en tercer lugar. Por su parte, el PDC cuenta con 4.2%, y LIDER y PCN 1.3% cada uno. Según informó el Instituto, el FMLN no solamente quedó mal en el simulacro, sino que, además, 56.5% de los encuestados piensa que este partido "no está preparado para gobernar". En el caso de ARENA, el 54.3% demandó una nueva oportunidad para este partido, ya que su candidato presidencial, Francisco Flores, representa una nueva imagen del mismo (LPG 17.02 p.4).
AMBIENTE. El Ministro del Medio Ambiente, Miguel Araujo, presentó, el 16.02, luego de más de ocho meses de espera "involuntaria", los siete reglamentos que echarán a andar la Ley del Medio Ambiente. Estos reglamentos se refieren a áreas específicas, entre las cuales se encuentran: impacto ambiental, manejo de aguas residuales y sustancias tóxicas. Araujo presentó dichos reglamentos ante la Comisión de Protección del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. No obstante, debido al retraso en la entrega, la oposición llegó a considerar la interpelación del Ministro por incumplimiento de la Ley. Ante tal situación, Araujo justificó el retraso por la falta de presupuesto para el Ministerio del Medio Ambiente. Por su parte, el diputado Miguel Sáenz, del FMLN, reconoció el esfuerzo del Ministerio en elaborar los siete reglamentos, pero señaló "una clara violación al artículo 5 de la Ley del Medio Ambiente" que obliga al Ministerio a elaborarlos en el plazo establecido, que se venció el pasado noviembre. Por ahora, los diputados de todas las fracciones acordaron apoyar a Araujo para que gestione una reunión con la Comisión de Hacienda, con el propósito de buscar un posible refuerzo presupuestario. El Ministro dijo que con el autorrecorte de fondos que hizo la Corte Suprema de Justicia, su cartera podría verse beneficiada (LPG 17.02 p.8).
CONDONACION. El 100% de la deuda agraria fue condonada, el pasado 17.02, con los 48 votos de los diputados de la oposición. Con ello, cerca de 4 mil agricultores con créditos morosos con la Federación de Cajas de Crédito, el Banco de Fomento Agropecuario y el Banco Hipotecario se verán beneficiados. El monto total de lo condonado asciende, según cálculos de los diputados de oposición, a unos mil quinientos millones de colones, puesto que se incluyó en el decreto, originalmente pensado para los afectados de los fenómenos climatológicos "Mitch" y "El niño", a todos los créditos morosos del sector agropecuario, otorgados por las tres instituciones desde octubre de 1979. En reacción, el jefe de la fracción arenera, Walter Araujo, le pidió públicamente al Presidente Armando Calderón Sol que vetara el decreto, por considerarlo "fuera de toda lógica económica y jurídica". Asimismo, el coordinador del Frente Agropecuario, Jorge Flores, expresó: "esperamos que al señor presidente no le vaya a temblar la mano para vetar nuevamente la Ley, porque al sector agropecuario tampoco le va a temblar la mano para votar en contra [del partido oficial] el día de las elecciones". El Ministro de Hacienda concordó con estas declaraciones y le recomendó a Calderón Sol que vete el decreto por considerar que tiene visos de inconstitucionalidad (LPG 18.02 p.4).
UTEC. Contrario a lo que informó la última encuesta realizada por el IUDOP de la UCA, la encuesta efectuada por la CIOPS-UTEC, publicada el 17.02, registró un descenso —de 39.18% a 34.53%— en el apoyo de los potenciales votantes de ARENA. En la votación general, ARENA alcanza el 46% de los sufragios, pero la Ley exige el 50% más uno para que se pueda declarar ganador en primera vuelta. Esto refleja una ventaja de ARENA del 15.83% sobre el FMLN, quien cuenta únicamente con menos del 20% de la intención de voto de los ciudadanos. Por otra parte, abonan a la expectativa de una segunda vuelta los porcentajes obtenidos por el PDC y CDU, que figuran en la tercera y cuarta posición con el 5.04% y el 4.90%, respectivamente. El PCN nuevamente aparece amenazado con la posibilidad de extinción, ya que no alcanza el mínimo de 3% de los votos requeridos por la ley. Dicho partido resultó con un 2.03%, LIDER obtuvo un 1.93%, seguido por PUNTO, con el 0.52%. Ante la posibilidad de una segunda vuelta, los encuestados están divididos sobre la conveniencia de permitir que las fórmulas se reformen en una posterior elección. El 43.29% de los entrevistados considera que en una segunda ronda estarían de acuerdo en que se presenten cambios en las fórmulas presidenciales; y un 43.76% demanda respeto a la fórmula preestablecida (LPG 18.02 p.15).
VETO. El Presidente de la República, Armando Calderón Sol, advirtió, el 22.02, que podría ejercer su derecho de veto en contra de la Ley que condona el total de la deuda agraria a unos 4000 agricultores con créditos morosos. Justificando sus decisiones en la defensa de la Constitución y del estado de Derecho, el mandatario recordó que ya antes había vetado iniciativas similares de parte de la Asamblea Legislativa y aseguró que no dudaría en hacerlo de nuevo. Asimismo, hizo un llamado a los partidos de oposición para que desistieran de llevar a cabo acciones de ese tipo, cuya pretensión era únicamente atraer votos. Luego de que la Asamblea ratificara la polémica dispensa de pago, varias organizaciones ligadas a la empresa privada, junto con otras instituciones profesionales, iniciaron una campaña en contra de que Calderón Sol respaldara la ley. Entre ellas, la Fundación Salvadoreña Para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en un comunicado publicado el mismo día, además de señalar deficiencias técnicas en el decreto, sostuvo que no traería verdaderos beneficios al sector agropecuario. La Fundación indicó que los problemas de dicho sector no solo provenían de una estructura crediticia desfavorable y que con una nueva condonación se desalentaría a la banca nacional a continuar otorgando préstamos al agro (LPG 23.02 p.19 y 32).
VETO. El Presidente Calderón Sol finalmente vetó, el 23.02, la Ley de Rendición de Cuentas y Resarcimiento de Daños, por medio de la cual se perdonaba el cien por cien de la deuda del sector agrario. En sus declaraciones, el mandatario no sólo justificó su decisión sobre la base del mantenimiento del orden jurídico, sino que también dijo que no permitiría ese tipo de "irresponsabilidades" e hizo un llamado a la clase política para que actuara "con mayor madurez". Calderón Sol alegó que el Estado no estaba obligado a rendir cuentas al sector agropecuario, porque nunca había administrado sus propiedades, que no podía desembolsar fondos públicos para el pago de deudas particulares y que la ley pretendía solventar daños causados por "facciones". Además, señaló que los diputados que apoyaron la condonación sólo pretendían ganar votos en las elecciones de marzo próximo. Por su parte, el candidato presidencial del CDU, Rubén Zamora, se opuso al veto y a las razones expuestas por Calderón. "El Presidente tiene que aprender a leer la Constitución. Las razones que esgrime son las de los banqueros", acotó. Miembros de ARENA calificaron la ley de "populista"; Kirio Waldo Salgado, del PLD, la llamó "aberración", mientras que Manuel Melgar, del FMLN, se quejó de que, al final, no hubiera triunfado la razón (LPG 24.02 p.4, DH 24.02 p.6).
