Año 19
número 845
marzo 3
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Flores sin pétalos
Política ¿Aclaración necesaria o mentira pública?
Política Democratización y participación ciudadana en las plataformas del FMLN-USC y ARENA
Economía Las propuestas económicas de ARENA y FMLN-USC
Regional ¿Un referéndum para el futuro de Guatemala?
Derechos Humanos Elecciones y lecciones del pasado
Flores sin pétalos
Se ha repetido y a fuerza de repetirlo se ha dado por sentado que la campaña electoral ha sido de altura, es decir, sin insultos. En realidad, no ha sido así. La imagen que los partidos políticos han proyectado en los grandes medios de comunicación ha sido muy cuidada y correcta. Se han esforzado por guardar las formas y la buena educación. Quienes hablan de altura, sin duda, se refieren a esta proyección. Pero los mítines han sido otra cosa. En ellos, ARENA se ha dedicado a insultar a su contrincante principal por todo el país. No sólo ha descalificado al FMLN utilizando términos duros, sino que le ha atribuido de manera unilateral la destrucción y la muerte dejadas por la guerra —como si él y sus dirigentes no hubiesen estado vinculados a la Fuerza Armada de entonces y en particular a los escuadrones de la muerte—, ha insultado a Facundo Guardado y se ha reído de él como ha querido. La tarea se la distribuyeron de forma calculada. Cristiani ha sido el vocero del pasado y del desprecio, mientras que el discurso de Flores se centraba en las promesas, aunque él también hizo uso del lenguaje arenero tradicional.
En las últimas semanas de la campaña, todos los candidatos han ido despojándose de las buenas maneras y han ido recurriendo a las formas antiguas del discurso político. Antiguas, pero actuales, porque es el lenguaje habitual de los diputados, en las sesiones de la Asamblea Legislativa, y de los representantes de los partidos políticos, en sus intervenciones públicas. En el caso del Centro Democrático Unido, la norma se rompió para recordar a la opinión pública, en desplegados en la gran prensa, que su candidato estuvo asociado al FMLN durante la guerra, que participó en los primeros diálogos y que presuntamente participó en la piñata sandinista. Este y otros ataques contra este partido, como la destrucción de propaganda, subrayan que la amenaza real para el predominio de ARENA no proviene del FMLN, sino del Centro Democrático Unido, dirigido por Rubén Zamora. Algunos atribuyen este cambio de lenguaje al nerviosismo del final de la contienda, en lo cual no dejan de tener algo de razón; pero tal vez sea más realista decir que los candidatos están mostrando lo que son. No han podido resistirse a su propia naturaleza, la cual, al final, ha terminado imponiéndose.
En este sentido, la campaña de Flores es la que más ha involucionado. El candidato de ARENA comenzó mostrándose muy amable, cercano y educado. Pero cuando obtuvo el respaldo indiscutible del partido y su popularidad aumentó hasta ocupar el primer lugar de las preferencias, sacó a relucir su verdadera personalidad. Las buenas formas sólo fueron una careta para ocultar su intolerante ideología de derecha, para hacerse aceptable a la opinión pública y así asegurarse el apoyo de ARENA. La arrogancia y la prepotencia de Flores al final de la campaña, evidenciadas en su rechazo al debate y al contacto con la prensa, cosas que ya no necesita, han socavado de antemano las posibles alianzas que como gobernante pueda llegar a hacer. No se pueden hacer alianzas con un político que no honra su palabra. Las promesas de dialogar sobre los problemas nacionales y de discutir sus posibles soluciones orientadas al bien común ni siquiera pudieron llegar hasta el final de la campaña para demostrar su falsedad.
Flores mintió cuando rechazó el debate argumentando que era un foro para insultar. En realidad, él y los dirigentes de ARENA han sido quienes más han insultado en esta campaña electoral. Mintió cuando alegó que debatía con el pueblo salvadoreño. Tal vez al comienzo de su campaña, cuando era un desconocido, habló con la gente, pero con ella no ha discutido sus planes de gobierno. Es cierto que en los últimos meses recorrió el país, pero para dictar su lista de promesas desde una cátedra artificial, construida sobre cajones o sacos falsos y vacíos. Flores, al igual que ARENA, sabe muy poco de discutir y consensar. No puede esperarse apertura de quien sólo conoce el autoritarismo.
De todas maneras, el debate tuvo lugar sin su participación y sin insultos. Fue un debate de ideas y planes de gobierno, limitado si se quiere en sus alcances, pero en el cual los participantes se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos. El debate puso en evidencia las fortalezas y las debilidades de los candidatos, incluido el desprecio de Flores a sus adversarios, a la democracia y, en último término, al pueblo salvadoreño, al que dice estar mirando a los ojos. Si bien Flores no se dignó asistir, su propaganda machacó a la audiencia durante más de dos horas, saturando el espacio destinado a comerciales. Esto agrega cinismo a la mentira. Es irónico que se haya negado a participar para no abrir a sus adversarios espacios sociales a su costa, pero contribuyó generosamente a financiarles su aparición en la televisión.
Tal como era previsible, el debate sacó a luz las diferencias en los planteamientos aparentemente similares de los candidatos: el derechismo autoritario de Parker, quien se propone poner orden violando la Constitución; las vaguedades de Guardado, temeroso de que sus ideas no sean aceptadas por el poder económico del país; las tendencias represivas de García, para quien los crímenes de la Guardia Nacional y de ORDEN son "imperfecciones" —una visión compartida por uno de los panelistas de extrema derecha—; las propuestas coyunturales de Ayala a los pequeños problemas reales de la gente; y las respuestas articuladas y brillantes de Zamora. El debate hubiera dado más de sí si el panel de interrogadores se hubiera preparado mejor y hubiese sido más independiente. La obsesión hizo que el representante de la gran empresa identificase la corrupción con el secuestro. Con todo, la experiencia ha sido positiva.
Flores podrá ser relativamente joven y tener más formación que el promedio de los políticos salvadoreños, pero no ofrece cambios importantes en el estilo arenero de ejercer el poder ni modernizará al partido. La nueva generación reproduce los viejos patrones de ARENA, condenando sus posibilidades de apertura y cambio. ARENA todavía sigue creyendo que enterrará a los rojos en El Salvador sin caer en la cuenta de que el mundo ha cambiado en la década de los noventa. Su poderosa maquinaria electoral pareciera comenzar a dar muestras de obsolescencia, víctima del anacronismo acusado de quienes la manejan. El futuro no pertenece a este ARENA que perdió la década de los noventa, sino a nuevas alternativas con una visión más amplia del país y del mundo, con mayor sensibilidad hacia las necesidades y las aspiraciones de las mayorías populares y comprometidas con la descentralización y la democratización del poder.
Aunque no con toda la fuerza que debiera, el tema del debate presidencial ha cobrado notoriedad cuando ya falta menos de una semana para la celebración de la elección presidencial. Tal tema pudo haber cobrado mayor relevancia si los medios de comunicación, en su conjunto, le hubieran dado el espacio debido. Pero no fue así; incluso hubo medios que hicieron del debate un asunto de menor importancia, cuando no vieron a sus promotores como a unos necios, empecinados en sacar adelante una iniciativa cuyo beneficio ellos no alcanzaban a ver.
Ciertamente, hubo medios de comunicación que sí se tomaron en serio su papel de formadores de una opinión pública reflexiva y madura; estos medios comprendieron bien que un debate presidencial, organizado responsablemente, podía ayudar al votante a emitir un voto razonado. Varios de estos medios apoyaron iniciativas encaminadas a la realización de un debate presidencial, como el promovido —bajo la denominación de "Diálogo presidencial"— por cuatro universidades privadas, el consorcio de ONGs para la educación cívica y el colegio de asociaciones de profesionales; otros, como Canal 12 de televisión, organizaron su propio debate.
Curiosamente, la iniciativa de las universidades, las organizaciones no gubernamentales y los colegios de profesionales fue ignorada absolutamente por el partido ARENA y su candidato a la presidencia, Francisco Flores. Salvo contactos esporádicos entre algunos miembros de la Comisión organizadora de este debate y el jefe de campaña de Flores, nunca hubo una respuesta formal por parte de éste a la invitación que se le hizo llegar, primero en forma privada y, después, públicamente. El evento organizado por Canal 12 no podía ser ignorado por el partido ARENA y su candidato. Por supuesto, Flores se resistió a participar —lo cual era previsible, dado que parte de su estrategia política es no debatir—, pero su no participación tenía que ser justificada públicamente, ya que no es muy conveniente despreciar abiertamente —eso lo sabe bien hasta Francisco Flores— a un importante medio de comunicación. Se puede despreciar a los profesionales, a las universidades, a las ONGs, pero no a los medios, a los que, cuando no se les puede tener como aliados, hay que mostrarles al menos cortesía.
La deferencia hacia Canal 12, llevó al Comité de prensa de ARENA a publicar, el 28 de febrero de 1999, una "Aclaración necesaria", en la cual conviene detenerse, pues es una muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar Flores en su compromiso con la democratización de El Salvador. En la "Aclaración" se exponen los "principios que hemos tenido siempre con respecto al tema". Examinemos esos principios y contrastémoslos con la realidad.
Primer principio: "Que un debate, para que sea práctico, debe darse entre la primera y segunda fuerza política del país". Pues bien, según los resultados de las últimas elecciones y según los sondeos de opinión más serios realizados en los últimos meses, la primera fuerza política del país es ARENA y la segunda es el FMLN. A sabiendas de esto, el Comité organizador del "Diálogo presidencial" trabajó en los aspectos metodológicos iniciales que permitieran un encuentro entre los candidatos a la presidencia de ambos institutos políticos. En este sentido, este "principio" defendido por ARENA fue cumplido desde un primer momento por los organizadores de este evento cívico; tanto Francisco Flores como Facundo Guardado fueron informados oportunamente al respecto.
Segundo principio: "que tanto el moderador, los panelistas, como el lugar y el día del debate, deben ser del consenso de ambos candidatos y no impuestos por terceras personas". Este principio también iba a ser cumplido por la Comisión organizadora del "Diálogo presidencial"; para hacerlo realidad se solicitó formalmente a cada uno de los candidatos la designación de un miembro del partido que trabajara con la Comisión en los diversos aspectos del debate. Sólo Facundo Guardado hizo eco de la invitación; Flores ni siquiera se dio por aludido. El "principio" defendido por el Comité de Prensa de ARENA no se podía llevar a la práctica si el partido no estaba dispuesto a involucrar a uno de sus miembros en los preparativos de un evento que requería, para realizarse, del consenso de ambos candidatos. Para lograr consensos —eso parecen no saberlo Flores y sus asesores— se tiene primero que conversar.
Tercer principio: "Que deben debatirse ideas, programas de gobierno y aspectos de interés nacional, con toda seriedad y profundidad". Precisamente, uno de los propósitos expresos del "Diálogo presidencial" era ese; es decir, convertirse en un espacio en el cual los candidatos, interrogados por un selecto grupo de panelistas, expondrían con seriedad y profundidad sus planteamientos sobre los principales problemas del país. Más que nadie, el Comité organizador del "Diálogo presidencial" y las instituciones convocantes estaban interesados en la altura del encuentro entre Flores y Guardado; este interés se afincaba en su compromiso decidido con el fortalecimiento de la democracia en El Salvador. Este propósito fue del conocimiento de ambos candidatos; sólo uno de ellos aceptó comprometerse en este esfuerzo.
En fin, uno a uno los "principios" sostenidos por ARENA para justificar la no participación de su candidato en un debate presidencial traicionan la verdad de modo abierto. Cabría esperar actitudes más serias de un partido que aspira a gobernar el país por cinco años más; cabría esperar mayor responsabilidad de un candidato que se precia de su altura moral, su educación y su civilidad. Las figuras políticas deberían tener como norma de conducta un respeto mínimo por la verdad. Cuando los políticos o sus partidos faltan maliciosamente a la verdad, algo grave está pasando con los valores éticos más elementales. La posición pública de ARENA traiciona flagrantemente la verdad, pues los "principios" sostenidos por ese partido, como se ha visto, fueron cumplidos por el Comité organizador del "Diálogo presidencial" y Francisco Flores sencillamente ignoró esa invitación a debatir. Es decir, ARENA y su candidato han actuado de modo contrario a lo que se expresa en la "Aclaración necesaria", por lo cual la misma no es más que una "mentira pública".
Volviendo a los medios de comunicación, éstos pudieron haber jugado un papel determinante en la realización de un debate presidencial. La mayoría de ellos no quiso hacer del debate un asunto de interés público realmente importante. Si los medios le hubiesen dado al tema del debate el espacio que se merecía, aquél quizá se hubiera efectuado. O, si no se realizaba, los costos políticos para quien se resistió a debatir hubieran sido mayores. Pero, para que esto fuera así, el debate presidencial tendría que haberse convertido en un asunto de interés nacional. Aquí, la mayor parte de medios no aportaron su cuota al avance de la democracia; con contadas excepciones, casi todos se posicionaron ante el asunto como algo que les era ajeno, como un hecho más sobre el cual, desde lejos y sin contaminarse, informar. La democracia requiere de una fuerte dosis de responsabilidad; quienes más peso tienen en la formación de la opinión pública deberían asumir el desafío que supone informar-educar para vivir en democracia.
Si algo lograron los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, fue sentar las bases para la construcción de una sociedad democrática. De hecho, desde entonces hasta ahora, los mayores avances en el desarrollo del país se han dado en materia política. No cabe duda de que la libertad de expresión, la independencia de poderes, la relativa pluralidad de partidos y la mayor transparencia en los procesos electorales son pasos importantes en la institucionalización democrática. Empero, la diversidad de prácticas corruptas que continúan predominando en las instancias gubernamentales y la incapacidad de los funcionarios públicos de dar respuestas concretas a los problemas nacionales, también son realidades; realidades que ponen serios obstáculos al proceso de democratización del país. Es por eso conveniente evaluar las propuestas que en este aspecto plantean las principales fuerzas políticas de El Salvador. En eso consistirán las líneas siguientes.
"Más democracia y mayor participación ciudadana"
Este es el nombre del capítulo uno del "área política" de la plataforma del FMLN-USC. Se plantean allí políticas para: la modernización del sistema político, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la efectiva competencia e independencia de los poderes públicos y el acceso ciudadano a la información. Sumado a esto, cabe señalar la "política para la descentralización del Estado", contemplada en el capítulo dos de esa misma área.
En cuanto a la modernización del sistema político, las propuestas son: a) implementar una reforma al sistema de representación política para alcanzar un efectivo ejercicio del sufragio; b) democratizar el sistema electoral y hacerlo creíble y confiable; c) institucionalizar el Voto Residencial; d) implementar un sistema de participación proporcional en los Consejos Municipales; e) legitimar la aceptación de candidaturas no adscritas a partidos políticos en el ámbito municipal; f) transformar el Tribunal Supremo Electoral en un organismo profesional e independiente; g) garantizar la obtención del documento único de identidad; y h) promover la aprobación de una ley de partidos políticos que asegure la democracia interna y la transparencia en el manejo de los fondos.
A nivel de fortalecimiento de la participación ciudadana se propone: a) promover la plena libertad de asociación y la libertad de las organizaciones sociales; b) promover una ley de participación ciudadana; c) abrir espacio para una adecuada fiscalización ciudadana de la cuestión pública; d) actualización de la Ley de ONG’s y de otras iniciativas ciudadanas; y e) promover el ejercicio de la democracia directa y semi-directa por medio del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. En materia de competencia e independencia de poderes, las medidas a tomar serían: a) impulsar un combate frontal y permanente contra la corrupción y erradicar el clientelismo y la impunidad; b) implementar un proyecto dirigido a viabilizar la reforma judicial pactada en los Acuerdos de Paz; y c) fortalecer la independencia de los organismos de Contraloría Estatal.
Para favorecer el acceso de la ciudadanía a la información se propone: a) asegurar la apertura a la información y la libre competencia de los medios de comunicación; b) garantizar el derecho de respuesta como componente fundamental del respeto a los derechos humanos en los medios de comunicación; c) respetar las garantías y los derechos de los profesionales de la comunicación; d) el estado de las Finanzas Públicas se divulgará periódicamente sobre la base de un calendario de publicaciones; y e) los anteproyectos de ley más importantes serán publicados para que la ciudadanía opine previamente a su aprobación.
Finalmente, en lo que respecta a la descentralización del Estado, el plan de gobierno en cuestión propone: a) otorgar a cada territorio mayor capacidad de gestión y posibilidades de viabilizar un proceso de desarrollo equitativo y sustentable; b) promover la Ley Especial de Descentralización y la Ley de Ordenamiento Territorial, entre otras; c) implementar la transformación del gobierno central y redefinir todo el aparato ministerial; d) proponer las modificaciones necesarias para los otros poderes del Estado; e) rediseñar el sistema de ingresos y transferencias de los municipios y crear el impuesto predial; además, crear un sistema nacional de crédito y fondos de contrapartida para el fomento municipal y regional; y f) crear una instancia nacional, plural y representativa, que sea la responsable de orientar y conducir el proceso.
"Participación local y descentralización"
En la "Alianza Solidaria" de la plataforma de ARENA, es el apartado "participación local y descentralización" el que compete a este resumen. En él se señalan los objetivos específicos siguientes: "avanzar en el proceso de consolidación de la democracia", "fortalecer las instancias locales en las que se delegan funciones para garantizar el éxito de la descentralización, "que los usuarios se beneficien con servicios de mayor calidad" y "acercar los servicios a la ciudadanía".
Para concretar tales objetivos se propone: a) establecer mecanismos de coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales para garantizar una efectiva ejecución de la inversión pública; b) transferir recursos del gobierno central a las municipalidades, para el desarrollo de proyectos de infraestructura de servicios sociales; c) promover la participación social y la corresponsabilidad en la prestación de servicios básicos, tales como caminos, telefonía, electrificación rural, agua, saneamiento, salud, cultura, recreación y deportes; d) institucionalizar mecanismos de supervisión y auditoría social en la provisión de servicios públicos; y e) crear mecanismos para fortalecer vínculos de salvadoreños en el exterior con sus comunidades de origen.
Consideraciones
De todos los aspectos tratados en las plataformas de ARENA y del FMLN-USC es en el tema de democratización y participación ciudadana en el que las diferencias saltan más claramente a la vista. Es evidente que mientras la coalición considera el tema de la consolidación de la democracia tan importante como para dedicarle un área entera —el área política—, el partido oficial soslaya la relevancia de la problemática, omitiendo por completo el planteamiento de puntos que la aborden de manera específica.
Pero la evasión de este tema por parte de ARENA —que reduce la descentralización al problema de la prestación de servicios básicos y parece proponer que sean los mismos municipios los que tengan que arreglárselas para obtenerlos— no extraña si se tiene en cuenta que tanto el Presidente Calderón Sol como los demás funcionarios areneros no han hecho más en los últimos diez años que vanagloriarse de lo mucho que, gracias a ellos, ha avanzado el sistema político salvadoreño.
Así pues, es positivo el hecho de que en el plan de gobierno del FMLN-USC figuren con tanto detalle las propuestas en materia de institucionalización democrática, tanto porque las propuestas mismas sirven de diagnóstico y denuncian lo mucho que falta por avanzar en ese aspecto —contradiciendo lo que el partido gobernante quiere hacer creer con sus discursos y con su actitud—, como porque es alentador que la segunda fuerza política del país parezca tomarse en serio el reto que la mencionada problemática supone.
Las plataformas económicas de las fuerzas en contienda son elementos escasamente tomados en cuenta por los votantes, ni siquiera para criticarlas. Sin embargo, es importante fijarse en los ofrecimientos hechos en materia de política económica para valorar la seriedad de las propuestas, pues permiten formarse una idea sobre si éstas están dirigidas a combatir las principales problemáticas económicas del país —que para finales de la década de 1990 resultan bastante evidentes, con todo y las reformas económicas implementadas y la estabilidad del ámbito macroeconómico.
Durante toda la década de 1990, El Salvador ha estado gobernado por administraciones del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), las cuales han implementado políticas de carácter neoliberal. Algunas de las medidas más importantes de estos gobiernos fueron la liberalización del comercio exterior, la eliminación de los controles de precios, la privatización de empresas públicas (incluyendo las encargadas de las telecomunicaciones y la distribución de energía eléctrica), la reforma tributaria y la reforma del Banco Central de Reserva (BCR).
Estas medidas han sido realizadas sin mayores contratiempos gracias a la existencia de condiciones favorables para la estabilidad macroeconómica. El crecimiento económico ha oscilado entre 3% y 7%, las reservas internacionales se han incrementado y la inflación se ha contenido. Lamentablemente, estos resultados no son atribuibles en realidad a las políticas neoliberales de ARENA, pues los dos presidentes salidos de su seno más bien se han preocupado por administrar la relativa solvencia proporcionada por el flujo de remesas familiares.
Existen en realidad graves problemas económicos que merecen atención por parte de los gobiernos que desarrollarán las políticas públicas en el futuro. Los seis más importantes son los siguientes: desarticulación entre los sectores financiero y agropecuario e industrial, crecientes déficits de la balanza comercial, permanencia del déficit fiscal, lento crecimiento de las exportaciones, escasa diversificación productiva y dependencia de las remesas internacionales para sostener la estabilidad macroeconómica.
A continuación se describen, en términos generales, los contenidos más importantes de las políticas económicas que proponen los candidatos presidenciales de los partidos ARENA y FMLN-USC.
La "Alianza por el trabajo" de ARENA
La propuesta de ARENA en el terreno económico se ha denominado "Alianza por el trabajo" y, según el programa de gobierno de ese partido, pretende "trasladar los beneficios del progreso a todos los salvadoreños" a través de la integración de los diferentes sectores económicos en inversiones productivas que contribuyan a generar "trabajo e ingresos, así como dinamizar y elevar la productividad de los sectores que absorben mayor empleo".
Consecuente con lo anterior, la mencionada "Alianza" propone cuatro áreas de política: las políticas sectoriales (Desarrollo del sector agropecuario, Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones e Inversiones y Desarrollo del Sector Construcción), políticas de apoyo a la productividad, Nuevo Modelo de Relaciones Laborales y, en cuarto lugar, Salvadoreños en el Exterior: Socios del Desarrollo. Dentro de las políticas sectoriales, el "Desarrollo del sector agropecuario" tiene como objetivos principales mejorar el acceso a la tierra a través del financiamiento, propiciar una estructura de precios relativos más favorables, suplir las necesidades de crédito del sector agropecuario, fomentar la agroindustria, estimular la reforestación y diversificación agropecuaria y desarrollar un nuevo modelo de extensionismo agropecuario.
El "Desarrollo de la micro y pequeña empresa" perseguiría como objetivos principales incrementar la disponibilidad crediticia para este sector, propiciar las alianzas productivas y comerciales y ofrecer la capacitación y asistencia técnica necesarias. La "Promoción de exportaciones e inversiones", por otra parte, persigue diversificar la base exportadora, reducir el costo de penetración de mercados en el exterior e impulsar mecanismos de atracción de inversiones. El cuarto componente de las políticas sectoriales, el "Desarrollo del sector construcción", pretende crear condiciones financieras, legales, institucionales y operativas que agilicen la oferta y la demanda de la vivienda, y proveer de infraestructura pública que sería ejecutada por el sector privado.
Las políticas de "Apoyo a la productividad", por su parte, persiguen el desarrollo de la infraestructura física (carreteras, puertos y proyectos de energía/telecomunicaciones), provisión de servicios a la producción y comercialización, creación de un marco legal e institucional para promover mercados competitivos y mejorar la capacitación del recurso humano.
Las políticas del "Nuevo modelo de relaciones laborales" incluyen el cambio y dinamización del marco legal y la capacitación en comunicaciones. Finalmente, el área de "Salvadoreños en el exterior: socios del desarrollo" tiene como objetivos principales la apertura de espacios para los salvadoreños que viven fuera del país, la construcción de redes solidarias para fortalecer los vínculos comunitarios y la promoción de los lazos culturales que refuercen la identidad nacional. Esto contempla un fortalecimiento institucional y legal (asistencia a salvadoreños en el exterior en aspectos migratorios, de sufragio y de registro de personas).
La "Economía para todos" del FMLN-USC
Esta propuesta económica "trata de construir las condiciones que amplíen las oportunidades que debe[n] de tener las grandes mayorías...en [la] calidad de sus vida y las de sus familias", para lo cual se afirma que es prioritario pasar de una economía supeditada a los "intereses de los grupos financieros más poderosos, hacia una economía productiva, generadora de más y mejores empleos". Las grandes áreas de acción que se proponen son: Más y mejor empleo, Política fiscal, Reforma del sistema financiero, Desarrollo rural, Política industrial, Micro, pequeña y mediana empresa, Formación de ahorro interno, Asignación y regulación de las inversiones, Protección al consumidor y, finalmente, el Desarrollo local. Debido a su mayor importancia, en lo que sigue se reseñan los contenidos principales de las primeras seis grandes áreas de políticas.
Las políticas de "Más y mejor empleo" pretenden ser logradas, en el corto plazo, a través de políticas de incremento de la inversión pública y de creación de incentivos para empresarios que "contribuyan a incrementar el empleo o a mejorar los salarios". En el largo plazo, los mayores niveles de empleo se conseguirían elevando la productividad, "facilitando" el mercado de trabajo y elevando la calidad del trabajo. Este último objetivo se conseguiría principalmente a través de la legislación laboral. La "Política fiscal", por otra parte, perseguiría el "mejoramiento de la productividad del gasto público", a través de la eficiencia en la recaudación y la promoción de la equidad en el gasto, la disminución en los niveles de evasión y de "elusión" tributaria, la simplificación de la estructura tributaria y la transparencia en la inversión y el gasto público.
La política de "Reforma del sistema financiero" contemplaría poner al sistema financiero "al servicio del desarrollo del país y... [articularlo] a los otros sectores de la economía", mediante políticas de oferta de fondos para fines productivos; la implementación de regulaciones que fomenten la competitividad, transparencia y confianza del sistema financiero; el fortalecimiento de la autonomía de los entes supervisores; y el fomento de la capacidad de control de la sociedad civil.
Las políticas de "Desarrollo rural" perseguirían "diversificar la estructura productiva y mejorar las formas de organización de la producción, en busca de mejores condiciones de vida" a través de medidas que, en el corto plazo, perseguirían mejorar los precios al productor agropecuario, reducir los costos de producción, incrementar la disponibilidad de crédito y la creación de un fondo de emergencia. La mayor parte de estas medidas contemplan la creación de barreras arancelarias a productos que compitan con la producción nacional, así como la creación de subsidios y fondos especiales de crédito. En el mediano plazo, el desarrollo rural se buscaría a través de una política social descentralizada, un política de medio ambiente y la implementación de políticas a nivel macro y sectorial para el desarrollo rural. Estas medidas contemplan los mismos instrumentos fiscales que las de corto plazo, pero añaden la modernización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el fomento de la transferencia tecnológica a los productores rurales.
La política industrial persigue fundamentalmente incrementar la competitividad de la industria y articularla con el resto de sectores económicos a través de políticas de armonización de las áreas macroeconómica y fiscal, creación de un nuevo rol de apoyo del sector público, impulso de la investigación científica, fomento de la micro y pequeña empresa industrial, e integración al mercado regional.
Finalmente, las políticas dirigidas a la "micro, pequeña y mediana empresa" buscarían —al igual que las dirigidas a la industria— incrementar su productividad y articulación con el resto del sistema productivo nacional. Para ello, se procuraría la generación de condiciones para facilitar el acceso de este sector al crédito, adecuación del marco legal para la inclusión de estas empresas, capacitación y asistencia técnica, innovación tecnológica y mercadeo, así como el fomento de la gremialización.
Consideraciones
Los dos programas tienen múltiples puntos coincidentes entre sí, tales como la importancia de la generación de empleo, el traslado de los beneficios del crecimiento a la mayoría de la población, el estímulo del sector agropecuario y de la micro y pequeña empresa. Esto no implica, empero, que no existan diferencias apreciables entre ambos proyectos. En efecto, son notables las divergencias en puntos tales como la atención que el proyecto de ARENA presta a los salvadoreños residentes en el exterior o al sector construcción, o bien la atención del FMLN a aspectos como la protección al consumidor y el desarrollo local; sin embargo, uno de los puntos más importantes a destacar es el diferente tratamiento que se ofrece al sistema financiero.
El proyecto de ARENA parte del hecho de que el camino recorrido hasta ahora no necesita rectificaciones, lo cual se evidencia, por ejemplo, en el reconocimiento de que la alianza para el trabajo se desarrollaría "fortaleciendo la reforma fiscal y financiera" y en la ausencia de propuestas concretas para lograr la mayor asistencia crediticia que se ofrece en los programas sectoriales. La propuesta del FMLN-USC contempla la necesidad de reformar el funcionamiento del sistema financiero, a diferencia de ARENA, partido que más bien plantea fortalecerla como medio para transferir los "beneficios del progreso". Inclusive una de las áreas de política de la propuesta del FMLN-USC está dirigida a reformar el sistema financiero, tal como se reseñó arriba.
Esta es una diferencia fundamental entre las dos propuestas y determina el que un futuro gobierno de ARENA tenga menor margen de maniobra para garantizar suficiente oferta crediticia y así cumplir con sus ofrecimientos. Es importante recordar que los programas sectoriales dirigidos al agro, a la micro y pequeña empresa y a la construcción ofrecen mayores montos de crédito que los que hasta ahora ha proporcionado la banca privatizada.
Otro aspecto que diferencia a las dos propuestas es el de la desgravación arancelaria. De seguir con la política de reducción de los aranceles que se ha desarrollado desde el primer gobierno de ARENA, muchas empresas industriales y agropecuarias no podrán competir con productos extranjeros con un mínimo de posibilidades de sobrevivir. El plan de ARENA no toca directamente este aspecto, pero, por estar incluido en la temática fiscal, es de suponer que lo que se pretende es continuar "fortaleciendo" la desgravación arancelaria; en cambio, la propuesta del FMLN-USC la trata como un elemento de sus políticas hacia el sector agropecuario, aunque sin desarrollar cuál será la política arancelaria para otros sectores económicos importantes, como la industria, por ejemplo.
Un tema que ninguna de las dos propuestas desarrolla con suficiente claridad es el de las necesarias políticas de reconversión productiva que deberían acompañar a las medidas de desgravación arancelaria. A lo sumo, ARENA ofrece "diversificar" la producción del agro y el FMLN-USC la investigación científica para promover el desarrollo del sector industrial.
La temática de la política cambiaria tampoco recibe la importancia debida, pese a su papel estratégico, tanto para controlar la inflación como para estimular incrementos en la competitividad de la producción exportable. Lamentablemente, ambas medidas son por lo general mutuamente excluyentes. La propuesta del FMLN-USC, aunque propone desarrollar al sector rural, considera mantener el tipo de cambio "estable", mientras se cuente con suficientes divisas, lo cual supone renunciar a incrementar los ingresos y competitividad del sector agroexportador, pero también mantener la inflación a niveles bajos y proteger los ingresos de los sectores asalariados. En el caso de ARENA, la promoción de las exportaciones, aunque supone diversificar la base exportadora y facilitar el acceso a otros mercados, no refleja cómo se logrará el incremento de la competitividad de los productos salvadoreños, tanto porque no hay referencia al problema cambiario como porque no hay políticas específicas de incorporación de los avances de la ciencia y tecnología a los procesos productivos. A lo más, la política de "apoyo a la productividad" contempla, dentro de la capacitación de los recursos humanos, la promoción de "alianzas tecnológicas entre centros de formación nacionales y del exterior".
En síntesis los programas de gobierno examinados, pese a provenir de tendencias tradicionalmente consideradas como extremas, muestran similitudes importantes, especialmente en lo referido a la necesidad de fomentar el crecimiento y el empleo a partir de los sectores productivos. Sin embargo, ninguno aborda con la debida importancia problemas de gran trascendencia, tales como el sesgo antiexportador de las políticas económicas, la dependencia de las remesas familiares y la articulación de las políticas de reconversión productivas con las demás políticas económicas.
Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a más de treinta años de conflicto armado en Guatemala, establecieron, como una de las prioridades para fundamentar una "paz firme y duradera", la necesidad de introducir sensibles reformas a la Constitución de la República de ese país. Con ellas se pretendía propiciar —a partir de la consolidación de un verdadero estado de Derecho— la gobernabilidad, la tolerancia y la solidez institucional mínimas para garantizar la paz recién lograda. Por ello, se determinó que, a través del Congreso de la República y de una Consulta Popular, estas reformas iniciaran de forma definitiva el nuevo orden democrático necesario para la reconciliación de la sociedad guatemalteca. El proceso de ratificación empezó unos meses después de la firma de los Acuerdos y alcanzó su punto más crucial en octubre del año pasado, cuando el Congreso de la República determinó que las reformas estaban listas para ser presentadas a la población.
Con estas condiciones era válido pensar, con un poco de optimismo, que la convocatoria y realización del referéndum, por medio de un decreto legislativo, no sería más que el preámbulo de un avance sin precedentes en el proceso de pacificación del vecino país. Pero, en febrero, la Corte de Constitucionalidad decidió suspender la convocatoria a la consulta en base a supuestas violaciones a la ley detectadas en su formulación. Desde entonces la situación se ha convertido en una arena de combate entre las fuerzas que apoyarían la ratificación de las reformas y aquellas que buscarían su absoluta erradicación. La Corte de Constitucionalidad respondió con su decisión al clamor que un buen número de organizaciones —entre ellas el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON)— expresaran con miras a corregir el proceso de la consulta, por considerarlo poco apegado a los objetivos establecidos en los Acuerdos.
Por el momento, todas las fuerzas que intervienen en el debate concuerdan en el hecho de que el referéndum es la mejor forma de introducir las reformas a la Constitución. Sin embargo, un examen más detallado podría llevarnos a concluir lo contrario, sobre todo si se considera que no es la primera experiencia de ese tipo que se da en Guatemala. En 1994, a raíz del fallido autogolpe efectuado por el ex presidente Jorge Serrano, su sucesor, Ramiro De León Carpio, llamó al pueblo a ir a las urnas para decidir si se introducía un paquete de dudosas reformas a la Constitución. Un 84% de abstencionismo y un lento e infructuoso proceso de "transformación nacional" fueron los verdaderos resultados de dicha Consulta. Y aunque muchos de los factores que contribuyeron a este fracaso han sido mínimamente resueltos desde la firma de la paz, todavía existe resistencia de parte de importantes grupos de la sociedad frente a la posibilidad de que las instituciones guatemaltecas cambien para beneficio de los sectores más desprotegidos.
Actualmente, muchos de los obstáculos de dicho proceso provienen de los partidos políticos (entre ellos el gobernante Partido de Avanzada Nacional) y de otros grupos relacionados con sectores poderosos del país. En principio, las 47 reformas que se pretenden ratificar a través del voto de la población fueron discutidas, consensuadas y presentadas al Congreso de la República por una Instancia Multipartidaria (IM) creada a la luz de lo Acuerdos de Paz. Empero, el presidente Álvaro Arzú decidió suspenderla antes de que se concluyera con las deliberaciones y se apresuró a presentar él mismo el paquete de reformas al Órgano Legislativo. Las transformaciones relacionadas con la identidad y autonomía de los pueblos indígenas y con la disolución del Alto Mando del Ejército no estaban contempladas dentro de su propuesta.
En este sentido, las observaciones del CEDECON apuntan —sin quererlo, tal vez— hacia un problema de vieja data en la política guatemalteca: el monopolio de los partidos sobre la toma de decisiones nacionales. Pese a que la mayoría de las objeciones presentadas al decreto 41-98, que definía la lógica del referéndum, versaba sobre aspectos técnicos, la búsqueda de asesoramiento en organismos con experiencia en la materia habría sido un buen mecanismo para evitar, o al menos atenuar, sus visos de inconstitucionalidad. Además, ha faltado un análisis profundo del modo como están planteadas las reformas en el decreto. La gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos simplemente han obviado ese punto.
Por otra parte, el proceso ha quedado atrapado dentro de un conflicto que debería ser ajeno al espíritu de las reformas: el de los intereses políticos. La URNG y la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COOPMAGUA), por ejemplo, frente a la posibilidad de trastocar el mecanismo del referéndum, demostraron lo reacios que pueden llegar a ser en un clima de tensión de fuerzas sociales. Detrás de sus protestas y negativas estaba la pretensión de darle vida a las reformas sin importar los defectos que éstas presentaran, puesto que la victoria política que representaría era mucho más urgente que la necesidad de enmendar un error de formulación. Por su parte, los grupos políticos de derecha moderada y extrema derecha sustentan su deseo de retrasar la Consulta, por un lado, en el posible beneficio que les podría dar su realización en la misma fecha de las elecciones presidenciales y, por otro, en la total ausencia de valor que le han conferido a los Acuerdos de Paz .
Afortunadamente, a finales de febrero los partidos políticos reelaboraron el decreto, aunque con un mínimo de participación de otras instituciones. Ahora, el referéndum constará de cuatro preguntas en vez de una sola, y cada una de ellas englobará las reformas en cuatro áreas: Organismo Ejecutivo; Organismo Legislativo; Organismo Judicial; y Nación, derechos sociales y asuntos indígenas, agrupados en un solo bloque. No obstante, el éxito o el fracaso de este tipo de iniciativas no depende tanto de la capacidad que muestren los políticos al momento de hallar consensos en los temas de la consulta. La organización y realización de un referéndum supone un proceso complejo e integral de apertura de espacios para toda la sociedad. Esa disposición de apertura e inclusión se debe hacer patente desde el momento en que se inicia la preparación de este mecanismo hasta el momento en que se publican sus resultados.
El éxito o fracaso del que hablamos dependerá, pues, del interés que las autoridades, la clase política, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general depositen en el proceso total. Eso significará, para el caso que nos ocupa, la difusión integral de los contenidos de las reformas; la seguridad de que esa difusión será accesible a todos los habitantes de Guatemala por igual —tomando en cuenta las diferencias sociales, culturales, lingüísticas y de género que están presentes en esa sociedad—; la garantía de que no existirán trabas ante las críticas e interpretaciones que cualquier grupo o sector pueda hacer de las reformas; y, finalmente, que la población logre ejercer su voto de manera consciente y reflexiva. Si este ejercicio de participación ciudadana en verdad busca ser el inicio de un nuevo futuro para Guatemala, esos deben ser los pilares sobre los cuales debería descansar.
Estamos a las puertas del evento electoral que tendrá lugar el domingo 7 de marzo; ese día surgirá —si no hay "segunda vuelta"— el primer presidente de la República del siglo que está por comenzar. Así, de cara a estos comicios, cabe recordar que la centuria que agoniza fue el teatro dentro del cual se sucedieron golpes de Estado y votaciones fraudulentas, como formas privilegiadas para que ciertos grupos de poder económico también mantuvieran a su servicio el aparato gubernamental y controlaran el poder político; eso fue parte de lo que nos llevó a la violencia política incontrolada y a la guerra. Sin embargo, faltando menos de una década para finalizar este siglo —"un despliegue de maldad insolente", según el "Cambalache" de Enrique Santos Discépolo— se firmaron los llamados "acuerdos de paz" y, con ello, se impulsaron diversas reformas mediante las cuales pretendían cambiar tal situación y brindarle a la población salvadoreña la posibilidad de ejercer sus derechos políticos y construir la democracia; con dichas reformas, entre otras cosas, se quería —al menos teóricamente— dejar atrás las prácticas del pasado que ponían en duda la efectividad del sufragio. Así, en 1994 se realizaron las primeras elecciones en un supuesto "nuevo escenario"; pese a ello, se siguen escuchando serios cuestionamientos al sistema político electoral vigente.
Conociendo algunos de esos señalamientos críticos y pensando en el evento del próximo domingo, a lo largo de febrero reflexionamos "En voz alta" —producción radiofónica del IDHUCA que se transmite todos los sábados por la YSUCA— sobre aspectos relacionados con la situación, desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello, contamos con la participación de especialistas en diversos temas y, además, abrimos los micrófonos de la radio a las valiosas opiniones de aquellas personas que casi nunca tienen la oportunidad de expresarse.
Así, la primera emisión del mes tuvo como propósito hablar acerca de la participación ciudadana, no sólo en los eventos electorales sino en todos aquellos aspectos del quehacer gubernamental y de la vida cotidiana que le afectan. Entre las distintas intervenciones, algunas personas expresaron su preocupación respecto a cómo reaccionar o involucrarse el domingo 7 de marzo si ninguna de las fórmulas presidenciales llenaba sus expectativas.
El segundo programa del mes estuvo dedicado a las reformas electorales y en él tuvimos como invitado a Félix Ulloa, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE); éste se refirió a la importancia que tiene la participación de la gente en eventos de este calibre. En esa ocasión, las y los radioescuchas de la YSUCA cuestionaron al funcionario —entre varias cosas— por la falta de transparencia al interior del organismo rector de las elecciones, debido experiencias presentes y pasadas. En general, se debe decir que la impresión de la población sobre los procesos electorales es bastante mala. Uno de los aspectos más cuestionados es la depuración del padrón electoral; en ese renglón, hasta la fecha no se han obtenido resultados realmente satisfactorios según Ulloa, debido a que no se puede excluir del padrón a una persona hasta que se tenga la certeza de que ha fallecido o porque, además, en los listados pueden existir hasta 500 homónimos que —de alguna manera— complican la purificación de los listados.
Al enumerar las principales causas que generaron una justa y lógica desconfianza entre la población durante la coyuntura actual, se debe comenzar por el bombardeo publicitario durante los meses de campaña: no pasó de ser "más de lo mismo" con lo que nos vienen saturando desde antes. Así las cosas —en medio de esa tormenta de eslóganes y promocionales con música— no logramos encontrar ofertas fundamentadas y novedosas, inteligentes y creativas, capaces de entusiasmar y propiciar participación consciente y masiva en el cercano evento. Al menos ese fue el ambiente previo al domingo.
A lo largo de la campaña tampoco hubo un debate serio, con argumentos. El mayor grado de responsabilidad en este rubro recae en el candidato "arenero", quien siempre lo rechazó utilizando pretextos que no convencieron a nadie. Al final, sus excusas sirvieron para confirmar el temor que existe en el partido oficial a que le señalen directamente su incapacidad para solucionar las necesidades y urgencias más graves durante una década, evidenciando las pocas posibilidades de hacer algo en los próximos cinco años. Esta posición de rechazo a la confrontación de las ideas —pensada y vista como una herramienta pedagógica y motivadora para el gran público— dice mucho acerca de sus verdaderas intenciones y de lo que vaya a hacer en el futuro inmediato, de llegar a ocupar la Casa Presidencial. Estamos de acuerdo en evitar cualquier discusión estéril que pudiera caldear los ánimos y generar hechos de violencia, pero consideramos indispensable que los aspirantes a la primera magistratura discutan sobre los asuntos más importantes que interesan al país; de haberse dado un evento de ese tipo, con seguridad la campaña hubiera sido más viva y rica.
Pese a los distintos sonidos y colores de la publicidad, los ofrecimientos entre un partido y otro fueron bastantes similares; eso se concluye al observar las llamadas "plataformas" o "programas de gobierno" que dieron a conocer —unos más, otros menos— algunos de ellos. En esencia, dentro de esos "documentos" sólo encontramos planteamientos vagos que no atacaban la raíz de los problemas más graves de las y los salvadoreños: exclusión económica, social y política; violencia e impunidad; acelerado deterioro del medio ambiente; desencanto y frustración.
Sergio Bran, jefe del Departamento de Sociología de la UCA, participó como invitado en la Radio Revista "En voz alta". Para él —al entrar al análisis pormenorizado de una de las mayores preocupaciones de la gente— se debe tener mucho cuidado con las propuestas en el ámbito del combate a la delincuencia, pues no es un problema coyuntural; es un problema estructural que —tal como afirma Bran— tiene sus raíces en situaciones históricas como la pobreza, la exclusión y la poca o nula identificación de la gente con el Estado de Derecho. Contrario a lo que expresado por casi todos los candidatos durante los meses de campaña, el sociólogo considera que la violencia no sólo hay que verla desde los efectos que produce sino también a partir de sus causas; de ahí hay que empezar buscar y encontrar soluciones en el corto, mediano y largo plazo "que vayan modificando la conducta social de la población".
Al igual que en lo relativo a la delincuencia, podríamos continuar enumerando diferente situaciones que salieron a flote durante las emisiones de "En voz alta"; situaciones que, según los actuales aspirantes a la presidencia de la República, va a solucionar cada una de ellos toda vez se instalen en el cargo. Eso revela uno de los males más graves de los "documentos" programáticos de los distintos partidos en contienda: no se propicia y mucho menos se toma en cuenta el sentir y la participación de la gente en la construcción de sus "planes".
La administración del Órgano Ejecutivo que está por finalizar es un ejemplo de promesas no cumplidas en el marco de las campañas electorales. El primer mandatario que entregará dentro de unos meses la banda presidencial ofreció mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población; nos dijo que El Salvador se iba a convertir en un "país de propietarios". Armando Calderón Sol iba a "trabajar sin descanso para elevar la calidad de vida, sobre todo de los más necesitados, para que ningún salvadoreño quede fuera de la gran corriente del desarrollo"; iba a "romper con la fatalidad de que el que nace pobre esté condenado a morir pobre". Su antecesor ofreció trabajar por "los más pobres de los pobres". Tras cinco años de sus ofertas, es muy difícil que Calderón Sol pueda decirnos que cumplió; mucho menos Cristiani.
Un ejemplo baste para ello: el lunes 1 de marzo de 1999 murió Juan Antonio Deodane, un menor de apenas 7 años de edad; las causas: neumonía y gastroenteritis generadas por una desnutrición severa. Durante dos semanas, el niño se aferró a la vida; sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron inútiles pues no lograron que el pequeño —cuyo peso era el de una criatura de año y medio— sucumbiera ante las complicaciones de su estado. La familia de la víctima, constituida por personas humildes que residen en las afueras del municipio de Panchimalco, es un fiel reflejo de las condiciones infrahumanas en las que se encuentra la mayoría de la gente que no tiene acceso a las condiciones mínimas para una vida digna; en este "nuevo El Salvador", es una de las tantas familias que siguen siendo pobres entre las más pobres y que están muy alejadas de la "gran corriente del desarrollo".
Por todo lo anterior no podemos cuestionar el evidente desencanto de la población y mucho menos condenarla por ello. Tal desencanto aparece reflejado en las encuestas de opinión y se confirma con información del TSE: hasta el 1 de marzo, más de 185 mil personas empadronadas no habían retirado su carné electoral.
Miguel Cruz, director del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), en una de nuestras emisiones radiofónicas dedicada al perfil del nuevo presidente comentó que la población salvadoreña esperaba de esa figura —ante todo— honestidad y transparencia, capacidad para decirle la verdad al pueblo y para preocuparse por él, porque era el "máximo servidor público". Lo que la gente espera, pues, es un presidente que responda a sus intereses y eso "se logra esencialmente con la honestidad".
Y es que al público ya no les interesa tanto lo que los candidatos puedan expresar en su propaganda; necesita compromisos serios y acciones concretas que lo muevan a votar por uno u otro partido. Pero, hasta el momento, lo único que ha logrado obtener de ellos —en el "mejor" de los casos— es algún obsequio efímero para asistir a determinado acto proselitista. Así las cosas, difícilmente se puede esperar más; mientras se continúen desarrollando este tipo de prácticas, esas formas de "hacer política" —posibles por una estructura caduca y viciada, vertical y autoritaria que impide modernizar el sistema en su esencia— seguiremos de mal en peor: "endulzándole" el oído al votante, para luego atacarlo con medidas que le colocan fuertes signos de interrogación a la calidad de vida y al desarrollo humano en el Salvador.
Lo que nuevamente hemos presenciado en esta campaña dista mucho de la realización de los derechos políticos y de un verdadero ejercicio democrático. Es tiempo de cambiar la actuación de los partidos políticos; pero eso, sólo será posible si la población participa activa y conscientemente en la discusión de este tipo de situaciones y hace uso creativo de sus posibilidades para transformarlas. Los viejos estilos y métodos ya no tienen cabida en una sociedad que durante dos décadas sufrió los embates de la violencia política y bélica. Hay que actuar ya; esa es la única manera de contribuir a la construcción de un Estado democrático de Derecho y evitar problemas más graves.
Con todo lo anterior, no pretendemos dibujar un panorama negativo ni mucho menos incentivar a la gente a que no acuda a las urnas. Nuestro interés va encaminado a que la población analice de forma consciente la actual situación del país y ponga sobre la balanza lo que de ello se derive: problemas y soluciones, esperanzas y frustraciones, capacidades y limitaciones, oportunidades y peligros. Tras ello, se debe decidir —más que a votar por una u otra fórmula, si es que opta por ello— a vigilar el funcionamiento de quienes asuman la titularidad del Órgano Ejecutivo el próximo 1 de junio y a participar para lograr la transformación urgente de las actuales "reglas del juego", sobre todo en lo relativo al desmesurado poder que detentan los partidos políticos que —en su mayoría, por no decir todos— carecen de una verdadera legitimidad.
