Año 19
número 847
marzo 17
1999
ISSN 0259-9864
Editorial Crisis postelectoral en el FMLN
Economía Preocupante coyuntura económica
Política El absentismo femenino
Regional Después de la Cumbre...
Derechos Humanos La sociedad salvadoreña: ¿reconciliada?
Crisis postelectoral en el FMLN
El FMLN fracasó en los recientes comicios presidenciales y ello no podía dejar de tener repercusiones en su interior. La renuncia de Facundo Guardado como coordinador del partido ha sido el resultado inmediato de los "ajustes de cuentas" que, indefectiblemente, se iban a generar en el Frente una vez que se comenzara a asimilar la derrota electoral. Si la renuncia de Guardado fuera expresión de un proceso de cambio organizativo y doctrinario en el FMLN no cabría menos que felicitar a la dirigencia efemelenista, pues su supervivencia política como principal partido de oposición se juega precisamente en su renovación interna. Pero todo parece indicar que no se trata de eso, sino más bien de una reconquista del aparato partidario por parte de aquellos que fueron relegados cuando Guardado se hizo de la coordinación del instituto político.
Los rivales de Guardado, con bastante éxito, se han dado a la tarea de hacer recaer sobre las espaldas de éste el fracaso en las elecciones. En su perspectiva —compartida por uno que otro militante efemelenista—, no fue el FMLN quien perdió ante ARENA, sino Facundo Guardado, cuya incapacidad personal fue la que llevó al Frente a la debacle. Así las cosas, tenía que pagar las consecuencias de su fracaso, es decir, tenía que soportar las acusaciones de unos líderes y militantes de base "traicionados" por alguien que, según ellos, se erigió como su representante sin serlo verdaderamente. El FMLN —es el corolario de la perspectiva señalada— tenía todo para ganar, pero Guardado lo echó todo a perder. Otros miembros del Frente, más firmes en sus principios revolucionarios, hubieran garantizado el triunfo en las elecciones.
Obviamente, las cosas no son tan simples como querrían quienes ahora le pasan la factura a Facundo Guardado. Ante todo, no es cierto que fue éste quien perdió y no el FMLN. Hay que decirlo sin mayores preámbulos: el FMLN perdió las elecciones porque la nominación de Facundo Guardado, con todos los conflictos que la enturbiaron, fue expresión de lo que es el Frente y de lo que éste puede ofrecer a la sociedad. Hacer de Guardado el único responsable del fracaso electoral es verlo como alguien que llegó de fuera y que, por su cuenta y riesgo, se incorporó a la competencia por la presidencia. Pero Guardado no llegó de fuera, sino que salió del seno del partido, y en su nominación —en el modo cómo Guardado terminó siendo el candidato del Frente— jugaron un papel importante tanto los que la apoyaron —los "renovadores"— como los que hicieron una franca oposición a la misma —los "ortodoxos". Los primeros porque, al ver frustradas sus expectativas de llevar un candidato que les fuera afín —como Héctor Silva o Héctor Dada—, vieron en Guardado la última carta para doblegar a los "ortodoxos". Estos últimos porque, al empeñarse neciamente en vetar cualquier fórmula política que no fuera la de ellos, bloquearon la posibilidad de un alternativa más competitiva y menos sometida a los intereses de los grupos que medran al interior del FMLN.
Ambos grupos, partes integrantes del Frente, querían imponer su fórmula presidencial excluyéndose mutuamente. Ambos grupos son igualmente ambiciosos. En el marco del conflicto irresuelto entre ellos fue que Facundo Guardado se erigió como candidato; pero no sólo eso: también en el marco de ese conflicto fue que se comenzó a gestar el fracaso electoral del FMLN, del cual la fórmula electoral es sólo uno de los componentes. En este sentido, tanto "ortodoxos" como "renovadores" son responsables directos del fracaso del Frente en las elecciones de 1999. Las ansias de poder de quienes abanderan ambas tendencias, el mesianismo excluyente de algunos de ellos, la pretensión de otros de ser quienes van a salvar al país... Todo ello se tradujo en un partido sin ideas claras y sin capacidad de convencimiento, con una oferta política confusa y pésimamente comunicada; en resumen, un partido que, lejos de estar compitiendo por ganar, se estaba encaminando hacia el fracaso. Por eso es que la debacle electoral del FMLN no es responsabilidad exclusiva de Facundo Guardado, sino de las camarillas que se disputan el control del partido, una de las cuales es encabezada por Guardado. Por eso es que el FMLN fue el gran derrotado en las elecciones de marzo de 1999.
En vistas de lo sucedido, no es de sorprender que los "ortodoxos" buscaran hacerse del control del FMLN y que Facundo Guardado tuviera que salir por la puerta de atrás. Un triunfo de éste en las elecciones (o, al menos, haber forzado a una segunda vuelta a ARENA) los hubiera dejado sin nada que exigir al interior del partido. En este momento, sin que ello desdiga de la tristeza de la derrota, se han envalentonado y se consuelan con la idea de que ellos tienen poco que ver en aquélla. Si Guardado es quien perdió —y no el FMLN—, y ellos estuvieron en su contra, lo más legítimo es que asuman las riendas del partido. Un razonamiento simple y aparentemente coherente con los hechos. Sin embargo, nada es más alejado de la realidad. De ese planteamiento ni remotamente se va a seguir la transformación interna de la que urge el Frente, la cual pasa por una renovación de sus cuadros dirigentes y por una discusión a fondo de las divisiones que atraviesan al instituto político de izquierda.
La dirigencia del Frente —tanto los "ortodoxos" como los "renovadores"— siempre ha rehuido el debate abierto y a fondo de los problemas que la dividen; ha preferido negar que algo grave está sucediendo en el partido que aceptar las dificultades y tratar de resolverlas. De nada sirven al FMLN actitudes como la de Nidia Díaz cuando dice: "creo que es la oportunidad para analizar los resultados de la elección y fortalecer el partido... sería un error pelearnos entre nosotros mismos". Pese a los deseos de Nidia Díaz, en el Frente las peleas son una realidad desde hace un buen rato. Por eso, en lugar de añorar un ambiente de paz y cordialidad en el partido, lo mejor es examinar abiertamente las razones de las peleas y de quienes pelean. Porque este examen no se haga o porque se sueñe con un ambiente de hermandad, las pugnas intestinas en su interior no van a desaparecer o, mucho menos, se van a resolver.
Desde hace poco más de tres años se ha venido señalando que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no era ya tan vigoroso como lo fue en los primero años de la post guerra. Después de crecer a tasas superiores al 6% en los años 1992 y 1995, el crecimiento del PIB ha pasado a tasas de 4% y 3.5% en los últimos dos años. Algunos de los primeros indicadores económicos de 1999 sugieren que la tendencia para este año incluso podría ser hacia una nueva contracción de las tasas de crecimiento.
En concreto, las recaudaciones tributarias de los primeros dos meses de 1999 no han concordado con las proyecciones de expansión hechas por el Banco Central de Reserva (BCR) y, en algunos casos, inclusive se ha experimentado una reducción de las recaudaciones en relación a los dos primeros meses de 1998. Adicionalmente, las exportaciones también acusan señales de desaceleración y crecieron menos de lo esperado durante los dos primeros meses del año. Evidentemente, ambas señales apuntan a que la meta de crecimiento económico de 1999 (3.5%), de por sí bastante modesta, probablemente no será alcanzada.
En realidad, desde finales del año pasado estaba configurado el escenario para una nueva desaceleración de las tasas de crecimiento del PIB, tanto por el efecto que se esperaba de los planes de incremento de las tasas de encaje legal (Proceso, 836), como por las pérdidas en la producción agropecuaria generadas por el desastre provocado por la depresión tropical "Mitch" (Proceso, 832). A estos elementos del entorno nacional se han sumado otros cambios en el entorno internacional que han limitado fuertemente el crecimiento de las exportaciones, tal como lo evidencian los mismos datos oficiales.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, entre los dos primeros meses de 1998 y los dos primeros meses de 1999, las recaudaciones del impuesto a la renta y a la transferencia de bienes crecieron en 6.5% y 11.7%, respectivamente. En cambio, los impuestos más importantes por su aportación al total de ingresos tributarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los impuestos específicos, se contrajeron en 0.9% y 0.6%, respectivamente. El hecho de que las recaudaciones por estos dos últimos impuestos haya disminuido, aunque sea levemente, muestra que el consumo se ha reducido, pues aquéllos lo gravan directamente; consecuentemente, también la producción se habría reducido en el período señalado.
Por otra parte, datos del BCR revelan que entre los períodos enero-febrero de 1998 y enero-febrero de 1999 las exportaciones crecieron en 30 millones de colones, lo cual es una cifra bastante modesta considerando que se esperaba un crecimiento de aproximadamente 300 millones de colones.
Esto se debe a que, desde finales del año pasado, sólo en productos de exportación, se estimaba una pérdida de 1,400 millones de colones por los efectos de la depresión tropical "Mitch". Sin embargo, la cifra parece ser más elevada a juzgar por las apreciaciones recientes. De acuerdo al director ejecutivo del Consejo Salvadoreño del Café, el promedio quinquenal de cosechas se ubica "entre 3 y 3.2 millones de quintales", pero para la cosecha 1998/99 se espera recolectar dos millones de quintales. Esto implicaría una reducción de entre 33% y 37.5% en relación al promedio. De acuerdo a la misma fuente, las perspectivas del sector cafetalero empeoran al considerar la reducción de los precios internacionales y la reducción de la cosecha de 1997/98 provocada por la sequía, al grado que, debido a la disminución de las dos últimas cosechas, se habría reducido el empleo en el sector en cerca de 15,400,000 horas/hombre.
En buena medida, la modesta expansión de las exportaciones durante enero-febrero 1999 se debe a la contracción de la producción cafetalera, pero también a la desaceleración de las tasas de crecimiento de la maquila, anteriormente uno de los rubros más dinámicos. Este comportamiento se evidenció a partir de 1998, cuando la maquila creció 12%, después de que en 1997 lo había hecho en un 30% y podría esperarse que la tendencia se agudice debido a que han surgido mejores destinos para este tipo de inversión "golondrina".
Por su parte, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) señala como uno de los principales elementos desencadenantes de la recesión económica la escalada de las tasas de interés y de los trámites establecidos por el sistema financiero. Los voceros de esta gremial hacen recaer en las políticas de incremento del encaje legal promovidas por el BCR toda la responsabilidad de las alzas en las tasas de interés y la contracción del crédito. De acuerdo al director ejecutivo de CASALCO, "una mayor restricción monetaria en la búsqueda del objetivo de mantener la estabilidad financiera...afecta el otorgamiento de créditos con fines productivos".
La realidad económica del país, pues, no es tan bonancible como el gobierno la presenta, debido a que no se han logrado generar opciones viables para el crecimiento sostenible de la producción, pese a todos los logros en materia económica que supuestamente se habrían alcanzado en base a estrategias neoliberales.
La coyuntura actual revela claramente al menos dos elementos negativos para el desarrollo del país: primero, la creciente desvinculación entre el manejo de variables monetarias y el fomento de la producción y el empleo; y, segundo, la aparición de condiciones del mercado internacional que están afectando negativamente las exportaciones. Los elevados niveles de intermediación financiera que obtienen las instituciones bancarias son posibles por la permanencia de altas tasas de interés activo, pero esto tiene como contrapartida un desestímulo a la inversión y al crecimiento económico. La política de alza en las tasas de encaje legal es un elemento coyuntural que ha venido a agravar aún más la situación, pero no es ese el problema principal que está afectando la inversión, sino más bien lo es la política de fijación de elevadas tasas de interés activo. Esta restricción a la inversión se suma a las señales negativas que está enviando el mercado internacional, principalmente la reducción en los precios del café y la pérdida de atractivos para la inversión en maquila.
Lo cierto es que los signos económicos del país siempre han evidenciado que éste no cuenta con una base productiva lo suficientemente competitiva como para crecer en base a las exportaciones ni de un aparato productivo funcional, donde los servicios financieros estén articulados orgánicamente con los sectores productivos. La estabilidad macroeconómica depende principalmente de las remesas familiares, pues el país se mueve entre crecientes déficits de la balanza comercial y estancamiento de los sectores productivos; de continuar la tendencia actual podría añadirse una reducción de la producción y el empleo, además de una ampliación de los déficits de la balanza comercial y del sector público.
Los datos más recientes sugieren que la desaceleración podría convertirse en una contracción económica. Esto debería obligar al gobierno a tomar más en serio la importancia de adoptar medidas sectoriales para estimular el crecimiento de los sectores agropecuario e industrial. De hecho, dentro de los ofrecimientos del gobierno electo se encuentran medidas para fomentar la producción del agro, de las exportaciones y de la competitividad que deberían ser retomadas de forma prioritaria para hacer frente a un contexto internacional cada vez más desfavorable.
Las elecciones del 7 de marzo han sido calificadas por políticos y analistas como legítimas, legales y limpias; sin embargo, dejan un mal precedente, pues el sector femenino, el más grande de la población salvadoreña, se abstuvo de votar: según una encuesta del IUDOP, realizada el mismo día de las elecciones, el 60% de los votantes pertenecía al sexo masculino, y sólo el 40% al sexo femenino.
Las mujeres siguen siendo las grandes ausentes de la vida política del país y a pesar de haber luchado durante años por el derecho al voto, muy pocas lo llevan a la práctica y prefieren expresar su descontento absteniéndose de emitir el sufragio.
Esto debido a diversas razones, como la falta de políticas que incentiven la participación femenina, las condiciones de marginación que todavía persisten, el machismo y la ignorancia en la que están sumidas muchas de nuestras compatriotas.
El papel activo de la mujer en los asuntos del país es muy reducido y hasta el momento todavía no existen medidas eficientes para posibilitarlo, ya que las campañas que estimulan la participación política de las salvadoreñas se reducen a las épocas electorales. Sin embargo, este 7 de marzo se ha demostrado que esas campañas —o esfuerzos publicitarios— para incentivar su voto dieron muy pocos resultados, debido a que no resuelven las causas reales del absentismo femenino.
La poca participación de las mujeres, no sólo en los pasados comicios, sino en la política en general, también se debe a que desde épocas pasadas las cuestiones políticas eran consideradas como asunto exclusivo de hombres y las mujeres tenían prohibido penetrar en ese mundo. Pero la marginación femenina de la política no era exclusiva de El Salvador, sino que también se daba en la mayoría de países latinoamericanos fueron privadas de emitir el sufragio. El único país que permitió el voto de las mujeres mayores de 18 años, desde 1932, fue Brasil, en los otros países fue necesario esperar hasta los años 50 para que se permitiera votar a las mujeres independientemente de su condición social o civil.
Por su parte, en El Salvador, para las mujeres fue prohibido emitir el sufragio hasta 1939, época en donde sólo podían votar las salvadoreñas casadas mayores de 25 años y las solteras que tuvieran más de 30 años, la participación en los comicios era voluntaria para las mujeres y obligatoria para los hombres. Desde 1950 todos los salvadoreños tienen derecho al sufragio independientemente de su sexo.
A pesar de haber pasado ya casi medio siglo y que constitucionalmente es un derecho y una obligación para las mujeres emitir el sufragio, persiste en este sector de la población un creciente desinterés por la política en general. Esto debido a que las mujeres son las que menos se han visto favorecidas con las medidas que han llevado a cabo los gobiernos.
De hecho, las mujeres son las que menos saben o discuten de política: en la encuesta preelectoral del IUDOP (febrero, 1999) sólo el 7% de las mujeres encuestadas discute mucho de política con sus familiares y amigos, frente a un 13.2% de los hombres.
Además, debemos añadir la poca representatividad que la mujer encuentra en los políticos actuales. Las salvadoreñas no se ven reflejadas en el trabajo de los gobernantes, pues hasta el momento poco han hecho para mejorar sus condiciones de vida, por tanto no es de extrañar que el voto siga siendo considerado como un papel que no vale ni decide ningún cambio. Las salvadoreñas aún son marginadas, maltratadas y frecuentemente violentadas en sus derechos más fundamentales y la legislación salvadoreña no ha podido frenar esta situación.
Una forma en la que los políticos podrían representar los intereses de la mujer es contribuyendo a cambiar las condiciones de marginación social en que están sumidas desde siglos y creando mecanismos que favorezcan la educación femenina, ya que el 57.6% de la población analfabeta del país está conformada por mujeres, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 1996.
Otro motivo que contribuye a disminuir el voto femenino es que todavía existen factores psicosociales que reducen el trabajo de la mujer a tareas de la casa. Las mujeres tienen que lidiar con las actividades del hogar, el cuidado de los hijos y en muchos casos el trabajo fuera de su hogar, lo que disminuye su tiempo para participar en asuntos políticos.
Por otra parte, a pesar de que las mujeres han demostrado en muchos casos ser las que más trabajan, tanto dentro como fuera de su casa, su fuerza productiva es menospreciada y su esfuerzo no es calificado como un aporte al desarrollo de la nación, cuando debería serlo por ser ellas el principal sostén de la familia.
A pesar de que las mujeres han demostrado tener capacidad para desarrollar varias tareas a la vez (esposas, trabajadoras, madres y en algunos casos padres también), no les han sido proporcionados espacios para su expresión política.
Dando un vistazo a la historia política de Centroamérica, encontramos que muy pocas mujeres han lanzado su candidatura y han llegado a colocarse como dirigentes de una nación. Una excepción a ese respecto lo constituye Violeta Chamorro en Nicaragua, que ha sido la primera mujer presidente de Centroamérica, cargo que ocupó gracias a la imagen que le proporcionó su esposo asesinado. Es necesario, entonces, crear espacios, o aprovechar los que ya existen, para la participación femenina y para que las mujeres se muevan en el mundo de la política.
Una de las tareas de las personas en el poder debe estar orientada a dignificar el trabajo de la mujer, y a lograr que sus aportes ya no sean considerados de segunda mano, sino como realmente lo son: actividades que contribuyen en gran medida al progreso y desarrollo de las naciones.
Las leyes que se han creado para disminuir el abuso hacia la mujer todavía no han logrado conquistar sus propósitos, porque aún impera en el país la tradicional cultura machista; por ello es necesario que no sólo se desarrollen campañas publicitarias para invitar al voto femenino, sino que también se trabaje desde la educación, que no debe ser sólo en las escuelas, sino también en los mismos hogares, para lograr en el menor tiempo posible abandonar las estructuras patriarcales que imperan en nuestra sociedad. Sólo cambiando el pensamiento machista se logrará realmente conseguir más aportes de la mujer en ámbitos fuera del hogar.
Los impedimentos legales del voto femenino ya se superaron. Es necesario ahora superar los impedimentos psicosociales para que todos y todas tengamos realmente igualdad de condiciones que nos permitan participar activamente en el proceso democrático de la nación y ser protagonistas de los cambios del país.
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Colaboración de Leida Monterroza, Analista del IUDOP
Las expectativas estaban ahí, a la espera de que los ofrecimientos providenciales del llamado "hombre más poderoso del mundo" las llenaran e hicieran de la región centroamericana un lugar más próspero y estable para sus pobladores. Ocuparon el primer lugar en los medios y en las cabezas de los presidentes del Istmo y de la más hermanada que nunca República Dominicana. Los discursos, las recepciones, los apresurados preparativos, destinados a hacer la estadía del presidente de EEUU, Bill Clinton, lo más segura y tranquila posible, tenían, de antemano, el sabor de quien agradece un favor ya anunciado y ansiosamente esperado. Pero, al final de la ardua jornada, nadie parecía estar conforme con lo recogido en el documento suscrito por los mandatarios en Antigua Guatemala. Los altos representantes de los igualmente altos sectores de la sociedad abandonaron la ciudad con más refunfuños que regalos.
¿Qué fue lo que salió mal en la Cumbre de presidentes de Antigua Guatemala? El evento culminaba con una apretada gira que Clinton realizó por los países más afectados de la región, tras el paso de la tormenta tropical "Mitch", en noviembre del año pasado. Desde el principio, las promesas del mandatario estadounidense no se veían llegar con el empuje que se esperaba, o al menos, con el que los medios de información masiva —alimentados por las declaraciones de las autoridades gubernamentales— habían hecho esperar a sus públicos. No hacía falta ser demasiado perspicaz para adivinar el flojo desenlace al que este "histórico evento" llegaría, y aun así las reacciones han estado próximas a convertirse en verdaderas condenas del mismo. En este contexto, la pregunta arriba planteada no está de más: ¿qué ha hecho de esta Cumbre la que menos entusiasmo ha dejado sobre los que en ella estaban tan interesados?
Para contestarla, en primer lugar, hay que detenerse a considerar esa química entre lo deseable y lo posible que no fructificó de la manera que esperaban los representantes de los gobiernos de la región. Y es que la "super agenda" de los presidentes centroamericanos desde un principio expresaba el desenfreno de siete jefes de Estado que, habiendo recibido un apoyo sin precedentes por parte de la comunidad internacional luego del "Mitch", se sentían con el derecho de recibir de EEUU un trato condescendiente y generoso. A la base de las discusiones que definieron los temas que le serían presentados a Clinton estaba, pues, la idea de que la política de dominación económica que EEUU ha mantenido sobre la región podía cambiar drásticamente a causa de un desastre natural que ni es el último ni el único de su clase, ni representa en sí mismo la mayor preocupación de este país con respecto a Centroamérica.
Y en todo caso, como ya se ha dicho (Ver Proceso, 844), esa agenda de temas ni siquiera destacaba la necesidad de que EEUU redefiniera su papel en el desarrollo de los países del área, de manera que garantizara realmente el fortalecimiento de un modelo de desarrollo autosostenible. Aunque en algún momento este ideal hubiera pasado por la mente de los mandatarios, la base desde la que se levantó su gestión no era la más convincente para el presidente Clinton. Sus discursos tenían otro rumbo. Detrás de sus palabras estaba presente el deseo de que el flujo migratorio que existe desde el Istmo hacia su país se detuviera, o al menos, fuera más "controlado". Esa era su principal preocupación. Una vez logrado esto, se podía pensar en rebajar la presión que ejerce la política migratoria estadounidense sobre los indocumentados. Esa es la condición para que los países de la región empiecen un verdadero proceso de reactivación y crecimiento económico, según la lógica de Clinton.
La conclusión a la que se llega es que la Cumbre de Antigua Guatemala no falló por causa de lo poco que el mandatario estadounidense trajo, sino más bien (y en parte) porque las alforjas dispuestas para recibir sus concesiones eran demasiado grandes. Ha sido la misma voracidad de la clase empresarial centroamericana la que le imprimió a este cónclave el sabor de derrota que tuvo. Los sectores económicamente poderosos de la región vieron en este evento la oportunidad de obtener las condiciones más propicias para elevar sus ganancias. Por lo tanto, los compromisos adquiridos, que más bien apuntan hacia una recomposición de la producción interna de cada país, no encajaron del todo con lo esperado por estos sectores, para quienes el desarrollo no es más que una garantía de su exclusiva estabilidad económica.
Por otra parte, hay que recordar que Clinton no ha estado en un lecho de rosas en los últimos meses. Los escándalos sexuales que han levantado polvo alrededor de su carrera política le han obligado a responder de forma decidida a problemas que su administración arrastraba desde hace bastante tiempo, en especial en materia de política exterior. Y, por cierto, en esas decisiones no ha primado precisamente una actitud respetuosa hacia la soberanía de los países que la potencia norteamericana tiene en la mira. La estabilidad y el apoyo que hizo retroceder a la jauría republicana que se apostó en torno a él durante el juicio Lewynski le fue concedida porque alimentó el nacionalismo norteamericano, por medio de la trillada demostración de fuerza propia del gendarme que defiende la seguridad nacional y —porqué no añadirlo— de todo el mundo.
Los misiles que Clinton lanzó hacia el oriente fueron la punta de lanza que desgarró su posible destitución. Y se debe reconocer que esta medida le funcionó bastante bien. Pero el hecho es que su carrera dentro de la presidencia todavía no ha terminado. Ahora queda sobre sus hombros la misión de mantener a los demócratas en la presidencia de EEUU, y para ello deberá utilizar esa firmeza que le valió, en su momento, el visto bueno de un gran porcentaje de la población de ese país. Ceder en el tema de la inmigración, por ejemplo, habría significado ponerse en contra de la estabilidad de la mano de obra estadounidense que, a través del lente de los conservadores en el Congreso, ha visto en los inmigrantes una amenaza. Desde esta perspectiva era muy poco probable que se dieran mayores avances en este y otros temas durante la Cumbre.
El mensaje de Clinton fue claro y ha sido reconocido por los presidentes de la región: debemos erradicar las causas que hacen que miles de compatriotas salgan de sus países para procurar una mejora en sus condiciones de vida. Pero este mensaje (tal vez el de mayor relevancia de todo el discurso del mandatario) será muy poco aprovechado si no se reconoce antes que la Cumbre nació moribunda desde el momento en que los gobiernos plantearon sus contenidos. A la decepción de los sectores empresariales y de los gobernantes mismos no le debe seguir la resignación, sino la reflexión acerca de lo que en verdad se desea para los países de la región y del papel que se espera que asuman las naciones que cooperan con la reconstrucción y transformación del área. Esta actitud implica replantearse la concepción de desarrollo que se expresa cada vez que hay oportunidad de estrechar lazos comerciales con otros países, de manera que ese desarrollo sea equitativo y palpable.
Hace seis años fue presentado el informe de la Comisión de la Verdad. En él se documentaron muchas de las violaciones a los derechos humanos cometidas, antes y durante el conflicto armado, por fuerzas gubernamentales e insurgentes; además, dentro del mismo se incluyó una cronología analítica de esa gran tragedia junto a las recomendaciones para superar la impunidad, mediante el funcionamiento de las instituciones y la reparación del daño causado a todas las víctimas. "De la locura a la esperanza" fue el título que sus autores —los comisionados Belisario Betancur, Reinaldo Figueredo y Thomas Buergenthal— le dieron al documento y de esa forma sintetizaron una aspiración más que una realidad: con la firma de los acuerdos de paz se había logrado poner las condiciones elementales para intentar, con el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos, pasar de la violencia irracional a una convivencia pacífica fundada en la justicia. Pero aún faltaba mucho por hacer.
Tras ocho meses de intenso trabajo durante los cuales recibió más de 25,000 testimonios sobre graves hechos de violencia —arriba de las 2,000 personas lo hicieron directamente y 23,000 fueron denuncias indirectas—, esta Comisión entregó el 15 de marzo de 1993 su producto final al secretario general de las Naciones Unidas, a miembros del Consejo de Seguridad de la organización y a representantes de las partes salvadoreñas; además, estuvieron presentes en el acto delegaciones de los países "amigos del secretario general" y de otros que apoyaron el esfuerzo. El escenario del evento: la sede de la ONU en Nueva York; la gran ausencia: la del pueblo salvadoreño. En porcentajes, los casos conocidos por dicha Comisión arrojaron los resultados que se ofrecen a continuación: el 54.71% de homicidios, el 20.67% de desapariciones forzadas, el 20.70% de torturas y el 3.92% de otro tipo de violaciones. La responsabilidad establecida con los datos recabados se atribuyó a la Fuerza Armada de El Salvador en un 46.59%; el 20.87% se adjudicó a los llamados "cuerpos de seguridad", el 16.62% a los grupos paramilitares, el 7.18% a los "escuadrones de la muerte", el 5.42% a hombres armados vestidos de civil no identificados y el 3.32% al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
En su conjunto, tanto los testimonios como las cifras que de ellos se desprendieron y que sirvieron de base para la elaboración de ese informe pusieron el "dedo en la llaga" al establecer —por sus nombres— algunos de los individuos, grupos e instituciones cuya acción u omisión posibilitó que en nuestro país se cometieran toda clase de atropellos en contra del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No cabe duda que ese fue un gran aporte para la pretendida búsqueda de "la reconciliación nacional y la reunificación de la sociedad salvadoreña".
Sin embargo, desde aquel histórico 15 de marzo de 1993 hasta la fecha, las víctimas de todo lo ocurrido y la sociedad entera continúan esperando que se cumpla ese gran objetivo. Se les ha fallado; de eso, no hay duda: no se brindó ningún tipo de reparación a las personas directa o indirectamente afectadas, ni en lo moral y mucho menos en lo material; además, permanecen esperando saber quién o quiénes fueron los responsables del injusto dolor que les causaron y que sigue presente, sobre todo en aquéllas cuyo familiar —vivo o muerto— sigue sin aparecer; por si fuera poco, toda la población o su gran mayoría vive angustiada por la violencia y la inseguridad. Ese cuadro —al cual se deben sumar otros elementos en materia de exclusión económica, social y política— dista mucho de una sociedad conciliada y unida.
Es falso, entonces, afirmar que se acataron las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y esa es una deuda pendiente que el mismo secretario general de la ONU se encargó de recalcar en julio de 1997, al hacer su balance final del llamado "proceso de paz" salvadoreño.
A los personajes que con su poder se impusieron sobre las víctimas y las condenaron al silencio —algunos de los cuales estuvieron presentes en Nueva York hace seis años— es válido recordarles las palabras de Boutros Boutros-Ghali al momento de presentar públicamente el informe de la citada Comisión: "No puede haber reconciliación sin el conocimiento público de la verdad", afirmó el entonces máximo dirigente de la ONU. Y agregó que "debe hacerse todo lo posible para asegurar que el informe de la Comisión llegue hasta el último de los rincones del país. Todos los salvadoreños deben conocerlo. Debe pasar a formar parte de su cultura y su historia de manera que puedan enfrentar mejor su futuro".
Fuera de la difusión hecha por un vespertino local y de una publicación de tipo popular que circuló entre algunos sectores, junto a la edición de la Revista ECA correspondiente al mes de marzo de 1993, no se hizo nada más —mucho menos desde los círculos gubernamentales— para hacer llegar a toda la población salvadoreña esa parte de nuestra reciente y trágica historia nacional. Además, el documento fue atacado brutal e inmediatamente tras su presentación; cinco días después de eso —el 20 de marzo— se intentó sepultarlo de manera definitiva con la aprobación de un inconstitucional decreto de amnistía.
En ese marco, muy oportuna ha sido una reciente resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual fue firmada el 27 de enero del año en curso. En sus apartados, ésta hace referencia al contenido del informe de la Comisión de la Verdad. Así, sostiene que se investigaron casos individuales que conmovieron tanto a la sociedad salvadoreña como a la comunidad internacional; señala, de igual forma, que se establecieron patrones o tipos sistemáticos de violencia o maltrato. Pero también es clara al apuntar que ese esfuerzo no abarcó el estudio de todos los hechos, sino sólo las violaciones "que tuvieron más repercusión y causaron más desorden social". La resolución de la CIDH destaca la mención de responsabilidades individuales, grupales o institucionales en los casos que conoció la Comisión de la Verdad, pues "no se puede decir toda la verdad omitiendo nombres".
Pero por mucho que haya hecho o querido hacer, la Comisión de la Verdad en El Salvador no podía sustituir al Estado en su obligación de "investigar las violaciones", tal como determina el primer artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso, en su resolución, la CIDH nuevamente condena de manera explícita —ya lo había hecho antes en un informe especial sobre El Salvador en 1994— esa ley de amnistía que pretendió eximir de culpa a los que mataron, desaparecieron, capturaron y torturaron, así como a quienes dieron las órdenes para ejecutar tales actos, a los que los encubrieron y a los que pusieron el dinero para que todo eso ocurriera.
Sin lugar a dudas, tanto la aprobación apresurada e irresponsable de ese aberrante decreto legislativo junto a la falta de voluntad política gubernamental para trabajar en favor de la justicia real —como fundamento de una paz sólida— impidieron que la mayoría de la población conociera el informe de la Comisión de la Verdad. Grave error éste pues también es una obligación estatal el descubrir y difundir la verdad, como también es un derecho de las víctimas y de la sociedad; derecho que se encuentra reconocido en los artículos 1,8,13 y 25 de la Convención Americana.
La CIDH destaca, además, que el artículo 1.1 del mencionado instrumento internacional obliga a los Estados a "respetar" los derechos consagrados en ella y a "garantizar" su libre y pleno ejercicio. "Como consecuencia de esta obligación —apunta la CIDH en la resolución que ahora comentamos—, el Estado salvadoreño tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones a los derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una adecuada reparación a la víctima".
Y continúa la resolución con lo siguiente: "El derecho a la verdad es un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos, y un derecho particular para los familiares de las víctimas... La Convención Americana protege el derecho a acceder y recibir información, especialmente en los casos de desaparecidos, en relación con los cuales la Corte y la Comisión (interamericanas) han establecido que el Estado está obligado a determinar su paradero"
"El derecho a la verdad —afirma la CIDH— se relaciona también con el artículo 25 de la Convención, que establece el derecho a contar con un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos consagrados en ella. La existencia de elementos fácticos o legales (como la ley de amnistía) para acceder a información relevante en relación con los hechos y circunstancias que rodearon la violación de un derecho fundamental, constituye una abierta violación al derecho establecido en la mencionada disposición e impide contar con recursos de la jurisdicción interna que permitan la protección judicial de los derechos fundamentales establecidos en la Convención, la Constitución y las leyes".
En ese marco, la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" de Santa Fe de Bogotá, aborda específicamente lo relacionado con la reparación a las víctimas. Este importante organismo de la sociedad colombiana incluye en su estudio y propuesta aspectos tales como la solución de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones mediante la prevención y la disuasión. Se sostiene en el documento que la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido; asimismo debe comprender la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Sobre el último de estos aspectos —el de garantizar la no repetición de los hechos— se plantean como necesarias, entre otras cosas, las siguientes: verificación de los hechos y difusión pública de la verdad sobre lo sucedido; declaración oficial restableciendo la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas que tengan vínculos con ellas; y aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de los hechos.
"¡Perdón y olvido!", "¡Borrón y cuenta nueva!" clamó afligido Alfredo Cristiani en la víspera de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad. Esa fue la expresión del miedo a la evidencia sobre la responsabilidad individual e institucional en la mayor tragedia del pueblo salvadoreño; era el llamado oficial —lanzado por el entonces presidente de la República— a violar lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a pasar por encima de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Así, los grupos de poder quisieron cerrar el capítulo más cruel y violento de nuestra; pero lo único que consiguieron fue continuar con la impunidad y aumentar la desconfianza de la población. No borraron el pasado, porque eso es imposible; peor aún: la "nueva cuenta" de violencia y muerte —a seis años de la amnistía— ya es insoportable.
"Conocer la verdad, fortalecer y templar las voluntades para encontrarla; ponerles fin a la impunidad y el encubrimiento; dirimir las discrepancias políticas y sociales mediante el acuerdo y no mediante acciones violentas, tales son las secuelas creativas después del acceso analítico a la verdad". Esta fue una de las sentencias más importantes de la Comisión de la Verdad y sigue siendo válida; para poner fin a la angustiosa situación actual de inseguridad y evitar algo peor en el futuro, es urgente que se cumpla.
Transcribimos a continuación la primera parte del documento suscrito en la ciudad de Antigua Guatemala por los presidentes de Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana y el Primer Ministro de Belice.
Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y el Primer Ministro de Belice, reunidos en Antigua, Guatemala, el 11 de marzo de 1999, acogemos la oportunidad especial que ofrece este encuentro para procurar un futuro próspero para nuestros pueblos tras la devastación provocada por los huracanes Mitch y Georges.
El huracán Mitch ha sido el peor desastre jamás visto en la historia de nuestro hemisferio, causando la muerte de casi 10,000 habitantes, dejando cerca de 6 millones de afectados y ocasionando daños económicos de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Conscientes del enorme impacto en nuestros países, nos reunimos con el propósito de unir nuestras voluntades para reconstruir y transformar la región de manera que conlleve a un desarrollo más acelerado y que asegure la prosperidad de todos nuestros ciudadanos.
Por primera vez en la historia de nuestra región todos nuestros países disfrutan de paz, estabilidad, democracia y libertad. La preservación de estos logros requiere de una actuación visionaria y decisiva para no poner en peligro la estabilidad de nuestros países que con tanto sacrificio hemos alcanzado y continuar por la senda del progreso ya emprendida.
Con un espíritu de solidaridad, los Presidentes centroamericanos nos reunimos de forma extraordinaria y de emergencia en Comalapa, El Salvador, el 9 de noviembre de 1998, para hacer un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y para adoptar decisiones conjuntas sobre la manera más eficiente de coordinar nuestros esfuerzos para ayudarnos mutuamente en las tareas de reconstrucción y transformación.
A pesar de la trágica situación que enfrentamos, reconocemos que esta coyuntura también nos presenta una oportunidad singular para reconstruir nuestras economías, transformar nuestras sociedades y sentar las bases económicas de un crecimiento sostenido para preparar a nuestras naciones para enfrentar los retos que plantea el siglo XXI. Con nuestros propios esfuerzos y el apoyo continuo y decidido de la comunidad internacional, superaremos los desafíos que se nos presentan.
Las naciones centroamericanas y la República Dominicana agradecemos profundamente las muestras fehacientes de apoyo, generosidad y solidaridad para nuestros pueblos, así como la valiosa cooperación y ayuda de emergencia proporcionadas por la comunidad internacional. Reconocemos en esta ocasión muy especialmente la respuesta pronta y oportuna del pueblo y Gobierno de los Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos de América reitera su compromiso de continuar contribuyendo a los esfuerzos de transformación y reconstrucción de Centroamérica y República Dominicana.
Reconstrucción y transformación
Acogemos la oportunidad que ofrece esta Cumbre para profundizar el diálogo franco que emprendimos en San José. Reafirmamos los valores que compartimos como pueblos y naciones basados en la democracia, el libre mercado, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la vigencia del estado de derecho, la lucha en contra de la criminalidad internacional y nuestro compromiso con la protección del medio ambiente.
Sobre la base de estos valores, los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, Nicaragua y el Vicepresidente de Guatemala, nos reunimos en Washington, D.C., el 11 de diciembre de 1998, para acordar los mecanismos para la reconstrucción y transformación de la región, recibiendo en esa ocasión la solidaridad y el apoyo alentador del pueblo y Gobierno de Estados Unidos de América.
Conscientes de que nuestros esfuerzos deberían ser complementados con el apoyo a largo plazo de las instituciones financieras, el 10 y 11 de diciembre de 1998 nos reunimos en Washington, D.C., los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el Vicepresidente de Guatemala para presentar la magnitud de los daños ante la comunidad internacional en el Grupo Consultivo convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo y establecer mecanismos de coordinación efectiva con los donantes, asegurando así los recursos necesarios para emprender la ardua tarea de reconstrucción y transformación de nuestros países.
Coincidimos que la transformación efectiva y duradera de la región significa la profundización de la democracia; la promoción del crecimiento económico sostenido como el mejor antídoto contra la pobreza; el fortalecimiento del estado de derecho y la reconciliación nacional; la plena vigencia de los derechos humanos; el fortalecimiento de los sistemas judiciales y la gobernabilidad; la promoción de la transparencia; la lucha contra la criminalidad internacional; el tratamiento humanitario del tema migratorio; la ampliación de las oportunidades comerciales y de inversión; el alivio de la deuda y la cooperación financiera; y la ejecución de un programa de desarrollo sostenible que incluya la prevención de desastres naturales.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana y el Primer Ministro de Belice reafirmamos nuestra voluntad de lograr la rápida reconstrucción y transformación de nuestros países tendiendo a la creación de sociedades prósperas con igualdad de oportunidades para todos.
Coincidimos en subrayar la importancia de obtener durante esta primera etapa de la reconstrucción, fondos no reembolsables y líneas de crédito concesionales para financiar programas en las áreas más necesitadas para la recuperación económica, la reactivación agrícola e industrial y la reinserción de la población afectada a la vida productiva de nuestros países. En este sentido, los Presidentes de Centroamérica y República Dominicana y el Primer Ministro de Belice agradecemos la solicitud de presupuesto extraordinario enviada por el Presidente Clinton a su Congreso para la reconstrucción de sus países y reiteramos el llamado a la comunidad internacional y organismos financieros internacionales, para que apoyen decididamente los esfuerzos de reconstrucción de Centroamérica.
Alivio de la deuda y cooperación financiera
Los Presidentes de Centroamérica, de la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice dan la bienvenida al compromiso del Presidente de los Estados Unidos de América de aliviar la deuda de Nicaragua y Honduras, cuyas economías fueron especialmente devastadas por el huracán Mitch. EL alivio de la deuda es crítico para la construcción de un sendero sostenible para el desarrollo de estos países al tiempo que ellos trabajan en la reconstrucción y transformación de sus economías.
Los Presidentes de Centroamérica y la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice ven con beneplácito el apoyo otorgado por los Estados Unidos de América en el Club de París, para extender una moratoria en el servicio de la deuda para Honduras y Nicaragua por los siguientes dos o tres años, liberando con ello recursos vitales para los esfuerzos de reconstrucción y transformación. El Presidente de los Estados Unidos de América reiteró su compromiso de tomar un papel de liderazgo para lograr una reducción integral de la deuda externa de Honduras y Nicaragua en el marco del Club de París, y considerar su elegibilidad en la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC). Adicionalmente, el Presidente de los Estados Unidos de América ha solicitado autorización para aportar $25 millones como contribución al fondo fiduciario de emergencia de Centroamérica a fin de asistir con el pago de la deuda a las instituciones financieras internacionales.
El Presidente de los Estados Unidos de América expresó su determinación de apoyar y contribuir a las iniciativas, tanto bilaterales como multilaterales, a fin de maximizar la obtención urgente de recursos concesionales frescos en el Grupo Consultivo en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1999. Esta reunión será vital en la coordinación con los donantes y la confirmación de los compromisos de recursos para la reconstrucción y transformación de la región. Asimismo, los Presidentes de Centroamérica y República Dominicana y el Primer Ministro de Belice agradecieron la determinación de incrementar sustancialmente los programas de ayuda bilateral por parte de los Estados Unidos de América para la reconstrucción de sus países.
Comercio e inversión
Reconocemos que el diseño de un programa integral de reconstrucción y recuperación económica para la región después de los huracanes Mitch y Georges no estaría completo sin considerar el comercio y las inversiones como componentes esenciales para el desarrollo económico, la integración regional y la prosperidad. Es a través de las oportunidades comerciales generadas por mercados mejores y más seguros que se puede alcanzar un crecimiento sostenible, la estabilidad política y económica a largo plazo y, con ello, el desarrollo humano generalizado en la región. Reconocemos que la creación de incentivos para aumentar el comercio y la inversión se verían favorecidos con nuestra adhesión a los compromisos acordados en negociaciones comerciales multilaterales tales como las realizadas en la Organización Mundial del Comercio.
El comercio en ambas vías entre los Estados Unidos de América y sus vecinos de Centroamérica y el Caribe ha crecido rápidamente en esta década y ha sido altamente beneficioso para ambos. Esto refleja el éxito continuo y la relevancia de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) para la promoción de mayores flujos de comercio e inversión y para la generación de empleo tanto en los Estados Unidos de América como en la región. Economías de libre mercado y la participación del sector privado son esenciales para la reconstrucción de nuestros países, la consolidación de la democracia y la promoción de relaciones económicas más cercanas. En la medida en que nos aproximamos al nuevo milenio, estamos determinados a renovar nuestro compromiso de abrir mercados y fortalecer aun más esta relación mutuamente beneficiosa.
Estamos conscientes de la importancia de fortalecer las relaciones que hemos desarrollado en las áreas de textiles y vestuario, no sólo por los enormes beneficios para los Estados Unidos de América y las naciones de la Cuenca del Caribe, sino también como una manera de asegurar nuestra competitividad mutua en el contexto del mercado mundial en la medida que nos acercamos al año 2005.
El Presidente Clinton expresó su determinación de trabajar activamente con el Congreso de los Estados Unidos de América para ampliar la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CCI) de manera que responda efectivamente a las necesidades de los países de la región. Esta ampliación deber contribuir a la creación de una región de prosperidad compartida entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos de América.
Damos la bienvenida al compromiso del Presidente Clinton de enviar al Senado de los Estados Unidos de América para su ratificación los tratados bilaterales de inversión con El Salvador, Honduras y Nicaragua. Estos tratados envían una señal positiva sobre la apertura de la región a la inversión extranjera y de su determinación de proteger los derechos de propiedad, así como a forjar una alianza con la comunidad empresarial para reconstruir y transformar las economías afectadas por el huracán Mitch.
INMIGRACION. Durante la Cumbre de presidentes centroamericanos y de Belice, el presidente Calderón Sol pidió a su homólogo estadounidense, Bill Clinton, que ordene la creación de un programa de estado de protección temporal (TPS) o de un programa para definir la deportación obligatoria (DED) para los salvadoreños y guatemaltecos "honrados y obedientes de la ley" que se encuentran en EEUU. Calderón Sol dijo que la principal preocupación de los gobiernos centroamericanos es que se garantice el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes sujetos a deportación. No obstante, Clinton expresó que todo lo que se puede hacer, ya está hecho. "Dentro de lo que permite la ley, ya he hecho todo lo que pude para evitar el regreso abrupto de su gente, por causa de esta ley que todos hemos admitido que es injusta. Para solucionar el problema por completo, necesitamos un cambio a nivel legislativo y yo lo propiciaré en el Congreso", aseguró Clinton. Asimismo, el mandatario estadounidense dijo que existe disposición, tanto en el partido republicano como en el demócrata, para que los cambios se den. Sin embargo, adelantó que se trata de un asunto muy delicado, y fue claro al decir que una medida que favorezca masivamente a los indocumentados traería serios problemas para su nación (LPG 12.03 p.4).
NARCOTRAFICO. El gobierno de los Estados Unidos prometió a Centroamérica, el 11.02, durante la cumbre de presidentes centroamericanos y de Belice, ayuda financiera y técnica para el combate del narcotráfico, pero no especificó ni cuándo ni cuánto se entregaría o se proveería la asistencia. El mismo día, los ministros de seguridad pública de Centroamérica se reunieron, en Guatemala, con el secretario adjunto del jefe de la Agencia Estadounidense para el combate de las Drogas, Robert Brown. Este último, expuso los logros y concertó los desafíos del combate al tráfico ilícito de drogas en la región. El ministro guatemalteco, Roberto Mendoza, aseguró que en la reunión se produjeron acuerdos en dos proyectos concretos: control de fronteras entre los cinco países del área y coordinación entre autoridades para no realizar esfuerzos aislados. "Hemos obtenido del Gobierno de los Estados Unidos la promesa de apoyar financieramente la adquisición de la mejor tecnología [para el combate al narcotráfico]", aseguró el ministro. Asimismo, Mendoza señaló que el otro proyecto concreto que tendrá apoyo de los Estados Unidos es la creación de un sistema informático que les permita a las autoridades antinarcóticos de toda la región compartir información. Al parecer, las primeras pruebas entre El Salvador y Guatemala ya dieron inicio (LPG 14.03 p.5).
FACUNDO. Facundo Guardado renunció, el 15.03, a la Coordinación General del FMLN y a su puesto en la Comisión Política. La lucha de tendencias quedó clara cuando Guardado y su grupo, identificados como socialdemócratas, recriminó a las "minorías" dentro del FMLN haber entorpecido su desempeño en la campaña electoral. Guardado argumentó que no piensan seguir a esos grupos y que, por el contrario, impulsarán una lucha por el cambio para convertir al Frente en "un partido de las mayorías", esfuerzo al que se suma también la tendencia democrática que preside Raúl Mijango, quien también renunció a su cargo dentro del partido. Según dijo Guardado, la mayoría de los miembros del consejo tuvo responsabilidad en los resultados electorales; pero "un pequeño grupo de dirigentes fanatizados, con ambición extrema de poder, los mismos que echaron a perder la convención del 15 de agosto de 1998, cuando se buscaban candidatos presidenciales, quieren llevar al FMLN por el camino de la confrontación interna". "Nunca me sumaré a las sectas ni a los grupos mezquinos, ambiciosos de poder", dijo Guardado. Se sumó a la renuncia la ex candidata a la vicepresidencia Nidia Díaz. Por el momento, Francisco Jovel se mantendrá como coordinador en funciones del partido. El FMLN tiene previsto realizar una convención extraordinaria en abril, en la que se espera renovar parte de la dirigencia (LPG 16.03 p.22).
