Año 19
número 848
marzo 24
1999
ISSN 0259-9864
Editorial El voto en El Salvador
Economía El gasto social en el presupuesto nacional
Política ONGs y movimientos socio-políticos
Internacional Ecuador, ¿Isla de Paz?
Derechos Humanos Conversando sobre Monseñor Romero (I)
El voto en El Salvador
En El Salvador, menos de la mitad de la población en edad de votar es la que decide la conducción política de la sociedad. El panorama se vuelve más sombrío para la representatividad si consideramos que, lejos de disminuir, el abstencionismo amenaza con aumentar su número de adeptos. ¿Ha de preocuparse por esto ARENA? Sí, si decide abrir espacio, en su proyecto empresarial, a la viabilidad del país en lo social, económico y político; no, si su interés es mantenerse en el poder recurriendo a lo mínimo necesario para ello. Nada induce a pensar que ARENA va a renunciar a esta segunda vía, sin importar las consecuencias que ello pueda tener para el futuro de la democracia.
¿Están seguros los líderes de ARENA de que el partido puede contar con un porcentaje de votos suficientes para ganar indefinidamente? Quién sabe hasta dónde les llega la confianza a los líderes areneros; sin embargo, es válido hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es la procedencia del voto de ARENA? Para responderla, es pertinente esbozar algunas hipótesis —sumamente provisionales— acerca del votante salvadoreño.
Frecuentemente, se habla del "voto duro" de un partido y, las más de las veces, se identifica ese voto con el de un sector social bien determinado que ve expresados sus intereses objetivos en el partido en cuestión. El "voto duro" vendría a ser un "voto de clase". Bajo esta óptica, se puede llegar a afirmar no sólo que "son los ricos los que votan por ARENA", sino que el voto de los ricos constituye el voto duro de ese partido.
Esta forma de plantear la cuestión olvida una cosa importante: que ARENA y el FMLN tienen —o buscan tener—además de una vinculación vertical con determinados grupos sociales (una vinculación de clase) —la cual se puede rastrear tanto en su orígenes como en su discurso fundacional—, una vinculación horizontal con grupos sociales de características socio-económicas distintas de los primeros. Ahora bien, ambos partidos buscan obtener el mayor número de votos tanto de la vertiente vertical como de la vertiente horizontal. Difícil saber cuál aporta más votos a cada uno de los partidos, pero lo que sí es cierto es que el vínculo vertical de ARENA (su vínculo de clase) es más sólido que el del FMLN.
En consecuencia, ese voto está firmemente asegurado. Pero ARENA se ha asegurado un voto transversal, un voto que procede tanto de sectores pobres como de sectores medios no acomodados. El conjunto de estos votantes constituyen, tal como lo revelan las últimas tres elecciones, el voto "seguro" de ARENA (del cual el voto de clase sería el "núcleo duro"); es la parte de ese 40% que le ha permitido a ARENA hacerse del ejecutivo por tercera vez consecutiva.
El FMLN, por su parte, cuenta con un "núcleo duro" de votantes, el cual procede, en lo fundamental, de un sector social —compuesto por campesinos y trabajadores urbanos— que se vincularon orgánicamente al Frente en la década pasada, o a las organizaciones político-militares. No todos los pobres o la mayoría de ellos forman parte de este "núcleo duro", pues si así fuera el Frente arrasaría con sus oponentes. Ahora bien, el FMLN, aparte de esta vinculación vertical, tiene una vinculación horizontal con grupos sociales no pobres —profesionales, estudiantes universitarios, intelectuales, empleados públicos y privados— que creen que el FMLN puede impulsar los cambios que El Salvador necesita. Ambos grupos de votantes constituyen el "voto seguro" del Frente, esa parte del 40% de votantes efectivos que le ha permitido posicionarse en el segundo lugar en las dos elecciones presidenciales en las que ha participado.
Al "voto seguro" de ARENA se le puede denominar "voto de derecha", es decir, un voto que se ejerce en virtud de una firme confianza en los valores políticos y económicos que se asocian a la derecha (libertad de empresa, progreso individual, propiedad privada, enriquecimiento, competencia, orden y estabilidad) y, recíprocamente, de un rechazo frontal a los valores políticos y económicos que se asocian, desde el horizonte de la derecha, a la izquierda (inestablidad, escasez, bloqueo de la iniciativa individual, trabas al desarrollo económico, amenaza a la propiedad privada).
Al "voto seguro" del FMLN se le puede denominar "voto de izquierda", es decir, un voto que se ejerce en virtud de una firme confianza en los valores económicos y políticos que se asocian a la izquierda (igualdad, distribución de la riqueza, equidad social) y en un rechazo frontal a los valores políticos y económicos que, desde una perspectiva de izquierda, se asocian a la derecha (consumismo, desigualdades lacerantes, empobrecimiento, marginación y exclusión).
Como puede verse, ni el voto de derecha ni el voto de izquierda se reducen al "voto duro" (voto de clase), sino que éste comprende también a electores cuyos "intereses de clase" no se vinculan al partido por el que votan, pero que, por convencimiento o por engaño, aceptan firmemente los valores abanderados por el partido de su predilección. En consecuencia, es sumamente difícil que un votante que se ubica en la izquierda se mueva hacia una preferencia de derecha; ello puede suceder, pero muy excepcionalmente. Asimismo, es bastante difícil, salvo casos excepcionales, que suceda lo contrario: que un votante de derecha se mueva hacia una preferencia de izquierda. En un país en el cual las preferencias de izquierda las concentra casi en su totalidad el FMLN y las de derecha el partido ARENA, el desplazamiento de un votante de partido a otro es sumamente improbable, habida cuenta de que los lazos de identificación que estos partidos han establecido con "sus" votantes hunden sus raíces en compromisos de fondo que se consideran mutuamente excluyentes.
Que ARENA quisiera arrebatarle votantes seguros al FMLN o, viceversa, que ARENA quisiera hacer lo mismo con el Frente es absurdo desde todo punto de vista —no tendrían sentido alguno de la realidad si se lo hubiesen propuesto. Asumir como hipótesis esa posibilidad para interpretar el triunfo de ARENA en las dos últimas elecciones presidenciales ("ARENA triunfó porque sumó votos del Frente"), o el relativo triunfo electoral del FMLN en las elecciones para diputados y alcaldes de 1997 ("el FMLN ganó porque sumó votos de ARENA") o el fracaso electoral del Frente en 1994 y 1999 ("el FMLN fracasó porque no pudo arrebatar votos a ARENA y, peor aún, los suyos se fueron para ese partido") es formular mal el asunto, tal como se colige de los planteamientos que hemos esbozado antes.
Una de las formas en que el Estado puede contribuir a la promoción del desarrollo es utilizando su capacidad de redistribuir el ingreso a través de la recolección de impuestos, la asignación del gasto público hacia el área social y el apoyo de actividades productivas sostenibles. La historia de los países desarrollados así lo evidencia, incluso los planes más adaptados a la visión económica neoliberal contemplan que el Estado invierta montos crecientes de sus ingresos en la "compensación social" de los efectos de la política económica. Lamentablemente, en El Salvador, pese a que los planes de gobierno reconocen la importancia de incrementar el gasto social, aún no existe una política en este sentido y tampoco de las negociaciones en la Asamblea Legislativa ha surgido algún cambio significativo en la distribución del gasto público.
Lo que sí es destacable es que el Presupuesto General de la Nación para 1999 no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, pese a que ya casi finaliza el primer trimestre del año, provocando que algunas instituciones del Estado se hayan declarado en crisis e imposibilitadas para continuar con sus programas habituales. Por lo general, el Presupuesto se aprueba antes de iniciar el año al cual corresponde, pero desde 1997, con la recomposición de fuerzas en la Asamblea, la situación ha venido cambiando al grado que, aparentemente, el presupuesto de 1999 será aprobado hasta después de marzo.
El retraso en la aprobación del presupuesto de 1999 abre el espacio para examinar su distribución, ya que este elemento ha venido limitando la participación del gasto social y el fomento de las actividades productivas, lo cual se evidencia en el estancamiento de aquél y en la contracción de los porcentajes del presupuesto de ministerios relacionados con el fomento de la producción agropecuaria.
Durante toda la década de 1990, el gasto social se ha mantenido entre un rango de 23% y 26% del total del Presupuesto General de la Nación, pese a ofrecimientos presidenciales de elevarlo hasta el 50% y, sobretodo, a que los montos de importantes carteras como salud y educación son claramente insuficientes para dar cobertura a las necesidades de la población.
El Plan de Desarrollo Social ofreció, en 1995, elevar la inversión en esa área hasta un 50% del total del Presupuesto General de la Nación para 1999, pero lo cierto es que el anteproyecto del presupuesto para este último año, elaborado por el Ministerio de Hacienda, revelaba que el gasto social aún se encontraba lejos de alcanzar tal porcentaje, y únicamente se proyectaba asignar un 16.7% para educación, un 9.2% para el ramo de salud, un 0.3% para trabajo y previsión social y un 0.2% vivienda; lo cual implica un total de 26.4% del presupuesto para el área social. Este porcentaje es bajo no solamente en relación a los ofrecimientos presidenciales, sino también para los porcentajes históricos asignados a gasto social, que entre las décadas de 1960 y 1980 se mantuvo en niveles promedio cercanos al 30%.
En la coyuntura actual, la prestación de servicios estatales se ha vuelto todavía más precaria debido al retraso en la aprobación del presupuesto. En efecto, de acuerdo con funcionarios relacionados con las áreas de salud y educación, los programas regulares están en suspenso y, en el caso del Ministerio de Educación, la titular del ramo ha llegado a afirmar que no se cuenta con recursos para implementar los programas regulares ni para cubrir los gastos administrativos de la institución.
Por otra parte, los presupuestos asignados al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reflejan la poca importancia que los últimos gobiernos le han dado a la problemática del sector agropecuario y de la protección ambiental, dos de las áreas más afectadas por las políticas de gobiernos pasados. En los últimos tres años, el presupuesto del MAG ha pasado de 314.4 millones (2.1% del presupuesto total de 1997) a recibir 302.7 millones (1.7% del presupuesto total de 1999), lo cual implica una reducción de 3.7% que, aunque pequeña, muestra las tendencias y prioridades en la distribución del presupuesto.
Desde su creación, el MARN ha enfrentado problemas similares al MAG, pues recibió un presupuesto demasiado bajo para las necesidades en materia de protección ambiental y no ha experimentado incrementos de consideración en sus ingresos. De un presupuesto inicial de 25 millones de colones en 1997, el MARN pasará a recibir 29 millones de colones en 1999 (un 0.2% del total), de ser aprobado el presupuesto tal como se presentó a la Asamblea Legislativa.
Estas carencias en el ámbito social y en el fomento de la producción son resultado tanto de la existencia de prioridades diferentes como de una crónica insuficiencia de las recaudaciones tributarias para financiar el gasto público. Si durante la guerra los gastos de defensa y seguridad pública compitieron con las áreas sociales por la asignación de los recursos, en la actualidad son los ramos administración de la justicia y seguridad pública los que lo hacen. Durante los últimos años puede observarse que estos rubros han crecido a una tasa superior a la de los gastos en educación y salud, por ejemplo, con lo cual han absorbido recursos escasos y han dificultado la expansión del gasto social (Proceso, 827).
Lo cierto es que la solución a la problemática del presupuesto no estriba en reducir los gastos de algunas dependencias y subir el de otras, sino más bien en obtener recursos financieros adicionales para expandir el gasto en varias áreas prioritarias sin afectar a otras. La reforma tributaria implementada durante la década de 1990 no parece haber logrado incrementar los ingresos tributarios a los niveles necesarios para financiar el creciente gasto público. Sólo para 1999 se estima que el presupuesto rebasa en cerca de 2,000 millones de colones los ingresos esperados y, de acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), se proyecta que el año cierre con un déficit fiscal de aproximadamente 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Frente a ello, las propuestas del Estado, surgidas a partir del impasse en la aprobación del presupuesto, contemplan reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto sobre la Renta que persiguen incrementar las recaudaciones. En el caso del IVA se busca evitar que los contribuyentes inscritos evadan el pago del impuesto sobre su consumo personal y familiar; mientras que en el caso del Impuesto sobre la Renta se persigue eliminar de las deducciones los gastos de vida de dueños, socios, directores y empleados, los cuales hasta ahora han venido siendo deducidos de las declaraciones de las empresas.
Aparentemente, el retraso en la aprobación del presupuesto no se debe a que se esté haciendo una revisión de sus vacíos más importantes, sino más bien a la coyuntura preelectoral existente antes del 7 de marzo y, de acuerdo a declaraciones atribuidas a diputados de la Asamblea Legislativa, al desacuerdo en torno a las formas en que el gobierno pretende reducir la brecha entre los ingresos y los gastos fiscales. Sin duda uno de los retos del nuevo gobierno es la implementación de políticas que permitan incrementar los ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal, pero aun más importante será enfrentar con mayor interés el severo déficit que los gobiernos precedentes le han legado en el área de la compensación social y la promoción del desarrollo.
Las ONGs enfatizan en los proyectos, no en los movimientos: "movilizan" a la gente para producir en los márgenes y no para luchar por el control de los medios básicos de producción y riqueza; focalizan su atención en la asistencia técnica financiera a los proyectos y no en las condiciones estructurales que conforman la vida cotidiana de la gente. Las ONGs cooptan el lenguaje de la izquierda: "poder popular", "fortalecimiento del poder", "igualdad de género", "desarrollo sustentable", "dirigencia de abajo hacia arriba", etc. El problema es que ese lenguaje está ligado a una estructura de colaboración con donantes y agencias gubernamentales que subordinan la actividad práctica a la política de no confrontación.
La naturaleza local de la actividad de las ONGs —que significa "fortalecimiento del poder"— nunca va más allá de la influencia sobre áreas pequeñas de la vida social que disponen de recursos limitados dentro de las condiciones permitidas por el Estado neoliberal y la macroeconomía.
Las ONGs y sus contingentes de profesionales post marxistas compiten directamente con los movimientos socio-políticos por la in-fluencia sobre los pobres, las mujeres, los racialmente excluidos, etc. Su ideología y práctica desvía la atención desde las fuentes y las soluciones de pobreza (mirando hacia atrás y al interior en vez de hacerlo hacia arriba y al exterior). Hablar de microempresas en lugar de referirse a la explotación por los bancos internacionales refleja —más que la búsqueda de una solución— la noción subyacente que de el problema tiene que ver con la iniciativa individual más que con transferencia de capitales al exterior. La ayuda de las ONGs llega a sectores pequeños de la población, generando competencia entre comunidades que luchan por recursos escasos, provocando diferencias insidiosas y rivalidades inter e intra comunitarias que destruyen la solidaridad de clase. Lo mismo vale para los profesionales: cada cual se preocupa de su ONG para solicitar financiamiento internacional. Compiten en presentar proposiciones más apegadas al gusto de donantes y que ofrezcan los costos más bajos, mientras sostienen mayor número de seguidores... El efecto concreto es una proliferación de ONGs que fragmentan las comunidades pobres en grupos sectoriales y subsectoriales incapaces de ver el contexto social que los aflige y, mucho menos, de unirse para luchar contra el sistema.
Experiencias recientes demuestran también que los donantes internacionales financian proyectos durante "crisis" (políticas y sociales) que desafían el status quo. Una vez que los movimientos han amainado, ellos desvían el financiamiento hacia ONGs que "colaboran" con el régimen, ajustando los proyectos a la agenda neoliberal. El desarrollo económico compatible con el libre mercado, antes que la organización de base para el cambio social, se convierte en el ítem dominante para la distribución de fondos. La estructura y naturaleza de las ONGs, con su postura "apolítica" y su preocupación por la autoayuda, despolitizan y desmovilizan a los pobres. Refuerzan los procesos electorales impulsados por los partidos neoliberales y los medios de comunicación de masas. Se elude la educación política acerca de la naturaleza del imperialismo, las bases de clase del neoliberalismo, la lucha de clase entre los exportadores y los trabajadores de temporada. En vez de eso, las ONGs hablan de "los excluidos", de "los sin voz", de la "extrema pobreza", de la "discriminación racial o de género" sin ir más allá de los síntomas, comprometiéndose así con el sistema social que produce esas condiciones. Al incorporar a los pobres a la economía neoliberal a través solamente de la "acción voluntaria privada", las ONGs crean un mundo político en el que la apariencia de solidaridad y acción social oculta una conformidad conservadora con la estructura de poder nacional e internacional.
No es coincidencia que en ciertas regiones en que las ONGs se convirtieron en dominantes, declinara la acción política de clase independiente y el neoliberalismo campeé sin cortapisas. El asunto de fondo es que el crecimiento de las ONGs coincide con el mayor financiamiento proveniente del neoliberalismo y la profundización de la pobreza allí donde se produce. A pesar de los muchos éxitos locales que reclaman las ONGs, el poder del neoliberalismo en su conjunto se mantiene incontrarrestable y las ONGs tienen que buscar cada vez con mayor intensidad nichos en los intersticios del poder. El problema de la formulación de alternativas ha sido obstaculizado de diversas maneras.
Muchos de los antiguos líderes guerrilleros y de los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares de mujeres han sido cooptados por las ONGs. La oferta es tentadora: remuneraciones elevadas (a veces en moneda dura), prestigio y reconocimiento por parte de los donantes internacionales, viajes y acceso a redes de trabajo, ayudantes y equipamiento en infraestructura, seguridad relativa ante la represión. Frente a ellas, los movimientos socio-políticos ofrecen pocos beneficios materiales, pero sí un mayor respeto e independencia y, lo que es más importante, libertad para desafiar la política y el sistema económico. Las ONGs y sus financistas internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) publican informes y boletines sobre experiencias exitosas de micro empresarios y otros proyectos de autoayuda, sin mencionar los altos promedios de quiebras y fracasos que se producen a medida que baja el consumo popular o que las importaciones de bajo precio inundan el mercado y suben las tasas de interés.
Incluso los "éxitos" se refieren solamente a una pequeña fracción del total de pobres en el grado en que otros no pueden entrar al mismo mercado. Sin embargo, la propaganda sobre los éxitos individuales de microempresarios es importante para alimentar la ilusión de que el neoliberalismo es un fenómeno popular. Los frecuentes estallidos de violencia que tienen lugar en regiones en que se promueven las microempresas sugieren que la ideología que la sustenta no es hegemónica y que las ONGs no han desplazado todavía a los movimientos de clase independientes.
Por último, las ONGs nutren un nuevo tipo de colonialismo cultural y económico y una nueva dependencia. Los proyectos se diseñan —o al menos se aprueban— dentro de las "pautas" de prioridades de los centros imperiales o sus instituciones. Ellos son administrados y "vendidos" a las comunidades. Las evaluaciones son hechas por —y para— las instituciones imperiales. Los cambios de prioridades en los financiamientos y las malas evaluaciones provocan desastres de grupos, comunidades, granjas y cooperativas. Todo (personas y cosas) se ajusta para cumplir con las exigencias de los donantes y los evaluadores de proyectos. Los nuevos virreyes supervisan y controlan que haya conformidad con los objetivos, valores e ideología del donante, así como el uso adecuado de los fondos. Si hay "éxito" se hacen cada vez más dependientes de la continuación del apoyo externo; en caso contrario, colapsan.
Mientras la mayoría de las ONGs son instrumentos del neoliberalismo, hay una pequeña minoría que logra desarrollar una estrategia alternativa que apoya políticas de clase y antiimperialistas. Ninguna de ellas recibe fondos del Banco Mundial o de agencias gubernamentales europeas o norteamericanas. Ellas mismas sostienen los esfuerzos de vincular a las organizaciones de poder local con las luchas por el poder del Estado. Vinculan los proyectos locales con los movimientos socio-políticos nacionales que impulsan la ocupación de tierras, que defienden la propiedad pública y el dominio nacional frente a las multinacionales. Entregan apoyo político a los movimientos sociales involucrados en luchas para conseguir la expropiación de la tierra. Se solidarizan con las luchas de las mujeres con perspectiva de clase. Reconocen la importancia de la política en la orientación de las luchas locales e inmediatas. Creen que las organizaciones locales deben también luchar a nivel nacional y que los dirigentes nacionales deben ser responsables ante los activistas locales. En una palabra, ellas no son post marxistas.
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Colaboración de James Petras, Universidad Estatal de Nueva York, Binghamton
Ecuador a menudo ha sido calificado como una "isla de paz" en el embarullado contexto de Latinoamérica. Tal valoración se explica mejor si se tiene en cuenta que los dos Estados con quienes tiene frontera son Colombia y Perú; países que suelen atraer la atención informativa internacional, casi siempre por hechos violentos. Sin embargo, argumentos sobran para afirmar que la supuesta "Isla de Paz" no resistiría un análisis serio. Ecuador, como cualquier país de su entorno, arrastra una larga historia de dominación desde la conquista española hasta nuestros días: rebeliones, levantamientos, dictaduras y toda suerte de acontecimientos que suelen producirse en torno a las luchas de liberación de los pueblos.
Hace 14 años se vivió el fin de la dictadura y la "vuelta a la democracia", lo que en la práctica resultó ser el comienzo de la implementación de las políticas neoliberales y el fortalecimiento de la derecha durante las presidencias de Febre Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén. Paralelamente, la crisis de la izquierda se manifestó en la desaparición de los partidos comunista y socialista y en la debilidad del PCMLE de tendencia maoísta. Al mismo tiempo es determinante la aparición en la escena socio-política ecuatoriana de nuevos agentes sociales, hasta entonces "ninguneados" por las clases dominantes, como son los indígenas, los campesinos, las mujeres, etc. Recordemos que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) es considerada, a partir del Levantamiento Indígena de Junio de 1990, como el movimiento indio más fuerte del continente. Posteriormente, con una enorme capacidad de movilización, ha protagonizado levantamientos que han paralizado totalmente el país. Por cierto, el último el 15 de marzo de 1999.
La pobreza se fue extendiendo y profundizando en ese mismo período. Según datos oficiales, en 1996 el 60% de la población urbana y el 90% de la población rural era pobre y un 40% estaba en la extrema pobreza. La pirámide de concentración de la riqueza pone al descubierto una de las sociedades más injustas de América Latina. Y, aunque parezca difícil, esta situación ha empeorado brutalmente en los últimos dos años. Todos los indicadores de calidad de vida de los ecuatorianos han retrocedido por efecto de las políticas neoliberales, sin que se vislumbre ninguno de los supuestos beneficios del sistema.
Un "paquetazo" de medidas económicas de ajuste lanzadas por el Gobierno del "loco" Abdalá Bucaram, por el cual, entre otras salvajadas, subía el precio de la luz, agua y teléfono entre el 300% y el 600%, fue el detonante de un auténtico estallido social, en febrero de 1997, que culminó con la destitución de Bucaram —por corrupto e incapaz mental para gobernar el país— y con la entrega del poder al derechista Fabián Alarcón como Presidente interino. La movilización popular hizo que el país entrara en un esperanzador proceso de Asamblea Constituyente que dio como resultado una nueva Constitución, en la que, si bien se lograron importantes avances en cuanto a derechos colectivos, se formalizó un grave retroceso en los frentes político y económico. En lo político se concentró el poder en el ejecutivo y en lo económico se facilitó aún más el paso a las privatizaciones, que dejan al Estado sin recursos para cumplir con sus obligaciones sociales. Entretanto, El Niño provocó la muerte de más de 100 personas y dejó la región costera completamente destruida.
En agosto de 1998, con la toma de posesión del Presidente Jamil Mahuad, se cerró la fase de interinidad y aparentemente se normalizó la situación política. Pronto quedó clara la línea del nuevo Gobierno: quince días después del triunfo en las elecciones, Mahuad invitó al economista estadounidense Jeffrey Sachs a hacer el diagnóstico de la situación, dar las recetas para solucionar la crisis y regresar a su país. ¡Eso es eficacia y lo demás son tonterías!, ¡el FMI manda! No hace falta mucha perspicacia para saber en qué consistían esas soluciones: duras medidas de ajuste económico, renegociación de la deuda... en definitiva, más sacrificios para el pueblo. He aquí algunas perlas de la política económica implementada en estos últimos seis meses:
· El cilindro de gas (de primera necesidad para los ecuatorianos) sube de 4.900 sucres a 25.000 sucres. Suben también la gasolina, el diesel y la energía eléctrica (septiembre 1998).
· En marzo de 1999 nuevas alzas de precios: la gasolina más consumida pasa de 50 centavos de dólar por galón a 1,79 dólares (340% de incremento). Paradójicamente, Ecuador siempre ha tenido una de las gasolinas más caras de la zona pese a ser productor y exportador.
· Se crea el "bono de la pobreza" por el cual, quien se inscriba de pobre, cobrará alrededor de 11 dólares mensuales (¡impresionante medida de compensación social!). Se lleva a cabo con la complicidad de la Conferencia Episcopal ecuatoriana, que cobrará un dólar por cada persona que clasifique como pobre.
· Se presenta un plan económico para paliar el desastre de El Niño: no se plantea nada para atender a los damnificados, pero se establece que el Estado entregará 1,500 millones de dólares a los bancos y empresas para salvarlos de la quiebra (¡el capital primero!).
· Se sustituye el impuesto a la renta (de personas físicas y sociedades) por un impuesto del 1% a toda transacción con cheque (así se consigue que los empresarios no paguen impuestos y que la inflación llegue al 50%, la más alta de Latinoamérica actualmente).
· Está previsto que se aprobarán las leyes de privatización de las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el petróleo, haciendo oídos sordos de un auténtico clamor popular en contra.
· En marzo de 1999 el IVA pasa del 10% al 15%.
Y en la calle, cinco muertos y centenares de detenidos en los paros nacionales, falta de trabajo, pésimas condiciones de vida, aumento de la delincuencia, asesinato de un líder sindical y de un diputado de izquierda (terrorismo de Estado, según todos los indicios)... y, al momento de redactar este escrito, estado de emergencia en todo el país. ¿Seguiremos pensando que Ecuador es una Isla de Paz?
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Colaboración de Mikaela Elizalde
Las nueve horas con treinta minutos del sábado 20 de marzo de 1999: comienza otra emisión de la revista de derechos humanos "En voz alta", que desde noviembre de 1998 es producida por el IDHUCA y transmitida por la YSUCA. En esta ocasión, todo se encuentra listo para platicar con monseñor Gregorio Rosa Chávez —actual obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador— sobre monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, a quien también acompañó en su labor al frente de la iglesia católica metropolitana de 1977 hasta su muerte el 24 de marzo de 1980. Veamos cuál fue el resultado de esa interesante media hora al aire.
En voz alta (EVA): Monseñor, Usted que conoció al arzobispo Romero, ¿que lo llevó a él a defender a los pobres y sus derechos humanos?
Monseñor Rosa Chávez (MRCh): Yo estaba pensando en lo que digo cuando hablo de la etapa de monseñor cuando era sacerdote, allá en San Miguel. Yo siempre digo que él, allá, descubrió el aspecto asistencialista de la promoción humana; es decir: al que estaba con problemas de desempleo o económicos, le daba una ayudita. Estando aquí descubrió el problema estructural. Monseñor, en el centro del poder que es San Salvador, descubrió lo que son las estructuras injustas. Pero mientras tú hablabas, yo estaba hojeando uno de los libros que mandamos a Roma cuando se terminó el proceso diocesano de canonización.Y son más de 500 páginas de artículos que monseñor escribió cuando era sacerdote desde 1944.
Hay un artículo que habla de los campesinos. Me llamó la atención la parte final del artículo en el que habla de un congreso de campesinos a nivel latinoamericano. El artículo es de 1946. Él habla de cómo la Iglesia siempre ha estado cerca del campesino; y hablando ya al final, hace una denuncia: "Otros también van al campesino, pero qué distinto afán del que lleva la iglesia. Un ejemplo de actualidad en la temporada de café es el éxodo de la ciudad hacia el campo; pero, por desgracia, en muchos casos la gente de ciudad lleva al campo un sentido de superioridad tan marcado que casi se diría que vivimos la era de los amos y los esclavos. Cierta gente de ciudad tiene frases tan despectivas cuando califican a nuestros humildes campesinos, que uno duda si en tales corazones —a veces más vulgares que el más vulgar de los campesinos— queda todavía un resto de aquel sentido de igualdad y fraternidad cristiana. Todos somos hermanos, todos, ricos y pobres los de la ciudad y los del campo". Al final, termina así el artículo: "La iglesia va al campesino. Ojalá que también los ricos dueños de finca y haciendas, conscientes de su alta responsabilidad social y del momento histórico tan cargado de tempestad, fueran también con el campesino no con el mezquino y egoísta afán de escandalizar y explotar sino con el noble ideal de quien —como la iglesia— va a cumplir una misión: ir al campesino para elevarlo".
Es interesante un artículo de hace más de 50 años en un hombre que siempre fue muy sensible a la pobreza y a la miseria, pero que no había descubierto tan marcadamente el tema de las estructuras injustas.
EVA: Lo anterior nos provoca a comentar algo. Usted habla del aspecto asistencialista en la etapa previa a estar en y conocer el centro de poder, y después de una etapa en la cual él descubre el problema estructural. En ambas se podría decir que monseñor Romero —con limitaciones de conocimiento e ,incluso, de una formación preconciliar— mantuvo una actitud frente a la verdad, independientemente de cuál fuera el alcance de su visión y diagnóstico de la realidad o de la solución a los problemas. Había en él, por lo que acaba de leer, una actitud de decir la verdad que él veía y de anunciar algo porque era negativa para los sectores más amplios de la población.
MRCh: Estamos aquí frente a un micrófono y esto me recuerda una frase que me gusta mucho de un sacerdote jesuita, el padre Ladislao Segura. Hablando de monseñor Romero, decía: "Cuando él está delante de un micrófono, pierde la libertad". Era un hombre apasionado del micrófono monseñor Romero. Y no se entiende a él sin un micrófono adelante: ya sea el de su grabadora antes del Concilio, cuando grababa la "Oración de la mañana"; una grabadora de carrete abierto, con él mismo siendo operador, técnico de grabación y todo. O con el micrófono de la catedral de San Miguel y el de la catedral de San Salvador. Era el hombre de la palabra y cómo nos maravilla esa facilidad de expresión que él tenía; esa conducción de lenguaje, esa excelente dicción también de Monseñor, tanto que —este dato no lo conocen acá seguramente— en Roma se publicó un diccionario de homilética —que es el arte de la predicación— y decidieron incluir en el diccionario a los predicadores más famosos de la historia. En esa lista está Monseñor Romero. A mí me pidieron hacer el artículo y el diccionario se publicó a fines del año pasado. Allí yo explicó a Monseñor como predicador. Entonces, este aspecto creo que es bueno decirlo porque si uno está frente a un micrófono, si uno anuncia la verdad del Evangelio, la verdad del hombre en un contexto concreto, inevitablemente también anuncia la verdad de lo que se está viviendo. Sólo que en la etapa de San Miguel, monseñor trataba de resolver las cosas de forma amigable, era amigo de los finqueros; pero el choque con el poder, con los que llamamos el pecado estructural, lo tuvo acá.
Esto se puede comprobar. Si se va a la biblioteca nacional y se piden los periódicos del año 1977, cuando fue electo arzobispo, verán que una revista dominical de "El Diario de Hoy" —"Hablemos"— dedicada a él con una portada bellísima de su persona, luego en los pasillos y además una entrevista llena de simpatía. A los pocos días, ese periódico fue el que más lo atacó. Entonces, es interesante ver cómo este doble aspecto: el hombre tranquilo e inofensivo y el hombre incómodo. Los dos aspectos marcan la vida de monseñor aquí como en San Miguel.
EVA: ¿Cuál fue el aporte de monseñor Romero al tema de los derechos humanos?
MRCh: Yo pensaba, mientras escuchaba las opiniones de las personas entrevistadas en el reportaje, que hay voces jóvenes. Ayer en la catedral de San Salvador, que se abrió de nuevo al público, fue interesante ver a los periodistas; casi todos eran gente que comenzó después de monseñor Romero, que no lo conocieron y que querían saber sobre esa etapa en la catedral, cuando era la catedral de Monseñor Romero. Yo les decía que la catedral era la madre de todas las Iglesias, pero que era doblemente madre en el caso de nuestra catedral porque ahí tanta gente salvó su vida o porque llegó a buscar la esperanza y conocer la verdad. Digo esto porque me pregunto: ¿cómo hacer para que la juventud de hoy conozca, se encuentre con monseñor Romero, cuando no tuvieron la experiencia directa? Creo que es una tarea de los que tuvimos la suerte de estar a su lado.
Yo tengo una teoría. Yo le llamo a monseñor Romero el "prócer principal de la segunda independencia". Cuando uno analiza que tuvimos 50 años de regímenes militares y que hablamos tanto de los próceres de la primera independencia; y cuando conocemos sus vidas, sus debilidades y ambiciones, y descubrimos que muchos no fueron tan patriotas como se dice; y los comparamos con este hombre, su proyecto de Nación, su concepto de la persona humana, su concepto de desarrollo social y su compromiso con ese mundo que él soñó. Pues, es un prócer de la nueva independencia que no la hemos todavía terminado de construir. Yo creo que es importante explotar esta visión: monseñor se vuelve una figura clave del futuro y por eso es que la memoria de su testimonio, de su compromiso no debe perderse. Pero que no sea un recuerdo emotivo, sino que sea un retomar la bandera que él dejó. Por eso yo trabajé esta idea en una conferencia que di en una universidad de New Orleans, la semana pasada; y cada día pienso que es necesario plantear las cosas por este lado. ¿Qué país queremos construir? ¿qué hombres son claves para que ese país surja? Y en esas bases del país que queremos, está un hombre como él.
EVA: Monseñor, el 15 de marzo de 1993 fue presentado el informe de la Comisión de la Verdad, creada por los acuerdos de paz. Entre paréntesis, para nosotros lo mejor hubiera sido que esa ceremonia se realizara el 24 de marzo en territorio salvadoreño y no en la sede de las Naciones Unidas, en New York. No se pudo o no se quiso que fuera así, ni modo. Pero regresando: trece años antes de la publicación del informe, ya había desaparecido físicamente el arzobispo Romero; de haber estado vivo, ¿cuál cree Usted que hubiera sido su reacción ante ese informe y cuál sería su posición ahora sobre su cumplimiento?
MRCh: Yo quiero comenzar recordando a monseñor Rivera. Primero, cuando él funda la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado que tiene como lema. "La paz se construye sobre la verdad". Segundo, Monseñor Rivera tenía una frase: "La verdad tiene una fuerza irresistible". ¿Por qué es que la verdad molesta tanto al que anda buscando las tinieblas?
Hay una frase de monseñor Romero que era tremenda, durísima, porque era muy impactante: "¿Qué culpa tiene el sol de iluminar la podredumbre de la tierra, el estiércol de la tierra? La culpa no es del sol es de la realidad". Él siempre habló de que su predicación iluminaba las cosas tal como estaban, para que se transformaran como tenía que ser. Entonces, la Comisión de la Verdad da su informe y es rechazado antes de que sea publicado, y se declara una amnistía y se dice que se hace para que el país se reconcilie. Este tema es un tema de fondo y que necesitamos trabajarlo mucho: ¿Cómo se construye la reconciliación?.
A mí me gusta poner el caso de la iglesia chilena y el gobierno chileno en el tiempo de Patricio Alwyn; cuando él recibe el informe de la Comisión de la Verdad, hace un discurso a la Nación. Dice tres cosas: una, que entrega el informe al Poder Judicial para que juzgue cada caso que ahí se menciona; segundo, pide perdón a la Nación y a las personas afectadas por lo que hicieron los agentes del Estado; tercero, dice que aunque no puede devolverle la vida a los muertos siquiera, al menos, puede brindarle a las personas alguna forma de retribución, de reparación: vivienda, educación de los hijos y becas, entre otras cosas. Por su parte, los obispos escriben un mensaje bellísimo: ¿Dónde están las palabras: verdad, justicia y perdón?. Me gustó mucho que cuando surgió el caso de Pinochet agregaron una nueva palabra: verdad, justicia, perdón y reconciliación.
Ese marco es el que tenemos que recuperar en El Salvador y, ciertamente, Monseñor Romero hubiera lanzado esa visión; una visión frente a la cual la Iglesia todavía estaba como no definida. Recuerdo que en la Conferencia Episcopal nuestra discutíamos cuál era el mejor esquema para reconciliar el país. Algunos decían: "las heridas ya cerraron, no las toquemos"; otros decíamos: "las heridas no han sanado, abrámoslas, curémoslas bien para que cicatricen de verdad". Esta segunda visión es la que triunfó cuando el Papa en el mensaje de paz de 1997 lo planteó; incluso, es el título del número tres del mensaje: "Verdad y justicia, presupuestos del perdón". Pero él mismo añadió un cuarto elemento que me parece sumamente sugestivo, dice: "hay que purificar la memoria para que esos hechos del pasado no nos impidan avanzar hacia el futuro" Ese es el punto que supone y él lo planteó en su segunda visita a El Salvador: una pedagogía del perdón. Creo que tenemos, los salvadoreños, una tarea grandísima no cumplida para que el país en verdad se reconcilie. Yo creo que el país no está reconciliado.
Transcribimos a continuación la segunda parte del documento suscrito en la ciudad de Antigua Guatemala por los presidentes de Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana y el Primer Ministro de Belice.
Los líderes aplaudieron el excelente comienzo de las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de los países centroamericanos y la República Dominicana afirmaron su compromiso de trabajar juntos para lograr un progreso concreto en las negociaciones del ALCA, inclusive mediante la puesta en marcha de una serie de medidas de facilitación del comercio. Para este fin, los gobiernos realizarán consultas sobre los esfuerzos de cooperación que puedan asumir para ayudar a los países de la región a avanzar en esta vía. En este sentido, destacamos la transparencia como un elemento importante del proceso del ALCA. Por lo tanto, esperamos con interés el actual trabajo del Comité Gubernamental sobre la participación de la sociedad civil.
Migración
Reconocemos que los efectos de los huracanes Mitch y Georges en Centroamérica y la República Dominicana han causado sufrimiento a su población y han complicado aún más las condiciones económicas y sociales para una reinserción adecuada de sus ciudadanos repatriados. En este sentido, los Presidentes de los países centroamericanos y de la República Dominicana y el Primer Ministro de Belice, agradecemos las medidas temporales ya tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América para mitigar el impacto adverso por la repatriación a la región, y reafirmamos nuestro compromiso de mantener un diálogo continuo al más alto nivel, para encontrar soluciones humanitarias y permanentes a la problemática migratoria.
Considerando los orígenes, manifestaciones y los efectos sociales, económicos y políticos de las migraciones y tomando en cuenta la interdependencia entre nuestros países, el Gobierno de los Estados Unidos de América considerará iniciativas para atender las disparidades creadas por la Ley de Ajuste Nicaragüense y Desagravio Centroamericano (NACARA). Reconocemos que los migrantes contribuyen al desarrollo y a la prosperidad de su región de origen y de su nuevo país de residencia; y también reconocemos que para que estos beneficios se concreten, las migraciones deben ser ordenadas. También cooperaremos para atender las migraciones desordenadas y sus consecuencias. Afirmamos nuestra convicción de que la reconstrucción a largo plazo, las inversiones, el comercio, y la asistencia deben incluir esfuerzos conjuntos en la creación de oportunidades de empleo sostenibles que ofrecerían alternativas a las necesidades de futuras migraciones.
Reconocemos las dificultades que algunos ciudadanos repatriados enfrentan al reintegrarse a sus países de origen y las implicaciones socioeconómicas que pueden tener sus países. Por lo que daremos una atención especial al tema y exploraremos y fomentaremos la adopción de modalidades nuevas e integrales de cooperación para asegurar su adecuado tratamiento, tales como la suscripción de Tratados para la Ejecución de Sentencias Penales y Memorándum de Entendimiento sobre los Procesos de Deportación, a fin de cooperar en los esfuerzos para facilitar la reinserción de las personas repatriadas, con especial énfasis en su bienestar y en el respecto a su dignidad y derechos humanos.
Reiteramos que el trafico ilícito de personas constituye una afrenta a la dignidad humana y reafirmamos nuestro compromiso para aumentar la cooperación a fin de combatir y sancionar esta práctica abominable. Encomiamos la adopción de nuevas leyes contra el trafico ilícito de personas en varios países y exhortamos a los demás países para que tomen medidas similares. Nuestros gobiernos continuarán cooperando multilateralmente en la Conferencia Regional sobre Migración y en otros foros para compartir información y coordinar acciones sobre asuntos migratorios de nuestros países. Procuraremos el establecimiento de mecanismos para compartir información y contribuir mutuamente en la erradicación del trafico organizado de personas.
Democracia, Estado de Derecho y derechos humanos
Celebramos el logro de la paz con armonía, la cooperación mutua y el pleno respeto a los derechos humanos en la región. El fin de los conflictos internos en Centroamérica ha abierto el camino a la reconciliación y a la creación de sociedades justas y equitativas que proporcionen mejores oportunidades para nuestros pueblos.
En este momento de reto y renovación reafirmamos nuestro compromiso para continuar el proceso de transformación profundo acorde a las necesidades de nuestras democracias pluralistas, fundamentadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto mutuo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y mayor equidad y participación de la sociedad civil. Continuaremos encausando nuestros mejores esfuerzos para lograr el bienestar económico y el desarrollo integral de nuestros países y preservar la paz social, el progreso y la estabilidad alcanzados. Asimismo, continuaremos observando y promoviendo los derechos de los trabajadores, incluyendo la eliminación de cualquier forma de explotación infantil, de conformidad con nuestras respectivas Constituciones y las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, respectivamente ratificadas por nuestros Gobiernos. Asimismo, continuaremos trabajando en el proceso de la Cumbre de las Américas y en la Organización de Estados Americanos para fortalecer la democracia y aumentar la prosperidad en el hemisferio.
Trabajaremos conjuntamente para restaurar y generar mayores oportunidades para la población afectada por los huracanes y cubrir sus necesidades con la celeridad requerida para prevenir que la seguridad regional se vea desafiada por el establecimiento de redes criminales. Continuaremos mejorando la cooperación entre nuestros países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Reafirmamos nuestra determinación para fortalecer la asistencia legal mutua y los acuerdos para compartir información que denieguen refugio a los criminales. Apoyamos la modernización de los tratados de extradición y su aplicación vigorosa dentro del marco jurídico de cada país, para evitar la impunidad y para asegurar que los criminales sean sancionados rigurosamente, conforme a la gravedad del delito cometido. Continuaremos modernizando nuestras leyes contra el trafico de drogas y el lavado de dinero y buscaremos conjuntamente oportunidades de cooperación mutua, a través de la educación, entrenamiento y apoyo técnico para la prevención del abuso de drogas. Para estos fines, estamos intensificando esfuerzos para ejecutar el plan de acción desarrollado a partir de San José.
Desarrollo sostenible
La reconstrucción económica de Centroamérica y la República Dominicana debe responder a prioridades fundamentales como lo son, reducir la pobreza, garantizar el desarrollo humano y satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones con un manejo sostenible de los recursos naturales. El desarrollo sostenible de la región está condicionado a la superación de barreras tales como los desbalances en los patrones de producción, consumo, asentamientos humanos, crecimiento acelerado de la población y altos niveles de pobreza.
Tenemos ante nosotros la oportunidad sin precedentes de reconstruir la región y proporcionar empleos generados por inversiones nacionales y extranjeras. Asimismo, tenemos la oportunidad de invertir eficaz y eficientemente, utilizando sosteniblemente nuestros recursos naturales para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Coincidimos que el cambio climático global tiene el potencial de causar desastres naturales más frecuentes y severos, por lo que reconocemos la necesidad de todas las partes de cumplir con sus responsabilidades bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los países industrializados deben reducir sus emisiones y los países en vías de desarrollo deberán participar significativamente en los esfuerzos globales para abordar el cambio climático.
Destacamos el continuado liderazgo de Centroamérica en avanzar la implementación de la Convención Marco sobre Cambio Climático y en la evolución del Mecanismo de Desarrollo Limpio para la ejecución de proyectos amigables con el clima, incluyendo el desarrollo de energía limpia y el mejoramiento de los sumideros de carbono. Siguiendo el compromiso de la Declaración de San José, reconocemos la importancia de las acciones que ya se están desarrollando en Centroamérica con la participación de nuestros sectores privados, en especial aquéllas que permitirán la concesión de créditos y otras iniciativas para mitigar las emisiones de gases que ocasionan el efecto invernadero.
Reconociendo el impacto de los trastornos climáticos en la región, acordamos que componentes claves en la mitigación de desastres y en el desarrollo sostenible, incluyen el manejo mejorado de las cuencas hidrográficas, la reforestación, la preservación de las tierras costeras húmedas y los esfuerzos para prevenir la erosión del suelo mediante mejores prácticas agrícolas. Por esta razón es importante fortalecer los mecanismos de cooperación en las áreas de prevención y mitigación de los desastres naturales, a través de capacitación, entrenamiento, fortalecimiento institucional y la transferencia de tecnología.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, los Estados Unidos de América, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y el Primer Ministro de Belice, expresamos nuestro sincero agradecimiento por la hospitalidad brindada por el pueblo y el Gobierno de Guatemala durante nuestra permanencia en esta histórica ciudad.
FMLN. En su preparación para la Convención Nacional, que pretende realizar el próximo 9 de mayo, el FMLN ya se plantea una reforma en los estatutos, que permitiría "rejuvenecer" la cúpula partidaria, limitando las reelecciones de los dirigentes. Aunque no hay plena claridad sobre qué se propondrá a cambio, sí hay interés en derogar la facultad de los dirigentes de ser reelegidos en dos ocasiones. Esto significa que podrían permanecer en sus cargos hasta por tres períodos consecutivos. Si la reforma llegara a aprobarse, líderes como Shafick Handal y Salvador Sánchez Cerén serían reemplazados. Aunque los más interesados en que continúen vigentes los estatutos, operantes desde 1992, podrían ser los comunistas y los de la tendencia revolucionaria, también los renovadores sufrirían bajas importantes. Pero estos últimos han afirmado no tener ninguna objeción en cambiar los estatutos actuales, ya que, aunque representa a la mayoría del Consejo Nacional y a la Comisión Política del FMLN, están dispuestos a permitir el ingreso de "sangre joven" a la dirigencia, según expresó julio Hernández, quien se desempeñó como jefe de campaña de dicho partido. La disposición para reformar los estatutos se alcanzó en la Convención de diciembre de 1998, en la cual además se integró una comisión encargada de elaborar las propuestas de reformas (LPG 23.03 p.8).
MINISTROS. Francisco Flores y Carlos Quintanilla, candidatos electos a la presidencia y vicepresidencia por el partido ARENA, recibieron, el 23.03, su investidura para que asuman los cargos el 1º de junio. Entre otras cosas, Flores ha anunciado su disposición a romper con la tradición de sus sucesores e incluir en su gabinete de gobierno a personas ajenas al partido. Algunos analistas han dicho que uno de los principales retos del gobierno de Flores es despartidizar su gestión, para generar credibilidad en todos los sectores del país. El ex director ejecutivo de la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), Juan Héctor Vidal, admite que, si bien Flores necesita al partido como apoyo político, como presidente debería tener una discrecionalidad absoluta en el nombramiento de sus ministros. "Hay mucha crítica respecto a que ciertos sectores mantienen maniatado al gobierno, eso se ha dicho en las pasadas administraciones", expresó Vidal. Por su parte, para la analista Sandra de Barraza, coordinadora de la Comisión Nacional de Desarrollo, el gabinete del nuevo gobierno no debería priorizar la afinidad ideológica. "Este gobierno debería ser consecuente con lo que ha planteado durante toda la campaña: nosotros tenemos que hacer alianzas con personas, grupos y sectores claves", plantea Barraza (LPG 24.03 p.14 y 16)
REFORMAS. Los diputados de la Asamblea Legislativa discutieron la necesidad de reformar la leyes del impuesto sobre la renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para lograr con ello la aprobación del presupuesto nacional de 1999. El Ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, apuntaba desde al año pasado que el uso indiscriminado del crédito fiscal le supone al Estado pérdidas por unos mil millones de colones anuales. En este sentido, el Viceministro de Hacienda, José Luis Trigueros, dijo en la Asamblea, el 22.03, que con la reforma de las dos leyes el Estado podría recaudar entre 400 y 500 millones de colones adicionales este año. Este dinero, según informó el funcionario, serviría para solventar parte del déficit de más de dos mil millones de colones que presenta el proyecto de ley del presupuesto para 1999. La reforma a la ley del impuesto sobre la renta supone que, en adelante, las empresas no podrán deducir de su declaración los pagos que realicen para cubrir gastos de vida de sus dueños, socios, directores y empleados. Asimismo, las indemnizaciones que un trabajador recibe en concepto de seguro o bonificaciones por retiro voluntario serán deducibles sólo en los montos establecidos en el Código de Trabajo. Este proyecto de reforma está en la Comisión de Hacienda de la Asamblea desde diciembre del año pasado (LPG 23.03 p.4).
